No más violencia política contra las mujeres indígenas: El doloroso caso de Sol Guejia Villamil , gobernadora del Valle del Sol

Por décadas, el conflicto ha desplazado a comunidades enteras, arrancándolas de sus tierras y condenándolas a empezar de nuevo en territorios ajenos. Pero hay quienes, en vez de resignarse, reconstruyen lo que les arrebataron. Una de esas personas es Clara Sorany Guejia Villamil, conocida por todos como Sol Guejia Villamil, la mujer indígena que en 2016 fundó el Cabildo Valle del Sol, junto a 22 familias desplazadas del resguardo Kwet Wala, en Pradera, Valle del Cauca.

Sol llegó con su comunidad al municipio de Yumbo y no esperó a que alguien les diera permiso para existir. Organizó a su gente, se instalaron en un predio en el corregimiento de La Buitrera y lo llamaron Sek Ukwe Valle del Sol. No duraron mucho allí. Fueron desalojados de manera irregular, pero en vez de desmoronarse, llevaron su caso a la justicia. Con apoyo de la Corporación Justicia y Dignidad, la lucha escaló hasta la Corte Constitucional, que en 2022 emitió una sentencia que reconoce su situación de desplazamiento forzado, su calidad de víctimas del conflicto armado y el desalojo irregular. Desde entonces, Sol no ha parado de pelear para que el Estado los reconozca y para que la Agencia Nacional de Tierras les entregue el pedazo de tierra que les corresponde.

En agosto de 2024, con la fuerza de los años de resistencia a cuestas, Sol Guejia Villamil propuso en el Sexto Encuentro Intercultural de Saberes la creación de la Guardia Intercultural Humanitaria en apoyo a las madres buscadoras de personas desaparecidas. La idea nació del trabajo conjunto con la Octava Caravana Internacional de Juristas, que ha acompañado la lucha de las comunidades indígenas y de mujeres por la paz en Colombia. Y lo logró. Contra todo pronóstico, en un país donde las mujeres indígenas tienen que remar contra la violencia, el olvido y el machismo, Sol y su comunidad crearon la primera guardia intercultural humanitaria del país.

Pero este acto de dignidad despertó el odio de quienes han hecho de la política indígena su feudo personal. Rafael Ulcúe Perdomo, un viejo zorro del movimiento indígena del Valle, fundador de la Orivac, vio en Sol una amenaza. No podía permitir que una mujer desplazada, que no venía de su línea de poder, construyera algo sin su bendición. Ulcúe, que se ha censado en distintos resguardos según le conviene, decidió imponer a su hija como gobernadora del cabildo Valle del Sol, aunque ni siquiera estaba censada en la comunidad.

El mecanismo fue burdo: inhabilitó a Sol Guejia Villamil para impedirle representar a su pueblo, se apropió de su propuesta de paz —la misma que ella construyó junto con el Movimiento Nacional  de Madres y Mujeres por la Paz— y pidió recursos a la JEP y al Ministerio de Justicia en su nombre.

Lo que siguió fue la violencia de siempre. Amenazas, ataques verbales, hostigamiento. Sol fue obligada a abandonar la comunidad que ella misma fundó. El objetivo es claro: sacarla del camino para quedarse con el control de los 150 millones de pesos que la alcaldía de Yumbo debe entregar a la comunidad. Pero no solo es dinero. También buscan incluir en el censo de la Comunidad del Valle del Sol a personas ajenas a la comunidad, muchas de ellas con líos judiciales, para instrumentalizar la justicia indígena y negociar libertades a cambio de dinero.

Para consolidar su poder, Rafael Ulcúe ha declarado públicamente que cuenta con el respaldo de abogados, algunos de los cuales han sido señalados de violencia basada en género. Un patrón que se repite: hombres poderosos, blindados por estructuras patriarcales, utilizando la justicia y los discursos de autonomía para encubrir sus intereses y perpetuar la violencia contra las mujeres indigenas.

Ayer, 15 de marzo, Sol Guejia Villamil fue agredida nuevamente por quienes ahora se hacen llamar el cabildo, a pesar de haber sido elegidos de manera fraudulenta. Le ordenaron abandonar la comunidad, como si fuera una extraña, como si no fuera ella la que levantó Valle del Sol desde las cenizas del desplazamiento.

El caso de Sol Guejia Villamil no es un hecho aislado. Dentro del movimiento indígena, social y popular, las mujeres que lideran procesos de cambio han sido históricamente atacadas por gamonales que ven amenazado su poder. La violencia política contra ellas no solo viene del Estado o de los actores armados, sino también desde adentro, desde estructuras que deberían protegerlas pero que terminan replicando las mismas violencias de las que el movimiento indígena y popular dice defenderse.

Se repite una y otra vez: cuando las mujeres avanzan, el patriarcado se reorganiza para golpearlas, silenciarlas, expulsarlas y borrarlas de la historia. Se habla de autonomía, de autodeterminación, pero se usa la justicia indígena para castigar a las que no obedecen, para someterlas a asambleas manipuladas y elecciones amañadas. Se usa la cultura como excusa para encubrir la violencia política y de género, para proteger a los agresores y castigar a quienes se atreven a alzar la voz.

El Estado colombiano no puede seguir permitiendo que la autonomía indígena se convierta en el escudo de los gamonales, en un arma para desplazar, silenciar y robar. No puede cerrar los ojos ante la persecución de una líder indígena que hoy está en riesgo, junto con sus hijas menores de edad.

Hoy exigimos protección inmediata para Sol y sus pequeñas hijas. Solicitamos a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que brinden medidas urgentes de seguridad para garantizar su vida e integridad. Pedimos a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones correspondientes por las amenazas y el desplazamiento forzado. Instamos a la Alcaldía de Yumbo a activar de inmediato las rutas de protección contra la violencia de género, para frenar la persecución política contra nuestra lideresa indígena.

No más violencia política contra las mujeres indígenas. No más desplazamientos forzados en nombre del poder. Porque el sol que ha iluminado el camino de Valle del Sol no puede ser apagado por la sombra de los gamonales indígenas.

La espera que nunca terminó

La madrugada en que Lina Narváez se convirtió en otra cifra de la negligencia médica en Colombia, el frío de Popayán apenas comenzaba a filtrarse en los pasillos del Hospital Susana López de Valencia. Llevaba días esperando lo inevitable: el nacimiento de su hijo. Pero en un sistema que mide la vida en trámites y autorizaciones, la espera se convirtió en sentencia.

Lina había seguido cada control prenatal con disciplina. Sus registros en la historia clínica del Centro de Salud Timbío E.S.E. lo demostraban. Desde su primera cita, el 23 de julio de 2013, todo parecía ir bien. Un embarazo de bajo riesgo, un seguimiento sin sobresaltos. Pero a veces, la calma es solo la antesala de la tormenta.

En noviembre, la historia clínica señalaba síntomas que cualquier ojo entrenado habría interpretado como señales de alarma: flujo anormal, dolor persistente, una altura uterina que no coincidía con la edad gestacional. Aun así, el diagnóstico seguía siendo el mismo: “riesgo bajo”.

Diciembre trajo consigo otra advertencia: una hernia detectada en consulta y la necesidad urgente de una ecografía. La orden se emitió, pero CAPRECOM E.P.S. se tomó su tiempo. Diez semanas después, el examen aún no había sido autorizado. Mientras la burocracia decidía el destino de su embarazo, Lina vivía con la incertidumbre de sentir a su hijo moverse cada vez menos.

El 10 de marzo de 2014, la realidad por fin se hizo evidente para los médicos: su embarazo, clasificado hasta ese día como “riesgo bajo”, se convirtió de golpe en un “embarazo postérmino de alto riesgo”. Se ordenó su remisión al Hospital Susana López de Valencia en Popayán. Pero la urgencia quedó en el papel. No hubo ambulancia. No hubo instrucciones claras. Como tantas otras mujeres en el país, Lina tuvo que llegar por sus propios medios al hospital que decidiría su destino.

A las cuatro de la tarde del 11 de marzo, ingresó a urgencias de gineco-obstetricia. Allí, la pusieron en observación. El bebé no daba señales de iniciar el trabajo de parto, y el líquido amniótico estaba peligrosamente bajo. Aun así, no hubo decisión inmediata. En lugar de practicarle una cesárea, el médico ordenó inducir el parto con misoprostol. La indicación era clara: a las cinco de la mañana del 12 de marzo, se administraría el medicamento.

Pero la noche trajo consigo lo impensable. A las 3:00 a.m., sin señales de contracciones ni de actividad uterina, la historia clínica se detuvo en una frase brutal:

“No se perciben movimientos fetales”.

Lo que había sido una espera agónica se convirtió en tragedia confirmada. El latido que Lina había sentido en su vientre durante nueve meses se apagó en la incertidumbre de una sala de hospital.

La cesárea se hizo con prisa, demasiado tarde. El bebé nació con signos de sufrimiento fetal, apenas respirando, aferrándose a la vida con la fragilidad de quien llega a un mundo que no lo esperaba. Los médicos intentaron estabilizarlo, pero el daño ya estaba hecho. Durante ocho días, Lina vio a su hijo conectado a tubos y monitores, en una incubadora que apenas le daba una oportunidad.

La angustia la consumía. La culpa, aunque no era suya, la invadía. Pero la mayor herida llegó cuando le dijeron que no podría tener más hijos. Durante la cesárea, debido a complicaciones, le practicaron una histerectomía de emergencia. Le sacaron la matriz.

La mujer que había llegado al hospital esperando traer una vida al mundo salió de allí con las manos vacías.

Su hijo murió a los ocho días. Sufrimiento fetal severo, dijeron. Palabras frías para explicar lo que no tenía justificación.

La historia de Lina no es un caso aislado. Es la consecuencia de un sistema que posterga decisiones hasta que es demasiado tarde. En Colombia, la Ley 2224 de 2022, en su artículo 12, establece sanciones para los agentes de salud que incumplan sus deberes, señalando que:

«El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley por parte de los agentes de salud, sus colaboradores o de las instituciones en que éstos presten servicios, será considerado como falta a los fines sancionatorios, de conformidad con los procesos establecidos por la Superintendencia de Salud, sin perjuicio de la responsabilidad civil, ética o penal que pudiere corresponder.»

Pero más allá de las leyes, la realidad es otra. CAPRECOM E.P.S. desapareció, dejando a miles de pacientes en un limbo legal. Las responsabilidades se diluyen en el papeleo, y los funcionarios que fallaron siguen ejerciendo. Lina, su hijo y su familia quedaron atrapados en la impunidad de un sistema donde la salud se administra como un negocio y la justicia nunca llega a tiempo.

Hoy, Lina camina con la amargura habitándola, con un vacío que ningún tribunal podrá llenar. No hay justicia que le devuelva lo que perdió. En su vientre ya no nacerá otra vida, y en su alma solo crece la sombra de lo que el sistema le arrebató.

Violencia obstétrica, nunca más.

México y Colombia: Dos países, una misma herida de horror y exterminio

El 5 de marzo de 2025, en un rancho de Teuchitlán, Jalisco, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco hizo un hallazgo aterrador: un campo de exterminio clandestino operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tres hornos crematorios, cientos de restos óseos, mochilas abandonadas, credenciales y más de 400 pares de zapatos fueron algunas de las pruebas que documentaron lo que parece ser una de las peores atrocidades en la historia reciente de América Latina. Un sitio donde cientos, quizás miles, de personas fueron asesinadas, descuartizadas y calcinadas, sin que las autoridades lo reportaran.

El horror que se vive en México tiene una familiaridad escalofriante en el caso de Colombia. A pesar de los gobiernos que se autodenominan progresistas, la violencia continúa su curso imparable, con el narcotráfico como el poder real detrás de las estructuras de Estado. México y Colombia comparten más que una historia de sangre: comparten la impunidad, el control territorial del crimen organizado, la incapacidad estatal para frenar los horrores, y el abandono de las víctimas.

El rancho Izaguirre, en la comunidad de La Estanzuela, municipio de Teuchitlán, no solo funcionó como un cementerio clandestino, sino como un campo de reclutamiento y aniquilación. Testimonios de sobrevivientes revelan que jóvenes eran llevados bajo engaños con promesas de empleo. Una vez en el rancho, eran alineados y recibían apodos. Nombres propios ya no existían. Se convertían en carne de cañón.

Un joven que logró escapar contó que, de los 200 reclutados con él, solo 30 sobrevivieron al “kínder”, un filtro de muerte donde los obligaban a pelear entre sí hasta la muerte. Los cuerpos de los perdedores eran descuartizados y arrojados a los hornos de piedra.

En “La Carnicería”, una habitación en el fondo del rancho, los prisioneros eran asesinados a machetazos. Sus restos, incinerados hasta reducirse a cenizas. Según los hallazgos, al menos 250 personas fueron ejecutadas solo en este sector.

Los hallazgos de la fosa clandestina son espeluznantes:

-Tres hornos crematorios subterráneos.

-Restos óseos esparcidos en la zona.

-Más de 400 pares de zapatos.

-Placas de titanio, fragmentos de cráneos, dentaduras humanas.

-Casquillos de bala y estructuras de adiestramiento militar.

-Una carta que decía: “Mi amor, si algún día no regreso, solo te pido que recuerdes lo mucho que te amo.”

Pero lo más aterrador no es solo la cantidad de cuerpos incinerados. El horror va más allá de la muerte.

Testimonios de víctimas aseguran que, además de la matanza sistemática, el rancho Izaguirre era también un centro de abuso infantil y tráfico de órganos.

Una mujer que sobrevivió tres años en este sitio reveló que médicos realizaban “experimentos” con los cautivos y extraían órganos para venderlos. También denunció que niñas eran secuestradas y entregadas a altos mandos del cártel.

«Había un jefe al que le gustaban las niñas», contó. “Las llevaban y después desaparecían.”

Otro de los castigos más inhumanos que relató es el de “La Puerquera”, un espacio rodeado de alambres de púas donde se arrojaba a prisioneros vivos para ser devorados por cerdos.

Quienes intentaban escapar eran ejecutados de inmediato. La mujer que dio su testimonio aseguró que los prisioneros eran obligados a vestir uniformes naranjas, como en una cárcel. Los que sobrevivían al adiestramiento eran enviados a pelear en estados en disputa, como Zacatecas y Michoacán.

La crueldad del CJNG no es nueva. La diferencia es que ahora conocemos la dimensión de su barbarie. Pero lo más indignante es que, según la líder del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, las autoridades ya habían allanado el lugar en septiembre de 2024 y no reportaron nada.

“No vieron nada raro”, dijeron. ¿Cómo es posible que no vieran un campo de exterminio?.

Mientras en México los colectivos de búsqueda exhuman miles de cuerpos en fosas clandestinas, en Colombia la historia es la misma.

La violencia del narcotráfico, el paramilitarismo y el crimen organizado han dejado un rastro de más de 111,000 desaparecidos, según cifras oficiales. Pero las cifras reales podrían ser mucho mayores.

Al igual que en México, las estructuras de exterminio no han desaparecido. En los últimos años han salido a la luz evidencias de hornos crematorios utilizados por paramilitares en Norte de Santander, fosas comunes, y casas de tortura en varias partes del país.

El reclutamiento forzado de jóvenes y niños sigue siendo una tragedia cotidiana en ambos países. En Colombia, disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y demás grupos armados ilegales, secuestran y obligan a menores a engrosar sus filas.

Organizaciones como la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas han encontrado evidencias de masacres silenciadas por décadas, como las fosas de San Onofre, donde los paramilitares desaparecieron a cientos de personas, o los crematorios clandestinos en la frontera con Venezuela.

Ni en México ni en Colombia los gobiernos que se autodenominan progresistas han logrado frenar esta barbarie. En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador adoptó una política de “abrazos, no balazos”, que fortaleció a los cárteles.

En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro ha prometido la paz total, pero la violencia sigue escalando, el Cañón del Micay y el Catumbo son ejemplo de ello.

Las víctimas siguen sin justicia. Las desapariciones siguen en aumento. Los hornos siguen encendidos.

El rancho Izaguirre en Jalisco es un espejo de las fosas clandestinas en Colombia. Un reflejo de lo que la violencia y la corrupción han hecho en nuestras tierras.

Duele México. Duele Colombia.

Nos dijeron que la guerra contra el narco era para combatir la violencia. Pero la verdad es que el narcotráfico sigue gobernando.

Nos dijeron que el crimen organizado era solo un problema de seguridad. Pero es un sistema de exterminio que se alimenta del silencio y la impunidad.

En Jalisco, la Fiscalía dijo que no vio nada. En Colombia, también han dicho que no ven nada.

Pero los cuerpos siguen apareciendo.

Las madres siguen buscando.

Y la pregunta sigue siendo la misma:

¿Cuánto más tiene que arder para que el mundo mire hacia el horror que consumió a México y a Colombia?

¿Cuántas más, Colombia?

Los días en los que se conmemora el Día Internacional de la Mujer en Colombia no son de celebración. Son jornadas de duelo, de indignación y de rabia contenida. Son días donde la violencia machista se hace más visible, no porque haya un aumento en los casos—pues la violencia contra las mujeres es una constante en este país—sino porque en estas fechas las víctimas llenan los titulares de noticias y los discursos oficiales se desbordan en promesas vacías.

Dalida Patricia Hernández, Deidis Zúñiga Vives, Sharit Alexandra Ciro, Nilsa Morera Belalcázar, Claudia Patricia Jaramillo Marín, Ana Elcy Arteaga Camilo, Lucero Velásquez. Estos son solo algunos de los nombres de mujeres asesinadas en estos días de marzo. Cada una de ellas tenía una historia, una vida interrumpida por una violencia que el Estado no ha sabido, o peor aún, no ha querido frenar.

En Aracataca, Magdalena, el cuerpo desmembrado de Dalida Patricia fue encontrado en una vivienda. Su pareja, el principal sospechoso, ya está bajo custodia. Lo que sigue es el ritual conocido: titulares fugaces, indignación en redes, alguna marcha con pancartas desgarradoras y el silencio que sigue cuando el siguiente crimen acapara la atención.

En Ibagué, Sharit Alexandra Ciro, de 19 años, fue hallada apuñalada en una zona boscosa. Una estudiante universitaria que desapareció la noche del 7 de marzo y que ahora engrosa las cifras de feminicidio en el Tolima. En Armenia, una mujer fue encontrada sin vida cerca de la avenida Los Camellos. En Risaralda, Claudia Patricia Jaramillo Marín fue asesinada dentro de una buseta intermunicipal, en un crimen que exhibe la brutalidad con la que operan los feminicidas en el país.

La violencia contra las mujeres no se detiene, ni siquiera cuando estas han dedicado su vida a defender los derechos de sus comunidades. Ana Elcy Arteaga Camilo, presidenta de la Junta de Acción Comunal en Rosas, Cauca, fue asesinada después de recibir amenazas. Lucero Velásquez, lideresa en Tolima, murió en su casa frente a su familia, su hijo de 12 años herido por los mismos disparos que le arrebataron la vida a su madre.

Y mientras estos crímenes se multiplican, el gobierno colombiano responde con la misma indiferencia de siempre. No hay una voluntad real de erradicar las violencias contra la mujer. No hay estrategias integrales de protección, no hay justicia efectiva, no hay prevención. Lo que hay es una maquinaria estatal que perpetúa la impunidad, que deja a las víctimas en el olvido y que cada 8 de marzo repite las mismas consignas vacías mientras la sangre de las mujeres sigue tiñendo las calles.

Nos están matando, y el Estado solo observa.

DENUNCIA CONTRA ALEXANDER MONTAÑA POR USURPACIÓN Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Corporación Justicia y Dignidad y las mujeres integrantes de la organización informamos a la opinión pública, a las comunidades indígenas, a las organizaciones de derechos humanos y a nuestros aliados que Alexander Montaña no hace parte de nuestra organización desde noviembre de 2022.

Pese a ello, ha continuado haciéndose pasar como representante de víctimas en casos que representa la corporación, lo que consideramos una grave usurpación y un obstáculo para el acceso a la justicia.

Además, se le ha hecho múltiples llamados para resolver el asunto de honorarios pendientes, pero ha evitado dar la cara y asumir su responsabilidad. También tiene en su poder documentos y elementos de prueba esenciales para los procesos, reteniéndolos de manera injustificada y afectando el trabajo de defensa de derechos humanos.
Denunciamos que Alexander Montaña ha impartido violencia emocional, sexual, económica y política contra las mujeres integrantes de la corporación, afectando gravemente nuestro ejercicio de defensa de los derechos humanos y obstaculizando el acceso a la justicia de las víctimas.

Su asesoría perjudicial a dirigentes indígenas ha tenido consecuencias graves, como la expulsión de nuestra coordinadora de la Guardia Intercultural Humanitaria, lo que asumimos como un ataque directo al proceso del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz.

Asimismo, fuimos informadas de que Alexander Montaña está asesorando a las comunidades indígenas de La Ruiza en la presentación ante el Ministerio de Justicia y la JEP de propuestas de paz que pertenecen al Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz, sin reconocimiento ni consentimiento de nuestra organización. Consideramos esto una grave vulneración a nuestro trabajo y a los principios de participación y respeto por los procesos legítimos de construcción de paz.

De igual manera, denunciamos que Alexander Montaña está presentando ante la Agencia Jurídica de Defensa del Estado propuestas de solución amistosa sin el consentimiento de la Corporación Justicia y Dignidad ni de las víctimas, lo que ha llevado a la paralización de los procesos que estamos adelantando.

Además, ha emprendido una serie de acciones para obstaculizar nuestra labor de defensa de derechos humanos, incluyendo la elaboración de quejas disciplinarias injustificadas contra nuestra representante legal a través de personas interpuestas, con la clara intención de debilitarnos y frenar nuestra labor. También ha intentado realizar cobros y otras acciones insostenibles que afectan el desarrollo de nuestro trabajo y la búsqueda de justicia para las víctimas.

Las mujeres integrantes de la Corporación Justicia y Dignidad denunciamos los intentos sistemáticos de Alexander Montaña por obstaculizar nuestro trabajo, vulnerar nuestros derechos y afectar los procesos que lideramos en defensa de las víctimas y de los pueblos indígenas. No permitiremos que continúe con actos de violencia ni que siga interfiriendo en el camino de la justicia.
Este comunicado es un acto de censura moral frente a las violencias basadas en género que Alexander Montaña ha ejercido.

Instamos a Alexander Montaña a cesar inmediatamente cualquier intento de entorpecer los procesos de la corporación y de las víctimas, así como de continuar con actos de violencia contra mujeres indígenas.
Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, la justicia y la dignidad de los pueblos y las mujeres. No permitiremos que ningún actor externo interfiera con nuestra labor ni vulnere los principios por los que trabajamos.

Corporación Justicia y Dignidad y sus integrantes
Popayán-Cauca, 11 de marzo de 2025

La tragedia de ser mujer en la República Democrática del Congo: el horror que el mundo calla

Lejos del foco de la atención mundial, los conflictos armados en la República Democrática del Congo han convertido la violencia sexual en un arma de guerra. Miles de mujeres, niñas e incluso hombres y niños han sido víctimas de abusos sistemáticos que destruyen sus cuerpos, sus mentes y sus comunidades.

Las historias que siguen son solo un fragmento de una realidad escalofriante que el mundo prefiere ignorar.

Françoise, de 17 años, huyó de su aldea cuando la guerra se acercaba. En un campamento de desplazados, salió con otras mujeres a buscar leña, pero fueron interceptadas por hombres armados. «Todos me violaron, uno tras otro. Cuando pude ponerme de pie, volví al campamento ocultando la ropa desgarrada. Tenía miedo de haber quedado embarazada. Me sentía atemorizada y absolutamente sola.»

Henriette, madre de dos niños, fue atacada mientras recolectaba leña. «Me metieron en un hoyo y me violaron. Cuando terminó, me dijo que me fuera y no volviera. Que había tenido suerte de que no me mataran. Pensé en tirarme al lago, pero no lo hice porque no había nadie más que cuidara a mis hijos.»

Brigitte fue secuestrada junto con otras mujeres. «Nos retuvieron cinco días y nos violaban todo el tiempo. Mi marido es policía en otra ciudad y no sabe lo que me pasó. No sé cómo decírselo. Cuando vuelva, será la catástrofe.»

Sifa, de 16 años, fue violada por varios hombres en el bosque. «Me tiraron al suelo y me violaron, uno tras otro. Mi abuela me dijo que no contara nada. Al mes siguiente, no me bajó el período. En el centro de salud me dijeron que estaba embarazada de cinco meses. Me siento triste, pero sé que nada va a cambiar.»

El uso de la violencia sexual en la RDC ha sido documentado desde 1996. Entre enero y marzo de 2024, más de 12.600 casos de violencia sexual fueron denunciados en Kivu Norte, y se estima que el número real es mucho mayor debido al temor y el estigma que enfrentan las víctimas. Según la ONU, la mitad de las mujeres en la RDC ha sufrido algún tipo de violencia física, y el 27 % ha sido víctima de violencia sexual en el contexto del conflicto armado. La explotación sexual en los campamentos de desplazados y las zonas mineras agrava esta crisis.

El avance del grupo armado M23 ha exacerbado la situación. La violencia sexual está fuera de control, con 895 violaciones reportadas en solo dos semanas de febrero de 2025. En octubre de 2024, los rebeldes del M23 tomaron Goma, lo que llevó a la violación masiva de 150 prisioneras, muchas de las cuales fueron luego quemadas vivas.
Las consecuencias de la violencia sexual no terminan con la agresión. Las víctimas enfrentan rechazo social, aislamiento económico y trastornos psicológicos devastadores. «Una mujer llegó a nuestro centro; la habían violado a ella y a su bebé, y luego mataron a su esposo y a sus hijos frente a ella», relata una matrona de Médicos Sin Fronteras.

El estigma social es otro golpe. «Después de que me atacaron, los amigos de mi marido le dijeron que me abandonara. Ahora vivo sola con mis cuatro hijos», cuenta María, una joven embarazada.

La expansión de las minas de cobalto y cobre en la República Democrática del Congo ha desatado una ola de abusos contra los derechos humanos, marcando una nueva fase de despojo y violencia en el país. Comunidades enteras han sido desalojadas por la fuerza, sus casas demolidas y sus tierras expropiadas sin consulta ni compensaciones justas. Las empresas multinacionales, con el respaldo del Estado, imponen el avance de sus proyectos mineros con una brutalidad que incluye incendios provocados, palizas y agresiones sexuales. La historia de Kolwezi y Mukumbi es la de miles de personas que, de la noche a la mañana, pierden todo en nombre del progreso económico que nunca les llega.

Amnistía Internacional y la Iniciativa por la Buena Gobernanza y los Derechos Humanos han documentado estas atrocidades en su informe Powering Change or Business as Usual?, revelando el cinismo con el que se perpetúan estos abusos. Mientras las empresas justifican su papel en la transición energética global, las comunidades locales son sacrificadas para extraer los minerales esenciales en la fabricación de baterías de iones de litio. Sin mecanismos efectivos de denuncia ni acceso a la justicia, los afectados quedan atrapados en un ciclo de pobreza y represión. La situación es aún más alarmante cuando la represión estatal se convierte en un instrumento de las empresas para sofocar cualquier resistencia.

“Nosotros no pedimos mudarnos, la empresa y el gobierno llegaron y nos dijeron: ‘Aquí hay minerales’”, denuncia Edmond Musans, uno de los muchos residentes obligados a abandonar su hogar. Sin agua, sin electricidad y sin posibilidades de recuperar lo perdido, los desplazados luchan por sobrevivir mientras las corporaciones continúan ampliando su control sobre el territorio. La urgencia de la transición energética no puede servir de excusa para seguir perpetuando la explotación y el despojo, como lo ha sido durante siglos en el Congo. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de exigir garantías para los derechos humanos y frenar la impunidad con la que operan estas compañías.

Cada día sin acción es un día más de sufrimiento para las familias que han perdido sus hogares, su seguridad y su dignidad. Y en el centro de esta tragedia están las mujeres, que no solo enfrentan el despojo y la miseria, sino también la violencia de género como arma de control y sumisión. Expulsadas de sus tierras, muchas quedan a merced de la explotación sexual, el trabajo forzado y el abuso de las mismas fuerzas que deberían protegerlas. La transición energética no puede construirse sobre sus cuerpos y su dolor. La justicia no será real hasta que sus voces sean escuchadas y sus derechos garantizados.

A pesar de la magnitud de esta tragedia, la comunidad internacional ha hecho poco por detener la violencia. Las organizaciones humanitarias exigen que se reconozca la violencia sexual como una emergencia humanitaria y que se brinden recursos para atención médica, psicológica y legal para las víctimas. Human Rights Watch insta a los gobiernos a presionar para que se detenga esta violencia sistemática. «Los ataques continúan porque los perpetradores saben que no enfrentarán consecuencias.» Mientras tanto, miles de mujeres, niñas y niños siguen siendo víctimas de una guerra silenciosa que el mundo se niega a ver. Cada día que pasa sin acción es un día en que se suman nuevas historias de horror, sufrimiento y olvido.

Por: Sofía López Mera, abogada y periodista, integrante de la Corporación Justicia y Dignidad y del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz

Quince años de Justicia y Dignidad

Nacimos entre expedientes empolvados y calles de tierra. Éramos una abogada y tres abogados, con más voluntad que recursos, con más miedo que certezas, pero con la rabia suficiente para no rendirnos. Era el 2010, y el país seguía oliendo a pólvora. El suroccidente colombiano, nuestro territorio, era un campo de batalla donde las balas se confundían con el sonido del viento en las montañas. Era la época del esplendor de los falsos positivos, cuando jóvenes eran asesinados y presentados como trofeos de guerra. Las Águilas Negras y las Bacrim sembraban terror con panfletos y masacres, mientras el Estado nos llamaba enemigos solo por exigir justicia. Nos dolía la impunidad como un cuchillo mal enterrado. Veíamos cómo la Ley de Justicia y Paz se convertía en la alfombra bajo la cual barrían los crímenes de los paramilitares, dejando a las víctimas con las manos vacías y la memoria llena de ausencias.

Fue en esos días de incertidumbre que nos agarramos del camino de Eduardo Umaña Mendoza. Su memoria nos iluminó en la tormenta. Justicia y Dignidad se llamó su movimiento cuando aspiró a la Asamblea Constituyente, y Justicia y Dignidad nos llamamos nosotros cuando decidimos dar la pelea desde la región para la región. No queríamos tribunales fríos en Bogotá, queríamos estar ahí, en las veredas, en los barrios, en las cárceles donde encerraban a los que protestaban, en las montañas donde resistían los pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos. Queríamos ser la voz de los que no tienen voz.

El primer caso nos marcó para siempre: las comunidades campesinas del Vergel y Pedregal, en Caloto, Cauca. Campesinos a los que la guerra les arrebató la tierra y la vida como si fueran simples cifras en un informe. Los acompañamos con lo que teníamos, con palabras, con demandas, con nuestra presencia cuando el miedo les cerraba todas las puertas. Y aquí estamos, quince años después, hoy 3 de marzo de 2025, exigiendo en reunión de trabajo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un plan de reubicación y retorno para esas mismas familias campesinas que, a pesar de todo, siguen esperando justicia.

El camino ha sido largo y empinado. Nos quisieron callar con amenazas, nos persiguieron, intentaron desaparecernos, nos hirieron, buscaron doblegarnos con la judicialización. Por épocas, fuimos desplazados forzadamente porque los amos de la guerra así lo disponían, pero nuestro trabajo no paraba. Seguíamos, aunque fuera desde la distancia, porque la dignidad no conoce fronteras ni silencios impuestos. En estos años hemos visto cómo las comunidades que acompañamos se levantan, cómo las mujeres se organizan, cómo los jóvenes aprenden que la memoria es un arma más poderosa que el olvido. Nos han querido borrar, pero aquí estamos, tercos, de pie, porque la justicia no es una utopía, es un derecho que no estamos dispuestos a negociar.

Acompañamos víctimas de crímenes de Estado, de la guerra, del despojo. Nos metimos en las entrañas del litigio estratégico, llevando casos a las cortes nacionales e internacionales. Denunciamos, gritamos cuando fue necesario, y construimos cuando fue posible. Defendimos a indígenas, a campesinos, a afrodescendientes, a mujeres, a líderes que hoy estarían muertos si no fuera por la resistencia de sus propias comunidades.

No estuvimos solos. De nuestro andar nacieron hijos: la Casa de Educación Popular La Caracola, el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz, la Guardia Intercultural Humanitaria. Porque la lucha no es de uno, es de todos.

Hoy, cuando la Corporación cumple quince años, miramos atrás y vemos un camino sembrado de nombres, de historias, de vidas que se han cruzado con la nuestra. Miramos adelante y sabemos que queda mucho por hacer, pero aquí seguimos, con la misma terquedad del primer día, con el mismo fuego en el pecho.

A nuestros mentores, Eduardo Umaña Mendoza y el padre Javier Giraldo, cuyo ejemplo sigue iluminando nuestro camino. A quienes han caminado a nuestro lado con compromiso y valentía: Sofía, Juan Esteban,  Diana, Deisy, Ginita, Ana Gabriela, Beatriz, Juan, Carlos Mario, Marthica, Sol, Emilse, Albita, Francisco, Sara, Anthoine y Lucía.

A quienes partieron para construir otros escenarios, pero siguen presentes en nuestra lucha y memoria: Alex, Fernando, Homero y Walter.

Y, sobre todo, a las víctimas y comunidades que nos han enseñado que la justicia y la dignidad no se mendigan, se exigen.

Por ellas, por ellos, por nosotras y nosotros, por quienes aún no han llegado, pero heredarán esta lucha.

Feliz cumpleaños, Justicia y Dignidad.

 

Jesús María Valle: 27 años de impunidad

En sesiones reservadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el comandante paramilitar Salvatore Mancuso vinculó al expresidente Álvaro Uribe Vélez con las masacres de El Aro y La Granja, así como con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. En pronunciamientos judiciales previos, Uribe ya había sido señalado por su presunta participación en estos crímenes de lesa humanidad.

Las masacres de La Granja, El Aro y el homicidio del abogado Jesús María Valle Jaramillo constituyen graves violaciones a los derechos humanos, con un carácter sistemático y generalizado. Analizados en su contexto, estos hechos implican de forma activa al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.

El 11 de junio de 1996, cerca de 30 integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), comandadas por los hermanos Castaño Gil y Salvatore Mancuso, incursionaron en el corregimiento de La Granja, en Ituango, Antioquia. Los paramilitares recorrieron el casco urbano, ordenaron el cierre de todos los establecimientos comerciales, amenazaron a los pobladores, torturaron y asesinaron a cuatro campesinos frente a sus vecinos y familiares.

Tras la incursión en La Granja, miembros de la sociedad civil de Ituango, entre ellos el abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, enviaron comunicaciones a las autoridades departamentales advirtiendo sobre la presencia paramilitar en la región. El 20 de noviembre de 1996, Valle se comunicó con el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, y con el Defensor Regional del Pueblo para solicitar protección para la población de Ituango.

Entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, aproximadamente 150 paramilitares de las ACCU, bajo el mando de Isaías Montes Hernández, alias «Yunior», y respaldados por un anillo de seguridad del Bloque Mineros del Bajo Cauca, iniciaron una serie de asesinatos desde los corregimientos de Puerto Valdivia hasta El Aro, en Ituango. Con lista en mano, acusaron a pobladores de colaborar con grupos guerrilleros, posteriormente asesinaron y torturaron a 12 personas, desplazaron a 1.472 habitantes, incendiaron 42 de las 60 casas del pueblo, hurtaron 1.200 reses y secuestraron a quienes les ayudaron a transportarlas.

Estos hechos fueron denunciados por el abogado Jesús María Valle Jaramillo y recibieron respuestas adversas por parte de Álvaro Uribe Vélez y del comandante de la Cuarta Brigada, Carlos Alberto Ospina. Uribe acusó a Valle de tener una «animadversión contra la fuerza pública», mientras que el comandante de la Cuarta Brigada negó la presencia paramilitar en Ituango.

Días antes de su asesinato, Jesús María Valle Jaramillo acudió a la Fiscalía Regional de Medellín para denunciar la existencia de grupos paramilitares en Ituango. En esa ocasión, afirmó:
«Siempre vi, y así lo reflexioné, que había un acuerdo tácito o un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la Cuarta Brigada, el comandante de la Policía de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño. Todo el poder de los grupos de autodefensa se ha consolidado gracias al apoyo que han recibido de personas vinculadas al Gobierno».
El 27 de febrero de 1998, sicarios de la banda «La Terraza» irrumpieron en la oficina de Jesús María Valle Jaramillo y lo asesinaron.

El 1 de julio de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por las masacres y desplazamientos forzados ocurridos en los corregimientos de El Aro y La Granja en 1996 y 1997. Posteriormente, el 27 de noviembre de 2008, la misma Corte condenó nuevamente al Estado por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.

En septiembre de 2013, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó remitir a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes las declaraciones de al menos 30 paramilitares, con el fin de investigar a Álvaro Uribe Vélez por su presunta promoción del paramilitarismo. Su nombre también aparece en los procesos relacionados con las masacres de La Granja, El Aro y el asesinato del abogado Jesús María Valle Jaramillo.

El 31 de mayo de 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró como crímenes de lesa humanidad las masacres de El Aro y La Granja, así como el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, en el marco de una indagación preliminar contra Álvaro Uribe Vélez. En estos procesos figuran testimonios de excomandantes paramilitares como Diego Fernando Murillo, alias «Don Berna», y Daniel Rendón, alias «Don Mario».

En noviembre de 2024, en calidad de testigo ante la JEP, Salvatore Mancuso afirmó tener información que involucraba a Uribe en el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo. Mancuso declaró:

«Uribe estuvo vinculado a una reunión donde participaron Carlos Castaño y el secretario de Gobierno de Uribe, Pedro Juan Moreno. Pedro Juan pidió básicamente que se ejecutara esta acción porque el defensor de derechos humanos estaba atacando de manera frontal tanto a Uribe como a él, y al general Carlos Alberto Ospina. El asesinato de Valle se planeó en la finca Hojaragüai, conocida entre los paramilitares como ‘La Siete’. Allí se reunieron Carlos Castaño y Pedro Juan Moreno, quien era secretario de Gobierno del departamento durante el mandato de Uribe. Pedro Juan llegó en representación de Uribe y de los generales mencionados, porque Valle los había denunciado judicial y públicamente.»

Mancuso también aseguró que Pedro Juan Moreno transmitía directamente las instrucciones de Uribe a los paramilitares:

«Las masacres de La Granja y El Aro fueron un pedido directo del entonces gobernador Uribe, a través de Pedro Juan Moreno. En esa reunión estuvimos Carlos Castaño, Rodrigo Doble Cero, Nicolás Bergonzoli y varias personas más.»

Hoy, jueves 27 de febrero de 2025, al conmemorarse 27 años del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, el expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrenta un juicio penal por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Estos cargos se derivan de una investigación iniciada en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia abrió un proceso contra Uribe por la presunta manipulación de testigos.

Aunque aún no ha sido juzgado por los crímenes de lesa humanidad que se le atribuyen, este proceso representa un pequeño pero significativo avance en la lucha contra la impunidad.

Por:Sofía López Mera, abogada y periodista, integrante de la Corporación Justicia y Dignidad y del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz

Voces de Resistencia: La Gira Europea del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz, Corporación Justicia y Democracia y Corporación Justicia y Dignidad

Las infancias que la guerra devora y el Estado abandona

Caminamos por Europa con el peso de un país a cuestas. No era el peso de la nostalgia ni del miedo. Era el peso de los nombres sin lápida, de las madres que han parido hijos e hijas para la guerra, de las infancias que han cambiado los pupitres por los fusiles.

Vinimos a denunciar lo que en Colombia se oculta, lo que en los noticieros se menciona con vergüenza y se olvida con rapidez. Vinimos a decirle al mundo que en el suroccidente colombiano niños y niñas desaparecen y reaparecen como combatientes, que sus cuerpos se desvanecen en las montañas y sus nombres se borran de los registros del Estado. Vinimos sin recursos, sin apoyo, sin nada más que la certeza de que callar también es ser cómplices de la violencia.

Ginebra: denuncia ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU

El invierno suizo nos recibió con su frialdad habitual. No nos sorprendió. Nosotros y nosotras venimos del frío de la indiferencia, de la burocracia que sella expedientes y archiva vidas. En las salas del Comité de Derechos del Niño de la ONU, desplegamos nuestras denuncias como si fueran heridas abiertas.

Hablamos de lo que nadie quiere oír: del reclutamiento forzado que arranca a los niños y niñas de los patios de las escuelas y les devuelve convertidos en sombras, de la desaparición forzada que se traga sus nombres y sus historias, de cómo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en vez de protegerles, les maltrata y les estigmatiza, empujándolos de nuevo a la guerra.

El comité escuchó. Preguntaron. No hubo respuestas fáciles, porque no hay reparación para una infancia que ya no existe.

Nos encontramos con la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIAN, Francisco Javier Vera, la Plataforma Colombiana por el Protagonismo de Niños, Niñas y Jóvenes y Acción Global, con la comisionada Rosaria Isabel Correa, con quienes cruzamos palabras, ideas y esperanzas. Sabemos que, en este juego de poderes, la solidaridad internacional es un resguardo necesario.

Barcelona: las redes de resistencia

Desde Suiza transitamos a Barcelona, a donde nos llevó la palabra y el compromiso de Betty Puerto, una luchadora curtida en la defensa de derechos humanos. Nos abrió las puertas de su casa y de la Taula Catalana, un espacio donde se discute la justicia más allá de las fronteras.

Nos sentamos frente a ellas y hablamos de nuestras muertes, pero también de nuestros sobrevivientes: de quienes hemos rescatado con nuestras propias manos, de aquellos y aquellas que lograron escapar de la guerra pero que el Estado sigue tratando como delincuentes. Presentamos nuestras propuestas de justicia indígena para la paz y la Guardia Intercultural Humanitaria, esa forma de resistencia que nació desde el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz, en el corazón de las comunidades rurales, y se levantó con la dignidad de quienes han sido despojados de todo.

Nos escucharon. Nos creyeron. Y eso, en estos tiempos, ya es una victoria.

Madrid: la lucha de quienes defendemos con las leyes

Madrid nos esperaba con otro escenario. Aquí, la lucha se libra con códigos y leyes, con sentencias que, en el mejor de los casos, llegan cuando ya el daño está hecho. Nos sentamos en la mesa del Observatorio Internacional de la Abogacía del Consejo General de la Abogacía Española y dijimos lo que en Colombia nos puede costar la vida: que los abogados y abogadas defensores de derechos humanos están en la mira, que denunciar significa llevar una diana en la espalda.

Fuimos al Colegio de Abogados de Madrid y a la Asociación Libre de Abogados, donde compartimos no solo nuestra labor, sino nuestras cicatrices. La defensa de los derechos humanos como abogados y abogadas no es una profesión, es una condena.

En el Congreso de los Diputados de España, nos reunimos con Enrique Santiago (Izquierda Unida) y Agustín Santos (Sumar). Les hablamos de las infancias sin tumba, de quienes mueren sin haber vivido, de quienes sobreviven sin haber nacido del todo. También nos encontramos con Podemos Internacional, donde les mostramos la verdad cruda de nuestro país y pedimos respaldo. No para nosotros y nosotras, sino para quienes aún pueden ser salvados.

Volver con el corazón ardiendo

Aunque Europa prestó atención a nuestro clamor, el eco auténtico aún resuena en Colombia. Aquí, las madres seguimos esperando a nuestros hijos e hijas; aquí, la selva continúa tragándose nombres; y aquí, la guerra sigue arrebatando la infancia a quienes deberían estar jugando, no huyendo..

Nosotros y nosotras, Sofía López Mera y Víctor Javier Velásquez, volvemos con la certeza de que este viaje no fue en vano. Regresamos con la esperanza de que nuestras denuncias no se pierdan en el olvido y con la convicción de que la lucha sigue, aunque a veces duela, aunque a veces mate.
Porque la historia de Colombia no la escriben los poderosos en los palacios, la escribimos nosotros y nosotras, quienes hemos visto la guerra de cerca y seguimos, tercamente, empeñados en la justicia, la dignidad y la construcción de la paz y la democracia.

Este viaje lo hicimos como delegados y delegadas de la Corporación Justicia y Dignidad y la Corporación Justicia y Democracia, organizaciones que integramos con orgullo en el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz y la Guardia Intercultural Humanitaria. Seguimos en pie. Seguimos en la lucha. Porque la paz no se suplica, se construye, y así llegarán, por fin, la justicia, la dignidad y la democracia.

Falsos Positivos: La Oscura Herencia de una Política de Estado Encubierta por la JEP

En un intento por desviar la mirada de la verdadera responsabilidad estatal, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha optado por calificar la práctica del “conteo de cuerpos” como una conducta de facto, desvinculándola de una política oficial. Sin embargo, la evidencia histórica y documental demuestra que los falsos positivos fueron, en realidad, una política de Estado que incentivó a militares a reportar muertes, sin importar la veracidad de los datos.

En el marco de las investigaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”, la vicepresidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, Catalina Díaz, ha declarado que no existe ninguna ley ni documento oficial que defina las bajas en combate como indicador de éxito. La JEP ha imputado crímenes de guerra y de lesa humanidad a cuatro generales, 35 oficiales y suboficiales de la Brigada IV del Ejército Nacional, vinculados a cientos de ejecuciones extrajudiciales que culminaron en el asesinato y la desaparición forzada de 442 personas en Antioquia, entre 2004 y 2007. En una rueda de prensa, Díaz enfatizó que la práctica del “conteo de cuerpos” se aplicó de facto, sin estar consagrada en ningún decreto o normativa formal, sino como una conducta adoptada por los militares en el desarrollo de sus operaciones.

Entre 2004 y 2007, la oscura política de los “falsos positivos” se cobró la vida de 442 personas en Antioquia a través de cientos de ejecuciones extrajudiciales. Lejos de tratarse de una práctica aislada o fortuita, la existencia de incentivos estatales queda demostrada por documentos y testimonios que evidencian la sistematización de estos abusos.

Una directiva firmada por el general Martín Orlando Carreño Sandoval, vigente entre 2003 y 2004, establecía criterios precisos para otorgar condecoraciones: los comandantes debían reportar al menos 150 combatientes enemigos muertos y 500 capturados. Este mecanismo, que no solo premiaba las bajas sino que las convertía en el principal indicador de éxito en combate, demuestra que el Estado –o, al menos, altos mandos militares – favoreció el incremento de muertes sobre las capturas, configurando así una política perversa con consecuencias fatales.

Además, otro documento, atribuido al General Mario Montoya Uribe (2006-2008), recalca que “las bajas no son lo más importante, es lo único” que cuenta, consolidando un sistema de incentivos perverso y mortal. Lejos de ser meras prácticas operativas en el campo, estos lineamientos fueron implementados en el marco de la política de Seguridad Democrática, cuyo objetivo, en apariencia, era la consolidación del Estado de derecho, pero que en la práctica se tradujo en recompensas basadas en cifras de bajas.

La reciente decisión de la JEP, encabezada por la magistrada Catalina Díaz, intenta blindar a las autoridades estatales de una responsabilidad directa, alegando que el “conteo de cuerpos” nunca fue una política oficial. Esta narrativa ignora de forma deliberada los claros indicios y directrices militares que establecían un sistema de recompensas basado en las bajas, evidenciando una responsabilidad estructural del Estado.

El conflicto de intereses es ineludible. Catalina Díaz, actualmente presidenta de la Sala de Reconocimiento de la Verdad, cuenta con un historial que la vincula directamente al gobierno de Juan Manuel Santos. Habiendo sido directora de la Oficina de Justicia Transicional (2012-2017) y participante activa en la mesa de negociación de La Habana, su trayectoria sugiere un compromiso institucional que la conecta con las mismas estructuras de poder que implementaron y, en muchos casos, encubrieron estas políticas. No es casualidad que Santos, quien fue ministro de Defensa durante el gobierno de Álvaro Uribe, también se encuentre en el epicentro de las polémicas por los falsos positivos, lo que refuerza la percepción de que esta narrativa de “práctica de facto” es un intento de limpiar las manos de quienes favorecieron un sistema basado en cifras y recompensas mortales.

La decisión de la JEP de desvirtuar la existencia de una política de Estado en la práctica del “conteo de cuerpos” no solo resulta una injusticia para las víctimas y sus familias, sino que también constituye un grave retroceso en la búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas. Los documentos oficiales y testimonios recolectados evidencian que el Estado, a través de altos mandos y de políticas explícitas de incentivos, promovió una cultura letal que se tradujo en innumerables ejecuciones extrajudiciales.

El rol de la magistrada Catalina Díaz, con su historial ligado al gobierno de Santos y su participación en negociaciones de paz, no puede pasar desapercibido. Su posición actual en la JEP plantea serias dudas sobre la imparcialidad de la investigación y la disposición real para enfrentar a las verdaderas estructuras de poder detrás de los falsos positivos. Es imperativo que la verdad salga a la luz y que se reevalúe, sin condicionamientos políticos, la responsabilidad del Estado en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Colombia.