La tragedia de ser mujer en la República Democrática del Congo: el horror que el mundo calla

Lejos del foco de la atención mundial, los conflictos armados en la República Democrática del Congo han convertido la violencia sexual en un arma de guerra. Miles de mujeres, niñas e incluso hombres y niños han sido víctimas de abusos sistemáticos que destruyen sus cuerpos, sus mentes y sus comunidades.

Las historias que siguen son solo un fragmento de una realidad escalofriante que el mundo prefiere ignorar.

Françoise, de 17 años, huyó de su aldea cuando la guerra se acercaba. En un campamento de desplazados, salió con otras mujeres a buscar leña, pero fueron interceptadas por hombres armados. «Todos me violaron, uno tras otro. Cuando pude ponerme de pie, volví al campamento ocultando la ropa desgarrada. Tenía miedo de haber quedado embarazada. Me sentía atemorizada y absolutamente sola.»

Henriette, madre de dos niños, fue atacada mientras recolectaba leña. «Me metieron en un hoyo y me violaron. Cuando terminó, me dijo que me fuera y no volviera. Que había tenido suerte de que no me mataran. Pensé en tirarme al lago, pero no lo hice porque no había nadie más que cuidara a mis hijos.»

Brigitte fue secuestrada junto con otras mujeres. «Nos retuvieron cinco días y nos violaban todo el tiempo. Mi marido es policía en otra ciudad y no sabe lo que me pasó. No sé cómo decírselo. Cuando vuelva, será la catástrofe.»

Sifa, de 16 años, fue violada por varios hombres en el bosque. «Me tiraron al suelo y me violaron, uno tras otro. Mi abuela me dijo que no contara nada. Al mes siguiente, no me bajó el período. En el centro de salud me dijeron que estaba embarazada de cinco meses. Me siento triste, pero sé que nada va a cambiar.»

El uso de la violencia sexual en la RDC ha sido documentado desde 1996. Entre enero y marzo de 2024, más de 12.600 casos de violencia sexual fueron denunciados en Kivu Norte, y se estima que el número real es mucho mayor debido al temor y el estigma que enfrentan las víctimas. Según la ONU, la mitad de las mujeres en la RDC ha sufrido algún tipo de violencia física, y el 27 % ha sido víctima de violencia sexual en el contexto del conflicto armado. La explotación sexual en los campamentos de desplazados y las zonas mineras agrava esta crisis.

El avance del grupo armado M23 ha exacerbado la situación. La violencia sexual está fuera de control, con 895 violaciones reportadas en solo dos semanas de febrero de 2025. En octubre de 2024, los rebeldes del M23 tomaron Goma, lo que llevó a la violación masiva de 150 prisioneras, muchas de las cuales fueron luego quemadas vivas.
Las consecuencias de la violencia sexual no terminan con la agresión. Las víctimas enfrentan rechazo social, aislamiento económico y trastornos psicológicos devastadores. «Una mujer llegó a nuestro centro; la habían violado a ella y a su bebé, y luego mataron a su esposo y a sus hijos frente a ella», relata una matrona de Médicos Sin Fronteras.

El estigma social es otro golpe. «Después de que me atacaron, los amigos de mi marido le dijeron que me abandonara. Ahora vivo sola con mis cuatro hijos», cuenta María, una joven embarazada.

La expansión de las minas de cobalto y cobre en la República Democrática del Congo ha desatado una ola de abusos contra los derechos humanos, marcando una nueva fase de despojo y violencia en el país. Comunidades enteras han sido desalojadas por la fuerza, sus casas demolidas y sus tierras expropiadas sin consulta ni compensaciones justas. Las empresas multinacionales, con el respaldo del Estado, imponen el avance de sus proyectos mineros con una brutalidad que incluye incendios provocados, palizas y agresiones sexuales. La historia de Kolwezi y Mukumbi es la de miles de personas que, de la noche a la mañana, pierden todo en nombre del progreso económico que nunca les llega.

Amnistía Internacional y la Iniciativa por la Buena Gobernanza y los Derechos Humanos han documentado estas atrocidades en su informe Powering Change or Business as Usual?, revelando el cinismo con el que se perpetúan estos abusos. Mientras las empresas justifican su papel en la transición energética global, las comunidades locales son sacrificadas para extraer los minerales esenciales en la fabricación de baterías de iones de litio. Sin mecanismos efectivos de denuncia ni acceso a la justicia, los afectados quedan atrapados en un ciclo de pobreza y represión. La situación es aún más alarmante cuando la represión estatal se convierte en un instrumento de las empresas para sofocar cualquier resistencia.

“Nosotros no pedimos mudarnos, la empresa y el gobierno llegaron y nos dijeron: ‘Aquí hay minerales’”, denuncia Edmond Musans, uno de los muchos residentes obligados a abandonar su hogar. Sin agua, sin electricidad y sin posibilidades de recuperar lo perdido, los desplazados luchan por sobrevivir mientras las corporaciones continúan ampliando su control sobre el territorio. La urgencia de la transición energética no puede servir de excusa para seguir perpetuando la explotación y el despojo, como lo ha sido durante siglos en el Congo. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de exigir garantías para los derechos humanos y frenar la impunidad con la que operan estas compañías.

Cada día sin acción es un día más de sufrimiento para las familias que han perdido sus hogares, su seguridad y su dignidad. Y en el centro de esta tragedia están las mujeres, que no solo enfrentan el despojo y la miseria, sino también la violencia de género como arma de control y sumisión. Expulsadas de sus tierras, muchas quedan a merced de la explotación sexual, el trabajo forzado y el abuso de las mismas fuerzas que deberían protegerlas. La transición energética no puede construirse sobre sus cuerpos y su dolor. La justicia no será real hasta que sus voces sean escuchadas y sus derechos garantizados.

A pesar de la magnitud de esta tragedia, la comunidad internacional ha hecho poco por detener la violencia. Las organizaciones humanitarias exigen que se reconozca la violencia sexual como una emergencia humanitaria y que se brinden recursos para atención médica, psicológica y legal para las víctimas. Human Rights Watch insta a los gobiernos a presionar para que se detenga esta violencia sistemática. «Los ataques continúan porque los perpetradores saben que no enfrentarán consecuencias.» Mientras tanto, miles de mujeres, niñas y niños siguen siendo víctimas de una guerra silenciosa que el mundo se niega a ver. Cada día que pasa sin acción es un día en que se suman nuevas historias de horror, sufrimiento y olvido.

Por: Sofía López Mera, abogada y periodista, integrante de la Corporación Justicia y Dignidad y del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz

Quince años de Justicia y Dignidad

Nacimos entre expedientes empolvados y calles de tierra. Éramos una abogada y tres abogados, con más voluntad que recursos, con más miedo que certezas, pero con la rabia suficiente para no rendirnos. Era el 2010, y el país seguía oliendo a pólvora. El suroccidente colombiano, nuestro territorio, era un campo de batalla donde las balas se confundían con el sonido del viento en las montañas. Era la época del esplendor de los falsos positivos, cuando jóvenes eran asesinados y presentados como trofeos de guerra. Las Águilas Negras y las Bacrim sembraban terror con panfletos y masacres, mientras el Estado nos llamaba enemigos solo por exigir justicia. Nos dolía la impunidad como un cuchillo mal enterrado. Veíamos cómo la Ley de Justicia y Paz se convertía en la alfombra bajo la cual barrían los crímenes de los paramilitares, dejando a las víctimas con las manos vacías y la memoria llena de ausencias.

Fue en esos días de incertidumbre que nos agarramos del camino de Eduardo Umaña Mendoza. Su memoria nos iluminó en la tormenta. Justicia y Dignidad se llamó su movimiento cuando aspiró a la Asamblea Constituyente, y Justicia y Dignidad nos llamamos nosotros cuando decidimos dar la pelea desde la región para la región. No queríamos tribunales fríos en Bogotá, queríamos estar ahí, en las veredas, en los barrios, en las cárceles donde encerraban a los que protestaban, en las montañas donde resistían los pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos. Queríamos ser la voz de los que no tienen voz.

El primer caso nos marcó para siempre: las comunidades campesinas del Vergel y Pedregal, en Caloto, Cauca. Campesinos a los que la guerra les arrebató la tierra y la vida como si fueran simples cifras en un informe. Los acompañamos con lo que teníamos, con palabras, con demandas, con nuestra presencia cuando el miedo les cerraba todas las puertas. Y aquí estamos, quince años después, hoy 3 de marzo de 2025, exigiendo en reunión de trabajo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un plan de reubicación y retorno para esas mismas familias campesinas que, a pesar de todo, siguen esperando justicia.

El camino ha sido largo y empinado. Nos quisieron callar con amenazas, nos persiguieron, intentaron desaparecernos, nos hirieron, buscaron doblegarnos con la judicialización. Por épocas, fuimos desplazados forzadamente porque los amos de la guerra así lo disponían, pero nuestro trabajo no paraba. Seguíamos, aunque fuera desde la distancia, porque la dignidad no conoce fronteras ni silencios impuestos. En estos años hemos visto cómo las comunidades que acompañamos se levantan, cómo las mujeres se organizan, cómo los jóvenes aprenden que la memoria es un arma más poderosa que el olvido. Nos han querido borrar, pero aquí estamos, tercos, de pie, porque la justicia no es una utopía, es un derecho que no estamos dispuestos a negociar.

Acompañamos víctimas de crímenes de Estado, de la guerra, del despojo. Nos metimos en las entrañas del litigio estratégico, llevando casos a las cortes nacionales e internacionales. Denunciamos, gritamos cuando fue necesario, y construimos cuando fue posible. Defendimos a indígenas, a campesinos, a afrodescendientes, a mujeres, a líderes que hoy estarían muertos si no fuera por la resistencia de sus propias comunidades.

No estuvimos solos. De nuestro andar nacieron hijos: la Casa de Educación Popular La Caracola, el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz, la Guardia Intercultural Humanitaria. Porque la lucha no es de uno, es de todos.

Hoy, cuando la Corporación cumple quince años, miramos atrás y vemos un camino sembrado de nombres, de historias, de vidas que se han cruzado con la nuestra. Miramos adelante y sabemos que queda mucho por hacer, pero aquí seguimos, con la misma terquedad del primer día, con el mismo fuego en el pecho.

A nuestros mentores, Eduardo Umaña Mendoza y el padre Javier Giraldo, cuyo ejemplo sigue iluminando nuestro camino. A quienes han caminado a nuestro lado con compromiso y valentía: Sofía, Juan Esteban,  Diana, Deisy, Ginita, Ana Gabriela, Beatriz, Juan, Carlos Mario, Marthica, Sol, Emilse, Albita, Francisco, Sara, Anthoine y Lucía.

A quienes partieron para construir otros escenarios, pero siguen presentes en nuestra lucha y memoria: Alex, Fernando, Homero y Walter.

Y, sobre todo, a las víctimas y comunidades que nos han enseñado que la justicia y la dignidad no se mendigan, se exigen.

Por ellas, por ellos, por nosotras y nosotros, por quienes aún no han llegado, pero heredarán esta lucha.

Feliz cumpleaños, Justicia y Dignidad.

 

Jesús María Valle: 27 años de impunidad

En sesiones reservadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el comandante paramilitar Salvatore Mancuso vinculó al expresidente Álvaro Uribe Vélez con las masacres de El Aro y La Granja, así como con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. En pronunciamientos judiciales previos, Uribe ya había sido señalado por su presunta participación en estos crímenes de lesa humanidad.

Las masacres de La Granja, El Aro y el homicidio del abogado Jesús María Valle Jaramillo constituyen graves violaciones a los derechos humanos, con un carácter sistemático y generalizado. Analizados en su contexto, estos hechos implican de forma activa al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.

El 11 de junio de 1996, cerca de 30 integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), comandadas por los hermanos Castaño Gil y Salvatore Mancuso, incursionaron en el corregimiento de La Granja, en Ituango, Antioquia. Los paramilitares recorrieron el casco urbano, ordenaron el cierre de todos los establecimientos comerciales, amenazaron a los pobladores, torturaron y asesinaron a cuatro campesinos frente a sus vecinos y familiares.

Tras la incursión en La Granja, miembros de la sociedad civil de Ituango, entre ellos el abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, enviaron comunicaciones a las autoridades departamentales advirtiendo sobre la presencia paramilitar en la región. El 20 de noviembre de 1996, Valle se comunicó con el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, y con el Defensor Regional del Pueblo para solicitar protección para la población de Ituango.

Entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, aproximadamente 150 paramilitares de las ACCU, bajo el mando de Isaías Montes Hernández, alias «Yunior», y respaldados por un anillo de seguridad del Bloque Mineros del Bajo Cauca, iniciaron una serie de asesinatos desde los corregimientos de Puerto Valdivia hasta El Aro, en Ituango. Con lista en mano, acusaron a pobladores de colaborar con grupos guerrilleros, posteriormente asesinaron y torturaron a 12 personas, desplazaron a 1.472 habitantes, incendiaron 42 de las 60 casas del pueblo, hurtaron 1.200 reses y secuestraron a quienes les ayudaron a transportarlas.

Estos hechos fueron denunciados por el abogado Jesús María Valle Jaramillo y recibieron respuestas adversas por parte de Álvaro Uribe Vélez y del comandante de la Cuarta Brigada, Carlos Alberto Ospina. Uribe acusó a Valle de tener una «animadversión contra la fuerza pública», mientras que el comandante de la Cuarta Brigada negó la presencia paramilitar en Ituango.

Días antes de su asesinato, Jesús María Valle Jaramillo acudió a la Fiscalía Regional de Medellín para denunciar la existencia de grupos paramilitares en Ituango. En esa ocasión, afirmó:
«Siempre vi, y así lo reflexioné, que había un acuerdo tácito o un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la Cuarta Brigada, el comandante de la Policía de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño. Todo el poder de los grupos de autodefensa se ha consolidado gracias al apoyo que han recibido de personas vinculadas al Gobierno».
El 27 de febrero de 1998, sicarios de la banda «La Terraza» irrumpieron en la oficina de Jesús María Valle Jaramillo y lo asesinaron.

El 1 de julio de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por las masacres y desplazamientos forzados ocurridos en los corregimientos de El Aro y La Granja en 1996 y 1997. Posteriormente, el 27 de noviembre de 2008, la misma Corte condenó nuevamente al Estado por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.

En septiembre de 2013, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó remitir a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes las declaraciones de al menos 30 paramilitares, con el fin de investigar a Álvaro Uribe Vélez por su presunta promoción del paramilitarismo. Su nombre también aparece en los procesos relacionados con las masacres de La Granja, El Aro y el asesinato del abogado Jesús María Valle Jaramillo.

El 31 de mayo de 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró como crímenes de lesa humanidad las masacres de El Aro y La Granja, así como el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, en el marco de una indagación preliminar contra Álvaro Uribe Vélez. En estos procesos figuran testimonios de excomandantes paramilitares como Diego Fernando Murillo, alias «Don Berna», y Daniel Rendón, alias «Don Mario».

En noviembre de 2024, en calidad de testigo ante la JEP, Salvatore Mancuso afirmó tener información que involucraba a Uribe en el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo. Mancuso declaró:

«Uribe estuvo vinculado a una reunión donde participaron Carlos Castaño y el secretario de Gobierno de Uribe, Pedro Juan Moreno. Pedro Juan pidió básicamente que se ejecutara esta acción porque el defensor de derechos humanos estaba atacando de manera frontal tanto a Uribe como a él, y al general Carlos Alberto Ospina. El asesinato de Valle se planeó en la finca Hojaragüai, conocida entre los paramilitares como ‘La Siete’. Allí se reunieron Carlos Castaño y Pedro Juan Moreno, quien era secretario de Gobierno del departamento durante el mandato de Uribe. Pedro Juan llegó en representación de Uribe y de los generales mencionados, porque Valle los había denunciado judicial y públicamente.»

Mancuso también aseguró que Pedro Juan Moreno transmitía directamente las instrucciones de Uribe a los paramilitares:

«Las masacres de La Granja y El Aro fueron un pedido directo del entonces gobernador Uribe, a través de Pedro Juan Moreno. En esa reunión estuvimos Carlos Castaño, Rodrigo Doble Cero, Nicolás Bergonzoli y varias personas más.»

Hoy, jueves 27 de febrero de 2025, al conmemorarse 27 años del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, el expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrenta un juicio penal por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Estos cargos se derivan de una investigación iniciada en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia abrió un proceso contra Uribe por la presunta manipulación de testigos.

Aunque aún no ha sido juzgado por los crímenes de lesa humanidad que se le atribuyen, este proceso representa un pequeño pero significativo avance en la lucha contra la impunidad.

Por:Sofía López Mera, abogada y periodista, integrante de la Corporación Justicia y Dignidad y del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz

Voces de Resistencia: La Gira Europea del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz, Corporación Justicia y Democracia y Corporación Justicia y Dignidad

Las infancias que la guerra devora y el Estado abandona

Caminamos por Europa con el peso de un país a cuestas. No era el peso de la nostalgia ni del miedo. Era el peso de los nombres sin lápida, de las madres que han parido hijos e hijas para la guerra, de las infancias que han cambiado los pupitres por los fusiles.

Vinimos a denunciar lo que en Colombia se oculta, lo que en los noticieros se menciona con vergüenza y se olvida con rapidez. Vinimos a decirle al mundo que en el suroccidente colombiano niños y niñas desaparecen y reaparecen como combatientes, que sus cuerpos se desvanecen en las montañas y sus nombres se borran de los registros del Estado. Vinimos sin recursos, sin apoyo, sin nada más que la certeza de que callar también es ser cómplices de la violencia.

Ginebra: denuncia ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU

El invierno suizo nos recibió con su frialdad habitual. No nos sorprendió. Nosotros y nosotras venimos del frío de la indiferencia, de la burocracia que sella expedientes y archiva vidas. En las salas del Comité de Derechos del Niño de la ONU, desplegamos nuestras denuncias como si fueran heridas abiertas.

Hablamos de lo que nadie quiere oír: del reclutamiento forzado que arranca a los niños y niñas de los patios de las escuelas y les devuelve convertidos en sombras, de la desaparición forzada que se traga sus nombres y sus historias, de cómo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en vez de protegerles, les maltrata y les estigmatiza, empujándolos de nuevo a la guerra.

El comité escuchó. Preguntaron. No hubo respuestas fáciles, porque no hay reparación para una infancia que ya no existe.

Nos encontramos con la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIAN, Francisco Javier Vera, la Plataforma Colombiana por el Protagonismo de Niños, Niñas y Jóvenes y Acción Global, con la comisionada Rosaria Isabel Correa, con quienes cruzamos palabras, ideas y esperanzas. Sabemos que, en este juego de poderes, la solidaridad internacional es un resguardo necesario.

Barcelona: las redes de resistencia

Desde Suiza transitamos a Barcelona, a donde nos llevó la palabra y el compromiso de Betty Puerto, una luchadora curtida en la defensa de derechos humanos. Nos abrió las puertas de su casa y de la Taula Catalana, un espacio donde se discute la justicia más allá de las fronteras.

Nos sentamos frente a ellas y hablamos de nuestras muertes, pero también de nuestros sobrevivientes: de quienes hemos rescatado con nuestras propias manos, de aquellos y aquellas que lograron escapar de la guerra pero que el Estado sigue tratando como delincuentes. Presentamos nuestras propuestas de justicia indígena para la paz y la Guardia Intercultural Humanitaria, esa forma de resistencia que nació desde el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz, en el corazón de las comunidades rurales, y se levantó con la dignidad de quienes han sido despojados de todo.

Nos escucharon. Nos creyeron. Y eso, en estos tiempos, ya es una victoria.

Madrid: la lucha de quienes defendemos con las leyes

Madrid nos esperaba con otro escenario. Aquí, la lucha se libra con códigos y leyes, con sentencias que, en el mejor de los casos, llegan cuando ya el daño está hecho. Nos sentamos en la mesa del Observatorio Internacional de la Abogacía del Consejo General de la Abogacía Española y dijimos lo que en Colombia nos puede costar la vida: que los abogados y abogadas defensores de derechos humanos están en la mira, que denunciar significa llevar una diana en la espalda.

Fuimos al Colegio de Abogados de Madrid y a la Asociación Libre de Abogados, donde compartimos no solo nuestra labor, sino nuestras cicatrices. La defensa de los derechos humanos como abogados y abogadas no es una profesión, es una condena.

En el Congreso de los Diputados de España, nos reunimos con Enrique Santiago (Izquierda Unida) y Agustín Santos (Sumar). Les hablamos de las infancias sin tumba, de quienes mueren sin haber vivido, de quienes sobreviven sin haber nacido del todo. También nos encontramos con Podemos Internacional, donde les mostramos la verdad cruda de nuestro país y pedimos respaldo. No para nosotros y nosotras, sino para quienes aún pueden ser salvados.

Volver con el corazón ardiendo

Aunque Europa prestó atención a nuestro clamor, el eco auténtico aún resuena en Colombia. Aquí, las madres seguimos esperando a nuestros hijos e hijas; aquí, la selva continúa tragándose nombres; y aquí, la guerra sigue arrebatando la infancia a quienes deberían estar jugando, no huyendo..

Nosotros y nosotras, Sofía López Mera y Víctor Javier Velásquez, volvemos con la certeza de que este viaje no fue en vano. Regresamos con la esperanza de que nuestras denuncias no se pierdan en el olvido y con la convicción de que la lucha sigue, aunque a veces duela, aunque a veces mate.
Porque la historia de Colombia no la escriben los poderosos en los palacios, la escribimos nosotros y nosotras, quienes hemos visto la guerra de cerca y seguimos, tercamente, empeñados en la justicia, la dignidad y la construcción de la paz y la democracia.

Este viaje lo hicimos como delegados y delegadas de la Corporación Justicia y Dignidad y la Corporación Justicia y Democracia, organizaciones que integramos con orgullo en el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz y la Guardia Intercultural Humanitaria. Seguimos en pie. Seguimos en la lucha. Porque la paz no se suplica, se construye, y así llegarán, por fin, la justicia, la dignidad y la democracia.

Guantánamo: El campo de concentración del siglo XXI

La historia de la humanidad está marcada por episodios de horror, de esos que la memoria colectiva intenta enterrar pero que, con brutal insistencia, resurgen en nuevos escenarios, con nuevos verdugos y nuevas víctimas. El siglo XX nos dejó las huellas imborrables de Auschwitz, Dachau y Treblinka, lugares donde la humanidad se desmoronó bajo el yugo del Tercer Reich. Y, aunque la Historia suele disfrazar sus repeticiones con otros nombres, el horror sigue encontrando refugio en estructuras de metal, alambres de púa y burocracias de ultraderecha que justifican lo injustificable. Guantánamo es hoy el reflejo de esos tiempos oscuros, un campo de concentración legitimado por la maquinaria del poder global.

Desde que Estados Unidos se apropió de Guantánamo a finales del siglo XIX, tras la independencia de Cuba de España, la base naval se convirtió en una anomalía jurídica: una porción de suelo cubano ocupado ilegalmente y en un bastión del imperialismo estadounidense en el Caribe. Cuba ha rechazado una y otra vez los cheques de alquiler que Washington envía, pero el coloso del norte no tiene intenciones de marcharse. La base ha sido utilizada como punto de control militar, centro de detención de refugiados y, finalmente, como un limbo legal para aquellos a quienes el gobierno estadounidense desea desaparecer forzadamente en ultimas.

En 2001, tras los atentados del 11-S y la invasión de Afganistán, Guantánamo se transformó en un laboratorio del terror. Prisioneros, capturados sin juicio ni pruebas fehacientes, fueron enviados a un lugar donde las leyes internacionales no se aplican, menos el derecho internacional de los derechos humanos. La tortura, el aislamiento y la deshumanización se convirtieron en el pan de cada día. Con eufemismos como «técnicas mejoradas de interrogatorio», se justificaron vejaciones inimaginables. Y todo, bajo la mirada cómplice de la comunidad internacional, que ha preferido ignorar lo que allí ocurre.

Si los detenidos de la «guerra contra el terrorismo» fueron las primeras víctimas de esta farsa jurídica, el futuro de Guantánamo parece incluso más macabro. La administración de Donald Trump emitió un memorando que propone la ampliación de la base para albergar a 30.000 inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales. «Un lugar duro para escapar», sentenció Trump, mientras anunciaba que el centro de detención se convertiría en la solución para los «peores extranjeros ilegales criminales».

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió la medida con el mismo lenguaje frío y calculador que en su día utilizaron los arquitectos del Holocausto. «Es mejor que se les retenga en un lugar seguro como la Bahía de Guantánamo, construida para migrantes», afirmó, mientras proponía habilitar el campo de golf de la base para extender su capacidad de detención.

Nada en este discurso es nuevo. Es la repetición del mismo esquema de segregación, represión y exterminio lento que ha sido utilizado contra aquellos considerados «indeseables» por regímenes autoritarios. Guantánamo es, hoy por hoy, un gueto moderno, un campo de concentración revestido de tecnocracia, con protocolos y burocracia que validan la existencia de una prisión sin condena, una cárcel sin derechos.

La existencia misma de Guantánamo es una afrenta a los principios fundamentales del derecho internacional. Pero la indiferencia global ha permitido que siga operando como un limbo, una licencia abierta para grave violaciones a los derechos humanos. El mundo ha olvidado las lecciones de Núremberg, ha dejado de lado los tratados internacionales que, en teoría, impiden las detenciones arbitrarias y la tortura. El silencio es cómplice, y la continuidad de Guantánamo demuestra que el poder no necesita justificar sus atrocidades cuando el resto del mundo elige mirar hacia otro lado.

El horror del siglo XXI no se esconde en campos de exterminio clandestinos. Se exhibe a plena luz del día, con comunicados oficiales y ruedas de prensa, con memorandos firmados por presidentes y aprobados por burócratas que han reducido la dignidad humana a una cifra en un informe de seguridad nacional. El campo de concentración de Guantánamo sigue operando, sin hornos crematorios, pero con el mismo desprecio por la vida. La historia, como siempre, se repite y la justicia no se asoma.

Mientras tanto, en Colombia, la derecha encarnada en Álvaro Uribe Vélez, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Vicky Dávila e Iván Duque (quien ahora sueña con ser Secretario General de la OEA), celebran la inhumanidad y defienden los intereses del imperio del norte con la esperanza de que este les ayude a recuperar el poder. Dios nos libre de una Colombia gobernada de nuevo por el Centro Democrático.

 

MASACRE EN YARUMAL: Tres personas asesinadas en medio de enfrentamientos entre grupos armados

En un trágico suceso ocurrido en la vereda La Loma, corregimiento de Ochalí, en el municipio de Yarumal, Antioquia, tres personas fueron asesinadas en medio de un violento enfrentamiento entre grupos armados. Las víctimas fueron identificadas como Olga Linney Moreno Vera, de 20 años; Alba Vera, de 38 años; y Jaiber Humberto Chavarría, un conductor local. Dos cuerpos adicionales fueron hallados en el lugar, los cuales, según el Clan del Golfo, pertenecían a integrantes de dicho grupo armado.

El conflicto en la región se ha intensificado debido a una fuerte disputa entre el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN, lo que ha provocado una creciente violencia en el norte de Antioquia. Hasta la fecha, este enfrentamiento ha dejado cinco víctimas fatales.

El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) confirmó la muerte de dos de sus miembros, quienes fueron abatidos durante el enfrentamiento con el frente 36 de las disidencias de las FARC. A través de un comunicado, el EGC denunció que los guerrilleros fueron responsables de las muertes de tres civiles, aunque negaron su participación en el secuestro de las víctimas.

Por otro lado, el Clan del Golfo negó ser responsable de las muertes de los civiles y del secuestro de las dos mujeres. Aseguraron que estas muertes fueron perpetradas por las disidencias de las FARC y rechazaron las acusaciones emitidas por las autoridades locales y los medios de comunicación. «Los tres civiles fueron asesinados por el frente 36 de las disidencias. No tenemos nada que ver con estas muertes ni con el secuestro de las víctimas», afirmó el grupo armado.

El secretario de Gobierno de Briceño, Luis Eduardo Valencia, manifestó que las pruebas apuntan al Clan del Golfo como responsables de los crímenes contra la población civil, y confirmó la presencia del Ejército Nacional en la zona para garantizar la seguridad de los desplazados.

Las mujeres asesinadas en este ataque fueron identificadas como Viviana Vera Areiza, de 38 años, y Olga Moreno Vera, de 20 años. Ambas habían sido secuestradas días antes por miembros del Clan del Golfo en el corregimiento de Pueblo Nuevo, en Briceño. Los cadáveres fueron encontrados en una vía rural que conecta con el corregimiento de Loma de Ochalí, en Yarumal. La situación ha generado preocupación en las autoridades locales, quienes coordinaron con el Comité Internacional de la Cruz Roja para la extracción de los cuerpos y su traslado al municipio de Yarumal para la identificación y necropsia.

La creciente violencia en el departamento de Antioquia sigue siendo un tema de alarma, mientras la confrontación entre estos grupos armados continúa generando desplazamientos y temor en las comunidades locales.

¿DÓNDE ESTÁ NARLY?

Han transcurrido cinco años desde la desaparición forzada de Narly Gómez Jiménez y, al día de hoy, su paradero continúa siendo un misterio. La pregunta se mantiene vigente en cada rincón del Cauca y del país: ¿DÓNDE ESTÁ NARLY?. Para su hija —hoy de 10 años— el interrogante es todavía más doloroso: “¿Dónde está mi mamá?”. A diario, la menor sigue dibujando esperanzas en cartas dirigidas a su madre, aguardando su regreso. Sin embargo, y a pesar de múltiples denuncias y de la exigencia de familiares y organizaciones sociales, no se tiene noticia alguna sobre Narly.

Presunta muerte de Ever Yobany Imbachi y la impunidad de sus familiares

En el transcurso de las investigaciones, se ha conocido que Ever Yobany Muñoz Imbachi —excompañero sentimental de Narly y señalado como principal implicado en su desaparición— habría sido asesinado en el departamento del Huila. No obstante, sus hermanos, quienes participaron activamente en los hechos que rodean la desaparición de Narly, no han sido vinculados formalmente al proceso judicial.
Según testimonios de habitantes del municipio de La Sierra, estos familiares presuntamente saben dónde se encuentra Narly y han llegado a vanagloriarse con expresiones de que “jamás será encontrada”. Además, los allegados de Narly han denunciado hostigamientos y amenazas por parte de estos individuos, cuyo propósito sería apropiarse de los bienes que dejó el militar asesinado. Esto mantiene en constante zozobra a la familia de Narly y a su hija, quienes han tenido que enfrentar no solo la ausencia de la madre, sino también un acoso permanente que pone en riesgo su integridad y su seguridad.

Omisiones estatales y la ineficacia de las medidas cautelares de la CIDH

El 22 de abril de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Narly y de su hija, al considerar la situación de extrema gravedad y urgir al Estado colombiano a tomar acciones inmediatas para dar con su paradero. Sin embargo, a la fecha, estas medidas no han surtido el efecto esperado:
• El Estado no ha cumplido con su obligación de ubicar a Narly.
• La protección de la menor se ha visto gravemente vulnerada, pues continúan los hostigamientos por parte de las personas implicadas en la desaparición.

Denuncias de violencia previa y fallas en la investigación

El caso de Narly no surgió de manera aislada. El 16 de diciembre de 2019, ella denunció a Ever Yobany por agresiones físicas y psicológicas. A pesar de exponer ante la Fiscalía General de la Nación los maltratos que sufrió durante su convivencia, no se le otorgó ninguna medida de protección. Esa inacción permitió que, con el paso de las semanas, se consumara su desaparición forzada.
Tras los hechos, los familiares realizaron labores de búsqueda: recabaron testimonios, inspeccionaron posibles lugares donde pudo haber estado Narly y consiguieron pruebas como audios, prendas de vestir, mensajes y números telefónicos. Aun así, la Fiscalía Séptima especializada, a cargo de la fiscal Martha Liliana Cerón, demoró en realizar diligencias clave, como la entrevista en cámara Gessel a la menor, la toma de declaraciones a testigos o la inspección de la camioneta alquilada el 27 de enero de 2020. Incluso se negó a recibir prendas halladas por la familia en la zona donde supuestamente desapareció Narly.
En lugar de informarles sobre los avances —respetando la reserva del sumario—, los investigadores han manifestado sentirse “estresados” por la insistencia de quienes solo buscan justicia. El panorama de impunidad se agrava con la reciente muerte de Ever Yobany y la nula vinculación de sus familiares a la investigación, pese a los múltiples indicios que los relacionan con los hechos.

La desescolarización de la hija de Narly

A todo lo anterior se suma la afectación directa a la menor, quien ya vive la tragedia de no saber qué pasó con su madre. Los familiares de Narly han denunciado que la menor fue desescolarizada por parte de la Secretaría de Educación de Popayán y solo mediante una acción de tutela lograron su reintegro a una institución educativa.
No obstante, la niña también ha sido víctima de acoso por parte de la docente responsable, quien la señala insistentemente por manifestar síntomas de déficit de atención. Estas situaciones incrementan la vulnerabilidad de la menor y profundizan el trauma generado por la desaparición de su madre.

¿Qué ocurrió el 27 de enero de 2020?

Ese día, Narly Gómez Jiménez fue vista por última vez en compañía de su excompañero sentimental y padre de su hija, Ever Yobany Muñoz Imbachi, soldado profesional adscrito al Grupo de Caballería Liviano Meteoro. Según las averiguaciones familiares, Narly, Ever Yobany y su hija se trasladaron a una zona rural de Popayán para supuestamente revisar unos lotes. Sin embargo, la menor manifestó que su padre se fue con su madre, la dejó encerrada y más tarde regresó solo, con los brazos manchados de sangre.
Testigos de la zona declararon haber visto a la pareja discutiendo y bajando en dirección a un río, para luego observar al militar de regreso, sin camisa, mojado y visiblemente alterado. Posteriormente, Ever Yobany alquiló una camioneta y se dirigió al corregimiento de Guachicono (municipio de La Vega) junto con su hermana Ruby Muñoz, con la aparente intención de dejar a la niña con familiares que no contaban con la autorización de Narly. Finalmente, la menor fue entregada a los parientes de la víctima.
Ese mismo 27 de enero se denunció la desaparición forzada ante la URI de la Fiscalía de Popayán, asignándose la investigación a la Fiscalía Séptima especializada con número de radicación 190016000601202000871.

La impunidad continúa

Resulta alarmante que, pese a los múltiples indicios que señalaban a Ever Yobany Muñoz Imbachi como principal implicado en la desaparición forzada de Narly Gómez Jiménez, la Fiscalía General de la Nación no haya avanzado en diligencias contundentes antes de la muerte de este. Igualmente, sus hermanos —testigos clave y posibles cómplices— no han sido llamados a responder. El Ejército Nacional, en particular la brigada a la que pertenecía Ever Yobany, tampoco ha contribuido a esclarecer los hechos ni a brindar información que facilite encontrar a Narly.

Exigimos respuestas: ¿Dónde está Narly?

El Estado colombiano está obligado a buscar a los desaparecidos, proteger a las víctimas y sancionar a los responsables. Hasta la fecha, no se ha cumplido con esos deberes en el caso de Narly Gómez Jiménez.
Las organizaciones sociales, los familiares y amigos de Narly seguiremos exigiendo su reaparición con vida. Continuaremos señalando a los presuntos responsables y a las entidades estatales que, por acción u omisión, han contribuido a perpetuar la impunidad.

Hoy, 27 de enero de 2025, reclamamos al Estado colombiano, a la Fiscalía General de la Nación y en especial a la fiscal especializada Martha Liliana Cerón que procedan con celeridad y transparencia. Que se explique a la familia de Narly —y a la sociedad civil— por qué a lo largo de estos cinco años no se han adelantado acciones efectivas que conduzcan a su paradero, garanticen justicia y protejan a su hija.

¡Seguiremos buscando a Narly hasta encontrarla!

 

La Escombrera: Crimen de Estado y la Lucha por la Verdad

El hallazgo reciente de restos humanos en La Escombrera, un sector de la Comuna 13 de Medellín, reaviva el debate sobre las desapariciones forzadas y la responsabilidad del Estado colombiano en estos crímenes de lesa humanidad. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los restos pertenecen a al menos cuatro personas, todas ejecutadas con tiros de gracia entre 2002 y 2003, un período marcado por operaciones militares como la controvertida Operación Orión.

La JEP ha enfatizado que insinuar que las familias de las víctimas enterraron a sus seres queridos en este lugar es una postura que minimiza el sufrimiento y la lucha incansable por la verdad que estas han llevado a cabo durante décadas. Desde que en 2001 surgieron las primeras denuncias sobre el uso de La Escombrera como fosa común, el Estado ha demostrado una alarmante negligencia al ignorar estas alertas, lo que ha prolongado la impunidad de los responsables.

En los últimos meses, tras remover más de 37.000 metros cúbicos de tierra y escombros, se logró exponer una pequeña porción de la verdad oculta en este lugar. La investigación confirma que dos de las víctimas fueron asesinadas y enterradas en el mismo sitio, lo que evidencia el uso de La Escombrera como lugar de ejecución y encubrimiento. A pesar de estas revelaciones, se estima que más de 500 personas desaparecieron durante este período, aunque el número real podría ser mayor debido al miedo de muchas familias a denunciar.

La JEP ha llamado a los familiares de víctimas a aportar muestras de ADN para agilizar la identificación de los restos. Hasta ahora, los avances forenses han permitido preservar estructuras óseas hasta en un 85%, lo que podría facilitar la identificación y entregar respuestas a las familias que han vivido en incertidumbre durante décadas.

Este caso también pone en cuestión el rol del Estado, no solo como garante de derechos, sino como responsable directo por su participación o connivencia en estas violaciones masivas. La Operación Orión, llevada a cabo con el argumento de combatir a grupos armados ilegales, se tradujo en desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, hechos que el aparato estatal no puede evadir ni ignorar.

El caso de La Escombrera subraya la necesidad de una justicia transicional eficaz y una reparación integral para las víctimas. Solo a través de un compromiso genuino con la verdad y la justicia será posible cerrar las heridas abiertas por estas graves violaciones a los derechos humanos.

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Riopaila y su red de nexos con el narcotráfico: Un caso que involucra a la familia Cabal

El escándalo alrededor de RIOPAILA y sus conexiones con el narcotráfico continúa creciendo. A los ya conocidos vínculos con testaferros del Cartel del Norte del Valle, ahora se suma un hallazgo reciente que compromete directamente a la empresa y a sus aliados.

La incautación de 500 kilos de cocaína en Santa Rosalía, Vichada

El pasado 20 de enero de 2025, en Santa Rosalía, Vichada, las autoridades incautaron un cargamento de 500 kilogramos de cocaína camuflado en un camión bajo paquetes de melaza pertenecientes a la empresa RIOPAILA y su aliada CASTILLA AGRÍCOLA. Este cargamento, cuyo valor se estima en 15 millones de euros, pone nuevamente en el centro del debate la relación entre estas empresas y el narcotráfico.

Ambas empresas no solo tienen operaciones en la región donde ocurrió el hallazgo, sino que además han sido señaladas por financiar la campaña al Congreso de la senadora María Fernanda Cabal con 26 millones de pesos.

Nexos familiares y directivos del Grupo RIOPAILA CASTILLA

El Grupo RIOPAILA CASTILLA, responsable de los paquetes que encubrían la droga, cuenta entre sus directivos a familiares directos de María Fernanda Cabal:

Santiago Cabal González, primo de la senadora.

Rafael González Ulloa, cuñado de Cabal.

María Teresa de Cabal, hermana del cuñado.

La presencia de estas personas en altos cargos de la empresa y la relación de la compañía con el cargamento de droga hallado en Santa Rosalía refuerzan los cuestionamientos sobre el uso de recursos provenientes de actividades ilícitas en la política y en la financiación de campañas.

Pruebas en video y conexiones regionales

El caso ha generado aún más impacto con la difusión de un video de la Policía Nacional que muestra el momento de la incautación del camión con los paquetes de melaza etiquetados por RIOPAILA CASTILLA. La evidencia no solo confirma la vinculación de las empresas con el transporte de la droga, sino que también señala la existencia de proyectos y operaciones de estas compañías en Santa Rosalía, la misma región donde ocurrió el decomiso.

Implicaciones políticas y éticas

La pregunta que resuena es clara: ¿qué tanto sabían María Fernanda Cabal y sus aliados políticos, como Álvaro Uribe, sobre estas actividades? El escándalo pone en duda la transparencia de la financiación de campañas y la legitimidad de los recursos utilizados.

Más allá del impacto inmediato, este caso revela una preocupante penetración del narcotráfico en el sector empresarial y su influencia en la política nacional. Con directivos cercanos a Cabal y operaciones en zonas estratégicas para el narcotráfico, la relación de RIOPAILA CASTILLA con actividades ilícitas merece una investigación exhaustiva.

La necesidad de una respuesta contundente

El caso RIOPAILA no puede quedar en la impunidad. Es imprescindible que las autoridades judiciales y la opinión pública exijan explicaciones claras y una investigación rigurosa. Este escándalo no solo pone en evidencia los riesgos de la connivencia entre el sector privado y el narcotráfico, sino también la urgencia de establecer mayores controles en la financiación de campañas políticas.

¿Responderán María Fernanda Cabal y Álvaro Uribe al país por estas acusaciones? Mientras tanto, la sombra del narcotráfico sigue empañando la política y el sector empresarial en Colombia.

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Política autoritaria de Trump: cierre de oficinas de migración en Colombia y suspensión de programa de refugiados

La administración de Donald Trump ha tomado decisiones que refuerzan su postura autoritaria frente a la migración, al cerrar las Oficinas de Movilidad Segura en Colombia, Costa Rica, Ecuador y Guatemala. Estas oficinas, creadas bajo el mandato de Joe Biden en 2023, tenían como objetivo ofrecer vías legales para migrantes provenientes de países como Cuba, Haití y Venezuela, reduciendo los cruces irregulares hacia la frontera sur de Estados Unidos.

En Colombia, las oficinas estaban situadas en Soacha, Medellín y Cali, operando bajo la gestión de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Sin embargo, estas no procesaban solicitudes de ciudadanos colombianos, limitando su alcance a migrantes de otras nacionalidades. A pesar de ello, su presencia representaba una alternativa humanitaria para quienes buscaban regularizar su situación sin recurrir a rutas peligrosas.

Adicionalmente, Trump ha suspendido el Programa de Admisión de Refugiados, diseñado para reasentar en Estados Unidos a personas que huyen de conflictos y persecuciones tras rigurosos procesos de selección. Esta medida afecta directamente a quienes ya habían iniciado trámites, dejando a miles de familias en la incertidumbre. Según el Departamento de Estado, esta decisión responde a una “revisión de procesos migratorios alineada con los intereses nacionales”.

El cierre de estas oficinas y la suspensión del programa reflejan el endurecimiento de las políticas migratorias bajo el gobierno de Trump, que ha priorizado un enfoque restrictivo frente a la crisis migratoria en la región. Mientras tanto, los solicitantes son instados a usar canales oficiales para obtener información, pero el futuro de los casos en curso permanece incierto.

Estas acciones resaltan un retroceso en los compromisos humanitarios, intensificando las críticas hacia un gobierno cuya postura migratoria se percibe como rígida y autoritaria.

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