¡Hasta que vuelvan a casa! Semana Internacional del Detenido Desaparecido

Del 26 al 31 de mayo, durante la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, recordamos que en distintas regiones del país persiste una de las formas más atroces de violencia: la desaparición forzada de niñas, niños y adolescentes. Un crimen que se oculta tras el velo del reclutamiento forzado por actores armados ilegales y la trata de personas por redes criminales. 

 Según cifras de la Fiscalía General de la Nación y del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 se han interpuesto cerca de 800 denuncias por desaparición forzada de menores de edad en contextos de reclutamiento. Tanto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) como la Defensoría del Pueblo han alertado sobre el aumento alarmante de estos casos, especialmente en el Catatumbo. En una visita reciente a Tibú y Cúcuta, Scott Campbell, representante de la ACNUDH en Colombia, denunció que al menos 36 menores han sido reclutados en lo que va del año. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha documentado 21 casos entre enero y abril de 2025. 

 Esta forma encubierta de desaparición forzada sigue arrebatando infancias y dejando a cientos de familias sumidas en la incertidumbre. 

 En 2016 se reportaron 0 casos de reclutamiento forzado en estas regiones; en 2023 se contabilizaron 186 casos, y solo en el primer semestre de 2024 ya iban 107 casos. En el Cauca, municipios como Argelia (17 casos), Toribío, Caldono y Corinto se han convertido en epicentros de esta tragedia. 

 Desde 2020, con la pandemia como telón de fondo, los grupos armados intensificaron su control territorial y el uso de menores no solo como combatientes o informantes, sino también en labores forzadas asociadas a cultivos ilícitos. 

  Un informe del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz (2024) documenta cómo, en el suroccidente del país —especialmente en Cauca, Nariño y Valle del Cauca—, comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas siguen enfrentando la reconfiguración del conflicto tras el incumplimiento del Acuerdo de Paz, la aparición de disidencias, el fortalecimiento del ELN y la expansión de nuevas estructuras armadas. 

 Así mismo, desde del 2024 el Movimiento ha registrado más de 100 casos, de los que alarman las cifras de algunos departamentos como: Cauca (41), Valle del Cauca (25), Bogotá (8), Huila (5), Risaralda (5), Antioquia (4), Tolima (4) y Nariño (3); además 51 casos ocurrieron en el 2024 y 41 han ocurrido en lo que va del 2025, por lo que preocupa que durante el año las cifras puedan aumentar. Además, es importante resaltar que la mayoría de las víctimas de este crimen, son niños, niñas y adolescentes entre los 13 y los 17 años, destacando que las niñas y adolescentes son mayoritariamente raptadas (74 casos), en comparación con los niños y adolescentes (36 casos). 

 Pero estas cifras no son solo estadísticas 

 Detrás de cada número hay un nombre, una historia interrumpida, una silla vacía en la escuela. Hay madres con el corazón en vilo, hermanos que no entienden por qué su hermana no volvió, abuelas que siguen preguntando al viento. 

  La memoria también ha sido atacada. En Popayán, un mural que honraba a 589 menores reclutados en el Cauca fue vandalizado. Pintaron de negro los rostros, como si el olvido se impusiera a la fuerza. 

¿A quién le incomoda la memoria? 

¿A quién le duele que se nombren los desaparecidos? 

  El Comité Internacional de la Cruz Roja documentó 1.730 desapariciones relacionadas con el conflicto desde 2016, de las cuales 304 corresponden a menores. La impunidad campea en el 98% de estos casos, y el subregistro sigue siendo abismal. 

  En el Valle del Cauca, especialmente en Cartago, se ha documentado la existencia de redes criminales herederas del Cartel del Norte del Valle, que mantienen circuitos ilegales de tráfico de niños, niñas y adolescentes. Los captan, trasladan y comercializan como mercancía, para luego entregarlos a grupos armados con fines de reclutamiento forzado, trata de personas e incluso tráfico de órganos. 

  Este fenómeno es sistemático y opera con total impunidad, aprovechando la vulnerabilidad social, la ausencia de garantías para la niñez y la debilidad institucional en territorios periféricos. 

  En Colombia, la desaparición forzada de niñas, niños y adolescentes no solo está ligada al conflicto armado. También se entrelaza con redes de trata de personas. Estas redes captan menores en contextos de pobreza, migración y violencia estructural, y los trasladan sin dejar rastro, separándolos de sus familias y ocultando su paradero. Esto constituye una forma de desaparición forzada con fines de explotación sexual, laboral o tráfico de órganos. 

  Según la Procuraduría General de la Nación, entre 2020 y 2023 se registraron 709 casos de trata de personas, con un alarmante aumento del 400% en menores de 12 a 17 años entre 2022 y 2023. En 2024, la Defensoría del Pueblo atendió más de 150 casos, siendo niñas y adolescentes el grupo más afectado. 

  Estas prácticas deben ser reconocidas como desapariciones forzadas, el Estado tiene la obligación de dar con su paradero y garantizar verdad, justicia y reparación para sus familias. 

  Desde los territorios, las madres y mujeres siguen buscando. Frente a la persistencia del reclutamiento y la desaparición de menores, urge garantizar medidas efectivas para el esclarecimiento de los casos, protección a quienes buscan y reparación a quienes han sido despojados. 

  Pero ¿qué tiene que ver la Semana Internacional del Detenido Desaparecido con el reclutamiento forzado y la trata? 

  Según Naciones Unidas (2025), «la desaparición forzada se utilizó y se sigue utilizando como método de terror para controlar territorios». 

 Los menores reclutados y víctimas de trata también son víctimas de desaparición forzada: son arrancados de sus familias, trasladados sin dejar rastro y ocultados por redes armadas o criminales. 

  Por eso, en esta semana de memoria, no basta con recordar, es necesario denunciar que las desapariciones con fines de reclutamiento y trata deben ser reconocidas, investigadas y sancionadas como desapariciones forzadas. 

 Y que, mientras una sola madre siga buscando, no habrá paz ni justicia verdadera en este país. 

  ¡Hasta que vuelvan a casa! 

 

Por: Corporación Justicia y Democracia y Corporación Justicia y Dignidad 

 

 

“Aquí matan y seguimos comiendo”: crónica de un territorio donde la muerte dejó de ser noticia

En Puerto Tejada, un niño juega con un balón desinflado en la esquina del barrio Betania. A pocos metros, todavía se distingue una mancha marrón en el asfalto: la lluvia no logró borrar del todo la sangre de Ivonne Aponza. El sol cae vertical, indiferente. La vida sigue.

El sábado pasado, Ivonne caminaba por una calle familiar cuando dos hombres se le acercaron sin decir palabra. Los disparos, como una sentencia repetida, se escucharon a lo largo del barrio. Nadie alcanzó a hacer nada. Nadie se atrevió a hacer más. Ivonne murió allí mismo, en la vía pública, frente a la mirada silenciosa de quienes, por costumbre o miedo, bajan los ojos ante la violencia.

En el norte y centro del Cauca, la muerte ya no conmueve. Es una presencia cotidiana, como el ruido de las motocicletas o el mercado de los martes. En la vía entre Florida y Miranda, cerca del puente de El Llanito, apareció el cuerpo de Fredy Muñoz —“Chocho”, para los suyos—, con impactos de bala. Había estado la noche anterior compartiendo con amigos. Esa madrugada, su familia escuchó disparos. Por la mañana, fue otro cuerpo al margen de la carretera. Otra noticia breve. Otra víctima sin titulares.

En Cajibío, los cuerpos de Diego Fernando Navia y Alexander Gurrute fueron encontrados en el río, días después de que sus familias los reportaran como desaparecidos. Salieron de sus casas el 9 de mayo. No volvieron. Nadie sabe —o dice— qué les pasó. Lo cierto es que los buscaron durante dos semanas, hasta que el río los devolvió. Cajibío lloró en voz baja.

También en Santander de Quilichao, durante una marcha por la liberación de un comerciante secuestrado, hombres armados asesinaron a Wilson Yagen. Fue en el barrio Calama, a plena luz del día. Mientras unos marchaban por la vida, la muerte seguía su rutina.

En ese mismo municipio, en la carrera 13 entre calles 2 y 3, una mujer identificada como Luisa Fernanda Ocampo, de 21 años, fue asesinada junto a un hombre habitante de calle. Él sobrevivió. Ella murió allí, sin que nadie la reclamara. Hoy, su cuerpo permanece en la morgue. Ni una llamada. Nadie la llora públicamente. Nadie ha ido a buscarla.

Y es que la lista crece sin pausa. En Corinto, hombres armados sacaron a Carlos Mario Medina de su casa, lo golpearon, y lo mataron frente a los vecinos del barrio Villa del Rosario. Tenía 20 años. En Piendamó, dos adolescentes fueron atacados; uno de ellos, Juan Pablo Urrutia, murió en el lugar. El otro sobrevive, aunque no se sabe por cuánto ni en qué condiciones. En Perico Negro, zona rural de Puerto Tejada, el vigilante Ersain Cazaran fue asesinado durante un robo. Dejó a su esposa viuda y a tres hijos huérfanos.

En los informes, son apenas cifras, notas en la prensa local. Pero en las casas se sienten como un silencio espeso. La gente sigue caminando, comprando plátanos, barriendo las aceras. Las madres esconden su miedo detrás de los quehaceres. Los niños crecen sabiendo que aquí se mata y que lo peor sería hacer demasiadas preguntas.

“¿Cómo se vive cuando se normaliza la muerte?”, pregunta una lideresa en voz baja, con la mirada fija en la tierra. “Aquí matan y seguimos comiendo”, responde otra mujer, sin sarcasmo, sin rabia. Solo con la resignación de quien ya ha llorado demasiado.

Lo que ocurre en el norte y centro del Cauca no es nuevo, pero se ha vuelto parte del paisaje. La violencia ha dejado de ser un escándalo. Se volvió hábito. Se volvió rutina.

Todos estos hechos ocurrieron en una sola semana: la del 25 de mayo. Hoy es viernes. Y no sabemos aún cuánta muerte nos venga encima.

Y mientras tanto, seguimos esperando a que alguien escuche. Que alguien mire. Que alguien diga: esto no es normal.

Por Prensa Justicia & Dignidad

Bitácora del Horror: Comisión de Esclarecimiento ¡Ya! – Días 20m al 25m

Del 20 al 25 de mayo de 2021, en Colombia se desató una oleada de represión estatal que dejó una estela profunda de graves violaciones a los derechos humanos. No fueron hechos aislados ni errores de procedimiento: fueron órdenes claras y planificadas desde lo más alto del poder. Iván Duque, su ministro de Defensa Diego Molano, y el general Eduardo Zapateiro siguen en la impunidad, mientras los crímenes cometidos, delitos de lesa humanidad, permanecen en la sombra del olvido oficial. Es esta historia de dolor y silencio la que pesa sobre la memoria colectiva, una deuda que no puede quedar sin castigo ni reconocimiento. Ahora, en manos del gobierno que se anuncia como “el de la esperanza”, está la urgente tarea de alumbrar ese camino oscuro, abrir una puerta a la justicia y al restablecimiento pleno de los derechos de las víctimas. No es solo un acto de reparación, es la condición para que la democracia recobre su alma y para que Colombia vuelva a creer en sí misma.

Por eso clamamos por una comisión de esclarecimiento ¡ya!

20 de mayo de 2021 – Sede Almacén Éxito Calipso, Cali – Secuestro, violencia y posible tortura

Esa noche no dormía nadie. En el barrio Calipso de Cali, los gritos se colaban entre las rendijas de las casas y el concreto del almacén Éxito parecía tragar gente. Los vecinos juraban que dentro había presos, que se escuchaban los gritos y  los golpes. Un comando del ESMAD custodiaba el lugar como si fuera su cuartel. A quien se acercara, lo espantaban con una granada en la mano. Veinticuatro horas después, cuando por fin entraron los organismos de derechos humanos, lo que vieron no se olvida: sangre seca en el piso, manos marcadas en las paredes, rastros de lo que pudo ser un infierno.

20 de mayo de 2021 – Nacional – Instalación de la Mesa Nacional de Evaluación de Garantías para la Protesta Social

Mientras tanto, en Bogotá se firmaban papeles. Se instalaba la Mesa Nacional de Garantías, una promesa que nacía vieja, arrugada. El decreto 003 era un vestido bonito sobre un cuerpo lleno de moretones. Había protestas, sí, pero también muertos, desaparecidos, presos sin razón. Lo que se discutía en los salones del poder era apenas un eco lejano de lo que ardía en las calles.

20 de mayo de 2021 – Varias ciudades – Hostigamiento, desapariciones forzadas, tortura y violencia estatal

Los panfletos volaban como palomas negras. Jóvenes señalados, perseguidos, cazados. Algunos aparecían muertos, otros no aparecían nunca. A los que volvían se les notaba el miedo tatuado en la piel. Cuerpos con signos de tortura, con los ojos aún abiertos de tanto horror. Era la política del terror con uniforme y presupuesto.

20 de mayo de 2021 – La Romelia, Pereira – Detenciones arbitrarias, golpes y judicialización fallida

En La Romelia, Pereira, la noche trajo un operativo militar con 200 soldados. Parecía guerra. Detuvieron a 23 jóvenes; once fueron llevados ante un juez, golpeados, encadenados, tratados como criminales. Nada probó la fiscalía. Salieron libres tras quince horas de audiencia, pero con el alma doblada y los cuerpos rotos por el sol, la sed y los grilletes.

20 de mayo de 2021 – Parque de los Niños, Bucaramanga – Hostigamiento a comunicadores populares

En Bucaramanga, lo que dolía era la palabra. Periodistas populares fueron señalados como vándalos por los mismos que debían representar al pueblo. Fotografías, videos, insultos desde las curules. La libertad de prensa era un delito si mostraba la represión.

20 de mayo de 2021 – Viaducto García Cadena y Estación Central de Policía, Bucaramanga – Detenciones arbitrarias, agresiones físicas y amenazas

A Johan Ferney y Camilo Andrés los atrapó dos veces la policía. La primera, para callarlos. La segunda, para castigarlos. Los golpearon, los esposaron a unas vallas siete horas sin baño ni comida. Las amenazas les llegaban al oído como cuchillos: violación, muerte, exterminio.

20 de mayo de 2021 – Vía a Cali (sector Río Ovejas) – Ataque con artefacto explosivo contra Guardia Indígena

En la vía Panamericana, los comuneros indígenas eran puente y no barricada. Llevaban comida, medicina, vida. Pero siete encapuchados les tendieron una trampa. Lanzaron un artefacto explosivo que no mató, pero dejó claro el mensaje: aquí no se permite la paz.

20 de mayo de 2021 – Tuluá, Valle del Cauca – Asesinato y heridos por ataque armado contra manifestantes

En Tuluá, a la altura de la curva de las feas, un joven de la Primera Línea cayó. Lo mataron dos hombres que salieron del cañaduzal con plomo en las manos. Dos más quedaron heridos. Fue una emboscada pensada, planeada, ejecutada con precisión criminal.

20 de mayo de 2021 – Cali (Siloe, Univalle, Calipso, Paso del Comercio) – Ataques armados, detenciones arbitrarias y uso de centro de tortura La ciudad ardía en varios frentes.

En Siloe, gases y balas. En Calipso, un muerto más y camionetas sin placas rondando con hombres sin nombre. En Univalle, cuatro detenidos sin paradero. En la Simón Bolívar, el almacén Éxito se convertía en un centro de tortura improvisado, con sangre que el jabón no borró. En Paso del Comercio, motorizados disparaban a las ocho de la noche: dos muertos, varios heridos. Cali era un mapa de horror.

21 de mayo de 2021  – Cali – Uso irregular de vehículos oficiales

Un carro sin placas, con hombres armados, con uniforme y sin nombre. En Cali, ese 21 de mayo, la legalidad era un disfraz. Los mismos vehículos oficiales se prestaban para las sombras, para borrar huellas, para desaparecer la ley.

21 de mayo de 2021 – Tuluá y San Pedro (Valle del Cauca) – Ataques armados por civiles y asesinato

A medianoche, en Tuluá y San Pedro, los civiles armados salieron de cacería. Uno fue capturado, otro logró disparar desde un carro. Dos muertos más. Tres heridos. El pueblo respondió incendiando el vehículo del asesino. Era la única justicia posible en medio del caos.

21 de mayo de 2021 – Cartago – Represión policial, heridos y detenciones arbitrarias

En Cartago, el ESMAD entró como si fuera una invasión. Lanzó granadas, gases, detuvo sin razón. Heridos por todos lados, casas rotas, niños llorando. A un detenido lo dejaron grave y sin atención. Las motos de la policía ardieron. Algunos decían que fueron ellos mismos quienes les prendieron fuego, para culpar a los otros.

21 de mayo de 2021 – Cali y Yumbo – Uso excesivo de la fuerza y perfilamiento racial

Organismos de derechos humanos documentaron que entre el 28 de abril y el 21 de mayo de 2021, al menos 39 muertes en Cali y Yumbo estarían relacionadas con uso excesivo de la fuerza pública. De las víctimas, al menos 11 eran personas afrodescendientes, lo cual evidencia un patrón de violencia racializada.

21 de mayo de 2021 – Colombia – Detenciones ilegales, tortura y desapariciones temporales

Los centros de detención eran cualquier sitio: buses, estaciones, supermercados. A Edwin lo orinaron, lo golpearon, lo hicieron firmar papeles. A Duglan lo extorsionaron. Las familias pagaban por tenerlos de vuelta, vivos o al menos enteros. Era una cadena de tortura que se tejía en la impunidad.

21 de mayo de 2021– Soledad, Atlántico – Violencia sexual y homofobia en detención

En Soledad, tres jóvenes fueron arrestados. Uno era gay. A ese le fue peor. Lo manosearon, lo penetraron con los dedos, se burlaron de su orientación. La policía reía. La tortura tenía forma de chiste homofóbico.

22 de mayo de 2021– Cali, punto de concentración Calipso – Lesión ocular a defensor de derechos humanos

Yonatan Castillo no fue a protestar. Fue a defender derechos. Lo dejaron medio ciego. La policía le lanzó gases al rostro como quien lanza una piedra. Otra vez, el enemigo era quien protegía a los demás.

22 de mayo de 2021– La Delfina, Valle del Cauca – Ataque armado y uso indiscriminado de gases

A las 2:30 a.m., mientras la comunidad indígena dormía en La Delfina, el ESMAD atacó con armas, granadas, gases y perdigones. Niños, mujeres, abuelos despertaron en medio del humo y el estruendo. No había crimen, solo descanso. Pero el descanso también era resistencia.

22 de mayo de 2021 – Cali, barrio Calipso-Puerto Madera – Ataque armado, homicidios y represión a la prensa

Cayó la noche y con ella el estruendo. El ESMAD y el GOES entraron a Calipso como si fuera territorio enemigo. No hubo aviso ni medida. Gases, explosivos y ráfagas de fusil contra un barrio lleno de gente. Dispararon a todo lo que se movía.

Jhon Erik, un pelado con los sueños intactos, cayó por un disparo en el pecho. Otros cinco quedaron heridos. También atacaron a periodistas y defensores de derechos humanos. Lo dicen los vecinos: fue una cacería. La policía disparó como si la ley les diera licencia para matar. Y el Estado, mudo. Cómplice.

23 de mayo de 2021 – La Guinea, Corregimiento de Cisneros, Dagua – Ataque con fusiles, gases y detenciones arbitrarias

El 23 de mayo amaneció con fusiles. En La Guinea, cerca de Cisneros, Dagua, no hubo diálogo ni advertencia. El ESMAD y el Ejército cayeron de golpe sobre el punto de resistencia: gases, disparos y gritos. Había niños, mujeres, viejos. No importó. Tres fueron retenidos —una mujer y dos menores del Cabildo Indígena Nuevo Despertar—, y uno más desapareció entre el monte. La ORIVAC alzó la voz, pero el estruendo del Estado, otra vez, quiso apagarla a plomo.

23 de mayo de 2021 – La Paila, norte del Valle del Cauca – Amenaza de detención e intimidación por policías de civil

En La Paila, donde el Valle se despide y el Quindío empieza, la protesta seguía firme. Pero esa tarde no llegaron uniformados: llegaron de civil, con cara de nadie y armas escondidas. Querían llevarse a alguien —no dijeron a quién ni por qué. La comunidad se plantó y les torció el plan. No se fueron sin dejar rastro: grabaron rostros, lanzaron amenazas y se perdieron entre la gente como sombras. La Policía calló. Y el miedo quedó sembrado.

23 de mayo de 2021– Cali, Puente de los Mil Días – Ataque armado a toma cultural comunitaria y agresión a la prensa

Eran las 5:50 de la tarde. En el Puente de los Mil Días, la comunidad bailaba, cantaba, resistía. Era una toma cultural, no una batalla. Pero la Policía llegó con fusiles. Dispararon aunque había niños, viejos, y cuerpos quebrados por la vida. No hubo heridos, pero el miedo se quedó a vivir ahí.

Esa noche, la gente señaló al hotel Eclipse: desde allí —decían— operaban agentes encubiertos. El Canal 2 fue a comprobarlo. Los recibieron a tiros. Así, en la cara, contra la prensa, contra la verdad.

23 de mayo de 2021 – Cartago, Valle del Cauca – Ataque del ESMAD a manifestantes y heridos civiles

Cuando la tarde se apagaba, el ESMAD encendió el caos en Cartago. Llegaron con sus trajes de guerra y rompieron la protesta a golpes y gases. Varios civiles cayeron heridos, sin más culpa que la de alzar la voz. La gente, cansada de tanta bala y tanto olvido, pidió lo básico: que el Estado deje de disparar contra su propio pueblo.

24 de mayo de 2021 – Panorama nacional

Gobierno y Comité del Paro firmaron un preacuerdo: garantías para la protesta, dijeron. Palabras que suenan bien, sobre el papel. Pero ese mismo día, en varias ciudades, la represión siguió su curso, implacable, como si nada hubiera cambiado. La distancia entre el diálogo y la realidad, a veces, es una herida abierta que no deja de sangrar.

24 de mayo de 2021 – Cali – Allanamiento violento a defensora de derechos humanos

A las 3 de la mañana, sin aviso ni orden clara, la Policía, el GOES y la SIJIN, algunos vestidos de civil, destrozaron la puerta de Sandra Castro. Ella, defensora de derechos humanos, guardaba en su casa la memoria del Paro Nacional: registros, documentos, pruebas. Todo fue arrebatado. No la dejaron ni vestirse ni llamar. La violencia no solo fue contra su hogar, sino contra la resistencia misma. El Estado, otra vez, tocando puertas donde debería proteger.

24 de mayo de 2021 – Cali y Popayán – Allanamientos simultáneos y capturas a líderes sociales

Mientras en la casa de Sandra Castro sonaba el golpe violento, en Cali otras ocho viviendas de líderes sociales fueron allanadas. Seis personas capturadas, entre ellas defensores del Observatorio “Pedro Vaca”. En Popayán, la persecución siguió el mismo camino: casas invadidas, derechos pisoteados, denuncias en el aire. Todo fuera del horario legal, sin respeto por las garantías mínimas. El gobierno de Iván Duque no solo mira hacia otro lado, sino que pone la mano en la balanza para aplastar la resistencia.

24 de mayo de 2021 – Cali, Puerto Resistencia – Corte de servicios y militarización

El 24 de mayo, en Puerto Resistencia, apagaron la luz y callaron las voces digitales. Cortaron la electricidad, el Wi-Fi, los datos móviles. Dos camiones policiales rodearon el punto de encuentro como perros de presa. Los defensores de derechos humanos miraban con miedo, esperando el golpe que parecía inevitable. La calma antes de la tormenta.

24 de mayo de 2021 – Cali – Presión empresarial para asistir a marcha

En Cali, para la marcha del 25 de mayo, no fue sólo la calle la que se llenó de protestas. Empresarios presionaron a sus trabajadores para que asistieran con camisa blanca. La consigna venía con amenaza: quien no cumpliera, podía perder el empleo. Así se fabrica la protesta obligada, entre miedo y obediencia.

24 de mayo de 2021 – Cali – Desaparición forzada de dos jóvenes

Eran las 6:20 de la tarde cuando la policía se llevó a Alejandro Mosquera y Carlos Ocampo, en la esquina de la calle 70 con carrera 7. Dos jóvenes desaparecieron sin dejar rastro. Hasta ahora, nadie sabe dónde están. El silencio de las autoridades pesa más que cualquier respuesta.

24 de mayo de 2021 – Cali, barrio Quintas de Salomia – Uso excesivo de fuerza policial

En la noche, mientras el ministro Molano hacía discursos en el Senado sobre “protocolos” para la fuerza pública, en Quintas de Salomia la policía respondía con balas a la protesta. Palabras de un lado, plomo del otro. Así se escribe la historia de este país.

24 de mayo de 2021 – Pronunciamiento institucional

La UBPD y la ONU dijeron que el Estado por fin movió fichas ante las denuncias de desapariciones en las protestas. Un avance, dicen, pero para muchos organizaciones sociales, esas acciones son un espectáculo con poca luz y muchas sombras. La verdad, esa que la gente reclama, sigue esperando su turno.

 

24 de mayo de 2021 – Universidad de Pamplona, Norte de Santander

Veinticinco estudiantes en la Universidad de Pamplona, firmes en su plantón, fueron atacados por civiles armados con perdigones. La violencia los obligó a dispersarse, a dejar la lucha por miedo a perderlo todo: su vida, su seguridad. Así apagan voces que solo buscan ser escuchadas.

24 de mayo de 2021 – Soacha, Cundinamarca-Irrupción violenta, detenciones y persecución

En Soacha, el ESMAD no solo llegó a reprimir, llegó a sembrar miedo y caos. Detuvieron a manifestantes y a gente que nada tenía que ver. Familiares y abogados golpearon puertas que no se abrieron. El Comando de Policía negó información, ocultó a los detenidos como si fueran sombras.

Al caer la tarde, con el Centro Comercial Ventura de testigo, comenzó la cacería. Lanzador múltiple «Venom», drones, helicópteros; tecnología al servicio de la represión indiscriminada. La gente huyó, buscando refugio, pero el miedo quedó pegado a las calles.

25 de mayo de 2021- Cali- Persecución a periodistas y abogados

Alberto Tejada, del Canal 2, y el Equipo Jurídico N21 no solo documentaban, también resistían. Pero el poder les puso el ojo: seguimientos constantes y hostigamiento. En la noche, disfrazados de trabajadores de telefonía, acosaron al Equipo Jurídico que estaba en su lugar de trabajo, analizando, registrando, haciendo memoria junto a Justicia y Paz.

La persecución no perdona ni a quienes luchan con palabras y pruebas.

25 de mayo de 2021- Amenaza directa a defensor de derechos

Rodrigo Becerra recibió un mensaje que no se olvida fácil: una foto de un panfleto amenazando a líderes del paro, con el nombre de su hijo. El miedo llegó a la familia, la intimidación tocó la puerta de lo más sagrado. El mensaje es claro: la resistencia tiene precio, y la amenaza, nombre propio.

 

El infierno en el Dollarcity de Siloé: lo que nadie cuenta del asesinato de Didier Andrés Quintero

La noche del 28 de mayo de 2021, cuando se cumplía un mes del estallido social que sacudió a Colombia, el barrio Siloé, en Cali, vivió una jornada que dejó marcas imborrables. La memoria oficial habla de saqueos, disturbios, y violencia desbordada. Lo que pocos se atreven a contar es que esa noche, en un almacén Dollarcity vacío desde el inicio del paro, jóvenes manifestantes fueron encerrados, incendiados y algunos, asesinados. Uno de ellos fue Didier Andrés Quintero, de 17 años.

El encierro

En la versión que no salió en los boletines de prensa ni en los informes oficiales, testigos relatan que policías vestidos de civil, con chalecos antibalas, ingresaron al Dollarcity de Siloé acompañados por la fuerza pública. Dentro del almacén, donde ya no quedaban productos ni señales de saqueo, fueron encerrados varios manifestantes. Afuera, los gases y los disparos. Adentro, la desesperación.

«Había humo, gritos. No era un saqueo, era una trampa», dice un joven que logró escapar. La comunidad, al ver el fuego, rompió un muro del local comercial. Por ese hueco salieron los muchachos como pudieron: algunos con las ropas quemadas, otros arrastrándose, y varios más fueron detenidos por los mismos hombres que provocaron el incendio.

Didier: el joven barbero que quería estudiar

Didier Andrés Quintero no salió con vida. Tenía 17 años, trabajaba como barbero para ayudar a su familia y soñaba con seguir estudiando. Era alegre, entusiasta y solidario. Quienes lo conocieron recuerdan que no le gustaba la violencia, pero sí la justicia. Fue alcanzado por los hombres de civil cuando intentaba huir. Lo subieron por la fuerza a una camioneta. Horas después, su cuerpo apareció en el sector La Playa del barrio Brisas de Mayo, con siete impactos de bala y rastros de quemaduras.

“Lo mataron para sembrar terror”, dice una lideresa comunitaria. “Era un niño, no un criminal”.

La orden que incendió el país

El asesinato de Didier se inscribe en un contexto de represión sistemática contra la protesta. El 28 de abril de 2021, Colombia salió a las calles en rechazo a las políticas del presidente Iván Duque Márquez. Dos días después, el expresidente Álvaro Uribe Vélez escribió un trino fatídico: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas…” La violencia se institucionalizó.

El 2 de mayo, Duque decretó la asistencia militar en las ciudades, figura que no sólo fue inconstitucional sino que dio vía libre a la militarización de la protesta. En Cali, epicentro de la resistencia, la represión fue brutal, selectiva y planificada.

El 28 de mayo, Duque y el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, estuvieron en la ciudad, avalando públicamente las operaciones. Ese mismo día, en Siloé, más de 60 personas fueron detenidas, algunas golpeadas, torturadas y trasladadas a lugares no oficiales, como el sótano de la Fiscalía. Otros fueron judicializados por terrorismo, sin pruebas.

La narrativa oficial: el silencio cómplice

La Fiscalía, en lugar de investigar los crímenes cometidos por agentes estatales, optó por ocultar. En medio de la tragedia humanitaria, la institución mantuvo una actitud de inoperancia e incluso persecución contra líderes sociales y manifestantes. El fiscal Francisco Barbosa, cercano al poder político, encabezó una gestión marcada por la cooptación institucional y la impunidad.

El asesinato de Didier Andrés Quintero no ha tenido justicia. Ni el coronel Edgar Vega Gómez ni el teniente Néstor Mancilla Gonzales, quienes lideraban los operativos ese día, han sido llamados a responder. Ninguno de los civiles armados y protegidos con chalecos antibalas ha sido identificado formalmente.

Siloé: herida abierta

El barrio Siloé fue durante el paro un bastión de dignidad popular, pero también el epicentro de la represión. Aquella noche, además de Didier, fueron asesinados Michel Aranda y Daniel Stiven Sánchez Quiceno. El Estado sembró terror para apagar el fuego de la protesta, pero el eco de sus crímenes sigue resonando.

Didier no murió en un saqueo. Fue asesinado tras ser retenido ilegalmente, quemado y ejecutado por quienes debían proteger la vida. Su caso, como el de tantos otros, sigue esperando verdad y justicia.

Porque a veces, para matar la esperanza, primero hay que prenderle fuego.

Por: Sofía López, abogada y Periodista de la Corporación Justicia & Dignidad.

Daniel Sánchez, 4 años de Impunidad

A esta hora, un 29 de mayo de hace cuatro años, los vecinos de Siloé ya sabían. Las redes lo habían dicho con la crudeza de una imagen que no puede borrarse. Los familiares aún lo negaban. Aún tenían esperanza. Aún lo buscaban. Pero la verdad cayó como un ladrillo desde la boca de alguien que no quería decirlo, que lo murmuró como una disculpa: “encontramos el cuerpo de Daniel”.

Daniel Stiven Sánchez tenía 16 años. Era del barrio, de los que madrugan con la pala y se acuestan con la esperanza de que lo poquito sirva. Hacía lo que podía para ayudar a su mamá. Esa noche no regresó.

Entonces comenzó la película de terror.

Pero no era una película. Era un guion real escrito desde arriba. Desde las órdenes de Estado. Desde el trino con voz de mando de Álvaro Uribe Vélez autorizando a soldados y policías a usar sus armas para defenderse del «terrorismo vandálico». Desde el decreto de asistencia militar de Iván Duque, que llenó las calles de uniformados, tanquetas y balas, y dejó en las aceras los cuerpos de quienes apenas reclamaban pan, educación, futuro.

El 28 de mayo de 2021, lo detuvieron arbitrariamente en la glorieta de Siloé, frente a Dollarcity. No era un terrorista, era un muchacho. Un adolescente. Le dispararon en la pierna, lo arrastraron como si no doliera. Testigos dicen que lo subieron a una tanqueta del ESMAD. Que pedía ayuda. Que gritaba que era menor de edad. Que los brigadistas intentaron alcanzarlo y también les dispararon.

Esa noche, Siloé ardió en fuego y rabia. Y a la mañana siguiente, el cuerpo de Daniel apareció calcinado dentro del local incendiado. Pero no se había quemado con el fuego. Se había quemado con el silencio.

La Fiscalía dijo que fue un accidente. Que Daniel murió por inhalación de gases calientes. Que se trató de una “culpa exclusiva de la víctima”. Como si él mismo se hubiera golpeado, arrastrado, encerrado. Como si el Estado no hubiera estado allí, con toda su maquinaria, para cazar.

El fiscal de Cali, Jhon Freddy Encinales, repitió esa versión como quien obedece una orden. No investigó. No recibió testimonios clave. No revisó videos ni fotos. No escuchó. No quiso escuchar.

La familia de Daniel tuvo que suplicar para que les entregaran su cuerpo. Medicina Legal se negó al principio, diciendo que no podían identificarlo, aunque ya lo habían hecho. Cuando finalmente lo devolvieron, el cadáver estaba destrozado: cortes sin justificación, suturas irregulares, músculos raspados donde había golpes. Le faltaban pedazos. No solo de cuerpo. También de verdad.

El informe forense tardó un mes en llegar. Los anexos, tres. Cuando llegaron, no coincidían. Las radiografías eran de alguien más. No mostraban fracturas visibles. No mostraban la historia del cuerpo de Daniel. No mostraban nada.

Tampoco hay pruebas de laboratorio. Ni de sus prendas. Fueron entregadas, sí, pero no al expediente. Acabaron destruidas en una funeraria. Lo que podía hablar, fue silenciado.

La investigación pasó un año después a la unidad de Derechos Humanos en Bogotá. La fiscalía 207 apenas repitió entrevistas y amenaza permanentemente con el archivo del caso. No reconstruyó hechos. No judicializó a nadie. El caso sigue flotando en una carpeta con polvo. Sin culpables. Sin justicia. Sin verdad.

Los responsables tienen nombre y rango: Iván Duque Márquez, expresidente; Diego Molano, exministro de Defensa; Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército. Ellos no solo sabían. Ellos ordenaron. Autorizaron. Justificaron. Supervisaron. Y repitieron que todo estaba “bajo control”, mientras el país contaba muertos. Por acción y omisión, por la sistematicidad de los hechos, por la política estatal de represión violenta contra la protesta social, son responsables de crímenes de lesa humanidad. La cadena de mando los incrimina. Las órdenes firmadas los señalan. Las madres que no tienen a sus hijos los acusan.

El presidente Petro prometió una Comisión de la Verdad para esclarecer los crímenes del paro. Lo dijo en campaña, lo repitió en discursos. Hoy, esa comisión no existe. No hay decreto, ni plan, ni escucha real a las víctimas. La promesa murió antes de nacer.

Las víctimas de ese mayo sangriento están hoy peor. Muchas están desplazadas. Amenazadas. Calladas. No pueden siquiera inscribirse en el Registro Único de Víctimas porque la ley no se los permite. Ese registro es solo para víctimas del conflicto armado, como si el estallido social del 2021 no fuera también hijo de esa guerra prolongada, como si no fuera una consecuencia de que Duque le falló a la paz. Los protocolos no reconocen la represión como crimen. El Estado se niega a mirarse al espejo. No reciben ayuda humanitaria. No tienen atención psicosocial. Nadie les protege la vida ni la dignidad. La impunidad es total. Intacta. Triunfante.

A esta hora, hace cuatro años, una madre, doña María Deiba, recibió la noticia que le arrancó la mitad del alma. Desde entonces, Crisol Yurani, hermana de Daniel, se prometió luchar hasta el último día para que el caso no quede en el olvido ni en la impunidad.

A esta hora, hace cuatro años, el país perdía a un hijo más, y ganaba una herida más. Una que no cierra porque no hay justicia. Porque no hay voluntad. Porque a Daniel lo mataron dos veces: primero la bala, luego el olvido.

Y esta historia no es solo la de Daniel. Es la de muchos. Es la de un país que sigue caminando sobre cadáveres mientras promete no repetirlos.

Pero la voz de su madre y su hermana, y la de quienes aún nombran a los que faltan, no ha callado. Sigue latiendo. Aunque tiemble, aunque duela. Porque hay verdades que no pueden quedar enterradas.

Porque cada cuerpo merece justicia. Porque Daniel tenía 16 años.
Y porque a esta hora, hace cuatro años, comenzó un horror que aún no ha terminado.

Por: Sofía López, Abogada y Periodista de la Corporación Justicia & Dignidad

 

 

Bitácora del Horror: Comisión de Esclarecimiento ¡Ya! – Días 17M, 18M y 20M

Ahora que el gobierno habla de un segundo estallido social, no puede permitirse el lujo de olvidar el primero. Porque allí, en las calles que sangraron, en las madres que todavía buscan, en los jóvenes con el rostro tatuado de miedo, sigue latiendo un país que no ha sanado. No puede haber revolución sin memoria, ni cambio sin justicia. No se puede hablar de transformaciones mientras las víctimas del primer grito colectivo siguen esperando que alguien les devuelva el nombre, el cuerpo, la dignidad.

17 de mayo de 2021 – Bogotá, Colombia- Informe Oficial sobre Violaciones en el Marco de la Protesta

En los escritorios de la Fiscalía y la Defensoría se redactan comunicados, no verdades. Allá, entre corbatas y aire acondicionado, anotaron que fueron siete muertos y mucho vandalismo. No más. No dijeron nada del niño que perdió un ojo, ni del joven que no volvió a su casa. Tampoco hablaron de las cárceles improvisadas ni de los golpes que no salen en los noticieros. Las cifras oficiales son frías porque no sienten, y porque quienes las firman nunca han tenido que correr con miedo por la Séptima, ni esconderse en una panadería. Afuera, en cambio, la memoria se tejía en redes y cuadernos, con nombres y lágrimas. Una verdad camina en las calles, la otra se encierra en oficinas con membrete.

17 de mayo de 2021 – Bogotá, carrera séptima con calle 21- Lesiones Personales y Persecución en Bogotá

Cuando cayó la noche, también cayó la electricidad. Apagaron las luces, como si al quitarles el brillo a los postes pudieran tapar los disparos. El ESMAD llegó sin decir palabra y disparó sin preguntar. A Johnatan Giraldo lo marcaron con plomo, y esa herida le quedó en el pecho y en el alma. No lo dejaron llegar al hospital tranquilo. Lo persiguieron como si fuera delincuente, como si curarse fuera un delito. Dicen que también había hombres sin uniforme, armados, disparando con la venia de los escudos. La violencia no caminaba sola: iba tomada de la mano con la impunidad.

17 de mayo de 2021 – Yumbo, Valle del Cauca-Represión Militarizada y Graves Violaciones a los Derechos Humanos

En Yumbo, el amanecer se volvió guerra. Las tanquetas bajaron por las calles como si vinieran a tomar un pueblo enemigo. No había frontera, no había trinchera. Sólo casas humildes y gente que gritaba por pan y dignidad. Los gases entraron por las ventanas, los disparos por las puertas. A un joven con discapacidad lo hirieron buscando a su hermano. En los hospitales, el miedo era más grande que el dolor. Nadie quería ser curado si eso significaba ser capturado. Los indígenas Nasa estaban allí, como siempre: resistiendo. A uno lo bajaron del carro a golpes, a otra le intentaron arrancar la dignidad en plena calle. Las tanquetas no sólo disparaban, también filmaban. A los encapuchados los armaron para que justificaran la represión. Y cuatro jóvenes no volvieron a ver el sol. En Yumbo, la protesta fue enterrada con plomo.

17 de mayo de 2021 – Cartago, Valle del Cauca-Represión y Violencia Estatal Contra la Población

En Cartago, la represión fue puntual, como una carta enviada desde Yumbo. Llegó con gases, con motos, con gritos. Era la lección del miedo. Pero también hubo resistencia, solidaridad, vecinas que abrían las puertas, enfermeros que atendían sin preguntar. La comunidad entendió que la represión no era local: era nacional. Y que el silencio también mata. Por eso exigieron, entre el humo y la rabia, que pararan la masacre.

 

18 de mayo de 2021 – Cali – Homicidio- Julio César Caicedo Salguero

Julio César no quería pagar un peaje ilegal. Iba en moto, se bajó, caminó, y un joven armado le disparó cinco veces. Cayó en seco, en el asfalto de Calimío. Su familia cargó el cuerpo hasta el hospital porque ni la policía quiso entrar al barrio. Así lo mataron: por caminar libre en una ciudad sitiada por el miedo.

 

18 de mayo de 2021 – Puerto Madera, Cali- Represión con disparos y heridos

A las 7:50 de la noche, en Puerto Madera, la protesta se hacía con cacerolas. Entonces llegaron dos hombres en moto y dispararon sin mirar. Dos jóvenes cayeron. Al principio nadie entendía. Después, la rabia fue más clara que la pólvora. No era casual: era mensaje.

 

18 y 19 de mayo de 2021 – Bajo Cauca, Antioquia- Represión violenta contra protesta campesina, indígena y minera

En el Bajo Cauca, los campesinos, los indígenas y los mineros caminaron juntos por sus derechos. Marchaban por la tierra, por la vida, por el derecho a existir. Pero la respuesta fue plomo, gas caducado, represión sin rostro. Mandaron infiltrados a dañar la protesta, a romper la palabra. A los líderes los marcaron, a los niños los hirieron. El Estado se disfrazó de enemigo.

 

19 de mayo de 2021 – Bucaramanga, Santander- Represión con heridos graves

Un joven corría. Atrás venía el Esmad. Le dispararon un gas directo al rostro. Cayó. Tenía la cara rota, la piel quemada. Nadie lo ayudó. Esa noche, Bucaramanga entendió que el dolor no se improvisa: se planifica.

 

19 de mayo de 2021 – Barrancabermeja, Santander- Uso ilegal de establecimientos comerciales para detenciones y violaciones a derechos humanos

Las tiendas de barrio se volvieron cárceles. Las fincas, centros de detención. Allí metían a los jóvenes, sin orden, sin juez. Los defensores de derechos humanos no podían entrar. Eran tratados como enemigos. En el barrio Boston, el miedo era la nueva moneda. Y las armas, el nuevo idioma.

 

19 de mayo de 2021 – Usme, Cundinamarca, Ciudad Bolívar- Represión generalizada y afectación a civiles

En Usme y Ciudad Bolívar, la guerra entró por las ventanas. El gas durmió con las familias. A los niños les ardían los ojos, a las abuelas se les cortaba la respiración. Cortaron la luz, tumbaron puertas, persiguieron a quienes daban agua o refugio. No buscaban vándalos: buscaban sembrar terror.

 

19 de mayo de 2021 – Cali- Represión con asesinatos y violencia sexual

A Angie Johana Valencia la mató una bala que entró al Éxito sin pagar. En Puerto Madera, volvieron los disparos desde motos. Mujeres fueron agredidas sexualmente. Callaron, porque el miedo también aprieta la garganta. En Calipso, los médicos eran acosados por ayudar. Ni la salud fue neutral.

19 de mayo de 2021 – Varias localidades-  Represión y hostigamiento a defensores de derechos humanos

A los que defendían la vida les lanzaron gases vencidos, los golpearon, los siguieron. Les dijeron guerrilleros, les dijeron bandidos. Pero eran los que buscaban a los desaparecidos, los que cargaban listas y fotografías. En esos días, defender derechos humanos era ponerse una cruz en la espalda.

Hoy, cuando el gobierno de Gustavo Petro habla de un segundo estallido social, debe tener claro que el primero no ha terminado. Que la herida sigue abierta. Que la dignidad no se repara con discursos. Que no hay revolución sin justicia ni justicia sin memoria. Las víctimas del 2021 no son parte del pasado: son el presente incómodo que exige respuestas. No basta con reconocer la represión: hay que hacer justicia. Porque si no se escucha a los que sangraron por un país mejor, la historia volverá a gritar. Y esta vez, con más fuerza.

¡Comisión de esclarecimiento ya!

 

Así amaneció el Cauca: entre cilindros, candidatos y saqueos

Martes 27 de mayo. El gallo no cantó en Rosas: lo silenció el estruendo de un cilindro bomba que explotó en plena vía Panamericana. Porque así es como amanece el Cauca: no con sol, sino con humo. No con esperanza, sino con miedo. Un miedo programado, orquestado, rentable.

En El Cofre, entre Popayán y Piendamó, hombres armados montaron un espectáculo de rutina: camión atravesado, vehículos pintados, cilindros puestos como adornos letales. En Caloto, otro cilindro cerraba el paso, como si el camino estuviera vetado por decreto de guerra. En Miranda, vereda Guatemala, un artefacto explosivo esperaba pacientes en la carretera, mientras la gente cruzaba por el costado, como si fuera normal. Y en Santander de Quilichao, pancartas de un grupo armado amanecieron colgadas en la zona urbana, como si fueran anuncios de supermercado.

En Guachené también hubo pancartas, grafitis y el mismo silencio de siempre. Un silencio cómplice, burocrático, electoral.

Y que no nos vengan con el cuento de que esto es culpa del gobierno de Petro o del comunismo internacional, o del Castrochavismo. ¡Por favor! Ya nos sabemos esta película. Aquí lo que se está cocinando, otra vez, es una campaña electoral con sabor a plomo y miedo. Las derechas, esas que huelen a moho de finca ganadera y a whisky de club militar, ya activaron su maquinaria: retórica de orden, camuflado a la medida, y el viejo truco del “enemigo interno”.

Porque claro, ¿qué mejor forma de vender el viejo cuento de la “seguridad” en el 2026 que sembrando más caos desde ahora? Los comerciantes de la guerra saben lo que hacen: entre más explosiones, más rating. Entre más cilindros, más contratos. Entre más miedo, más Cabal. Porque sí, entre más cilindros en El Cofre o en Rosas, más posibilidades de verla a ella no solo en el Congreso, sino —Dios no lo quiera— en la Presidencia. Colombia no puede caer más bajo. Pero ojo, que siempre hay un sótano más.

El libreto está escrito: se intensifica la violencia, se agita el fantasma del terrorismo, se promete mano dura, se esconde el saqueo. Y el pueblo, ¿qué? El pueblo sobrevive. A pie, esquivando explosivos, cruzando puentes bajo riesgo, esperando que alguien gobierne sin necesidad de armarse hasta los dientes.

Ya sabemos quiénes son, qué quieren y a qué vienen: a repetir el ciclo de siempre. No más Uribes. No más Palomas Valencias con discursos aprendidos. No más candidatas del miedo vendiendo patria como si fuera detergente.

Esto no es seguridad. Es una estrategia de campaña. Una campaña de horror, de sangre y de cinismo.

Así amanecimos en el Cauca. Y si a usted le sorprende, es porque nunca ha tenido que vivir entre la pólvora, la propaganda y la indiferencia.

Por Sofía López, abogada y periodista de la Corporación Justicia & Dignidad

 

 

 

 

Los Once de Jericó #EstoyConLos11DeJericó #FueraAngloGold

A veces, en Colombia, ser campesino ya es una forma de delito.

Y si se defiende el agua, peor.

Y si se enfrenta a una multinacional, entonces ya no hay dudas: el Estado afila su pluma y levanta cargos.

Desde el 13 de mayo de 2025 se reanudó la audiencia de imputación contra 11 campesinos de Jericó, Antioquia. La Fiscalía pretende acusarlos de secuestro simple, hurto calificado, daño en bien ajeno y lesiones personales. Entre ellos hay un hombre de 85 años. Lo más grave: pretenden imponerles medida de detención preventiva.

Ninguno cometió esos delitos. El verdadero “crimen” fue resistir, quedarse, cuidar el territorio.

La Fiscalía —esa que debería proteger la vida— hoy le hace el mandado a AngloGold Ashanti, la misma empresa que perfora montañas sin permiso, contamina fuentes de agua y amenaza a quienes estorban en su ruta dorada. La misma que en sus comunicados habla de “diálogo”, mientras opera en la sombra; que dice “progreso”, mientras arrasa cafetales y envenena nacimientos.

El caso de Jericó no es judicial: es político. Es una advertencia para todo el Suroeste antioqueño. Se persigue a estos once como se persiguió a los líderes sociales en Cajamarca, como se silenció a los guardianes del Atrato, como se criminaliza a quien se atreva a decir “no”.

Pero los campesinos resisten como la montaña.

Con la dignidad antigua de quien sabe que el agua no se negocia, que la tierra no se arrienda, que la vida no se entrega.

Lo intentaron todo: acuerdos municipales, reformas al ordenamiento territorial, consultas populares.

Y cuando ya no quedó vía legal, levantaron la voz.

¿Y qué hizo el Estado? Se hizo el sordo. Y después, el cómplice.

Hoy, mientras la Fiscalía redacta acusaciones, Jericó recuerda. Recuerda que las leyes también fueron hechas para proteger.

Que la protesta no es un delito.

Que defender el territorio es un derecho.

Tenemos que sumarnos.

Exigir su libertad inmediata.

Que regresen a sus veredas, a sus cafetales, a sus ríos.

Que sigan defendiendo la vida.

Por eso, hoy más que nunca:

#EstoyConLos11DeJericó

Porque no están solos.

Porque no pedimos justicia: la exigimos.

Porque cuando los ríos callan, es el campesino quien habla.

Por defender el territorio, NO deben ser privados de la libertad.

Por ejercer su derecho a la protesta pacífica, NO deben ser privados de la libertad.

Por cuidar la vida, NO deben ser privados de la libertad.

A la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo:

¿Qué mal le queda a su Fiscalía perseguir la protesta social para favorecer a una empresa que viola derechos humanos?

Señor Presidente Gustavo Petro:

¿Qué mal le queda a su gobierno —que dice ser Colombia Potencia Mundial de la Vida— permitir que una multinacional que viola derechos humanos se salga con la suya?

¡Libertad para los 11 de Jericó!

Corporación Justicia y Dignidad

Los cuerpos marcados y la justicia de espaldas 25 de mayo de 2025 – Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual

En la vereda La María, en Jambaló, al norte del Cauca, el 10 de junio de 2009 dejó de ser un día cualquiera. Para una mujer —cuyo nombre aquí no diremos porque aún la protegen el silencio y el miedo—, ese fue el día en que dos soldados del Ejército Nacional, Carlos Pulgarín y Héctor Elías Luján, le arrebataron la vida tal como la conocía. La interceptaron cuando caminaba, como tantas veces, por el monte que une a su comunidad con el resto del país. La violaron. Eran miembros activos de la Tercera Brigada.

El horror no terminó ahí. Quien la encontró después fue otro militar, que no se hizo el de la vista gorda y reportó el hecho. Fue él quien activó —a su modo— un intento de justicia. Pero lo que siguió fue otro tipo de violencia: amenazas, operativos disfrazados de presencia militar en su casa, seguimientos, miedo. Su abogada también fue testigo de esa persecución, de cómo se convirtió en objetivo solo por atreverse a hablar.

Ella vivía en Chimicueto. Tenía sueños simples: estudiar secretariado, cuidar a su familia, vivir en paz. Pero la guerra se le metió hasta los huesos. La Fiscalía encargada, bajo el mando del reconocido fiscal Juan Carlos Olivero —eterno funcionario de la Unidad de Derechos Humanos en Cali, tristemente célebre por maltratar a las víctimas y promover la impunidad en el suroccidente colombiano— recibió la denuncia, pero convirtió el proceso en una sala de interrogatorios que hurgaban más en su dignidad que en la responsabilidad de sus agresores. No hubo enfoque diferencial, ni perspectiva de género. Solo papeles, demoras y un sistema ciego.

Años después, logró que los responsables fueran condenados. Pero uno de ellos, Carlos Pulgarín, se fugó. No está tras las rejas. Hoy, se encuentra en libertad gracias a los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz. El otro también camina sin restricciones. Ella, en cambio, vive desplazada. Medianamente reparada por la justicia contencioso-administrativa —una indemnización sin alma, sin abrazo, sin verdad—, intentó levantar a su familia.

Pero la guerra volvió. En noviembre de 2023, su hijo menor de edad fue reclutado por un grupo armado. No supo más de él. La historia volvió a empezar.

Más al sur, en Puerto Caicedo, Putumayo, octubre de 2004 es recordado como el mes más oscuro por ocho mujeres. Juan Pablo Sierra Daza, apodado “el monstruo”, las violó en una sola semana. También asesinó a Rosalía, una campesina, y a Juan Guillermo, un niño motorista. No fue un delito aislado. Fue una operación de terror cometida con los paramilitares de las AUC. Las autoridades lo sabían. La comunidad lo gritó. Pero años después, Sierra Daza también se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y también quedó libre.

Las víctimas, en cambio, no han vuelto a caminar tranquilas por sus calles. Cambiaron de casa. Algunas, de nombre. De vida. La justicia no fue hecha para ellas.

Ambos casos están hoy en etapa de fondo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El primero cuenta incluso con medida cautelar. Pero ni siquiera eso ha sido suficiente para que haya una verdadera posibilidad de justicia.

Estos dos casos, de la Colombia invisible, nos muestran lo mismo: un sistema judicial que se arrodilla ante la impunidad, una paz que no se negoció con las mujeres en el centro, y un país que les sigue fallando. Hoy, Día por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual, no se trata de cifras ni conmemoraciones vacías. Se trata de reconocer que el cuerpo de las mujeres ha sido campo de batalla y que la justicia, muchas veces, ha sido cómplice por omisión.

Ellas no han pedido venganza. Solo han pedido verdad, reparación y garantías de no repetición. Pero ni siquiera eso han recibido.

Por Justicia & Dignidad

Diez muertos en cuatro días: el Cauca bajo el fuego

El café sigue brotando en las lomas del norte y el oriente del Cauca, pero la sangre también. En pueblos como Miranda, Toribío, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Puerto Tejada, Páez-Belalcázar, Caloto… la muerte se volvió rutina. No baja en helicóptero ni anda camuflada: se desliza como el río en invierno, lenta, sucia, inevitable. Y esta semana llegó con furia.

El lunes 19 de mayo, como si fuera un pacto entre sombras, la violencia se desató por partida múltiple. En Miranda, a las 9 de la noche, sonaron los disparos en el barrio Villa Paola. Andrés Mauricio Casamachín y Darwin Realpe, conocido como Gemelo, cayeron acribillados. Uno murió en el acto, el otro alcanzó a ser llevado al hospital, pero la muerte ya lo había alcanzado. Eran jóvenes de la vereda Monterredondo. No se sabe quién ni por qué. En el norte del Cauca, esas preguntas valen la vida.

Horas antes, en la madrugada del lunes, otra tragedia golpeó a Toribío. En la vereda Soto, corregimiento de Tacueyó, un concierto en el balneario Piedra Grande terminó en masacre. Mauricio Capote, futbolista aficionado e hincha furioso del Deportivo Cali, y su hermano José Capote, conocido como DJ José, fueron asesinados a tiros. Una tercera persona resultó herida. El cabildo indígena abrió investigación, pero nadie ha dicho nada. Solo el eco de la música, ahora roto, y el llanto de una familia que perdió a dos de los suyos.

Ese mismo día, en el oriente caucano, Pedro Antonio Jorge, comunero del resguardo de Cohetando, fue asesinado tras acudir a una cita en el puente El Naranjal, sector de Tálaga, zona rural de Páez-Belalcázar. Allá fue interceptado por hombres armados que lo ejecutaron a balazos. Su cuerpo fue hallado horas después por campesinos que dieron aviso a las autoridades indígenas. El 20 de mayo, en la vereda La Palma, lo despidieron con bastones de mando alzados y la voz colectiva de un pueblo que ya no sabe cómo pedir respeto por la vida. “La vida es sagrada”, repitieron los mayores. Pero parece que para otros no lo es.

El martes 20, en Santander de Quilichao, Jhoiner Darío Peña Mulcue, de apenas 18 años, fue asesinado en el barrio Panamericano. Caminaba como caminan todos los muchachos allá: con los sueños en la cabeza y el miedo en la espalda. Le dispararon sin más. No era la hora de morir, pero en este territorio a nadie le preguntan.

Ese mismo día, en la vía que conecta Santander de Quilichao con Cali, desapareció Óscar Ortiz, comerciante y dueño del hotel Los Samanes. Lo secuestraron en plena carretera. Hasta ahora no se sabe nada de su paradero. Algunos señalan a las disidencias, otros prefieren callar. Pero en el norte del Cauca, el silencio también mata.

El jueves 22, la tragedia se repitió en Puerto Tejada. En el barrio Carlos Alberto Guzmán, sector conocido como 4 Esquinas, José Jaime Castillo Velasco, de 17 años, caminaba junto a un familiar. Un hombre se le acercó como quien saluda, desenfundó un arma, y le disparó por la espalda cuando intentó escapar. Lo llevaron al hospital, pero no sobrevivió. Dicen que el asesino pertenece a la pandilla «Los 23», una de tantas que imponen su ley a sangre fría. José Jaime no tenía antecedentes, ni enemigos, ni tiempo para habérselos hecho. Solo tenía juventud.

Ese mismo jueves, al borde de la vía entre Timba y La Balsa, encontraron un cuerpo. Un hombre joven, de piel morena, sin identificar. Nadie lo ha reclamado. Nadie lo llora en público. Lo mataron como se mata a los que no importan. Y en esta tierra, a los jóvenes los tratan como si fueran prescindibles.

Y en Caloto, en el corregimiento de Alto del Palo, el espanto llegó también. Dos personas fueron asesinadas y hasta ahora sus nombres se desconocen. No hay fotografías, ni versiones oficiales. Solo el miedo que corre por las veredas como el viento por los cañaduzales. Se habla de un ataque armado. Se habla en voz baja. Porque en el norte del Cauca, hablar fuerte puede costar caro.

Diez muertos en cuatro días. Una semana como tantas, pero más encabronante que otras. Porque no fueron enfrentamientos. No fueron errores. Fueron ejecuciones. Jóvenes asesinados en la esquina, en la fiesta, en la calle. Comuneros emboscados en cita. Secuestrados en plena vía. Desaparecidos de un día para otro. Una tierra que ya no se siembra solo de café sino también de velas. Y de miedo.

Mientras el país habla de elecciones, candidaturas, reformas, aquí seguimos contando muertos. Sin titulares. Sin justicia. Sin paz. En el norte y el oriente del Cauca no se vota por el futuro, se reza para sobrevivir al presente.

Por Prensa Justicia & Dignidad