En Cartago, al norte del Valle del Cauca, desaparecer jóvenes ya no es una casualidad. Se ha vuelto parte del negocio. En medio de una guerra entre Los Flacos, La Nueva Generación y La Nueva Alianza, las bandas se reparten la vida de adolescentes y jóvenes, como si fueran mercancía: para el reclutamiento forzado, la explotación sexual, el narcotráfico, la extorsión o, según denuncian las madres organizadas, incluso para alimentar redes de tráfico de órganos que operan en la región.
La violencia no es nueva. En los años noventa, Cartago fue escenario de la expansión del Cartel del Norte del Valle. Las cifras de muertos superaban las de cualquier municipio de su tamaño. Pero lo que se vive ahora es distinto. Desde 2022 hasta marzo de 2025, se han reportado al menos 50 desapariciones y más de 70 asesinatos, la mayoría de ellos contra menores de edad. Sin embargo, las organizaciones sociales afirman que las cifras son mayores. Muchas familias no denuncian por miedo o porque saben que no recibirán respuesta.
Cartago se ha convertido en un corredor estratégico para las economías criminales que conectan el Valle del Cauca con el Eje Cafetero y Antioquia. Desde hace al menos tres años, las desapariciones de jóvenes no solo obedecen a las disputas territoriales de estas bandas. También se explican por la existencia de un mercado: algunos muchachos son forzados a trabajar para las bandas, otros son vendidos a redes externas para ser explotados o, como temen sus familias, para el tráfico de órganos.
Las denuncias se han hecho públicas, pero las investigaciones avanzan a paso lento o no avanzan. En Cartago, no solo se teme a las bandas, también a la indiferencia estatal. Las madres saben que muchas de sus denuncias quedan archivadas sin que se busque realmente a sus hijos.
En medio del miedo, ellas no se han quedado quietas. La Asociación de Madres de Cartago, integrada por 20 mujeres, recorre las calles, investiga por su cuenta y se enfrenta al poder criminal en soledad. Buscan a sus hijos entre potreros, cañaduzales y casas abandonadas. Pegan carteles, comparten fotos, organizan vigilias y se atreven a decir lo que muchos callan: que sus hijos están siendo desaparecidos para sostener la economía ilegal que gobierna Cartago.
Desde 2022, las masacres han regresado. Al menos seis asesinatos múltiples han estremecido a la ciudad. En los barrios populares, la violencia es diaria. Los muertos ya no solo caen en las balaceras; se esfuman, desaparecen. La gente sabe quiénes están detrás, pero guarda silencio. Temen ser los próximos.
“Cartago es un lugar estratégico y, en la intención de consolidar un imperio criminal, esta violencia puede empeorar”, advierte Nicolás León, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación. La disputa entre las bandas no solo es por el microtráfico, también es por la contratación pública y la administración de préstamos ilegales. Todo lo que produce dinero es motivo de guerra.
Pero en Cartago, no hay guerra limpia. Aquí los muertos son jóvenes, y los desaparecidos, más jóvenes aún.
La pregunta es inevitable: ¿Dónde está el Estado? ¿Qué más tiene que pasar para que las autoridades actúen con la contundencia que merece esta emergencia? Las madres han hecho su parte. Ellas han buscado, han denunciado, han sobrevivido. Pero no deberían hacerlo solas.
La omisión ya no es una opción. El silencio de las instituciones es un crimen más.
Por Sofía López Mera, abogada, periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad y del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz.
