Categoría: Comunicados

El mundo se cuestiona impotente sobre la funcionalidad y la efectividad de la ONU para frenar el Genocidio que padece el Pueblo Palestino y al tiempo la incapacidad del organismo para evitar el flagelo de las guerras a nivel global.  En el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas – documento fundacional de la ONU— se plasmó: «Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra (…)«. Hoy, 78 años después a la ONU no solo le quedó grande evitar las guerras, y socorrer a sus víctimas, de alguna medida el Consejo de Seguridad de la ONU esta prologando el sufrimiento de los pueblos del mundo y promueve las guerras bajo el sofisma del derecho de defensa de los Estados y el disco rayado de la lucha contra el terrorismo.

La Organización de Naciones Unidas –ONU, es una organización internacional fundada el 24 de octubre de 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, se estableció para prevenir conflictos a gran escala. La ONU fue creada mediante la Carta de las Naciones Unidas, que es su instrumento jurídico fundacional y fue adoptada el 26 de junio de 1945 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, celebrada en San Francisco entrando en vigor el 24 de octubre de 1945.

La ONU está compuesta por dos órganos principales:

• La Asamblea General donde todos los Estados miembros tienen representación y pueden discutir una amplia gama de temas internacionales y está compuesta por representantes de todos los Estados miembros de la ONU siendo un foro global de discusión, sin poder de decisión.
• El Consejo de Seguridad es el responsable de mantener la paz y la seguridad internacionales, cuenta con quince miembros, de los cuales cinco son permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia) y diez miembros no permanentes.

El derecho al veto en la ONU se aplica en el contexto del Consejo de Seguridad, no en la Asamblea General y solo a favor de los cinco miembros permanentes, lo que significa que pueden bloquear cualquier resolución del Consejo de Seguridad con su voto negativo, incluso si todas las demás naciones miembros votan a favor. La Asamblea General, por otro lado, toma decisiones por mayoría de votos, sin el derecho de veto.

El derecho al veto en el Consejo de Seguridad obstaculiza el funcionamiento efectivo de la ONU, ya que se le confiere a Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y China un poder desproporcionado en la toma de decisiones. Esto refleja la realidad de la posguerra, pero no tiene en cuenta la evolución del poder global, lo que ha llevado a la toma de decisiones sesgadas y no representativas de la comunidad internacional. El veto se ha usado para proteger los intereses nacionales de los miembros permanentes a expensas de los derechos humanos y la justicia en otros lugares. Socavando la misión principal de la ONU de mantener la paz y la seguridad internacionales. El uso del veto, incluso en situaciones de crisis humanitarias evidentes, lleva a la parálisis y la inacción de la ONU y la comunidad internacional, para abordar problemas urgentes.

Las decisiones del Consejo de Seguridad son consideradas vinculantes debido a las disposiciones establecidas en la Carta de las Naciones Unidas y al papel del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. El Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas confiere al Consejo de Seguridad la facultad de hacer cumplir sus decisiones mediante sanciones o el uso de la fuerza si es necesario.

En contraste, las decisiones de la Asamblea General no son vinculantes. La Asamblea General es un foro donde todos los Estados miembros tienen igualdad de voto, y las resoluciones adoptadas allí son recomendaciones que no tienen el mismo nivel de autoridad que las del Consejo de Seguridad, es decir no tienen peso jurídico en asuntos de seguridad internacional.

Desde hace 75 años, el Pueblo Palestino viene sufriendo un proceso de colonización por parte de Israel. Gaza es una cárcel a cielo abierto. Lo que estamos presenciando desde el 7 de octubre es un plan de limpieza étnica del Estado de Israel mediante ataques militares dirigidos contra la población civil en Gaza y Cisjordania, con la intención de arrojar a dos millones de Palestinos en calidad de refugiados hacia el desierto del Sinaí y hacia Jordania.

 

En solo 24 días, el Estado de Israel ha asesinado y desaparecido a más de 10,000 personas. Entre ellos se encuentran 3,500 niños y niñas, 2,136 mujeres, 29 periodistas y 63 trabajadores de la ONU y 134 personas integrantes de la Misión Médica. Han destruido edificios, escuelas, hospitales, mezquitas e iglesias. Esta semana, incluso bombardearon directamente un campo de refugiados. Este plan de limpieza étnica es un Genocidio, un verdadero holocausto del Pueblo Palestino.

 

El Consejo de Seguridad frente a esta situación sigue jugando un papel nefasto que va en contra vía del objeto misional de la ONU y está promoviendo – ojalá estemos equivocados – un conflicto internacional de la talla de una tercera guerra mundial. Estados Unidos frente al conflicto Israel -Palestina, ha vuelto a utilizar el poder de veto para bloquear una resolución del Consejo de Seguridad.

Estados Unidos vetó una resolución presentada por Brasil al Consejo de Seguridad en la que se pedía que se revocara la orden impuesta por Israel a los civiles y al personal de ONU de evacuar todas las zonas al norte de Gaza y reubicarse en el sur de la franja. La resolución S/2023/773 también pedía pausas humanitarias para permitir el suministro de ayuda a civiles por parte de las agencias de socorro de las Naciones Unidas y sus socios, así como del Comité Internacional de la Cruz Roja y otras organizaciones, y alienta el establecimiento de corredores humanitarios. El proyecto de resolución no era peligroso para Israel ya pedía solamente la apertura de los corredores humanitarios, sin condenar la colonización israelí

La posición de Estados Unidos haciendo uso del derecho al veto se traduce en un apoyo incondicional a Israel desde hace más de medio siglo y de avalar las practicas genocidas y de limpieza étnica que vienen adelantando.

Por otra parte, Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, que es el tratado que estableció la Corte Penal Internacional (CPI). Por lo tanto, Estados Unidos no está sujeto a la jurisdicción de la CPI, y no tiene la misma relación legal con la corte que los países que han ratificado el tratado. Además, en 2002, Estados Unidos adoptó la Ley de Protección de Personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos  o «Ley de Invasión de La Haya», que autoriza al gobierno de Estados Unidos a utilizar «todos los medios necesarios» para liberar a cualquier personal de Estados Unidos detenido por o en nombre de la CPI. Esta ley fue adoptada como una medida de protección para el personal militar y funcionarios de Estados Unidos, en caso de que fueran procesados por la CPI.

Israel tampoco es parte de la CPI, ni ha ratificado el Estatuto de Roma. Por lo tanto, Israel no está sujeto a la jurisdicción de la CPI. La CPI tiene jurisdicción sobre los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión, pero su capacidad para investigar y enjuiciar a individuos de un país depende de si ese país es un Estado parte del Estatuto de Roma o si el caso es referido a la CPI por el Consejo de Seguridad de la ONU. Israel cuenta con el derecho al veto de Estados Unidos, su aliado incondicional ante el Consejo de Seguridad de la ONU lo que hasta ahora garantiza plena impunidad a Israel por el Genocidio que comete contra el Pueblo Palestino.

Solo la movilización de los pueblos del mundo para solicitar un alto al Genocidio del Pueblo Palestino podrá evitar la llegada de una nueva era de oscuridad para la humanidad.

Por: Sofía López Mera, Abogada Defensora de Derechos Humanos y Periodista de la Corporación Justicia y Dignidad.

El desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia es desconcertante. Para periodistas y lideres políticos de derecha, los pueblos indígenas deben estar confinados en sus territorios a merced de la guerra y situaciones de extrema pobreza. Este desconocimiento ha derivado en actos de racismo estructural que promueven el exterminio étnico.

El racismo estructural se refiere a un sistema de desigualdad arraigado en las instituciones y estructuras sociales, políticas y económicas. Se manifiesta en prácticas y políticas, que a menudo, de manera inadvertida, favorecen a ciertos grupos étnicos mientras marginan a otros. Este tipo de racismo puede ser particularmente insidioso, ya que no siempre es obvio y a menudo se esconde detrás de la apariencia de la neutralidad. El racismo es un problema profundamente arraigado en la sociedad que ha persistido a lo largo de la historia y es una poderosa fuerza que perpetúa la desigualdad y, promueve el exterminio de minorías étnicas en todo el mundo.

El racismo estructural y el exterminio del pueblo judío representan un ejemplo trágico de cómo la discriminación sistémica puede llevar a consecuencias devastadoras. A medida que los nazis tomaron el control del gobierno alemán, promulgaron leyes antisemitas que excluían a los judíos de la vida pública, les negaban derechos civiles y promovían la segregación. Esto incluyó la prohibición de empleos, la eliminación de propiedad, y la creación de guetos para confinar a la población judía. Estas políticas se intensificaron gradualmente hasta llegar al exterminio planificado y sistemático conocido como el Holocausto. Este acto atroz de genocidio es un ejemplo extremo de cómo el racismo estructural puede desencadenar consecuencias inhumanas.

En este momento existe un gran escándalo mediático promovido por el congresista Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como “Jota Pe Hernández” el “youtuber”. Con bombos y platillos denunció ante el congreso que el Gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, hace millonarias transferencias a las comunidades y organizaciones indígenas. Las denuncias del congresista además de infundadas constituyen un patrón de racismo estructural que promueve el odio y el exterminio.

Desde la promulgación de la Constitución Política en 1991 se contempló la creación de las Entidades Territoriales Indígenas, y que las mismas se conformarían de acuerdo a lo que dispusiera la ley orgánica de ordenamiento territorial.

Con la ley orgánica de ordenamiento territorial se buscaba reconocer los desequilibrios en el desarrollo económico, social y ambiental que existen entre diferentes regiones geográficas de nuestro país, así como crear instrumentos para superar dichos desequilibrios mediante la determinación de competencias entre la Nación y las entidades territoriales. Con base en lo anterior, el legislador expidió la ley 388 de 1997, donde se definieron los lineamientos técnicos, políticos, administrativos y jurídicos relacionados con el proceso de ordenamiento territorial de los municipios y/o distritos. No obstante, solo hasta la expedición de la ley orgánica de ordenamiento territorial, la ley 1454 de 201, se estableció el marco regulatorio en esta materia, pero no se reguló lo ordenado por la constitución política frente a las Entidades Territoriales Indígenas, y la Corte Constitucional en la Sentencia C-489 de 2012, estableció que existe una omisión legislativa absoluta en relación con este tema y configura una discriminación institucional contra una minoría étnica.

Para subsanar dicha omisión legislativa, el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos expidió los decretos 1953 de 2014 y 0632 de 2018, donde se creó un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento, de manera transitoria, los Territorios Indígenas. Es importante aclarar que esta regulación solo se logra mediante el ejercicio de protesta social que realiza el movimiento indígena en Colombia.

Estos decretos desarrollan la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas, estableciendo funciones, mecanismos de financiación, control y vigilancia, así como el fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena, con el fin de proteger, reconocer, respetar y garantizar el ejercicio y goce de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas al territorio, autonomía, gobierno propio, libre determinación, educación indígena propia, salud propia, y al agua potable y saneamiento básico.

Es importante resaltar que mediante el Decreto 982 de 1999, se creó una Comisión para el desarrollo integral de la política indígena y adoptó medidas para obtener los recursos necesarios para la misma, y que mediante el decreto 1811 de 2017, se establecieron los mecanismos eficaces para garantizar la participación de los Pueblos Indígenas del Cauca organizados en el CRIC, en los sectores sociales de inversión a través de las iniciativas de política pública indígena propuesta por el gobierno y los mecanismos de cumplimiento y seguimiento.

Desde la presidencia de finales de la década de los 90 producto de la movilización social de los pueblos indígenas se construyen marcos normativos para la conformación de Entidades Territoriales Indígenas, y esto se hace mediante la financiación de la política pública indígena. No sabemos entonces, si las denuncias infundadas del congresista JP Hernández se hacen por desconocimiento legal – realmente es muy lamentable que un legislador desconozca el ordenamiento jurídico colombiano- o hacen parte de la estrategia de racismo soterrado y estructural que promueve en el fondo el exterminio de nuestros pueblos indígenas.

Este tipo de señalamientos alientan a la población a estigmatizar a los pueblos indígenas, a promover el odio hacia esta minoría étnica, que se puede leer por ejemplo en los trinos calumniosos del político nieto de Laureno Gomez, que señala:

• “Llenar plazas con los milicianos de los grupos narcos que están beneficiando no resulta tan complicado: el desgobierno les cumple dejándolos delinquir, traficar, secuestrar, asesinar y arrinconar a la población civil, lo único que deben hacer ellos es llenar buses y todo a costillas del erario. #LasMarchasSon un mar de cinismo entre los cabecillas del Pacto Histórico”
• “Dos décadas de educación etnocéntrica nos dejan a jóvenes entregados a los milicianos de fácil instrumentalización que le sirven a los tierreros, okupas y demás yerbas marxistas enfocadas a acabar con la propiedad privada en Colombia. Son indígenas de alquiler que se suman a contratistas de ocasión que salen orgullosos a decirnos que se malgastan nuestro dinero en la oda al ególatra Petro”
• “Es nuestro deber cuidar y reportar en cada una de las ciudades donde el autócrata desplegó con el dinero de nuestros impuestos a las narcoguerrillas camufladas de movimientos sociales e indígenas.”

Otra muestra de este ejercicio desdeñoso son los comentarios desafortunados del periodista Gustavo Gómez de Caracol Radio que indico:

-“De lejos parecen borregos. Se acerca uno, como le sucedió a esta oyente, y se descubre que es gente”, haciendo alusión a los indígenas que participaron de la Minga.

Es importante recordar también lo dicho en este mismo año por el cuestionado político y sub júdice, Alvaro Uribe Velez, en contra de la Guardia Indígena, proceso por el cual tiene aperturada investigación en la Fiscalía General de la Nación donde señaló de grupo paramilitar a la guardia indígena:

-“Qué nos preocupa con las guardias campesinas y que nos preocupa con las guardias indígenas que se van constituyendo como ejércitos privados desafiantes, que sustituyen o van a hacer alternativos a las fuerzas armadas institucionales que se están derivando en el paramilitarismo cualquiera sea su orientación ideológica, hay que evitarlo”.

 

No podemos ser indiferentes ante el racismo estructural que promueven la derecha y los medios de comunicación en nuestro país. Es crucial reconocer la existencia de este problema y trabajar para desmantelar las estructuras y políticas que lo perpetúan para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria para todas las personas, independientemente de su origen étnico.

 

Por: Corporación Justicia y Dignidad

Una semana de horror ha vivido el departamento del Cauca, asesinatos de lideres, atentados terroristas, denuncias de reclutamiento forzado y combates entre grupos armados, ocurren en medio de un supuesto cese al fuego que está vigente para el departamento del Cauca y en el marco de las negociaciones de Paz que se llevaron a cabo en el municipio de Suarez, con las estructuras del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC.

El 13 de septiembre el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC, denunció que continua la practica de reclutamiento forzado de indígenas menores de edad en el resguardo de San Lorenzo Caldono.

En la noche del domingo 17 de septiembre se registró en el municipio de Miranda, Cauca el homicidio de José Arley Cruz Chocue, autoridad tradicional del resguardo indígena Kwe’sx Yu Kiwe del municipio de Florida, Valle del Cauca. El dirigente indígena fue asesinado por hombres armados, cuando se desplazaba en su motocicleta desde la cabecera municipal de Miranda hacia el municipio de Corinto, Cauca.

Así mismo, durante los días 19 y 20 de septiembre en la región del macizo colombiano, en el municipio de La Vega, se registraron fuertes enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Eln, en donde al parecer hay diez combatientes muertos. Los enfrentamientos ocurrieron en el sector de Hueco Hondo, ubicado en el corregimiento Santa Juana.

El 20 de septiembre en la localidad de Timba, corregimiento de Buenos Aires, cerca de las 7 de la mañana un carro bomba explotó a 50 metros de la estación de la Policía. En el ataque fueron asesinadas dos personas, y dejó otras dos personas heridas. Una de las víctimas mortales fue Luz Stella Balanta Solís, era profesora, y se dirigía a la escuela en el momento de la explosión. La estación de policía atacada se encuentra cerca de un hospital que quedó parcialmente destruido, de una escuela que sufrió daños por la explosión, al igual que varios negocios cercanos.

Los otros dos atentados se realizaron a menos de 20 kilómetros de Timba, una base militar en el municipio de Suárez y una estación de Policía en el municipio de Santander de Quilichao fueron atacadas con explosivos, en ninguno de los hechos se registraron víctimas. Además, las autoridades locales desactivaron un cilindro bomba debajo de un puente peatonal en el sector de San Rafael, justo al norte de Santander de Quilichao, sobre la vía Panamericana. Tanto el presidente de la república como el gobernador responsabilizaron de los hechos a la columna “Jaime Martínez” de las disidencias que operan en la zona y que integran el EMC de las Farc.

Para el presidente Gustavo Petro, la actual arremetida del EMC se presenta como retaliación por la expulsión de la columna “Carlos Patiño” del cañón de Micay del municipio de Argelia Cauca.

La presencia de la columna “Carlos Patiño” se trasladó al macizo colombiano en donde ya se registran fuertes combates. Así mismo están presionando a la inerme población campesina para que salgan a marchar a la ciudad de Popayán exigiendo el retiro del ejército del municipio de Argelia. Por su parte, la columna “Dagoberto Ramos” aún se encuentra realizando prácticas de reclutamiento forzado en el norte del Cauca, y no ha llegado noticia alguna sobre la desarticulación del centro operacional de entrenamiento de menores reclutados que instalaron en el municipio de Toribio.

Esta nueva ola de atentados ocurre en el marco de un cese al fuego vigente, es importante recordar que la suspensión del cese al fuego hecha por el presidente en el mes de mayo, luego del reclutamiento y asesinato de cuatro niños indígenas del pueblo Murui en el Putumayo por parte de las estructuras del EMC cobijaba solo a los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta. Es decir, en el departamento del Cauca existe un acuerdo de cese al fuego.

También ocurren cuando el Gobierno y el EMC anunciaran el 19 de septiembre desde el municipio de Suarez la instalación de una mesa de diálogos de paz en Tibú para el 8 de octubre en donde se ha pactado también empezará un cese al fuego bilateral que durará 10 meses. En un comunicado conjunto, el EMC y el Gobierno precisaron que el acuerdo tendrá “como marco de referencia el respeto al derecho internacional humanitario y en particular el protocolo adicional II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra”.

En reunión que se llevó a cabo en el departamento del Caquetá entre el 11 y 12 de agosto, en la que participaron el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, funcionarios de la ONU, de MAPP OEA, delegados del Gobierno nacional y delegados de las EMC, se llegaron a tres acuerdos: El primer acuerdo es la fecha de la instalación de la mesa de diálogos, que sería el 17 de septiembre; el segundo acuerdo, trata de que ese mismo 17 de septiembre comenzaría el cese al fuego bilateral, nacional y de carácter temporal, que tendría una vigencia de seis meses; el tercer acuerdo consistente en que mientras llega ese cese al fuego, se pactó un cese de operaciones ofensivas a partir del jueves 17 de agosto, es decir 6 días después de la mencionada reunión.

Los acuerdos del cese al fuego no tienen fecha cierta de inicio ni de culminación y aun no existe el mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación que se pactó con las EMC desde principio de este año. No existe unidad de mando en las estructuras del EMC en el departamento del Cauca, estas disidencias de las FARC actúan descoordinadamente y están conformadas por ejércitos de niños y jóvenes fuertemente armados y atomizados. Los acuerdos que pactan con el Gobierno son abruptamente incumplidos por sus diferentes frentes y se traducen en control territorial, paros armados, combates con otros grupos armados, amenaza y asesinatos a lideres sociales e indígenas y nuevos desplazamientos forzados y confinamientos.

De conformidad con los reportes periodísticos de la revista Raya, tanto los negociadores de paz de la guerrilla del ELN, como los integrantes de la llamada Segunda Marquetalia, han expresado que el Estado colombiano debe esclarecer quiénes están detrás de varios frentes que se hacen llamar disidencias de las FARC, ya que han ejecutado acciones bélicas contra la población civil y se han enfrentado con la Segunda Marquetalia y el ELN. Así mismo se ha reportado que algunos comandantes de las estructuras del EMC fueron desmovilizados en el proceso de paz de los paramilitares en el marco de la Justicia y Paz, y que volvieron a reintegrarse a las guerrillas sin haberse desmovilizado con los acuerdos de la habana de 2016.

Al no existir unidad de mando de las columnas del EMC de las FARC ni certeza sobre el cese al fuego, los acuerdos en el marco de las negociaciones de paz simplemente no se cumplirán. Las estructuras armadas que operan en el Cauca han abusado de las buenas intenciones del Gobierno y tienen en una grave crisis humanitaria al departamento. El Gobierno Nacional, sin gestos ni voluntades de paz, otorgo apresuradamente un estatus político a unas estructuras armadas y atomizadas que actúan más como grupos paramilitares al servicio del narcotráfico y que no muestran a la fecha intención de parar con la guerra.