Categoría: Comunicados

Valle del Cauca, 4 de agosto de 2015

El viernes 31 de julio de 2015, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Palmira (radicado 2014-00050), efectuó Formulación de Acusación contra los Mayores del Ejército JIMMY ALBERTO GUERRERO ÁLVAREZ y RICARDO GONZÁLEZ PINTO por el quíntuple homicidio de JONATHAN BEDOYA SIERRA, IVÁN CAMACHO, JOSÉ RAMIRO ORTEGA, JULIO CÉSAR SOLÍS ECHEVERRY y EDGAR ANDRÉS MAZUERA, asesinados en un falso operativo militar el 5 de agosto de 2008  por miembros del Batallón Agustín Codazzi de Palmira-Valle.

Cabe resaltar que la audiencia había sido aplazada varias veces por la defensa como estrategia para buscar la libertad de los imputados por vencimiento de términos. Además se pudo evidenciar que tanto los privados de la libertad como los tres custodios que los acompañaban grababan la audiencia e igualmente los acusados JIMMY ALBERTO GUERRERO ALVAREZ y RICARDO GONZALEZ PINTO, sonreían y miraban a los familiares de las víctimas que se encontraban en el recinto, queriéndolas intimidar.

Lo que más llamó la atención de la audiencia fue la actuación del Procurador Delegado en  lo Penal JHON JOSE MONTAÑA GALLEGO, designado “Agente Especial” por la Procuraduría General de la Nación, quien sin justificación alguna y, por fortuna, de manera impertinente, pidió “el rechazo” de tres pruebas de cargo de la Fiscalía. Fue explícita su empatía e interés en favorecer los intereses de los militares acusados. Su conducta dejó claro que el horizonte del juicio oral estaría plagado de actuaciones que favorezcan a los militares, a no ser que se designe un procurador que en su labor no olvide el derecho de las víctimas a la Verdad y a la Justicia en  esta ejecución extrajudicial.

El señor Procurador o Agente Especial JHON JOSE MONTAÑA GALLEGO, fue defensor de confianza de ELKIN CASARRUBIA POSADA[1] (Mario o el Cura), Jefe Paramilitar de las AUC del Bloque Calima, quien con sus hombres con la aquiescencia, connivencia y participación de la fuerza pública asesinó, desapareció y desplazó a cientos de personas en el Valle del Cauca entre 1999 y 2004-Ver anexo.

Como organización defensora de derechos humanos le exigimos al Estado Colombiano en cabeza de Juan Manuel Santos, quien para esa época de los hechos era Ministro de Defensa, que  realmente demuestre su compromiso con los familiares de las víctimas de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales para que  estos crímenes no queden en la impunidad.

Solicitamos a la Organización de Naciones Unidas –ONU-y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  hacer seguimiento especial del presente caso en el marco de las denuncias internacionales interpuestas por los familiares de las víctimas.

Instamos al Juez Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Palmira tomar los correctivos necesarios en garantía de los derechos de las víctimas.

Exigimos al Procurador General de la Nación el cambio inmediato del agente especial JHON JOSE MONTAÑA GALLEGO designado en este proceso penal, por uno que ofrezca garantías plenas de imparcialidad y que represente los intereses de la sociedad para la superación de la impunidad y las garantías de no repetición de crímenes de lesa humanidad , especialmente en la audiencia de solicitud de libertad que se llevara a cabo el 10 de agosto del presente año ante un Juez de Control de Garantías de Palmira.

 

[1] Fiscalía Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario OIT, radicado 815075 Diligencia de Indagatoria 22 de agosto de 2007

Cali ,14 de mayo de 2015

En audiencia de 8 de mayo de 2015 en la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán, el fiscal Sexto delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá de la Unidad contra la corrupción judicial, GERMAN ARIAS CORTES, solicitó Preclusión de la investigación a favor de la fiscal quinta especializada de Popayán, MARTHA LILIANA REALPE CERON, y de los efectivos policiales de la SIJIN IVAN MORENO CRUZ y CARLOS ARTURO LOZANO.

La fiscal REALPE CERON y los efectivos policiales, el 19 de abril de 2013, participaron en un operativo ilegal de captura en contra de la abogada defensora de derechos humanos SOFIA LOPEZ, a quien sin existir un proceso penal ni una orden de captura de autoridad judicial competente, fue privada arbitrariamente de su libertad y sometida a malos tratos. Este hecho generó su desplazamiento forzado.

La razón del atropello fue simple: las denuncias de la abogada, relacionadas con reuniones a puerta cerrada de la fiscal quinta especializada, con militares antes de la realización de audiencias judiciales a sus defendidos, que coinciden sospechosamente con entrevistas a reinsertados que señalan a sus defendidos. Otra razón del atropello es que la jurista ha acudido al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, tal como la fiscal lo ha hecho saber en repetidas ocasiones.

La actuación del fiscal GERMAN ARIAS CORTES en el trámite de la preclusión denota la forma descarada como quiere instaurar impunidad en favor de sus pares; actos constitutivos de corrupción y de delitos. Para ello se ha valido de artimañas jurídicas.

En un hecho sin justificación ni lógica alguna, se valió de otro proceso judicial para ocultar las pruebas solicitadas por las víctimas, con el fin de no allegarlas a este proceso judicial y ocultándolas en su pedimento de preclusión.

Dirigentes sindicales del Cauca, testigos de los abusos de los integrantes de la policía judicial adscritos a la fiscalía quinta especializada de Popayán, al retener arbitrariamente a la abogada, fueron entrevistados por la fiscalía, pero irregularmente sus declaraciones no aparecen la carpeta; el fiscal aduce que las allegó a otra investigación  penal. Todo ello, claro está, para favorecer a sus colegas, pues su intención preclusiva se vería afectada ante la contundencia de los testigos de cargo. Estamos frente a un acto de fraude procesal evidente.

La audiencia de preclusión fue como se esperaba: un descubrimiento probatorio anticipado a favor de los indiciados;  una audiencia desequilibrada donde la procuradora judicial justificó las conductas de la fiscal y de los policías de la SIJIN, manifestando que en Colombia la policía nacional y judicial tienen una desbordada competencia para disponer de la libertad de las personas en cualquier parte del territorio, aun en operativos clandestinos, de civil y sin identificación alguna. Peor aun, la procuradora sin sonrojarse afirmó no ver ningún reparo de Género en que la jurista fuera requisada y auscultada por dos policías –hombres-.

El abogado defensor de la fiscal confesó que los indiciados retuvieron a la defensora de derechos humanos “para que no se volara”.

Por su parte la fiscal indiciada no justificó qué norma del ordenamiento jurídico le otorga facultad para la realización de retención y verificación de antecedentes mediante el uso de la violencia, sin orden de captura y sin un proceso penal, ni existir estado de flagrancia. Los efectivos de la policía judicial confesaron que su actuación se trataba de un operativo judicial, e intentaron ridiculizar los perjuicios ocasionados a la víctima.

En la audiencia mientras hubo tiempo limitado para la defensa de la victima, a favor de la preclusión intervinieron los cuatro indiciados, un defensor de confianza, la fiscalía y la procuraduría. En la misma se estigmatizó y ridiculizó a la victima por acudir al sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

En este escenario se prevé que no se garantizará el acceso a la justicia de las victimas por parte de la unidad anticorrupción de la fiscalía, afectada por el mismo flagelo que dice investigar.

La decisión está en manos de la sala penal del Tribunal de Popayán, que solo ante las insistentes súplicas de la víctima otorgo unos pocos minutos para denunciar el ocultamiento de las pruebas confesado por fuera de audiencia por el mismo fiscal de conocimiento. La decisión se dará a conocer el 19 de mayo de 2015 a las 2 PM.

La fiscal REALPE CERÓN, muy probablemente será premiada  con impunidad, porque fue quien diseño y ejecutó el proceso judicial llamado “Farc-política” del Cauca. Un proceso que no corresponde en absoluto a técnica alguna de investigación criminal de tendencia acusatoria; un burdo montaje judicial contra dirigentes campesinos, indígenas y afrocolombianos del norte del Cauca, que pretende debilitar los procesos de resistencia y luchas históricas en esta región del país.

En este escenario fangoso y oscuro, lleno de corrupción, en que se ve lejana la justicia, recordemos que a las víctimas nos queda la voz para desnudar y desobedecer este sistema podrido que priva injustamente de la libertad, que  militariza la sociedad,  que persigue a los de a pie, a los que piensan diferente, a los que quieren transformar lo injusto. Desnudar y desobedecer ese sistema corrupto que favorece actos criminales que causan daño a ciudadanos inocentes con las llamadas capturas masivas, con sus carteles de testigos falsos, que condena a hombres y mujeres y las lleva a las cárceles a vivir en condiciones de indignidad.

Seguimos haciendo un llamado a la solidaridad, a la censura moral, a la ruptura contra el sistema judicial que reprime y propicia impunidades, Agradecemos infinitamente el acompañamiento nacional e internacional; ha sido el aliento para seguir en la defensa de los derechos humanos en Colombia.

Popayan, 9 de agosto de 2014

Señor

EDUARDO MONTEALEGRE LINETT
FISCAL GENERAL DE LA NACION
E.S.D.
 

Cordial Saludo

A siete (7) años de la ejecución extrajudicial de ULPIANO ORTIZ FAJARDO, no solo conmemoramos con indignaciòn su vil asesinato a sangre fria por parte de efectivos de la Brigada 29 del Ejercito Nacional el 9 de agosto de 2007, sino que rechazamos la armònica eficacia de la Fiscalìa General de la Naciòn y otras autoridades judiciales en la garantìa de impunidad para este crimen de lesa humanidad.

El 9 de agosto de 2007, fueron ejecutados extrajudicialmente ULPIANO ORTIZ FAJARDO y JAIRO ALEXIS CASTRO CONCHA, en el marco de la extendida polìtica de Estado, conocida como “falsos positivos”, por efectivos militares, pertenecientes al “Batallon de Alta Montaña No 4 BG Benjamín Herrera Cortes”, de la Brigada 29 del Ejercito Nacional. El móvil utilizado fue el de “guerrilleros del ELN dados de baja en combate”.

El 9 de agosto de 2007, a las 4:00 de la mañana, como era habitual de todos los jueves, ULPIANO salió de su casa en el casco urbano del Municipio de Piendamó, para realizar compra de mercancía en la Galería la 13 de Popayàn para luego revenderla en Piendamò-Cauca; JAIRO ALEXIS CASTRO CONCHA, iniciaba su labor como ayudante de buses de transporte pùblico.

El 10 de agosto de 2007, hacia las 5:30 a.m. sus familiares fueron enterados por las emisoras Radio Súper, Mil Cuarenta y RCN de Popayán, que ULPIANO “había sido dado de baja por parte de efectivos militares de la Vigésimo Novena Brigada del Ejército Nacional.” Los medios de comunicación indicaron que las víctimas eran miembros del ELN y que habían sido muertos en combate.  El día 11 de agosto de 2007, el Diario El Liberal de Popayán, aludiendo los hechos, titulò:  “Eran del ELN según el Ejército. DOS GUERRILLEROS FUERON ABATIDOS EN LOS ROBLES”.(…)”.

LOS DOCUMENTOS MILITARES
De los documentos aportados por los propios militares para justificar sus actuaciones, es fàcil inferir que fueron alterados, adulterados y prefabricados.

La orden de Operaciones es la Orden General proferida por el Comandante del Ejército y la Misión táctica la traducción en el caso concreto de la “Orden de operaciones” en un lugar demarcado y determinado[1]. La “Orden de operaciones Eclipse” que sustenta la Misión Táctica “No 70 Antorcha II”, que soporta las muertes, no existe. Solo existe la misión táctica denominada “Misión Táctica No 70 Antorcha II fragmentaria a la Orden Eclipse”, firmada por el teniente coronel MARTIN HERNANDO NIETO MELO, Comandante del “Batallón de Alta Montaña No 4  Benjamín Herrera Cortes”. Ilògicamente el documento no justifica porque es “fragmentaria” ni  porque deriva de la “Orden de Operaciones Eclipse”.  Por su parte, el anexo de inteligencia[2] necesario para el diseño y ejecución de la misión táctica fue proferido el 8 de agosto de 2007, el mismo día que supuestamente se diseñó la misión táctica y el mismo dia en el que se inició su ejecución por parte de la compañía Coral al mando del militar JHON JANNER GUTIERREZ COY.

¿Cómo sostener entonces que el anexo inteligencia que es necesario para el diseño y ejecución de la misión táctica No 70  Antorcha II fuera proferido el 8 de agosto de 2007, y que ese mismo, con la información de inteligencia, se diseñara la misión táctica pasando por todos los niveles de consulta y asesoramiento?; ¿cómo es posible que ese mismo día en que se diseñó la misión táctica, se iniciara su ejecución? Lo anterior solo indica la flagrante ilegalidad del operativo militar.

La actuaciòn ilegal del ejercito, tiene otro hecho protuberante que devela su responsabilidad en el crimen: El anexo de inteligencia -de 8 de agosto de 2007- refiere supuestos hechos delictivos de 28 de agosto de 2007, es decir, con sobrenaturales poderes adivinatorios, los militares dan cuenta de hechos posteriores al crimen. Todo indica que el anexo de inteligencia fue elaborado posteriormente a los hechos de 9 de agosto de 2007.

Otro aspecto escandaloso, que compromete a todas luces al Ejercito, El efectivo militar JHON JANER GUTIERREZ COY, ilògica e ilegalmente actua en los documentos militares, en diferentes cargos: primero como Jefe de la Sección de Inteligencia del BAMHE 4;  en la Misión Táctica funge como oficial comandante de Coral 4;  asi mismo como oficial S2 que elaboró el anexo de Inteligencia, además suscribe los informes de Patrullaje y el informe dirigido al Comandante  del Batallón de Alta Montaña No 4. En el derecho operacional legal de las fuerzas militares no es permitido que un S2 o integrante de la sección inteligencia participe de los operativos militares existiendo una infracción al reglamento militar.[3]

Ademas, este militar hace pasar por radiograma operacional un documento que no reúne las características de tal[4], tiene el numero 1170 escrito con bolìgrafo y no corresponde al mismo documento electrónico que posteriormente fue entergado a la investigacion, así mismo tiene un título que dice “centro de operaciones”.  inicialmente indica una fecha del 1 de junio de 2005, seguido como fecha del hecho de 9 de agosto de 2007,  y señala la hora de elaboración que es a  las  6:30 am. ¿Es lògico creer que cuando se iniciaba el supuesto combate (a las 6:30 am) a la misma hora se indicara con precisión sobre las supuestas dos bajas con nombre, apellido y número de identificación, así como la cantidad de armas supuestamente incautadas, su marca y numero, y además se indicaran que eran miembros del ELN.?

El supuesto Radiograma o centro de operaciones fue hecho con anterioridad a que ocurrieran los hechos es un documento prefabricado, configurando una falsedad ideológica de documento público. De ser un documento cierto, y elaborado a las 6:30 de la mañana, denotaría  tambien que la escena del crimen fue alterada y las supuestas armas incautadas movidas, al igual que los cuerpos para extraer  información tan exacta.

A pesar de la gravedad de los hechos, nunca se activó el COT o Centro de Operaciones tácticas, no existen radiogramas operacionales como tal, ni libro del diario operacional[5], ni minutas de guardia que den cuenta de la supuesta operación militar, la presencia de sujetos extraños y las órdenes dadas por GUTIERREZ COY, menos aun de la presencia de tropas del ELN en la zona.

INEXISTENCIA Y DESPROPORCION DEL OPERATIVO
Nunca existió el supuesto enfrentamiento armado. Las pruebas forenses indican que ULPIANO nunca disparo el arma que se le incautó, así mismo que de los 8 disparos que recibió, 5 se hicieron a una distancia de 3 metros, distancia realmente muy corta en un enfrentamiento armado, y 3 de los disparos presentan FALSO TATUAJE O AHUMAMIENTO[6]  es decir que los militares dispararon a corta distancia,  no superior a 50 centimetros.

Es importante resaltar que según prueba forense, ULPIANO no realizó ningún disparo. En inspección judicial en la escena del crimen, los funcionarios del CTI establecen “Un arma de fuego tipo CARABINA de fabricación artesanal, con un proveedor para la misma con tres cartuchos alojados en el mismo y otro cartucho alojado en la recamara sin signos de percusión,: Previamente a la inspección del arma en mención, se efectuó exploración lofoscopica con resultado negativo, es decir no aparecen las huellas dactilares en el arma incautada y el dictamen establece para ULPIANO “incompatible con residuos de disparo en mano”. Lo anterior indica que ULPIANO no disparó ningún arma, y que en el arma fue puesta por el ejército en la escena del crimen, porque en la misma  no aparecen sus huellas dactilares.

El gasto de munición fue desproporcionado frente a una persona que nunca disparo, a los militares les entregaron para la operación militar 50 cartuchos de guerra CAL  5,56 mm INDUMIL y ellos gastaron  según informe gastaron todos en la supuesta operación militar. Asi mismo en las indagatorias los militares indican que el enfrentamiento armado duro entre 15 a 20 minutos, un tiempo realmente considerable como para que ULPIANO no hubiese realizado ni un solo disparo.

En la Misión táctica se indica que en el operativo participaron un oficial, tres suboficiales, y 20 soldados, es decir 24 militares en combate, contra dos civiles ULPIANO ORTIZ FAJARDO y JAIRO ALEXIS CASTRO CONCHA, lo que denota una desproporción en el operativo militar.

La inteligencia militar no documentó en ningún informe militar que las victimas fueran guerrilleros, ni que tienen antecedentes o condenas penales por el delito de rebelión; Tampoco existe evidencia alguna que ese 9 de agosto estuviera cometiendo alguna conducta punible ya que no existen ningún tipo de denuncia al respecto.

Contradictoriamente en el expediente reposa certificación de la seccion de inteligencia –S2- del pago de recompensa por $ 3.000.000 por información sobre la supuesta pertenencia de las victimas al ELN, pero que el oficial GUTIERREZ COY, siendo parte de S2 y quien comando la operación militar manifiestó en su indagatoria  no tener información sobre la pertenencia de las víctimas a la guerrilla.

CIRCULO DE IMPUNIDAD
Gracias a la participación de las víctimas como parte civil se ha evitado que el proceso sea archivado, sin embargo el juzgado 54 de instrucción penal militar ha impedido que el radicado 272, sea remitido a la justicia ordinaria. Por su parte la Fiscalía 51 especializada de la Unidad de Derechos Humanos, que tambièn conoce del caso, no ha adoptado ninguna decisión razonada, pese a la existencia de abundantes elementos materiales probatorios que indican que el crimen de ULPIANO y JAIRO ALEXIS es una ejecución extrajudicial.

Por su parte, los juzgados contencioso administrativos que conocieron de los casos, han contado con funcionarias, en calidad de Secretarias, que ostentaron previa y posteriormente la calidad de abogadas  de la Brigada 29 del Ejercito Nacional, y que han intervenido en las decisiones adversas contra los familiares de las victimas, es el caso de las funcionarias CLAUDIA YULI DIAZ y PAOLA CASTILLO que pertenecieron a los Juzgados Cuarto Administrativo y Cuarto Administrativo de Descongestión.

El Tribunal Superior de Popayán, Sala Penal, profirió sentencia de tutela contra el Juzgado 54 de Instrucción Penal Militar a fin de que remita por competencia  a la Fiscalía 51 Especializada de la Unidad de Derechos Humanos el expediente penal, o en su defecto remita las diligencias a la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que se  dirima el conflicto de competencia: El Juzgado 54 de Instrucción Penal Militar ha hecho caso omiso de la orden Judicial, y sigue adelantando actuaciones, sin tener la competencia para investigar violaciones a los derechos humanos.

Entendemos como una manera mas de revictimizaciòn, que el Juzgado 54 de Instrucción Penal Militar, haya citado para el 13 de agosto del presente año, a las 5:00 de la mañana,  a las víctimas y sus abogados,  a diligencia de reconstrucción de escena, con presencia de todos los militares que participaron en el lugar donde ocurrieron los hechos, en la vereda los Robles zona distante, rural y despoblada, sin brindar ningún tipo de garantías de protección.

Solicitudes
Solicitamos al Fiscal General de la Nación que ordene a la Fiscalía 51 Especializada de Derechos Humanos de Bogota,  realizar labores de individualización e identificación a los militares MARTIN HERNANDO NIETO MELO, JUAN PABLO CARMONA GARVES, DANIEL RAMOS RODRIGUEZ, JHON JANNER GUTIERREZ COY, JOSE ELVIS PALACIO MENA, MISAEL HERNANDEZ BAHOS, WILSON MANRIQUE SUAREZ y que realice las imputaciones respectivas; Que vincule a la investigaciòn a los altos mandos militares involucrados en la ejecuciòn extrajudicial y que no han sido ni procesados ni sancionados.

Solicitamos  tomar las decisiones a que haya lugar en razòn a la accion y la omision de su delegada, que esta negando los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparaciòn integral y a la garantìa de no repeticion de estos hechos infames.

Solicitamos al Consejo Superior de la Judicatura tomar la descisiones a que haya lugar, incluyendo la emisiòn de una directriz para evitar la intromisiòn del òrgano castrense en las investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos en la justicia penal y administrativa.

Solicitamos al señor Fiscal General que desde ahora asegure, verdaderamente, que los responsables de estos crímenes sean oportuna y debidamente individualizados, procesados y sancionados y no vayan a ser cobijados por beneficios en el marco de procedimientos de justicia transicional en el marco de acuerdos que pongan fin al conflicto armado.

_{[1] Dice que a la orden de operaciones y la misión táctica las diferencia el nivel: La primera determina los pasos y es entregada por el mismo comandante general del ejército a la división, brigada, el batallón a la compañía y esta la traduce en una misión táctica. Es lo mismo pero en diferente nivel: lo táctico a nivel de batallón hacia abajo. Que la orden de operación del  batallón se le llama misión táctica. Radicado: 681906000139200800039Contra: WILSON JAVIER CASTRO PINTO, EDUARD ANTONIO VILLANI REALPE, JESUS EDUARDO NIAMPIRA BENAVIDEZ, JUAN CARLOS ALVAREZ, NELSON OSPINA TABARES, BENANCIO PUENTES GUAPACHA, GERMAN AUGUSTO OLIVEROS TABARES, GUILLERMO PACHECO ANZOLAAsunto: SENTENCIA CONDENATORIAConductas: DOBLE HOMICIDIO AGRAVADO-DOBLE DESAPARICION FORZADA AGRAVADA-PECULADO POR APROPIACION-FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO.}

[2] Para proferir una misión táctica se debe partir, primero, del análisis de la inteligencia; análisis del terreno, cuantificación del enemigo para determinar su capacidad, organización, los cursos de acción probable del enemigo; Segundo, desarrollar el procedimiento que varía según los niveles de planeación: a nivel de división, brigada, batallón se desarrolla el proceso militar de toma de decisiones y a nivel de compañía, pelotón hacia abajo, se desarrolla el procedimiento de comando. Las dos inician con recepción de la orden y finalizan con la emisión de una orden de operaciones (misión). Luego viene el planeamiento táctico que es el procedimiento que lo hace el sargento o el teniente y ejecuta la operación luego de haber sido verificada por el comandante de la unidad _{Radicado: 681906000139200800039Contra: WILSON JAVIER CASTRO PINTO, EDUARD ANTONIO VILLANI REALPE, JESUS EDUARDO NIAMPIRA BENAVIDEZ, JUAN CARLOS ALVAREZ, NELSON OSPINA TABARES, BENANCIO PUENTES GUAPACHA, GERMAN AUGUSTO OLIVEROS TABARES, GUILLERMO PACHECO ANZOLAAsunto: SENTENCIA CONDENATORIA Conductas: DOBLE HOMICIDIO AGRAVADO-DOBLE DESAPARICION FORZADA AGRAVADA-PECULADO POR APROPIACION-FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO.}

_{[3] Que el sargento JESUS EDUARDO NIAMPIRA BENAVIDEZ como integrante de la unidad de inteligencia, recolector de la información, no podía formar parte de operaciones militares. Radicado: 681906000139200800039Contra: WILSON JAVIER CASTRO PINTO, EDUARD ANTONIO VILLANI REALPE, JESUS EDUARDO NIAMPIRA BENAVIDEZ, JUAN CARLOS ALVAREZ, NELSON OSPINA TABARES, BENANCIO PUENTES GUAPACHA, GERMAN AUGUSTO OLIVEROS TABARES, GUILLERMO PACHECO ANZOLAAsunto: SENTENCIA CONDENATORIAConductas: DOBLE HOMICIDIO AGRAVADO-DOBLE DESAPARICION FORZADA AGRAVADA-PECULADO POR APROPIACION-FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO.}

_[4] El radiograma es un documento transcrito radialmente que se transmite por el sistema de comunicaciones del Ejército. Son comunicaciones oficiales que se hacen a diferentes niveles. Queda el antecedente técnico desde dónde se envía hasta dónde llega_{Radicado: 681906000139200800039Contra: WILSON JAVIER CASTRO PINTO, EDUARD ANTONIO VILLANI REALPE, JESUS EDUARDO NIAMPIRA BENAVIDEZ, JUAN CARLOS ALVAREZ, NELSON OSPINA TABARES, BENANCIO PUENTES GUAPACHA, GERMAN AUGUSTO OLIVEROS TABARES, GUILLERMO PACHECO ANZOLAAsunto: SENTENCIA CONDENATORIAConductas: DOBLE HOMICIDIO AGRAVADO-DOBLE DESAPARICION FORZADA AGRAVADA-PECULADO POR APROPIACION-FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO.}

[5] el Libro de  diario operacional que es el  documento de seguimiento de las órdenes emitidas por el comandante del batallón en el contexto de cada una de las operaciones militares que su unidad esté desarrollando en determinado momento. En él se plasman las órdenes, las modificaciones, las actuaciones, las novedades. Es el diario de los reportes de  los comandantes y la relación que existe entre  el comandante del batallón (o quien haga el programa, el ejecutivo o el jefe de operaciones) con los comandantes, y queda la constancia de lo que se ha dicho, la evolución de la comunicación.

[6] El Falso Tatuaje o Ahumamiento Se encuentra constituido por el depósito de los productos de la combustión total de la pólvora, por lo tanto nos referimos a hollín que será removido con facilidad al limpiar la zona. Su distancia de producción es de aproximadamente 30 cm en pistola y 25 cm en revólver.