¿El páramo de Santurbán no hace parte de Colombia, potencia mundial de la vida?

Santurbán es mucho más que una montaña. Es un páramo, una fábrica natural de agua, un ecosistema que alimenta a más de 2.5 millones de personas en Bucaramanga, Cúcuta y decenas de municipios rurales. De allí fluye el agua que se bebe, que se cultiva, que sostiene la vida. Cuidarlo no es una causa ambientalista: es una obligación constitucional, un acto mínimo de justicia con la tierra y con quienes viven de ella.

En 2014, el gobierno Santos delimitó el páramo, pero lo hizo mal. No consultó a las comunidades, no sustentó científicamente su decisión y dejó por fuera zonas clave, todo para proteger intereses mineros. Por eso, en 2017, la Corte Constitucional tumbó esa delimitación mediante la sentencia T-361 y ordenó hacer una nueva. Participativa. Ambiental. Justa. Porque el derecho al agua y al ambiente sano no se negocia.

Sin embargo, el gobierno de Iván Duque aprovechó el vacío para maniobrar. En 2021, firmó un acuerdo con el municipio de Vetas que permitió extraer más de 800 hectáreas del área protegida, bajo la promesa de reconocer la minería ancestral. Pero detrás de ese pacto se escondía otra intención: facilitar la entrada de 12 títulos mineros, muchos de ellos en manos de multinacionales y empresas extranjeras. Se legalizó la destrucción, con rostro de concertación.

Con la llegada del gobierno Petro se esperaba un cambio. La promesa era clara: el agua por encima del oro. Pero la realidad ha sido otra. En casi dos años, el Ministerio de Ambiente no ha cumplido el mandato de la Corte. De 31 mesas de concertación solo se realizaron 6. La delimitación sigue sin definirse. La protección del páramo, sin garantías.

Peor aún, en mayo de 2025, la ministra Lena Estrada presentó un concepto técnico que reproduce el acuerdo firmado durante el gobierno Duque. En lugar de corregir el rumbo, lo consolidó. En lugar de proteger el agua, validó el recorte. En lugar de escuchar a las comunidades, impuso una visión extractivista. La reacción fue inmediata. Las comunidades de Vetas pidieron que se inhabilite del proceso. El sindicato del Acueducto de Bucaramanga la acusó de traicionar la defensa del agua. Y el Tribunal Administrativo de Santander abrió un incidente de desacato por no cumplir con la sentencia de 2017.

Hoy, lo que está en juego no es solo un pedazo de páramo. Es la coherencia de un país que se declara potencia mundial de la vida mientras permite que los intereses mineros avancen sobre sus ecosistemas más frágiles. Santurbán no puede seguir siendo negociado a puerta cerrada. La vida no se tramita. El agua no se vende. El páramo no se entrega.

Por Prensa Justicia & Dignidad

El golpe de Estado en marcha

Washington, Bogotá, Madrid. Las piezas, por separado, podrían parecer inofensivas: una gira parlamentaria aquí, una denuncia mediática allá, un viaje de congresistas a Washington, un parte médico. Pero cuando esas piezas se conectan —como acaba de mostrar el diario El País de España en un explosivo reportaje— el panorama que se dibuja es inquietante: en Colombia, se habría gestado una operación política transnacional para derrocar a un presidente elegido democráticamente.

El 29 de junio de 2025, el diario El País de España reveló audios donde el excanciller Álvaro Leyva admite haber buscado apoyo en Estados Unidos para remover a Gustavo Petro y reemplazarlo por Francia Márquez. En la trama aparecen los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, con quienes se habría reunido, y la periodista Vicky Dávila, mencionada como pieza clave en la narrativa contra el Gobierno. También se alude al uso del ELN y el Clan del Golfo para generar presión territorial. Todo apunta a un intento de golpe de Estado

En paralelo, congresistas de derecha colombianos desfilaron por Washington. María Fernanda Cabal y Miguel Uribe Turbay sostuvieron encuentros con figuras del Partido Republicano, como Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar. Dijeron estar preocupados por la democracia y la inversión extranjera, pero las coincidencias de fechas y actores empiezan a levantar sospechas.

Las visitas que hoy cobran otro sentido

En febrero de 2025, la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila viajó a Estados Unidos y se reunió con varios congresistas republicanos. En sus propias palabras, les pidió “vigilar las elecciones de 2026” y expresó que “Petro no es Colombia”. Fue recibida con entusiasmo por Salazar, Díaz-Balart y Rick Scott, todos conocidos por sus posturas duras frente a gobiernos de izquierda en América Latina.

En marzo, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, encabezó una delegación que también se reunió con parlamentarios de EE. UU. y la OEA. Aunque presentaron la visita como institucional, el propio Petro acusó injerencia. Cepeda respondió acusando al presidente de “aislar al Congreso”.

En mayo, Miguel Uribe Turbay fue fotografiado con congresistas republicanos en Washington. Lo que parecía un viaje político más, hoy se ve bajo otra luz. Algunos de esos mismos congresistas aparecen mencionados en la denuncia que El País expone como parte de una supuesta conspiración.

La carta del Congreso colombiano al Capitolio

Ante la gravedad de lo revelado, congresistas colombianos enviaron una carta formal al Comité de Ética de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, solicitando una investigación contra Díaz-Balart, Salazar y Giménez. Los acusan de una presunta injerencia indebida en asuntos internos de Colombia, lo que violaría la Carta de la OEA y los principios del derecho internacional.

La carta menciona como fuente el artículo de El País y advierte que, de confirmarse los hechos, se estarían sentando precedentes peligrosos para las relaciones bilaterales y la estabilidad democrática regional.

La política como espectáculo: el caso Miguel Uribe

Y como si esto fuera poco, se ha desarrollado en paralelo un extraño espectáculo mediático: Miguel Uribe Turbay, internado en la Clínica Santa Fe y sometido —según su equipo— a delicadas intervenciones quirúrgicas, ha estado en el centro de una narrativa de dramatismo público. No por su estado de salud, sino por las imágenes que su esposa, Claudia Tarazona, ha difundido.

En redes se le ve tomándose selfies desde la ventana de la clínica, tirando besos, y visitándolo sin guantes ni protocolos sanitarios, incluso posando sobre el cuerpo del senador. Mientras medios uribistas elevan la historia al nivel de “milagro médico”, otros sectores la interpretan como un intento de construir una narrativa de martirio político. Todo esto, mientras el país se sacude por escándalos de fondo que podrían comprometer a quienes impulsan esa imagen.

¿Democracia o golpe de Estado?

La suma de todos estos eventos configura algo más profundo que una coyuntura. Lo que está en juego es el futuro del pacto democrático colombiano. La democracia no se rompe solo con tanques. También se erosiona con discursos de miedo, cartas enviadas al extranjero, maniobras silenciosas y gestos simbólicos que, aunque aparentemente inofensivos, buscan preparar el terreno para lo impensable.

Colombia se asoma, una vez más, al abismo de su propia historia.

Y los titiriteros —desde Washington, los medios o las redes sociales— parecen listos para jalar los hilos.

Por Prensa Justicia & Dignidad

Sarmiento, Odebrecht y el país de los vivos

En Colombia, ese país mágico donde las leyes tienen la elasticidad de un chicle masticado, ocurrió el milagro empresarial del siglo: a Luis Carlos Sarmiento Ángulo, el hombre más rico del país, le dieron un contrato de un billón de pesos para construir una carretera.

La idea era sencilla: construir la famosa Ruta del Sol II, un proyecto vial para conectar al país y mejorar la infraestructura. Pero en lugar de hacer lo que cualquier contratista serio haría —construir la bendita carretera—, el señor Sarmiento (a través de su empresa Corficolombiana, en alianza con los brasileños de Odebrecht) optó por otro camino:

1. Recibió el billón.

2. No hizo la obra.

3. No devolvió la plata.

4. Y ahora exige indemnización.

Sí, así como lo lees. Después de que el contrato se cayó por corrupción —porque Odebrecht pagó sobornos para quedarse con la licitación—, el Tribunal de Arbitramento en Colombia dijo: “Uy sí, pobrecito el consorcio, hay que pagarle lo que invirtió”.
Y adivina qué: ese consorcio es Sarmiento + Odebrecht.

En resumen: le dieron un billón, no hizo la carretera, se destapó el escándalo de corrupción, y ahora se va con otro cheque como premio de consolación. Como diría cualquier mamá sensata: esto solo pasa en esta casa.

Mientras Miguel Uribe se lanza al estrellato como actor de reparto en la serie “Golpe de Estado no tan blando”, y nuestro presidente Gustavo Petro tiene que pelear no solo contra la oposición sino contra el fuego amigo,
Sarmiento Ángulo está de fiesta.

Colombia: el país de los absurdos.

Prensa Justicia & Dignidad

Yeimer Piamba, hallado decapitado en El Patía, Cauca: el crimen que no conmueve a los medios

A Yeimer Andrés Piamba Buitrón lo arrancaron del mundo como si su existencia no valiera nada. Tenía 30 años, una familia que lo esperaba, y un lugar en el tejido del pueblo. El 25 de junio salió de su casa en El Patía, Cauca, y el viento lo engulló. Solo el silencio volvió. Y ese silencio, que pesa más que un disparo, se convirtió en la angustia de su gente.

Una semana después, la tierra habló.

Allí, en el corregimiento de Piedra Sentada, unas ropas tiradas en medio del monte alertaron a la comunidad. Cavar fue un acto de amor y de espanto. El cuerpo estaba ahí. Desnudo. Decapitado. Sin nombre, sin rostro, sin alma aparente. Pero su familia lo reconoció, y al reconocerlo, le devolvió la dignidad que los criminales quisieron arrebatarle.

Su cabeza no apareció. Y eso lo dice todo. Decapitar es borrar. Es una forma de decir “no existes”. Pero no pudieron. Porque en la memoria del pueblo, Yeimer tiene rostro, nombre y corazón.

Esto no es noticia en los grandes medios de comunicación. Porque la barbarie se normalizó. Porque solo duelen las víctimas con apellidos y abolengo. Porque, como dijo Galeno, “los pobres valen menos que la bala que los mata”.

Prensa Justicia & Dignidad

Julio de 2025

Ocho líderes asesinados en Guaviare: crimen ordenado por disidencias de las FARC

La selva no olvida. Guaviare tiene la piel surcada por el miedo y la memoria. En Calamar, un municipio perdido entre la espesura, la tierra parió ocho cuerpos. Ocho líderes. Ocho nombres que no debieron ser enterrados así, sin despedida, sin justicia, sin protección.

Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón. Eran pastores, lideresas, dirigentes comunitarios. Eran la voz de los que no tienen voz, y por eso les silenciaron.

Los citaron el 4 de abril. Una llamada, un mensaje, una orden. El Frente Primero «Armando Ríos» de las disidencias de las FARC los convocó, con la excusa de evitar que el ELN sembrara raíces en la región. Fue una trampa. No era una reunión. Era una sentencia.

Las mujeres que los acompañaban fueron devueltas. A ellos los desaparecieron. Los llevaron a un predio abandonado. Allí, según la Fiscalía, ejecutaron las órdenes de alias Iván Mordisco. La selva lo encubrió todo, como tantas veces. Hasta ahora.

Los cuerpos fueron hallados a finales de junio, tras una búsqueda empujada por la terquedad de las familias, de las iglesias y de los dolientes. Cuarenta días sin saber nada. Cuarenta días de silencio estatal.

Hoy el presidente Petro condena el crimen. La Defensoría habla de crisis humanitaria. La Fiscalía identifica a los autores. Pero los hechos hablan más alto: en Calamar no manda la ley, manda el miedo. Los cultos religiosos deben hacerse antes de las seis. La vida vale menos que una sospecha.

¿Dónde estaba el Estado? ¿Dónde estaban los esquemas de protección, los planes de prevención, las alertas tempranas? La verdad es que en Guaviare, como en tantos otros rincones de Colombia, los líderes caminan descalzos, sin blindaje, en territorio ajeno.

Ocho cuerpos. Ocho historias. Ocho fuegos apagados por la guerra sin fin. Que no se diga que no lo sabíamos. Que no se diga que fue por error. Esto fue un crimen político. Fue un mensaje de poder. Y también fue un fracaso del Estado.

Porque mientras no se garanticen la vida, la fe y la palabra, la paz seguirá siendo una promesa incumplida que se pudre en una fosa común.

Y sin embargo, todavía hay románticos de la revolución que se niegan a ver lo que estos grupos criminales son hoy: máquinas de exterminio al servicio de intereses oscuros. Su modus operandi no tiene nada que envidiarle al de los paramilitares de la época de Pastrana y Uribe. Asesinan, desaparecen y aterrorizan con una sola intención: borrar al movimiento social y popular del mapa, cumplir el viejo sueño de la criminal derecha colombiana, ahora con otros disfraces y los mismos fusiles.

Prensa Justicia & Dignidad

Julio de 2025

El plan para tumbar a Petro y dejar una presidenta títere

En 1947, en la plaza helada de Chocontá, Jorge Leyva Urdaneta, ministro de Trabajo del presidente Laureano Gómez, pidió abiertamente matar al jefe del liberalismo. Lo dijo con voz de púlpito y tono de sentencia: que así como en Italia fue necesario matar a Matteotti, en Colombia había que hacer lo mismo con Jorge Eliécer Gaitán. Un año después, el 9 de abril del 48, Gaitán fue asesinado a las puertas de su oficina. Y el país entró en una guerra sin final claro. La historia, en Colombia, no se repite como farsa: se hereda como misión de clase.

Cincuenta años después, su hijo, Álvaro Leyva Durán, tejía otra conspiración. Esta vez con traje de paz y modales de diplomático. Pero en realidad se sentaba no con insurgentes, sino con Carlos Castaño, el jefe de las AUC. Lo dice Castaño en su libro Mi confesión, y lo confirma el informe El cascarón y la semilla: Leyva proponía un golpe contra Samper a través de una Constituyente. Dicen que Álvaro Gómez se negó a prestarse al juego. Dicen que por eso lo mataron. Dicen.

Hoy, a sus 82 años, Leyva reaparece, ya fuera de la Cancillería, pero todavía con ambición de titiritero. Los audios que han salido a la luz no dejan lugar a interpretaciones. No insinúa: trama. Habla de alianzas con el Clan del Golfo, con el ELN, con periodistas como Vicky Dávila, con políticos de vieja escuela. Nombra a Miguel Uribe Turbay como ficha débil, sin representación, y días después, le disparan. En los mismos audios sugiere que Francia Márquez, la vicepresidenta, sabía del plan. Que el atentado la favorecía. Que si caía Petro, ella sería presidenta. Presidenta sí, pero manejada por la derecha. Títere, no símbolo.

Desde que Gustavo Petro fue elegido presidente, una parte del empresariado, de la clase política tradicional y del poder judicial se ha dedicado a bloquear su mandato. No con bayonetas, sino con micrófonos, sentencias y portadas. Las cortes han tumbado decretos. Los medios han difundido falsedades. No es un golpe militar: es un golpe blando. Se ejecuta paso a paso, por dentro, como termita institucional.

El punto más alto de esta arremetida fue el atentado contra Miguel Uribe, seguido de la decisión del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, de declarar sesión permanente y reunirse con las Fuerzas Armadas. Un movimiento que olía a antesala de ruptura. A reedición elegante del viejo zarpazo.

Y entonces, los audios. Leyva habla con seguridad. Como quien lleva tiempo planeando. No aclara si coordinó con congresistas, con Cepeda, con empresarios o con magistrados. Pero sí deja en evidencia que armó una red, una conjura con rostro de transición y cuerpo de golpe.

Lo más grave es la desconfianza que sembró. No solo en el gabinete, también entre la ciudadanía que apoya el gobierno. Y eso también hace parte del golpe blando: dividir, aislar, deslegitimar. En otros países lo han hecho así. Aquí lo están intentando.

Por eso, lo mínimo que debe exigirse es que las personas mencionadas en los audios hablen. ¿Qué sabían? ¿Qué pactaron? ¿Por qué no lo denunciaron? La Fiscalía tiene el deber de investigar y judicializar. El pueblo tiene derecho a saber quién conspira contra su voluntad.

Petro, al incluir a Leyva en su gabinete, creyó tal vez que reconciliarse con el pasado era necesario para construir el futuro. Pero el pasado no se reconcilia si nunca pidió perdón. Y mucho menos si sigue conspirando.

Señalar a Leyva padre y a Leyva hijo no es revancha: es hacer memoria. Es entender que la antidemocracia en Colombia no es un error: es un legado de familia.

Prensa Justicia & Dignidad

La metamorfosis de Francia Márquez

¿Quién lo diría? La hija del agua, la defensora del Pacífico, la mujer que fue perseguida por defender la vida… hoy convertida en la jugada maestra del ajedrez de las élites. ¡Y qué jaque tan fino!

Francia Márquez, aquella lideresa que hablaba de ancestras, trenzas y dignidad, terminó convertida —según audios filtrados por El País de España— en la mejor opción para reemplazar a Gustavo Petro en un golpe de Estado de salón. Una jugada orquestada desde la comodidad diplomática de Washington, con bendición de Trump, incienso de Vargas Lleras y discretos aplausos de Cambio Radical. El Pacífico, al servicio del Atlántico Norte.

El excanciller Álvaro Leyva —quien empezó como símbolo de la paz total y terminó como emisario del Tea Party, junto a Vicky Dávila y el clan Géneco— viajó a EE.UU. para ofrecer una alternativa “moderada” a Petro. ¿Y a quién propuso como nueva presidenta? Adivinen. Sí, a la “niña de la tierrita”: Francia Márquez. En los audios se escucha decir que ella ya está “en la jugada”, que estaba al tanto, que ya estaba lista. ¿Y Petro? “Drogadicto”. Ahora entendemos por qué tanta carta de ocho páginas contra el presidente: eran los ensayos del golpe. Y los actores clave: ELN, Clan del Golfo, gremios. Una alianza que haría sonrojar hasta a Uribe y Mancuso.

En el Cauca, la fórmula es clara: Francia Márquez + Temístocles Ortega + Vargas Lleras. Es decir, Francia siempre ha representado los intereses de Cambio Radical, la derecha pura y dura del país. Temístocles Ortega —cacique regional, barón de Cambio Radical y padrino de múltiples candidaturas— ha sido uno de los principales impulsores de la carrera de Francia. No lo decimos por chisme: la vicepresidenta ha respaldado públicamente a candidatos de Cambio Radical como Elber González, mientras desconoce históricamente a los consejos comunitarios que la vieron nacer. La niña rebelde terminó sirviéndole el almuerzo a Vargas Lleras.

Y por eso, en el Cauca, Francia Márquez no es profeta en su tierra. Todo lo contrario. En muchos actos públicos ha sido abucheada por comunidades que conocen su trayectoria. Porque no representa al movimiento social, nunca respaldó ni a la Colombia Humana ni al Pacto Histórico, y siempre prefirió aliarse con la maquinaria tradicional. En las pasadas elecciones regionales, apoyó al actual gobernador del Cauca —también cercano a Temístocles— en lugar del candidato del Pacto. El resultado es claro: el pueblo no la reconoce como una de las suyas.

En Suárez, su propio municipio, el abandono es total. No hay agua potable ni servicios públicos esenciales. La vicepresidencia no se ha traducido en obras concretas para su comunidad ni para su consejo comunitario. La sienten lejana, desconectada, dedicada a sus aspiraciones de poder, pero ausente del territorio. Dicen que ni siquiera lograría un voto en una elección local. Y duele. Porque cuando una lideresa de base se vende al mejor puesto, termina sin base ni liderazgo.

¿Y qué hizo en el Ministerio de la Igualdad? Nada… pero con presupuesto. O mejor: no ejecutó recursos, abandonó programas estratégicos como Jóvenes en Paz. ¿Recuerdan al uribista de Utransa que dirigió la campaña del NO al plebiscito por la paz? Pues él fue gerente del programa. Ahora entendemos cómo terminó ahí: con una uribista al mando de su equipo, ¿cómo no se iban a hundir los programas?

Eso sí, en redes nunca dejó de sonar bonito.

La historia de Francia Márquez, de lideresa afrodescendiente a ficha útil del establecimiento, es la prueba más dolorosa de que el poder no transforma a todos: a algunos simplemente los revela. Aquí estamos, viendo cómo la dignidad se volvió caricatura. Y los pueblos que la creyeron, la resisten. Francia Márquez traicionó a su pueblo y al movimiento social.

Por Prensa Justicia & Dignidad

Crónica de la cordura patriarcal

Crónica de la cordura patriarcal

Por: Prensa Justicia & Dignidad

ATENCIÓN: si una mujer alza la voz, está loca.
Si denuncia un abuso, es histérica.
Si exige respeto, una exagerada.
Pero si un hombre toma un hacha, mata a su hermana, quema la casa y deja tres niños huérfanos, entonces… “pobrecito, estaba mal de la cabeza”.

Y así seguimos: entre diagnósticos convenientes y silencios cómplices.

Este 28 de junio, mientras algunas celebraban el Orgullo de ser libres y diversas, en la vereda Valle Nuevo del resguardo Honduras, municipio de Morales, Cauca, dos mujeres fueron asesinadas con un hacha. El presunto responsable: un joven de 25 años.
Después de matarlas, incendió la casa con sus cuerpos adentro.

Uno de los cuerpos quedó totalmente calcinado.
Del otro, solo quedaron las quemaduras.
Tres niños presenciaron el horror.
Tres niños que lograron salir corriendo de las llamas.
Tres niños que ahora son huérfanos.
Pero el diagnóstico oficial no hablará de eso.
Hablará de “trastornos mentales”.

¿Y saben qué más tenía este joven, además de un arma homicida y fósforos?
Impunidad patriarcal.

Sí, esa impunidad que diagnostica locura cuando él mata, pero llama “exageración” a cualquier intento nuestro por defender la vida.
Porque claro, si lo hace él, está enfermo.
Pero si lo denuncia ella, está loca.
Y ni se te ocurra llorar, protestar o hacer plantón.
“Ahí están las locas feministas otra vez”.
Las mismas que intentan salvar a las que ya nadie escucha.

Ya basta.
No es una locura defenderse.
No es una enfermedad gritar “¡no me mates!”.
No estamos trastornadas por exigir vivir.

Lo trastornado es este sistema que prefiere proteger al agresor con excusas clínicas, mientras nosotras cargamos el peso de la culpa, el juicio social y los féretros de nuestras hermanas.

Hoy, tres niños —una niña de 7 años y dos mellizos de 1 y 2— quedaron huérfanos.
Y nadie va a decir que su infancia fue incendiada por el machismo.
Solo hablarán del desequilibrio mental del agresor.
A ver si así suena más digerible.

Pero no.
Esto no es una tragedia aislada.
Es un síntoma.
Y como toda enfermedad crónica, solo se cura con verdad.

No somos locas.
Locura es normalizar esto.
Locura es silenciarlo.
Locura es seguir justificando lo injustificable.

Ya no más.
Ni una menos.
Ni una silenciada.

28 de junio: Crónica de una rabia que se volvió orgullo

No hay nada más peligroso que una costumbre rota. Y en la madrugada del 28 de junio de 1969, en un rincón maloliente del Greenwich Village de Nueva York, se rompió una de las más antiguas: que los diferentes agachen la cabeza.

El Stonewall Inn era un refugio. Sucio, oscuro, clandestino. Allí se escondían quienes el mundo empujaba a la orilla: maricas, lesbianas, travestis, negras, pobres, latinas. Gente sin patria, sin permiso, sin tregua. Gente que, para bailar, tenía que mirar la puerta. Que, para besarse, tenía que mirar al suelo.

Y como siempre, la policía llegó.

Dicen que eran las dos de la mañana.

Dicen que no era la primera redada, ni la peor.

Dicen que una muchacha trans fue la primera en empujar al primer policía.

Dicen muchas cosas.

Pero lo que nadie discute es que esa noche se encendió algo que ya no se pudo apagar.

Los clientes no huyeron.

No se escondieron.

No pidieron disculpas por existir.

Se defendieron.

La policía —acostumbrada a imponer, no a explicar— se vio rodeada. Botellas, ladrillos, tacones.

Furia acumulada en años de insultos, golpizas, humillaciones.

Furia que no pedía perdón ni permiso.

Marsha P. Johnson, negra, trans, pobre.

Sylvia Rivera, latina, trans, desobediente.

No eran dirigentes, ni mártires de profesión.

Eran cuerpos expulsados de todas partes, que decidieron no irse más.

Lo que vino fueron seis días de resistencia en las calles. Las noticias trataron de ocultarlo. La policía de minimizarlo. El poder de olvidarlo.

Pero no se puede enterrar lo que ya se sembró.

Un año después, las calles de Nueva York se llenaron de cuerpos que marchaban por primera vez sin vergüenza. Sin miedo. Y sobre todo, sin permiso.

No era una fiesta. Era una caminata hacia la dignidad.

El Orgullo, ese día, no fue un eslogan ni una moda. Fue el nombre que se le dio a la rabia cuando se organiza, al dolor cuando se reconoce, a la diferencia cuando se abraza.

De ahí en adelante, cada 28 de junio es memoria viva.

De quienes se atrevieron a decir que no.

De quienes murieron por decir que sí.

De quienes todavía hoy, en tantas partes del mundo, son castigados por amar.

Stonewall no fue un milagro. Fue consecuencia.

De la rabia. De la exclusión. De la soledad.

Pero también de la ternura.

De las redes que se tejen en los márgenes.

De los abrazos que salvan más que las leyes.

Stonewall no fue el final. Fue el principio.

Y aún caminamos.

Por Sofía López Mera – Justicia & Dignidad

Cali 28 de junio 2025

Asesinaron a la lideresa campesina Angie Leandra Henao

La lista de lideresas continúa en Colombia, pero en el Cauca se intensifica. Y en el norte del Cauca ya es costumbre.

A Angie Leandra Henao la mataron el viernes 27 de junio de 2025 en la vereda El Silencio, municipio de Corinto, Cauca. Eran las 2:30 de la tarde. Estaba en su casa con sus tres hijos cuando llegaron hombres fuertemente armados. No preguntaron. No gritaron. Solo dispararon. En repetidas ocasiones. Frente a sus hijos. Y se fueron, como si se pudieran borrar así nomás las huellas de un crimen político.

Angie era madre, campesina, lideresa veredal e integrante activa de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Su muerte no fue un accidente ni un daño colateral: fue un mensaje. En el Cauca, ser mujer y liderar procesos comunitarios es ponerse una diana en la espalda. La tierra que se siembra también se defiende, y esa defensa molesta.

Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, 221 lideresas sociales han sido asesinadas en Colombia. Muchas de ellas eran defensoras de la tierra, constructoras de paz, guardianas del agua, de la palabra y de la vida. Esta cifra no es una coincidencia ni una estadística: es un grito de alerta. Un mapa del miedo. Y ese mapa tiene un epicentro: el Cauca.

En el norte del departamento, se ha vuelto rutina contar lideresas asesinadas. En cada vereda, en cada consejo comunitario, hay una historia interrumpida. La violencia no distingue edades ni trayectorias. A las que más construyen, a esas son a las que buscan. Lo que está ocurriendo es un patrón de exterminio político. Las matan por lo que representan: autonomía, organización, poder desde abajo.

Los actores armados —sean disidencias, narcos o estructuras mixtas— saben que matar a una lideresa no solo elimina a una mujer. Golpean a toda la comunidad. Siembran miedo. Debilitan los procesos. Y abren espacio para el control territorial que necesitan. La muerte de Angie no es solo una tragedia. Es un síntoma de una enfermedad vieja: la indiferencia del Estado.

La ANUC, organización histórica del campesinado colombiano, ha exigido protección y garantías. También ha hecho lo que el Estado no hace: sostener la memoria, denunciar y acompañar a las familias. Pero no puede sola. Ni la ANUC, ni las comunidades, ni los movimientos de mujeres pueden cargar solas con esta guerra silenciosa.

El país no puede seguir naturalizando estos crímenes. Las mujeres campesinas no son cifras. Son columna vertebral de sus territorios. Y cada una que cae deja un hueco que no se llena con comunicados.

Angie Leandra no murió: la asesinaron. Y si no se hace justicia, el mensaje que queda es claro: en Colombia, ser mujer y liderar te puede costar la vida.

¡La vida campesina se respeta!

Por Prensa Justicia & Dignidad