Por: Corporación Justicia y Dignidad
Los asesinatos de personas en estado de indefensión o por fuera de combate, cometidos por la Fuerza Pública, de manera directa, con complicidad o tolerancia de otros grupos armados, que se han denominado Ejecuciones Extrajudiciales o “Falsos Positivos”, constituyen uno de los más graves problemas en el contexto de derechos humanos en Colombia. Vale decir que estos actos han sido catalogados como crímenes de “Lesa Humanidad”, por ser sistemáticos, generalizados y por obedecer a una política de Estado. La verdad sobre los Falsos Positivos se ha venido revelando desde hace por lo menos 17 años, y con la actividad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el gobierno del presidente Gustavo Petro, estamos conociendo con más detalle cómo operaba este fenómeno en algunas regiones del país.
En febrero de 2021, un informe de la JEP reveló que, en Colombia, por lo menos 6.402 personas fueron víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales en la modalidad de Falsos Positivos. Estos hechos ocurrieron en un periodo comprendido entre 2002 y 2008, bajo el mandato del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. El 66% de estas víctimas se concentró en diez departamentos, siendo Antioquia el de mayor número de casos y el departamento del Cauca, el décimo lugar en esta lista. La JEP también señaló que el documento que expidió el Ministerio de Defensa: la directiva 029 de 2005, «Por el cual se entregaba recompensas a militares por capturas y bajas de guerrilleros o cabecillas de las organizaciones al margen de la ley y narcotraficantes», fue lo que motivó a que la practica criminal de los Falsos Positivos se normalizara y proliferara en las unidades militares en todo el país. Este hecho fue denunciado en el año 2006 en el Congreso de la República por el entonces congresista y hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos-OACNUDH-, en su informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia desde 2009, llamó la atención sobre la persistencia de Ejecuciones Extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública, fundamentalmente del Ejército de Colombia y señaló como características comunes a los casos denunciados la de presentar a las víctimas como muertos en combate, alterar la escena de los hechos antes del levantamiento del cadáver y en la mayoría de las ocasiones hacer que la justicia penal militar asumiera las investigaciones. Concluyó también que, de conformidad con las investigaciones judiciales de la época, los Falsos Positivos se originaron por la presión de resultados y el interés de algunos miembros de la fuerza pública de obtener una serie de beneficios y reconocimientos. a partir de dichos resultados
En marzo del año 2010, el señor Philip Alston, Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, informó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su 14° periodo de sesiones, lo siguiente: “Mis investigaciones encontraron que miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de Ejecuciones Extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país. Muchas unidades militares comprometidas con los llamados “Falsos Positivos”, en los cuales las víctimas eran asesinadas por militares, a menudo por beneficio o ganancia personal de los soldados. Generalmente las víctimas fueron atraídas bajo falsas promesas por un “reclutador” hasta una zona remota donde eran asesinadas por soldados que reportaban que había “muerto en combate” y toman medidas para manipular y encubrir la escena del crimen”.
La Corte Penal Internacional, en su informe 2012 sobre la situación de Colombia de señaló que miembros de las fuerzas armadas han dado muerte intencionalmente a miles de civiles con el fin de potenciar su tasa de éxito en el contexto del conflicto armado interno y obtener beneficios monetarios procedentes de fondos del Estado. Indicó también que, una vez alterada la escena del crimen, se reportaron a los civiles ejecutados como guerrilleros muertos en combate. De igual forma dijo que los “Falsos Positivos”, se remontan a la década de los ochenta y que ocurrieron con mayor frecuencia entre los años 2004 al 2008 y que los asesinatos estuvieron a veces precedidos por detenciones arbitrarias, torturas y otras formas de malos tratos. La Corte Penal Internacional afirmó que las Ejecuciones Extrajudiciales en la modalidad de Falsos Positivos, al menos en algunas regiones, fue una política de Estado. Para la Fiscalía de Corte Penal Internacional existía un fundamento suficiente para creer que desde el 1 de noviembre de 2002 los Falsos Positivos constituyen crímenes de Lesa Humanidad tipificados en el Estatuto de Roma.
La OACNUDH también subrayó la ineficacia del aparato de justicia colombiano para el establecimiento y sanción de la responsabilidad en los casos de Ejecuciones Extrajudiciales, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, en el informe anual presentado en 2012 sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, en lo referente a las ejecuciones extrajudiciales, sostuvo que ésta letal práctica no se había erradicado totalmente.
El informe sobre las actividades de examen preliminar que desarrollaba la fiscalía de la Corte Penal Internacional del año 2017, señaló que se habían priorizado 5 casos, en cada uno de ellos se investigaba a una división del ejército, que a su vez era responsable de las acciones de diez brigadas militares. Adicionalmente, el informe indicó que siguen vigentes las preocupaciones sobre el alcance de la JEP y el juzgamiento efectivo de los responsables de graves crímenes competencia del Estatuto de Roma.
En el Amicus Curiae (Amigo de la Corte) presentado por la Corte Penal Internacional ante la Corte Constitucional, se insistió que las normas que rigen la JEP deben definir claramente las responsabilidades de mando en estos hechos de lesa humanidad, hacer énfasis en las graves violaciones a Derechos Humanos, en la participación directa o indirecta de personas en los crímenes en el marco del conflicto y en la efectividad de las penas alternativas que se impongan en ese marco de justicia transicional.
Muchos casos de ejecuciones extrajudiciales en la modalidad de Falsos Positivo se presentaron en el departamento del Cauca y también en la ciudad de Popayán. Son cerca de 206 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en la modalidad de Falsos Positivos que registra la JEP en el departamento del Cauca. Ocupamos el décimo lugar en número de víctimas en la lista de horror. Es probable que el subregistro víctimas sea mayor por la ausencia de denuncia, por que los casos terminaron archivados por la Justicia Penal Militar y también por que muchas de las víctimas fueron traídas de otros departamentos y reportadas como NN, así mismo, muchas víctimas del departamento del Cauca fueron ejecutadas en otras zonas de país y reportadas como NN. En Colombia, de conformidad con las cifras de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas hay alrededor de 25.000 cuerpos no identificados que permanecen en las instituciones del Estado y en los cementerios del país y, por lo tanto, no han sido entregados a sus familiares.
Estos son alguno de los casos que se presentaron en el departamento de Cauca entre el 2002 y el 2010 reportados por las organizaciones de derechos humanos o los medios de comunicación regional.
El 2 de febrero de 2004 en Popayán, Cauca, tropas pertenecientes a la Contraguerrilla Demoledor 6, adscrita al Batallón de Contraguerrillas número 50 del Ejército Nacional, ejecutaron al campesino ARBEY OSWALDO SÁNCHEZ CAMPO. Los hechos ocurrieron en la vereda El Cabuyo. El campesino fue presentado como “muerto en combate”.
El 31 de marzo de 2004, en la vereda San Antonio, corregimiento de Santa Leticia del municipio de Puracé, el capitán José Antonio Páez reportó tres personas muertas en combate pertenecientes a las FARC entre las que se hallaban las hermanas MARTA CECILIA EN INCHIMA Y NANCY INCHIMA, de 17 y 20 años de edad respectivamente. Al día siguiente el menor JAIRO ALEXANDER INCHIMA de 14 años de edad hermano de las víctimas denunció que sus hermanas no murieron en combate, ni eran guerrilleras, ni vestían prendas militares, sino que varios miembros del ejército ingresaron a su casa y la sacaron y luego les dispararon.
El 17 de mayo de 2005, en Almaguer, Cauca, tropas pertenecientes a la Compañía Acero del Batallón de Alta Montaña 4 Benjamín Herrera Cortez, adscrito a la Brigada 29 del Ejército Nacional, ejecutaron a los campesinos: EDWAR TULIO GÓMEZ, EVERT PAPAMIJA BENAVIDES y RÓMULO RENGIFO. Las víctimas fueron presentadas como “guerrilleros de la cuadrilla Camilo Cienfuegos del ELN, muertos en combate”.
El 16 de diciembre 2005, el Batallón José Hilario López, asesinó al campesino MILLER NOGUERA HERNÁNDEZ quien a las 5:00 am fue sacado de su residencia. Los militares trasladaron el cuerpo de la víctima hasta la cabecera municipal de La Sierra Cauca. El ejército en su informe indicó que Miller era un guerrillero dado de baja en combate y que era jefe de finanzas de la columna Lucho Quintero del ELN.
El 8 de enero de 2006, en la vereda Belén de Inzá, Cauca, tropas pertenecientes al Batallón Cacique Pigoanza del Ejército Nacional ejecutaron a los indígenas HORTENSIA NEYID TUNIA CUCHUMBE y MANUEL ANTONIO TAO, e hirieron a WILLIAM JOSÉ CUNACUÉ MEDINA. Hortensia y Manuel aparecieron uniformados de camuflado, con los rostros cubiertos con capuchas, las insignias y los apellidos cubiertos. Los cuerpos sin vida de Hortensia y Manuel fueron trasladados hasta las instalaciones militares en La Plata en donde en una rueda de prensa, fueron presentados como guerrilleros dados de «baja» portando granadas de fragmentación.
El 6 de abril de 2006, a las 5:30 p.m., los campesinos WALTER IMBACHÍ y RÓMULO NOGUERA fueron sacados de sus residencias. Horas más tarde, la comunidad escuchó disparos en la vereda La Cuchilla – Bateros en límite con el municipio de Bolívar, Cauca, y San Pablo, Nariño. Los cuerpos de los señores Walter Imbachí y Rómulo Noguera fueron llevados por el mismo ejército a la cabecera municipal de San Pablo, Nariño, presentaban señales de torturas, vestían camuflado con pañoletas del ELN. El ejército por su parte, entregó el informe con dos versiones; una: de dos guerrilleros dados de baja en combate y, la otra: de dos hombres que iban en moto y no atendieron el llamado de pare.
El 10 de abril de 2006, en Bolívar, Cauca, siendo las 2:00 p.m., encontrándose el señor LUIS ANTIDIO MACÍAS CAICEDO en su casa de habitación, ubicada en la vereda de Pueblo Viejo, fue asesinado por hombres que vestían de negro y estaban encapuchados. Posteriormente el cuerpo de la víctima fue dejado por miembros del Ejército Nacional en el Hospital de Bolívar -Cauca, afirmando que su muerte se había dado en combate.
El 19 de diciembre de 2006, hacia las 6:00 pm., en la vereda La Primicia, ubicada a media hora a pie del casco urbano de San Francisco Tacueyo, Cauca, fueron asesinados por efectivos militares del Batallón Pichincha de la Tercera Brigada, los comuneros indígenas ARNOLDO MUSICUE UL , ROBERTO POTO, quienes habían sido detenidos arbitrariamente desde el día anterior, acusados de pertenecer a la guerrilla. Sus cuerpos presentaban visibles señales de tortura. La comunidad indígena presenció el proceso de detención arbitraria y de tortura de las víctimas.
El 15 de febrero de 2007, en Piamonte, Cauca, tropas pertenecientes al Batallón de Infantería 25 General Roberto Domingo Rico Díaz de la Armada Nacional, ejecutaron a FRANUEL ERAZO PASINGA. Fue presentado por parte de los militares en el periódico Diario del Sur como “guerrillero del Frente 49 de las FARC-EP, muerto en combate en la vereda San José de Ignacio”.
El 29 de abril de 2007, en el Patía (El Bordo), Cauca, tropas pertenecientes al Batallón de Alta Montaña 4 Benjamín Herrera Cortez, adscrito a la Brigada 29 del Ejército Nacional, ejecutaron a dos campesinos que jugaban futbol en un campeonato verdad, del corregimiento de Santa Cruz. Los militares reportaron a las víctimas como guerrilleros dados de baja en combate.
El 26 de junio de 2007, en Popayán, Cauca, tropas pertenecientes al Ejército Nacional ejecutaron al enfermero MILTON JOSÉ VELASCO RIVERA y a los comerciantes CRISTIAN ADREY PAZ GEMBUEL, LUIS ALEXANDER GUTIÉRREZ TOVAR y JAMES IVÁN BOJORGE ORDÓÑEZ. El hecho se presentó en zona rural del suroccidente de Popayán en el sitio conocido como La Playa. Las víctimas fueron presentadas como guerrilleros dados de baja en combate.
El 9 de agosto de 2007, fueron ejecutados extrajudicialmente ULPIANO ORTIZ FAJARDO y JAIRO ALEXIS CASTRO CONCHA, por efectivos militares, pertenecientes al Batallón de Alta Montaña No 4 Benjamín Herrera Cortes, de la Brigada 29 del Ejercito Nacional.. A las 4:00 a.m., como era habitual de todos los jueves, Ulpiano salió de su casa en el casco urbano del Municipio de Piendamó, para realizar compra de mercancía en la Galería la 13 de Popayán para luego revenderla en Piendamo-Cauca; Jairo Alexis Castro Concha, iniciaba su labor como ayudante de buses de transporte público. En el terminal de Popayán fueron contactados por un militar vestido de civil quien los traslado hasta el sector de los Robles vía a Timbío, Cauca, donde fueron puestos en situación de indefensión y asesinados. El 10 de agosto de 2007, las emisoras Radio Súper, Mil Cuarenta y RCN de Popayán, señalaban que Ulpiano y Jairo Alexis habían sido dado de baja en combate por parte de efectivos militares de la Brigada 29 del Ejército Nacional y que eran integrantes del ELN.
El 4 de septiembre de 2007, en Popayán, Cauca, tropas pertenecientes al GAULA adscrito a la División 1 del Ejército Nacional, ejecutaron a EFRÉN DARÍO CHANTRE RIVERA y YEISSON DAVID HIDROBO HOYOS. Las víctimas habían salido de sus casas, ubicadas en el barrio Los Campos, luego que recibieran ofertas laborales de una mujer llamada Victoria Montenegro Sandoval y del suboficial retirado del Ejército Nacional José Tránsito Lucumí Paz, con el fin de ir a trabajar a unas fincas en el departamento de Córdoba. El día 6 del mes en curso fueron reportados como “bajas” por el GAULA del Ejército de Montería (Córdoba), a raíz de un corto combate ocurrido en la finca Los Brillantes, zona rural de Montería. Sin embargo, sus familiares se enteraron del hecho hasta el día 10 de junio de 2008, cuando la Fiscalía de Montería les anunció que los cuerpos estaban como NN en una fosa común.
El 29 de septiembre de 2007, en Popayán, Cauca, tropas pertenecientes al GAULA, adscrito a la División 1 del Ejército Nacional, ejecutaron a DIYER ANDRÉS BARONA VALENCIA. La víctima había salido de su casa, ubicada en el barrio Los Campos, luego que recibiera ofertas laborales de una mujer llamada Victoria Montenegro Sandoval y del suboficial retirado del Ejército Nacional José Tránsito Lucumí Paz, con el fin de ir a trabajar a una finca en el departamento de Córdoba. Diyer Andrés, quien había prestado servicio militar en el año 2003, en un batallón en Mocoa (Putumayo), salió de su casa el día 29 de septiembre, manifestándole a su mamá que iba a buscar en el municipio de Medellín (Antioquia) a un hombre que lo ayudaría a regresar al Ejército. Según la fuente el día 7 de octubre del año en curso fue reportado como “baja” por el GAULA del Ejército de Montería (Córdoba).
El 8 de octubre de 2007, en Popayán, Cauca, tropas pertenecientes al GAULA, adscrito a la División 1 del Ejército Nacional, ejecutaron a BALBINO ARLEY GÓMEZ. La víctima había salido de su casa, ubicada en el barrio Los Campos, luego de que recibiera ofertas laborales de una mujer llamada Victoria Montenegro Sandoval y del suboficial retirado del Ejército Nacional José Tránsito Lucumí Paz, con el fin de ir a trabajar a Montería (Córdoba) en la construcción de una casa y una piscina. Balbino, quien tenía 30 años de edad, salió de su casa el día 8 de octubre. El 20 de octubre fue reportado como “baja” por el GAULA del Ejército de Montería. Sin embargo, sus familiares se enteraron del hecho hasta el día 10 de junio de 2008, cuando la Fiscalía de Montería les anunció que el cuerpo estaba como NN en una fosa común.
El 24 de noviembre de 2007, en zona rural de El Tambo, Cauca, tropas del ejército ejecutaron a JOHAN ANDRÉS DAZA YEPES y a ÓSCAR EDUARDO ORTIZ y los reportaron como dados de baja en combate sepultándolos como NN. Habían desaparecido en los primeros días de noviembre; Johan había salido del barrio Rojas Pinilla de Armenia, Quindío, e iba rumbo a Pasto donde residía su padre.
El 30 de enero de 2008, en Silvia, Cauca, tropas pertenecientes al Batallón de Alta Montaña No. 4 del Ejército Nacional, ejecutaron a los indígenas Nasa ROBERT HELER ASTAIZA, LUIS CARLOS OTERO VELASCO y ELÍAS PECHENÉ PILLIMUE en el sitio denominado la Chulica, ubicado entre los Resguardos indígenas de Qizgó y Ambaló del Municipio de Silvia. El periódico el Liberal de Popayán y el País de Cali en su edición del 1 de febrero de 2008 y las emisoras locales de estas mismas ciudades indicaron que según la fuerza pública se trataba de guerrilleros dados de baja en combate.
El 26 de marzo de 2008, el señor PANFILIO DOMÍNGUEZ CABRERA salió de su residencia ubicada en la cabecera municipal de Rosas, Cauca, el día 25 de marzo con destino al municipio de La Cruz, Nariño. El día 26 de marzo a las 5:00 p.m., su familia recibió una llamada del Hospital del municipio de La Unión, Nariño, donde se les informaba que fueran a reclamar el cuerpo del señor Panfilio Domínguez, que se encontraba en la morgue del hospital y que éste había sido dado de baja por el Ejército Nacional.
El 2 de mayo de 2008, unidades de la Fuerza Aérea ametrallaron desde 5 helicópteros el caserío Rotura, del Consejo Comunitario de La Mamuncia, de López De Micay, Cauca, ejecutando al menor de 13 años AURELIANO TOVAR TOVAR quien estaba pescando en una canoa. Lo trasladaron en un helicóptero y a los cuatro días devolvieron su cadáver como el de un guerrillero dado de baja en combate.
El 24 de agosto de 2008, la personera municipal de Yumbo Valle, informó que cinc personas residentes en Yumbo, una en Palmira y una en Candelaria Valle, fueron reportadas por el Ejército Nacional como muertas en combate el día 24 de agosto de 2.008, las cinco primeras en el municipio de Timbío-Cauca y las dos últimas en Caloto, Cauca. Las víctimas fueron: JOSÉ DOMÍNGUEZ; JHON OSWALDO ARCE; JHON JAIRO ROSERO; JOSÉ ARBEY MUÑOZ; JOSÉ EDUARD CABAL; ERMINSON MENDOZA y LUIS ALFREDO RAMÍREZ.
El 7 de septiembre de 2008, en Piamonte, Cauca, tropas pertenecientes al Ejército Nacional ejecutaron a LUIS ALEXÁNDER JAMIOY PERDOMO. La víctima fue detenida arbitrariamente en un billar, sacado del lugar, asesinado y posteriormente vestido de camuflado, le colocaron una pistola y un radio.
El 17 de septiembre de 2008, en Jambaló, Cauca, tropas pertenecientes al Ejército Nacional, ejecutaron al indígena de etnia y pastor evangélico Nasa, JUSTINIANO TUNUBALÁ, del resguardo de Pitayó. La víctima se encontraba de regreso de la vereda de Paletón hacia Jambaló, donde fue a llevar a una señora. A esa hora se dio un hostigamiento de la guerrilla contra el Ejército. El comunero quedó en medio del hostigamiento en una vuelta del camino. Según la versión que dio el Ejército, Justiniano llevaba como parrillero a un guerrillero armado quien disparó contra el Ejército hiriendo a un soldado en un pie. Las autoridades indígenas afirmaron que dicha versión no tenía sustento en la realidad, que nunca se encontró el supuesto guerrillero que llevaba Justiniano, que no hubo reporte de soldados heridos y que el cuerpo del comunero presentaba múltiples impactos de fusil hechos a corta distancia.
En 26 de julio de 2009, en Silvia, Cauca, tropas pertenecientes al Batallón de Infantería Número 8 José Hilario López, adscritos a la Brigada 29 del Ejército Nacional, ejecutaron al indígena REINEL DAGUA QUINTO, de 28 años de edad, miembro del Cabildo de Pitayó. Fue sacado de su casa por hombres armados que vestían prendas de la Fuerza Pública. Tres horas después su cuerpo fue hallado sin vida en un descampado, presentaba varios impactos de armas, vestía una prenda camuflada del Ejército. En el Batallón informaron que el indígena había caído en combate con las fuerzas militares.
Toda la población de la Franja de Gaza, casi 2,3 millones de personas, se enfrenta a una grave escasez de agua, lo que tiene consecuencias fatales, especialmente para la niñez, que representan alrededor del 50% de la población. La mayoría de los sistemas de abastecimiento de agua han dejado de funcionar debido a diversos factores, como la falta de combustible o daños en las infraestructuras críticas de producción, tratamiento y distribución. Actualmente, la capacidad de producción de agua apenas alcanza el 5% de la producción diaria habitual. Los grupos de población vulnerables recurren a fuentes de agua no potable, en particular agua altamente salina y de calidad dudosa procedente de pozos agrícolas. El problema se agrava por el hecho de que las cinco plantas de tratamiento de aguas residuales de Gaza han dejado de funcionar, principalmente debido a la falta de combustible, lo que ha llevado a verter más de 120,000 m³ de aguas residuales al mar.
