Categoría: Comunicados

Hay escenas en la vida pública que parecen pequeñas, casi anecdóticas, pero que abren una grieta por donde se cuela toda la historia de un país. La mañana en la que Paloma Valencia, senadora de la república, lanzó su frase —“no me vaya a mandar a matar, senador Cepeda”— fue una de ellas. Bastó ese hilo de voz, tenso y quebrado, para que el salón del Senado se convirtiera en un espejo donde Colombia, con sus muertos, sus miedos y sus mentiras, volvió a mirarse.

Iván Cepeda había hablado minutos antes. No con rabia, sino con la serenidad de quien ha cargado sobre su espalda el peso de la verdad, incluso cuando esa verdad quema. Hablaba de Santiago Uribe, del grupo paramilitar de los Doce Apóstoles, de la condena de 28 años, de los campesinos marcados para morir en nombre del “orden”. Y mientras él hilaba esos nombres que este país prefiere olvidar, el aire en el Senado empezó a espesarse, como cuando en las montañas se siente venir el invierno.

Entonces ocurrió: Paloma, movida por ese reflejo profundo de la política colombiana —el miedo fabricado y la mentira heredada— señaló al senador que ha sido víctima de crimen de Estado y le atribuyó la sombra de un asesinato. Fue una infamia. Pero no solo contra Cepeda; fue una bofetada a las miles de víctimas que cargan décadas de sangre y silencio. Porque si algo ha demostrado este país es que quien denuncia es perseguido, y quien manda a matar posa de mártir.

La derecha, dividida y debilitada, sabe que su tiempo se acorta. Sabe que ya no tiene las encuestas a su favor ni el relato completo en sus manos. Por eso sus voceros fabrican fantasmas: porque cuando se quedan sin pueblo, recurren al miedo. Pero esta vez no les funcionó. Cepeda, con esa sonrisa que mezcla ironía y cansancio, le respondió con calma: “cálmese, senadora”. Y esa serenidad fue más fuerte que cualquier grito.

Porque la verdad es otra: Iván Cepeda no tiene investigaciones penales vigentes. Ni una sola. En cambio, quienes se presentan como víctimas de persecución llevan un prontuario que ya no cabe ni en los archivos judiciales. Álvaro Uribe Vélez acumula más de 186 procesos, 28 investigaciones en la Corte Suprema, un juicio por soborno y fraude procesal, y señalamientos de homicidios, masacres, concierto para delinquir y lavado de activos. Su hermano, condenado por paramilitarismo; su primo, por parapolítica; su cuñada y su sobrina, por nexos con el cartel de Sinaloa. No es mala suerte. Es un patrón.

Ese contraste explica algo que pocos se atreven a decir en voz alta: Paloma lanzó su frase porque la derecha tiene miedo. Miedo a que las víctimas lleguen al poder. Miedo a que la justicia ya no sea un privilegio de unos pocos. Miedo a que los pueblos que han cargado las cruces del conflicto empiecen, por fin, a escribir otra historia.

Y ayer sábado, en Popayán —la tierra donde nació Paloma Valencia— no recibieron a Paloma, sino a Iván Cepeda. Y Cepeda lo vio con sus propios ojos: la gente, sencilla y cálida, se acercó a abrazarlo. Muchos lloraron. Otros le dijeron que lo habían esperado durante años. Había esperanza. Y en este país donde la noche ha sido larga y cruel, la esperanza es, todavía, un acto de resistencia.

Quizás por eso duele tanto la infamia contra Iván; por eso indignan las palabras de Paloma Valencia. La derecha colombiana, responsable de de los capítulos más oscuros y violentos de nuestra historia, ya no tiene más armas que la calumnia, la mentira y sus medios de comunicación prepagos. El pueblo colombiano lo tiene claro.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Por estos días, mientras la clase política colombiana continúa en su maratón de advertir que “el país se está acabando” desde que Petro llegó a la Casa de Nariño, reaparece uno de esos organismos internacionales que ellos veneran cuando confirma sus prejuicios, pero que ahora preferirían meter en una gaveta: la OCDE. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ese club de 38 países que se consideran a sí mismos “serios” y “responsables”, publicó su informe del 2 de diciembre de 2025, y la noticia cayó como café derramado en falda ajena: Colombia crecerá más de lo que habían dicho. Pasamos de una proyección de 2,5 % a 2,8 % para 2025, una corrección al alza que, lejos de ser anecdótica, nos pone por encima de los mismos países que suelen usarse como ejemplo del “capitalismo bien hecho”.

Los números no tienen ideología: Estados Unidos crecerá solo 2,0 %, la Eurozona 1,3 %, Japón un pobre 1,3 %, y el promedio de la OCDE quedará en 1,7 %. Incluso el G20, ese grupo de gigantes económicos, apenas alcanzará 3,2 % en un año de desaceleración global. Y Colombia, sin petróleo por las nubes ni bonanzas fantasiosas, se ubica en 2,8 % para 2025 y 2,8 % nuevamente en el cuarto trimestre, con una proyección de 2,9 % para 2027. El país crece más que Brasil, que se queda en 2,4 % y luego cae; más que Estados Unidos, que se enfría; más que la Eurozona y Japón, que patinan en su propia inercia económica. Estamos, para molestia de los catastrofistas profesionales, entre las economías que repuntan.

¿Y qué significa esto para el ciudadano que hace magia para pagar arriendo, mercado y transporte? Que una economía que crece —aunque no sea un salto olímpico— es una economía que respira. Crecimiento significa más posibilidades de empleo, menos presión inflacionaria, más inversión pública, y un margen mayor para que el Estado deje de recortar y empiece a construir. Significa que los precios no suben como locos y que hay obra, circulante y movimiento. No es una panacea, pero es la diferencia entre un país que avanza y uno que se hunde.

Lo que realmente irrita a la derecha no es la cifra, sino lo que la cifra destruye: su discurso de que Colombia va rumbo al abismo desde 2022. Si la economía mejora bajo un gobierno progresista, se les cae el libreto del miedo que han usado como capital político durante décadas. Y reaparece su verdad oculta: no necesitan que Colombia funcione, necesitan que fracase para recuperar el poder.

Por eso les duele que la OCDE —que no es Petro, ni Cuba, ni Venezuela— diga que vamos mejor. En un país acostumbrado al pesimismo, ese dato ya es un terremoto político.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

En Colombia, las historias del narcotráfico suelen contarse como un catálogo de capos y balas, pero a veces la verdad tiene una textura más doméstica, más silenciosa y más reveladora. Esta es la historia de cómo una familia política —los Uribe Vélez— terminó conectada, a través de vínculos familiares, empresariales y silencios documentados, con una de las redes criminales que abasteció al hombre más poderoso del narcotráfico: Joaquín “el Chapo” Guzmán. No porque ellos lo contaran, sino porque los expedientes, las incautaciones, los organigramas oficiales y las sentencias en Estados Unidos lo hicieron por ellos.

La ruta que va de los Uribe al Chapo Guzmán no empieza en las montañas del cartel de Medellín ni en un laboratorio clandestino, sino en una oficina pública. En 1981, cuando Álvaro Uribe Vélez era director de la Aeronáutica Civil, otorgó a Héctor Mario Cifuentes Villa —hermano de Dolly Cifuentes, hermano del piloto de Pablo Escobar, miembro del clan— una licencia de vuelo. Años después, la DEA confirmaría que justamente desde ese oficio, el dominio del aire, los Cifuentes Villa construyeron el músculo logístico que los llevó a trabajar para el cartel de Sinaloa. Mientras eso ocurría, Dolly ya tenía una relación sentimental con Jaime Alberto Uribe Vélez, el hermano menor de Álvaro. De esa relación nació Ana María Uribe Cifuentes, y con su nacimiento se cruzaron dos mundos que el expresidente intentaría negar durante décadas: el político y el mafioso.

Pero las negaciones no resistieron el peso de la evidencia. A Dolly Cifuentes no la señaló un opositor político, sino el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que en 2011 la ubicó —con nombre, rostro y documento— como pieza clave de la estructura financiera del clan Cifuentes Villa, uno de los principales proveedores de cocaína del Chapo Guzmán. Su hija Ana María, sobrina política de Álvaro Uribe, también fue incluida. Es decir, el puente entre el poder político colombiano y la red criminal del Chapo no fue una teoría: fue un organigrama oficial del gobierno estadounidense.

Las imágenes de los bienes hablan por sí solas. La finca Malusa, en El Poblado, donde Dolly tenía tres casas; el edificio La Gruta, donde tenía apartamento; las fincas de Girardota, los lotes de Envigado. Docenas de propiedades que terminaron incautadas no por persecución política, sino porque estaban conectadas a una maquinaria de lavado de activos que comenzó antes del ascenso político de Uribe y continuó mientras él estuvo en el poder. Esos bienes, junto a otros 266 inmuebles, empresas y cuentas, integran hoy un expediente de extinción de dominio que supera los 250 millones de dólares. Son documentos, no rumores: escrituras, avalúos, actas, contratos, registros mercantiles.

A este entramado se suma Jaime Alberto Uribe Vélez, el hermano cuya vida pública ha estado marcada por el silencio. No fue solo la pareja de Dolly: fue accionista mayoritario de la principal empresa del clan, Ganadería La Sorguita. En 1997, Jaime, Dolly y Alejandro Uribe Vélez sumaban el 38 % de esa compañía, que luego fue incautada por la justicia colombiana y señalada por Estados Unidos como vehículo para lavar dinero del narcotráfico. Tres exjefes paramilitares —Don Berna, El Alemán y Pedro Bonito— declararon que Jaime estuvo vinculado a la mafia paisa desde los años ochenta y que su cercanía con Pablo Escobar y Vicente Castaño era conocida. En 1986 incluso fue detenido por sus radiocomunicaciones con Escobar. Todo está en expedientes y testimonios judiciales.

Si se observan las trayectorias de los hermanos Uribe, aparece un patrón difícil de ignorar. Santiago Uribe Vélez, investigado por sus presuntos vínculos con el grupo paramilitar “Los Doce Apóstoles”. Jaime Alberto Uribe Vélez, asociado por múltiples fuentes al narcotráfico. Y Álvaro Uribe Vélez, el político que llegó a la presidencia mientras las estructuras mafiosas aledañas a su entorno familiar crecían y se integraban a redes internacionales que llegaban hasta el cartel de Sinaloa. No es literatura: es una línea de tiempo que encaja demasiado bien para ser coincidencia.

Hoy, el expresidente insiste en que no tuvo relación con la cuñada ni con la sobrina procesadas por narcotráfico en Estados Unidos. Pero la memoria documental no funciona como la emocional: no borra lo que está escrito. Las licencias, los registros mercantiles, los documentos del Tesoro, los expedientes de la DEA, las fotos de propiedades y las actas de sociedades cuentan una historia distinta. Una historia que obliga a formular la pregunta que los silencios no logran apagar: ¿qué significa que, durante décadas, un clan criminal que abastecía al Chapo Guzmán creciera al lado —y a veces dentro— de una familia que llegó a ocupar el poder más alto del Estado?

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

En Colombia hay familias tradicionales, familias respetables, familias políticamente influyentes… y luego está la familia Uribe Vélez, ese linaje antioqueño que —según ellos mismos— solo le ha hecho un bien inmenso a la patria, y —según los expedientes judiciales— parece haber tenido una relación larga, larguísima, con casi todos los capítulos del Código Penal.

De Álvaro Uribe Vélez, el patriarca, suele decirse que es un “pobre viejecito”, como lo pintan sus seguidores: un alma cándida, víctima eterna de infamias, abogado de la justicia divina contra la justicia humana. Pero cuando uno revisa la letra menuda, la cosa cambia: el cuento se parece menos a la vida ejemplar de un prócer y más al prontuario de un clan que jamás conoció lo que era un día sin testigos, fiscales o jueces detrás.

Uribe ha sido, desde los años ochenta, una especie de cliente frecuente del sistema judicial colombiano. Tanto así que, según las propias cifras de la Comisión de Acusaciones de la Cámara —ese museo de casos que jamás avanzan—, ha acumulado más de 186 investigaciones, denuncias o procesos. No es un récord menor: es prácticamente una colección privada, un archivo histórico completo. A eso se suman cerca de 28 investigaciones penales en la Corte Suprema de Justicia, por temas tan variados como vínculos con paramilitares, masacres, interceptaciones ilegales, manipulación de testigos, homicidios en persona protegida, financiación irregular y una constelación de asuntos que cualquier ciudadano decente suele desconocer por completo.

La joya de la corona llegó en 2025, cuando Uribe fue condenado en primera instancia a 12 años de arresto domiciliario por soborno a testigos y fraude procesal, el célebre caso en el que sus abogados y emisarios buscaron torcer declaraciones de criminales para que dijeran lo que convenía al expresidente. Luego, un tribunal anuló la sentencia por cuestiones de procedimiento, no por inocencia. La decisión final quedó en manos de la Corte Suprema. No hubo absolución moral ni política, pero sí un respiro jurídico. Más de un uribista, conmovido, insistió entonces en la teoría del “pobre viejecito perseguido por la izquierda”. Los expedientes, fríos y extensos, opinan otra cosa.

Y si el patriarca tiene historia, la familia entera parece tenerla como tradición. Santiago Uribe Vélez, el hermano del expresidente, fue condenado a 28 años de prisión por la conformación y promoción del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles, responsable de asesinatos selectivos, “limpiezas sociales” y crímenes de lesa humanidad. Lo hallaron culpable de homicidio agravado y concierto para delinquir. No exactamente una falta disciplinaria.

Mario Uribe Escobar, primo del expresidente, senador y político tradicional, fue condenado por parapolítica a 90 meses de prisión por alianzas con jefes paramilitares para obtener ventajas electorales. Él dice que todo fue un complot. Los expedientes dicen que fue un pacto.

Y no podía faltar la rama extraditable del árbol genealógico. Dolly Cifuentes Villa, cuñada de Uribe y pareja de su hermano Alberto, fue extraditada a Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos. Se declaró culpable por lavar dinero para el cartel de Sinaloa. Hoy vive bajo supervisión federal. Ana María Uribe Cifuentes, sobrina del expresidente, fue capturada con fines de extradición por sus nexos con el cartel de Sinaloa y sus rutas de cocaína. Situaciones menores, según los defensores del clan.

Si hacemos el inventario completo —más de 186 procesos en la Comisión de Acusaciones, 28 investigaciones en la Corte Suprema, un juicio por soborno y fraude procesal, un hermano condenado por paramilitarismo, un primo condenado por parapolítica, una cuñada extraditada por narcotráfico, una sobrina pedida por Estados Unidos— uno podría pensar que existe un patrón. Que no puede ser solo mala suerte. Que, estadísticamente hablando, es difícil que una familia realmente respetable acumule semejante galería judicial sin haber hecho absolutamente nada indebido.

¿De verdad ustedes creen que este pobre viejecito, retratado como un abuelito campestre de buen corazón, es simplemente un ciudadano decente perseguido por el destino… o estamos frente al clan más sobreprotegido —y más investigado— de la historia política de Colombia?

 

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En Colombia hay muertos que no reposan, porque la política no los deja. Miguel Uribe Turbay, asesinado en 2025, nunca tuvo tiempo de convertirse en recuerdo: desde el primer día, su nombre fue izado como bandera, convertido en patrimonio político, usado como si el dolor fuera un bien transable. A su alrededor se tejían versiones, voces que hablaban del pasado familiar, del secuestro que sufrió su madre a manos del cartel de Medellín, de la cadena de tragedias que desde hace décadas marcaba la vida de los Uribe Turbay. Cada pedazo de esa historia, cada cicatriz, era tratado como un certificado de legitimidad ante el país.

Mientras Miguel agonizaba en la Clínica Santa Fe, los pasillos ya recogían murmullos. Claudia Tarazona, su esposa, aparecía una y otra vez, no solo como figura familiar sino como pieza en un ajedrez que algunos consideran que empezó a moverse incluso antes de la muerte del candidato. En algunas esquinas políticas se escuchó que había consultado a Álvaro Uribe para tantear una eventual candidatura presidencial propia. Otros aseguraban que esa intención venía desde antes de la tragedia, como si en la política colombiana la aspiración fuera más fuerte que el luto.

Pero quien tomó realmente la posta fue Miguel Uribe Londoño, el padre. No hubo retiro, ni recogimiento, ni tiempo de silencio. En menos de lo que tarda una vela en consumirse, se anunció como precandidato presidencial del Centro Democrático, escudado en la idea de que debía continuar la “causa” de su hijo. Era la fórmula conocida: convertir la muerte en legado, el dolor en plataforma, el duelo en discurso. El país ha visto esa escena tantas veces que ya casi no estremece.

Pero lo que sí estremeció fueron los choques dentro del propio Centro Democrático. En los corrillos del uribismo —y amplificados por redes y prensa— María Fernanda Cabal cuestionaba la cantidad de dinero que manejaba Miguel Uribe Turbay en la campaña. Luego vino algo que muchos aún recuerdan con desconcierto: la amenaza que Cabal le lanzó a la viuda, Claudia Tarazona, en pleno velorio. Después arremetió contra Miguel Uribe Londoño, acusándolo de querer dividir el partido. Uribe Turbay se volvió un incómodo recordatorio: de no haber sido asesinado, habría sido el elegido de Álvaro Uribe, un heredero joven, manejable y sin tantos escándalos. En cambio, las mujeres dentro del Centro Democrático nunca tendrán acceso al verdadero legado del expresidente; ese testamento político no será entregado a una mujer. Por eso, incluso después de concluida la consulta interna y con Uribe Londoño ya expulsado, fue el propio Uribe quien salió a hacer un llamado que iba de Abelardo a Fajardo, desplazando sin rubor a las mujeres de su partido.

Con el paso de las semanas, los desencuentros se hicieron visibles. Uribe Londoño no subía en encuestas, no movía multitudes, no calentaba plazas. Y en esa maquinaria no existe espacio para los que no producen como debe ser. Entonces vino la trampa de esa otra derecha que quiere tener su propio personaje casi caricaturesco: Abelardo de la Espriella. Así como un día lo presentaron como heredero del sacrificio, otro día lo dejaron caer sin ceremonia. El partido lo expulsó con un comunicado frío, alegando indisciplina. En los pasillos, sin embargo, todos sabían la razón: la muerte del hijo ya no rendía políticamente, y el padre no aportaba votos. Y no se diga más: Álvaro Uribe Vélez le cerró la puerta en la cara a Uribe Londoño, como antes se la había cerrado, en silencio, a Miguel Uribe Turbay.

En ese mundo, los muertos son capital mientras sean útiles. Después, apenas un recuerdo incómodo. Así fue con Miguel Uribe Turbay: nunca tuvo duelo verdadero, solo un velorio con micrófonos y banderas. Su muerte fue tratada como un activo electoral, una ficha para jugar en las mesas donde se reparten candidaturas. Y ni siquiera ese sacrificio bastó para que su padre fuese protegido. Lo usaron, lo mostraron, lo elevaron… y luego lo arrojaron fuera.

Al final, la historia de los Uribe Turbay es una ventana a algo más grande: así como la derecha trata a los suyos, así tratará al pueblo colombiano de llegar al poder. Con cálculo. Sin lealtad. Con la frialdad con la que se mide quién suma y quién resta. La política de derecha, cuando se hace desde arriba, suele convertir los dolores en herramientas y los duelos en mercancías. Y en ese mercado nadie vale más que su utilidad del momento.

Julio César Turbay Ayala, el abuelo, fue el padre de la doctrina de la seguridad nacional; Miguel Uribe Londoño, el padre, terminó donde terminan los que ya no rinden: solo, traicionado, reducido a nota de prensa. Miguel Uribe Turbay, el hijo, terminó donde empiezan los muertos de este país: siendo usado.

Tres destinos paralelos, unidos por una misma verdad: en Colombia, hasta la muerte es política.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Bernardo Moreno —porque sí, señoras y señores, ese es su verdadero nombre, no el gringolizado “Bernie”— nació en Bogotá el 14 de febrero de 1967, día de San Valentín, detalle poético para un hombre que en la adultez juraría amor eterno no a persona alguna, sino a la patria ajena. Y no a cualquier patria: a Estados Unidos, a la que decidió entregarse en matrimonio monógamo y exclusivo, como si la nacionalidad fuera un sacramento y él, un monaguillo arrepentido de haber nacido al sur del Río Grande.

Bernardo, además, carga con un dato que haría a un psicoanalista frotarse las manos: es primo de Lina Moreno Mejía, la esposa del muy célebre expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sí, de ese Uribe. Nada como tener en la familia al patriarca del patriotismo selectivo para terminar, décadas después, predicando desde Ohio que todo ciudadano debe renunciar a su segunda nacionalidad, so pena de ser tratado como traidor. Pareciera que la genética política, en ciertos linajes, viene con inclinaciones a la exclusión.

Lo más conmovedor —en el sentido trágico-shakesperiano del término— es la ridícula solemnidad con la que Bernardo defiende su “Exclusive Citizenship Act”. Un colombiano emigrado queriendo borrar las huellas de su propio viaje, como quien se avergüenza de las fotos de infancia porque aún tenía dientes chuecos y acento bogotano. Desde la silla del Senado posa como un George Washington reencauchado, proclamando que la lealtad verdadera es cuestión de papeles firmados y renuncias notariales.

Lo que da es lástima: un hombre que podría ser puente se empeña en ser muro; que podría honrar su origen se esfuerza en enterrarlo. Y todo para verse más estadounidense que los estadounidenses, sin darse cuenta de que, cuanto más se empeña, más desnudo queda el ridículo.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

En un país donde tantas veces el destino de los niños ha sido escrito con el miedo y no con la música, hoy una semilla distinta rompe la tierra. En el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, el presidente Gustavo Petro sanciona la Ley Artes al Aula, y es como si el país encendiera una vela en medio de un largo apagón. Una ley que no llega con uniformes ni sermones, sino con pinceles, tambores, cuerpos que danzan y palabras que se buscan a sí mismas.

Porque no es cualquier cosa llevar el arte a la escuela: es abrir ventanas donde antes había muros, es enseñarle a un niño que su imaginación también es territorio, que su voz puede ser río y su memoria puede ser puente. Es recordarnos que la creatividad no es lujo ni adorno: es una forma de respirar en un país que tantas veces nos dejó sin aire.

Y conviene decirlo sin temblor en la voz: un gobierno que odia la diversidad jamás gestaría un gesto así. Quienes prometen perseguir a los indígenas, acallar a la izquierda, barrer lo que no cabe en su estrecho espejo, nunca sembrarían arte en las escuelas; sembrarían miedo. Convertirían las aulas en trincheras donde solo sobreviven los obedientes, donde el pensamiento distinto se mira como amenaza.

Pero esta ley no nació de ese país que algunos quieren resucitar a golpes. Esta ley nació de otro país que insiste en existir: el de las niñas que bailan para no olvidar, el de los jóvenes que pintan para no rendirse, el de los maestros que saben que el arte es la forma más pacífica de la rebeldía.

Hoy, el Gobierno del Cambio pone en manos del futuro un pincel, un tambor, un poema.

Y cada niño que cree en su propia creación es una derrota anticipada para los profetas del odio.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

En la derecha colombiana, la supuesta “unidad moral” se desmoronó como galleta de soda en chocolate caliente. Los que juraban ser columna vertebral de la decencia hoy parecen un enjambre de tías furiosas en la sala: cacarean, se contradicen, se acusan, se desmienten y se hunden entre sí con una pasión que ni las mejores telenovelas podrían imitar.

La caída de Miguel Uribe Londoño fue apenas el prólogo de esta tragicomedia. El precandidato mejor posicionado en las encuestas terminó expulsado del Centro Democrático con un comunicado tan frío como una nevera de hospital. Un gesto calculado: Uribe lo dejó ir sin pestañear, como quien sacrifica una ficha menor para mover otras más útiles. Porque si algo le sobra al expresidente es frialdad estratégica.

Y en ese tablero hay un capítulo que pocos se esperaban: el tiro por la culata que se le salió a Abelardo de la Espriella. Resulta —según cuentan en los pasillos de las haciendas— que Abelardo llamó a Uribe para “informarle” sobre movidas de Miguel Uribe Londoño. El famoso sapeo. Pero la jugada le salió peor que mal: fue la oportunidad perfecta para que Uribe dijera en voz alta lo que muchos ya sospechaban… que no quiere con De la Espriella.

No lo ve como aliado, no lo quiere como pupilo, y mucho menos como candidato de la casa. Ahí quedó pintado el panorama: Abelardo creyó que estaba ganando puntos y terminó oyendo el portazo.

Porque, mientras tanto, los nombres que realmente rondan la cabeza del expresidente no están dentro del partido, ni siquiera entre oooolas mujeres que llevan años relegadas a la vitrina simbólica. No. Quienes suenan son Sergio Fajardo y Juan Carlos Pinzón: figuras externas, moderadas, “respetables”, fáciles de vender y, sobre todo, manejables. Uribe siempre ha preferido ese tipo de candidato: alguien que no lo opaque, que no pretenda disputarle el aura de jefe eterno. Uno que permita mantener su banquito de líder sin sobresaltos.

En contraste, Abelardo es la manzana de la discordia. Crece en encuestas, recoge firmas a buen ritmo… pero la derecha tradicional lo mira como quien mira un cuchillo filoso: con recelo y sin ganas de agarrarlo. Lo que dijo Vicky Dávila —que es un candidato ppestancado, que divide, que resta— no es la excepción, es apenas la punta del iceberg. Las críticas no vienen de la izquierda, vienen del propio sector que él cree liderar.

Y es que, dicen las malas lenguas, la desconfianza hacia él tiene raíces más hondas: se le nota la ambición de poder absoluto, el deseo de competir con Uribe en terrenos que nadie confiesa en público —contactos, alianzas no santas, y la eterna disputa por quién es el “macho alfa” de la derecha—. Pero Uribe no va a dejarse destronar tan fácil. La manada es suya, y él decide quién entra.

Por supuesto, todo esto es chisme político, especulación de pasillo, nada comprobado judicialmente —ya sabemos cómo funciona o no funciona la justicia en Colombia—. Algún día tal vez sepamos más.

Por ahora, lo único evidente es esto: Abelardo puede rugir, saltar y sonar fuerte; pero, dentro del uribismo, nadie quiere cazar con él. Es un tigrillo suelto. Solo. Ruidoso. Y profundamente incómodo para la manada goda del platanal.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

La última encuesta Invamer, publicada el 30 de noviembre, llega como una ráfaga fría en medio de un país en tensión permanente. No es cualquier medición: es la de una encuestadora históricamente cuestionada por sus sesgos favorables hacia sectores conservadores, por privilegiar muestras urbanas y por metodologías que dejan fuera la voz profunda del país rural. Y, aun así, esta vez trae un dato imposible de maquillar: Iván Cepeda encabeza la intención de voto en Colombia.

 

Los números son contundentes. Según Invamer, los cinco primeros lugares de intención de voto para la elección presidencial son:

 

1. Iván Cepeda – 31,9 %

 

2. Abelardo de la Espriella – 18,2 %

 

3. Sergio Fajardo – 8,5 %

 

4. Miguel Uribe Londoño – 4,2 %

 

5. Claudia López – 4,1 %

 

Los porcentajes, fríos en apariencia, son en realidad una postal política: mientras la derecha más dura intenta reorganizar su narrativa alrededor de figuras mediáticas y punitivistas, la izquierda —desgastada, atacada, sitiada por Washington, cuestionada por el Consejo Nacional Electoral— mantiene una fuerza social que no se puede negar.

 

La encuesta incluye también escenarios de segunda vuelta. En el más probable, Cepeda vence a Abelardo de la Espriella con un 59,1 % frente a 36,2 %. En un balotaje con Fajardo, Cepeda también lleva ventaja, aunque más estrecha: 48,9 % contra 46,4 %. Incluso en el escenario donde Fajardo se enfrenta a De la Espriella, el país se inclina hacia el centro-izquierda: 51,7 % para Fajardo y 38,9 % para De la Espriella.

 

La fotografía no solo muestra preferencias. Muestra un país que sigue apostando por el proyecto progresista pese a la campaña de desgaste permanente. Un país que, incluso en las encuestas hechas por quienes históricamente han favorecido a la derecha, sigue colocando a un senador de izquierda como favorito para la presidencia. Es una paradoja política: mientras se intenta acorralar al progresismo desde instancias de poder económico, judicial y mediático, la voluntad popular se mueve en dirección contraria.

 

A veces las cifras dicen más que miles de discursos. Incluso cuando provienen de una encuestadora cuestionada, el mensaje queda claro: la continuidad del proyecto progresista no depende del ruido de las élites, sino de la decisión íntima y colectiva del país que resiste. Colombia, una vez más, parece gritar desde abajo: aquí seguimos, aquí estamos, y aquí votamos.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo