En Colombia, hablar de la Unión Patriótica (UP) es hablar de una de las heridas más profundas de nuestra historia política. Este partido nació en 1985 como fruto de un intento de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC. Lo que debía ser un puente hacia la reconciliación se convirtió, en cambio, en una sentencia de muerte para miles de militantes.
Entre 1984 y 2002, el Observatorio de Memoria y Conflicto documentó 4.153 casos de militantes de la UP asesinados, desaparecidos o secuestrados. A esto se suman más de 2.049 sobrevivientes que sufrieron amenazas, tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado y detenciones arbitrarias. En total, 6.201 víctimas en poco menos de dos décadas. Y la violencia continuó incluso después de que, en 2002, se suspendiera la personería jurídica del partido.
No se trató de hechos aislados ni de “excesos” de particulares. Fue un genocidio político planificado y ejecutado desde las más altas esferas del Estado colombiano.
El papel de Virgilio Barco y la sombra de Rafi Eitan
En enero de 2021, el periodista Alberto Donadio reveló en “Los Danieles” información que vincula directamente al expresidente Virgilio Barco (1986-1990) con la decisión de exterminar a la UP. Según su investigación, Barco se reunió dos veces en 1986 con el espía israelí Rafi Eitan, famoso por capturar a Adolf Eichmann y por operaciones letales contra militantes palestinos.
En la segunda reunión, Eitan habría recomendado “eliminar a los miembros de la UP” para neutralizar a la guerrilla. La propuesta incluía que él mismo ejecutara el plan, pero finalmente la misión se dejó en manos del Ejército colombiano. Según Donadio, Barco no mostró objeciones éticas, morales ni legales.
Estas revelaciones coinciden con el rol del entonces ministro de Defensa, general Rafael Samudio Molina, quien públicamente legitimó a los paramilitares y llegó a afirmar, tras un atentado contra una sede de la UP, que “pues sería que tenían explosivos en su sede”.
No fue un clima de violencia espontánea: fue una decisión de Estado.
El Estado colombiano fue condenado
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Colombia por el genocidio de la UP, estableciendo que las declaraciones que tildaban al partido de “brazo político de las FARC” o “colaboradores de la guerrilla” no solo eran falsas, sino que fueron parte del patrón de exterminio. Estas afirmaciones, concluyó la Corte, dañaron el honor de las víctimas, legitimaron su persecución y restringieron sus derechos políticos.
El informe de la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) coinciden: el genocidio de la UP fue planificado y ejecutado desde las más altas instancias del Estado, en coordinación con grupos armados ilegales.
El discurso de Álvaro Uribe: la persistencia de la revictimización
El 13 de agosto de 2025, durante el funeral del senador Miguel Uribe Turbay, el expresidente Álvaro Uribe Vélez envió un mensaje —leído por Gabriel Vallejo— en el que afirmó:
“Nuestro partido y las fuerzas democráticas de Colombia nunca apeló a la combinación de las formas de lucha; a diferencia de algunos miembros de la Unión Patriótica, que promovían el secuestro, participaban de órdenes de asesinato, pero se sentían con derecho a imponerse sobre la democracia.”
Esta declaración no es nueva: es la misma narrativa que durante décadas ha servido para justificar el exterminio. Es una afirmación desmentida por la historia, por la justicia y por la evidencia.
Uribe, condenado judicialmente en otros procesos, incurre aquí en una doble falta: desconoce una sentencia internacional y revive un discurso que la Corte IDH identificó como causal de riesgo y legitimación de asesinatos.
No es una opinión inocente. Es un mensaje que estigmatiza, legitima y reabre heridas, justo en un contexto donde la política colombiana necesita memoria y reconciliación, no más odio.
Por qué es grave y peligroso
- Contradice la verdad judicial: La Corte IDH y la JEP han establecido que la UP fue víctima de un genocidio de Estado, no de una confrontación “legítima” contra grupos armados.
- Reproduce patrones de persecución: Las etiquetas de “brazo político de la guerrilla” fueron antesala de asesinatos selectivos, desapariciones y desplazamientos.
- Desconoce la responsabilidad estatal: Nombrar a la UP como grupo criminal es ignorar que la violencia contra sus militantes fue ordenada y ejecutada desde el propio Estado.
- Revictimiza: Las familias y sobrevivientes de la UP no solo han sufrido la pérdida de seres queridos; han tenido que cargar con el estigma social que alimenta discursos como el de Uribe.
Memoria contra el olvido
El exterminio de la UP no es un capítulo cerrado. Aún hay víctimas que esperan justicia y reparación.
Las palabras importan, y en Colombia han matado tantas veces como las balas.
Por eso, es deber ciudadano y político recordar que la Unión Patriótica fue un proyecto democrático exterminado por decisión de Estado.
Quien niega o distorsiona esa verdad no solo insulta a las víctimas: pavimenta el camino para que la historia se repita.
Por: Justicia & Dignidad / Periodismo Independiente e Investigativo
