Regresaron los fantasmas: la Policía vuelve a reprimir y el gobierno calla

por Sofia Lopez2025, Alerta Dignidad, Derechos Humanos y Protesta SocialPublicado el No hay comentarios

El primero de mayo de 2025, en un país que aún no ha sanado las heridas del Paro Nacional de 2021, desapareció José Valle, un agroecólogo costarricense que viajaba por Buenaventura. En su última llamada, alcanzó a denunciar que estaba siendo extorsionado por policías. Desde entonces, no se sabe nada de él. Su rastro se pierde en la misma ruta donde cientos de líderes sociales han sido silenciados y donde, una vez más, la Policía aparece en el centro de una historia de miedo, impunidad y abandono estatal.

No es un caso aislado. El retorno de los abusos policiales en Colombia es una realidad que se niega a morir, incluso en medio de discursos progresistas y reformas prometidas que, en la práctica, no han cambiado la doctrina de una institución formada para la guerra, no para la vida civil.

A finales de mayo, en Cartagena, siete policías golpearon brutalmente a un menor de edad, sin que los gritos de su comunidad sirvieran para detenerlos. “¡Es un niño!”, se escuchaba mientras lo reducían a la fuerza. Días después, en Bogotá, Angie Alejandra Rodríguez Moreno, una joven de 27 años, recibió un disparo letal durante una requisa policial en el barrio Villamaría. Según las versiones oficiales, fue “un altercado”, pero quienes conocen el patrón saben que es otra víctima del exceso de fuerza que nadie quiere mirar.

Las cámaras ya no graban. Las redes ya no arden como antes. El país está atrapado en la inercia electoral del 2026, donde tanto la derecha como sectores de izquierda apuestan a la memoria corta. La reforma prometida a la Policía ha sido una modernización técnica, no un cambio estructural. Se les dieron más motos, más cámaras, más tecnología, pero ningún cuestionamiento real a su doctrina militar.

Mientras tanto, el silencio institucional es ensordecedor. El nombramiento de un ministro de Defensa militar, algo que ni siquiera Uribe se atrevió a hacer, deja un mensaje peligroso para la democracia: las armas mandan. La línea entre defensa nacional y seguridad ciudadana se ha vuelto borrosa. No hay reforma que valga si no hay justicia. Y no hay justicia mientras los crímenes de uniforme se sigan ocultando bajo el ruido de las campañas.

Ni de izquierda ni de derecha: lo que hay es politiquería. Y en medio de ese juego de poder, las víctimas siguen cayendo. Las familias de Angie, de José, del niño golpeado en Cartagena, no necesitan promesas, necesitan respuestas, justicia y verdad. El mensaje que envía el Estado es claro: los crímenes cometidos por policías pueden ocurrir, pueden doler, pero no importan lo suficiente como para impedir que se repitan.

Nos debe doler que lo extraordinario se vuelva rutina. Que los abusos ya no sorprendan. Que la desaparición de un extranjero, denunciada en tiempo real, se disuelva sin escándalo alguno. Colombia no puede permitirse ser una democracia donde se naturaliza la represión y se institucionaliza el olvido.

Lo mínimo, lo indispensable, lo urgente: una reforma policial de verdad, con enfoque en derechos humanos, con formación en civilidad, con sanciones reales. Y un compromiso con las víctimas que no dependa del color del gobierno, sino de la dignidad de la vida.

Por Prensa Justicia & Dignidad

El fuego no cesa en el suroccidente: un llamado desde la sangre Awá

por Sofia Lopez2025, Alerta Dignidad, Pueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

Luis Aurelio Araujo Hernández no era solo el coordinador general de Camawari, el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte. Era la palabra firme de su pueblo, el bastón que guiaba caminos, el cuidador de la montaña y de la memoria. Este martes 3 de junio de 2025, lo asesinaron junto a sus escoltas Jesús Alveiro Chaves Quejuan y Yackson Orlando Solarte Chunata.

Ocurrió en el resguardo de Cuaiquer Viejo, zona rural de Ricaurte, Nariño. Sujetos fuertemente armados interceptaron la camioneta en la que se movilizaban, dispararon sin clemencia y luego prendieron fuego al vehículo con los tres cuerpos adentro. Así, entre llamas, quisieron borrar sus huellas.

Pero no se borra así el legado de un pueblo. No se extingue con fuego el derecho a la vida, ni el eco de un territorio que lleva décadas clamando justicia. La muerte de Luis Aurelio no es un hecho aislado: es parte de una cadena de masacres que sigue apretando el cuello del suroccidente colombiano. Es la violencia sistemática contra quienes defienden la tierra, el agua, la vida y el derecho a existir sin miedo.

¿Cuántos más deben morir para que el país se digne a mirar hacia Nariño?

¿Cuántas veces más tendrá que arder una camioneta para que el Estado escuche el llanto de los pueblos indígenas?

La guerra debe parar.

El suroccidente no aguanta más.

Hoy los Awá entierran a un líder.

¿Colombia enterrará también su conciencia?

Por un país que escuche, antes de que no quede nadie para hablar.

Por Prensa Justicia & Dignidad

Madre buscadora asesinada por alzar la voz contra los armados

por Sofia Lopez2025, Alerta Dignidad, GéneroPublicado el No hay comentarios

El crimen de Lina María Puentes Vega deja al descubierto el abandono estatal a las madres buscadoras en el Huila, mientras la desaparición forzada se normaliza en el suroccidente colombiano.

Lina María Puentes Vega fue asesinada en la tarde del 31 de mayo, a plena luz del día, cerca de la escuela donde estudiaba su nieta, en la vereda Nueva Reforma de Baraya, Huila. No fue un robo, ni una bala perdida. La mataron porque era buscadora, porque denunciaba, porque no se rendía. Porque era madre, hermana, y secretaria de la Junta de Acción Comunal.

A Lina la silenciaron los mismos que acechan a las lideresas comunitarias del Huila. Fue un crimen selectivo. Un castigo. Un mensaje contra quienes se atreven a alzar la voz en territorios controlados por grupos armados que hoy no tienen bandera ni causa, pero sí un plan: reemplazar a la fuerza a las juntas comunitarias con personas afines a sus prácticas delictivas.

Lina dedicaba sus días a buscar a sus hermanos, José Oswaldo y Wilson Armando Puentes Vega, desaparecidos en medio del conflicto armado. Era parte activa de la Red de Buscadoras y Buscadores Tras las Huellas de la Vida, un colectivo de mujeres que camina entre fosas, papeles viejos y memorias dolorosas, con la esperanza de volver a abrazar —aunque sea en una urna— a sus seres queridos.

También era la voz clara que se oponía, sin miedo, a la presencia de actores armados en su territorio. Los denunciaba por lo que son: estructuras de miedo, extorsión y saqueo. “Esto ya no es política, esto es delincuencia”, dijo alguna vez en una reunión comunal. No lo dijo con odio. Lo dijo con verdad.

Las amenazas no eran nuevas. Baraya se ha convertido en uno de los corredores de disputa territorial entre facciones armadas ilegales, en especial el Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las FARC, subestructura Darío Gutiérrez, comandadas por alias Calarcá. Según versiones de la comunidad, fue alias Chala, integrante de ese grupo, quien disparó contra Lina. Se presume que buscaba a otra mujer, pero terminó atacando a la lideresa, quizás porque era la única que no se callaba.

Ese mismo día, tropas de la Novena Brigada del Ejército realizaron un operativo en la zona. Dos presuntos integrantes del grupo armado fueron capturados tras un enfrentamiento. Pero ya era tarde. Lina estaba muerta. Las instituciones llegaron solo a recoger los restos de la dignidad que el Estado no supo proteger.

La muerte de Lina María no es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia de terror que busca minar a las organizaciones comunitarias, reemplazar liderazgos legítimos por voceros armados, y perpetuar el miedo como forma de control.

Mientras las madres siguen buscando a sus hijos y hermanos desaparecidos, el Estado no las acompaña. No hay esquemas de protección eficaces. No hay garantías para la vida. Y la desaparición forzada, ese crimen que hiere dos veces —cuando se los llevan y cuando se olvida—, se ha vuelto una sombra que recorre el suroccidente del país como si fuera costumbre.

En la casa de Lina María aún se siente su ausencia como un eco que retumba en las paredes. Su nieta pequeña —la misma que esperaba en la escuela el día del crimen— pregunta por qué su abuela no volvió. La respuesta no cabe en palabras: la asesinaron por buscar la verdad, por no callar, por ser digna.

Afuera, la comunidad todavía no puede nombrar el miedo, pero lo respira. Las mujeres de la Red de Buscadoras lloran, abrazan a su familia, pero también juran no detener la búsqueda. Porque cada cuerpo hallado es un acto de amor, y cada nombre rescatado del olvido, una forma de resistencia.

El asesinato de Lina María Puentes Vega fue un crimen político, un mensaje de quienes pretenden gobernar el silencio. Pero Lina ya es semilla. Y como toda semilla, florecerá en cada madre que no se rinde, en cada comunidad que defiende su derecho a vivir sin fusiles apuntando a la esperanza.

Por Prensa Justicia & Dignidad

Diez muertos en cuatro días: el Cauca bajo el fuego

por Sofia Lopez2025, Alerta Dignidad, Comunicados, Pueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

El café sigue brotando en las lomas del norte y el oriente del Cauca, pero la sangre también. En pueblos como Miranda, Toribío, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Puerto Tejada, Páez-Belalcázar, Caloto… la muerte se volvió rutina. No baja en helicóptero ni anda camuflada: se desliza como el río en invierno, lenta, sucia, inevitable. Y esta semana llegó con furia.

El lunes 19 de mayo, como si fuera un pacto entre sombras, la violencia se desató por partida múltiple. En Miranda, a las 9 de la noche, sonaron los disparos en el barrio Villa Paola. Andrés Mauricio Casamachín y Darwin Realpe, conocido como Gemelo, cayeron acribillados. Uno murió en el acto, el otro alcanzó a ser llevado al hospital, pero la muerte ya lo había alcanzado. Eran jóvenes de la vereda Monterredondo. No se sabe quién ni por qué. En el norte del Cauca, esas preguntas valen la vida.

Horas antes, en la madrugada del lunes, otra tragedia golpeó a Toribío. En la vereda Soto, corregimiento de Tacueyó, un concierto en el balneario Piedra Grande terminó en masacre. Mauricio Capote, futbolista aficionado e hincha furioso del Deportivo Cali, y su hermano José Capote, conocido como DJ José, fueron asesinados a tiros. Una tercera persona resultó herida. El cabildo indígena abrió investigación, pero nadie ha dicho nada. Solo el eco de la música, ahora roto, y el llanto de una familia que perdió a dos de los suyos.

Ese mismo día, en el oriente caucano, Pedro Antonio Jorge, comunero del resguardo de Cohetando, fue asesinado tras acudir a una cita en el puente El Naranjal, sector de Tálaga, zona rural de Páez-Belalcázar. Allá fue interceptado por hombres armados que lo ejecutaron a balazos. Su cuerpo fue hallado horas después por campesinos que dieron aviso a las autoridades indígenas. El 20 de mayo, en la vereda La Palma, lo despidieron con bastones de mando alzados y la voz colectiva de un pueblo que ya no sabe cómo pedir respeto por la vida. “La vida es sagrada”, repitieron los mayores. Pero parece que para otros no lo es.

El martes 20, en Santander de Quilichao, Jhoiner Darío Peña Mulcue, de apenas 18 años, fue asesinado en el barrio Panamericano. Caminaba como caminan todos los muchachos allá: con los sueños en la cabeza y el miedo en la espalda. Le dispararon sin más. No era la hora de morir, pero en este territorio a nadie le preguntan.

Ese mismo día, en la vía que conecta Santander de Quilichao con Cali, desapareció Óscar Ortiz, comerciante y dueño del hotel Los Samanes. Lo secuestraron en plena carretera. Hasta ahora no se sabe nada de su paradero. Algunos señalan a las disidencias, otros prefieren callar. Pero en el norte del Cauca, el silencio también mata.

El jueves 22, la tragedia se repitió en Puerto Tejada. En el barrio Carlos Alberto Guzmán, sector conocido como 4 Esquinas, José Jaime Castillo Velasco, de 17 años, caminaba junto a un familiar. Un hombre se le acercó como quien saluda, desenfundó un arma, y le disparó por la espalda cuando intentó escapar. Lo llevaron al hospital, pero no sobrevivió. Dicen que el asesino pertenece a la pandilla «Los 23», una de tantas que imponen su ley a sangre fría. José Jaime no tenía antecedentes, ni enemigos, ni tiempo para habérselos hecho. Solo tenía juventud.

Ese mismo jueves, al borde de la vía entre Timba y La Balsa, encontraron un cuerpo. Un hombre joven, de piel morena, sin identificar. Nadie lo ha reclamado. Nadie lo llora en público. Lo mataron como se mata a los que no importan. Y en esta tierra, a los jóvenes los tratan como si fueran prescindibles.

Y en Caloto, en el corregimiento de Alto del Palo, el espanto llegó también. Dos personas fueron asesinadas y hasta ahora sus nombres se desconocen. No hay fotografías, ni versiones oficiales. Solo el miedo que corre por las veredas como el viento por los cañaduzales. Se habla de un ataque armado. Se habla en voz baja. Porque en el norte del Cauca, hablar fuerte puede costar caro.

Diez muertos en cuatro días. Una semana como tantas, pero más encabronante que otras. Porque no fueron enfrentamientos. No fueron errores. Fueron ejecuciones. Jóvenes asesinados en la esquina, en la fiesta, en la calle. Comuneros emboscados en cita. Secuestrados en plena vía. Desaparecidos de un día para otro. Una tierra que ya no se siembra solo de café sino también de velas. Y de miedo.

Mientras el país habla de elecciones, candidaturas, reformas, aquí seguimos contando muertos. Sin titulares. Sin justicia. Sin paz. En el norte y el oriente del Cauca no se vota por el futuro, se reza para sobrevivir al presente.

Por Prensa Justicia & Dignidad

La montaña se defiende: Mocoa se levanta contra la megaminería de LiberoCobre

por Sofia Lopez2025, Alerta Dignidad, Pueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

En lo alto de la cordillera que se entrelaza con la Amazonía, donde el río suena antes de verse y los abuelos aún hablan con los árboles, la comunidad de Pueblo Viejo, en Mocoa, ha decidido detener el tiempo. Desde el 24 de marzo, mujeres, jóvenes, sabedores indígenas, campesinos y líderes sociales bloquean el paso a LiberoCobre, una multinacional canadiense que insiste en abrirle las entrañas a la montaña en busca de cobre y molibdeno.

La empresa habla de oportunidades. En sus boletines, los geólogos bajan de las cumbres con núcleos de roca como si trajeran oráculos. «Estudiar el subsuelo es prepararnos para decidir con fundamento», proclaman. Pero en las veredas no se escuchan discursos técnicos, sino el clamor de la tierra. “No a la mina, sí al agua”, repiten los carteles escritos a mano, mientras una mujer con los pies en el barro vigila que no pase la retroexcavadora.

Para LiberoCobre, el cobre es el metal del futuro. Para Pueblo Viejo, el futuro es cuidar el agua que brota del Macizo Colombiano y alimenta a medio país. Aquí no hay neutralidad posible: o se está con la vida o se está con el extractivismo.

La historia no es nueva. Desde 2018, la Agencia Nacional de Minería ha entregado títulos sobre estas tierras. En 2022, Corpoamazonía —la autoridad ambiental— impuso una medida preventiva para frenar las operaciones, sustentada en que Mocoa había prohibido este tipo de actividades. Pero la empresa continuó. Según ellos, la medida ya no tiene validez porque el Consejo de Estado anuló el acuerdo del Concejo y sus títulos están vigentes. Mientras los tribunales se cruzan papeles, las perforadoras siguen abriendo caminos.

“El gobierno habla de transición energética y justicia ambiental, pero ¿qué justicia es esta que se impone a punta de motores y promesas de empleo temporal?”, pregunta un líder campesino mientras reparte café caliente entre los manifestantes.

LiberoCobre asegura que el 90 % de sus trabajadores son locales, que ofrecen primer empleo, pasantías, y escuchan a la comunidad. Pero las voces en Pueblo Viejo tienen otra versión: que los talleres son monólogos, que la consulta nunca fue previa ni libre, y que lo que se juega aquí no es una nómina, sino el alma de la montaña.

Thyana Álvarez, gerente de la empresa, señala que “actores políticos y activistas han llegado a agitar el territorio”. Pero lo que realmente agita a Mocoa no son discursos externos, sino el recuerdo de una tragedia reciente: la avalancha de 2017 que cobró más de 300 vidas y cuyo origen también estuvo en la devastación de la cuenca.

Hoy, la gente ha decidido no esperar otro desastre. Quieren que se respete el principio de precaución. Quieren que el gobierno escuche. Quieren que no les hablen de cobre para la vida cuando lo que ven es muerte disfrazada de progreso.

El representante a la Cámara por Putumayo, Andrés Cancimance, propuso que Mocoa sea declarada Zona de Reserva Ambiental Temporal. La solicitud duerme en los escritorios del Ministerio de Ambiente. Mientras tanto, en las montañas, la resistencia no duerme.

Y entonces cabe preguntar, sin retórica y con urgencia:

Si el gobierno del cambio, el que proclama a Colombia como potencia mundial de la vida, lo dice en serio, ¿por qué mantiene a comunidades como Pueblo Viejo en Mocoa, y a Jericó y Támesis en Antioquia, bajo el dominio de extractivistas como AngloGold Ashanti y LiberoCobre?

¿Por qué se sigue excavando donde brota la vida?

Porque desde aquí abajo, entre las piedras y el monte, la vida no se promete, se defiende.

Por Prensa Justicia y Dignidad

Fredy Salinas y Sintraemcali: la dignidad perseguida

por Sofia Lopez2025, Alerta Dignidad, ImpunidadPublicado el No hay comentarios

En Cali, a las orillas de una ciudad que ya no se reconoce ni a sí misma, hay un hombre que duerme con un ojo abierto. Se llama Fredy Salinas, y no es el tipo de hombre que calla cuando hay injusticia. Lleva una década en la dirección de Sintraemcali, ese sindicato que ha sobrevivido a más atentados que una torre de control en zona de guerra. Hoy es secretario de derechos humanos, asuntos comunitarios y de la mujer. Nada menos.

Fredy denunció corrupción dentro de la empresa EMCALI y también dentro de su sindicato. Pecado doble. Desde entonces carga una diana en la espalda.

Su esposa, Claudia Patricia Urbano Pérez, fue hostigada. Sus hijos, Sebastián y Daniel, ya no pueden vivir en paz. Sebastián, dirigente deportivo que entrenaba niños en Potrero Grande, fue hostigado en la fundación donde trabajaba. Luego lo buscaron en su emprendimiento de mango viche en el Caney. No preguntaron con cortesía: una mujer con casco —rostro oculto, rabia visible— preguntó por Sebastián y por «el hijueputa del papá». Valentina, su novia, fue intimidada en la noche, sola, en un parque. ¿Quién las cuida a ellas?

Daniel, el menor, arquitecto joven, ha dejado de dormir con tranquilidad. Y Fredy, el padre, deambula entre sombras para evitar convertirse en otra cifra. Ante el asedio constante, los hijos de Fredy Salinas se vieron forzados a salir del país. No por aventura, sino por sobrevivencia.

Pero la historia no termina ahí. En Colombia, la protección del Estado es un ajedrez en el que las piezas blancas siempre están manchadas. La Unidad Nacional de Protección (UNP), en un acto digno de novela negra, asignó 14 hombres de seguridad, 7 vehículos, 7 chalecos y 7 medios de comunicación… a nombre del sindicato Sintraemcali. El detalle es que el sindicato jamás vio ni uno solo de esos recursos. No les llegó ni el aire de un motor.

La denuncia por este saqueo, una más entre tantas, llegó hasta la Cancillería. Y fue esa misma denuncia la que provocó que, por orden de políticos bien ubicados (de esos que hablan de paz mientras firman pactos de impunidad), le retiraran de forma unilateral las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la junta directiva de Sintraemcali.

Sí, en el gobierno de Gustavo Petro también se violan derechos humanos. Duele escribirlo. Pero los hechos no se diluyen en ideologías. Mientras se dan discursos en defensa del cambio, los sindicalistas perseguidos por defender una convención colectiva caminan con miedo. A los que sí les prestan atención en la Consejería Presidencial de Derechos Humanos es a los miembros del sindicato patronalista USE, creado por Uribe para exterminar a Sintraemcali. A ellos sí los cuidan. A los que denuncian, no.

Como en las mejores épocas del DAS y las chuzadas, el que levanta la voz termina sin escoltas, sin familia, sin casa. Solo con el respaldo de algunos compañeros y la solidaridad que no se vende, ni se alquila.

Fredy Salinas vive hoy escondido, como un criminal, mientras los verdaderos criminales gozan de contratos, ruedas de prensa y blindajes oficiales.

Y uno se pregunta:

¿Dónde están los derechos humanos cuando se necesitan?

¿Será que la UNP se los llevó todos en los siete vehículos blindados que nunca llegaron?

Por Prensa Justicia y Dignidad.

Sangre y votos: cómo el terror en el Huila impulsa la campaña de Uribe

por Sofia Lopez2025, Alerta Dignidad, Conflicto ArmadoPublicado el No hay comentarios

Desde 2023, el departamento del Huila volvió a ser un territorio en disputa. Extorsiones, reclutamiento forzado de menores, masacres y asesinatos selectivos de líderes sociales y firmantes de paz han teñido de sangre a una región que, hace apenas unos años, apostaba por la reconciliación y el turismo rural como motores de su futuro.

Hoy, el miedo ha vuelto a las calles. Y, como en un guion ya conocido, las promesas de «seguridad democrática» reaparecen justo después de cada estallido de violencia.

La maquinaria del terror: cifras que duelen

En los municipios de Acevedo, Hobo, Pitalito, Algeciras, Garzón, Campoalegre, La Plata y Neiva, la violencia ha cobrado vidas de manera brutal. Solo en estos ocho municipios se han registrado recientemente 54 asesinatos: 36 hombres, 5 mujeres, 12 personas sin identificar y un menor de edad.

Los firmantes de paz, quienes apostaron por dejar las armas, han sido blancos prioritarios. Desde 2019 hasta abril de 2025, 20 excombatientes fueron asesinados en 9 municipios del Huila. El patrón muestra picos claros: dos firmantes en 2019, cinco en 2020, uno en 2021, dos en 2022, cinco en 2023, dos en 2024 y ya tres homicidios en lo que va de 2025.

Los líderes sociales tampoco se salvan: 43 asesinatos en 16 municipios, afectando principalmente a líderes campesinos (8 casos) y comunales (18 casos), pero también a defensores indígenas, servidores públicos, activistas culturales, del movimiento LGBT y víctimas del conflicto. El 91.8% de las víctimas eran hombres y el 8.2% mujeres.

Las cifras son frías, pero cada número es una historia truncada, una comunidad desprotegida, un proyecto de vida aniquilado.

Un atentado anunciado

El 17 de abril de 2025, en pleno Jueves Santo, cuando las familias huilenses se disponían a celebrar la Semana Mayor, una moto bomba explotó en el municipio de La Plata. Dos jóvenes, de 17 y 19 años, murieron. Treinta y tres personas resultaron heridas, incluidos cinco menores de edad.

El hecho no fue aislado. Desde el vecino departamento del Cauca, el frente residual Hernando González Acosta, liderado por alias ‘Calarcá’, ha extendido su accionar delictivo hacia el Huila, en una clara estrategia de expansión territorial.

Sin embargo, las autoridades —entre ellas el Ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez y el gobernador Rodrigo Villalba— repitieron el libreto de siempre: consejos de seguridad «extraordinarios», anuncios de refuerzos militares, recompensas millonarias y promesas de “no arrodillarse ante el terror”. Medidas efectistas que poco o nada resuelven el problema de fondo.

El oportunismo electoral: del miedo a las urnas

Coincidentemente —o no—, apenas días después del atentado y en plena ola de violencia, la maquinaria política del Centro Democrático, encabezada por Álvaro Uribe Vélez, se desplegó en el Huila.

Hoy, 26 de abril de 2025, realizan su evento de campaña electoral en el departamento, capitalizando el miedo y la incertidumbre sembrados por la reciente violencia. No es la primera vez: Uribe y su partido han convertido el dolor ciudadano en plataforma política. La fórmula es conocida: se permite el crecimiento del terror para luego vender el endurecimiento militar como única alternativa, agitando el fantasma de la «seguridad democrática».

Esta estrategia de instrumentalizar la tragedia para fines electorales no solo manipula el sufrimiento de las víctimas, sino que también perpetúa un modelo de control basado en el miedo. En departamentos como el Huila, que intentaban abrirse paso hacia la paz, el retorno de la violencia no es solo una tragedia humana: es también la excusa perfecta para restaurar la vieja política de odio, militarización y represión.

Mientras tanto, las comunidades siguen pagando el precio más alto: el de su vida, su dignidad y su esperanza.

Por Prensa Justicia y Dignidad

Los bloqueos de la Panamericana: una tradición caucana cortesía de Luis Enrique Yalanda

por Sofia Lopez2025, Alerta DignidadPublicado el No hay comentarios

Si algo caracteriza al Cauca, además de su belleza natural y su riqueza cultural, son los infaltables bloqueos en la carretera Panamericana. Una actividad que ya se ha convertido en parte del folclor regional, cortesía de ciertos personajes que parecen disfrutar más cerrando vías que trabajando en soluciones. Y en esta ocasión, el protagonista indiscutible es Luis Enrique Yalanda Hurtado, el dirigente Misak que ha decidido que la mejor manera de hacer política es secuestrando el tráfico.

Pero, ¿quién es este noble defensor de la incomodidad ajena? Yalanda, un exaspirante al Congreso de la República, parece haber encontrado su verdadera vocación no en la política convencional, sino en el arte de la protesta prolongada. Aparentemente, cuando los votos no son suficientes, la mejor estrategia es hacer ruido… y de paso, hacer que miles de caucanos se queden atrapados en un embotellamiento sin fin.

Un liderazgo… cuestionado

Luis Enrique Yalanda se proclama como el legítimo gobernador del Resguardo Indígena Guambiano de La María en Piendamó, aunque el propio resguardo lo ha desmentido con comunicados oficiales. Detalle menor, por supuesto. Para Yalanda, la democracia parece ser un concepto flexible, adaptado a sus necesidades personales.

Desde su separación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Yalanda ha estado en una cruzada personal, enfrentándose tanto a su propia comunidad como a las instituciones del Estado. Acusado de usurpar la identidad del resguardo y de manipular cargos con fines políticos, ha encontrado en los bloqueos una manera eficaz de seguir siendo relevante. Después de todo, ¿quién necesita legitimidad cuando puede generar caos con unos cuantos troncos y piedras en la carretera?

Un bloqueo con sabor a revancha

Ahora que el Ministerio del Interior ha dejado claro que Yalanda no es la autoridad legítima del resguardo, él ha decidido que todos los caucanos deben pagar las consecuencias. Porque nada dice «defensa de los derechos indígenas» como perjudicar a miles de ciudadanos que no tienen nada que ver con sus disputas internas.

Además, su historial no solo incluye interrupciones viales, sino también denuncias de violencia política contra mujeres indígenas y la perpetuación de divisiones dentro de su comunidad. Todo esto mientras se presenta como el gran defensor de los intereses Misak. Un ejemplo brillante de cómo el activismo mal enfocado puede convertirse en una forma de autoritarismo disfrazado de lucha social.

¿Y ahora qué?

Mientras los conductores siguen atrapados en la Panamericana y los comerciantes ven sus negocios afectados, Yalanda sigue firme en su papel de líder autoproclamado, ignorando los llamados de su propia gente y utilizando cualquier artimaña disponible para mantener su influencia.

Tal vez algún día encontremos una solución a los bloqueos, pero hasta entonces, los caucanos seguirán preguntándose: ¿cuándo convertimos los trancones en una atracción turística? Quizás así, al menos, podríamos sacar algún provecho de este espectáculo repetitivo que Luis Enrique Yalanda insiste en protagonizar.

Por: Prensa Justicia y Dignidad

México y Colombia: Dos países, una misma herida de horror y exterminio

por Sofia Lopez2025, Alerta Dignidad, Conflicto Armado, Impunidad, Pueblos y Territorios, Resistiendo al olvidoPublicado el No hay comentarios

El 5 de marzo de 2025, en un rancho de Teuchitlán, Jalisco, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco hizo un hallazgo aterrador: un campo de exterminio clandestino operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tres hornos crematorios, cientos de restos óseos, mochilas abandonadas, credenciales y más de 400 pares de zapatos fueron algunas de las pruebas que documentaron lo que parece ser una de las peores atrocidades en la historia reciente de América Latina. Un sitio donde cientos, quizás miles, de personas fueron asesinadas, descuartizadas y calcinadas, sin que las autoridades lo reportaran.

El horror que se vive en México tiene una familiaridad escalofriante en el caso de Colombia. A pesar de los gobiernos que se autodenominan progresistas, la violencia continúa su curso imparable, con el narcotráfico como el poder real detrás de las estructuras de Estado. México y Colombia comparten más que una historia de sangre: comparten la impunidad, el control territorial del crimen organizado, la incapacidad estatal para frenar los horrores, y el abandono de las víctimas.

El rancho Izaguirre, en la comunidad de La Estanzuela, municipio de Teuchitlán, no solo funcionó como un cementerio clandestino, sino como un campo de reclutamiento y aniquilación. Testimonios de sobrevivientes revelan que jóvenes eran llevados bajo engaños con promesas de empleo. Una vez en el rancho, eran alineados y recibían apodos. Nombres propios ya no existían. Se convertían en carne de cañón.

Un joven que logró escapar contó que, de los 200 reclutados con él, solo 30 sobrevivieron al “kínder”, un filtro de muerte donde los obligaban a pelear entre sí hasta la muerte. Los cuerpos de los perdedores eran descuartizados y arrojados a los hornos de piedra.

En “La Carnicería”, una habitación en el fondo del rancho, los prisioneros eran asesinados a machetazos. Sus restos, incinerados hasta reducirse a cenizas. Según los hallazgos, al menos 250 personas fueron ejecutadas solo en este sector.

Los hallazgos de la fosa clandestina son espeluznantes:

-Tres hornos crematorios subterráneos.

-Restos óseos esparcidos en la zona.

-Más de 400 pares de zapatos.

-Placas de titanio, fragmentos de cráneos, dentaduras humanas.

-Casquillos de bala y estructuras de adiestramiento militar.

-Una carta que decía: “Mi amor, si algún día no regreso, solo te pido que recuerdes lo mucho que te amo.”

Pero lo más aterrador no es solo la cantidad de cuerpos incinerados. El horror va más allá de la muerte.

Testimonios de víctimas aseguran que, además de la matanza sistemática, el rancho Izaguirre era también un centro de abuso infantil y tráfico de órganos.

Una mujer que sobrevivió tres años en este sitio reveló que médicos realizaban “experimentos” con los cautivos y extraían órganos para venderlos. También denunció que niñas eran secuestradas y entregadas a altos mandos del cártel.

«Había un jefe al que le gustaban las niñas», contó. “Las llevaban y después desaparecían.”

Otro de los castigos más inhumanos que relató es el de “La Puerquera”, un espacio rodeado de alambres de púas donde se arrojaba a prisioneros vivos para ser devorados por cerdos.

Quienes intentaban escapar eran ejecutados de inmediato. La mujer que dio su testimonio aseguró que los prisioneros eran obligados a vestir uniformes naranjas, como en una cárcel. Los que sobrevivían al adiestramiento eran enviados a pelear en estados en disputa, como Zacatecas y Michoacán.

La crueldad del CJNG no es nueva. La diferencia es que ahora conocemos la dimensión de su barbarie. Pero lo más indignante es que, según la líder del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, las autoridades ya habían allanado el lugar en septiembre de 2024 y no reportaron nada.

“No vieron nada raro”, dijeron. ¿Cómo es posible que no vieran un campo de exterminio?.

Mientras en México los colectivos de búsqueda exhuman miles de cuerpos en fosas clandestinas, en Colombia la historia es la misma.

La violencia del narcotráfico, el paramilitarismo y el crimen organizado han dejado un rastro de más de 111,000 desaparecidos, según cifras oficiales. Pero las cifras reales podrían ser mucho mayores.

Al igual que en México, las estructuras de exterminio no han desaparecido. En los últimos años han salido a la luz evidencias de hornos crematorios utilizados por paramilitares en Norte de Santander, fosas comunes, y casas de tortura en varias partes del país.

El reclutamiento forzado de jóvenes y niños sigue siendo una tragedia cotidiana en ambos países. En Colombia, disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y demás grupos armados ilegales, secuestran y obligan a menores a engrosar sus filas.

Organizaciones como la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas han encontrado evidencias de masacres silenciadas por décadas, como las fosas de San Onofre, donde los paramilitares desaparecieron a cientos de personas, o los crematorios clandestinos en la frontera con Venezuela.

Ni en México ni en Colombia los gobiernos que se autodenominan progresistas han logrado frenar esta barbarie. En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador adoptó una política de “abrazos, no balazos”, que fortaleció a los cárteles.

En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro ha prometido la paz total, pero la violencia sigue escalando, el Cañón del Micay y el Catumbo son ejemplo de ello.

Las víctimas siguen sin justicia. Las desapariciones siguen en aumento. Los hornos siguen encendidos.

El rancho Izaguirre en Jalisco es un espejo de las fosas clandestinas en Colombia. Un reflejo de lo que la violencia y la corrupción han hecho en nuestras tierras.

Duele México. Duele Colombia.

Nos dijeron que la guerra contra el narco era para combatir la violencia. Pero la verdad es que el narcotráfico sigue gobernando.

Nos dijeron que el crimen organizado era solo un problema de seguridad. Pero es un sistema de exterminio que se alimenta del silencio y la impunidad.

En Jalisco, la Fiscalía dijo que no vio nada. En Colombia, también han dicho que no ven nada.

Pero los cuerpos siguen apareciendo.

Las madres siguen buscando.

Y la pregunta sigue siendo la misma:

¿Cuánto más tiene que arder para que el mundo mire hacia el horror que consumió a México y a Colombia?

¿Cuántas más, Colombia?

por Sofia Lopez2025, Alerta Dignidad, Comunicados, GéneroPublicado el No hay comentarios

Los días en los que se conmemora el Día Internacional de la Mujer en Colombia no son de celebración. Son jornadas de duelo, de indignación y de rabia contenida. Son días donde la violencia machista se hace más visible, no porque haya un aumento en los casos—pues la violencia contra las mujeres es una constante en este país—sino porque en estas fechas las víctimas llenan los titulares de noticias y los discursos oficiales se desbordan en promesas vacías.

Dalida Patricia Hernández, Deidis Zúñiga Vives, Sharit Alexandra Ciro, Nilsa Morera Belalcázar, Claudia Patricia Jaramillo Marín, Ana Elcy Arteaga Camilo, Lucero Velásquez. Estos son solo algunos de los nombres de mujeres asesinadas en estos días de marzo. Cada una de ellas tenía una historia, una vida interrumpida por una violencia que el Estado no ha sabido, o peor aún, no ha querido frenar.

En Aracataca, Magdalena, el cuerpo desmembrado de Dalida Patricia fue encontrado en una vivienda. Su pareja, el principal sospechoso, ya está bajo custodia. Lo que sigue es el ritual conocido: titulares fugaces, indignación en redes, alguna marcha con pancartas desgarradoras y el silencio que sigue cuando el siguiente crimen acapara la atención.

En Ibagué, Sharit Alexandra Ciro, de 19 años, fue hallada apuñalada en una zona boscosa. Una estudiante universitaria que desapareció la noche del 7 de marzo y que ahora engrosa las cifras de feminicidio en el Tolima. En Armenia, una mujer fue encontrada sin vida cerca de la avenida Los Camellos. En Risaralda, Claudia Patricia Jaramillo Marín fue asesinada dentro de una buseta intermunicipal, en un crimen que exhibe la brutalidad con la que operan los feminicidas en el país.

La violencia contra las mujeres no se detiene, ni siquiera cuando estas han dedicado su vida a defender los derechos de sus comunidades. Ana Elcy Arteaga Camilo, presidenta de la Junta de Acción Comunal en Rosas, Cauca, fue asesinada después de recibir amenazas. Lucero Velásquez, lideresa en Tolima, murió en su casa frente a su familia, su hijo de 12 años herido por los mismos disparos que le arrebataron la vida a su madre.

Y mientras estos crímenes se multiplican, el gobierno colombiano responde con la misma indiferencia de siempre. No hay una voluntad real de erradicar las violencias contra la mujer. No hay estrategias integrales de protección, no hay justicia efectiva, no hay prevención. Lo que hay es una maquinaria estatal que perpetúa la impunidad, que deja a las víctimas en el olvido y que cada 8 de marzo repite las mismas consignas vacías mientras la sangre de las mujeres sigue tiñendo las calles.

Nos están matando, y el Estado solo observa.