Categoría: Alerta Dignidad

A Ruhal Martinez lo mataron por negarse. Por decir que no. No se prestaba para instrumentalizar a su comunidad. No aceptaba que la guerrilla usara a los campesinos como carne de cañón para sacar al Ejército de la zona. No toleraba que usaran la dignidad del pueblo para encubrir una estrategia de guerra. Por eso lo mataron.

El miércoles 6 de agosto, al amanecer, Ruhal se movilizaba en moto por la vereda El Descanso, zona rural de Jamundí. Dos hombres armados, también en moto, lo interceptaron y le dispararon sin darle oportunidad. Su cuerpo quedó tendido en el camino, cubierto por una sombrilla colocada por los vecinos para protegerlo del sol. Fue una escena desgarradora: silencio, rabia, impotencia.

Ruhal era presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Villa Colombia. Llevaba más de 25 años dedicado a su comunidad. Era un líder respetado, terco, justo. Sabía que la violencia no es un disfraz, y que la paz no se impone con fusiles. Por eso no se dejó doblegar. Denunció que querían usar a la gente para expulsar a la Fuerza Pública, con el mismo libreto que han intentado aplicar en el Cañón del Micay: aparentar movilización social cuando en realidad es una operación armada para el control territorial.

Ruhal sabía que ese guion no venía del pueblo. Venía de estructuras armadas que, aunque se autodenominan disidencias de las FARC, ya no tienen proyecto político de izquierda. Hoy responden a otros intereses. Están al servicio de una agenda contrainsurgente. No combaten al Estado: lo sabotean. No luchan por el pueblo: lo instrumentalizan. Y en esa lógica, ejercen el papel de brazo armado del uribismo. Esa es la verdad incómoda que muchos no se atreven a decir.

No es una hipótesis ni una metáfora. Es una constatación política. Las disidencias del Estado Mayor Central, al mando de Iván Mordisco, actúan como fuerza de choque contra el gobierno de Gustavo Petro. Sabotean los intentos de paz, asesinan líderes sociales que defienden la institucionalidad democrática y generan miedo en las comunidades que no se subordinan. Le están haciendo el trabajo sucio a quienes desde hace décadas han impulsado la guerra para sostener sus privilegios. No hay diferencia entre los paramilitares de ayer y estas estructuras armadas de hoy. Ambas eliminan lo que estorba a sus planes.

Hace un año, asesinaron a Yeri Edwin Gaitán, también presidente de esta misma JAC. Tras su muerte, el 90 % de sus integrantes renunció. Hoy, con la muerte de Raúl, el mensaje es el mismo: o se someten, o los matan. Esa es la democracia que ofrecen los que se visten de insurgencia pero obedecen al uribismo.

Ruhal no tenía escoltas. Tenía dignidad. No quería que su comunidad fuera campo de batalla. No aceptó que la violencia volviera con otro nombre. Su liderazgo era incómodo porque era libre. Lo mataron por eso.

Y lo hicieron sabiendo que la noticia pasaría rápido, que no habría grandes titulares, que nadie sería capturado. Así se construye el silencio: a balazos y con impunidad. Pero este crimen no puede pasar como uno más. Porque no mataron solo a un hombre. Asesinaron una posición ética, una verdad, una resistencia.

Ruhal Martinez debería estar hoy planeando la próxima asamblea con su gente. En vez de eso, sus vecinos lo despidieron con rabia y tristeza, con la certeza de que lo mataron los mismos de siempre, solo que ahora con otro uniforme. Las disidencias de las FARC, hoy, son el brazo armado del uribismo en los territorios. Y el país tiene que empezar a decirlo sin miedo.

Por: Justicia & Dignidad / Periodismo Independiente e Investigativo

Por el camino polvoriento que lleva al relleno sanitario de Los Cocos, en la vereda La Concordia, el monte crece en silencio. No hay casas cerca, sólo viento y basura. Allí, entre hojarasca seca y bolsas plásticas que el tiempo no ha querido digerir, apareció el cuerpo de Willy David Pérez Quiroz. Estaba tendido como si hubiese caído de espaldas mirando al cielo, con las manos abiertas, como quien ya no puede explicar nada. A su lado, los cuerpos quietos de sus tres perros. Uno de ellos —decía alguien que lo conocía— se llamaba “Negrito”.

A Willy lo mataron el sábado 19 de julio, pero la historia de su muerte no comenzó ese día. Viene de antes, como suelen empezar las tragedias en este país que no olvida las deudas de sangre. Willy tenía 45 años y era líder comunitario en Cartagena. Presidía la Junta de Acción Comunal del sector Zarabanda, en Olaya Herrera, donde se movía entre mingas, siembras urbanas y consejos de vecinos que no sabían a quién más acudir cuando el barrio se llenaba de huecos o de miedo.

Era oriundo de San Onofre, Sucre, un lugar que también conoce de entierros prematuros y promesas de tierra truncadas. En su rostro había siempre un gesto de terquedad noble, esa que da la lucha diaria por un barrio olvidado. Era de los que hablaban claro en las reuniones, de los que alzaban la voz sin necesidad de gritar. De los que nunca dejaron de creer en el poder del pueblo, aunque el Estado mirara para otro lado.

Pero su historia, como la de muchos, fue ensombrecida por un pasado que no era del todo suyo. Hace años, su hermano fue señalado de asesinar a su esposa. Nadie sabe con certeza qué pasó, pero desde entonces a Willy le tocó cargar con un apellido que se volvió maldición en algunos rincones. Las amenazas comenzaron a llegar como cartas sin remitente. Una mirada torcida, un rumor, una advertencia al oído. Hubo un tiempo en que tuvo que irse del barrio. Se volvió un exiliado en su propia ciudad.

El sábado lo hallaron muerto. Con él, sus perros. Alguien dejó una nota, escrita a mano, como se escriben las venganzas en este país de machetes y cicatrices: “Venganza hermana por hermano”. No hubo firma. No hizo falta. El mensaje era claro y cruel: esto no fue un robo ni un accidente. Fue una ejecución.

Lo que duele —y duele hondo— no es sólo la muerte de un hombre bueno. Es también el silencio con que lo mataron. El eco que deja su ausencia en una comunidad que hoy camina despacio, como si el miedo se hubiese vuelto espeso. Los niños ya no juegan en la esquina de Zarabanda. Las reuniones de la Junta se suspendieron. Hay luto, sí. Pero también hay rabia. Porque matar a un líder es cortar el árbol que daba sombra en la plaza.

Y los perros… Ah, los perros. Nadie sabe exactamente por qué los mataron también. Quizás porque eran su sombra. Porque lo acompañaban a todas partes. Porque eran testigos. O tal vez —y esta es una sospecha que no se puede descartar— porque el odio en Colombia ya no distingue ni siquiera entre humanos y animales.

Willy David no saldrá en los noticieros por más de un día. Quizás no le dediquen un minuto en el Congreso ni en el despacho del alcalde. Pero su muerte es un espejo de este país que se desangra en los márgenes. Un país donde aún hay quienes siembran, organizan, reclaman, sueñan. Y también hay quienes los matan por eso.

Queda el monte. Queda el camino polvoriento. Y quedan los tres perros, que ahora duermen junto a su amo, como si fueran parte del mismo destino.

Por Justicia & Dignidad

El siete de junio no fue un día distinto a los demás en Colombia. El sol pegaba duro en el sur, rajando techos y calentando las calles polvorientas donde la infancia juega con lo poco que tiene: piedras, balones desinflados y sueños rotos. Fue una tarde luminosa, sin lluvia, pero cargada de esa electricidad espesa que antecede al estruendo. Y estalló: atentaron contra la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El país se sacudió. Las redes sociales ardieron. La derecha apuntó a la izquierda. La izquierda respondió que era una estrategia de la misma derecha, un autoatentado, un movimiento electoral vil. El nombre de la senadora María Fernanda Cabal salió a relucir, junto con las afirmaciones incendiarias que había hecho contra Uribe Turbay por los excesivos gastos de su campaña y sobre todo desde que el mismísimo Álvaro Uribe Vélez lo designó como cabeza de lista en las elecciones del Senado. Nadie hablaba con certezas. Todos hablaban con rabia.

Algunos sectores de izquierda fueron claros: rechazaron el atentado, pidieron garantías para todos los precandidatos. Fue un gesto sensato, necesario, pero insuficiente. Porque, en medio del griterío político, los más oportunistas hicieron lo de siempre: le echaron la culpa a Petro. Y mientras el senador herido se debatía entre la vida y la muerte, Vicky Dávila, sin rubor, encabezaba los gritos de “¡Fuera Petro!” frente a la clínica. Como si el odio necesitara testigos.

Sí hubo una alocución presidencial. Seria, institucional. El presidente expresó solidaridad con la familia Uribe Turbay, canceló su viaje a Francia y condenó el atentado. Pero no logró calmar el clima enrarecido. Sus palabras, aunque prudentes, no bastaron para enfriar un país incendiado por la sospecha.

Nadie —entre toda esa niebla de discursos, trinos y cámaras— habló del otro protagonista de este drama: un niño de quince años. Un menor de edad que disparó y huyó a pie. Que confesó que le pagaron por hacerlo. Que, según algunas fuentes, ahora está en riesgo de ser asesinado porque ya sabe demasiado.

El sicario era un niño. Y Colombia, otra vez, prefiere matarlo que protegerlo.

Sí, fue un menor de edad el que jaló el gatillo. Un sicario adolescente que confesó haber recibido dinero para hacer el trabajo. Lo hizo a pie, como quien va a la tienda por un encargo. Lo detuvieron corriendo, con el miedo tatuado en los ojos y el cuerpo liviano de quien apenas empieza a crecer. No era un monstruo. Era un niño usado como instrumento. Como lo son hoy cientos, miles, de menores que la guerra, la mafia y la política han reclutado y olvidado.

Colombia ha fallado como nación porque ha abandonado a su infancia. La ha dejado a merced de fusiles, pandillas, clanes y padrinos que los usan, los queman y los tiran. Más de 800 niños y adolescentes están al servicio de las redes del crimen, como soldados sin bandera, como huérfanos de patria.

Este atentado no es solamente un hecho político. Es un síntoma de la descomposición profunda que nos atraviesa. Es el retrato de una sociedad que ya no se inmuta porque un niño mate. Es la evidencia brutal de que estamos exterminando nuestro futuro sin pestañear.

Miguel Uribe Turbay salvó la vida. Pero el país sigue herido. Y el niño que disparó es la herida abierta que nadie quiere mirar.

Nos estamos disparando a nosotros mismos. Y lo más grave no es que el tiro duela. Es que ya no duele.

Por Sofía López, abogada y periodista de la Corporación Justicia e Dignidad del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz.

Por los caminos de niebla y espanto que descienden desde Cali hacia el Pacífico, por la ruta antigua El Queremal-Buenaventura, desapareció el pasado 1º de mayo el agroecólogo costarricense José Francisco Valle. Hoy se cumplen 36 días de su desaparición. Y aunque hizo varias llamadas antes de esfumarse, en una de ellas dijo algo claro, algo grave, algo que no se puede pasar por alto: estaba siendo extorsionado por miembros de la Policía Nacional.

Lo dijo con su propia voz. Lo escucharon personas cercanas. Lo reportaron. Y sin embargo, desde entonces, nada ha pasado. O peor aún, lo que ha pasado es el silencio.

Este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, sus amigos y familiares hacen pública esta denuncia, porque mientras los gobiernos hablan de sustentabilidad y verde, ellos buscan a un hombre que sembraba futuro y al que el país le ha dado la espalda. Un hombre que recorría Colombia asesorando proyectos de cacao y agroecología, que se hospedaba en cuartos alquilados y dormía poco para recorrer mucho. Un hombre prudente, generoso, comprometido con la tierra.

Su última ubicación conocida fue una llamada desde la zona rural del municipio de Dagua, en la vía vieja que conecta El Queremal con Buenaventura. Dijo que lo tenían retenido. Que eran policías. Que lo estaban extorsionando. Y luego, el silencio.

Lo extraño es que la Policía afirma saber desde qué vereda se hizo la llamada, pero se niega a dar esa información. ¿Por qué? ¿Qué esconden? ¿Por qué se han tardado más de un mes en hacer algo tan básico como rastrear una llamada? ¿Qué intereses se interponen entre José Francisco y su derecho a aparecer con vida?

La moto en la que viajaba, una XRE-190 roja, placas CPQ81F, tampoco ha sido hallada. Él se hospedaba en la carrera 6 #3-32 de Cali, en un lugar que no figura como hostal, una casa con vecinas que recibieron esa última llamada. Ahora la policía las investiga, pero no avanza en lo esencial: la búsqueda real del desaparecido.

Desde el primer momento, la versión oficial ha sido turbia, contradictoria e inverosímil: que salió el 30 de abril en la noche, que fue el 1º en la mañana, que quizás iba “a ver un charco”… pero todos quienes lo conocían insisten: José Francisco era prudente y nunca se habría arriesgado sin razón, y menos ese día.

Este no es solo un caso de desaparición. Es un caso de violación a los derechos humanos por parte del Estado colombiano. Porque cuando una persona denuncia que está siendo extorsionada por agentes de la fuerza pública, y 36 días después no hay rastro suyo, y la información es ocultada, lo que hay no es una investigación: es encubrimiento.

José Francisco Valle debe aparecer con vida. La sociedad civil exige verdad y acción inmediata. Cualquier información puede dirigirse al número +593 99 900 1377 o al correo huertaschayamansa@gmail.com

Hoy, Día del Medio Ambiente, se alza una voz por la vida. La tierra que él cuidaba hoy lo reclama. Los amigos que lo aman hoy lo buscan. Y Colombia entera tiene la obligación de responder.

¿Dónde está José Francisco Valle?

¿Por qué la policía no quiere decir la verdad?

¿Qué están escondiendo?

Por Prensa Justicia & Dignidad