Menor de 15 años de la vereda El Pedregal de Caloto Cauca fue víctima de ejecución extrajudicial por parte del Ejército Nacional

Caloto Cauca, 3 de octubre de 2012

Don Angelino Martínez, residente en la Vereda El Pedregal de Caloto, Cauca, aún no sale del horror y la indignación que le causó recibir los restos de su hijo NORBEY MARTINEZ BONILLA, de 15 años de edad, desaparecido desde el pasado 28 de septiembre de 2012, en el marco de intensos enfrentamientos que se libraron entre el Ejército Nacional y las Farc, en la zona rural.

Desde el día viernes 28 de septiembre los familiares del menor lo esperaban en su casa después que terminara sus labores de agricultura. Hacia el día sábado sus familiares al ver que no llegaba, iniciaron la búsqueda ante la Fiscalía, la alcaldía y la policía, sin obtener resultados.

Luego de tres angustiosos días de búsqueda, ayer martes fue entregado el cadáver del menor a sus familiares en el Instituto de Medicina Legal de Cali. Insólitamente el cadáver no tiene la lengua, tiene heridas en los dedos y una herida en el cuello y en el glúteo derecho con elemento desconocido. Llama la atención que el cuerpo sin vida del menor fue entregado con coseduras en todas sus extremidades. Así mismo, el uniforme camuflado que presuntamente portaba, aparece sin perforaciones.

NORBEY MARTINEZ es residente de la vereda el Pedregal y beneficiario de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, desde el 13 de agosto de 2010.

Los medios de comunicación y autoridades militares presentaron al menor como un guerrillero conocido con el alias de “Yair” dado de baja en combate. Según el ejército, el subversivo tenía mas de diez años en la guerrilla y hacía parte de la seguridad de un jefe guerrillero.

http://www.noticiascaracol.com/nacion/video-275926-asi-combaten-ejercito-y-farc-caloto-cauca

Si el menor NORVEY MARTINEZ tenía 15 años, resulta improbable que haya ingresado a la subversión a los cinco años de edad. Igualmente, improbable resulta que el menor en mención sea alias “Yair”.

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/en-combates-en-caloto-cauca-murio-guerrillero-de-las-farc_12268273-4

Se solicita al Dr. Eduardo Montealegre Lynet, Fiscal General de la Nación para que asigne un Fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para que adelante una investigación exhaustiva de los hechos denunciados;

Se insta al Estado de Colombia para que la investigación por la muerte este menor no sea de conocimiento de la Justicia Penal Militar.

Al Dr. Eduardo Valdés, director del Instituto del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que designe una comisión de expertos que adelante una valoración inmediata y exhaustiva del cadáver para determinar las causas de la muerte del menor, con la estricta observancia de los estándares internacionales en materia forense establecidos en el Protocolo de Minnesota para casos de ejecuciones extrajudiciales y del Protocolo de Estambul para casos de Tortura;

A la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, para que inste al Estado colombiano sobre el cumplimiento de las normas del derecho internacional de los derechos humanos.

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que exija del Estado colombiano de manera urgente el cumplimiento y respeto de los mandatos de la medida cautelar MC-97/2010.

A las organizaciones de Derechos Humanos para que difundan la presente denuncia.

En la Tercera Brigada de Cali se efectuó la imputación de cargos contra el líder campesino Rafael Ulcué

10 de junio de 2012

En un mal precedente para la Justicia Colombiana, los defensores de derechos humanos y las garantías de los ciudadanos, se constituyeron las audiencias preliminares adelantadas contra el líder campesino y defensor de derechos humanos RAFAEL ULCUE el día de ayer.

En efecto, entre domingo 10 y el lunes 11 de junio de 2012, se adelantaron por parte de la JUEZ 9 DE CONTROL DE GARANTÍAS, la señora MARTHA CECILIA PAZ ARGOTI, las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento a RAFAEL ULCUE, en sede de LA TERCERA BRIGADA DEL EJERCITO NACIONAL DE CALI. Este proceder recuerda los Consejos verbales de Guerra instaurados durante los 70 y 80 por el régimen colombiano contra opositores políticos.

No obstante ser una audiencia pública la juez de control de garantías impidió el acceso de la prensa a la improvisada sala de audiencia y, los militares, negaron el acceso a familiares de los indiciados. Resulta igualmente preocupante que personal uniformado filmara a los indiciados, a la defensa y los demás participantes del acto.

Durante el desarrollo de la audiencia el FISCAL 8 ESPECIALIZADO DE LA UNIDAD NACIONAL CONTRA EL TERRORISMO DE BOGOTÁ, RICARDO BEJARANO BELTRÁN, tildo de “discurso terrorista” los argumentos de la defensa que manifestó su desacuerdo con este tipo de capturas masivas. Fue tal exabrupto que el Procurador delegado en lo penal dejo constancia del incidente.

La Fiscalía imputó los delitos de rebelión y concierto para delinquir agravado con fines terrorista al líder campesino, con base en elementos materiales probatorios y evidencia física como medios electrónicos (usb, discos duros, entre otros) que se obtuvieron de manera ilegal, violando los protocolos de cadena de custodia y que luego fueron manipulados por personal militar. En las actas del funcionario de campo aparece certificado que el material fue llevado en morrales y bolsas de negras sin el respectivo embalaje y rotulación, y que luego fueron transportados a otros programas de sistemas.  Dentro de los supuestos hallazgos, la fiscalía, presentó una supuesta hoja de vida elaborada por las FARC en la que incluían datos personales, familiares e incluso datos del FOSYGA y de vinculación de eps, incluyendo la fotografía. El ente acusador fundamentó su pedido en declaraciones de dos reinsertados de las FARC que manifestaron no conocer el verdadero nombre de RAFAEL ULCUE, y que no tenían conocimiento de su participación en actos terroristas.

A pesar de la insistencia de la defensa sobre la ilegalidad de las audiencias preliminares la Juez de Control de garantías, no obstante que reconoció la calidad de defensor derechos humanos del señor RAFAEL ULCUE, con base en pruebas aportadas, le impuso medida de aseguramiento de detención en centro carcelario con fundamento en su condición de defensor de los derechos humanos,  su capacidad intelectual y formación que conoce los derechos de la comunidad y que por lo tanto puede influir en los testigos para que no digan la verdad. Igualmente afirmo que no hay mejor lugar para darle protección que la cárcel.

RAFAEL ULCUE PERDOMO y SERGIO ULCUE PERDOMO, son líderes populares de procesos de organización campesina en las veredas El Vergel y El Pedregal del municipio de Caloto Cauca y quienes por varios años y permanentemente han denunciado los atropellos y crímenes cometidos contra la población civil por parte del Ejército Nacional.

Desde 2009 ante la arremetida del Ejercito Nacional en contra de la población campesina de las veredas el Vergel y el Pedregal, RAFAEL ULCUE y SERGIO ULCUE, organizaron a las comunidades para acceder a la Administración de Justicia denunciando los casos de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidos por el Ejército Nacional en contra de sus comunidades.

En virtud de lo anterior, RAFAEL y SERGIO ULCUE, como voceros y líderes comunitarios obtuvieron de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, Medidas Cautelares para proteger la vida y la integridad de los habitantes de las mencionadas veredas que se encuentran en medio del conflicto armado.

Exigimos al Estado de Colombia

Garantizar el derecho a la libertad de los campesinos RAFAEL ULCUE PERDOMO Y SERGIO ULCUE PERDOMO.

Brindar todas las garantías del debido proceso, recurso judicial efectivo y el derecho de defensa a los líderes campesinos RAFAEL ULCUE y SERGIO ULCUE.

Exigimos el estricto cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH en segundo informe sobre defensores de derechos humanos en las Américas en donde señala los efectos nocivos de la criminalización de la labor de defensa de los derechos humanos.

Solicitamos a la comunidad jurídica nacional e internacional exigir al Estado Colombiano el cumplimiento de las garantías básicas de derecho fundamentales en condiciones de imparcialidad, de igualdad, garantizando los principios de juez natural y la prohibición del establecimiento de tribunales Adhoc

Alertamos a las Organizaciones Sociales y populares del Cauca y Valle del Cauca de la existencia de más de 140 órdenes de captura solicitadas  la Fiscalía 5 Especializada de Popayán dentro del radicado 2010-00-02892 en donde muy seguramente se encuentran vinculados defensores de derechos humanos de la Región.

Solicitamos a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, a las organizaciones sociales y populares respaldar nuestra denuncia, brindar solidaridad a los afectados y a la comunidad a la que pertenecen, divulgar nuestras peticiones y exigir al Estado plenas garantías para la defensa de los derechos humanos.

“Águilas Negras” amenazan a seis docentes de la vereda el pedregal de caloto cauca cuyos habitantes gozan de medidas cautelares de la CIDH (mc-97-10)

El 2 de diciembre de 2010 a las 2: 30 de la madrugada, llegó a los teléfonos celulares de seis docentes del Colegio de la Vereda el Pedregal del municipio de Caloto Cauca, sendos mensajes de texto en los que se les profiere amenazas de muerte a ellos y a sus familiares, en los siguientes términos: “Le informamos que las águilas negras sabemos que usted es colaborador de las farc en el  Pedregal así que usted y su familia son odjetivos a partir de hoy moriran  sapos hp ”.

El siniestro mensaje de texto fue enviado desde teléfono celular 3017265429 y sus destinatarios fueron los profesores DAGOBERTO MARTINEZ, JOSE EDINSON VELASCO, JAIRO HENAO, CARLOS ALBERTO SANTACRUZ y las  profesoras MARITZA HERNANDEZ y ADRIANA MERA, quienes prestan sus servicios educativos en el colegio de la Vereda El Pedregal.

Hay que anotar que el profesor DAGOBERTO MARINEZ, es beneficiario directo de las medidas cautelares MC-97-10 que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el pasado 13 de agosto de 2010 a 179 familias de la Vereda El Vergel y El Pedregal. Asimismo los restantes profesores laboran en el mismo territorio cautelado por el órgano de Derechos Humanos.

No obstante la gravedad de los hechos y que los mismos fueron puestos en conocimiento de la Cancillería Colombiana y demás instituciones del Estado, en el marco de la concertación de las medidas cautelares el 9 de diciembre, a la fecha no se han tomado acciones concretas para verificar los hechos y brindar la protección de la vida y la integridad física y moral de los afectados.

Igualmente, a pesar de que el Consejo de Estado de en fallo de tutela 24 de septiembre de 2010, Radicado No. 19001 23 31 000 2010 00193 01, en razón a la vulnerabilidad de familias campesinas de la región, ordenó a la Defensoría del Pueblo   “la designación o comisión de un funcionario como Defensor Comunitario de la Zona Norte del Cauca [municipios de Buenos Aires, Caldono, Caloto, Guachene, Corinto, Jambaló, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Suárez, Toribío y Villa Rica], que igualmente, hará parte del Comité Interinstitucional aludido.” Esta decisión no ha sido cumplida.

El 13 de agosto de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 179 familias de las Veredas El Vergel y El Pedregal, departamento del Cauca, en Colombia. En la solicitud de medida cautelar se alegó que estas familias estaban en una situación de peligro extremo como consecuencia del conflicto armado y la falta de medidas para proteger a los civiles que habitan en la zona. Según lo informado, los habitantes de dichas veredas habrían sido víctimas de lesiones a causa de disparos, desplazamientos forzados y otros presuntos actos de violencia. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Colombia que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las 179 familias beneficiarias, que adopte las medidas necesarias para garantizar el retorno en condiciones de seguridad a las familias desplazadas de las veredas El Vergel y el Pedregal, que concertara las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informara sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.”

Instamos al Estado Colombiano a cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales y llamamos a los organismos y organizaciones defensoras de derechos humanos de carácter nacional e internacional para que brinden el acompañamiento del caso mediante la denuncia, divulgación y seguimiento de la presente denuncia pública.

Caloto Cauca, 13 de diciembre de 2010

CORPORACION JUSTICIA Y DIGNIDAD

Ejército Nacional dispara contra civiles beneficiarios de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-

El día domingo 28 de noviembre de 2010, en horas de la tarde se iniciaron fuertes enfrentamientos armados entre las tropas del ejército nacional y la guerrilla de las Farc en la vereda el Credo del municipio de Caloto Cauca.

Alrededor de las dos de la tarde (2 PM) en la Vereda El Pedregal, cuando la hija del Presidente de la Junta de Acción comunal de esta Vereda, JIMENA MARTINEZ ULCUE (de 15 años) se dirigía junto con JAVIER ULCUE CUATIN (15 años) a la caseta comunal a realizar el cursillo para recibir el sacramento de la confirmación, miembros del ejército nacional sin mediar ninguna voz de alerta les dispararon varias ráfagas de fusil, que gracias a la reacción de los menores no fueron impactados y se evitó una tragedia. Es de anotar que los niños se vestían ropas claras que no permitía confusión alguna, violándose de esta manera flagrante el principio de distinción que contempla el DIH a favor de los civiles no combatientes.

Preocupa que en menos de una semana hayan sido asesinados en el país dos beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH (Cootragroblan en Turbo-Antioquia y de 26 de familias de Argelia Cauca)

El 13 de agosto de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 179 familias de las Veredas El Vergel y El Pedregal, departamento del Cauca, en Colombia. En la solicitud de medida cautelar se alegó que estas familias estaban en una situación de peligro extremo como consecuencia del conflicto armado y la falta de medidas para proteger a los civiles que habitan en la zona. Según lo informado, los habitantes de dichas veredas habrían sido víctimas de lesiones a causa de disparos, desplazamientos forzados y otros presuntos actos de violencia. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Colombia que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las 179 familias beneficiarias, que adopte las medidas necesarias para garantizar el retorno en condiciones de seguridad a las familias desplazadas de las veredas El Vergel y el Pedregal, que concertara las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informara sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.”

No obstante, el incumplimiento por parte del Estado de su obligación de garantizar los derechos de los beneficiarios de las medidas cautelares, especialmente los niños, y su deber de investigar los graves hechos denunciados, sirve de aliciente para que se sigan cometiendo atropellos contra la población civil en esta zona del país.

Instamos al Estado Colombiano a cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales y llamamos a los organismos y organizaciones defensoras de derechos humanos de carácter nacional e internacional para que brinden el acompañamiento del caso mediante la denuncia, divulgación y seguimiento de la presente denuncia pública.

Caloto Cauca, 30 de noviembre de 2010

Sr Alexander Montaña y Sra Sofia Lopez, abogados víctimas de seguimientos y cuyos teléfonos fueron interceptados

El Observatorio Internacional de Abogados expresa su profunda indignación por la situación de los abogados Alexander Montaña y Sofía López quienes fueron víctimas de seguimientos y hostigamientos en el centro de la ciudad de Cali, Colombia.

Descripción de la situación:
Alexander Montaña y Sofía López son dos abogados defensores de derechos humanos y asesores jurídicos de la Corporación Justicia y Dignidad, organismo no gubernamental de defensa de derechos humanos.
Son ante todo representantes de víctimas de crímenes de Estado en los departamentos del Sur Occidente colombiano y realizan tanto acciones jurídicas nacionales como el trámite de peticiones y de medidas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El 18 de noviembre de 2010, Alexander Montaña y Sofía López fueron nuevamente víctimas de seguimientos en la ciudad de Cali por dos individuos que se movilizaban en un taxi. El individuo al lado del chofer insistentemente miró de manera intimidante a los abogados, intentando sacar algo por la ventanilla del automotor. Ante la actitud agresiva de los conductores, los abogados ordenaron al taxista que los transportaba que saliera rápido del lugar, sin embargo, los agresores atravesaron su vehículo impidiendo el paso del taxi en el que se desplazaban los abogados. El atascamiento de los carros de la parte de atrás, hizo que los agresores huyeron a alta velocidad hacia el sur de la ciudad.

Las líneas celulares de los abogados se encuentran interceptadas hasta el día de hoy. Las llamadas se desvían a la Estación de Policía de la Rivera, y a la Red de Cooperantes de la Policía de Santiago de Cali.

En la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación, pudieron constatar lo anterior, a pesar de ello no se admitió la denuncia arguyendo que era mejor esperar a que cualquiera de las fiscalías asuma el primer caso por los hechos del 5 de octubre.

Ya el 5 de Octubre de 2010, Alexander Montaña y Sofía López habían sido también objeto de seguimientos y agresiones por cuatro sujetos cuando salían de su oficina ubicada en el centro de la ciudad de Cali. Un individuo había golpeado brutalmente por la espalda a Alexander Montaña mientras lo insultaba, intimidándolo. Medicina Legal había dictaminado una incapacidad médica de 15 días al abogado. El 22 de octubre, los abogados presentaron una solicitud de protección al Ministerio del Interior y de Justicia pero, hasta el día de hoy, no tuvieron repuesta.

Cabe insistir sobre el hecho que, después de que 179 familias de las veredas El Vergel y El Pedregal de Caloto Cauca recibieron medidas cautelares por parte de la CIDH, el 13 de Agosto de 2010, los abogados de la Corporación Justicia y Dignidad pidieron en calidad de peticionario garantías y protección al Estado colombiano para poder seguir asistiendo a víctimas.

Sin embargo, la solicitud fue negada por la Cancillería con el argumento que solo los beneficiarios de la medidas cautelares pueden ser objeto de protección.

Por lo anterior, consideramos que ahora, la protección y la seguridad de Alexander Montaña y Sofía López no están garantizadas.

Llamamiento del Observatorio Internacional de Abogados:
El Observatorio recuerda a todos que la independencia de los abogados es uno de los principales barómetros de la democracia y de la efectividad del Estado de derecho. Y llama la atención de las autoridades colombianas acerca de los Principios básicos sobre la función de los abogados, adoptados en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 27 de septiembre de 1990.

Principio n°16:
“Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su país como en el exterior; y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión”.

Principio n°17:
“Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada”.

Principio n°18:
“Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones”.

El Observatorio International de Abogados solicita:
A las autoridades colombianas, que tomen todas las medidas para garantizar la protección y la seguridad de Alexander Montaña, de Sofía López y de los demás abogados que se encuentran en la misma situación, para que puedan ejercer adecuadamente su labor, y que se realicen las investigaciones correspondientes.

A la Fiscalía General de la Nación que expida decisiones de fondo tendientes a esclarecer los responsables y determinadores de los hechos de intimidación y de hostigamiento de los que vienen siendo víctimas Alexander Montaña y Sofía López.

Al Ministro del Interior y de Justicia que atienda la solicitud de protección hecha por Alexander Montaña y Sofía López con el fin de evitar irreparables perjuicios a la vida e integridad personal de estos abogados.
A la Organización de las Naciones Unidas, a la Comisión europea y demás organizaciones internacionales y al conjunto de la comunidad internacional que intervengan ante las autoridades nacionales colombianas para garantizar la protección y la seguridad de Alexander Montaña y de Sofía López y el libre ejercicio de la profesión en toda circunstancia en Colombia.

A las organizaciones de abogados, que den su apoyo a Alexander Montaña y a Sofía López y que tomen todo lo que esté en su poder para llamar la atención de las autoridades colombianas sobre su situación.
Este documento es una emanación del Observatorio Internacional de los Abogados (OIA). Puede ser recobrado y difundido únicamente en su forma inicial. Toda alteración o falsificación de este documento esta estrictamente prohibida.

Seguimiento e interceptación de los teléfonos a los abogados de la Corporación Justicia y Dignidad

En el día de ayer 18 de noviembre de 2010, alrededor de las 8:00 P.M. los abogados de La Corporación Justicia y Dignidad SOFIA LOPEZ y ALEXANDER MONTAÑA, fueron víctimas de seguimientos en la ciudad de Cali por dos individuos que se movilizaban en un taxi.

El seguimiento se produjo desde que los abogados abordaron un taxi de servicio público en la Avenida Sexta Norte con destino al norte de la ciudad.

A una corta distancia del que se desplazaban los abogados, otro taxi de servicio público en el que se movilizaban dos individuos: el conductor y otro sujeto corpulento de tez blanca. En actitud persecutoria el taxi les realizó un seguimiento durante toda Avenida Vásquez Cobo y, en la glorieta de la Terminal de Transportes se les acercó. El individuo que iba -lo que es inusual- en la silla delantera al lado del chofer insistentemente miró de manera intimidante a los abogados como intentando sacar algo por la ventilla del vehículo.  Ante la actitud  agresiva  de los conductores de ese vehículo, los abogados ordenaron al taxista que los transportaba que saliera rápido del lugar. Sin embargo los agresores atravesaron su vehículo impidiendo el paso del taxi en el que se desplazaban los abogados, pero la insistencia de los otros vehículos por el trancón que se formó, los obligó seguir la marcha. Este fue un momento de mucha angustia. El taxista con los abogaos cambió de ruta y el vehículo con los dos sujetos siguió por la calle 25 hacia el sur.

La intimidación duro aproximadamente 5 minutos  y causo terror en los abogados porque era claro que el acompañante del taxista intento hacer algo, sin embargo las circunstancias narradas evito que se produjera algo lamentable.

Hay que recordar que el pasado 5 de octubre los mismos abogados fueron seguidos por varios individuos y posteriormente fueron agredidos causándole a uno de los juristas unas lesiones personales de 15 días de incapacidad según medicina legal.

Por otra parte se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación interceptación ilegal de los teléfonos celulares ya que las llamadas se desvían a una estación de policía de la ciudad de Cali.

Por otra parte el viernes 12 de noviembre, RAFAEL ULCUE PERDOMO uno de los dirigentes de las Veredas El Vergel de Caloto-Cauca, beneficiario de las medidas cautelares MC97/10 de la CIDH fue abordado por un hombre corpulento trigueño que se movilizaba en una moto azul DT 175 sin placas y con un casco azul. El individuo le dijo en tono amenazante que: “DE MODO QUE SE CONFABULARON PARA SACAR AL ESTADO DE LA REGION. TENGA CUIDADO QUE LE PUEDE PASAR ALGO”.

La Corporación Justicia y Dignidad se encuentra adelantando acompañamiento jurídico a víctimas de crímenes de Estado en los departamentos del Sur Occidente Colombiano, tanto con acciones jurídicas nacionales como en el trámite de peticiones y medidas de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el marco de la concertación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 13 de agosto de 2010 a 179 familias de las veredas El Vergel y El Pedregal de Caloto Cauca, la Corporación Justicia y Dignidad en calidad de peticionario solicito al Estado de Colombia garantías y protección para poder seguir asistiendo a las víctimas, sin embargo la solicitud fue negada por la Cancillería con el argumento que solo los beneficiarios de las medidas cautelares pueden ser objeto de protección.

Es evidente la desprotección en que se encuentran los defensores de derechos humanos de las regiones en Colombia. Específicamente los abogados representantes de víctimas no gozamos de garantías necesarias para ejercer adecuadamente nuestra labor. Las agresiones, los montajes judiciales, las interceptaciones

Solicitamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales divulgar la presenten denuncia y exigir al Estado la investigación correspondiente y protección y garantía para la defensa de los derechos humanos en el sur occidente del país.

Santiago de Cali- Valle del Cauca, 19 de octubre de 2010

Seguimientos y agresiones contra los abogados de la Corporación Justicia y Dignidad

El día martes 5 de octubre de 2010 los abogados de la Corporación JUSTICIA Y DIGNIDAD encargados del suroccidente del país fueron víctimas de seguimientos y agresiones  por cuatro sujetos en el centro de la ciudad de Santiago de Cali.

Siendo las 6:45 PM, luego de haber atendido en su oficina durante toda la tarde a varias víctimas de violaciones a los derechos humanos, los abogados de la Corporación ALEXANDER MONTAÑA y SOFIA LOPEZ, se dirigieron a un Café ubicado en centro de la ciudad, donde permanecieron por un lapso de media hora.  A las 7:00 PM, por el lugar pasaron dos sujetos que en actitud intimidatoria, miraron  y hablaron entre ellos refiriéndose a los abogados. Posteriormente otro sujeto joven de tez trigueña y mediana estatura le hizo señas a la abogada insinuándole que se le acercara.

Al percatarse de tales movimientos extraños los abogados decidieron salir lugar. Dos cuadras más adelante en el Parque de los Poetas mientras hacían llamadas telefónicas los abogados notaron a una corta distancia la presencia amenazante de los mismos sujetos que los habían intimidado en el Café, como, tratando de escuchar la conversación.

Mientras los abogados se disponían a tomar el transporte público apareció un cuarto individuo de tez morena, alto, fornido, quien vestía de camisa blanca y blue jean.  Simulando estar embriagado, golpeó brutalmente por la espalda al abogado ALEXANDER MONTAÑA al tiempo que le gritó  “no te metas en lo que no te importa hijueputa”. Es importante resaltar que era evidente que el sujeto no estaba ebrio ya que no olía a licor y tenia control sobre sus movimientos. Gracias a la reacción de algunas personas que se encontraban en el lugar se evitó que el tipo siguiera con las agresiones. El individuo se marchó en actitud provocadora, gritando palabras soeces. Cruzando esquina el agresor llegó donde estaban los sujetos que minutos antes habían seguido a los abogados. Por la lesión causada Medicina Legal dictaminó 15 días de incapacidad para el abogado ALEXANDER MONTAÑA.

La Corporación Justicia y Dignidad se encuentra adelantando acompañamiento jurídico a víctimas de crímenes de Estado en los departamentos del Sur Occidente Colombiano, tanto con acciones jurídicas nacionales como en el trámite de peticiones y medidas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el marco de la concertación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 13 de agosto de 2010 a 179 familias de las veredas El Vergel y El Pedregal de Caloto Cauca, la Corporación Justicia y Dignidad en calidad de peticionario solicito al Estado de Colombia garantías y protección para poder seguir asistiendo a las víctimas, sin embargo la solicitud fue negada por la Cancillería con el argumento que solo los beneficiarios de las medidas cautelares pueden ser objeto de protección.

Es evidente la desprotección en que se encuentran los defensores de derechos humanos de las regiones en Colombia. Específicamente los abogados representantes de víctimas no gozamos de garantías necesarias para ejercer adecuadamente nuestra labor.

Exigimos del Estado de Colombia que brinde garantías para realizar tan importante labor en beneficio de la democracia.

Solicitamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales divulgar la presenten denuncia y exigir al Estado la investigación correspondiente y protección y garantía para la defensa de los derechos humanos en el sur occidente del país.

Santiago de Cali- Valle del Cauca, 5 de octubre de 2010

Continúan infracciones al DIH por parte del Ejército Nacional contra familias campesinas protegidas por la CIDH

El pasado viernes 24 de septiembre de 2010, a las 5 A.M., un grupo de militares llegó a la humilde vivienda del líder campesino RAFAEL ULCUE PERDOMO, en la Vereda El Vergel del municipio de Caloto, le requirió sus documentos de identidad y los de su vehículo. Extrañamente se llevaron sus documentos y los retuvieron por el lapso de una hora sin motivo aparente y sin dar explicación alguna.

En horas de la noche del mismo día, los militares procedieron a cocinar y a acampar en inmediaciones de la escuela de la vereda.

El domingo 26 de septiembre en horas de la mañana, cuando varios miembros del Ejército Nacional se encontraban estacionados en las casas campesinas de la Vereda El Placer (aledaña a El Vergel), fueron atacados por la guerrilla y desde ese momento se iniciaron fuertes combates que pusieron en grave riesgo a las familias que se encontraban en sus viviendas. Cuando los campesinos reclamaron a uno de los soldados por estar disparando al lado donde se encontraban unos niños, este les respondió con una carcajada.

Hacia las 2 PM del mismo domingo, cuando el líder campesino RAFAEL ULCUE PERDOMO se movilizaba en su vehículo con varios miembros de la comunidad hacia la Vereda El Vergel, fueron retenidos y su vehículo con las personas dentro fue usado como escudo humano por parte de los militares que se estaban enfrentando a los subversivos.

El pasado 28 de septiembre el Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Vergel, reiteró ante autoridades del nivel nacional graves denuncias por la realización ilegal de un censo de población por parte del Ejército Nacional en el sector.

Como puede observarse en la página oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este órgano otorgó medidas cautelares a estas familias afectadas por el conflicto armado, no obstante, los hechos denunciados constituyen claras infracciones al DIH y un evidente desafío a las decisiones de la CIDH.   http://www.cidh.oas.org/medidas/2010.sp.htm

“MC 97-10 – 179 Familias de las Veredas El Vergel y El Pedregal, departamento del Cauca, Colombia. El 13 de agosto de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 179 familias de las Veredas El Vergel y El Pedregal, departamento del Cauca, en Colombia. En la solicitud de medida cautelar se alegó que estas familias estaban en una situación de peligro extremo como consecuencia del conflicto armado y la falta de medidas para proteger a los civiles que habitan en la zona. Según lo informado, los habitantes de dichas veredas habrían sido víctimas de lesiones a causa de disparos, desplazamientos forzados y otros presuntos actos de violencia. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Colombia que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las 179 familias beneficiarias, que adopte las medidas necesarias para garantizar el retorno en condiciones de seguridad a las familias desplazadas de las veredas El Vergel y el Pedregal, que concertara las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informara sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.”

Hacemos un llamado urgente a las instituciones del Estado de Colombia para que adopten las medidas urgentes y necesarias para la protección de los derechos a la vida, a la integridad personal y el derecho a no ser desplazados forzadamente los habitantes de las Veredas El Pedregal y el Vergel del municipio de Caloto-Cauca.

Asimismo, llamamos a las organizaciones defensoras de derechos humanos de carácter nacional e internacional para que brinden el acompañamiento del caso mediante la denuncia, la visibilización y divulgación de la presente información.

Caloto-Cauca, 29 de septiembre de 2010

Herido campesino en enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército Nacional en la vereda El Pedregal de Caloto Cauca

Siendo aproximadamente las 10 AM de hoy 3 agosto de 2010, el señor TOBÍAS TROCHEZ, fue herido en su cabeza por un disparo de fusil. El hecho se registró en la Vereda El Pedregal del Municipio de Caloto, cuando el campesino se encontraba enchapolando café en la finca de su esposa GRISELDA TROCHEZ, cuando se produjeron combates entre la Guerrilla y el Ejército que se había acantonado en el sitio, en un desconocimiento flagrante de las normas del derecho internacional humanitario.

El campesino fue sacado por miembros de la comunidad con destino al Hospital Local de Caloto-Cauca, sin que hasta el momento se sepa de algún parte medico. Es de anotar que GRISELDA TROCHEZ, es tía de VERÓNICA TROCHEZ, quien también fue herida por el ejército  el pasado 5 de junio del presente y quien a la fecha se encuentra en grave situación de salud.

El enfrentamiento se presentó a escasos metros de la Escuela de la vereda, y comprometió la seguridad de alrededor de 160 niños y niñas, que en el momento se encontraban en hora recreo en el patio de la misma.

El pasado martes 27 de julio, cuando se registraron intensos combates en la misma vereda, un campesino sorprendió a un militar  fumando marihuana cerca de la escuela de El Pedregal y el militar le manifestó al campesino que iba a dar la orden  de disparar a «esos guerrilleros que van caminando por el filo». A lo que el campesino le reclamó y le aclaró que eran los niños y las niñas de la vereda quienes transitaban por el lugar.

Desde noviembre de 2009, hasta la fecha, las comunidades de la Vereda El Vergel y El Pedregal han venido denunciando y documentando  ante las instituciones del Estado y ante organismos internacionales de protección, graves infracciones al DIH, sin que a la fecha se hayan tomado medidas efectivas que garanticen la vida y la integridad física y moral de estos habitantes.

¿Hasta cuando esta poblaciones inermes seguirán siendo blanco del Estado y la Guerrilla?, ¿A que instancia deben acudir estas comunidades para exigir los derechos fundamentales? Ninguna instancia del Estado de Colombia ha tomado cartas en el asunto en procura de conjurar la grave situación humanitaria, ni la Fiscalía General de la Nación, ni la Procuraduría han adoptado medidas para la  investigación y sanción efectiva  de los agresores, la defensoría del pueblo solo se ufana de amontonar nuestras comunicaciones para incluirla en los informes de riesgo, a la fecha la defensoría no ha atendido el llamado de la Comunidad de verificar los destrozos que ha dejado el conflicto.

La grave crisis humanitaria llevó a que las comunidades de El Vergel y El Pedregal interpusieran  acción de tutela en contra de la Presidencia de la República, los entes de investigación y el Ministerio Público, a fin de que se adoptaran las medidas necesarias para evitar más daños irreparables en la vida y en la integridad de las personas. El Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca en cabeza del magistrado ponente HERNÁN ANDRADE RINCON, consideraron que la protección de los derechos a la vida y a la integridad son una obligación de medio y no de resultado en contravía al Compromiso Internacional adquirido por  Estado de Colombia con la suscripción y ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos en donde se obliga no solo a respetar los derechos humanos si no ha garantizarlos mediante la adopción de todo tipo de medidas.

Que los niños tengan que esconderse debajo de sus desgastados pupitres, en los inseguros salones, escapando de las balas asesinas que los acechan, cuando deberían correr, jugar, cantar, no es un asunto Estado. Que si matan a un campesino o hieren a una campesina nada importa al Estado. Que si se desplazan los lideres organizativos y espirituales de la comunidad, es insignificante para el Estado. En este caótico y desolador panorama, ¿que deben hacer las Comunidades? , ¿Que otra salida les queda?.

Este derecho a la vida tan vilipendiado por los actores armados, desconocido por las Agencias Estatales, derecho a la vida del que se han aferrado las comunidades  para no desplazarse, para seguir en el territorio y no dejarlo en los tentáculos de las fuerzas oscuras que hay detrás del control de la cordillera central, este derecho  a la vida reducido a norma de tratado, de constitución, de código, este valioso derecho a la vida que las comunidades campesinas gritan con fuerza hasta el cansancio para su vigencia, derecho a la vida menospreciado, por el que se debe seguir insistiendo hasta que la muerte impuesta como opción,  por el Estado, lo permita.

Exigimos del Estado de Colombia poner fin a la crisis humanitaria provocada por su irresponsable accionar, y convocamos a la solidaridad de las organizaciones defensoras de derechos humanos para fortalecer la denuncias.

Caloto, 3 de agosto de 2010

Amenazas y persecución del ejercito a líderes campesinos de las veredas El Vergel y Pedregal de Caloto Cauca

La Corporación Justicia y Dignidad se permite informa a la Comunidad Nacional e Internacional hechos nuevos que constituyen vulneraciones a la integridad personal y a la libre circulación de las familias campesinas de las veredas el Vergel y el Pedregal, lo que significa una grave amenaza e inminente riesgo contra la vida y la integridad de sus habitantes.

    1. En horas de la mañana día martes 27 julio de 2010, varios miembros del Ejército Nacional llegaron a la vereda El Pedregal del municipio de Caloto y se acantonaron cerca de las viviendas y de la escuela en la cual se encontraban decenas de niños y niñas recibiendo clases.

Con frecuencia, como lo hemos señalado en anteriores informes, una vez el Ejercito se acantona en los lugares poblados empiezan los enfrentamientos armados con la guerrilla, como a la postre ocurrió este día. Los niños y niñas quedaron atrapados durante varias horas en la escuela sin poder salir, debido a los fuertes combates que se registraron, en que fue impactada la escuela en varias oportunidades.

2. Este mismo 27 de julio, hacia el medio día, un grupo de tres miembros del ejército nacional llegó a la finca del señor JULIO TROCHEZ en la misma vereda. El señor JULIO TROCHEZ es el padre de la menor VERONICA TROCHEZ, quien el pasado 4 de junio fue herida por un disparo de fusil cerca a su columna vertebral que le salió por el abdomen y que en la actualidad se encuentra en grave estado de salud.

Uno de los militares le dijo al señor JULIO TROCHEZ, que ellos tenían información que la guerrilla acampaba en la finca de La familia ULCUE PERDOMO en la misma vereda EL PEDREGAL y que estaban esperando el momento oportuno para “ajustar cuentas” con los señores RAFAEL ULCUE PERDOMO Y SERGIO ULCUE PERDOMO. Debe aclarase que esta acusación es falsa; por el contrario, son los militares quienes de manera sistemática vienen ocupando, no solo las fincas de los campesinos de estas veredas, sino también las casas de habitación y lugares protegidos por el DIH.

Recordemos que el día 27 de marzo de 2010, otro grupo numeroso de militares, sin orden judicial, llegaron a la casa de habitación de la señora HERMINIA PERDOMO, madre de RAFAEL y SERGIO ULCUE PERDOMO en el casco urbano del municipio de Corinto y en tono amenazante, inquirieron a ADRIANA MARIA ULCUE por sus hermanos exigiéndole fotografías y los documentos de identificación de ellos. En esa ocasión los militares afirmaron “Ellos  se encontraban en serios problemas” (refiriéndose a RAFAEL Y SERGIO); Asimismo, en esa fecha, algunos militares tomaron fotografías a la casa y a las personas que allí se encontraban. Otro militar filmó la casa y sus alrededores.

3. El día de hoy 1 de agosto de 2010, a la 1 de la madrugada, un grupo numeroso de hombres armados llegaron a la finca de la familia ULCUE PERDOMO en la Vereda El Pedregal y estuvieron acechando por largo tiempo en la finca. Según los campesinos que los vieron, estaban esperando la oportunidad para atacar a alguien.

RAFAEL ULCUE PERDOMO Y SERGIO ULCUE PERDOMO, líderes populares de procesos de organización campesina en las veredas El Vergel y El Pedregal y quienes permanentemente han denunciado los atropellos y crímenes contra la población civil por parte del Ejército y los actores armados en la región, solo se enteraron de esta grave situación el día de ayer, pues el señor JULIO TROCHEZ muy temeroso les contó a los afectados que no lo había contado antes por temor a represalias del ejercito.

En el momento la familia ULCUE PERDOMO está muy asustada y los hermanos SERGIO Y RAFAEL se han tenido que desplazar de sus veredas, en procura de proteger su vida.

Los habitantes de las veredas El Vergel y El Pedregal están muy temerosos que ocurran nuevos daños a la vida y la integridad física y a sus bienes materiales, como los acaecidos en lo que va corrido del año.

Hacemos un llamado urgente  a la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de las Naciones Unidas y a organizaciones defensoras de derechos humanos y de DIH de carácter nacional e internacional para que insten al Estado de Colombia a la protección de las comunidades campesinas, la prevención de su desplazamiento y especialmente la protección de la vida de sus líderes.

Caloto, Cauca 1 de agosto de 2010.