Nuestra gira al Reino Unido: crónica de un viaje con vocación de justicia

por Sofia Lopez2025, Acuerdo de Paz, ComunicadosPublicado el No hay comentarios

Nos recibió Inglaterra con una parábola de luz: veinte grados centígrados y un cielo limpio, sin la nube que suele empañar la memoria de estas islas. Bajo ese azul insólito empezó el itinerario de quien firma—Sofía López Mera, abogada defensora de derechos humanos, periodista y, cuando el deber se afloja, poeta. Esta crónica quiere contar, sin rodeos, lo que hicimos allá: primero en York, luego en Londres.

York: sembrar la palabra en terreno fértil

La Universidad de York y la Caravana Internacional de Juristas nos convocaron a un ejercicio académico, pero la teoría se nos quedó corta. Llevamos la herida abierta del suroccidente colombiano y relatamos los riesgos que asedian a abogados, comunidades y defensores. Presentamos dos frutos nacidos en la Octava Caravana de Juristas:

Justicia Indígena para la Paz: madres buscadoras, lideresas nasa y misak, defensoras afros y campesinas tejiendo justicia propia.

Guardia Intercultural Humanitaria: cincuenta mujeres—bastón indígena, pañuelo cimarrón, voz campesina—soñando la chiva de la paz, gracias al arrojo de Sol Guejia Villamil y Emilse Jiménez Popo.

En Colombia esas ideas levantaron polvo: nos amenazaron con denuncias por plagio, como si la paz tuviera patente. Que ladren—dijo el Quijote—, señal de que cabalgamos. Y cabalgamos hasta Inglaterra para abrirle micrófono a esas propuestas: no es delito, es deber.

Londres: la ciudad que escucha cuando se nombra la guerra

La capital británica dictó un ritmo exacto:

Parlamento británico, con el grupo parlamentario de derechos humanos y visita guiada entre vitrales.

Comité Internacional del Colegio de Abogados Westminster & Holborn: todas mujeres—catalanas, inglesas—y yo, colombiana, hilvanando causas.

FCDO, la cancillería británica, donde la diplomacia prestó oídos a las cifras de reclutamiento forzado y al 2026 que asoma con filo.

Acompañaron ABColombia y The Law Society, tendiendo puentes que ojalá resistan la marea.

Dos nombres sostuvieron el andamiaje: Pier Giuseppe, investigador de la Universidad de York que hace de la solidaridad método de trabajo, y Sara Chandler, fundadora de la Caravana Internacional de Juristas, mayora incansable que me preparaba la lonchera y cada reunión con el esmero de una madre que protege a su hija forastera. A ellos va mi gratitud más honda. Pier Giuseppe nos recuerda, con cada documento que redacta y cada puerta que abre, que la universidad no está condenada a los anaqueles: puede bajar al barro y transformar realidades con la misma pulcritud con que cita jurisprudencia. Sara Chandler, madre-abuela de espíritu ancho, fue más allá de la solidaridad: me cobijó en su propia familia y, entre agenda y agenda, deslizó la certidumbre de que el amor—cuando es puro—organiza mejor que cualquier protocolo.

Epílogo bajo el mismo cielo claro

La gira fue breve, suficiente para espigar un manojo de poemas sobre el tiempo y el amor que cargo en el pecho. Volvimos con la libreta saturada de promesas, mapas de riesgo y la certeza de que cada kilómetro andado ensancha la ruta: que la labor de los abogados defensores sea segura, que la justicia indígena y la guardia intercultural prosperen, y que los sueños de las madres encuentren, por fin, un cielo tan despejado como el que nos dio la bienvenida en Inglaterra.

Por Sofía López, abogada y periodista de la Corporación Justicia & Dignidad

Los once de Jericó

por Sofia Lopez2025, Medio Ambiente, Pueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

A veces, en Colombia, ser campesino es ya una forma de delito. Y si se defiende el agua, peor. Y si se enfrenta a una multinacional, entonces ya no hay dudas: el Estado afila su pluma y levanta cargos.

Este 13 de mayo de 2025 se reanuda la audiencia de imputación contra 11 campesinos de Jericó, Antioquia. La Fiscalía pretende acusarlos de secuestro simple, hurto calificado, daño en bien ajeno y lesiones personales. Entre ellos hay un hombre de 85 años. Ninguno cometió esos delitos. El verdadero “crimen” fue resistir, quedarse, cuidar el territorio.

La Fiscalía —esa que debería proteger la vida— hoy le hace el mandado a AngloGold Ashanti, la misma empresa que perfora montañas sin permiso, contamina fuentes de agua y amenaza a los que estorban en su ruta dorada. La misma que en sus comunicados habla de “diálogo”, mientras opera en la sombra, y dice “progreso”, mientras arrasa cafetales y envenena nacimientos.

El caso de Jericó no es judicial: es político. Es una advertencia para todo el Suroeste antioqueño. Se persigue a estos once como se persiguió a los líderes sociales en Cajamarca, como se silenció a los guardianes del Atrato, como se criminaliza a quien se atreva a decir “no”.

Los campesinos resisten como la montaña. Con la dignidad antigua de quien sabe que el agua no se negocia. Que la tierra no se arrienda. Que la vida no se entrega.

Lo intentaron todo: acuerdos municipales, reformas al ordenamiento territorial, consultas populares. Y cuando ya no quedó vía legal, levantaron la voz. ¿Y qué hizo el Estado? Se hizo el sordo. Y después, el cómplice.

Hoy, mientras la Fiscalía redacta acusaciones, Jericó recuerda. Recuerda que las leyes también fueron hechas para proteger. Que la protesta no es un delito. Que defender el territorio es un derecho. Por eso, hoy más que nunca: #EstoyConLos11DeJericó Porque no están solos. Porque no pedimos justicia: la exigimos. Porque cuando los ríos callan, es el campesino quien habla.

Por Prensa Justicia y Dignidad

#EstoyConLos11DeJericó #FueraAngloGold

Bitácora del Horror: Comisión de Esclarecimiento ¡Ya! – Días 10M y11M

por Sofia Lopez2021, 2025, Bogotá, Cali, Derechos Humanos y Protesta SocialPublicado el No hay comentarios

El 10 y 11 de mayo de 2021 fueron dos días que marcaron el rostro de la violencia estatal, en pleno estallido social del paro nacional. Fue un periodo donde la protesta, que inicialmente clamaba por justicia y dignidad, se encontró con la brutalidad del poder. En medio de la protesta por justicia, la brutalidad del poder se desbordó. En Siloé, Aguacatal, Meléndez y Portada al Mar, el ESMAD y paramilitares desataron el terror, disparando contra manifestantes y dejando un rastro de muerte y desesperación. Entre los caídos, estuvo Daniel Alejandro Zapata, quien, después de nueve días en coma por un golpe del ESMAD, falleció el 10 de mayo. Su muerte, como las de tantos otros, se sumó a una lista de víctimas de un Estado que, en lugar de proteger, persigue y asesina a quienes exigen derechos.

10 de mayo de 2021 – Nacional – Inicio de diálogo nacional

Mientras el país entero ardía en marchas, lutos y gritos, el 10 de mayo se instaló el diálogo entre el Comité Nacional del Paro y el Gobierno. Fue la respuesta formal a los días de movilización que comenzaron el 28 de abril. En las salas cerradas se hablaba de reformas, garantías, consensos. Afuera, el país sangraba.

Ese diálogo no llegó con el canto de los pájaros, sino con el eco de los disparos. Se instaló sobre un suelo herido por la represión, en medio de una crisis de derechos humanos que no cesaba. Era un gesto necesario, sí. Pero también insuficiente. Porque mientras se ofrecían palabras en la mesa, en las calles seguían lloviendo gases, bastonazos y balas.

10 de mayo de 2021 – Bogotá – Homicidio de Daniel Alejandro Zapata (20 años)

Ese mismo día, Bogotá perdió a otro hijo. Daniel Alejandro Zapata, de 20 años, murió en la clínica EUSALUD, donde llevaba internado desde el 1 de mayo. Su crimen: haber salido a protestar. Su condena: un golpe en la cabeza que lo dejó sin conciencia, presuntamente causado por un artefacto lanzado por el ESMAD.

Durante nueve días su cuerpo resistió. El neurocirujano informó de un deterioro progresivo e irreversible. A las 12:45 p.m., su corazón dijo basta. La clínica llamó al CTI: fue muerte violenta. Otra más. La familia recibió el abrazo triste de quienes entierran a un joven que aún tenía sueños en los bolsillos. Daniel no fue el primero ni sería el último. Su nombre se suma a la larga lista de víctimas de una fuerza pública que, en vez de cuidar la vida, la revienta.

10 de mayo de 2021 – Cali – Incursión armada policial en el sector de Meléndez

En el barrio Meléndez, al sur de Cali, el 10 de mayo no hubo diálogo ni mesas de conversación. Hubo balas. Hubo gritos. Hubo persecuciones.

Lo que empezó como una manifestación pacífica, terminó en estampida cuando el ESMAD y la Policía arremetieron con armas de fuego. Desde distintos puntos llegaban reportes: disparos, detenciones, golpes. Las redes sociales transmitían en vivo el terror. Los jóvenes corrían. Algunos caían.

A las 12:20 del mediodía, se denunció la detención de Alex Bolaños, un joven de 18 años. Testigos afirmaron que fue capturado por uniformados. Desde entonces, nadie sabe dónde está. Organizaciones de derechos humanos exigieron su aparición, el respeto por su vida, por su derecho a un juicio justo. Pero el silencio oficial fue ensordecedor.

Meléndez, como Siloé, como La María, como tantos otros barrios, fue declarado campo de guerra por el Estado. Y aun así, entre el gas y el miedo, la juventud no se rindió.

10 de mayo de 2021 – Cali – Sobrevuelo de helicópteros en la Universidad del Valle

A la 1:05 de la madrugada, cuando la ciudad dormía, la Universidad del Valle fue despertada por el rugido de los helicópteros. Volaban bajo. Cercaban. Espiaban. Abajo, la Minga Indígena resistía. El mensaje era claro: estamos vigilando. Estamos listos. La amenaza tenía forma de sombra aérea.

Las organizaciones indígenas denunciaron el sobrevuelo como un acto de intimidación. No era paranoia. Era experiencia: ya conocían el peso de la represión en la carne de sus pueblos. Ese zumbido nocturno se instaló en la memoria como un mal presagio, como otro capítulo del largo acoso contra quienes luchan desde la raíz.

10 de mayo de 2021 – Cali – Ataque del ESMAD en la glorieta de Siloé

A las 2:00 p.m., la glorieta de Siloé, que desde temprano había sido punto de concentración para manifestaciones pacíficas, se transformó en el escenario de un ataque brutal. El ESMAD irrumpió con gases lacrimógenos, balas de goma y disparos al aire, respondiendo al clamor popular con más represión. Los gritos de auxilio se mezclaron con el estruendo de las detonaciones. La intervención dejó múltiples personas heridas y sembró el pánico entre los asistentes. Testigos relataron el uso desproporcionado de la fuerza, un claro mensaje de que la protesta, por más pacífica que fuera, no tenía cabida en ese momento.

10 de mayo de 2021 – Cali – Bloqueo a la Guardia Indígena en la entrada a la ciudad

Esa misma tarde, a las 6:30 p.m., la Guardia Indígena, que intentaba llegar a Cali, se encontró con una barrera de militares y policías fuertemente armados. En la entrada de la ciudad, las fuerzas del orden impidieron el paso de los pueblos originarios, los cuales venían a alzar su voz en solidaridad con las protestas. Las organizaciones sociales alertaron que esta acción podría ser solo el preludio de un ataque armado contra los guardias, similar al que se había vivido el día anterior. En medio de una ciudad que ya respiraba represión, se temió que grupos paramilitares pudieran estar involucrados en el operativo. La militarización de la ciudad era cada vez más evidente.

10 de mayo de 2021 – Cali – Represión continuada en Siloé y saldo preliminar

La violencia no cesó. Desde las 2:00 p.m., el ESMAD y las fuerzas policiales avanzaron con más agresividad en Siloé, uno de los barrios más golpeados de Cali. La comunidad sufrió destrozos, heridas y temor. Al caer la noche, los reportes llegaron con cifras dolorosas: al menos 22 personas heridas y tres fallecidas tras los disparos. La situación en Siloé se calificó de crítica, con los organismos humanitarios pidiendo desesperadamente el cese de la represión. El barrio, como tantos otros, se había convertido en un campo de batalla sin razón, donde las víctimas no eran combatientes, sino civiles reclamando sus derechos.

10 de mayo de 2021 – Cali – Afectaciones a población vulnerable en El Aguacatal

A las 5:00 p.m. del mismo día, el barrio El Aguacatal, un sector popular de Cali, fue blanco de un ataque indiscriminado con gases lacrimógenos. En este sector no había movilización activa, pero el miedo y el caos se desataron de todas formas. La mayor tragedia fue el impacto sobre la población vulnerable: niños menores de cinco años y adultos mayores fueron afectados, provocando terror generalizado entre los habitantes. Este ataque, que violó claramente el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza, fue un recordatorio de la deshumanización de un operativo que no distinguía entre los que luchaban y los que solo querían vivir en paz.

10 de mayo de 2021 – Cali – Ataque a misión médica en la Portada al Mar

A las 5:00 p.m., el ESMAD, la Policía Nacional y el Ejército dirigieron su violencia hacia una misión médica en la Portada al Mar. Los voluntarios, que se habían dedicado a brindar primeros auxilios a los heridos, se convirtieron en blanco del ataque. Las fuerzas armadas dispararon contra los jóvenes que trataban de salvar vidas. El hecho se enmarcó dentro de una ofensiva más amplia, en la que se atacaba no solo a los manifestantes, sino también a quienes se habían comprometido con la humanidad. Este ataque fue denunciado como una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, un acto de terrorismo de Estado que busca silenciar la compasión.

 

10 de mayo de 2021 – Cali – Ataque armado contra manifestantes en la Portada al Mar

En esa misma tarde del 10 de mayo, la Portada al Mar vivió una nueva embestida. El ESMAD, la Policía y el Ejército atacaron a los manifestantes con armas de fuego y gases lacrimógenos. Los jóvenes caían, las madres lloraban, y la desesperación se apoderaba de todos. Múltiples heridos quedaron tendidos en el suelo, testigos de la brutalidad del operativo. Este ataque no fue aislado: se sumó a una serie de agresiones sistemáticas en toda la ciudad. La represión no era un accidente. Era parte de una estrategia de terror institucional destinada a frenar cualquier atisbo de protesta, cualquier grito de justicia.

10 de mayo de 2021 – Cali – Sabotaje de comunicaciones y crisis en Siloé

Durante la noche del 10 de mayo de 2021, la ciudad de Cali experimentó una desconexión masiva de servicios esenciales como telefonía móvil, televisión y conexión a internet, especialmente afectando a la operadora Movistar. Esta interrupción coincidió con una grave escalada de violencia en el barrio Siloé, donde se escuchaban disparos y gritos de auxilio. La falta de comunicación dificultó gravemente el reporte de los hechos y la denuncia oportuna de violaciones a los derechos humanos. La crisis de información permitió que la represión se diera en la oscuridad, con la población civil atrapada en un limbo sin capacidad de alertar al mundo sobre lo que estaba ocurriendo.

10 de mayo de 2021 – Cali – Ataque armado desde motocicleta en Calipso

El 10 de mayo de 2021, el sector de Calipso fue escenario de un nuevo ataque armado dirigido contra los manifestantes. Según los testimonios recogidos, una motocicleta, conducida por civiles, disparó directamente contra los manifestantes. Este tipo de agresión ha sido vinculado por organizaciones de derechos humanos con la actuación de grupos paramilitares, presuntamente coordinados con fuerzas del Estado. La violencia no solo se intensificaba, sino que adquiría características de una ofensiva que desbordaba cualquier control, evidenciando la grave situación que atravesaba la protesta social y la peligrosidad que enfrentaban los ciudadanos al salir a las calles.

11 de mayo de 2021 – Cali – Bloqueo Económico

Ese día, Cali se partió en dos. De un lado, los que luchaban; del otro, los que mandaban a callar. En Ciudad Jardín, entre hombres armados y complicidad estatal, se levantó un muro invisible que asfixió a la ciudad: alimentos, medicamentos y combustible no llegaron.

11 de mayo de 2021 – Cali – Montajes judiciales

Mientras la élite observaba desde sus camionetas de lujo, la Sijin cazaba heridos en los hospitales, tratando a quienes sufrían la represión como criminales. El derecho internacional se ahogaba en el polvo caliente de la ciudad. En paralelo, el aparato judicial se ponía en marcha para silenciar a los indígenas resistiendo en su «guarida indígena». Ya atacados por sicarios, ahora eran perseguidos por la justicia, convertidos en enemigos del orden. A su bastón de mando y sus danzas, les respondían con expedientes fabricados, con la ley como garrote. El 11 de mayo se consolidó como el día en que la justicia se vendió al poder, transformándose en otra herramienta de represión.

Es urgente, es necesario, es imperativo que la verdad se esclarezca. Las víctimas de esos días, las madres que lloran a sus hijos caídos, los jóvenes mutilados por el odio institucional, no pueden quedar condenados al olvido, al desdén de un poder que los considera meros obstáculos. ¡Hoy, más que nunca, es vital exigir una Comisión de Esclarecimiento que escuche, que nombre, que señale! ¡Una Comisión que arranque la impunidad de raíz y le devuelva al país la dignidad que se nos arrebata a plomo!

¡Comisión de Esclarecimiento YA!

 

11 de mayo: No hay Día de la Madre que festejar

por Sofia Lopez2025, Desaparición forzadaPublicado el No hay comentarios

El 11 de mayo amaneció como todos los días de madre: con rosas en las esquinas, promociones de almuerzos en los restaurantes y abrazos en los noticieros. Pero para Sandra, Mónica, doña Zoraida y doña Blanca, no hay nada que celebrar. Para ellas, el Día de la Madre no llega. Se quedó perdido, como sus hijos, en algún recodo de esta guerra que nunca termina.

Sandra aún guarda la camisa de Daniel con olor a campo. Él se fue de Santander a Caldono en el 2023. “Para ayudarle a mi mamá”, decía. Allá consiguió trabajo en una trilladora de café, pero también lo alcanzó la guerra. Fue reclutado forzosamente, y desde entonces nadie lo ha vuelto a ver. Sandra ha ido a veredas, fiscalías, consejos de derechos humanos. Solo encuentra puertas cerradas, y a veces —en el mejor de los casos— una mirada de lástima.

Mónica, en cambio, vive con la duda clavada en el pecho. A Laura, su negra linda, se la llevaron con engaños en el Naya. Dicen que no quiso unirse a la guerra y que por eso la mataron. No hay cuerpo. No hay tumba. Solo rumores. Solo ese dolor agudo de la incertidumbre, esa herida que no deja cicatriz porque sigue abierta.

Doña Zoraida ya casi no puede caminar, pero cuando pudo hacerlo, dejaba su trabajo como recicladora y subía cerros, cruzaba cordilleras en Nariño, enfrentaba a los señores de la guerra cada vez que alguien le decía que habían visto a una mujer parecida a Dianita. Fue en 2006 cuando el ELN se la llevó. Le contaron que podría estar en una vereda llamada Damasco. Fue, preguntó, volvió. Y nada. El tiempo se le ha ido esperando, y el país se ha ido olvidando.

Doña Blanca ya es abuela. Tiene el cabello blanco y la voz quebrada, pero aún conserva la fuerza para gritar el nombre de su hijo: Heiner Andrés. Lo desapareció el bloque paramilitar Libertadores del Sur que opera en Nariño. Desde entonces, no ha parado de buscar. Nadie le responde. Nadie le explica. Solo sabe que a su hijo se lo tragó la guerra.

Son las madres que buscan. Las que caminan con los pies rotos y el corazón en carne viva. Las que no tienen ni abrazo, ni tumba, ni verdad. A ellas no las mencionan en los discursos oficiales ni les llegan las flores del supermercado. Se enfrentan a una sociedad indiferente y a un Estado que repite, una y otra vez, que está haciendo lo posible.

Pero ellas saben que no es cierto.

Este 11 de mayo, para ellas no hay regalo ni festejo. Solo la memoria viva de los hijos arrebatados por la guerra, el eco de los nombres que nadie quiere pronunciar y la certeza amarga de que, mientras no estén todos los hijos, no habrá ningún Día de la Madre.

Porque mientras haya una madre buscando a su hijo, este país no puede celebrar nada.

Por: Sofía López Mera, abogada y periodista de la Corporación Justicia y Dignidad y del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz .

Bitácora del Horror: Comisión de Esclarecimiento ¡Ya! – Día 9M

por Sofia Lopez2025, Derechos Humanos y Protesta SocialPublicado el No hay comentarios

Los caminos de la historia están hechos de huellas que no se borran con el viento. El 9 de mayo de 2021, en pleno Paro Nacional, la dignidad se tomó las calles con bastones, tambores y pañoletas verdes y rojas. Pero también se tomó las calles el miedo. Ese día, en Cali y en otras regiones del país, el Estado —ese que debería cuidar la vida— se quitó la máscara y actuó como verdugo. Atacaron a la Minga Indígena a bala limpia. Desaparecieron a una mujer en Paso del Comercio. Hostigaron a una joven por brindar agua y gasas. Hallaron sin vida a Brahian Gabriel en Risaralda. Y usaron un arma, el Venom, como quien amansa un rebaño a plomo. Lo que ocurrió no fue un exceso. Fue una política. No fue un error. Fue una decisión.

No hay un solo fallo judicial que restituya los derechos de las víctimas. Nadie responde. Nadie repara. Nadie se disculpa. Y por eso hay que decirlo claro: lo que hicieron fue cercenar el derecho a la protesta, criminalizar la dignidad, desaparecer a los que alzaron la voz. Lo que vivieron las comunidades indígenas y los jóvenes en las calles fue terrorismo de Estado.

9 de mayo de 2021- Cali- Ataque Armado en contra de la Minga Indígena

La tarde del 9 de mayo de 2021, el sol ardía sobre Cali, pero la calma de la ciudad se vio rota por el estruendo de disparos. La Minga Indígena, que había llegado a la capital del Valle del Cauca en apoyo al Paro Nacional, se encontraba en pleno proceso de protesta cuando fue atacada violentamente. Lo que empezó como una movilización de resistencia por parte de los pueblos indígenas se convirtió en un campo de batalla, donde el poder de las armas y la impunidad del Estado se desplegaron con ferocidad.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), desde su participación en el Paro Nacional, había sido pieza clave en la organización del levantamiento popular. Desde el 30 de abril, miles de indígenas se habían desplazado hasta Cali, buscando visibilizar sus demandas y rechazar las políticas del gobierno de Iván Duque, que, según ellos, hacían parte de un proceso de exterminio y despojo de sus tierras.

El ataque llegó en horas de la tarde, entre las 2:20 y las 3:00 p.m., cuando los miembros de la Minga se movilizaban en una chiva (un bus escalera) por la vía Cañas Gorda, en el límite entre Cali y Jamundí. Allí, un grupo de civiles armados, con la complicidad de la policía, bloqueó la vía y comenzó a disparar indiscriminadamente. Los agresores, que portaban camisetas blancas, lanzaron insultos racistas y comenzaron a atacar a los indígenas con armas de fuego. Fue un tiroteo que duró cerca de 20 minutos, dejando a 13 personas heridas, entre ellas tres mujeres líderes reconocidas en la región.

Los heridos fueron: Daniela Soto Pito, Marlon Yesid Martínez, Jerson Ignacio Tróchez Tenorio, Segundo Pequí Ramos, Alexánder Frider Yule Ramos, Kevin Antonio Mora, Pedro Herney Ramos Perdomo, Dubán David Ciclos Ñuscue, Eduardo Ul Ul, Yerson Javier Tálaga Ulcué, Sandro Leonel Camayo Ipia, Iván René Casso Hurtado

La violencia no cesó. A la par del ataque armado, helicópteros militares sobrevolaban la sede de la Universidad del Valle, donde la Minga se encontraba asentada. En las calles, hombres de civil, fuertemente armados y bajo la vigilancia de la policía nacional, rodeaban a los indígenas, mientras las órdenes de los ex presidentes Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque se hacían sentir con fuerza. La situación era tensa, y el temor a un operativo militar se palpaba en el aire.

A pesar de los ataques, la resistencia indígena no claudicó. Los heridos fueron llevados a distintos centros asistenciales, pero muchos de ellos, temerosos de ser capturados o judicializados, optaron por ser atendidos por sus propios promotores de salud. La represión se agudizaba, y la violencia seguía su curso sin que nadie se detuviera a evaluar las consecuencias.

El 11 de mayo, en una asamblea social y popular realizada en la Universidad del Valle, la Minga Indígena decidió regresar al Cauca. La ciudad de Cali ya no era segura para ellos; las autoridades locales y nacionales, bajo las órdenes de los ex presidentes, habían ordenado su expulsión. Así, los indígenas regresaron a sus tierras, pero con la marca de una resistencia que no se somete a la fuerza, pero que sigue siendo constantemente amenazada.

La historia de ese 9 de mayo de 2021 es la historia de la resistencia de un pueblo que lucha por su dignidad, que exige el respeto a sus derechos y que, a pesar de la violencia del Estado, sigue luchando por la paz y por la justicia en Colombia.

9 de mayo de 2021 – Cali – Desaparición forzada de mujer indígena
Aquel domingo, el Paso del Comercio hervía. Humo de llantas, cantos de resistencia y pasos firmes de mujeres indígenas que, con bastón en mano, tejían la palabra en medio del asfalto. Allí, en ese cruce de ciudad convertida en trinchera, una de ellas desapareció. Nadie volvió a saber de ella. La vieron por última vez mientras recogía algunos víveres y hablaba con los jóvenes que cuidaban las barricadas. Luego, nada. El viento se la tragó o, mejor dicho, se la tragó la guerra sucia que no da la cara. No hubo parte oficial. No hubo explicación. No hubo cuerpo. Solo el silencio y el miedo. Otro nombre que se suma a la lista de los que no están y nadie busca.

9 de mayo de 2021 – Cali – Hostigamiento a mujer manifestante del Paro Nacional
En otra esquina de la misma ciudad, una muchacha, joven como tantas que se lanzaron a la calle con el alma en alto, fue visitada por la policía. No para protegerla, sino para advertirle. Llegaron a su casa con fotos en la mano, con sonrisas torcidas y palabras que eran amenazas envueltas en legalidad. Le dijeron a su madre que la niña estaba haciendo parte de la violencia porque la habían visto en una moto con unas bolsas. Pero no eran explosivos, ni piedras. Eran vendas, suero, pan, agua. Cosas simples para sostener a los que se atrincheraban en la esperanza. A ella le ataron las manos, lo dijo llorando en un video. Se las ataron no solo físicamente, sino en la forma más brutal: con el miedo. Y aun así, habló. Y señaló al Estado. Porque cuando la vida se defiende, hasta el silencio puede ser una traición.

9 de mayo de 2021 – Risaralda – Encuentran el cuerpo de un joven desaparecido
En Risaralda, mientras los árboles de café seguían dando sombra, encontraron a Brahian Gabriel Rojas López. El cuerpo, no la vida. La vida se la habían quitado días antes. Nadie dijo cómo, nadie dijo quién. Solo apareció su cadáver y con él, una certeza: que en este país a los jóvenes los entierran antes de tiempo. Brahian tenía sueños, como todos, y quizás también rabia, como muchos. Pero ni una cosa ni la otra justifican que haya sido desaparecido y que su nombre aparezca, ya tarde, en los informes de los organismos de derechos humanos, esos que siempre llegan después del disparo.

9 de mayo de 2021 – Todo el país – Arma Venom contra manifestantes
Esa noche, en muchas ciudades, llovió plomo y gas. Pero no con fusiles ni revólveres. Llovió desde tanquetas. Desde artefactos que parecían de ciencia ficción. El Venom, le llaman. Una especie de cañón que escupe treinta cartuchos en segundos. Costó millones. Lo usaron como quien usa una vara para golpear sin dejar rastro. El protocolo decía que debía dispararse hacia el cielo, en arco, para dispersar, no para matar. Pero lo usaron desde el suelo, a ras, directo al pecho, a los ojos, a las casas. Como si la protesta fuera una guerra, y los manifestantes, enemigos de la patria. Cada descarga valía millones. Pero la vida de los muchachos no valía nada. Y así, el Estado, con su máquina de humo y fuego, nos dejó claro de qué lado estaba.

Hoy, a cuatro años, seguimos sin respuestas. Las madres siguen buscando. Las comunidades indígenas siguen cuidando a sus muertos y a sus vivos. Los jóvenes, los que quedan, siguen exigiendo que no se olvide. No hay sentencias. No hay verdad. No hay justicia. Solo hay impunidad vestida de institucionalidad. Por eso gritamos que hace falta una Comisión de Esclarecimiento que hable claro, que diga nombres, que reconstruya cada minuto de horror de ese 9 de mayo.

Porque sin memoria no hay justicia, y sin justicia no hay paz. Porque la verdad no se esconde detrás de los escritorios del poder, sino en los cuerpos heridos, en las casas allanadas, en las calles vacías donde una vez se gritó libertad. Porque fue el Estado. Porque lo vimos. Porque no lo olvidamos. Y porque no nos vamos a callar.

¡Comisión de Esclarecimiento Ya!

Los huesos que lloran bajo la tierra

por Sofia Lopez2025, Conflicto ArmadoPublicado el No hay comentarios

Potrerito no figura en los titulares internacionales. Pero si la tierra hablara, contaría una historia de guerra que nunca se fue. Fue la lluvia quien la empezó a contar: el domingo 4 de mayo, un aguacero fuerte hizo ceder la tierra en una trocha entre tres fincas de la vereda Gato de Monte, en el corregimiento de Potrerito, Jamundí. La comunidad, acostumbrada a abrirse paso entre el barro, llegó al día siguiente con palas para despejar el camino.

Lo que hallaron fue el espanto: cráneos, huesos, restos con botas puestas, ropa todavía adherida al cuerpo como testigo mudo de lo que pasó. Lo demás fue silencio y una pregunta que golpea como la lluvia en el techo de zinc: ¿de quién son esos huesos?

Las autoridades aún no lo saben. Se presume que tienen entre 20 y 12 años bajo tierra. Tal vez fueron víctimas del Bloque Calima, que convirtió el sur del Valle en un territorio de control paramilitar; o de las BACRIM que heredaron el negocio y la violencia. Quizás sean falsos positivos de la época de Uribe, cuando jóvenes eran arrancados de sus barrios para inflar cifras de combate. Quizás cayeron en los enfrentamientos entre el Ejército y las FARC antes del diálogo, cuando el entonces ministro Santos decía: “hay que arreciar y arreciar”, pensando más en fórmulas para escalar la guerra que en premios Nobel de Paz.

Quizás son víctimas de la Jaime Martínez, la disidencia que ahora manda en las montañas de Jamundí, o de la Segunda Marquetalia, que llegó primero, bajando por Buenos Aires como sombra de un pasado que nunca se fue.

Lo cierto es que esos huesos —como tantos en Colombia— son de personas que alguien sigue buscando. Madres, esposas, hermanas que rezan sin tumba y sin respuestas. Mujeres que se han cansado de esperar, pero que no han renunciado.

Los organismos internacionales han sido alertados: la ONU, el MAPP-OEA, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Harán su trabajo. Tomarán muestras, pondrán banderas blancas, cruzarán listas. Pero allá, en la vereda Gato de Monte, lo que hay es dolor sin nombre. Cuerpos sin voz. Y una comunidad que convive con la muerte como si fuera un árbol más del monte.

Porque lo que pasó en Potrerito no es un hecho aislado: es un eco más de una guerra que nadie ha podido parar. Una guerra que ha enterrado a los suyos a escondidas, mientras la historia oficial habla de paz y reconciliación. Allá, donde la lluvia revela verdades, el conflicto sigue oliendo a tierra removida.

Por Sofía López Mera, abogada y periodista de la Corporación Justicia y Dignidad

Bitácora del Horror: Comisión de Esclarecimiento ¡Ya! – Días 4M , 5M y 6M

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Derechos Humanos y Protesta SocialPublicado el No hay comentarios

El 4 y 5 de mayo del 2021 no fueron días comunes: fueron días de plomo. Mientras en los noticieros hablaban de “restablecer el orden”, en las calles el orden lo imponían los fusiles. En Popayán, los estudiantes corrieron de la Universidad del Cauca a los hospitales; en Medellín, los jóvenes fueron cazados entre las lomas; en Barrancabermeja, los barrios populares retumbaron con ráfagas que no venían de las películas; y en Caicedonia, el pueblo chico fue testigo del terror grande. No hubo distinción entre el que gritaba y el que grababa, entre el que marchaba y el que miraba. Fueron días de exterminio selectivo, disfrazado de “operativo policial”. Días en que la democracia se tiñó de sangre joven. Por eso, exigimos una Comisión de Esclarecimiento Ya. No para que la verdad duerma en oficinas alfombradas, sino para que grite, para que acuse, para que repare.

3 y 4 de mayo de 2021 – Popayán: Violencia policial, persecución y terror

La tarde del 3 de mayo en Popayán fue de resistencia pacífica. Desde Campanario hasta la Esmeralda, la juventud se tomó las calles con arte, cantos y dignidad. Pero hacia las 11 de la noche, la noche se tornó infierno: el ESMAD y la Policía arremetieron con bombas, granadas de aturdimiento y persecución desmedida contra manifestantes y habitantes de los barrios La Chirimía, Guayabal, El Pajonal y La Esmeralda.

Quienes huían eran perseguidos a bordo de motocicletas, detenidos arbitrariamente y conducidos a la URI, que operaba como un centro de represión. Allí, la fuerza pública organizó un cerco que transformó ese lugar en una trinchera de impunidad y abuso.

4 de mayo de 2021 – Comunicado ONU y masacres urbanas

Desde Ginebra, la portavoz de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU expresó su alarma: Colombia se desangraba bajo el uso desproporcionado de la fuerza.

4 de mayo de 2021 – Cali: Muerte bajo las armas del Estado

  • César Augusto Barient murió por complicaciones respiratorias tras inhalar gases lacrimógenos en Medellín. Un técnico, no un manifestante. La nube tóxica, lanzada sin criterio, lo envolvió. La policía llamó ambulancia, pero él no quiso hospitalización por temor al COVID. Falleció días después. Su madre denunció la violencia policial como causa directa.
  • Javier Alonso Uribe Díaz, reciclador, cayó abatido por una bala mientras buscaba a su sobrino en medio de disturbios en Los Lagos. Su cuerpo yació por más de 10 horas en el suelo. El Estado no llegó. El pueblo lloró.
  • José Yesit Acevedo Santamaría, taxista, asesinado en el caos. Las versiones se contradicen: un retén, un barrio agitado, un disparo impune. Otra vida silenciada.

4 de mayo de 2021 –  La Virginia, Risaralda – Golpe y río: asesinato de Brahian Gabriel Rojas

Brahian no marchaba. Solo pasaba por el puente. El ESMAD lo golpeó brutalmente, lo llevó al borde del río Cauca. Su cuerpo fue hallado flotando. Golpeado. Muerto. La versión oficial no explica su destino.

4 de mayo de 2021 – Cali – Incursión armada policial en Siloé

La noche del 4 de mayo, Siloé volvió a ser campo de batalla. La policía gaseó el barrio entero. Hubo enfrentamientos y varios heridos. Silencio oficial. Ruido de disparos. Rostros cubiertos de miedo.

4 de mayo de 2021 – Miranda, Cauca: Infiltración militar

En el municipio de Miranda, Cauca, miembros del Ejército Nacional fueron sorprendidos por la comunidad vestidos de civil y portando armas de fuego. Su objetivo: infiltrar las protestas pacíficas que se desarrollaban sobre la vía que comunica con Cali, Valle del Cauca. La comunidad denunció esta acción como una estrategia encubierta para generar violencia en el marco de la movilización social.

5 de mayo de 2021 – Pereira, Risaralda: El asesinato de Lucas Villa

Eran las 7:30 de la noche en el Viaducto César Gaviria. Un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira protestaba de forma pacífica cuando fueron atacados a tiros por sujetos vestidos de civil que se movilizaban en motocicleta. Lucas Villa, activista estudiantil de 37 años, fue alcanzado por ocho disparos y falleció el 10 de mayo. Otros dos jóvenes, Andrés Felipe y Javier Darío, también resultaron heridos.

Minutos antes del atentado, las luces del alumbrado público fueron apagadas y las cámaras de seguridad no captaron registros. Testigos relataron la presencia de drones en el área. Una camioneta se había acercado poco antes para entregar agua y víveres a los manifestantes. Lucas, con su voz inconfundible, gritaba “¡el ignorante, el terco, el dormido, despierte!”, cuando un punto láser apareció sobre su camisa turquesa, seguido por el sonido de una moto de alto cilindraje. Luego vinieron los disparos. En el hospital se denunció abandono médico y presunta negligencia por parte del personal de turno. Lucas era estudiante de Ciencias del Deporte y Recreación, reconocido por su liderazgo entre los círculos estudiantiles.

5 de mayo de 2021 – Caicedonia, Valle del Cauca: Homicidio de Pedro Benito Suárez Ariza

Pedro Benito Suárez Ariza transitaba en motocicleta por una zona rural de Caicedonia, donde un grupo de manifestantes mantenía un bloqueo. Según versiones oficiales recogidas por Caracol Radio, Suárez pidió que le permitieran el paso. Ante la negativa, sacó un arma y disparó contra uno de los jóvenes. En respuesta, fue agredido por la comunidad con piedras y palos, y falleció en el lugar. Las autoridades calificaron el hecho como un acto de intolerancia en el contexto del paro nacional.

5 de mayo de 2021 – Caicedonia, Valle del Cauca: Homicidio de Alberto Cuartas Herrán

En el mismo contexto de bloqueo en Caicedonia, Alberto Cuartas Herrán se encontraba entre los manifestantes cuando fue atacado por Pedro Benito Suárez Ariza, quien disparó en su contra y en contra de otra persona. Cuartas recibió un disparo en la cabeza. Fue trasladado al Hospital Santander del municipio, donde falleció minutos después. Según el medio El Tabloide, el hecho ocurrió en una zona rural del municipio. Nuevamente, las autoridades lo clasificaron como un hecho de intolerancia en el marco del paro.

5 de mayo de 2021 – Medellín – Lesión ocular

Santiago Vélez Piedrahita salió con la marcha desde el Parque de los Deseos. Era una manifestación tranquila, sin piedras ni gritos de guerra. Cruzaron la ciudad, regresaron al punto de partida ya entrada la medianoche. Frente a la Casa de Justicia, como si el nombre fuera una ironía, apareció el ESMAD. Sin previo aviso, sin provocación, atacaron.

Santiago levantó los brazos. No gritó, no corrió. Solo se detuvo, como queriendo decir: «Estoy aquí, en paz». Pero un cilindro de gas le voló la mitad del rostro. Venía encendido, con llama en la cola. Lo tumbó al suelo. El humo lo envolvía y la multitud huyó. Dos jóvenes, sin pensarlo, lo sacaron a rastras y lo llevaron a un hospital.

Ahí empezó la segunda parte del infierno. Pérdida total del ojo izquierdo. Daño neurológico en la cara. Sensibilidad borrada. Miedo perpetuo. Y la rabia muda de saberse mutilado por el Estado. Santiago no volverá a ver con ese ojo, pero recuerda bien la noche en que lo apagaron.

5 de mayo de 2021 – Medellín – Intento de homicidio: Jonathan Velázquez Aguiar

Jonathan tiene 18 años. Una discapacidad que le impide siquiera pensar en agredir a alguien. Estaba en casa, con su mamá, cuando las motos del ESMAD llegaron al barrio como si fueran a entrar a una guerra. Redadas, gritos, golpes. A su madre la tumbaron al piso, la patearon con las caderas, le dieron con las rodillas. Él salió, instintivamente, a defenderla.

No insultó. No golpeó. Solo quiso proteger. Pero lo arrastraron por el cuello, lo tiraron al piso, intentaron ahorcarlo. Le partieron la nariz. Le dejaron marcas en la garganta que no se van. Su madre gritaba mientras la golpeaban por intentar salvar a su hijo.

Ese día Jonathan entendió que no hacía falta portar un arma para que lo condenaran. Solo bastaba estar vivo, ser joven, estar ahí.

5 de mayo de 2021 – Cali – Montajes judiciales

Dayro Hidalgo García no estaba en la calle. No ese día. Es líder de la Comuna 13, músico, formador, gestor cultural. Habla de paz, enseña a rimar la rabia. No tira piedras. Pero el 5 de mayo se vio en un cartel de la Policía Nacional. Su rostro, recortado, como si fuera buscado por secuestro o asesinato. Decía: “Ayúdanos a identificarlos. Gracias a usted los capturaremos. Absoluta reserva”.

¿Su crimen? Promover el turismo comunitario. Hacer talleres con niños. Haber estado en las calles el 28 de abril, cuando la ciudad entera gritaba por justicia. El cartel lo puso en la mira, lo convirtió en blanco.

Dayro denunció. Porque quedarse callado también es morir. Porque a veces, resistir es escribir su nombre en la historia antes de que otros lo borren.

5 de mayo de 2021 – Barrancabermeja – Escuadrones de la muerte

En Barrancabermeja, la historia se repite como un eco maldito. La Corporación CREDHOS denunció que empresarios de la zona pactaron con paramilitares un acuerdo de sangre: matar a los jóvenes de la Primera Línea, a quienes protestaran en el sector de Obras Públicas. Un pacto sellado en El Centro, el corregimiento donde duermen los que mandan.

Volvieron los escuadrones de la muerte. Esta vez sin brazaletes, pero con la misma misión: limpiar la ciudad de rebeldes. No hay lista pública, pero sí objetivos definidos. La vida de los jóvenes tiene precio. El mensaje es claro: quien se levanta, cae.

6 de mayo de 2021: 6 de mayo de 2021 – Cali: La Luna y la Portada al Mar

El 6 de mayo de 2021, durante el Paro Nacional, Cali volvió a ser escenario de ataques armados contra la protesta social. A la 1:15 p.m., en el sector conocido como La Luna, al sur de la ciudad, hombres vestidos de civil llegaron en dos vehículos —una camioneta blanca y un Chevrolet Spark negro, modelo reciente— y dispararon de forma indiscriminada contra manifestantes que se encontraban en ese punto. Entre ellos estaba una comisión de la Minga indígena del norte del Cauca, que fue hostigada sin que ninguna autoridad interviniera. Una persona resultó herida por arma de fuego.

La situación fue registrada por testigos y organizaciones como la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), que alertaron sobre la gravedad del hecho y denunciaron que la presencia de civiles armados actuando en coordinación o bajo protección de la fuerza pública se estaba volviendo recurrente.

Dos horas más tarde, hacia las tres de la tarde, se reportó otro ataque armado en la Portada al Mar, otro de los puntos de concentración de la protesta en Cali. Nuevamente, civiles armados dispararon contra manifestantes sin que se hiciera presente ninguna respuesta institucional para frenar el ataque.

Ambos hechos ocurrieron en un contexto de creciente estigmatización hacia los pueblos indígenas por parte del Gobierno Nacional, cuyas declaraciones públicas acusaban a la Minga de alterar el orden público. Las agresiones encajan dentro de un patrón sistemático de violencia estatal y paraestatal que busca desarticular la protesta a través del uso letal de la fuerza.

El 6 de mayo no fue una excepción, sino una evidencia más del modelo de represión que se desplegó en las calles de Cali durante las jornadas del paro.

Cali, Popayán, Medellín, Barrancabermeja y Caicedonia llevan cicatrices que no se ven, pero que duelen como si fueran de carne. Las madres caminan con el nombre de sus hijos en la garganta. La impunidad sigue agazapada, sonriente, entre despachos tibios y uniformes impecables. Pero el país que sangró en esos dos días no puede resignarse a callar. ¿Quién disparó en la esquina? ¿Quién dio la orden en la sala de mando? ¿Quién desapareció a los muchachos? ¿Quién limpió los rastros? No habrá paz verdadera sin respuestas. La Comisión de Esclarecimiento tiene que instalarse ya, con urgencia, con poder, con dignidad. Porque si el país olvida lo que pasó el 4, 6 y 5 de mayo, estará condenado a repetirlo. Y los muertos volverán, no para marchar, sino para reclamar justicia.

La montaña se defiende: Mocoa se levanta contra la megaminería de LiberoCobre

por Sofia Lopez2025, Alerta Dignidad, Pueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

En lo alto de la cordillera que se entrelaza con la Amazonía, donde el río suena antes de verse y los abuelos aún hablan con los árboles, la comunidad de Pueblo Viejo, en Mocoa, ha decidido detener el tiempo. Desde el 24 de marzo, mujeres, jóvenes, sabedores indígenas, campesinos y líderes sociales bloquean el paso a LiberoCobre, una multinacional canadiense que insiste en abrirle las entrañas a la montaña en busca de cobre y molibdeno.

La empresa habla de oportunidades. En sus boletines, los geólogos bajan de las cumbres con núcleos de roca como si trajeran oráculos. «Estudiar el subsuelo es prepararnos para decidir con fundamento», proclaman. Pero en las veredas no se escuchan discursos técnicos, sino el clamor de la tierra. “No a la mina, sí al agua”, repiten los carteles escritos a mano, mientras una mujer con los pies en el barro vigila que no pase la retroexcavadora.

Para LiberoCobre, el cobre es el metal del futuro. Para Pueblo Viejo, el futuro es cuidar el agua que brota del Macizo Colombiano y alimenta a medio país. Aquí no hay neutralidad posible: o se está con la vida o se está con el extractivismo.

La historia no es nueva. Desde 2018, la Agencia Nacional de Minería ha entregado títulos sobre estas tierras. En 2022, Corpoamazonía —la autoridad ambiental— impuso una medida preventiva para frenar las operaciones, sustentada en que Mocoa había prohibido este tipo de actividades. Pero la empresa continuó. Según ellos, la medida ya no tiene validez porque el Consejo de Estado anuló el acuerdo del Concejo y sus títulos están vigentes. Mientras los tribunales se cruzan papeles, las perforadoras siguen abriendo caminos.

“El gobierno habla de transición energética y justicia ambiental, pero ¿qué justicia es esta que se impone a punta de motores y promesas de empleo temporal?”, pregunta un líder campesino mientras reparte café caliente entre los manifestantes.

LiberoCobre asegura que el 90 % de sus trabajadores son locales, que ofrecen primer empleo, pasantías, y escuchan a la comunidad. Pero las voces en Pueblo Viejo tienen otra versión: que los talleres son monólogos, que la consulta nunca fue previa ni libre, y que lo que se juega aquí no es una nómina, sino el alma de la montaña.

Thyana Álvarez, gerente de la empresa, señala que “actores políticos y activistas han llegado a agitar el territorio”. Pero lo que realmente agita a Mocoa no son discursos externos, sino el recuerdo de una tragedia reciente: la avalancha de 2017 que cobró más de 300 vidas y cuyo origen también estuvo en la devastación de la cuenca.

Hoy, la gente ha decidido no esperar otro desastre. Quieren que se respete el principio de precaución. Quieren que el gobierno escuche. Quieren que no les hablen de cobre para la vida cuando lo que ven es muerte disfrazada de progreso.

El representante a la Cámara por Putumayo, Andrés Cancimance, propuso que Mocoa sea declarada Zona de Reserva Ambiental Temporal. La solicitud duerme en los escritorios del Ministerio de Ambiente. Mientras tanto, en las montañas, la resistencia no duerme.

Y entonces cabe preguntar, sin retórica y con urgencia:

Si el gobierno del cambio, el que proclama a Colombia como potencia mundial de la vida, lo dice en serio, ¿por qué mantiene a comunidades como Pueblo Viejo en Mocoa, y a Jericó y Támesis en Antioquia, bajo el dominio de extractivistas como AngloGold Ashanti y LiberoCobre?

¿Por qué se sigue excavando donde brota la vida?

Porque desde aquí abajo, entre las piedras y el monte, la vida no se promete, se defiende.

Por Prensa Justicia y Dignidad

Bitácora del Horror: Comisión de Esclarecimiento ¡Ya! – Día 3M

por Sofia Lopez2025, Derechos Humanos y Protesta Social, ImpunidadPublicado el No hay comentarios

Esa noche, Colombia se miró al espejo y no se reconoció. La represión se extendió como plaga, ciudad por ciudad, cuerpo por cuerpo. No fue un exceso. Fue una estrategia. No fue caos. Fue orden del poder. Los uniformes se camuflaron en la sombra, y desde la sombra dispararon. Murieron jóvenes. Desaparecieron verdades. Violaron cuerpos. Silenciaron voces. Pero también nacieron resistencias.
Hoy, a tres años de aquella jornada de terror, exigimos la creación inmediata de una Comisión de Esclarecimiento sobre los Crímenes de Estado cometidos durante el estallido social. Porque la memoria no puede depender del olvido, ni la justicia del calendario.

2 de mayo de 2021 – Paso del Comercio Cali- Homicidio de Nicolas Guerrero

La noche anterior al infierno, Juan Nicolás Guerrero García, artista, soñador, pariente del alcalde, encendía velas por los que ya no estaban. Participaba en una vigilia en la 14 de Calima, entre canciones y murmullos de resistencia. Horas después, un proyectil le voló la cabeza. No fue bala perdida: fue bala decidida. Los que disparan desde el poder sabían que estaban matando algo más que a un cuerpo: estaban matando una memoria, un símbolo. Pero fallaron. Porque la madre de Nicolás, Laura Guerrero, parió ese día una lucha.

3 de mayo de 2021 – Glorieta Siloe – la horrible noche

Lo que ocurrió en Siloé esa noche no fue un operativo. Fue una incursión armada. Una emboscada estatal. Un castigo colectivo. Bajaron el ESMAD, el GOES, el Ejército. Entraron con tanquetas, drones, helicópteros y el respaldo de la narrativa del miedo. No entraron a disuadir. Entraron a cazar.

A Harold Rodríguez Mellizo lo alcanzó un láser en la cara. Tenía veinte años. Un francotirador lo vio. Le apuntó. Harold puso la mano por reflejo. El balazo le partió el cuerpo en dos rutas: la carne del brazo y la arteria del cuello. Murió desangrado en la glorieta, entre salchipapas y sueños.

José Emilson Ambuila, negro, alto, corpulento, se agachó para cubrirse. El tirador esperó a que se quedara quieto. Le disparó por la espalda. Dos veces. Uno de los tiros le abrió el cuello como si la vida pudiera desbordarse por una sola herida. Tenía 34 años. Su humanidad quedó tirada en la calle Segunda Oeste, donde antes los niños jugaban.

Kevin Anthony Agudelo recibió el impacto en el pecho. Un francotirador también. Le apuntó al corazón. Kevin se movió apenas, como si el destino le diera una última oportunidad. Pero el balazo supersónico lo alcanzó. Le reventó los pulmones. Lo dejó sin aire. Sin futuro. Sin abrazo.
Esa noche hubo al menos 50 heridos. La mayoría no alcanzó a llegar al hospital. Algunos se quedaron tirados en los callejones. Otros los recogieron vecinos en motos, improvisando ambulancias con miedo. Pero el horror no terminó ahí: esa noche nació un trauma colectivo que sigue sin nombre, sin juez, sin condena.

Los cuerpos fueron elocuentes. Las trayectorias de las balas no mienten. Los disparos llegaron de arriba, de lejos, con puntería quirúrgica. Desde un helicóptero. Desde la sombra. Desde el Estado.

3 de mayo de 2021 en Yumbo, Valle del Cauca – Homicidio de Wenceslao Solís Sánchez

Wenceslao Solís Sánchez caminaba por la comuna 1 con otros vecinos. Vieron saqueos, escucharon disparos. No alcanzó a correr. Lo hirieron y murió poco después en el hospital de Yumbo. No disparaba, no saqueaba, solo estaba ahí. Lo mató el miedo disfrazado de autoridad. Uno más que cayó sin juicio, en un país donde la calle cobra vida.

3 de mayo de 2021 en Cali – Homicidio de Cristian Arturo Hinojosa Murillo

Cristian Hinojosa tenía 26 años. Fue asesinado en la comuna 13 de Cali durante el Paro Nacional. Nadie ha explicado por qué. Era joven, estaba en la calle, en días en que eso bastaba para morir. Su nombre quedó en el eco de los que siguen gritando justicia.

3 de mayo de 2021 – Barranquilla – Abuso policial y allanamientos ilegales

Ese día, en Barranquilla, la Policía llegó con las chaquetas al revés, como si la ley se pudiera esconder. Dispararon a los manifestantes, detuvieron a muchos. Golpearon a quienes defendían derechos, les quitaron sus celulares para borrar las pruebas. Entraron a casas sin orden, buscando culpables en los rincones de la rabia.

3 de mayo de 2021 – Medellín – Detención arbitraria y tortura

En Medellín, a un joven lo levantaron sin razones. Lo desaparecieron por horas, lo llevaron al CTP. Allí, la oscuridad tuvo nombre: tortura. Cuando lo soltaron, ya no era el mismo.

3 de mayo de 2021 – Cali, La Luna – Ataque a defensora de derechos humanos

En La Luna, barrio de lucha, Magaly Pino acompañaba al pueblo. Le dispararon con una Mini Uzi mientras buscaba refugio. Querían silenciar su voz, pero lo que hicieron fue sembrarla más hondo.

3 de mayo de 2021 – Bucaramanga – Detención arbitraria, tortura y montaje judicial

En Piedecuesta, detuvieron al abogado Johan Sebastián Moreno Castro, defensor de derechos humanos. Tenía su credencial visible, pero eso no importó. Lo golpearon, lo esposaron, lo incomunicaron. Su hermana fue maltratada por exigir justicia. Terminó en el hospital. Luego vino el montaje judicial. No fue el único: otros jóvenes fueron heridos y detenidos ese día sin nombre ni razón.

3 de mayo de 2021 – Bogotá – Detención arbitraria y tortura

En Kennedy, Diego Luna Rojas grababa lo que no debía: jóvenes golpeados en los baños del Portal Américas. El ESMAD lo detuvo, lo arrastró, lo golpeó. Le dijeron que si seguía sangrando le traerían un trapero. Lo soltaron por los gritos del barrio. Al día siguiente, una visita oficial confirmó: diez jóvenes fueron torturados allí, esa noche.

3 de mayo de 2021 – Palmira – Violencia sexual

Palmira fue otra herida del paro. Esa noche, once mujeres fueron agredidas sexualmente por agentes del Estado. Dos eran niñas. En algunos casos, las violentaron juntas. El cuerpo de las mujeres también fue campo de batalla.

3 de mayo de 2021 – Cali – Ataque a defensoras de derechos humanos

La noche del 3 de mayo, mientras Cali ardía en La Luna, una misión de verificación caminaba entre el humo. Allí estaban Darnelly Rodríguez y Ana María Burgos. Un policía de civil las atacó: patadas, golpes con el casco, insultos, amenazas de violación y de muerte. Una de ellas quedó con lesiones permanentes. La agresión ocurrió cerca de la Estación Fray Damián. No fueron las únicas: también fueron golpeados Iván López, Herson Aullón y Peter Sepúlveda. Ser defensor también era un delito.
Estos nombres, estos cuerpos, estos relatos no son pasado. Son heridas abiertas que caminan con nosotros. Mientras estos crímenes se mantengan en la impunidad, la horrible noche no habrá cesado. Y no habrá paz verdadera mientras no se digan los nombres de los responsables, mientras los culpables sigan libres y las víctimas sigan enterradas en estadísticas.

Por eso escribimos.
Por eso marchamos. Por eso seguimos.
Porque lo que se nombra, existe.
Y lo que existe, resiste.

Bitácora del Horror: Comisión de Esclarecimiento ¡Ya! – Día 2M

por Sofia Lopez2025, Derechos Humanos y Protesta Social, ImpunidadPublicado el No hay comentarios

Por las calles del país bajaban los gritos. Desde Popayán, la juventud, los pueblos y las manos trabajadoras marchaban no solo contra una reforma, sino contra una historia larga de desprecio. Hoy, tres años después, seguimos preguntando: ¿Dónde está la verdad de los días que nos rompieron el alma?

Señor Presidente Gustavo Petro: Usted llegó a la Casa de Nariño de la mano de las víctimas del Paro Nacional. Su proyecto político se levantó sobre la dignidad de los y las jóvenes que pusieron el cuerpo en las calles, de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, de los barrios gaseados, de los pueblos que resisten. Usted prometió una Comisión de Esclarecimiento para los hechos del estallido social. ¡Cumpla!
No se puede hablar de un segundo estallido social por las reformas, si el primero quedó sepultado bajo el olvido y la impunidad.

2 de mayo de 2021 – Popayán: Los infiltrados

La mañana apenas abría los ojos cuando los abogados de la Corporación Justicia y Dignidad, acompañados por la Defensoría del Pueblo, llegaron a la URI de la Fiscalía en Popayán. Querían saber por los detenidos del primero de mayo. Les dijeron que los habían liberado con comparendo. Nada por escrito. Nadie daba la cara.
Cuando salieron, vieron lo que no deberían: una camioneta blanca con platón. Bajaron militares armados, dos hombres de civil encapuchados, radios en mano. Hablaron entre ellos. Luego se fueron rumbo a los barrios La Esmeralda y El Chino. Nadie sabía qué hacían. Nadie respondía.

2 de mayo – Popayán: Incursión armada policial en el barrio La Paz y barrios de la comuna 7

El 2 de mayo de 2021, Popayán volvió a sentir el eco amargo del abuso estatal. Desde las primeras horas de la tarde, estudiantes, campesinos, jóvenes de barrios populares e indígenas salieron a las calles en una jornada más del paro nacional. Caminaron con cantos, pancartas, arengas, talleres pedagógicos y ollas comunitarias de agua de panela. Se concentraron en distintos puntos de la ciudad: el norte, el centro histórico, el Campanario, el Centro Deportivo Universitario. La protesta fue pacífica hasta que la irracionalidad del Estado se impuso. La Policía Nacional y el ESMAD, sin provocación alguna, desataron una ofensiva desproporcionada. Avanzaron con gases, bolillos y disparos. A los manifestantes no los escucharon: los reprimieron.
Ya entrada la noche, cerca de las diez, la represión se volvió más violenta y más brutal. La comuna 7 fue blanco del terror: los barrios La Paz, El Mirador y otros aledaños fueron gaseados sin clemencia. Motorizados y tanquetas irrumpieron en las calles, y también en las casas. Entraron sin órdenes, sin justificación. Golpearon a sus habitantes, los insultaron, los amenazaron, los obligaron a salir a la fuerza. Usaron armas de fuego. Tiraron piedras. Dispararon gases contra las viviendas. En medio del humo, los gritos y el miedo, cayeron varios.
Teresa Rengifo, de 92 años, inhaló el gas lacrimógeno que lanzaron en su cuadra. Su cuerpo frágil no resistió. La asfixia la tumbó en el piso con un cuadro agudo de dificultad respiratoria. Juan Carlos Muñoz, periodista, documentaba lo que pasaba cuando dos policías lo agredieron: bofetadas, patadas, empujones. Juan Pablo Díaz recibió el impacto de un gas lacrimógeno en la mano derecha. John Ortiz fue herido de bala en la espalda por la misma fuerza pública que debería protegerlo. Luis Santiago Latorre fue amenazado con un cuchillo por un uniformado, y luego lo golpearon sin piedad en la cabeza y el cuerpo. A Esteban Erazo le reventaron el cráneo con piedras: armas no convencionales lanzadas por el ESMAD. No fue una casualidad: fue una política.
Los ataques no distinguieron credenciales. Kevin Acosta, veedor ciudadano, fue empujado, amenazado y señalado. Víctor Ruiz, edil, fue obligado a cruzar una línea de fuego mientras los gases estallaban a su alrededor. Lo apuntaron. Joner Idrobo, defensor de derechos humanos, fue ultrajado por la policía. Andrés Felipe Velasco, concejal de Popayán, llegó con cuatro personas más a ejercer labores humanitarias. La bienvenida fueron los disparos.
Esa noche también hubo detenciones arbitrarias. Cristian Alexander Zambrano, Carlos González, Javier Mauricio Salazar Loaiza, Jhorman Steven Castañeda Ortiz, Franz Giancarlo Alegría Botero, Edison Arley Casamachín y Jhonier Segura Trujillo fueron conducidos sin claridad sobre su paradero. No hubo información oficial, ni garantía de defensa, ni acceso a sus familiares o abogados. Nadie supo a tiempo dónde estaban.
La jornada dejó heridas abiertas. No solo en los cuerpos, sino en la dignidad. Hubo ataques deliberados a defensores, brigadistas, periodistas. Agentes sin identificación actuaron con libertad. Se desconocieron los centros de protección para personas detenidas. Se negaron auxilios médicos urgentes, como en la clínica Santa Gracia, donde un médico incumplió su juramento hipocrático y la ley colombiana al negar atención de urgencias. En zonas rurales y urbanas, la Policía y el Ejército actuaron como uno solo. En La Paz, agentes irrumpieron en una casa con un menor y un adulto mayor adentro. Amedrentaron. Amenazaron. Destruyeron.
En Popayán, aquel 2 de mayo no solo reprimieron una marcha: atacaron a un pueblo. Pero los nombres de quienes resistieron y fueron violentados, los nombres de los que sobrevivieron y de los que aún esperan justicia, siguen vivos. En las paredes, en los gritos, en los relatos. Como cicatrices que no se borran, como memoria que no se rinde.

2 de mayo de 2021- Popayán- lesión ocular, lesión en una pierna de los manifestantes e intento de judicialización

El 2 de mayo de 2021, Nelson Fuentes salió a manifestarse pensando que la violencia había cesado tras el retiro del ESMAD. Sin embargo, al llegar a la intersección de dos calles, un disparo de un agente del ESMAD le impactó en el rostro, dejándolo sin visión en su ojo derecho. A las seis horas, cuando fue ingresado en urgencias, un policía vestido de civil y sin identificación apareció en su habitación, identificándose como «Flores», parte de la fuerza pública. La actitud del hospital fue igualmente despectiva; la médica que lo atendió sugirió que lo sacarían porque «estaba bien» del resto del cuerpo.
La Defensoría del Pueblo intervino, convocando audiencias para mayo, pero la fiscalía desvió el caso, pidiendo que la denuncia se hiciera por internet y afirmando que la policía realizaba una «investigación interna». No hubo justicia, solo más obstáculos para las víctimas. El hermano de Nelson, también herido, y la hermana que fue testigo, junto con la médica que lo atendió, vieron cómo se intentaba ocultar la verdad detrás de la represión del 2 de mayo.
Palmira – 21 de mayo: Camilo Alegría, víctima de desaparición forzada
Desde el 2 de mayo no se supo más de Camilo Alegría. Estaba en la primera línea del peaje CIAT. Su nombre se sumó a una lista negra de detenidos que desaparecieron entre las garras del Estado. Las familias recorrían fiscalías, hospitales, estaciones de policía. Nadie respondía. Nadie sabía nada.

2 de mayo de 2021 – Homicidios en Antioquia

El 2 de mayo de 2021, en el marco de las movilizaciones contra la reforma tributaria, se registraron dos asesinatos en Antioquia. El primero ocurrió en San Luis, donde Juan David García, líder de la protesta, comerciante y referente de Colombia Humana, fue asesinado por paramilitares. Juan se había destacado como voz de la resistencia en su comunidad. El segundo homicidio se dio en Medellín, donde un joven con discapacidad perdió la vida, aparentemente debido a la inhalación de gases lacrimógenos durante las manifestaciones. La represión no solo dejó víctimas físicas, sino también un marcado dolor en la resistencia popular.
2 de mayo de 2021 – Toda Colombia – Montajes Judiciales
El 2 de mayo de 2021, las organizaciones de derechos humanos alzaron su voz frente a una práctica sistemática de la represión estatal: los montajes judiciales. Estas invenciones, que presentaban a los manifestantes como guerrilleros, terroristas o vándalos, buscaban criminalizar la protesta y silenciar a quienes ejercían su derecho a la movilización. La criminalización de la oposición política y social se extendió más allá de la detención, convirtiéndose en una herramienta de persecución constante. Según los informes de DDHH, los detenidos eran sometidos a torturas y tratos inhumanos, forzados a firmar actas de buen trato bajo amenazas. La intimidación no terminaba con la privación de libertad; seguían los seguimientos y amenazas, perpetuando un círculo de violencia y miedo. En medio de todo esto, la Campaña Defender la Libertad es Asunto de Todos documentó 20 allanamientos a organizaciones sociales, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluidas las detenciones arbitrarias asociadas.
2 de mayo de 2021 – Cali – Montaje Judicial de Deivy Alexander Ovalle
En Cali, en el barrio San Cayetano, Deivy Alexander Ovalle Cabrera fue detenido por miembros de la Policía Nacional sin que se informara de su paradero. En un giro oscuro de los hechos, Deivy fue reportado como desaparecido. Su captura no solo marcó un acto arbitrario de represión, sino que también encendió las alarmas de los defensores de derechos humanos, quienes denunciaron que se trataba de un montaje judicial más, en el contexto de la criminalización de la protesta social.

2 de mayo de 2021 – Armenia – Montajes Judiciales

En Armenia, Quindío, durante las manifestaciones cercanas a la alcaldía, se produjo un enfrentamiento entre la Policía y los manifestantes. En medio del caos, un policía fue apuñalado. En un giro premeditado de los hechos, dos jóvenes, supuestos integrantes de un grupo de “barras bravas” del equipo local, fueron detenidos bajo la acusación de la agresión. Sin embargo, los abogados de la primera línea jurídica presentaron videos que desmentían la acusación: en las imágenes se veía claramente a los agresores con tatuajes grandes en la espalda, mientras que los jóvenes detenidos no poseían tales marcas. A pesar de esta evidencia, la Fiscalía legalizó la medida de aseguramiento, privando de libertad a los jóvenes mientras aguardaban un fallo de segunda instancia por tentativa de homicidio. Este caso evidenció cómo la persecución judicial se utiliza para forjar culpables donde no los hay, dentro de una estrategia que apunta a criminalizar la protesta social y deslegitimar a quienes se oponen al régimen.

2 de mayo de 2021 – Bucaramanga – Ataque a defensor de derechos humanos

El 2 de mayo de 2021, la crisis de derechos humanos en Colombia se profundizó con el ataque a Leonardo Jaimes, abogado y defensor de derechos humanos, miembro del Equipo Jurídico Pueblos. Durante una jornada de protesta en Lebrija, Santander, donde los manifestantes se dirigían al aeropuerto Palonegro, el ESMAD arremetió brutalmente contra la movilización. Sin identificar a los agentes, lanzaron gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y agua a presión desde tanquetas, hiriendo a varios manifestantes. En medio de la represión, Leonardo Jaimes fue atacado mientras entrevistaba a una joven herida, siendo tirado al suelo, arrastrado y despojado de sus pertenencias por la policía. El ataque se extendió a otra manifestación proveniente de Girón, disuelta de manera violenta en un peaje, con la Personería de Lebrija como testigo mudo. Cuando se cuestionó al Capitán Nirvan Peña, encargado del operativo, éste inventó un falso relato de que el abogado y los manifestantes estaban disparando cócteles molotov. La represión continuó, agrediendo nuevamente a Jaimes y deteniendo al hermano de un herido que acudía a visitarlo. Este ataque reflejó la estigmatización y criminalización del trabajo de los defensores de derechos humanos en medio de las movilizaciones.

2 de mayo de 2021 – Pereira – Conformación de grupos paramilitares para atacar a los manifestantes

En Pereira, Risaralda, las fuerzas de seguridad nacionales actuaron con la complicidad del alcalde de la ciudad, el gobernador de Risaralda y altos mandos de la policía y el ejército, para implementar una estrategia represiva en contra de las protestas sociales. Bajo el discurso de «detener los actos vandálicos», se convocó a la conformación de alianzas público-privadas para garantizar la seguridad en la ciudad. Sin embargo, esta convocatoria fue un claro llamado al paramilitarismo, como lo señalaron múltiples testigos. Un día después de la convocatoria del alcalde Carlos Maya, se registraron disparos contra Lucas Villa y otro manifestante, lo que evidenció la complicidad entre las autoridades locales y los grupos paramilitares. La situación de violencia se agravó con la levantamiento del toque de queda, y un arreglo entre las autoridades municipales y organizaciones paramilitares y criminales permitió la ejecución de violaciones a los derechos humanos y la estigmatización de los manifestantes. Los responsables de esta situación fueron los funcionarios Carlos Maya, Víctor Tamayo y Diego Ramos, quienes dieron la orden de crear estos grupos paramilitares, desatando una ola de represión en la ciudad.

Exigimos Comisión de Esclarecimiento ¡Ya!

Señor presidente Petro: La verdad de lo que ocurrió en 2021 no puede seguir esperando. Usted prometió a las víctimas del estallido social una Comisión de Esclarecimiento. No queremos comités simbólicos, ni informes enterrados en oficinas. Queremos justicia con nombre propio, reconocimiento con rostro humano, memoria viva. No hay transformación social sin justicia para quienes fueron asesinados, mutilados, desaparecidos y criminalizados por protestar.

¡No más impunidad!
¡Comisión de Esclarecimiento Ya!
¡Justicia para las víctimas del Paro Nacional!