Nuestra gira al Reino Unido: crónica de un viaje con vocación de justicia

por Sofia Lopez2025, Acuerdo de Paz, ComunicadosPublicado el No hay comentarios

Nos recibió Inglaterra con una parábola de luz: veinte grados centígrados y un cielo limpio, sin la nube que suele empañar la memoria de estas islas. Bajo ese azul insólito empezó el itinerario de quien firma—Sofía López Mera, abogada defensora de derechos humanos, periodista y, cuando el deber se afloja, poeta. Esta crónica quiere contar, sin rodeos, lo que hicimos allá: primero en York, luego en Londres.

York: sembrar la palabra en terreno fértil

La Universidad de York y la Caravana Internacional de Juristas nos convocaron a un ejercicio académico, pero la teoría se nos quedó corta. Llevamos la herida abierta del suroccidente colombiano y relatamos los riesgos que asedian a abogados, comunidades y defensores. Presentamos dos frutos nacidos en la Octava Caravana de Juristas:

Justicia Indígena para la Paz: madres buscadoras, lideresas nasa y misak, defensoras afros y campesinas tejiendo justicia propia.

Guardia Intercultural Humanitaria: cincuenta mujeres—bastón indígena, pañuelo cimarrón, voz campesina—soñando la chiva de la paz, gracias al arrojo de Sol Guejia Villamil y Emilse Jiménez Popo.

En Colombia esas ideas levantaron polvo: nos amenazaron con denuncias por plagio, como si la paz tuviera patente. Que ladren—dijo el Quijote—, señal de que cabalgamos. Y cabalgamos hasta Inglaterra para abrirle micrófono a esas propuestas: no es delito, es deber.

Londres: la ciudad que escucha cuando se nombra la guerra

La capital británica dictó un ritmo exacto:

Parlamento británico, con el grupo parlamentario de derechos humanos y visita guiada entre vitrales.

Comité Internacional del Colegio de Abogados Westminster & Holborn: todas mujeres—catalanas, inglesas—y yo, colombiana, hilvanando causas.

FCDO, la cancillería británica, donde la diplomacia prestó oídos a las cifras de reclutamiento forzado y al 2026 que asoma con filo.

Acompañaron ABColombia y The Law Society, tendiendo puentes que ojalá resistan la marea.

Dos nombres sostuvieron el andamiaje: Pier Giuseppe, investigador de la Universidad de York que hace de la solidaridad método de trabajo, y Sara Chandler, fundadora de la Caravana Internacional de Juristas, mayora incansable que me preparaba la lonchera y cada reunión con el esmero de una madre que protege a su hija forastera. A ellos va mi gratitud más honda. Pier Giuseppe nos recuerda, con cada documento que redacta y cada puerta que abre, que la universidad no está condenada a los anaqueles: puede bajar al barro y transformar realidades con la misma pulcritud con que cita jurisprudencia. Sara Chandler, madre-abuela de espíritu ancho, fue más allá de la solidaridad: me cobijó en su propia familia y, entre agenda y agenda, deslizó la certidumbre de que el amor—cuando es puro—organiza mejor que cualquier protocolo.

Epílogo bajo el mismo cielo claro

La gira fue breve, suficiente para espigar un manojo de poemas sobre el tiempo y el amor que cargo en el pecho. Volvimos con la libreta saturada de promesas, mapas de riesgo y la certeza de que cada kilómetro andado ensancha la ruta: que la labor de los abogados defensores sea segura, que la justicia indígena y la guardia intercultural prosperen, y que los sueños de las madres encuentren, por fin, un cielo tan despejado como el que nos dio la bienvenida en Inglaterra.

Por Sofía López, abogada y periodista de la Corporación Justicia & Dignidad

Sanando heridas, sembrando futuro

por Sofia LopezCauca, ComunicadosPublicado el No hay comentarios

El aula máxima de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación de la Universidad del Cauca parecía, el pasado 15 de mayo, más bien un territorio de resistencia tejida con palabras. Desde las siete y media de la mañana, empezaron a llegar los cuerpos. Algunos cargaban cicatrices. Otros, memorias. Todos, una certeza: que la educación puede más que la guerra.

La profesora Paloma Muñoz, con la firmeza de quien entiende el valor de la palabra sembrada, fue anfitriona de un encuentro que se alejó de los salones fríos de la academia para convertirse en fogón colectivo. Se celebraba el Día del Maestro y la Maestra, sí, pero se celebraba sobre todo la posibilidad de seguir enseñando en un país donde la muerte también da cátedra.

El evento —convocado por el Observatorio Educativo y Pedagógico del Cauca— no fue un simposio más. Fue un espacio para preguntarse con coraje: ¿cómo acontece la educación en territorios donde los niños y las niñas han sido empujados al conflicto, al silencio, al olvido?

Desde la primera plenaria, se habló claro. La lideresa social Martha Elena Giraldo, del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz, no trajo discursos escritos. Trajo historias. Habló del reclutamiento forzado —ese secuestro lento de la niñez— y del coraje de 50 mujeres que, desde distintos pueblos y geografías, han formado una Guardia Intercultural Humanitaria para salvar la vida. Mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas, feministas y buscadoras, unidas por el mismo dolor, pero también por la misma esperanza: que ningún niño más cargue un fusil en vez de un cuaderno.

Por su parte, Fernando Hurtado Daza, educador popular y director de la Casa de Educación Popular La Caracola, compartió una experiencia que no cabe en cifras: la de acompañar a niños y niñas de las comunas más empobrecidas de Popayán con herramientas que a veces el Estado olvida —el teatro, la lectura, la escritura, el cine—. Con ellas, dice, se pueden abrir ventanas cuando la vida parece sólo tener muros.

“No queremos que nuestros niños sueñen con ser sicarios , actored armados o reinas, queremos que sueñen con ser libres, libres de esta maldita guerra , libres de esta sociedad de consumo ”, dijo uno de los asistentes, en medio de la plenaria de la tarde. Y el auditorio enmudeció. No por indiferencia, sino porque esa frase golpeaba el pecho como un eco de todo lo que allí se estaba compartiendo.

La jornada cerró con arte, porque el arte también es territorio de paz. La Licenciatura en Educación Artística mostró lo que puede una canción, un trazo, una danza, cuando se trata de reparar lo que la violencia ha querido arrancar.

Y entre palabra y palabra, quedó claro lo esencial: que la educación popular no es una metodología, sino un acto radical de ternura y rebeldía. Que enseñar en medio del dolor es, también, una forma de resistir. Y que mientras haya una maestra, un maestro, una comunidad dispuesta a enseñar desde el amor, este país tiene futuro.

Desde Popayán, entre la lluvia de mayo y la dignidad intacta, una voz colectiva dijo lo que no suele salir en los noticieros:

Sí, a través de la educación popular podemos construir paz.

Gracias, profesora Paloma. Gracias, Unicauca. Gracias a quienes no se rinden. Aquí seguimos, contando lo que importa.

Por Prensa Justicia & Dignidad

Consulta popular y la masacre laboral de Jóvenes en Paz

por Sofia LopezComunicados, Derechos Humanos y Protesta Social, Resistiendo al olvidoPublicado el No hay comentarios

Hace cuatro años, los jóvenes salieron a la calle. No por moda, no por redes, no por ideología: por hambre. Hambre de comida, sí, pero sobre todo de futuro. Hace cuatro años, cuando el hambre era más punzante que el miedo, salieron. No los llamó ningún partido ni los movilizó ninguna ONG. Salieron porque ya no cabía ni una gota más de abandono. Porque el Estado les negó todo, menos el terror.

Y salieron miles de Jóvenes, entre profesionales, estudiantes, desempleados, vendedores ambulantes, habitantes de calle. Salieron de las casas sin agua, sin empleo, sin futuro. Con las manos vacías y el corazón encendido. Porque sabían que si no lo hacían, nadie lo haría por ellos.

No era solo una protesta. Era el estallido de un pueblo al que le explotaron los sueños. Y sabían que les costaría caro. Desde el primer día, el Estado los trató como enemigos. Los persiguió, los mutiló, los torturó, los mató, los desapareció. Intentaron borrarlos del mapa. Pero no pudieron. Porque entre los escombros de las tanquetas y las ollas comunitarias, nació otra cosa: una esperanza política.

La fuerza de esa juventud parió el cambio. En 2022 eligieron, con voto rebelde y valiente, al primer gobierno popular de la historia de Colombia. No fue una conquista de partidos ni de tecnócratas con diplomas. Fue obra de las comunas de Cali, de los barrios de Popayán, de Medellín , Pasto, Bogotá, de Soacha, de Bosa, de los puntos de resistencia donde se cocinaba sancocho en olla comunitaria y dignidad. Fue la fuerza de los que pusieron el pecho.

Pero hoy, esa misma juventud siente la traición.

Más de 50 jóvenes siguen en prisión. Condenados con montajes judiciales, pruebas falsas y fiscales que aún responden al viejo régimen. No han recibido garantías, ni justicia, ni verdad. Y la promesa presidencial de una Comisión de la Verdad del estallido social, esa que Petro hizo en campaña y reafirmó en su primer año de gobierno, nunca se cumplió. No se instaló. No escuchó. No reparó. No hubo verdad para los mutilados, ni memoria para las madres que siguen llorando en silencio. Solo impunidad, esa que huele a archivo y suena a silencio.

Y si algo faltaba, el programa Jóvenes en Paz, la única política pública pensada para transformar la resistencia en futuro, hoy se tambalea.

315 jóvenes vinculados laboralmente al programa enfrentan ahora una masacre silenciosa: no les pagan, los contratos se vencieron, los procesos administrativos están paralizados. Se aferran a su trabajo en los territorios, pero el Estado los suelta de la mano. Irónicamente, no son las balas ni los gases esta vez: es la burocracia, la que mata en cuotas mensuales.

El programa fue improvisado desde su nacimiento. Diseñado desde una Consejería Presidencial para la Juventud que copió modelos urbanos sin entender la Colombia profunda, y ejecutado por una unión temporal que no logró contener la magnitud del reto.

Para intentar ordenar el caos, se nombró a Andrés Gallego Segovia, uribista pura sangre, exgerente del NO en el plebiscito de paz, exfuncionario de Pastrana, Duque y Santos, viejo zorro de la administración pública, experto en papeleo pero ciego ante el dolor del pueblo. Un gestor que conoce el escritorio, pero no el territorio. Con él llegaron los retrasos, los vacíos, el desgaste. Su administración agravó el desorden: pagos demorados, desinformación, y una cadena de precarización laboral disfrazada de gestión.

Sí, un uribista administrando el programa bandera de Gustavo Petro, el que prometía reciprocidad con los jóvenes que le dieron el triunfo. Si eso es posible en este gobierno, ¿qué más podríamos esperar?

Desde el Ministerio de Igualdad, liderado por Francia Márquez, se intentó sostener el barco. Pero mientras tanto, Armando Benedetti, desde otros rincones del poder, propone reemplazar Jóvenes en Paz por otro programa, “Gestores para la Paz”. Una disputa burocrática de pasillos, donde lo que está en juego no son votos, sino vidas jóvenes.

Hoy, 16 de mayo, en horas del mediodía, varios integrantes del programa ‘Jóvenes en Paz’ se congregaron en la gris Bogotá en la calle 16 con carrera 5, en las inmediaciones del edificio de la Procuraduría General, como parte de una jornada de protesta que busca visibilizar las inconformidades de quienes están vinculados a la ejecución del programa impulsado por el Ministerio de Igualdad y Equidad. Las razones son muchas, y todas duelen: el retraso en el pago de los salarios correspondientes al mes de abril, la falta de claridad en la continuidad del programa, el cambio inesperado en su operación, la ausencia de insumos de trabajo, la alta carga laboral, y la mora en los pagos a proveedores de alimentos y espacios.

Y para rematar el pastelito —como si la precarización no bastara—, el Ministerio de Igualdad ha anunciado públicamente que dará por terminado de facto el convenio con la Unión Temporal Territorio de Paz el próximo 31 de mayo de 2025. Lo que eso significa no necesita traducción: despido masivo de cientos de contratistas, cierre de procesos comunitarios, y la muerte por inanición del único programa que intentó recoger los pedazos del estallido social.

Sí señor, esa es la coherencia del gobierno del cambio que hoy promueve una consulta popular por los derechos laborales, mientras masacra, por vía administrativa, a los jóvenes que encarnaron esa esperanza.

Y como si se tratara de una burla planificada, el Ministerio del Interior ha anunciado un nuevo programa: “Gestores de Convivencia”, con el que se capacitará a 12.000 jóvenes, ofreciéndoles un salario superior al mínimo para desarrollar habilidades en resolución de conflictos y cultura ciudadana. Un programa calcado en las oficinas, sin el barro de las comunas, pensado más como vitrina que como justicia. Un contrapeso burocrático al cuerpo caliente del estallido. Una cortina de humo para reemplazar memoria por estadística.

¿Quién responde por este desastre? ¿Quién le explica a los jóvenes por qué el gobierno por el que lucharon hoy los deja solos? ¿Dónde están los informes de ejecución, los soportes de desembolsos, los contratos firmados y no cumplidos? ¿Quién responde por la impunidad judicial que aún persigue a los manifestantes?.

Y, sobre todo, ¿con qué moral puede hablar este gobierno de un “segundo estallido social” si el primero lo dejó morir en el olvido?¿De qué dignidad laboral hablan Gustavo Petro, Francia Márquez y Carlos Rosero, si permiten que el hambre y la incertidumbre caigan sobre quienes les dieron el poder? De Armando Benedetti no se espera nada —su historial habla por él—, pero que quienes prometieron cambiarlo todo terminen repitiendo los peores vicios del poder es una traición que se escribe con sangre joven y contratos incumplidos.

La memoria es terca. Y los pueblos también. Si los que lucharon por el cambio siguen siendo desechables, entonces el poder no cambió: solo se mudó de rostro. Y mientras tanto, los que pusieron el pecho siguen esperando algo tan sencillo como justo: no ser traicionados.

Porque si esta es la forma de agradecer, lo que viene no es otro estallido. Es el ocaso de una esperanza. Y ese, como la historia, también se escribe con sangre joven.

Por Prensa Justicia & Dignidad

Bitácora del Horror: Comisión de Esclarecimiento ¡Ya! – Días 12M y13M

por Sofia Lopez2021, Abuso de autoridad ( judicial, Derechos Humanos y Protesta Social, ImpunidadPublicado el No hay comentarios

En este país de silencios rotos y heridas abiertas, la historia de Alison y de tantas víctimas de violencia sexual durante el paro nacional no puede seguir siendo un secreto al que le den la espalda. Cada agresión es un grito que reclama justicia, una verdad que exige ser escuchada. No basta con palabras ni promesas: hace falta una Comisión de Esclarecimiento ya, un espacio donde se desnuden las violencias ocultas, donde la juventud, que apostó su esperanza en un cambio, no quede atrapada de nuevo en el abandono y el olvido. La verdad es urgente, la justicia es un derecho y la impunidad una herida que no cicatriza.

12 de mayo de 2021 – Popayán – Tortura y violencia sexual

Ese día, Popayán temblaba de jóvenes. De los que no se rinden. De los que con piedras, cantos y primeros auxilios se atreven a enfrentar un país que les ha dado la espalda. Era 12 de mayo. La marcha había sido inmensa. Como un río desbordado de dignidad. Y cuando la tarde caía, ya muchos se devolvían a casa. Otros, solidarios, acompañaban aún a las brigadas de salud. A eso de las cinco y media, en la glorieta de la Chirimía, cuatro jóvenes —tres muchachos y una chica— fueron rodeados como si fueran criminales. Quince parejas motorizadas del GOES y el ESMAD, rugiendo con sus motos y bolillos como si la guerra fuera contra ellos. Los empujaron, los golpearon. A la muchacha le jalaron el pelo hasta que su cuerpo tocó el piso. La comunidad gritó, grabó, intentó impedir la brutalidad. Pero la furia oficial no escucha razones. Detuvieron a dos: un joven y a Emily , una mujer de apenas 18 años, con la vida por delante y la voz quebrada de tanto horror. Los llevaron a la URI. Ahí, según denunció su madre, seis policías abusaron sexualmente de su hija. No bastó con el dolor: le gritaron «perra», «¿qué hacés en la calle?», «¿por qué no estás cocinando?», «mechuda», «qué rico pa’ lamerte», «bajate los pantalones pa’ violarte». El compañero fue golpeado en los testículos mientras le escupían: “¿Dónde está tu resistencia, mariquita?”. No fue solo violencia física. Fue tortura. Fue humillación. Les tomaron fotos. Les dijeron que los iban a buscar. Que los iban a matar. Que agradecieran estar en la URI, porque si no, «ya estarían en otro lado». Emily fue golpeada en la cabeza, en los brazos, en las piernas. Y mientras un agente del ESMAD desenfundaba un destornillador, lo blandía contra el pecho del joven como si fuera una daga. Los amenazaban. Les preguntaban por sus nombres, por dónde vivían. Les repetían, una y otra vez, que no se les olvidara: “los vamos a matar”.

Cuando dijeron que eran menores de edad, no hubo compasión, solo estrategia: «hay que llevarlos a la URI», dijeron en voz alta. A Emily quisieron llevarla primero a otro sitio. Un policía la subió a una moto y le dijo, sin pudor, que quería violarla. Ella saltó en movimiento, desesperada, y se aferró a un defensor de derechos humanos. Entonces la policía lo golpeó a él también. Y Emily, con un acto de coraje inconmensurable, se soltó para proteger al defensor. Aun con síntomas de asfixia y súplicas por su libertad, la arrastraron a la URI. Una hora y media después, se la devolvieron a su madre, miembro de la Misión Médica. Ella también fue golpeada al intentar recuperar a su hija. En ese país, a veces ser madre es una forma de resistencia.

12 de mayo de 2021 – Popayán – Violencia sexual y suicidio

Mientras Emily luchaba por salir viva del engranaje policial, otra joven enfrentaba su infierno. A las nueve de la noche, Alison Lizeth Salazar Miranda, de 17 años, cruzaba una calle. No protestaba. No gritaba. Caminaba con su celular en la mano, grabando lo que pasaba. El número 05523 del ESMAD la vio. Y en este país, grabar una injusticia es delito. La aprehendieron como se caza a un animal. A la fuerza. A la brava. Cuatro hombres la tomaron de brazos y piernas, la arrastraron hacia la URI. Ella gritaba que la estaban desvistiendo, que le bajaban el pantalón. Nadie la escuchó. Le golpearon el pecho. Le dejaron hematomas.

Pasadas las nueve entró a la URI. Salió casi dos horas después. Su abuela la recibió. La abrazó. Intentó consolarla. Pero el alma de Alison ya estaba rota. El 13 de mayo, en la mañana, se quedó mirando su cuerpo en el espejo. Recorrió con los ojos los golpes. Los rastros. Y después escribió un post en el Facebook, como un grito final: “me manosearon hasta el alma”. Poco después, se quitó la vida.

Alison no murió por depresión. Ni por impulso. Alison murió por violencia estatal. Por el miedo. Por la vergüenza. Por el abandono. Su muerte fue el desenlace de una cadena de violencias que comenzaron con una patrulla, con un bolillo, con la orden de “subala”. Su suicidio fue un asesinato con uniforme.

12 de mayo de 2021 – Popayán – Lesión ocular

Harold Conejo volvía de su trabajo, un hombre común con las manos curtidas por la cotidianidad, el rostro marcado por jornadas duras. Caminaba sin más destino que su casa cuando, desde la fría estructura de un CAI, un policía lo vio y decidió que su rostro debía ser blanco. El disparo fue certero, brutal, y el ojo izquierdo de Harold quedó herido de muerte. Esa bala no solo atravesó su piel; hirió también la esperanza de volver a ver sin miedo. Fue llevado al hospital San José, donde la lucha entre la vida y la violencia se escribió en cada latido.

12 de mayo de 2021 – Popayán – Detención arbitraria y tortura

Alexander Ascué Medina caminaba por el centro, ajeno a los estallidos de la ciudad, sin imaginar que su identidad sería condena. Ser indígena en ese instante era ser culpable de un crimen que no había cometido. Policías y ESMAD, con la furia de quienes quieren borrar rostros incómodos, lo detuvieron, lo insultaron y lo golpearon hasta que la conciencia se le perdió en el suelo. Lo acusaron de pertenecer al CRIC, una etiqueta que sirvió para justificar el maltrato. Despojado de sus pertenencias y de su dignidad, despertó en el hospital, con el cuerpo marcado por la violencia y los ojos testigos de la brutalidad contra otro hombre cuya mano fue destrozada bajo la bota de un uniforme.

12 de mayo de 2021 – Cali, Puente de los Mil Días – Ataque armado paramilitar

La noche cayó en el Puente de los Mil Días y con ella llegó la sombra de la muerte. Treinta disparos rompieron el aire, atravesaron el miedo de quienes resistían, sembrando el caos y la desesperanza. Tres motos y una camioneta blanca, como símbolos de una violencia organizada, cruzaron la escena con la precisión de un terror calculado. Aquellos hombres armados no buscaban solo herir cuerpos, sino acallar voces, apagar la rabia de un pueblo que clama por justicia. El Puente de los Mil Días se convirtió en un escenario más de la guerra no declarada contra la protesta social.

12 de mayo de 2021 – Cali, Siloé – Envenenamiento con soda cáustica

En el barrio Siloé, la resistencia se expresaba en cada gesto, en cada piedra lanzada contra el miedo. Ese día, entre el humo de los gases y la rabia contenida, apareció la traición disfrazada de ayuda. Lo que debía ser bicarbonato para aliviar quemaduras se tornó en veneno: soda cáustica, corrosiva y cruel, fue entregada a los jóvenes que peleaban con el cuerpo y el alma. No fue solo un error, fue un ataque perverso que busca quebrar no solo la piel, sino la esperanza de un mañana diferente. En Siloé, la violencia se viste de mentira y amarga el alma de quienes resisten.

13 de mayo de 2021 – Villarrica y Puerto Tejada, Cauca – Ataque armado, amenazas y racismo estructural

Eran las cuatro de la tarde en Villarrica cuando un grupo de trabajadores bloqueaba el Parque Industrial, pidiendo justicia y respeto. Pero en lugar de respuestas, recibieron disparos desde una camioneta blanca de vigilantes de Huevos Kikes. Al exigir la placa del vehículo para denunciar, les negaron hasta esa verdad mínima. La Fiscalía y la Alcaldía guardaron silencio.

Esa misma tarde en Puerto Tejada, líderes sociales recibieron amenazas firmadas por las Águilas Negras, con fotos de sus casas tomadas sin permiso y mensajes que advertían tortura y muerte, incluso para sus hijos. En Cali, los barrios afrodescendientes sufrieron una represión brutal, donde el racismo estructural convirtió la protesta en delito y la piel negra en condena.

13 de mayo de 2021 – Valle del Cauca – Desapariciones, ejecuciones y fosas comunes

En Mulaló, el rumor corría como fuego entre la gente. Camiones que descargaban cuerpos sin nombre, cuerpos que nadie buscaba. Fosas comunes donde se enterraban los silencios, donde se escondían las desapariciones. Jóvenes que desaparecían luego de ser detenidos, llevados a Guacarí, donde les decían adiós con disparos en la oscuridad. Nadie preguntaba. Nadie respondía. La fuerza militar, bajo el nombre de “asistencia”, se había vuelto dueña de la vida civil. Y en ese dominio, la impunidad crecía, el miedo se hacía grande. Cali y todo el Valle eran un territorio de miedo y sangre. La represión no perdona. No respeta edades, ni sueños, ni familias. La ciudad se ahogaba en un silencio pesado, en un grito que nadie quería oír. Y mientras tanto, la justicia era solo una palabra que se repetía en vano.

 

Petro, despierta. No seas otro político de retórica vana que olvida a quienes lo eligieron. No seas indiferente ante el dolor de un pueblo que entregó su juventud, su vida y sus sueños para que tu proyecto se hiciera realidad. No permitas que la sangre derramada quede enterrada bajo el silencio de la impunidad. Colombia te mira con esperanza y con rabia; exige que la memoria de Alison y de todas las víctimas no sea un grito ahogado. Que esta historia de violencia no se repita. Que la Comisión de Esclarecimiento se instale ya, como un acto de verdad, reparación y dignidad. Porque sin verdad no hay paz, y sin justicia no hay futuro.

¡Comisión de esclarecimiento ya!

 

Los once de Jericó

por Sofia Lopez2025, Medio Ambiente, Pueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

A veces, en Colombia, ser campesino es ya una forma de delito. Y si se defiende el agua, peor. Y si se enfrenta a una multinacional, entonces ya no hay dudas: el Estado afila su pluma y levanta cargos.

Este 13 de mayo de 2025 se reanuda la audiencia de imputación contra 11 campesinos de Jericó, Antioquia. La Fiscalía pretende acusarlos de secuestro simple, hurto calificado, daño en bien ajeno y lesiones personales. Entre ellos hay un hombre de 85 años. Ninguno cometió esos delitos. El verdadero “crimen” fue resistir, quedarse, cuidar el territorio.

La Fiscalía —esa que debería proteger la vida— hoy le hace el mandado a AngloGold Ashanti, la misma empresa que perfora montañas sin permiso, contamina fuentes de agua y amenaza a los que estorban en su ruta dorada. La misma que en sus comunicados habla de “diálogo”, mientras opera en la sombra, y dice “progreso”, mientras arrasa cafetales y envenena nacimientos.

El caso de Jericó no es judicial: es político. Es una advertencia para todo el Suroeste antioqueño. Se persigue a estos once como se persiguió a los líderes sociales en Cajamarca, como se silenció a los guardianes del Atrato, como se criminaliza a quien se atreva a decir “no”.

Los campesinos resisten como la montaña. Con la dignidad antigua de quien sabe que el agua no se negocia. Que la tierra no se arrienda. Que la vida no se entrega.

Lo intentaron todo: acuerdos municipales, reformas al ordenamiento territorial, consultas populares. Y cuando ya no quedó vía legal, levantaron la voz. ¿Y qué hizo el Estado? Se hizo el sordo. Y después, el cómplice.

Hoy, mientras la Fiscalía redacta acusaciones, Jericó recuerda. Recuerda que las leyes también fueron hechas para proteger. Que la protesta no es un delito. Que defender el territorio es un derecho. Por eso, hoy más que nunca: #EstoyConLos11DeJericó Porque no están solos. Porque no pedimos justicia: la exigimos. Porque cuando los ríos callan, es el campesino quien habla.

Por Prensa Justicia y Dignidad

#EstoyConLos11DeJericó #FueraAngloGold

Bitácora del Horror: Comisión de Esclarecimiento ¡Ya! – Días 10M y11M

por Sofia Lopez2021, 2025, Bogotá, Cali, Derechos Humanos y Protesta SocialPublicado el No hay comentarios

El 10 y 11 de mayo de 2021 fueron dos días que marcaron el rostro de la violencia estatal, en pleno estallido social del paro nacional. Fue un periodo donde la protesta, que inicialmente clamaba por justicia y dignidad, se encontró con la brutalidad del poder. En medio de la protesta por justicia, la brutalidad del poder se desbordó. En Siloé, Aguacatal, Meléndez y Portada al Mar, el ESMAD y paramilitares desataron el terror, disparando contra manifestantes y dejando un rastro de muerte y desesperación. Entre los caídos, estuvo Daniel Alejandro Zapata, quien, después de nueve días en coma por un golpe del ESMAD, falleció el 10 de mayo. Su muerte, como las de tantos otros, se sumó a una lista de víctimas de un Estado que, en lugar de proteger, persigue y asesina a quienes exigen derechos.

10 de mayo de 2021 – Nacional – Inicio de diálogo nacional

Mientras el país entero ardía en marchas, lutos y gritos, el 10 de mayo se instaló el diálogo entre el Comité Nacional del Paro y el Gobierno. Fue la respuesta formal a los días de movilización que comenzaron el 28 de abril. En las salas cerradas se hablaba de reformas, garantías, consensos. Afuera, el país sangraba.

Ese diálogo no llegó con el canto de los pájaros, sino con el eco de los disparos. Se instaló sobre un suelo herido por la represión, en medio de una crisis de derechos humanos que no cesaba. Era un gesto necesario, sí. Pero también insuficiente. Porque mientras se ofrecían palabras en la mesa, en las calles seguían lloviendo gases, bastonazos y balas.

10 de mayo de 2021 – Bogotá – Homicidio de Daniel Alejandro Zapata (20 años)

Ese mismo día, Bogotá perdió a otro hijo. Daniel Alejandro Zapata, de 20 años, murió en la clínica EUSALUD, donde llevaba internado desde el 1 de mayo. Su crimen: haber salido a protestar. Su condena: un golpe en la cabeza que lo dejó sin conciencia, presuntamente causado por un artefacto lanzado por el ESMAD.

Durante nueve días su cuerpo resistió. El neurocirujano informó de un deterioro progresivo e irreversible. A las 12:45 p.m., su corazón dijo basta. La clínica llamó al CTI: fue muerte violenta. Otra más. La familia recibió el abrazo triste de quienes entierran a un joven que aún tenía sueños en los bolsillos. Daniel no fue el primero ni sería el último. Su nombre se suma a la larga lista de víctimas de una fuerza pública que, en vez de cuidar la vida, la revienta.

10 de mayo de 2021 – Cali – Incursión armada policial en el sector de Meléndez

En el barrio Meléndez, al sur de Cali, el 10 de mayo no hubo diálogo ni mesas de conversación. Hubo balas. Hubo gritos. Hubo persecuciones.

Lo que empezó como una manifestación pacífica, terminó en estampida cuando el ESMAD y la Policía arremetieron con armas de fuego. Desde distintos puntos llegaban reportes: disparos, detenciones, golpes. Las redes sociales transmitían en vivo el terror. Los jóvenes corrían. Algunos caían.

A las 12:20 del mediodía, se denunció la detención de Alex Bolaños, un joven de 18 años. Testigos afirmaron que fue capturado por uniformados. Desde entonces, nadie sabe dónde está. Organizaciones de derechos humanos exigieron su aparición, el respeto por su vida, por su derecho a un juicio justo. Pero el silencio oficial fue ensordecedor.

Meléndez, como Siloé, como La María, como tantos otros barrios, fue declarado campo de guerra por el Estado. Y aun así, entre el gas y el miedo, la juventud no se rindió.

10 de mayo de 2021 – Cali – Sobrevuelo de helicópteros en la Universidad del Valle

A la 1:05 de la madrugada, cuando la ciudad dormía, la Universidad del Valle fue despertada por el rugido de los helicópteros. Volaban bajo. Cercaban. Espiaban. Abajo, la Minga Indígena resistía. El mensaje era claro: estamos vigilando. Estamos listos. La amenaza tenía forma de sombra aérea.

Las organizaciones indígenas denunciaron el sobrevuelo como un acto de intimidación. No era paranoia. Era experiencia: ya conocían el peso de la represión en la carne de sus pueblos. Ese zumbido nocturno se instaló en la memoria como un mal presagio, como otro capítulo del largo acoso contra quienes luchan desde la raíz.

10 de mayo de 2021 – Cali – Ataque del ESMAD en la glorieta de Siloé

A las 2:00 p.m., la glorieta de Siloé, que desde temprano había sido punto de concentración para manifestaciones pacíficas, se transformó en el escenario de un ataque brutal. El ESMAD irrumpió con gases lacrimógenos, balas de goma y disparos al aire, respondiendo al clamor popular con más represión. Los gritos de auxilio se mezclaron con el estruendo de las detonaciones. La intervención dejó múltiples personas heridas y sembró el pánico entre los asistentes. Testigos relataron el uso desproporcionado de la fuerza, un claro mensaje de que la protesta, por más pacífica que fuera, no tenía cabida en ese momento.

10 de mayo de 2021 – Cali – Bloqueo a la Guardia Indígena en la entrada a la ciudad

Esa misma tarde, a las 6:30 p.m., la Guardia Indígena, que intentaba llegar a Cali, se encontró con una barrera de militares y policías fuertemente armados. En la entrada de la ciudad, las fuerzas del orden impidieron el paso de los pueblos originarios, los cuales venían a alzar su voz en solidaridad con las protestas. Las organizaciones sociales alertaron que esta acción podría ser solo el preludio de un ataque armado contra los guardias, similar al que se había vivido el día anterior. En medio de una ciudad que ya respiraba represión, se temió que grupos paramilitares pudieran estar involucrados en el operativo. La militarización de la ciudad era cada vez más evidente.

10 de mayo de 2021 – Cali – Represión continuada en Siloé y saldo preliminar

La violencia no cesó. Desde las 2:00 p.m., el ESMAD y las fuerzas policiales avanzaron con más agresividad en Siloé, uno de los barrios más golpeados de Cali. La comunidad sufrió destrozos, heridas y temor. Al caer la noche, los reportes llegaron con cifras dolorosas: al menos 22 personas heridas y tres fallecidas tras los disparos. La situación en Siloé se calificó de crítica, con los organismos humanitarios pidiendo desesperadamente el cese de la represión. El barrio, como tantos otros, se había convertido en un campo de batalla sin razón, donde las víctimas no eran combatientes, sino civiles reclamando sus derechos.

10 de mayo de 2021 – Cali – Afectaciones a población vulnerable en El Aguacatal

A las 5:00 p.m. del mismo día, el barrio El Aguacatal, un sector popular de Cali, fue blanco de un ataque indiscriminado con gases lacrimógenos. En este sector no había movilización activa, pero el miedo y el caos se desataron de todas formas. La mayor tragedia fue el impacto sobre la población vulnerable: niños menores de cinco años y adultos mayores fueron afectados, provocando terror generalizado entre los habitantes. Este ataque, que violó claramente el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza, fue un recordatorio de la deshumanización de un operativo que no distinguía entre los que luchaban y los que solo querían vivir en paz.

10 de mayo de 2021 – Cali – Ataque a misión médica en la Portada al Mar

A las 5:00 p.m., el ESMAD, la Policía Nacional y el Ejército dirigieron su violencia hacia una misión médica en la Portada al Mar. Los voluntarios, que se habían dedicado a brindar primeros auxilios a los heridos, se convirtieron en blanco del ataque. Las fuerzas armadas dispararon contra los jóvenes que trataban de salvar vidas. El hecho se enmarcó dentro de una ofensiva más amplia, en la que se atacaba no solo a los manifestantes, sino también a quienes se habían comprometido con la humanidad. Este ataque fue denunciado como una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, un acto de terrorismo de Estado que busca silenciar la compasión.

 

10 de mayo de 2021 – Cali – Ataque armado contra manifestantes en la Portada al Mar

En esa misma tarde del 10 de mayo, la Portada al Mar vivió una nueva embestida. El ESMAD, la Policía y el Ejército atacaron a los manifestantes con armas de fuego y gases lacrimógenos. Los jóvenes caían, las madres lloraban, y la desesperación se apoderaba de todos. Múltiples heridos quedaron tendidos en el suelo, testigos de la brutalidad del operativo. Este ataque no fue aislado: se sumó a una serie de agresiones sistemáticas en toda la ciudad. La represión no era un accidente. Era parte de una estrategia de terror institucional destinada a frenar cualquier atisbo de protesta, cualquier grito de justicia.

10 de mayo de 2021 – Cali – Sabotaje de comunicaciones y crisis en Siloé

Durante la noche del 10 de mayo de 2021, la ciudad de Cali experimentó una desconexión masiva de servicios esenciales como telefonía móvil, televisión y conexión a internet, especialmente afectando a la operadora Movistar. Esta interrupción coincidió con una grave escalada de violencia en el barrio Siloé, donde se escuchaban disparos y gritos de auxilio. La falta de comunicación dificultó gravemente el reporte de los hechos y la denuncia oportuna de violaciones a los derechos humanos. La crisis de información permitió que la represión se diera en la oscuridad, con la población civil atrapada en un limbo sin capacidad de alertar al mundo sobre lo que estaba ocurriendo.

10 de mayo de 2021 – Cali – Ataque armado desde motocicleta en Calipso

El 10 de mayo de 2021, el sector de Calipso fue escenario de un nuevo ataque armado dirigido contra los manifestantes. Según los testimonios recogidos, una motocicleta, conducida por civiles, disparó directamente contra los manifestantes. Este tipo de agresión ha sido vinculado por organizaciones de derechos humanos con la actuación de grupos paramilitares, presuntamente coordinados con fuerzas del Estado. La violencia no solo se intensificaba, sino que adquiría características de una ofensiva que desbordaba cualquier control, evidenciando la grave situación que atravesaba la protesta social y la peligrosidad que enfrentaban los ciudadanos al salir a las calles.

11 de mayo de 2021 – Cali – Bloqueo Económico

Ese día, Cali se partió en dos. De un lado, los que luchaban; del otro, los que mandaban a callar. En Ciudad Jardín, entre hombres armados y complicidad estatal, se levantó un muro invisible que asfixió a la ciudad: alimentos, medicamentos y combustible no llegaron.

11 de mayo de 2021 – Cali – Montajes judiciales

Mientras la élite observaba desde sus camionetas de lujo, la Sijin cazaba heridos en los hospitales, tratando a quienes sufrían la represión como criminales. El derecho internacional se ahogaba en el polvo caliente de la ciudad. En paralelo, el aparato judicial se ponía en marcha para silenciar a los indígenas resistiendo en su «guarida indígena». Ya atacados por sicarios, ahora eran perseguidos por la justicia, convertidos en enemigos del orden. A su bastón de mando y sus danzas, les respondían con expedientes fabricados, con la ley como garrote. El 11 de mayo se consolidó como el día en que la justicia se vendió al poder, transformándose en otra herramienta de represión.

Es urgente, es necesario, es imperativo que la verdad se esclarezca. Las víctimas de esos días, las madres que lloran a sus hijos caídos, los jóvenes mutilados por el odio institucional, no pueden quedar condenados al olvido, al desdén de un poder que los considera meros obstáculos. ¡Hoy, más que nunca, es vital exigir una Comisión de Esclarecimiento que escuche, que nombre, que señale! ¡Una Comisión que arranque la impunidad de raíz y le devuelva al país la dignidad que se nos arrebata a plomo!

¡Comisión de Esclarecimiento YA!

 

11 de mayo: No hay Día de la Madre que festejar

por Sofia Lopez2025, Desaparición forzadaPublicado el No hay comentarios

El 11 de mayo amaneció como todos los días de madre: con rosas en las esquinas, promociones de almuerzos en los restaurantes y abrazos en los noticieros. Pero para Sandra, Mónica, doña Zoraida y doña Blanca, no hay nada que celebrar. Para ellas, el Día de la Madre no llega. Se quedó perdido, como sus hijos, en algún recodo de esta guerra que nunca termina.

Sandra aún guarda la camisa de Daniel con olor a campo. Él se fue de Santander a Caldono en el 2023. “Para ayudarle a mi mamá”, decía. Allá consiguió trabajo en una trilladora de café, pero también lo alcanzó la guerra. Fue reclutado forzosamente, y desde entonces nadie lo ha vuelto a ver. Sandra ha ido a veredas, fiscalías, consejos de derechos humanos. Solo encuentra puertas cerradas, y a veces —en el mejor de los casos— una mirada de lástima.

Mónica, en cambio, vive con la duda clavada en el pecho. A Laura, su negra linda, se la llevaron con engaños en el Naya. Dicen que no quiso unirse a la guerra y que por eso la mataron. No hay cuerpo. No hay tumba. Solo rumores. Solo ese dolor agudo de la incertidumbre, esa herida que no deja cicatriz porque sigue abierta.

Doña Zoraida ya casi no puede caminar, pero cuando pudo hacerlo, dejaba su trabajo como recicladora y subía cerros, cruzaba cordilleras en Nariño, enfrentaba a los señores de la guerra cada vez que alguien le decía que habían visto a una mujer parecida a Dianita. Fue en 2006 cuando el ELN se la llevó. Le contaron que podría estar en una vereda llamada Damasco. Fue, preguntó, volvió. Y nada. El tiempo se le ha ido esperando, y el país se ha ido olvidando.

Doña Blanca ya es abuela. Tiene el cabello blanco y la voz quebrada, pero aún conserva la fuerza para gritar el nombre de su hijo: Heiner Andrés. Lo desapareció el bloque paramilitar Libertadores del Sur que opera en Nariño. Desde entonces, no ha parado de buscar. Nadie le responde. Nadie le explica. Solo sabe que a su hijo se lo tragó la guerra.

Son las madres que buscan. Las que caminan con los pies rotos y el corazón en carne viva. Las que no tienen ni abrazo, ni tumba, ni verdad. A ellas no las mencionan en los discursos oficiales ni les llegan las flores del supermercado. Se enfrentan a una sociedad indiferente y a un Estado que repite, una y otra vez, que está haciendo lo posible.

Pero ellas saben que no es cierto.

Este 11 de mayo, para ellas no hay regalo ni festejo. Solo la memoria viva de los hijos arrebatados por la guerra, el eco de los nombres que nadie quiere pronunciar y la certeza amarga de que, mientras no estén todos los hijos, no habrá ningún Día de la Madre.

Porque mientras haya una madre buscando a su hijo, este país no puede celebrar nada.

Por: Sofía López Mera, abogada y periodista de la Corporación Justicia y Dignidad y del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz .

Bitácora del Horror: Comisión de Esclarecimiento ¡Ya! – Día 9M

por Sofia Lopez2025, Derechos Humanos y Protesta SocialPublicado el No hay comentarios

Los caminos de la historia están hechos de huellas que no se borran con el viento. El 9 de mayo de 2021, en pleno Paro Nacional, la dignidad se tomó las calles con bastones, tambores y pañoletas verdes y rojas. Pero también se tomó las calles el miedo. Ese día, en Cali y en otras regiones del país, el Estado —ese que debería cuidar la vida— se quitó la máscara y actuó como verdugo. Atacaron a la Minga Indígena a bala limpia. Desaparecieron a una mujer en Paso del Comercio. Hostigaron a una joven por brindar agua y gasas. Hallaron sin vida a Brahian Gabriel en Risaralda. Y usaron un arma, el Venom, como quien amansa un rebaño a plomo. Lo que ocurrió no fue un exceso. Fue una política. No fue un error. Fue una decisión.

No hay un solo fallo judicial que restituya los derechos de las víctimas. Nadie responde. Nadie repara. Nadie se disculpa. Y por eso hay que decirlo claro: lo que hicieron fue cercenar el derecho a la protesta, criminalizar la dignidad, desaparecer a los que alzaron la voz. Lo que vivieron las comunidades indígenas y los jóvenes en las calles fue terrorismo de Estado.

9 de mayo de 2021- Cali- Ataque Armado en contra de la Minga Indígena

La tarde del 9 de mayo de 2021, el sol ardía sobre Cali, pero la calma de la ciudad se vio rota por el estruendo de disparos. La Minga Indígena, que había llegado a la capital del Valle del Cauca en apoyo al Paro Nacional, se encontraba en pleno proceso de protesta cuando fue atacada violentamente. Lo que empezó como una movilización de resistencia por parte de los pueblos indígenas se convirtió en un campo de batalla, donde el poder de las armas y la impunidad del Estado se desplegaron con ferocidad.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), desde su participación en el Paro Nacional, había sido pieza clave en la organización del levantamiento popular. Desde el 30 de abril, miles de indígenas se habían desplazado hasta Cali, buscando visibilizar sus demandas y rechazar las políticas del gobierno de Iván Duque, que, según ellos, hacían parte de un proceso de exterminio y despojo de sus tierras.

El ataque llegó en horas de la tarde, entre las 2:20 y las 3:00 p.m., cuando los miembros de la Minga se movilizaban en una chiva (un bus escalera) por la vía Cañas Gorda, en el límite entre Cali y Jamundí. Allí, un grupo de civiles armados, con la complicidad de la policía, bloqueó la vía y comenzó a disparar indiscriminadamente. Los agresores, que portaban camisetas blancas, lanzaron insultos racistas y comenzaron a atacar a los indígenas con armas de fuego. Fue un tiroteo que duró cerca de 20 minutos, dejando a 13 personas heridas, entre ellas tres mujeres líderes reconocidas en la región.

Los heridos fueron: Daniela Soto Pito, Marlon Yesid Martínez, Jerson Ignacio Tróchez Tenorio, Segundo Pequí Ramos, Alexánder Frider Yule Ramos, Kevin Antonio Mora, Pedro Herney Ramos Perdomo, Dubán David Ciclos Ñuscue, Eduardo Ul Ul, Yerson Javier Tálaga Ulcué, Sandro Leonel Camayo Ipia, Iván René Casso Hurtado

La violencia no cesó. A la par del ataque armado, helicópteros militares sobrevolaban la sede de la Universidad del Valle, donde la Minga se encontraba asentada. En las calles, hombres de civil, fuertemente armados y bajo la vigilancia de la policía nacional, rodeaban a los indígenas, mientras las órdenes de los ex presidentes Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque se hacían sentir con fuerza. La situación era tensa, y el temor a un operativo militar se palpaba en el aire.

A pesar de los ataques, la resistencia indígena no claudicó. Los heridos fueron llevados a distintos centros asistenciales, pero muchos de ellos, temerosos de ser capturados o judicializados, optaron por ser atendidos por sus propios promotores de salud. La represión se agudizaba, y la violencia seguía su curso sin que nadie se detuviera a evaluar las consecuencias.

El 11 de mayo, en una asamblea social y popular realizada en la Universidad del Valle, la Minga Indígena decidió regresar al Cauca. La ciudad de Cali ya no era segura para ellos; las autoridades locales y nacionales, bajo las órdenes de los ex presidentes, habían ordenado su expulsión. Así, los indígenas regresaron a sus tierras, pero con la marca de una resistencia que no se somete a la fuerza, pero que sigue siendo constantemente amenazada.

La historia de ese 9 de mayo de 2021 es la historia de la resistencia de un pueblo que lucha por su dignidad, que exige el respeto a sus derechos y que, a pesar de la violencia del Estado, sigue luchando por la paz y por la justicia en Colombia.

9 de mayo de 2021 – Cali – Desaparición forzada de mujer indígena
Aquel domingo, el Paso del Comercio hervía. Humo de llantas, cantos de resistencia y pasos firmes de mujeres indígenas que, con bastón en mano, tejían la palabra en medio del asfalto. Allí, en ese cruce de ciudad convertida en trinchera, una de ellas desapareció. Nadie volvió a saber de ella. La vieron por última vez mientras recogía algunos víveres y hablaba con los jóvenes que cuidaban las barricadas. Luego, nada. El viento se la tragó o, mejor dicho, se la tragó la guerra sucia que no da la cara. No hubo parte oficial. No hubo explicación. No hubo cuerpo. Solo el silencio y el miedo. Otro nombre que se suma a la lista de los que no están y nadie busca.

9 de mayo de 2021 – Cali – Hostigamiento a mujer manifestante del Paro Nacional
En otra esquina de la misma ciudad, una muchacha, joven como tantas que se lanzaron a la calle con el alma en alto, fue visitada por la policía. No para protegerla, sino para advertirle. Llegaron a su casa con fotos en la mano, con sonrisas torcidas y palabras que eran amenazas envueltas en legalidad. Le dijeron a su madre que la niña estaba haciendo parte de la violencia porque la habían visto en una moto con unas bolsas. Pero no eran explosivos, ni piedras. Eran vendas, suero, pan, agua. Cosas simples para sostener a los que se atrincheraban en la esperanza. A ella le ataron las manos, lo dijo llorando en un video. Se las ataron no solo físicamente, sino en la forma más brutal: con el miedo. Y aun así, habló. Y señaló al Estado. Porque cuando la vida se defiende, hasta el silencio puede ser una traición.

9 de mayo de 2021 – Risaralda – Encuentran el cuerpo de un joven desaparecido
En Risaralda, mientras los árboles de café seguían dando sombra, encontraron a Brahian Gabriel Rojas López. El cuerpo, no la vida. La vida se la habían quitado días antes. Nadie dijo cómo, nadie dijo quién. Solo apareció su cadáver y con él, una certeza: que en este país a los jóvenes los entierran antes de tiempo. Brahian tenía sueños, como todos, y quizás también rabia, como muchos. Pero ni una cosa ni la otra justifican que haya sido desaparecido y que su nombre aparezca, ya tarde, en los informes de los organismos de derechos humanos, esos que siempre llegan después del disparo.

9 de mayo de 2021 – Todo el país – Arma Venom contra manifestantes
Esa noche, en muchas ciudades, llovió plomo y gas. Pero no con fusiles ni revólveres. Llovió desde tanquetas. Desde artefactos que parecían de ciencia ficción. El Venom, le llaman. Una especie de cañón que escupe treinta cartuchos en segundos. Costó millones. Lo usaron como quien usa una vara para golpear sin dejar rastro. El protocolo decía que debía dispararse hacia el cielo, en arco, para dispersar, no para matar. Pero lo usaron desde el suelo, a ras, directo al pecho, a los ojos, a las casas. Como si la protesta fuera una guerra, y los manifestantes, enemigos de la patria. Cada descarga valía millones. Pero la vida de los muchachos no valía nada. Y así, el Estado, con su máquina de humo y fuego, nos dejó claro de qué lado estaba.

Hoy, a cuatro años, seguimos sin respuestas. Las madres siguen buscando. Las comunidades indígenas siguen cuidando a sus muertos y a sus vivos. Los jóvenes, los que quedan, siguen exigiendo que no se olvide. No hay sentencias. No hay verdad. No hay justicia. Solo hay impunidad vestida de institucionalidad. Por eso gritamos que hace falta una Comisión de Esclarecimiento que hable claro, que diga nombres, que reconstruya cada minuto de horror de ese 9 de mayo.

Porque sin memoria no hay justicia, y sin justicia no hay paz. Porque la verdad no se esconde detrás de los escritorios del poder, sino en los cuerpos heridos, en las casas allanadas, en las calles vacías donde una vez se gritó libertad. Porque fue el Estado. Porque lo vimos. Porque no lo olvidamos. Y porque no nos vamos a callar.

¡Comisión de Esclarecimiento Ya!

La justicia indígena para la paz: un acto de resistencia desde la Universidad de York

por Sofia LopezPueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

La justicia indígena para la paz: un acto de resistencia desde la Universidad de York

El 8 de mayo, en la Universidad de York, se presentó la Propuesta de Justicia Indígena para la Paz, una iniciativa impulsada por las mujeres del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz, que busca sanar las heridas de la guerra a través de un modelo de justicia restaurativa. No es solo un discurso vacío, sino un grito de las madres que, después de perder a sus hijos en el conflicto, luchan por recuperarlos y devolverles una infancia robada por la violencia.

Esta propuesta surge desde el Consejo Territorial Indígena COTAINDOC, compuesto por pueblos del Oriente Caucano como Ampiulle, Kisgo, Nasa, Misak y Polindara , que han optado por una justicia que no sea punitiva, sino sanadora. No buscan venganza, sino una forma de aliviar el dolor, cerrar las fracturas dejadas por la guerra y frenar el ciclo de violencia. La justicia indígena se basa en la restauración, en reparar lo que ha sido destruido, no en perpetuar el odio.

La guerra solo engendra más violencia, lo saben los pueblos indígenas, que han experimentado en carne propia el sufrimiento. Por ello, proponen una justicia que no imponga castigos, sino que construya puentes de sanación y equilibrio. Esta justicia debe ser un espacio para la interculturalidad, donde todos podamos contribuir a la paz que nos fue arrebatada.

El encuentro en York no solo fue un espacio para presentar la propuesta, sino también un momento para reflexionar sobre lo que está en juego: la recuperación de nuestros hijos e hijas, su liberación de la guerra. Porque la verdadera justicia no busca venganza, sino ofrecer un futuro de paz.

El compromiso de las madres y comunidades indígenas sigue firme. Este llamado por la justicia indígena ha sido escuchado más allá de las fronteras de Colombia, cruzando continentes, llegando a todo el mundo. La propuesta presentada en York es el primer paso hacia un futuro donde la paz sea una realidad para las nuevas generaciones.

La propuesta de justicia nació en agosto, durante la 8ª Caravana Internacional de Juristas, en un encuentro intercultural entre comunidades indígenas y madres buscadoras. Allí se planteó la creación de un modelo de justicia que se presentaría en diferentes escenarios, con el fin de frenar la guerra y sus consecuencias. Este clamor ha sido escuchado por los pueblos indígenas que integran la COTAINDOC que al igual que las madres, desean poner fin al conflicto.

La Justicia Indígena para la Paz es una alternativa nacida del sufrimiento de las madres y de los pueblos que resisten la guerra. No se trata de un concepto vacío, sino de un acto de resistencia real, que busca sanar las heridas y devolver la esperanza. En lugar de imponer la violencia, esta propuesta invita a construir paz desde el respeto y la sanación.

Por Prensa Justicia y Dignidad

Bitácora del Horror: Comisión de Esclarecimiento ¡Ya! – Días 7M y 8M

por Sofia LopezComunicados, Derechos Humanos y Protesta SocialPublicado el No hay comentarios

Durante los días 7 y 8 de mayo de 2021, Colombia vivió una de las páginas más oscuras del estallido social. En las calles no sólo hubo gritos de esperanza y resistencia: también hubo fuego cruzado, represión sistemática, desapariciones, violaciones, ejecuciones extrajudiciales y una maquinaria institucional orientada a sofocar la dignidad del pueblo que se atrevió a decir “basta”. Esta Bitácora del Horror no pretende ser una cronología neutra, sino una denuncia viva: un clamor de justicia ante la impunidad que persiste y la urgencia de que una Comisión de Esclarecimiento Popular, Independiente y Feminista reconstruya, con las voces de las víctimas, la verdad que el Estado sigue ocultando.

7 de mayo de 2021 – Bogotá: La tanqueta que le robó la vida a Dylan

Eran las 11:45 de la noche y el asfalto de la Primero de Mayo aún olía a pólvora. Dylan Fabriany Barbosa León, reportero de KallesKapital, músico de la agrupación Masai Ban Go, se movía entre el gentío con su cámara como lanza. Unas horas antes había subido un video a Instagram: la voz vibrante del pueblo marchando. Lo siguiente fue el silencio.

Una tanqueta de la fuerza pública lo arrolló. Así lo dijo la Red Popular de Derechos Humanos. El IDIPRON prefirió llamarlo “siniestro vial”. Su familia no tragó entero. Dylan no era un accidente. Era un objetivo. Su delito fue estar con los de abajo, contar lo que los grandes medios callan, cantar la rabia que otros solo mascullan. Lo mató el Estado. Le pasó por encima con metal, con impunidad, con olvido.

7 de mayo de 2021 – Pereira: Héctor Fabio y la bala que quebró a su madre

Héctor Fabio Morales Henao no tenía uniforme ni escudo. Tenía 24 años, un título del SENA y un trabajo como vigilante. Esa noche había acompañado a su madre, Yolanda Henao, al municipio de Dosquebradas. Yolanda, lideresa del Consejo Consultivo de Mujeres, lo crió con principios y con coraje. Lo crió para que ayudara.

Cerca del Parque Olaya, cuando regresaba, una ráfaga lo detuvo. Un proyectil se le metió en el cráneo. Cayó mientras prestaba primeros auxilios a manifestantes. El Espectador citó el parte médico. Yolanda señaló al alcalde Carlos Maya responsable de la muerte de su hijo.

7 de mayo de 2021 – Cali: La noche en que los paramilitares volvieron con camionetas

No fue represión. Fue operación. Coordinada, brutal, silenciosa. En Cali, la ciudad que ya sangraba, la violencia se refinó. En La Luna, Junín, Paso del Comercio, Portada al Mar y otros puntos, hombres de civil dispararon desde camionetas. No llevaban uniforme, pero tenían licencia para matar.

La Guardia Indígena repelió uno de los ataques. Capturaron a un hombre. Pero en otras esquinas el fuego cruzado dejó heridos, algunos con balas en la cabeza. Estudiantes, como José David Murcia, cayeron. Otros se lanzaron desde puentes para salvar la vida. Se denuncio a los responsables eran los de una Kia Picanto blanco, un Renault Duster, una Toyota ZPW 163. Se habló y se denunció. Pero nadie respondió.

7 de mayo de 2021 – Cali: Persecución a mujeres defensoras, cuerpos feminizados como blanco de guerra

En La Luna, la noche fue también cacería. Dos mujeres defensoras de la Red FIC asistieron a heridos. Después, una camioneta las siguió hasta el centro médico. Tuvieron que quedarse ahí hasta la madrugada, escondidas entre camillas y miedo.

Las mujeres, durante todo el paro, fueron botín. Violadas, acosadas, tocadas, calladas. Hubo patrones. Hubo sistematicidad. Hubo Estado. La violencia sexual no fue excepción: fue herramienta. Y la impunidad, una orden.

7 de mayo de 2021 – Gachancipá, Cundinamarca: Gas en la casa, niño herido

En Gachancipá, los gases no respetaron muros. Un niño, dentro de su hogar, fue afectado por los químicos lanzados durante la represión. Las ventanas vibraron, los ojos ardieron, la infancia tembló. El Estado disparó sin preguntar, sin cuidar, sin detenerse.

7 de mayo de 2021 – Bogotá: La orden que endureció la represión

Ese día se firmó la Directiva Operativa Transitoria No. 018. El nombre prometía «fortalecer el servicio de policía para garantizar la manifestación pacífica». Lo que trajo fue más garrote. Más ESMAD. Más sangre. El papel selló la brutalidad con tinta institucional.

7 de mayo de 2021 – Washington: La CIDH alza la voz

Desde lejos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría para la Libertad de Expresión emitieron un comunicado. Advirtieron sobre el uso excesivo de la fuerza y la avalancha de denuncias. Fue una voz en el desierto. Mientras tanto, en Colombia, los disparos seguían marcando la pauta.

8 de mayo de 2021 – Madrid, Cundinamarca: Elvis Alfredo, linchado por el uniforme

Elvis Alfredo Vivas López tenía miedo, pero también compromiso. El primero de mayo fue a la marcha en el barrio El Sosiego, en Madrid, Cundinamarca. Cuando la confrontación estalló, intentó irse. No lo dejaron.

Policías lo cercaron, lo golpearon. Las cámaras de seguridad lo vieron. La calle también. Lo hallaron tirado, con heridas graves. Murió días después en una UCI de Facatativá. La muerte llegó con botas, bolillo y sigilo. Otra vida extinguida en nombre del orden.

 8 de mayo de 2021 – Calima Darién, Valle del Cauca: El asalto del ESMAD en El Tablero

En El Tablero, camino entre Restrepo y Buenaventura, tres personas fueron heridas: dos indígenas Emberá Chamí y un campesino. El ESMAD llegó por tierra y aire. No distinguió ni diálogo ni identidad. Fue operación limpia, como las llaman. Otra vez, el poder del Estado contra quienes defienden la tierra.

8 de mayo de 2021 – Cali: Camioneta blanca, fuego contra Univalle

Una camioneta blanca, placas ICU 946, registrada a nombre de Adalgiza Navarrete Racedo, llegó hasta la Universidad del Valle. Los estudiantes estaban en jornada pacífica. La camioneta disparó. Heridos. Terror. Paramilitarismo urbano. La ciudad tomada por sombras sin rostro y con licencia para disparar.

No son casos aislados ni errores operativos. Son crímenes de Estado, ejecutados con precisión, amparados por el silencio y la complicidad de quienes deberían proteger. Las calles del paro siguen hablando, exigiendo memoria, justicia y reparación. Porque mientras no se esclarezcan estos hechos y se rompa el pacto de impunidad, seguiremos repitiendo la historia de un país que dispara contra su juventud y calla a sus mujeres. La vida, la verdad y la justicia no pueden esperar más: Comisión de Esclarecimiento ¡Ya!