Ana María, otra desaparecida que volvió en cenizas

por Sofia Lopez2025, Género, ImpunidadPublicado el No hay comentarios

Por más de seis meses Mariluz Varón recorrió, sola, las calles polvorientas de Neiva, preguntando por su hija, Ana María Caballero. Llevaba en la mano un cartel y en el pecho el desespero. En las noches se regresaba sin respuestas, pero nunca sin miedo. Sabía que en Colombia, cuando alguien desaparece, la mayoría de veces no vuelve.

Ana María, joven, madre de una niña de 8 años, había salido desde Rovira, Tolima, a «ganarse unos pesitos» vendiendo su viejo Nissan Sentra en Neiva. La cita fue pactada por redes sociales, como sucede tantas veces en la Colombia popular que vive del rebusque. Desde ese 16 de septiembre, ni su hija ni su yerno Ubardi Ávila dieron señales. La tierra, como tantas veces en este país, se los tragó.

Pero esta vez la tierra habló. Una fosa común en un paraje despoblado de Neiva devolvió un cuerpo incinerado. Las pruebas forenses confirmaron lo que el Estado no quiso buscar: era Ana María.

Las desapariciones forzadas se volvieron paisaje en Colombia. El silencio que las rodea es más espeso que la maleza de las veredas donde entierran a la gente. Antes, la desaparición fue una estrategia de guerra —armas, uniformes, listas negras y masacres encubiertas—. Ahora, el crimen se camufla en la cotidianidad: por robarle un carro, por «deberle» a alguien, por cruzarse con las redes de trata, por estar en el lugar equivocado o por ser, simplemente, pobre.

A Ana María la desaparecieron por intentar sobrevivir en un país donde hay que arriesgarse hasta para vender un carro. La desaparición ya no es solo un mecanismo de guerra, sino también de rentas, de pillaje y de control territorial. Pero el Estado, acostumbrado a mirar para otro lado, actúa como si el fenómeno hubiera terminado el día que se firmó el Acuerdo de Paz. Como si la guerra y sus prácticas se hubieran ido con las FARC.

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, creada precisamente para encontrar a los ausentes, se ata las manos al limitar su mandato a los desaparecidos hasta 2016, como si después de la firma no hubieran seguido desvaneciéndose personas en las calles, en las carreteras y en las riberas de los ríos. Mientras tanto, la Fiscalía, encargada de investigar, hace como que hace, pero no hace. La inoperancia es su mejor disfraz y la impunidad su marca registrada.

A Mariluz le tocó lo que le ha tocado a cientos de madres, esposas e hijos: buscar a sus muertos en la selva, en las montañas, en las morgues y en las fosas clandestinas. Y cuando por fin los encuentran, nadie responde.

Ana María regresó, sí, pero en cenizas. Volvió a su casa dentro de una bolsa negra, sin voz, sin ojos, sin historia, convertida en rastrojo. Y la muerte, vieja conocida de este país, regresó también. Nunca se había ido.

Por Sofía Lopez Mera , abogada, periodista,  defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad y del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz.

Cartago: donde desaparecer jóvenes es parte del negocio criminal .

por Sofia Lopez2025, ImpunidadPublicado el No hay comentarios

En Cartago, al norte del Valle del Cauca, desaparecer jóvenes ya no es una casualidad. Se ha vuelto parte del negocio. En medio de una guerra entre Los Flacos, La Nueva Generación y La Nueva Alianza, las bandas se reparten la vida de adolescentes y jóvenes, como si fueran mercancía: para el reclutamiento forzado, la explotación sexual, el narcotráfico, la extorsión o, según denuncian las madres organizadas, incluso para alimentar redes de tráfico de órganos que operan en la región.

La violencia no es nueva. En los años noventa, Cartago fue escenario de la expansión del Cartel del Norte del Valle. Las cifras de muertos superaban las de cualquier municipio de su tamaño. Pero lo que se vive ahora es distinto. Desde 2022 hasta marzo de 2025, se han reportado al menos 50 desapariciones y más de 70 asesinatos, la mayoría de ellos contra menores de edad. Sin embargo, las organizaciones sociales afirman que las cifras son mayores. Muchas familias no denuncian por miedo o porque saben que no recibirán respuesta.

Cartago se ha convertido en un corredor estratégico para las economías criminales que conectan el Valle del Cauca con el Eje Cafetero y Antioquia. Desde hace al menos tres años, las desapariciones de jóvenes no solo obedecen a las disputas territoriales de estas bandas. También se explican por la existencia de un mercado: algunos muchachos son forzados a trabajar para las bandas, otros son vendidos a redes externas para ser explotados o, como temen sus familias, para el tráfico de órganos.

Las denuncias se han hecho públicas, pero las investigaciones avanzan a paso lento o no avanzan. En Cartago, no solo se teme a las bandas, también a la indiferencia estatal. Las madres saben que muchas de sus denuncias quedan archivadas sin que se busque realmente a sus hijos.

En medio del miedo, ellas no se han quedado quietas. La Asociación de Madres de Cartago, integrada por 20 mujeres, recorre las calles, investiga por su cuenta y se enfrenta al poder criminal en soledad. Buscan a sus hijos entre potreros, cañaduzales y casas abandonadas. Pegan carteles, comparten fotos, organizan vigilias y se atreven a decir lo que muchos callan: que sus hijos están siendo desaparecidos para sostener la economía ilegal que gobierna Cartago.

Desde 2022, las masacres han regresado. Al menos seis asesinatos múltiples han estremecido a la ciudad. En los barrios populares, la violencia es diaria. Los muertos ya no solo caen en las balaceras; se esfuman, desaparecen. La gente sabe quiénes están detrás, pero guarda silencio. Temen ser los próximos.

“Cartago es un lugar estratégico y, en la intención de consolidar un imperio criminal, esta violencia puede empeorar”, advierte Nicolás León, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación. La disputa entre las bandas no solo es por el microtráfico, también es por la contratación pública y la administración de préstamos ilegales. Todo lo que produce dinero es motivo de guerra.

Pero en Cartago, no hay guerra limpia. Aquí los muertos son jóvenes, y los desaparecidos, más jóvenes aún.

La pregunta es inevitable: ¿Dónde está el Estado? ¿Qué más tiene que pasar para que las autoridades actúen con la contundencia que merece esta emergencia? Las madres han hecho su parte. Ellas han buscado, han denunciado, han sobrevivido. Pero no deberían hacerlo solas.

La omisión ya no es una opción. El silencio de las instituciones es un crimen más.

Por Sofía López Mera, abogada, periodista,  defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad y del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz.

Escalada violenta de las disidencias Farc deja un militar muerto y 88 heridos en Cauca

por Sofia Lopez2025, Conflicto ArmadoPublicado el No hay comentarios

Las explosiones sacudieron la madrugada y dejaron un reguero de escombros, heridos y miedo en las calles del Cauca. En Piendamó, una motocicleta cargada con explosivos detonó cerca de la estación de Policía. Setenta y tres personas quedaron heridas, entre ellas menores de edad, agentes y transeúntes que pasaban por el lugar. Algunos solo sintieron el zumbido que les reventó los oídos, otros fueron trasladados a Popayán con heridas graves.

En Patía, sobre la Panamericana, una escena similar. Una motocicleta sospechosa a un lado de la carretera. El soldado Roque Gutiérrez Romario se acercó a inspeccionarla, pero no alcanzó a dar el aviso. Murió en el acto. Otros dos militares y cuatro civiles fueron alcanzados por la onda explosiva. En Suárez y Cajibío, la guerra llegó desde el cielo. Drones cargados con explosivos cayeron sobre las estaciones de Policía, dejando policías y civiles heridos. En Santander de Quilichao, Corinto, Caldono y Toribío, la violencia se sintió con ráfagas de fusil y hostigamientos.

Las calles de Popayán, Piendamó, Tunía y Morales amanecieron tapizadas con pancartas. Mensajes de guerra colgados en puentes, mercados y postes. Ayer, 26 de marzo, se cumplieron 17 años de la muerte de Manuel Marulanda, alias «Tirofijo», y las disidencias quisieron conmemorar su historia con pólvora y muerte. En el Cauca, la guerra no necesita aniversarios para recordarle a la gente que sigue viva.

Prensa Justicia y Dignidad

 

214 Lideresas Asesinadas en Colombia: Entre la Indiferencia Estatal y la Impunidad

por Sofia Lopez#Alerta, 2025, Género, Impunidad, Resistiendo al olvidoPublicado el No hay comentarios

No son solo cifras, son vidas que defendían derechos

Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta el 7 de marzo de 2025, 214 lideresas sociales han sido asesinadas en Colombia. Defendían la tierra, la justicia y los derechos humanos, pero el Estado las dejó solas, como siempre. Mientras el país acumula feminicidios políticos, la Unidad Nacional de Protección (UNP) sigue brillando por su corrupción e incompetencia, dejando a las lideresas expuestas a la violencia, con medidas que parecen sacadas de un mal chiste.

Porque, claro, ¿qué mejor protección que un botón de pánico o un celular cuando los sicarios llegan en moto? Y si por alguna razón a la UNP se le ocurre entregar un chaleco antibalas, pues la lideresa ni siquiera puede usarlo, porque ponerse un chaleco en zonas de alto riesgo es básicamente marcarse con un letrero de “aquí estoy, mátenme”.

Pero la desidia no termina ahí. Los analistas de la UNP, expertos en nada, evalúan el riesgo de las lideresas desde una oficina con aire acondicionado y deciden, con su increíble conocimiento en seguridad, que el peligro no es “tan alto”. Mientras tanto, los grupos armados siguen haciendo lo suyo: callar a las mujeres que defienden la vida.

Y aunque existan fallos judiciales que obligan a la UNP a garantizar medidas de protección adecuadas, les importa un carajo cumplirlos. De hecho, su director acumula más de 400 desacatos y no pasa absolutamente nada. Porque en Colombia, si eres una lideresa en riesgo, estás condenada a la suerte o a la muerte.

20 de marzo: Dianys Valderrama Tuberquia, asesinada en su hogar

En Carepa, Antioquia, Dianys Valderrama Tuberquia, una reconocida lideresa comunitaria, fue asesinada dentro de su propia casa con 13 puñaladas. No hubo robo ni signos de ingreso forzado. Las autoridades apuntan a un menor de 14 años, pero la pregunta sigue en el aire: ¿fue un crimen aislado o hay intereses detrás?

16 de marzo: Diandra Natalia Zamora Henao, líder indígena asesinada en Guaviare

Diandra Natalia Zamora Henao, coordinadora de Mujer y Familia de la Asociación de Autoridades Indígenas ASATRIMIG, fue asesinada en Miraflores, Guaviare. No hay detenidos, no hay culpables, no hay respuestas.

14 de marzo: Leidy Hoyos, docente asesinada en un asalto

La profesora Leidy Hoyos fue asesinada junto a su esposo en el sur del Cauca, en medio de un robo. Los delincuentes les quitaron la vida por una motocicleta, dejando a su hija de seis años sin padres.

3 de marzo: Ana Elcy Arteaga Camilo, asesinada en Cauca

La presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Pan de Azúcar, Ana Elcy Arteaga Camilo, fue interceptada por sicarios en la vía Panamericana y asesinada mientras iba a recoger a su nieta. Era una lideresa campesina, trabajadora incansable por su comunidad. ¿Medidas de protección? Ninguna.

27 de febrero: Lucero Velásquez, asesinada en su finca en Caldas

Un hombre armado ingresó a la finca de Lucero Velásquez, dirigente comunal, y le disparó. Su esposo e hijo quedaron heridos. Otro crimen en total impunidad.

CERREM Mujeres: una burla para las lideresas

El Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) Mujeres debería garantizar protección con un enfoque diferencial. Pero en la práctica, es un trámite burocrático inútil que, en lugar de salvar vidas, las deja aún más vulnerables.

El gobierno repite su misma estrategia absurda: celulares y botones de pánico para mujeres que deben andar solas por trochas y caminos rurales. ¿Protección real? Ninguna.

Porque cuando los sicarios llegan, la lideresa puede llamar al número de emergencia y esperar sentada mientras la policía aparece… si es que aparece. Y cuando la UNP entrega chalecos antibalas, lo hace sin pensar que una mujer con un chaleco antibalas en una zona de conflicto es blanco fácil.

El silencio del gobierno y la impunidad total

Las lideresas están muriendo, el conflicto armado se agudiza y el gobierno sigue mirando para otro lado. Mientras tanto, la UNP sigue acumulando desacatos judiciales, sin consecuencias para su director, y dejando a cientos de mujeres en peligro.

Si la protección en zonas de alto riesgo se tomara en serio, muchas lideresas estarían vivas hoy. Pero en Colombia, defender la vida sigue siendo una sentencia de muerte.

Por: Sofía López Mera , abogada, periodista,  defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad y del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz.

 

Madres buscadoras en Colombia: Promesas en papel y una realidad de violencia e impunidad

por Sofia Lopez2025, Conflicto Armado, Desaparición forzada, Género, ImpunidadPublicado el No hay comentarios

Emilse recuerda el día en que tuvo que irse de Buenos Aires, Cauca. No porque quisiera, sino porque le dejaron claro que no tenía otra opción. “No busque más, dedíquese a hablar contra Petro o váyase”, le dijeron. Sabía que quedarse era una sentencia de muerte. No lo dudó. Huyó con lo puesto, dejando atrás su casa, su comunidad, su lucha por encontrar a su sobrino, reclutado a la fuerza por un grupo armado. Hoy, en una ciudad que no es la suya, la siguen buscando. Le preguntan por ella, la vigilan. Su salud se ha deteriorado, pero su miedo no le permite descansar.

Margot también sabe lo que es perderlo todo. Hace años, en Nariño, los paramilitares del Bloque Libertadores del Sur se llevaron a Raúl, su esposo. “No lo busque”, le advirtieron. Pero Margot no hizo caso. Lo buscó en cada camino, en cada vereda, en cada fosa. Lo encontró muerto. Desde ese día, su vida cambió. Ahora acompaña a otras mujeres que, como ella, no descansan hasta saber la verdad.

Zoraida apenas tiene 60 años, pero su cuerpo parece más viejo. Su columna no aguantó más y dejó de reciclar. Su casa, hecha de costales y piso de tierra, apenas la protege del frío. Lo único que le queda es la búsqueda de Diana, su hija, reclutada forzadamente en los 2000. Nunca volvió a saber de ella.

Mónica llegó al Cauca desde Cali, buscando una vida mejor. Pero la suya se rompió cuando a Laura, su hija, se la llevaron con promesas de trabajo al Naya. Cuando se negó a unirse a los armados, la mataron. Desde entonces, Mónica ruega que las autoridades envíen una misión de búsqueda, pero nadie escucha.

Valery tiene nueve años y todavía le escribe cartas a su mamá desaparecida. Las deja en su almohada, esperando que algún día regrese. Yarlin pregunta cada noche: “¿Dónde está Narly, mi hermana?”

Así se cuentan las historias de dolor de las mujeres del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz. Todas siguen esperando que la Ley 2364 de 2024 sea más que una firma en un papel.

En Colombia, la desaparición forzada sigue siendo una de las violaciones más devastadoras a los derechos humanos. A pesar de los avances normativos, como la aprobación de la Ley 2364 de 2024, las madres buscadoras continúan enfrentando amenazas, violencia y un Estado que no ha garantizado su seguridad ni su derecho a la verdad.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) ha individualizado a 111.640 personas desaparecidas hasta marzo de 2024, pero la Comisión de la Verdad sostiene que entre 1985 y 2016, al menos 210.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada. Sin embargo, estas cifras pueden ser mucho mayores debido al subregistro, ya que este crimen se comete en la clandestinidad y con complicidad de diferentes actores.

A pesar del Acuerdo de Paz de 2016, el conflicto armado sigue afectando gravemente a regiones como el suroccidente colombiano, donde el reclutamiento forzado de jóvenes ha aumentado de manera alarmante. Para muchas madres y familiares, la desaparición de sus hijos a manos de grupos armados ilegales solo tiene una consecuencia inmediata: el desplazamiento forzado y el desarraigo. Sin garantías de seguridad, su única opción es huir, dejando atrás sus hogares y su historia.

La aprobación de la Ley 2364 de 2024 fue recibida con esperanza, ya que contempla 22 compromisos divididos en cuatro ejes fundamentales:

1. Reconocimiento de las mujeres buscadoras y prevención de su estigmatización.

2. Protección ante amenazas y ataques.

3. Garantía de derechos fundamentales como educación, vivienda y salud.

4. Medidas contra la impunidad y a favor de la verdad.

Sin embargo, su implementación ha sido prácticamente nula, dejando a las madres buscadoras sin protección, sin recursos y en un estado de vulnerabilidad extrema.

Uno de los mecanismos clave de la ley es el Registro Único de Mujeres Buscadoras, pero este sigue el mismo patrón restrictivo del Registro Único de Víctimas. Sus criterios de inclusión son limitados, ya que solo contempla los casos dentro del conflicto armado, ignorando otras formas de desaparición como las ocurridas en el estallido social de 2021.

Nos preguntamos entonces: ¿serán excluidas las madres que buscan a sus hijos desaparecidos en el contexto de la protesta social? ¿Acaso el Estado pretende seguir negando estos casos con trabas burocráticas?.

Además, el registro impone una carga de prueba enorme sobre las personas que buscan a sus seres queridos, obligándolas a demostrar la desaparición de sus hijos en un país donde los expedientes se pierden, las instituciones encubren y la justicia brilla por su ausencia.

Mientras el Estado tarda en cumplir lo que promete en el papel, las madres buscadoras siguen enfrentando una realidad brutal. Amenazas, asesinatos selectivos, hostigamientos y campañas de desprestigio hacen parte de su día a día. La violencia de género también juega un papel central, pues muchas de estas mujeres son blanco de agresiones sexuales y violencia simbólica para intentar silenciarlas.

El costo de buscar la verdad es alto. Muchas han tenido que huir del país y vivir en el exilio, obligadas a abandonar su lucha o continuarla desde la distancia, lejos de la tierra donde desaparecieron sus hijos.

La Ley 2364 de 2024 fue presentada como un paso histórico en la protección de las buscadoras, pero hasta ahora su implementación ha sido casi inexistente. Mientras tanto, las desapariciones continúan, el reclutamiento forzado no se detiene y las madres que buscan a sus hijos siguen quedándose solas, perseguidas y sin respuestas.

El Estado ha fallado en brindar protección y en garantizar el derecho a la verdad. Las madres buscadoras siguen enfrentándose a un sistema que las ignora, mientras los responsables de las desapariciones continúan en la impunidad.

No queremos pensar que esta ley es solo otra promesa vacía. Pero la realidad de las madres buscadoras en Colombia nos obliga a preguntarnos si la seguridad, la verdad y la justicia seguirán siendo solo palabras en los discursos oficiales, mientras en las calles las madres siguen buscando a sus hijos en medio del miedo y la desesperanza.

Palestina: Un Genocidio que ya ha cobrado Más de 50.000 Vidas.

por Sofia Lopez2025, Impunidad, Pueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

La Franja de Gaza se desangra ante los ojos del mundo. Más de 50.000 personas han sido asesinadas en una ofensiva militar sin precedentes. La cifra es insoportable, pero sigue aumentando cada día. Sin embargo, la maquinaria de la guerra no se detiene. La impunidad se ha convertido en norma, sostenida por la indiferencia de los gobiernos, la inoperancia de los organismos internacionales y el engranaje del capital, que ha encontrado en la violencia extrema su mejor herramienta de control.

El genocidio ya no se esconde: se transmite en tiempo real. Las redes sociales han convertido la matanza en un espectáculo continuo de muerte y desesperación. Imágenes de cuerpos calcinados, niños mutilados, madres que sostienen los restos de sus hijos cubiertos de polvo y sangre. La repetición de la tragedia ha normalizado el horror. El mundo ve, pero no reacciona. Gaza está siendo exterminada ante millones de espectadores que, anestesiados por la sobrecarga de información, siguen con sus vidas como si nada estuviera ocurriendo.

Este no es solo un ataque militar. Es la consolidación de un modelo de dominio absoluto. Es la demostración de que un genocidio puede ejecutarse a plena luz del día, con el aval de las grandes potencias y sin ninguna consecuencia. La impunidad con la que se ha superado la barrera de los 50.000 muertos confirma lo que muchos temían: las reglas del derecho internacional han sido desmanteladas. No hay límites para la barbarie cuando los perpetradores tienen el respaldo de los centros de poder económico y militar.

Mientras las bombas caen sobre Gaza, el gobierno israelí avanza en su plan de anexión total de Palestina. El ministro Bezalel Smotrich lo ha dicho abiertamente: la construcción de nuevas colonias ilegales en Cisjordania es un paso más hacia la desaparición definitiva de Palestina. Mientras los cadáveres se apilan en las calles, la ocupación avanza. No es una coincidencia, es un proyecto calculado.

El gran capital observa y aprende. Si la comunidad internacional permite que 50.000 personas sean exterminadas sin que nadie detenga la masacre, ¿qué impedirá que este modelo se replique en otros territorios? La historia ya lo ha demostrado: cuando la impunidad es la norma, el horror se expande. Vietnam, Ruanda, Irak, Siria, Yemen. Masacres justificadas, ignoradas o simplemente olvidadas. Gaza es la reciente manifestacion de este patrón, pero no será la última.

Los organismos internacionales han fracasado. La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Pero esas órdenes nunca se hicieron efectivas. La justicia internacional se ha mostrado incapaz de actuar contra quienes detentan el poder real. No hay arrestos, no hay sanciones, no hay consecuencias. Estados Unidos y la Unión Europea justifican, financian y protegen a Israel, mientras bloquean cualquier intento de castigo efectivo. El derecho internacional se ha convertido en una herramienta de los poderosos, en una farsa que se activa solo cuando conviene.

¿Quiénes son los intocables? Gobiernos que garantizan estabilidad económica, que protegen intereses estratégicos, que sostienen el orden mundial basado en la violencia. El mensaje es claro: la vida de más de 50.000 palestinos no tiene valor en la balanza del poder global. La repetición cíclica de la historia demuestra que el sistema internacional no está diseñado para evitar genocidios, sino para administrarlos según convenga.

Pero en medio de las ruinas, la resistencia persiste. Periodistas, activistas y voluntarios arriesgan su vida para documentar la barbarie, para sostener la memoria de quienes han sido asesinados. Cada testimonio, cada imagen, cada informe que escapa del cerco informativo es un acto de lucha. La memoria es un campo de batalla. La verdad es la última trinchera.

La pregunta es si el mundo está dispuesto a escuchar. Si la sociedad civil, esa que aún conserva algo de humanidad, puede hacer lo que los gobiernos no hacen: reaccionar, movilizarse, exigir un alto al fuego real, demandar sanciones efectivas, romper con la maquinaria de muerte.

Estamos en una era oscura de la humanidad. Gaza es el espejo donde el mundo entero debe mirarse. Lo que allí sucede no es solo una guerra, es un síntoma del mundo que se está construyendo. No hay neutralidad posible. O se está del lado de la vida o se es cómplice de la muerte. La historia aún se está escribiendo. ¿Quiénes seremos cuando se pase lista?

Por: Prensa Justicia y Dignidad.

La Brigada XX: las huellas de la impunidad y la lucha por la verdad

por Sofia Lopez2025, Conflicto Armado, ImpunidadPublicado el No hay comentarios

Durante la década de 1980, la Brigada XX del Ejército Nacional se convirtió en un oscuro símbolo de la guerra sucia y criminalidad de estado en Colombia. Bajo su mando operaron el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia (BINCI) y otros cuerpos militares que ejecutaron estrategias de terror contra quienes eran considerados enemigos del Estado. Sindicalistas, activistas de derechos humanos y miembros de organizaciones políticas de izquierda como la Unión Patriótica, el M-19 y el EPL fueron detenidos arbitrariamente, torturados, violentados y, en muchos casos, desaparecidos.

Las denuncias sobre estos crímenes llegaron incluso a Estados Unidos, que presionó para el cierre de la Brigada XX en 1998. Pero su rastro de violencia quedó impregnado en los muros de sus instalaciones y en la tierra que hoy es removida en busca de las víctimas que nunca volvieron a casa.

Décadas después, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó medidas cautelares sobre el terreno donde funcionó la Brigada XX, ahora conocido como el Batallón Escuela de Logística. Allí, un equipo forense de la JEP inició excavaciones en busca de cuerpos desaparecidos.

El primer hallazgo no tardó en llegar: dos fragmentos de hueso. Medicina Legal confirmó que pertenecían a un hombre de entre 20 y 28 años. Pero su identidad sigue oculta; el deterioro de los restos impidió extraer ADN. Aun así, estos pequeños fragmentos óseos son la primera prueba física de que los desaparecidos pueden estar ahí, sepultados en el mismo lugar donde sufrieron sus últimas horas de vida.

Mientras se analizan las capas de tierra en busca de más indicios, la JEP también lucha en otro frente: la preservación de los archivos de inteligencia y contrainteligencia de la Brigada XX. Estos documentos pueden ser la clave para saber quiénes ordenaron, ejecutaron y encubrieron los crímenes. Sin embargo, el riesgo de que sean alterados o destruidos es latente.

Las víctimas y sus familias han esperado décadas para conocer qué pasó con sus seres queridos. Algunos han muerto sin respuesta, otros han resistido con la esperanza de que el Estado, algún día, reconozca su dolor y castigue a los responsables.

La Brigada XX fue cerrada, pero el sistema que permitió su funcionamiento sigue presente en las sombras. La justicia no puede seguir siendo esquiva. La memoria de las víctimas y la dignidad de un país lo exigen.

El archivo de la reforma laboral: una derrota para los derechos de las mujeres trabajadoras en Colombia

por Sofia Lopez2025, GéneroPublicado el No hay comentarios

El archivo de la reforma laboral en el Congreso no es solo un revés legislativo. Es un golpe certero contra los derechos de las mujeres trabajadoras en Colombia y una práctica misógina que refuerza las desigualdades históricas en el mundo del trabajo. La reforma contenía disposiciones esenciales para la equidad de género, para la protección de las mujeres en sus espacios laborales y para la dignificación del trabajo de cuidado. Con su archivo, se ha ratificado un modelo laboral que perpetúa la discriminación, la precarización y la violencia estructural contra las mujeres.

Y todo esto sucede en marzo, el mes en que el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Un mes en el que se llenan los discursos de palabras vacías sobre igualdad, mientras en la práctica se niegan los derechos más básicos de las mujeres en el mundo laboral.

Una puerta cerrada a la igualdad en el acceso al empleo

En Colombia, las mujeres siguen enfrentando barreras para acceder a empleos dignos. La reforma proponía la eliminación de filtros discriminatorios en los procesos de contratación, reconociendo que muchas veces a las mujeres se les niega la oportunidad laboral por su edad, por su maternidad o por estereotipos de género. También contemplaba la ampliación progresiva de la licencia de paternidad, una medida clave para redistribuir el cuidado de los hijos y disminuir la carga que históricamente recae sobre las mujeres. Sin estas disposiciones, la brecha de género en el acceso al empleo seguirá intacta, manteniendo la exclusión y la dependencia económica de muchas trabajadoras.

Discriminación y violencia laboral: la realidad que no quisieron cambiar

La reforma archivada establecía protecciones fundamentales contra la discriminación de género en el ámbito laboral. Se reconocía la necesidad de implementar licencias para atender dolencias menstruales incapacitantes y para asistir a obligaciones escolares de los hijos, medidas que reflejan una mirada integral sobre la conciliación entre el trabajo y la vida personal. También se prohibía expresamente la asignación de tareas que pusieran en riesgo a las mujeres embarazadas y se promovía la evaluación objetiva del desempeño laboral para erradicar sesgos de género en ascensos y remuneraciones.

Estas disposiciones respondían a una realidad evidente: la precarización y discriminación que sufren miles de mujeres en el país. Su archivo significa la perpetuación de un sistema laboral que invisibiliza las necesidades de las trabajadoras y las deja a merced de arbitrariedades empresariales que limitan su crecimiento profesional y vulneran sus derechos.

El trabajo de cuidado: un sacrificio que sigue sin reconocimiento

Uno de los avances más importantes de la reforma era la formalización progresiva de las madres comunitarias, madres sustitutas y trabajadoras de hogares infantiles. Más de 60 mil mujeres que han dedicado su vida al cuidado de la niñez vulnerable esperaban que este reconocimiento laboral les garantizara estabilidad, derechos y seguridad social. Con el archivo de la reforma, se les condena a seguir en la informalidad, sin garantías ni acceso a una jubilación digna.

Esta es una muestra de cómo el Estado sigue menospreciando el trabajo de cuidado, que es sostenido principalmente por mujeres y que, a pesar de ser esencial para la sociedad, continúa siendo tratado como una labor voluntaria o mal remunerada. Negarse a formalizar a estas trabajadoras es perpetuar la explotación y la desigualdad de género.

El mensaje del Congreso: el retroceso es la norma

El archivo de la reforma laboral envía un mensaje claro: los avances en equidad de género no son prioridad en el país. Las disposiciones que fueron desechadas buscaban garantizar un mínimo de justicia en un sistema que históricamente ha precarizado a las mujeres. Pero quienes votaron en contra prefirieron sostener el statu quo, uno en el que la discriminación, la inseguridad laboral y la invisibilización del trabajo de las mujeres siguen siendo la norma.

Y lo hacen en marzo. En el mes de la mujer. En el mes donde se llenan las calles de frases bonitas, de flores y de homenajes hipócritas, mientras las decisiones reales siguen siendo tomadas por los mismos sectores que ven a las mujeres como mano de obra barata, como trabajadoras de segunda categoría, como ciudadanas sin derechos plenos.

No es coincidencia. Es una muestra más de cómo se nos arrebata lo conquistado, de cómo se nos recuerda que nuestros derechos siempre están en disputa. Pero si algo ha demostrado la historia es que los derechos no se mendigan, se conquistan. Por eso, frente a este atropello, la respuesta no puede ser el silencio. La movilización social y la lucha en las calles serán las herramientas para exigir lo que nos han negado.

Porque en marzo no queremos flores ni discursos vacíos. Queremos derechos, justicia y dignidad. Y no dejaremos de luchar hasta conquistarlos.

Por: Sofía López Mera, abogada y periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad y del Movimiento de Madres y Mujeres por la Paz.

 

México y Colombia: Dos países, una misma herida de horror y exterminio

por Sofia Lopez2025, Alerta Dignidad, Conflicto Armado, Impunidad, Pueblos y Territorios, Resistiendo al olvidoPublicado el No hay comentarios

El 5 de marzo de 2025, en un rancho de Teuchitlán, Jalisco, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco hizo un hallazgo aterrador: un campo de exterminio clandestino operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tres hornos crematorios, cientos de restos óseos, mochilas abandonadas, credenciales y más de 400 pares de zapatos fueron algunas de las pruebas que documentaron lo que parece ser una de las peores atrocidades en la historia reciente de América Latina. Un sitio donde cientos, quizás miles, de personas fueron asesinadas, descuartizadas y calcinadas, sin que las autoridades lo reportaran.

El horror que se vive en México tiene una familiaridad escalofriante en el caso de Colombia. A pesar de los gobiernos que se autodenominan progresistas, la violencia continúa su curso imparable, con el narcotráfico como el poder real detrás de las estructuras de Estado. México y Colombia comparten más que una historia de sangre: comparten la impunidad, el control territorial del crimen organizado, la incapacidad estatal para frenar los horrores, y el abandono de las víctimas.

El rancho Izaguirre, en la comunidad de La Estanzuela, municipio de Teuchitlán, no solo funcionó como un cementerio clandestino, sino como un campo de reclutamiento y aniquilación. Testimonios de sobrevivientes revelan que jóvenes eran llevados bajo engaños con promesas de empleo. Una vez en el rancho, eran alineados y recibían apodos. Nombres propios ya no existían. Se convertían en carne de cañón.

Un joven que logró escapar contó que, de los 200 reclutados con él, solo 30 sobrevivieron al “kínder”, un filtro de muerte donde los obligaban a pelear entre sí hasta la muerte. Los cuerpos de los perdedores eran descuartizados y arrojados a los hornos de piedra.

En “La Carnicería”, una habitación en el fondo del rancho, los prisioneros eran asesinados a machetazos. Sus restos, incinerados hasta reducirse a cenizas. Según los hallazgos, al menos 250 personas fueron ejecutadas solo en este sector.

Los hallazgos de la fosa clandestina son espeluznantes:

-Tres hornos crematorios subterráneos.

-Restos óseos esparcidos en la zona.

-Más de 400 pares de zapatos.

-Placas de titanio, fragmentos de cráneos, dentaduras humanas.

-Casquillos de bala y estructuras de adiestramiento militar.

-Una carta que decía: “Mi amor, si algún día no regreso, solo te pido que recuerdes lo mucho que te amo.”

Pero lo más aterrador no es solo la cantidad de cuerpos incinerados. El horror va más allá de la muerte.

Testimonios de víctimas aseguran que, además de la matanza sistemática, el rancho Izaguirre era también un centro de abuso infantil y tráfico de órganos.

Una mujer que sobrevivió tres años en este sitio reveló que médicos realizaban “experimentos” con los cautivos y extraían órganos para venderlos. También denunció que niñas eran secuestradas y entregadas a altos mandos del cártel.

«Había un jefe al que le gustaban las niñas», contó. “Las llevaban y después desaparecían.”

Otro de los castigos más inhumanos que relató es el de “La Puerquera”, un espacio rodeado de alambres de púas donde se arrojaba a prisioneros vivos para ser devorados por cerdos.

Quienes intentaban escapar eran ejecutados de inmediato. La mujer que dio su testimonio aseguró que los prisioneros eran obligados a vestir uniformes naranjas, como en una cárcel. Los que sobrevivían al adiestramiento eran enviados a pelear en estados en disputa, como Zacatecas y Michoacán.

La crueldad del CJNG no es nueva. La diferencia es que ahora conocemos la dimensión de su barbarie. Pero lo más indignante es que, según la líder del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, las autoridades ya habían allanado el lugar en septiembre de 2024 y no reportaron nada.

“No vieron nada raro”, dijeron. ¿Cómo es posible que no vieran un campo de exterminio?.

Mientras en México los colectivos de búsqueda exhuman miles de cuerpos en fosas clandestinas, en Colombia la historia es la misma.

La violencia del narcotráfico, el paramilitarismo y el crimen organizado han dejado un rastro de más de 111,000 desaparecidos, según cifras oficiales. Pero las cifras reales podrían ser mucho mayores.

Al igual que en México, las estructuras de exterminio no han desaparecido. En los últimos años han salido a la luz evidencias de hornos crematorios utilizados por paramilitares en Norte de Santander, fosas comunes, y casas de tortura en varias partes del país.

El reclutamiento forzado de jóvenes y niños sigue siendo una tragedia cotidiana en ambos países. En Colombia, disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y demás grupos armados ilegales, secuestran y obligan a menores a engrosar sus filas.

Organizaciones como la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas han encontrado evidencias de masacres silenciadas por décadas, como las fosas de San Onofre, donde los paramilitares desaparecieron a cientos de personas, o los crematorios clandestinos en la frontera con Venezuela.

Ni en México ni en Colombia los gobiernos que se autodenominan progresistas han logrado frenar esta barbarie. En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador adoptó una política de “abrazos, no balazos”, que fortaleció a los cárteles.

En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro ha prometido la paz total, pero la violencia sigue escalando, el Cañón del Micay y el Catumbo son ejemplo de ello.

Las víctimas siguen sin justicia. Las desapariciones siguen en aumento. Los hornos siguen encendidos.

El rancho Izaguirre en Jalisco es un espejo de las fosas clandestinas en Colombia. Un reflejo de lo que la violencia y la corrupción han hecho en nuestras tierras.

Duele México. Duele Colombia.

Nos dijeron que la guerra contra el narco era para combatir la violencia. Pero la verdad es que el narcotráfico sigue gobernando.

Nos dijeron que el crimen organizado era solo un problema de seguridad. Pero es un sistema de exterminio que se alimenta del silencio y la impunidad.

En Jalisco, la Fiscalía dijo que no vio nada. En Colombia, también han dicho que no ven nada.

Pero los cuerpos siguen apareciendo.

Las madres siguen buscando.

Y la pregunta sigue siendo la misma:

¿Cuánto más tiene que arder para que el mundo mire hacia el horror que consumió a México y a Colombia?

¿Cuántas más, Colombia?

por Sofia Lopez2025, Alerta Dignidad, Comunicados, GéneroPublicado el No hay comentarios

Los días en los que se conmemora el Día Internacional de la Mujer en Colombia no son de celebración. Son jornadas de duelo, de indignación y de rabia contenida. Son días donde la violencia machista se hace más visible, no porque haya un aumento en los casos—pues la violencia contra las mujeres es una constante en este país—sino porque en estas fechas las víctimas llenan los titulares de noticias y los discursos oficiales se desbordan en promesas vacías.

Dalida Patricia Hernández, Deidis Zúñiga Vives, Sharit Alexandra Ciro, Nilsa Morera Belalcázar, Claudia Patricia Jaramillo Marín, Ana Elcy Arteaga Camilo, Lucero Velásquez. Estos son solo algunos de los nombres de mujeres asesinadas en estos días de marzo. Cada una de ellas tenía una historia, una vida interrumpida por una violencia que el Estado no ha sabido, o peor aún, no ha querido frenar.

En Aracataca, Magdalena, el cuerpo desmembrado de Dalida Patricia fue encontrado en una vivienda. Su pareja, el principal sospechoso, ya está bajo custodia. Lo que sigue es el ritual conocido: titulares fugaces, indignación en redes, alguna marcha con pancartas desgarradoras y el silencio que sigue cuando el siguiente crimen acapara la atención.

En Ibagué, Sharit Alexandra Ciro, de 19 años, fue hallada apuñalada en una zona boscosa. Una estudiante universitaria que desapareció la noche del 7 de marzo y que ahora engrosa las cifras de feminicidio en el Tolima. En Armenia, una mujer fue encontrada sin vida cerca de la avenida Los Camellos. En Risaralda, Claudia Patricia Jaramillo Marín fue asesinada dentro de una buseta intermunicipal, en un crimen que exhibe la brutalidad con la que operan los feminicidas en el país.

La violencia contra las mujeres no se detiene, ni siquiera cuando estas han dedicado su vida a defender los derechos de sus comunidades. Ana Elcy Arteaga Camilo, presidenta de la Junta de Acción Comunal en Rosas, Cauca, fue asesinada después de recibir amenazas. Lucero Velásquez, lideresa en Tolima, murió en su casa frente a su familia, su hijo de 12 años herido por los mismos disparos que le arrebataron la vida a su madre.

Y mientras estos crímenes se multiplican, el gobierno colombiano responde con la misma indiferencia de siempre. No hay una voluntad real de erradicar las violencias contra la mujer. No hay estrategias integrales de protección, no hay justicia efectiva, no hay prevención. Lo que hay es una maquinaria estatal que perpetúa la impunidad, que deja a las víctimas en el olvido y que cada 8 de marzo repite las mismas consignas vacías mientras la sangre de las mujeres sigue tiñendo las calles.

Nos están matando, y el Estado solo observa.