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Esa noche, Colombia se miró al espejo y no se reconoció. La represión se extendió como plaga, ciudad por ciudad, cuerpo por cuerpo. No fue un exceso. Fue una estrategia. No fue caos. Fue orden del poder. Los uniformes se camuflaron en la sombra, y desde la sombra dispararon. Murieron jóvenes. Desaparecieron verdades. Violaron cuerpos. Silenciaron voces. Pero también nacieron resistencias.
Hoy, a tres años de aquella jornada de terror, exigimos la creación inmediata de una Comisión de Esclarecimiento sobre los Crímenes de Estado cometidos durante el estallido social. Porque la memoria no puede depender del olvido, ni la justicia del calendario.

2 de mayo de 2021 – Paso del Comercio Cali- Homicidio de Nicolas Guerrero

La noche anterior al infierno, Juan Nicolás Guerrero García, artista, soñador, pariente del alcalde, encendía velas por los que ya no estaban. Participaba en una vigilia en la 14 de Calima, entre canciones y murmullos de resistencia. Horas después, un proyectil le voló la cabeza. No fue bala perdida: fue bala decidida. Los que disparan desde el poder sabían que estaban matando algo más que a un cuerpo: estaban matando una memoria, un símbolo. Pero fallaron. Porque la madre de Nicolás, Laura Guerrero, parió ese día una lucha.

3 de mayo de 2021 – Glorieta Siloe – la horrible noche

Lo que ocurrió en Siloé esa noche no fue un operativo. Fue una incursión armada. Una emboscada estatal. Un castigo colectivo. Bajaron el ESMAD, el GOES, el Ejército. Entraron con tanquetas, drones, helicópteros y el respaldo de la narrativa del miedo. No entraron a disuadir. Entraron a cazar.

A Harold Rodríguez Mellizo lo alcanzó un láser en la cara. Tenía veinte años. Un francotirador lo vio. Le apuntó. Harold puso la mano por reflejo. El balazo le partió el cuerpo en dos rutas: la carne del brazo y la arteria del cuello. Murió desangrado en la glorieta, entre salchipapas y sueños.

José Emilson Ambuila, negro, alto, corpulento, se agachó para cubrirse. El tirador esperó a que se quedara quieto. Le disparó por la espalda. Dos veces. Uno de los tiros le abrió el cuello como si la vida pudiera desbordarse por una sola herida. Tenía 34 años. Su humanidad quedó tirada en la calle Segunda Oeste, donde antes los niños jugaban.

Kevin Anthony Agudelo recibió el impacto en el pecho. Un francotirador también. Le apuntó al corazón. Kevin se movió apenas, como si el destino le diera una última oportunidad. Pero el balazo supersónico lo alcanzó. Le reventó los pulmones. Lo dejó sin aire. Sin futuro. Sin abrazo.
Esa noche hubo al menos 50 heridos. La mayoría no alcanzó a llegar al hospital. Algunos se quedaron tirados en los callejones. Otros los recogieron vecinos en motos, improvisando ambulancias con miedo. Pero el horror no terminó ahí: esa noche nació un trauma colectivo que sigue sin nombre, sin juez, sin condena.

Los cuerpos fueron elocuentes. Las trayectorias de las balas no mienten. Los disparos llegaron de arriba, de lejos, con puntería quirúrgica. Desde un helicóptero. Desde la sombra. Desde el Estado.

3 de mayo de 2021 en Yumbo, Valle del Cauca – Homicidio de Wenceslao Solís Sánchez

Wenceslao Solís Sánchez caminaba por la comuna 1 con otros vecinos. Vieron saqueos, escucharon disparos. No alcanzó a correr. Lo hirieron y murió poco después en el hospital de Yumbo. No disparaba, no saqueaba, solo estaba ahí. Lo mató el miedo disfrazado de autoridad. Uno más que cayó sin juicio, en un país donde la calle cobra vida.

3 de mayo de 2021 en Cali – Homicidio de Cristian Arturo Hinojosa Murillo

Cristian Hinojosa tenía 26 años. Fue asesinado en la comuna 13 de Cali durante el Paro Nacional. Nadie ha explicado por qué. Era joven, estaba en la calle, en días en que eso bastaba para morir. Su nombre quedó en el eco de los que siguen gritando justicia.

3 de mayo de 2021 – Barranquilla – Abuso policial y allanamientos ilegales

Ese día, en Barranquilla, la Policía llegó con las chaquetas al revés, como si la ley se pudiera esconder. Dispararon a los manifestantes, detuvieron a muchos. Golpearon a quienes defendían derechos, les quitaron sus celulares para borrar las pruebas. Entraron a casas sin orden, buscando culpables en los rincones de la rabia.

3 de mayo de 2021 – Medellín – Detención arbitraria y tortura

En Medellín, a un joven lo levantaron sin razones. Lo desaparecieron por horas, lo llevaron al CTP. Allí, la oscuridad tuvo nombre: tortura. Cuando lo soltaron, ya no era el mismo.

3 de mayo de 2021 – Cali, La Luna – Ataque a defensora de derechos humanos

En La Luna, barrio de lucha, Magaly Pino acompañaba al pueblo. Le dispararon con una Mini Uzi mientras buscaba refugio. Querían silenciar su voz, pero lo que hicieron fue sembrarla más hondo.

3 de mayo de 2021 – Bucaramanga – Detención arbitraria, tortura y montaje judicial

En Piedecuesta, detuvieron al abogado Johan Sebastián Moreno Castro, defensor de derechos humanos. Tenía su credencial visible, pero eso no importó. Lo golpearon, lo esposaron, lo incomunicaron. Su hermana fue maltratada por exigir justicia. Terminó en el hospital. Luego vino el montaje judicial. No fue el único: otros jóvenes fueron heridos y detenidos ese día sin nombre ni razón.

3 de mayo de 2021 – Bogotá – Detención arbitraria y tortura

En Kennedy, Diego Luna Rojas grababa lo que no debía: jóvenes golpeados en los baños del Portal Américas. El ESMAD lo detuvo, lo arrastró, lo golpeó. Le dijeron que si seguía sangrando le traerían un trapero. Lo soltaron por los gritos del barrio. Al día siguiente, una visita oficial confirmó: diez jóvenes fueron torturados allí, esa noche.

3 de mayo de 2021 – Palmira – Violencia sexual

Palmira fue otra herida del paro. Esa noche, once mujeres fueron agredidas sexualmente por agentes del Estado. Dos eran niñas. En algunos casos, las violentaron juntas. El cuerpo de las mujeres también fue campo de batalla.

3 de mayo de 2021 – Cali – Ataque a defensoras de derechos humanos

La noche del 3 de mayo, mientras Cali ardía en La Luna, una misión de verificación caminaba entre el humo. Allí estaban Darnelly Rodríguez y Ana María Burgos. Un policía de civil las atacó: patadas, golpes con el casco, insultos, amenazas de violación y de muerte. Una de ellas quedó con lesiones permanentes. La agresión ocurrió cerca de la Estación Fray Damián. No fueron las únicas: también fueron golpeados Iván López, Herson Aullón y Peter Sepúlveda. Ser defensor también era un delito.
Estos nombres, estos cuerpos, estos relatos no son pasado. Son heridas abiertas que caminan con nosotros. Mientras estos crímenes se mantengan en la impunidad, la horrible noche no habrá cesado. Y no habrá paz verdadera mientras no se digan los nombres de los responsables, mientras los culpables sigan libres y las víctimas sigan enterradas en estadísticas.

Por eso escribimos.
Por eso marchamos. Por eso seguimos.
Porque lo que se nombra, existe.
Y lo que existe, resiste.

Por las calles del país bajaban los gritos. Desde Popayán, la juventud, los pueblos y las manos trabajadoras marchaban no solo contra una reforma, sino contra una historia larga de desprecio. Hoy, tres años después, seguimos preguntando: ¿Dónde está la verdad de los días que nos rompieron el alma?

Señor Presidente Gustavo Petro: Usted llegó a la Casa de Nariño de la mano de las víctimas del Paro Nacional. Su proyecto político se levantó sobre la dignidad de los y las jóvenes que pusieron el cuerpo en las calles, de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, de los barrios gaseados, de los pueblos que resisten. Usted prometió una Comisión de Esclarecimiento para los hechos del estallido social. ¡Cumpla!
No se puede hablar de un segundo estallido social por las reformas, si el primero quedó sepultado bajo el olvido y la impunidad.

2 de mayo de 2021 – Popayán: Los infiltrados

La mañana apenas abría los ojos cuando los abogados de la Corporación Justicia y Dignidad, acompañados por la Defensoría del Pueblo, llegaron a la URI de la Fiscalía en Popayán. Querían saber por los detenidos del primero de mayo. Les dijeron que los habían liberado con comparendo. Nada por escrito. Nadie daba la cara.
Cuando salieron, vieron lo que no deberían: una camioneta blanca con platón. Bajaron militares armados, dos hombres de civil encapuchados, radios en mano. Hablaron entre ellos. Luego se fueron rumbo a los barrios La Esmeralda y El Chino. Nadie sabía qué hacían. Nadie respondía.

2 de mayo – Popayán: Incursión armada policial en el barrio La Paz y barrios de la comuna 7

El 2 de mayo de 2021, Popayán volvió a sentir el eco amargo del abuso estatal. Desde las primeras horas de la tarde, estudiantes, campesinos, jóvenes de barrios populares e indígenas salieron a las calles en una jornada más del paro nacional. Caminaron con cantos, pancartas, arengas, talleres pedagógicos y ollas comunitarias de agua de panela. Se concentraron en distintos puntos de la ciudad: el norte, el centro histórico, el Campanario, el Centro Deportivo Universitario. La protesta fue pacífica hasta que la irracionalidad del Estado se impuso. La Policía Nacional y el ESMAD, sin provocación alguna, desataron una ofensiva desproporcionada. Avanzaron con gases, bolillos y disparos. A los manifestantes no los escucharon: los reprimieron.
Ya entrada la noche, cerca de las diez, la represión se volvió más violenta y más brutal. La comuna 7 fue blanco del terror: los barrios La Paz, El Mirador y otros aledaños fueron gaseados sin clemencia. Motorizados y tanquetas irrumpieron en las calles, y también en las casas. Entraron sin órdenes, sin justificación. Golpearon a sus habitantes, los insultaron, los amenazaron, los obligaron a salir a la fuerza. Usaron armas de fuego. Tiraron piedras. Dispararon gases contra las viviendas. En medio del humo, los gritos y el miedo, cayeron varios.
Teresa Rengifo, de 92 años, inhaló el gas lacrimógeno que lanzaron en su cuadra. Su cuerpo frágil no resistió. La asfixia la tumbó en el piso con un cuadro agudo de dificultad respiratoria. Juan Carlos Muñoz, periodista, documentaba lo que pasaba cuando dos policías lo agredieron: bofetadas, patadas, empujones. Juan Pablo Díaz recibió el impacto de un gas lacrimógeno en la mano derecha. John Ortiz fue herido de bala en la espalda por la misma fuerza pública que debería protegerlo. Luis Santiago Latorre fue amenazado con un cuchillo por un uniformado, y luego lo golpearon sin piedad en la cabeza y el cuerpo. A Esteban Erazo le reventaron el cráneo con piedras: armas no convencionales lanzadas por el ESMAD. No fue una casualidad: fue una política.
Los ataques no distinguieron credenciales. Kevin Acosta, veedor ciudadano, fue empujado, amenazado y señalado. Víctor Ruiz, edil, fue obligado a cruzar una línea de fuego mientras los gases estallaban a su alrededor. Lo apuntaron. Joner Idrobo, defensor de derechos humanos, fue ultrajado por la policía. Andrés Felipe Velasco, concejal de Popayán, llegó con cuatro personas más a ejercer labores humanitarias. La bienvenida fueron los disparos.
Esa noche también hubo detenciones arbitrarias. Cristian Alexander Zambrano, Carlos González, Javier Mauricio Salazar Loaiza, Jhorman Steven Castañeda Ortiz, Franz Giancarlo Alegría Botero, Edison Arley Casamachín y Jhonier Segura Trujillo fueron conducidos sin claridad sobre su paradero. No hubo información oficial, ni garantía de defensa, ni acceso a sus familiares o abogados. Nadie supo a tiempo dónde estaban.
La jornada dejó heridas abiertas. No solo en los cuerpos, sino en la dignidad. Hubo ataques deliberados a defensores, brigadistas, periodistas. Agentes sin identificación actuaron con libertad. Se desconocieron los centros de protección para personas detenidas. Se negaron auxilios médicos urgentes, como en la clínica Santa Gracia, donde un médico incumplió su juramento hipocrático y la ley colombiana al negar atención de urgencias. En zonas rurales y urbanas, la Policía y el Ejército actuaron como uno solo. En La Paz, agentes irrumpieron en una casa con un menor y un adulto mayor adentro. Amedrentaron. Amenazaron. Destruyeron.
En Popayán, aquel 2 de mayo no solo reprimieron una marcha: atacaron a un pueblo. Pero los nombres de quienes resistieron y fueron violentados, los nombres de los que sobrevivieron y de los que aún esperan justicia, siguen vivos. En las paredes, en los gritos, en los relatos. Como cicatrices que no se borran, como memoria que no se rinde.

2 de mayo de 2021- Popayán- lesión ocular, lesión en una pierna de los manifestantes e intento de judicialización

El 2 de mayo de 2021, Nelson Fuentes salió a manifestarse pensando que la violencia había cesado tras el retiro del ESMAD. Sin embargo, al llegar a la intersección de dos calles, un disparo de un agente del ESMAD le impactó en el rostro, dejándolo sin visión en su ojo derecho. A las seis horas, cuando fue ingresado en urgencias, un policía vestido de civil y sin identificación apareció en su habitación, identificándose como «Flores», parte de la fuerza pública. La actitud del hospital fue igualmente despectiva; la médica que lo atendió sugirió que lo sacarían porque «estaba bien» del resto del cuerpo.
La Defensoría del Pueblo intervino, convocando audiencias para mayo, pero la fiscalía desvió el caso, pidiendo que la denuncia se hiciera por internet y afirmando que la policía realizaba una «investigación interna». No hubo justicia, solo más obstáculos para las víctimas. El hermano de Nelson, también herido, y la hermana que fue testigo, junto con la médica que lo atendió, vieron cómo se intentaba ocultar la verdad detrás de la represión del 2 de mayo.
Palmira – 21 de mayo: Camilo Alegría, víctima de desaparición forzada
Desde el 2 de mayo no se supo más de Camilo Alegría. Estaba en la primera línea del peaje CIAT. Su nombre se sumó a una lista negra de detenidos que desaparecieron entre las garras del Estado. Las familias recorrían fiscalías, hospitales, estaciones de policía. Nadie respondía. Nadie sabía nada.

2 de mayo de 2021 – Homicidios en Antioquia

El 2 de mayo de 2021, en el marco de las movilizaciones contra la reforma tributaria, se registraron dos asesinatos en Antioquia. El primero ocurrió en San Luis, donde Juan David García, líder de la protesta, comerciante y referente de Colombia Humana, fue asesinado por paramilitares. Juan se había destacado como voz de la resistencia en su comunidad. El segundo homicidio se dio en Medellín, donde un joven con discapacidad perdió la vida, aparentemente debido a la inhalación de gases lacrimógenos durante las manifestaciones. La represión no solo dejó víctimas físicas, sino también un marcado dolor en la resistencia popular.
2 de mayo de 2021 – Toda Colombia – Montajes Judiciales
El 2 de mayo de 2021, las organizaciones de derechos humanos alzaron su voz frente a una práctica sistemática de la represión estatal: los montajes judiciales. Estas invenciones, que presentaban a los manifestantes como guerrilleros, terroristas o vándalos, buscaban criminalizar la protesta y silenciar a quienes ejercían su derecho a la movilización. La criminalización de la oposición política y social se extendió más allá de la detención, convirtiéndose en una herramienta de persecución constante. Según los informes de DDHH, los detenidos eran sometidos a torturas y tratos inhumanos, forzados a firmar actas de buen trato bajo amenazas. La intimidación no terminaba con la privación de libertad; seguían los seguimientos y amenazas, perpetuando un círculo de violencia y miedo. En medio de todo esto, la Campaña Defender la Libertad es Asunto de Todos documentó 20 allanamientos a organizaciones sociales, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluidas las detenciones arbitrarias asociadas.
2 de mayo de 2021 – Cali – Montaje Judicial de Deivy Alexander Ovalle
En Cali, en el barrio San Cayetano, Deivy Alexander Ovalle Cabrera fue detenido por miembros de la Policía Nacional sin que se informara de su paradero. En un giro oscuro de los hechos, Deivy fue reportado como desaparecido. Su captura no solo marcó un acto arbitrario de represión, sino que también encendió las alarmas de los defensores de derechos humanos, quienes denunciaron que se trataba de un montaje judicial más, en el contexto de la criminalización de la protesta social.

2 de mayo de 2021 – Armenia – Montajes Judiciales

En Armenia, Quindío, durante las manifestaciones cercanas a la alcaldía, se produjo un enfrentamiento entre la Policía y los manifestantes. En medio del caos, un policía fue apuñalado. En un giro premeditado de los hechos, dos jóvenes, supuestos integrantes de un grupo de “barras bravas” del equipo local, fueron detenidos bajo la acusación de la agresión. Sin embargo, los abogados de la primera línea jurídica presentaron videos que desmentían la acusación: en las imágenes se veía claramente a los agresores con tatuajes grandes en la espalda, mientras que los jóvenes detenidos no poseían tales marcas. A pesar de esta evidencia, la Fiscalía legalizó la medida de aseguramiento, privando de libertad a los jóvenes mientras aguardaban un fallo de segunda instancia por tentativa de homicidio. Este caso evidenció cómo la persecución judicial se utiliza para forjar culpables donde no los hay, dentro de una estrategia que apunta a criminalizar la protesta social y deslegitimar a quienes se oponen al régimen.

2 de mayo de 2021 – Bucaramanga – Ataque a defensor de derechos humanos

El 2 de mayo de 2021, la crisis de derechos humanos en Colombia se profundizó con el ataque a Leonardo Jaimes, abogado y defensor de derechos humanos, miembro del Equipo Jurídico Pueblos. Durante una jornada de protesta en Lebrija, Santander, donde los manifestantes se dirigían al aeropuerto Palonegro, el ESMAD arremetió brutalmente contra la movilización. Sin identificar a los agentes, lanzaron gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y agua a presión desde tanquetas, hiriendo a varios manifestantes. En medio de la represión, Leonardo Jaimes fue atacado mientras entrevistaba a una joven herida, siendo tirado al suelo, arrastrado y despojado de sus pertenencias por la policía. El ataque se extendió a otra manifestación proveniente de Girón, disuelta de manera violenta en un peaje, con la Personería de Lebrija como testigo mudo. Cuando se cuestionó al Capitán Nirvan Peña, encargado del operativo, éste inventó un falso relato de que el abogado y los manifestantes estaban disparando cócteles molotov. La represión continuó, agrediendo nuevamente a Jaimes y deteniendo al hermano de un herido que acudía a visitarlo. Este ataque reflejó la estigmatización y criminalización del trabajo de los defensores de derechos humanos en medio de las movilizaciones.

2 de mayo de 2021 – Pereira – Conformación de grupos paramilitares para atacar a los manifestantes

En Pereira, Risaralda, las fuerzas de seguridad nacionales actuaron con la complicidad del alcalde de la ciudad, el gobernador de Risaralda y altos mandos de la policía y el ejército, para implementar una estrategia represiva en contra de las protestas sociales. Bajo el discurso de «detener los actos vandálicos», se convocó a la conformación de alianzas público-privadas para garantizar la seguridad en la ciudad. Sin embargo, esta convocatoria fue un claro llamado al paramilitarismo, como lo señalaron múltiples testigos. Un día después de la convocatoria del alcalde Carlos Maya, se registraron disparos contra Lucas Villa y otro manifestante, lo que evidenció la complicidad entre las autoridades locales y los grupos paramilitares. La situación de violencia se agravó con la levantamiento del toque de queda, y un arreglo entre las autoridades municipales y organizaciones paramilitares y criminales permitió la ejecución de violaciones a los derechos humanos y la estigmatización de los manifestantes. Los responsables de esta situación fueron los funcionarios Carlos Maya, Víctor Tamayo y Diego Ramos, quienes dieron la orden de crear estos grupos paramilitares, desatando una ola de represión en la ciudad.

Exigimos Comisión de Esclarecimiento ¡Ya!

Señor presidente Petro: La verdad de lo que ocurrió en 2021 no puede seguir esperando. Usted prometió a las víctimas del estallido social una Comisión de Esclarecimiento. No queremos comités simbólicos, ni informes enterrados en oficinas. Queremos justicia con nombre propio, reconocimiento con rostro humano, memoria viva. No hay transformación social sin justicia para quienes fueron asesinados, mutilados, desaparecidos y criminalizados por protestar.

¡No más impunidad!
¡Comisión de Esclarecimiento Ya!
¡Justicia para las víctimas del Paro Nacional!

1 de mayo de 2021 – Pereira – Caso de violencia sexual y desaparición forzada
Era el 1 de mayo de 2021 cuando, en la ciudad de Pereira, un acto de violencia sin precedentes marcó la jornada. Una mujer de 28 años fue detenida de forma arbitraria por miembros del ESMAD mientras regresaba a su casa tras haber participado en las manifestaciones del Paro Nacional. Fue brutalmente golpeada, pero el horror no terminó ahí. Fue llevada a un lugar desconocido, donde durante horas sufrió abusos indescriptibles. Fue violada por cuatro agentes del ESMAD con un ensañamiento cruel y descarado, un acto que la marcó para siempre.
Lo peor estaba aún por llegar. Tras esta terrible violencia, la joven fue arrojada a la calle, como un objeto desechado, casi muerta. Durante su secuestro, los agentes encontraron en su mochila objetos comunes entre los manifestantes de la Primera Línea: una capucha, bicarbonato y una muda de ropa. Pero lo que los oficiales encontraron en su documento de identidad, que evidenciaba su ciudadanía extranjera, desató una nueva oleada de agresiones. La joven, marcada por la humillación y el dolor, sufrió una nueva golpiza, más fuerte y con más odio. La violencia física y psicológica fue sistemática. Fue sometida a un trato denigrante por parte de la Policía Nacional y de miembros de la SIJIN, quienes con impunidad continuaron su abuso.
Este caso es solo uno más de tantos que marcaron la represión en ese 1 de mayo. Hoy, exigimos justicia para esta víctima y para todas las mujeres que, como ella, han sido víctimas de violencia sexual y desaparición forzada. ¡Comisión de Esclarecimiento YA! No más impunidad, no más violencia contra las mujeres en Colombia.

1 de mayo de 2021 – Cali – Ejecución extrajudicial de Yinson Andrés Angulo Rodríguez
En la ciudad de Cali, la represión llegó a su punto culminante. Yinson Andrés Angulo Rodríguez, un joven de 23 años, fue ejecutado de forma sumaria por miembros del ESMAD en plena manifestación. En medio de la confusión generada por los gases lacrimógenos y las bombas aturdidoras, los agentes dispararon armas de fuego contra los manifestantes. Yinson, atrapado en el fuego cruzado, fue alcanzado por una bala mortal.
A pesar de los esfuerzos por salvarlo, Yinson llegó sin vida al Hospital Joaquín Paz Borrero. La ejecución de Yinson es un ejemplo claro del uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Este acto de violencia sin justificación sigue siendo un eco doloroso en la memoria de los caleños. ¡Comisión de Esclarecimiento YA!

1 de mayo de 2021 – Medellín – Homicidio de Jefferson Alexis Marín Morales
En Medellín, Jefferson Alexis Marín Morales, de 33 años, se convirtió en una víctima más de la violencia estatal. Durante una protesta en el barrio Kennedy, en la comuna 6 (Doce de Octubre), fue asesinado por un disparo de arma de fuego en medio de un disturbio con la fuerza pública. El reporte del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) no dejó dudas: el joven fue alcanzado por una bala disparada por la Policía Nacional. Las circunstancias exactas del hecho aún están bajo investigación, pero la evidencia de que la policía utilizó la fuerza letal sin justificación es clara.
Este asesinato se suma a una larga lista de hechos de violencia, en los que la policía ha utilizado el fuego de forma indiscriminada. La familia de Jefferson, junto a las organizaciones de derechos humanos, exige justicia y esclarecimiento. ¡Comisión de Esclarecimiento YA!

1 de mayo de 2021 – Ibagué – Asesinato de Santiago Murillo Meneses
Santiago Murillo Meneses, un joven de 19 años, se convirtió en una víctima de la represión policial durante el Paro Nacional. A pesar de no estar involucrado en las manifestaciones, Santiago fue asesinado por un disparo de arma de fuego mientras caminaba hacia su casa, en Ibagué. Recibió un disparo en el pecho, presuntamente por parte de un agente de la Policía Nacional, sin mediar provocación alguna.
El testimonio de testigos es desgarrador: Santiago no representaba ninguna amenaza, iba caminando con las manos en los bolsillos cuando fue alcanzado por la bala. El oficial que disparó, el mayor Jorge Mario Molano, fue señalado como el responsable, pero la investigación sigue sin avances.
Este crimen se suma a los casos de brutalidad policial en todo el país y se ha convertido en un símbolo del abuso del poder del Estado. La familia de Santiago, como todas las víctimas, exige justicia. ¡Comisión de Esclarecimiento YA!

1 de mayo de 2021 – Cali – Homicidio de Andrés Rodríguez
Andrés Rodríguez también fue víctima de la violencia policial en Cali durante el Paro Nacional. Este joven recibió impactos de bala en medio de las manifestaciones. Las investigaciones siguen para esclarecer las circunstancias exactas de su muerte, pero ya se sabe que las fuerzas policiales estuvieron involucradas en este hecho. Su muerte es una nueva muestra del desmesurado uso de la fuerza durante las protestas.
La familia de Andrés y las organizaciones sociales continúan exigiendo justicia por este asesinato. ¡Comisión de Esclarecimiento YA!

1 de mayo de 2021 – Cali – Homicidio de Santiago Moreno

Santiago Moreno, un joven de 23 años, fue asesinado el 1 de mayo de 2021 mientras participaba en una marcha pacífica en Cali. Santiago no estaba involucrado en actos violentos, sino en una protesta pacífica por los derechos de todos. Sin embargo, la respuesta del Estado fue letal. Santiago fue impactado por un disparo en el contexto de una intervención violenta de la Policía Nacional.
Este joven, que tenía una vida por delante y sueños por cumplir, fue una víctima más de la represión brutal que sacudió al país en ese mayo. ¡Comisión de Esclarecimiento YA!

1 de mayo de 2021 – Envigado – Amenazas paramilitares
En Envigado, Antioquia, la violencia no solo vino de la Policía Nacional. Ese 1 de mayo, paramilitares amenazaron abiertamente a los manifestantes. Un video grabado en la ciudad mostró a un hombre armado que, en nombre de un patrón, daba órdenes de muerte contra los “vándalos” y “delincuentes”. Las amenazas fueron claras y públicas, poniendo en peligro la vida de quienes se manifestaban por justicia social.
Estas amenazas no son un hecho aislado, sino parte de un patrón de violencia sistemática que se ha intensificado durante las protestas sociales. ¡Comisión de Esclarecimiento YA!

1 de mayo de 2021 – Barranquilla – Uso excesivo de la fuerza
En Barranquilla, las manifestaciones fueron brutalmente reprimidas entre el 1 y el 3 de mayo. La Policía utilizó gases lacrimógenos y otras armas de dispersión para responder a los actos de violencia perpetrados por pequeños grupos, pero las víctimas fueron principalmente manifestantes pacíficos, incluyendo a personas adultas y niños de barrios residenciales cercanos. La violencia estatal en Barranquilla es otra de las muestras de la desproporcionada represión durante el Paro Nacional.

1 de mayo de 2021 – Medellín – Lesiones graves a Stiven Loaiza
Stiven Loaiza, un joven de Medellín, fue víctima de una granada de gases lacrimógenos disparada directamente hacia él por miembros de la Policía Nacional y el ESMAD. El impacto le causó lesiones graves en la cabeza, lo que requirió una intervención quirúrgica. Las secuelas del ataque han dejado a Stiven con dolores constantes y problemas para dormir.
Este caso muestra la violencia y la falta de control por parte de las autoridades en el uso de armas de dispersión. ¡Comisión de Esclarecimiento YA!

1 de mayo de 2021 – Bogotá – Muerte de Daniel Alejandro Zapata
Daniel Alejandro Zapata, de 20 años, fue golpeado en la cabeza por la Policía mientras se manifestaba cerca de la estación de Transmilenio en Banderas, Bogotá. A pesar de ser trasladado a una clínica, Daniel falleció el 10 de mayo debido a las graves contusiones sufridas en la cabeza. Este asesinato es un claro ejemplo de la brutalidad de la represión y la muerte de un joven que solo buscaba una Colombia más justa.

1 de mayo de 2021 – Uso sistemático y desproporcionado de armas por parte del ESMAD
La violencia estatal alcanzó niveles intolerables con el uso masivo de armas por parte del ESMAD. Gases lacrimógenos vencidos, perdigones, postas de goma, y el uso de vehículos para atropellar manifestantes fueron parte de una estrategia de represión sistemática. La muerte de Braian Niño, quien fue embestido por una tanqueta del ESMAD mientras disparaban gases lacrimógenos, es solo una de las muchas víctimas de esta violencia.

Comisión de Esclarecimiento ¡YA!

Ese 1 de mayo de 2021, la violencia y el horror se desataron en todo el país, con la represión militar y policial como respuesta a una demanda legítima por justicia social. Es urgente que se forme una Comisión de Esclarecimiento que investigue estos casos y ponga fin a la impunidad que sigue reinando en Colombia. Las víctimas merecen justicia.

¡Comisión de Esclarecimiento YA!

El 30 de abril de 2021 no fue un día: fue una cicatriz. Las ciudades no amanecieron. Se estremecieron. Las calles fueron campos de batalla. Los jóvenes no marchaban: resistían. Las madres no lloraban: gritaban. Las casas no eran refugio: eran trinchera. Ese día, el Estado no disparó al aire, disparó al alma de un pueblo que ya no quería callar. Y desde entonces, la memoria pide justicia como un niño perdido que grita por su madre.

Ese día, el expresidente Álvaro Uribe Vélez pronunció un tuit que actuó como sentencia: una declaración pública que activó el brazo armado de la represión estatal, legitimando el uso letal de la fuerza. Lo que siguió fue una cadena de asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual, agresiones a la prensa y un mensaje claro desde el poder: cualquier forma de disidencia sería castigada con sangre.

Este relato documenta lo que ocurrió el 30 de abril de 2021, en Cali, en Pasto, en Armenia, en La Virginia, en cada punto de resistencia donde la juventud soñó con un país distinto y el Estado respondió con represión. Porque la memoria es una forma de justicia, y el olvido, una segunda muerte.

30 de abril de 2021 — Puerto Resistencia, Cali: la orden del señor de las sombras
A veces la muerte no llega con capucha ni con uniforme. Llega con un tuit. Ese día, Álvaro Uribe habló como quien enciende una chispa en medio del gas. No fue un mensaje: fue una orden. Fue como si el diablo diera permiso para matar. Y lo obedecieron.

Ese día, desde las alturas del poder, el expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó una orden: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. Era un llamado a disparar, una carta blanca a la represión.

La ciudad de Cali se llenó de uniformes. Llegó el ministro de Defensa, Diego Molano, y en el cruce de la autopista Simón Bolívar con carrera 46 ya se sentía la presión del Estado contra la gente que bloqueaba las vías en rechazo a la reforma tributaria.

30 de abril de 2021 — Puerto Resistencia, Cali: la tercera muerte
Puerto Rellena ya era Puerto Resistencia. En tres días de paro, tres jóvenes habían sido asesinados en ese punto neurálgico del oriente caleño.
Esa noche fue asesinado Kevin Yair González. Su hermano Dorian lo supo por un habitante de calle que rondaba el barrio. Su moto estaba parqueada, pero él no estaba. En el Hospital Carlos Carmona llegó la confirmación: “Aquí trajeron a un muchacho cargado entre 10 o 20 personas… llegó muerto”.
“Nada de nervios, cucho, no pasa nada. Voy con unos compañeros”, dijo Kevin antes de salir. Tenía 23 años, trabajaba y estudiaba Contaduría. Quería graduarse en diciembre. Esa noche, los gases lacrimógenos ardían incluso en la puerta del hospital. El médico solo dejó verlo: estaba cubierto por una sábana, pero Dorian lo reconoció por las botas que le había regalado.

30 de abril de 2021 — Calipso, Cali : tres asesinatos en una tarde
Mientras en Puerto Resistencia caía Kevin, en Calipso también se desataba el horror. Edwin Villa Escobar, Einer Alexander Lasso Chará y Rosemberg Duglas fueron asesinados por las fuerzas estatales.
En la carrera 9 con avenida Simón Bolívar, la Policía y el GOES dispararon armas de fuego contra la población. Los videos captaron el uso de rifles CTAR-21. Decenas de heridos. Gases desde la mañana, balas por la tarde.

• Edwin Villa Escobar, de 38 años, preparaba un sancocho cuando le dispararon. Una bala le entró por la oreja izquierda.
• Einer Lasso, pensionado de la Policía, no participaba en la protesta. Estaba observando lo que pasaba desde la calle 41 con carrera 29 cuando le dispararon. Lo robaron mientras agonizaba. Las autoridades lo dejaron tirado por horas.
• Rosemberg Duglas murió tras recibir un disparo en la cara con un cartucho de gas lacrimógeno. Tenia 22 años.

30 de abril de 2021, Cali — El horror se documenta
También ese día, un oficial del ESMAD fue grabado mientras perseguía a un joven, lo tiraba al suelo y le disparaba a quemarropa con munición de dispersión. No logró matarlo. Pero la intención quedó filmada.

El 30A fue una jornada de sangre en Cali. Una jornada en la que se ejecutaron asesinatos selectivos, castigos ejemplarizantes y violencias dirigidas. Todo bajo el amparo de la doctrina del “enemigo interno”. Todo tras el tuit de un expresidente que ya jugaba con la muerte como quien lanza dados sobre la vida de su pueblo.

30 de abril de 2021 — La Virginia, Risaralda: asfixia por gas lacrimógenoEvelio de Jesús Flórez, de 86 años, no estaba protestando. Estaba en su casa, en La Virginia, Risaralda, cuando un cartucho de gas lacrimógeno disparado por el ESMAD cayó en su vivienda. El humo tóxico se expandió. Evelio murió por asfixia, sin posibilidad de defensa. Era un adulto mayor, otro cuerpo frágil que no resistió la brutalidad del Estado.

30 de abril de 2021 — Paso del Comercio, Cali: el crimen de María Jovita
María Jovita Osorio, de 73 años, también murió ese día. Su casa, en el barrio Paso del Comercio, fue invadida por los gases lanzados durante los enfrentamientos entre el ESMAD y manifestantes la noche anterior. Uno de los cartuchos de gas lacrimógeno estalló en su patio. El humo llenó el hogar y María Jovita, asustada, no sabía si salir. No podía respirar.
Pidió ayuda. La llevaron a la Clínica Rafael Uribe. A las 2:30 de la madrugada sufrió un primer paro cardíaco. A las 4:30, el segundo. Murió a las 5:00 a.m. del 30 de abril. Era una mujer querida, cuidadora de niños, trabajadora con el ICBF. Una vida dedicada a la infancia, arrancada por la violencia de Estado.

30 de abril de 2021 — Universidad de Nariño: represión contra estudiantes
En Pasto, estudiantes que se manifestaban pacíficamente en las inmediaciones de la sede VIPRI de la Universidad de Nariño fueron reprimidos con gases lacrimógenos y chorros de agua lanzados desde tanquetas de la Policía. La protesta pacífica fue respondida con violencia, como en tantas otras ciudades.

30 de abril de 2021 — Armenia: agresión a periodista de medio alternativo
En Armenia, un periodista del medio alternativo La Caja de Pandora fue agredido por miembros de la Policía Nacional mientras ejercía su labor informativa. La Policía le arrebató violentamente su carné de identificación y lo amenazó con frases como: “Si sigue así lo vamos a matar a este hijueputa”. La libertad de prensa fue también una de las víctimas del estallido social.

30 de abril de 2021 – Barrio Julio Rincón, Cali, lesiones al cuerpo
Angely Vivas Restrepo no marchaba. Solo miraba pasar la manifestación pacífica cerca de Calipso, cuando un disparo de la Policía Nacional le atravesó la pierna izquierda. Su familia cuenta que no hacía más que observar. Pero en Colombia, ser joven, estar en la calle y mirar, también puede costar sangre.

30 de abril de 2021 – Cali detenciones arbitrarias
Ese día, en varios puntos de la ciudad, la Policía Nacional actuó como si protestar fuera un delito. En el barrio Las Américas, detuvieron arbitrariamente a manifestantes, entre ellos Juan David Escobar Rodríguez, hijo del presidente de ASONAL Judicial, y Alfredo Mondragón, líder social y hoy congresista. Fueron llevados sin orden judicial al coliseo del barrio, donde permanecieron retenidos sin justificación legal.
En Sameco, mientras documentaban hacia dónde trasladaban a los detenidos, los defensores de derechos humanos Daniela Caicedo y José Cuello también fueron capturados. A José, un agente intentó asfixiarlo dentro de la patrulla. Les robaron sus chalecos y carnés. En el centro de traslado, una mujer herida en la cabeza fue atendida por otras defensoras; también estaban allí un trabajador de la empresa Rómulo y otra ciudadana, impactados en las piernas por gases del ESMAD.

30 de Abril de 2021 – Cali detenidos por protestar

En las estaciones de Policía, la legalidad se convirtió en trampa: 94 personas fueron conducidas desde los puntos de concentración. Muchas salieron golpeadas, otras no salieron. Un total de 105 personas resultaron heridas por disparos, gases, granadas aturdidoras y recalzadas lanzadas por el ESMAD, el GOES y la Policía Nacional. Seis perdieron la vista.
Y en medio del caos, tres nombres empezaron a sonar en las bocas de las madres y en las paredes de las ciudades: José Miguel Obando, Diego Alejandro Bolaños y Jhon Haner Muñoz Bolaños. Desaparecidos.
30 de abril de 2021 — Colombia: recompensas para perseguir manifestantes
Ese mismo día, Caracol Radio informó que la Policía Nacional ofrecía recompensas millonarias a quienes denunciaran a supuestos vándalos durante las marchas. Se trataba de una política oficial que incentivaba la estigmatización, el señalamiento y posibles represalias contra líderes sociales, manifestantes y defensores de derechos humanos.

30 de abril de 2021 — Valle del Cauca: violencia sexual como arma de represión
La violencia sexual contra mujeres y personas LGBTIQ+ fue una de las prácticas más crueles y sistemáticas ejercidas por la Policía y el ESMAD. En el Valle del Cauca se denunciaron varios casos:
• Dos mujeres detenidas por el ESMAD fueron agredidas sexual y psicológicamente. Una de ellas sufrió acceso carnal violento.
• Otra denunciante fue abusada sexualmente en el sitio de detención.
Estas prácticas fueron utilizadas como mecanismos de humillación, tortura, castigo y terror, dirigidas especialmente por razones de género y orientación sexual.

30 de abril de 2021 – Cali, detenidos seguimientos y hostigamientos
Tras finalizar una rueda de prensa en la Gobernación del Valle, una caravana de defensores de derechos humanos —conformada por vehículos de la UNP y un carro particular— fue interceptada por hombres armados cerca del colegio Santa Librada. Lanzaron una piedra e impactaron con arma de fuego una de las camionetas del Comité de Solidaridad con Presos Políticos. Durante la retirada, se escucharon al menos seis disparos más. Horas después, Darnelly Rodríguez, de la Red de DDHH Francisco Isaías Cifuentes, recibió llamadas intimidantes por WhatsApp de desconocidos.

30 de abril de 2021: Golpes, gases y plomo — las heridas de la represión en Cali
El 30 de abril de 2021, Cali no despertó: se estremeció bajo el peso de los escuadrones de la muerte.
Desde la madrugada, la Fuerza Pública tomó la ciudad como se toma una plaza enemiga. En todos los puntos de concentración se sintió la violencia estatal como lluvia ácida: disparos, bombas aturdidoras, chorros de agua mezclados con químicos, gases directos al rostro.

Al menos 105 personas fueron heridas ese día. En los barrios del oriente, las madres sacaban a sus hijos a rastras para evitar que fueran alcanzados por las balas. En el sur, los jóvenes improvisaban escudos con tapas de olla. Testimonios recogidos en las zonas de resistencia narran cuerpos con fracturas expuestas, quemaduras, ojos vaciados por los proyectiles.
La ciudad sangraba por todas sus venas.

30 de abril de 2021: Detenidos por protestar — la otra cara del miedo
La represión no se quedó en la calle, 94 personas fueron detenidas arbitrariamente ese 30 de abril. La mayoría jóvenes, muchos de ellos estudiantes, artistas, trabajadores informales. Los atraparon en redadas sin orden judicial, sin informar a sus familias, sin respetar derechos.

Los llevaron a estaciones de policía como Fray Damián, La Flora y El Lido, donde los recibieron con insultos y golpes. Las denuncias de tortura son numerosas: patadas en el abdomen, golpes en los genitales, amenazas de desaparición, burlas sobre su pertenencia a los movimientos sociales. Algunos fueron obligados a firmar documentos que no entendían. A otros los mantuvieron incomunicados por más de 24 horas.
El miedo se instaló en las estaciones como una orden no escrita.

30 de abril de 2021: José Miguel, Ego Alejandro y John Hanner — los que no volvieron

Ese 30 de abril, tres jóvenes desaparecieron en medio del caos. José Miguel Obando, Diego Alejandro Bolaños y John Hanner Muñoz Bolaños salieron de sus casas con la certeza de la protesta justa y no regresaron más.
Sus nombres fueron multiplicándose en redes, sus rostros pegados en postes, murales, pancartas. José Miguel fue visto por última vez corriendo por la Loma de la Cruz. A Diego Alejandro lo separaron del grupo de manifestantes en el sector de El Calvario. A John Hanner lo vieron subir a un camión de la Policía y después el silencio.
Hasta hoy, sus paraderos siguen siendo desconocidos. Las autoridades no dan respuestas. Las madres siguen buscando. La ciudad, en silencio, no los olvida.

Colombia ardía. Gritaba. Moría. Y resistía.

Las balas no eran extravíos. Eran órdenes. El señor de las sombras habló, y la muerte obedeció. Por eso exigimos:

¡Comisión de Esclarecimiento de la Verdad sobre la Represión Estatal, YA!

¡Justicia para Kevin Agudelo, Marcelo Agredo, Miguel Ángel Barbosa, Edwin Villa, Einer Alexander Lasso, Rosemberg Rodríguez, María Jovita Osorio, Evelio de Jesús Flórez, José Miguel Obando, Diego Alejandro Bolaños y John Hanner Muñoz Bolaños!

Salieron de sus casas con la certeza de que protestar era justo, con la convicción de que alzar la voz por la dignidad no debía costar la vida. Salieron con el rostro descubierto y el corazón firme. No regresaron.

Hoy sus nombres son bandera. Son memoria viva en las calles, en los muros, en la garganta de quienes no olvidan. Justicia para ellos no es una palabra, es una urgencia. Es un deber. Es un grito que no se apaga.

¡Nunca más el poder convertido en pólvora contra el pueblo!