Colombia vs Perú: la disputa por Santa Rosa y el riesgo de perder el Amazonas

por Sofia Lopez2025, Alerta Dignidad, Comunicados, Pueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

Por: Justicia & Dignidad / Periodismo Independiente e Investigativo

En el mapa, la isla Santa Rosa parece un pedazo de tierra sin importancia, flotando en medio del Amazonas, al frente de Leticia. A simple vista, es solo una mancha verde rodeada de agua café, con casas de madera y techos de zinc. Pero esa mancha hoy es una frontera en disputa. Y lo que está en juego no es solo un islote, sino la llave de Colombia hacia el río más grande del mundo.

En julio de 2025, el Congreso peruano elevó a Santa Rosa a la categoría de distrito. Para Lima, es un acto de “consolidación de la soberanía en una zona crítica de frontera internacional”. Para Bogotá, una anexión unilateral que desconoce que la isla no existía cuando se firmaron los tratados de límites en 1922 y 1929. La respuesta del presidente Gustavo Petro fue simbólica y calculada: trasladar la conmemoración de la Batalla de Boyacá a Leticia, como quien lleva la bandera al lugar donde siente que le están tocando el alma territorial.

Los opositores más acérrimos, en particular el uribismo, se apuraron a decir que esto es una “cortina de humo” para desviar la atención de la reciente condena contra Álvaro Uribe. Pero la geografía, a diferencia de la política, no se inventa con discursos. Aquí hay un problema que viene corriendo —o más bien, fluyendo— desde hace décadas, y que los gobiernos, incluido el de Uribe, dejaron pasar como si el Amazonas fuera un río quieto.

El río que se está yendo

El Amazonas, como todo río, está vivo. Cambia de cauce, erosiona, deposita sedimentos, crea y destruye islas. Lo que hoy es tierra firme, mañana puede ser agua, y viceversa. Santiago R. Duque, limnólogo y coordinador del Grupo de Investigación en Limnología Amazónica de la Universidad Nacional, lo sabe bien: desde 2007 viene advirtiendo que el cauce principal del Amazonas en el trapecio amazónico se está moviendo hacia Perú.

Los números son claros y alarmantes:

  • A inicios de los años 90, el 30% del caudal pasaba por Colombia.
  • En 2019, la cifra cayó al 20%.
  • En junio de 2025, una medición de la UNAL confirmó que el 81% del agua fluye por Perú y solo el 19% por Colombia.
  • Si nada cambia, para 2030 el río dejará de pasar por el país, excepto en temporadas de inundación.

Cuando se firmó el tratado de 1922, el canal profundo del Amazonas corría frente a Leticia, garantizando los 116 kilómetros de acceso fluvial que Colombia había ganado tras décadas de disputas. Hoy ese canal pasa frente a Perú. Y lo que para los mapas sigue siendo frontera, para el agua ya no lo es.

Santa Rosa: hija de los sedimentos

La isla Santa Rosa no existía cuando se fijaron los límites. Surgió después, como otras islas nuevas, por la sedimentación que dejan las aguas que vienen de los Andes. Esa formación natural cambió el equilibrio del cauce: el brazo peruano ganó fuerza, el colombiano se volvió lento y somero. Resultado: Perú tiene más río… y Colombia, menos.

El gobierno colombiano supo esto desde hace al menos 19 años. En 2006, el Invías contrató un estudio que recomendaba obras de encauzamiento en el estrecho de Nazareth para obligar parte del flujo a pasar por los brazos colombianos. Costaban unos 11 mil millones de pesos de entonces. El estudio quedó guardado. El presidente de la época era Álvaro Uribe Vélez. No se hizo nada.

Mientras tanto, Brasil dragaba su tramo del Amazonas para proteger el puerto de Tabatinga. Perú ajustaba su ribera erosionada. Colombia miraba desde la orilla.

No es excusa, no es cortina de humo

Decir que este conflicto es un invento de Petro para tapar otro escándalo es como decir que el deshielo del Ártico es una estrategia publicitaria de Greenpeace. El Amazonas no espera los ciclos de la política: sigue fluyendo hacia donde la gravedad y la sedimentación lo llevan.

Lo que está en juego es que Leticia, la capital más austral de Colombia, podría quedar a dos o tres kilómetros del río. El malecón fluvial sería un muelle seco. La pesca se desplomaría. El turismo se marchitaría. Y el país perdería, en los hechos, su salida al Amazonas. No sería la primera vez que Colombia pierde territorio por descuido: ahí están Panamá y los 75.000 km² de mar en el fallo de La Haya.

Santa Rosa no es un capricho diplomático: es el punto visible de una herida más grande. Y como advierte Duque, la solución no está en pelear banderas, sino en negociar con Perú —y ojalá con Brasil como garante— obras que favorezcan a todos. Porque si el río se va, se va para siempre.

El reloj corre

El 2030 parece lejos, pero en términos fluviales es pasado mañana. El problema no es que Petro hable de Santa Rosa; el problema es que por casi dos décadas nadie hizo nada. Y que cuando se pudo actuar, en 2006, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez tuvo la información, los estudios y el tiempo… y decidió dejar que el Amazonas siguiera su curso.

Ahora, ese curso lleva el agua —y la soberanía— hacia otra bandera

Lo mataron por decir NO: Crónica del asesinato de Ruhal Martinez en Villa Colombia, Jamundí

por Sofia Lopez2025, Alerta Dignidad, ComunicadosPublicado el No hay comentarios

A Ruhal Martinez lo mataron por negarse. Por decir que no. No se prestaba para instrumentalizar a su comunidad. No aceptaba que la guerrilla usara a los campesinos como carne de cañón para sacar al Ejército de la zona. No toleraba que usaran la dignidad del pueblo para encubrir una estrategia de guerra. Por eso lo mataron.

El miércoles 6 de agosto, al amanecer, Ruhal se movilizaba en moto por la vereda El Descanso, zona rural de Jamundí. Dos hombres armados, también en moto, lo interceptaron y le dispararon sin darle oportunidad. Su cuerpo quedó tendido en el camino, cubierto por una sombrilla colocada por los vecinos para protegerlo del sol. Fue una escena desgarradora: silencio, rabia, impotencia.

Ruhal era presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Villa Colombia. Llevaba más de 25 años dedicado a su comunidad. Era un líder respetado, terco, justo. Sabía que la violencia no es un disfraz, y que la paz no se impone con fusiles. Por eso no se dejó doblegar. Denunció que querían usar a la gente para expulsar a la Fuerza Pública, con el mismo libreto que han intentado aplicar en el Cañón del Micay: aparentar movilización social cuando en realidad es una operación armada para el control territorial.

Ruhal sabía que ese guion no venía del pueblo. Venía de estructuras armadas que, aunque se autodenominan disidencias de las FARC, ya no tienen proyecto político de izquierda. Hoy responden a otros intereses. Están al servicio de una agenda contrainsurgente. No combaten al Estado: lo sabotean. No luchan por el pueblo: lo instrumentalizan. Y en esa lógica, ejercen el papel de brazo armado del uribismo. Esa es la verdad incómoda que muchos no se atreven a decir.

No es una hipótesis ni una metáfora. Es una constatación política. Las disidencias del Estado Mayor Central, al mando de Iván Mordisco, actúan como fuerza de choque contra el gobierno de Gustavo Petro. Sabotean los intentos de paz, asesinan líderes sociales que defienden la institucionalidad democrática y generan miedo en las comunidades que no se subordinan. Le están haciendo el trabajo sucio a quienes desde hace décadas han impulsado la guerra para sostener sus privilegios. No hay diferencia entre los paramilitares de ayer y estas estructuras armadas de hoy. Ambas eliminan lo que estorba a sus planes.

Hace un año, asesinaron a Yeri Edwin Gaitán, también presidente de esta misma JAC. Tras su muerte, el 90 % de sus integrantes renunció. Hoy, con la muerte de Raúl, el mensaje es el mismo: o se someten, o los matan. Esa es la democracia que ofrecen los que se visten de insurgencia pero obedecen al uribismo.

Ruhal no tenía escoltas. Tenía dignidad. No quería que su comunidad fuera campo de batalla. No aceptó que la violencia volviera con otro nombre. Su liderazgo era incómodo porque era libre. Lo mataron por eso.

Y lo hicieron sabiendo que la noticia pasaría rápido, que no habría grandes titulares, que nadie sería capturado. Así se construye el silencio: a balazos y con impunidad. Pero este crimen no puede pasar como uno más. Porque no mataron solo a un hombre. Asesinaron una posición ética, una verdad, una resistencia.

Ruhal Martinez debería estar hoy planeando la próxima asamblea con su gente. En vez de eso, sus vecinos lo despidieron con rabia y tristeza, con la certeza de que lo mataron los mismos de siempre, solo que ahora con otro uniforme. Las disidencias de las FARC, hoy, son el brazo armado del uribismo en los territorios. Y el país tiene que empezar a decirlo sin miedo.

Por: Justicia & Dignidad / Periodismo Independiente e Investigativo

Los vínculos de María Fernanda Cabal con el narcotráfico y el acaparamiento de tierras

por Sofia Lopez2025, Comunicados, ImpunidadPublicado el No hay comentarios

En Colombia, donde la política parece escrita por libretistas de narconovelas, los delirios de grandeza no sorprenden a nadie. Pero hay casos que rebasan el absurdo. Tal es el de María Fernanda Cabal, senadora de extrema derecha, que con un prontuario digno de un expediente judicial y no de una hoja de vida, insiste en posicionarse como la próxima presidenta de la República. La primera mujer presidenta, según su discurso, como si el género bastara para limpiar la corrupción de una trayectoria plagada de sombras.

Cabal no solo ha sido una defensora rabiosa del uribismo y de cuanto proyecto antiderechos se le atraviesa. También carga a cuestas una serie de escándalos que harían sonrojar al mismísimo Pablo Escobar si siguiera vivo. Lo más reciente tiene nombre propio: Riopaila Castilla, una de las empresas insignia del poder agroindustrial vallecaucano, donde su familia tiene no solo acciones, sino cargos directivos. El pasado 20 de enero, en Santa Rosalía, Vichada, las autoridades incautaron 500 kilos de cocaína escondidos bajo paquetes de melaza propiedad de Riopaila y Castilla Agrícola. Las etiquetas eran claras, la evidencia contundente, el video de la incautación fue difundido por la Policía Nacional. Nadie pudo negarlo.

Pero lo escandaloso no termina ahí. Santiago Cabal González, primo de la senadora; Rafael González Ulloa, su cuñado; y María Teresa de Cabal, hermana del cuñado, ocupan altos cargos en el grupo empresarial. Familiares directos, implicados en una estructura empresarial que aparece vinculada al narcotráfico. Y como si eso no bastara, la misma empresa está bajo sospecha de haber financiado su campaña al Congreso con 26 millones de pesos. Todo muy conveniente, todo muy bien empaquetado.

Como si esta historia necesitara más ingredientes, otro frente de fuego se abre en el Valle del Cauca, donde los ingenios Pichichí y Providencia, también vinculados a la familia Cabal y al poderoso Grupo Ardila Lule, fueron denunciados por la Agencia Nacional de Tierras por ocupar ilegalmente más de 2.000 hectáreas de baldíos que pertenecen al Estado. Baldíos que, según la Constitución, deben destinarse al campesinado sin tierra. Pero aquí, como siempre, el derecho se tuerce cuando el apellido pesa más que la ley.

En cualquier democracia con algo de vergüenza, estos hechos bastarían para desatar una investigación exhaustiva, la renuncia inmediata y el retiro total de la vida pública. Pero en Colombia, Cabal no solo sigue en el Congreso. También sigue en campaña. Mientras las mujeres rurales son desplazadas, mientras las lideresas sociales son asesinadas, ella se presenta como la salvadora de la patria. Una patriota con finca, cañaduzal, avión privado y melaza de exportación.

La pregunta que nos hacemos muchos no es si ella sabía o no. Esa es una pregunta inocente. La verdadera pregunta es cuánta impunidad necesita una persona para creerse presidenciable con semejante lastre sobre los hombros. Porque ni el machismo estructural, ni la falta de referentes femeninos en el poder, ni el oportunismo político justifican que una figura pública con tantos indicios de corrupción, vínculos familiares con redes ilícitas y antecedentes de acaparamiento de tierras, se postule al cargo más alto del país sin que tiemble la institucionalidad.

Mientras tanto, los medios tradicionales miran hacia otro lado, las élites se acomodan en silencio, y buena parte de la ciudadanía sigue desinformada o anestesiada. Cabal sonríe ante las cámaras, lanza frases para la galería y sueña con llegar a la Casa de Nariño. Quizás no sabe que los tronos construidos sobre delitos terminan convertidos en tribunales.

María Fernanda Cabal no representa una nueva era para Colombia. Representa lo peor de la vieja política: la que mezcla poder, narcotráfico y familia como si fueran parte del mismo desayuno. La historia dirá si algún día enfrentará la justicia. Por ahora, su delirante aspiración presidencial solo demuestra que en este país, el cinismo es más grande que el cañaduzal.

Por Prensa Justicia & Dignidad

Montajes judiciales del uribismo: la historia silenciada de David Ravelo

por Sofia Lopez2025, Resistiendo al olvidoPublicado el No hay comentarios

En Colombia hay nombres que duelen, que pesan como piedras en la memoria: David Ravelo es uno de ellos.

Dirigente comunal, defensor de derechos humanos, sobreviviente de la Unión Patriótica y testigo de la masacre de Barrancabermeja en 1988. Llevaba décadas denunciando la alianza entre Estado, paramilitares y empresas en el Magdalena Medio, cuando la justicia —la de toga y fusil— decidió convertirlo en enemigo.

Lo condenaron en 2012 por un crimen que no cometió, con un testimonio falso y gracias a William Gildardo Pacheco, un fiscal de la Unidad Antiterrorista manchado de sangre.

El testimonio clave fue el de alias El Panadero, un exparamilitar condenado que hoy enfrenta juicio por falso testimonio. La misma “prueba” fue usada contra el excongresista Arístides Andrade, quien ya fue absuelto por la Corte Suprema. David aún espera lo mismo. Aunque fue liberado por la Jurisdicción Especial para la Paz, su nombre sigue manchado. Su dignidad, sin reparación.

¿Y quién fue el fiscal que elaboró el montaje contra David? William Gildardo Pacheco Granados, el mismo que buscó su condena, había sido subteniente de Policía en Armenia y fue destituido e inhabilitado en 1993 por la desaparición forzada de un joven, Guillermo Hurtado Parra, testigo de otro crimen policial. Pacheco fue capturado por ese caso en 2019, años después de haber actuado como fiscal, cuando acusó e hizo condenar a David Ravelo sin legitimidad ni ética.

Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, esto no fue una excepción. Fue doctrina. La “Seguridad Democrática” no solo militarizó los territorios: judicializó la oposición. Convertir al contradictor en criminal fue parte de la estrategia. Si eras líder sindical, defensor de derechos humanos, estudiante, periodista o campesino, eras objetivo. No importaba la verdad. Importaba el silencio. Un líder condenado por un montaje judicial implicaba desestructurar el movimiento social, sembrar miedo. Y sí: lo lograron.

Y hoy, cuando la historia toca a las puertas del poder, el uribismo vuelve a hacer lo que mejor sabe: invertir los roles, fingir que son las víctimas, llorar por las garantías que ellos mismos negaron por décadas.

Álvaro Uribe Vélez, primer expresidente condenado en Colombia, no por razones políticas, sino por delitos concretos: soborno y fraude procesal. Manipuló testigos. Intentó torcer la justicia. Tuvo todas las garantías que jamás ofreció a otros. Aun así, ahora anuncian “giras internacionales” para denunciar “persecución”. ¿La solución? Ir a Washington, a Miami, donde el expresidente tejió sus redes de poder durante el gobierno de Trump. Gritan dictadura mientras preparan el relato para una intervención exterior.

¿Y David Ravelo? Sigue esperando. Justicia. Verdad. Y que, al menos, se diga claro: en Colombia, durante años, se condenó a inocentes para proteger a los verdaderos criminales.

Por Prensa Justicia & Dignidad

Cuando Detenían Hasta al Cura y Nadie Se Quejaba de la Justicia

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Derechos Humanos y Protesta Social, Resistiendo al olvidoPublicado el No hay comentarios

La escena era siempre parecida: un retén del Ejército a la entrada del pueblo, unos soldados con listas en la mano, una camioneta blanca sin placas y el helicóptero de fondo rompiendo la calma de los cafetales. A las seis de la mañana, cuando la gente apenas ponía a calentar el agua para el tinto, ya había media vereda detenida. Al que no se lo llevaban era porque no tenía cédula o porque el camuflado se confundía con la ruana.

A eso le decían las pescas milagrosas. Y vaya milagro: aparecían guerrilleros por montones en cada inspección, hasta en las novenas de aguinaldos. En Cajibío, en Corinto, en San Vicente del Caguán, en La Uribe, Meta… hasta el cura del pueblo cayó. Le dijeron que por rebelión. A él, que lo único que tenía de insurgente era el sermón del domingo. Pero en esos tiempos todo el que no aplaudiera era sospechoso, y todo sospechoso era, por ley presidencial, “objetivo legítimo”.

Le llamaron Seguridad Democrática, pero eso tenía de democrático lo que el diablo de santo. El decreto 1837 de conmoción interior fue el mandamiento de guerra del gobierno Uribe: sin orden judicial, sin pruebas, sin nombres verdaderos. Bastaba una lista —muchas veces anónima, otras pagada con plata caliente— para que el Estado entrara con tanquetas a imponer justicia a bala y a esposas.

Entre 2002 y 2004, más de 6.300 personas fueron detenidas arbitrariamente, muchas de ellas luego liberadas sin cargos. Pero ya habían perdido el empleo, el miedo les había dañado la salud y los rumores los habían condenado en la plaza. ¿Y qué? El objetivo era mostrar resultados, dar cifras, llenar estadios con detenidos como si fueran goles de una campaña triunfal.

Uribe no necesitaba pruebas, le bastaban las convicciones. La Fiscalía y los jueces eran adorno. La inteligencia militar era palabra sagrada, y el que dudara era, sin más, un traidor. Así se judicializó la política y se politizó la justicia. Así nació la doctrina del enemigo interno, del “todo vale si es por la patria”. Y así se degradó el derecho penal hasta convertirlo en fusil.

Mientras tanto, las víctimas de esa justicia amañada siguen esperando que alguien les pida perdón. Pero no, en lugar de eso, hoy los uribistas lloran por los rincones porque al patrón le tocó sentarse en el banquillo. Que pobrecito. Que lo interceptaron. Que le tenían trampa. Que esto es un montaje.

Ahora resulta que la justicia, esa misma que durante años fue su mejor arma, ahora es su verdugo. Y no falta quien diga que es una persecución política. ¡Qué ironía! El tipo que convirtió la Fiscalía en oficina de guerra, que usó los estrados como trincheras y los micrófonos como fusiles, ahora llora porque le abrieron un proceso. No por ideas, ojo. Por fraude procesal y soborno a testigos. Es decir: por hacer trampa.

Es que no es fácil ver al emperador sin toga. Pero la ley —esa que tantas veces violó con discursos de orden— finalmente lo alcanzó. No por todas las fosas comunes, ni por los falsos positivos, ni por los centenares de líderes asesinados tras sus estigmatizaciones. Lo están juzgando por manipular testigos. Y aun así, lloran, cansan, con los medios de comunicación de derecha que tienen a su servicio, con sus absurdas ideas como las de Paloma Valencia, que sin ser sujeto procesal le pide a la Corte Suprema pruebas, metiendo tutelas improcedentes para suspender la detención domiciliaria —aunque la tutela no procede si hay recurso judicial, y el recurso es la apelación—. Ahora hacen trampa con un habeas corpus, buscando qué juez torcido les hace el milagro de liberar al patrón, obviamente a cambio de algo más que gratitud patriótica.

Y mientras tanto, llorando y diciendo bobadas. Los mismos medios que antes celebraban las pescas milagrosas, ahora perfilan a la jueza. Los uribistas más radicales la amenazan, y lo más horroroso: las mujeres uribistas en redes han llegado al punto de pedir que empalen a la jueza. Expuesta, como tantas otras mujeres en este país, a la violencia política, judicial y sexual que el uribismo ha sembrado con eficiencia de maquinaria.

Pero ojo: no son angelitos. No hay que bajar la guardia. El uribismo no se rinde, se reagrupa. Y tiene brazo armado. Ya sabemos de lo que son capaces cuando se sienten acorralados. Tienen medios, fiscales, generales, clanes… y si hace falta, paras. No van a dejar que la justicia avance sin dar pelea.

Porque esta vez no es solo una sentencia. Es el símbolo de que nadie está por encima de la ley. Ni siquiera el caudillo.

Por Prensa Justicia & Dignidad

Chats de Zapateiro: ¿Traición militar a espaldas de Petro?

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Conflicto ArmadoPublicado el No hay comentarios

Por estos días circula una denuncia que, de confirmarse, podría representar uno de los mayores sabotajes internos al gobierno de Gustavo Petro. El exmilitar en retiro y tuitero conocido como el sargento Chala compartió extractos de unos supuestos chats en la aplicación Signal entre el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, y el general (r) Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda. En ellos se hablaría de acuerdos, favores y visitas a instalaciones militares clave. Lo más grave: todo, al parecer, a espaldas de la Presidencia.

Traición. De las más graves.

Todos sabemos quién es Zapateiro. Su espíritu golpista no es secreto. Es parte orgánica del uribismo, hijo directo de la doctrina de la Seguridad Nacional, enemigo declarado del progresismo colombiano y, según múltiples testimonios ante la JEP (Justicia Especial para la Paz), presunto autor de crímenes de lesa humanidad. Fue quien ordenó la masacre de los jóvenes durante el paro nacional. Su desprecio por la democracia es tan público como su cuenta de Twitter.

A simple vista, estos chats podrían parecer un nuevo escándalo menor. Pero lo que reflejan —si son ciertos— es mucho más profundo: una cultura de poder militar que se niega a ser subordinada al mandato civil. Un poder que no responde ante la ciudadanía ni ante el voto popular, sino ante sus propios intereses corporativos, políticos y económicos.

Que sea Zapateiro quien aparece en el centro de esta trama no es casual. Fue protagonista de enfrentamientos públicos con Petro cuando era senador, defensor a ultranza de oficiales responsables de falsos positivos y portavoz informal del ala más reaccionaria de la cúpula militar. Nunca se retiró realmente. Solo se reubicó para seguir moviendo los hilos desde las sombras.

Hoy, para muchos, Zapateiro representa la continuidad del militarismo impune que amenaza los ya frágiles equilibrios entre lo civil y lo castrense en Colombia. Verlo involucrado en posibles negociaciones clandestinas con el ministro de Defensa —el mismo que debe garantizar el control político sobre las Fuerzas Armadas— no solo sería un escándalo: sería una amenaza directa a la democracia.

Y ahí está el corazón del problema. Nombrar a Pedro Sánchez, un militar, como ministro de Defensa fue un error. Uno que muchos advirtieron. Porque, por más voluntad de cambio que tenga un gobierno, el sistema militar colombiano ha sido formado para desconfiar de lo civil, criminalizar la protesta y resistir cualquier liderazgo progresista.

Un civil puede poner límites. Un civil puede incomodar, exigir cuentas, empujar una reforma. Un militar difícilmente se enfrentará a sus antiguos compañeros, mucho menos a sus superiores. Y Pedro Sánchez no lo ha hecho. Por el contrario, ha promovido ascensos de oficiales cuestionados, entregado condecoraciones sin sustento legal y permitido que el Ministerio se convierta en santuario de lealtades castrenses, no republicanas.

Petro hizo lo que ningún gobierno de derecha se atrevió a hacer: entregar el Ministerio de Defensa a un militar en ejercicio. Y eso fue más que un error: fue un riesgo. Si el uribismo vuelve al poder en 2026, no sería descabellado ver al propio Zapateiro de nuevo en el Ministerio. Sería el regreso de la doctrina del enemigo interno, del exterminio sistemático, de las violaciones generalizadas a los derechos humanos.

Queremos creer que los chats de Chala son falsos. Que son otra provocación. Pero, si son verdaderos, estamos en peligro. Porque el poder militar sin control democrático no solo sabotea un gobierno: sabotea una nación entera.

Presidente Petro: se lo dijo la gente. Se lo dijeron las víctimas. Se lo advirtieron las organizaciones sociales.

Un militar en el Ministerio de Defensa, no. Nunca más.

Por Prensa Justicia & Dignidad

Uribe culpable, pero no aún por lo más grave

por Sofia Lopez2025, ComunicadosPublicado el No hay comentarios

Álvaro Uribe Vélez fue condenado este primero de agosto por soborno a testigos y fraude procesal. Una primera condena que muchos sentimos como una grieta en la impunidad de una maquinaria de poder que ha hecho del crimen un instrumento de gobierno. Y aunque la justicia penal ordinaria apenas ha alcanzado la punta del iceberg, el prontuario del expresidente y exsenador es vasto, abrumador y aún impune en su mayor parte.

Colombia ha tenido que cargar por décadas el peso del uribismo no solo como doctrina política, sino como una forma de operar en la sombra: con redes de paramilitarismo, silenciamiento, corrupción y control institucional. Lo que se conoce es apenas lo que el Estado ha permitido investigar. El resto yace en expedientes dormidos, pruebas destruidas o testigos asesinados. No son conjeturas ni exageraciones. Son hechos que se han repetido con nombres propios, fechas, fosas comunes y coordenadas satelitales.

Uribe tiene por lo menos más de 50 procesos abiertos en la Fiscalía General de la Nación, la mayoría por delitos graves: homicidios, desapariciones forzadas, conformación de grupos armados ilegales, desplazamientos, interceptaciones ilegales, nexos con el narcotráfico. Muchos de estos procesos avanzan a paso de tortuga o están congelados. Otros se han cerrado sin mayor explicación. Pero el expediente más visible, el del soborno a testigos, es apenas el eslabón más pequeño en una larga cadena.

El caso por el cual hoy se dicta condena empezó con una denuncia del propio Uribe contra el senador Iván Cepeda, quien investigaba sus presuntos vínculos con el paramilitarismo. Lo que siguió fue un búmeran: la Corte Suprema no solo archivó la denuncia contra Cepeda, sino que abrió una investigación contra Uribe al encontrar pruebas de que había presionado testigos a través de su abogado para que cambiaran su versión sobre su participación en la conformación del Bloque Metro de las AUC.

Pero mientras este proceso camina, al menos 16 casos más en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes duermen el sueño de los justos. Allí donde la Constitución debería garantizar el juicio político a expresidentes, se ha instalado un sistema de encubrimiento legal. La llamada “Comisión de Absoluciones”, como la apodan, ha sido por años un muro de impunidad institucionalizada. Allí reposan denuncias por las chuzadas del DAS, la masacre del Aro, las ejecuciones extrajudiciales, las órdenes para bombardear zonas pobladas, el espionaje a magistrados y defensores de derechos humanos, las masacres paramilitares ocurridas durante su gobernación en Antioquia, y la represión sistemática a comunidades campesinas y pueblos indígenas que resistieron a sus megaproyectos extractivos.

Los casos no son pocos ni leves. En tribunales internacionales también hay acciones abiertas. En 2023, más de 120 organizaciones entregaron a la Jurisdicción Universal en Argentina un dossier por crímenes de lesa humanidad cometidos bajo su mandato, incluyendo los falsos positivos, que según la JEP ascienden a por lo menos 6.402 víctimas civiles ejecutadas por el Ejército y presentadas como guerrilleros muertos en combate. La gran mayoría de estos crímenes ocurrieron entre 2002 y 2008, durante su primer gobierno. Uribe no solo no los detuvo, sino que promovió una política que premiaba los resultados operacionales sin verificar su legalidad.

La justicia transicional, limitada por los marcos del Acuerdo de Paz, ha intentado develar estos crímenes. Pero Uribe, desde su tribuna mediática, ha negado toda responsabilidad. Ha dicho que son montajes, que son odios ideológicos, que son campañas en su contra. Pero las pruebas están. Las familias están. Las madres que aún buscan a sus hijos están. Los informes forenses están. Las exhumaciones, las sentencias a militares, las confesiones de paramilitares. Todo está.

Hoy, la condena por soborno es una pequeña luz. Una señal de que la justicia puede abrirse paso en medio del pantano. Pero no es justicia todavía. No mientras sigan impunes las masacres, las desapariciones, los desplazamientos forzados, la estigmatización de líderes sociales, el exterminio de comunidades enteras. No mientras la justicia internacional no actúe ante la imposibilidad de que la justicia colombiana rompa el cerco de la impunidad política.

El prontuario criminal de Álvaro Uribe Vélez no es un secreto ni una sospecha. Es un clamor documentado de miles de víctimas. Su condena no es suficiente, pero es necesaria. Y lo que sigue es no olvidar, no ceder al miedo, no rendirse ante el poder. Porque la dignidad de los pueblos se construye también con memoria y con justicia.

Por Prensa Justicia & Dignidad

¿Y si Petro hiciera lo que hace Bukele?

por Sofia Lopez2025, ComunicadosPublicado el No hay comentarios

Imagínese esta escena: Gustavo Petro, en cadena nacional, sonriente, anuncia que ha destituido a toda la Corte Constitucional porque “ya no le sirven al país”. Luego propone eliminar la segunda vuelta presidencial —“muy costosa, muy lenta”— y de paso, extender su mandato a seis años. Mejor aún: plantea que se le permita reelegirse indefinidamente, porque “el pueblo lo ama”.

¿La reacción? Titulares incendiarios: “¡Dictadura chavista en Colombia!”; “¡Golpe a la democracia!”; “¡Petro perpetúa el castrochavismo!”. Saldrían las cacerolas, los trinos furiosos, los editoriales apocalípticos. La OEA enviaría comunicados. Semana lanzaría edición extra.

Pero respire. Porque todo eso no lo hizo Petro. Lo hizo Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Y no, no es teoría conspirativa: el 31 de julio, su Asamblea Legislativa (que él controla como si fuera un videojuego) aprobó:

▪️ Eliminar la segunda vuelta presidencial.

▪️ Extender el mandato presidencial a seis años.

▪️ Autorizar la reelección indefinida.

Y como no confía en la democracia, Bukele preparó el terreno: destituyó magistrados, controló el Tribunal Electoral, sometió al Congreso, silenció medios y encarceló a más de 78 mil personas con un régimen de excepción permanente.

Pero aquí eso no es dictadura. No. Aquí, según la derecha criolla, eso es orden. Por eso María Fernanda Cabal lo aplaude de pie, JP Hernández se autoinvitó a su posesión, Miguel Uribe contrató a su asesor venezolano Lester Toledo , y Paloma Valencia lo cita en cada charla como “el presidente que necesitamos”.

¿Y Petro? Petro no ha hecho ninguna de esas cosas. No ha tocado la Constitución para quedarse. No controla las Cortes. Ni siquiera ha podido pasar una reforma laboral. Pero a él sí lo llaman dictador.

Porque en Colombia, al parecer, lo peligroso no es el que destruye la democracia, sino el que cuestiona los privilegios.

El Salvador no es una distopía: es un espejo.

Y lo que preocupa no es solo lo que pasa allá, sino lo que algunos quieren importar para acá… con moño y todo.

Prensa Justicia & Dignidad

Crimen contra líder social en Valdivia desata desplazamiento forzado de 60 personas en Antioquia

por Sofia Lopez2025, Alerta Dignidad, Comunicados, Conflicto ArmadoPublicado el No hay comentarios

A Fabio Marín lo mataron. No fue una bala perdida. No fue fuego cruzado. Fue un asesinato. Planeado, ejecutado, silenciado. Otro líder social menos en los territorios que el Estado abandonó hace décadas y donde hoy manda el que tenga más armas, más hombres o más miedo que repartir.

Fabio era un campesino que hablaba con firmeza. No se escondía. Desde la Junta de Acción Comunal del corregimiento Tesorito, en Tarazá, defendía lo suyo: el derecho a vivir sin miedo. No pedía mucho: que no los mataran, que los dejaran sembrar, que los escucharan. Eso, en Colombia, es sentencia de muerte.

El 29 de julio lo encontraron muerto entre las veredas La Llana y La Coposa, en Valdivia, Antioquia. El cuerpo tendido, la voz callada. En esa tierra donde el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo se disputan cada trocha, cada río, cada vida. Y mientras ellos se matan por los corredores del narcotráfico, los líderes sociales siguen cayendo uno a uno.

Indepaz confirmó lo que ya se sabía en las montañas: Fabio era el líder social número 93 asesinado en lo que va del año. Noventa y tres veces ha fallado el Estado. Noventa y tres veces ha callado la institucionalidad. Noventa y tres entierros. Noventa y tres familias rotas.

Más de 60 personas han huido de La Llana. Desplazadas por los mismos de siempre. El Estado no llegó cuando se lo pidió la comunidad, no llegó cuando aparecieron las amenazas, no llegó cuando empezaron los disparos. Solo llega ahora, tarde, para contar los muertos y prometer —otra vez— que esta vez sí va a haber protección.

Pero ya nadie cree. Porque mientras hablan de paz en las capitales, en los pueblos entierran a los líderes. Mientras se firman acuerdos, se rompen cuerpos. Mientras se habla de reconciliación, se asesina la palabra.

Fabio no era guerrillero. No era enemigo de nadie. Era un hombre del común, con botas sucias de barro y manos limpias de crimen. Lo mataron porque hablaba. Porque organizaba. Porque no se arrodillaba.

Y los que lo mataron —con fusil o con omisión— sabían muy bien lo que hacían.

A Fabio lo asesinaron. No nos vengan con eufemismos. No nos pidan calma. No nos pidan silencio.

El país no puede seguir enterrando a sus líderes como si fueran una estadística más. El silencio, también, es cómplice.

Por Prensa Justicia & Dignidad

¿Patagonia, la nueva Palestina? Milei facilita a los sionistas su ‘tierra prometida’ en plena visita de Netanyahu

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Pueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

El viento gélido de la Patagonia —territorio ancestral de los pueblos mapuche, tehuelche y aonikenk— arrastra un murmullo que se parece demasiado a una advertencia. A ambos lados de la cordillera, en Argentina y Chile, la tierra se siente sitiada. Lo que hace pocos años era desestimado como “teorías conspirativas” hoy comienza a materializarse: un proceso de avanzada económica, militar y territorial que amenaza con despojar a comunidades enteras.

El gobierno de Javier Milei se prepara para recibir, en septiembre, al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre quien pesa desde noviembre de 2024 una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por el genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. La visita se da en el marco de una alianza geopolítica tejida con sigilo: Milei ya viajó dos veces a Israel desde que asumió la presidencia, comprometiendo cada vez más la política exterior argentina a los intereses de Netanyahu, hoy aislado y repudiado en gran parte del planeta.

Mientras Francia y Reino Unido anuncian el reconocimiento al Estado de Palestina si Israel no detiene su ofensiva, la Casa Rosada redobla su cercanía con un régimen señalado por crímenes de guerra. Milei firmó incluso un acuerdo militar con Israel justo antes del ataque israelí a Irán. La pregunta es inevitable: ¿sabía el presidente argentino lo que iba a suceder? ¿Involucró al país en un conflicto bélico internacional sin consultar al Parlamento?

¿Qué es el Plan Andinia?

El llamado Plan Andinia es una estrategia atribuida al sionismo internacional que contempla la ocupación progresiva de la Patagonia argentina y chilena para el establecimiento de un enclave territorial bajo control israelí. Según documentos históricos y denuncias de organizaciones sociales, esta iniciativa se ha manifestado a través de:

1. Compra masiva de tierras en zonas estratégicas, especialmente aquellas con acceso a agua, minerales y energía.

2. Penetración militar y de seguridad bajo la cobertura de acuerdos bilaterales, entrenamiento o ejercicios conjuntos.

3. Desplazamiento de comunidades originarias mediante persecución judicial, criminalización y hostigamiento.

4. Control político y mediático para deslegitimar cualquier denuncia, catalogándola como “antisemita” o “conspirativa”.

Durante décadas, el Plan Andinia fue minimizado como una “leyenda urbana”. Sin embargo, la acumulación de hechos en la última década —y particularmente en el último año— muestra que la hipótesis se está convirtiendo en un escenario geopolítico real.

La visita de Netanyahu: el Plan Andinia toma cuerpo

La visita descarada de Benjamin Netanyahu a Buenos Aires, en pleno aislamiento internacional, es un paso concreto hacia la consolidación del Plan Andinia. La Patagonia es hoy uno de los territorios más codiciados del mundo por sus recursos hídricos, energéticos y minerales.

Argentina, tras décadas de privatizaciones y recortes, ha debilitado su control territorial. Sus Fuerzas Armadas tienen hoy una capacidad operativa mínima. La defensa del sur es prácticamente simbólica, mientras que el poder económico y mediático consolida su penetración.

El nombre de Eduardo Elsztain, tesorero del Congreso Judío Mundial y uno de los mayores terratenientes del país, se repite en las denuncias de organizaciones sociales. Su influencia sobre la Agencia Nacional de Bienes del Estado le permite acceder a tierras estratégicas a precios irrisorios. Al mismo tiempo, los medios de comunicación —sometidos a presiones o autocensura— evitan el debate público, reduciendo cualquier denuncia al terreno de la “conspiración”.

Judicializaciones y mochileros: testimonios desde el territorio

“Nos están matando con causas judiciales”, afirma Moira Millán, weychafe mapuche. “Tenemos más de sesenta compañeros criminalizados por defender la tierra. Cada audiencia es una herramienta de hostigamiento para sacarnos de nuestros territorios”. A su voz se suman comunidades de Chubut y Río Negro, que han denunciado la presencia de israelíes camuflados de mochileros en zonas cercanas a ríos y reservas naturales. “No pasan por controles, aparecen de golpe, se quedan meses, generan disturbios y nadie responde por ellos”, relata un werken de Corcovado. Para los mapuche, estos hechos confirman el avance encubierto de la militarización y el espionaje en la región.

El riesgo de un nuevo exterminio

En la Patagonia viven comunidades mapuche, tehuelche y aonikenk, históricamente perseguidas y despojadas. Hoy, la amenaza se extiende como una sombra. Diversos analistas y organizaciones alertan que el proceso de militarización, acaparamiento de tierras y control de recursos podría desembocar en desplazamientos forzados y una ola de violencia institucionalizada contra quienes se resistan.

El paralelismo con Palestina no es casual: los métodos de ocupación, criminalización de comunidades originarias y control territorial recuerdan el patrón aplicado por el sionismo en Medio Oriente.

América Latina no puede mirar hacia otro lado

La Patagonia se perfila como el próximo tablero de una estrategia global de expropiación. Ya no es una hipótesis: la visita de Netanyahu a Buenos Aires es la evidencia más clara de que el Plan Andinia está en marcha.

Si este modelo se consolida, no solo estarán en riesgo los pueblos originarios de la región. La soberanía argentina y chilena, así como la estabilidad de toda América Latina, quedarán comprometidas.

La memoria de los pueblos mapuche, tehuelche y aonikenk recuerda que ya hubo exterminios antes. La pregunta es si el continente permitirá que ocurra otra vez. Los sionistas de Israel, que se autoproclaman el “pueblo de Dios”, parecen seguir en búsqueda de su “tierra prometida” y todo indica que la han encontrado en la Patagonia. Si no se detiene esta avanzada, otro genocidio podría estar gestándose ante nuestros ojos.

Por Prensa Justicia & Dignidad