Fredy Salinas y Sintraemcali: la dignidad perseguida

por Sofia Lopez2025, Alerta Dignidad, ImpunidadPublicado el No hay comentarios

En Cali, a las orillas de una ciudad que ya no se reconoce ni a sí misma, hay un hombre que duerme con un ojo abierto. Se llama Fredy Salinas, y no es el tipo de hombre que calla cuando hay injusticia. Lleva una década en la dirección de Sintraemcali, ese sindicato que ha sobrevivido a más atentados que una torre de control en zona de guerra. Hoy es secretario de derechos humanos, asuntos comunitarios y de la mujer. Nada menos.

Fredy denunció corrupción dentro de la empresa EMCALI y también dentro de su sindicato. Pecado doble. Desde entonces carga una diana en la espalda.

Su esposa, Claudia Patricia Urbano Pérez, fue hostigada. Sus hijos, Sebastián y Daniel, ya no pueden vivir en paz. Sebastián, dirigente deportivo que entrenaba niños en Potrero Grande, fue hostigado en la fundación donde trabajaba. Luego lo buscaron en su emprendimiento de mango viche en el Caney. No preguntaron con cortesía: una mujer con casco —rostro oculto, rabia visible— preguntó por Sebastián y por «el hijueputa del papá». Valentina, su novia, fue intimidada en la noche, sola, en un parque. ¿Quién las cuida a ellas?

Daniel, el menor, arquitecto joven, ha dejado de dormir con tranquilidad. Y Fredy, el padre, deambula entre sombras para evitar convertirse en otra cifra. Ante el asedio constante, los hijos de Fredy Salinas se vieron forzados a salir del país. No por aventura, sino por sobrevivencia.

Pero la historia no termina ahí. En Colombia, la protección del Estado es un ajedrez en el que las piezas blancas siempre están manchadas. La Unidad Nacional de Protección (UNP), en un acto digno de novela negra, asignó 14 hombres de seguridad, 7 vehículos, 7 chalecos y 7 medios de comunicación… a nombre del sindicato Sintraemcali. El detalle es que el sindicato jamás vio ni uno solo de esos recursos. No les llegó ni el aire de un motor.

La denuncia por este saqueo, una más entre tantas, llegó hasta la Cancillería. Y fue esa misma denuncia la que provocó que, por orden de políticos bien ubicados (de esos que hablan de paz mientras firman pactos de impunidad), le retiraran de forma unilateral las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la junta directiva de Sintraemcali.

Sí, en el gobierno de Gustavo Petro también se violan derechos humanos. Duele escribirlo. Pero los hechos no se diluyen en ideologías. Mientras se dan discursos en defensa del cambio, los sindicalistas perseguidos por defender una convención colectiva caminan con miedo. A los que sí les prestan atención en la Consejería Presidencial de Derechos Humanos es a los miembros del sindicato patronalista USE, creado por Uribe para exterminar a Sintraemcali. A ellos sí los cuidan. A los que denuncian, no.

Como en las mejores épocas del DAS y las chuzadas, el que levanta la voz termina sin escoltas, sin familia, sin casa. Solo con el respaldo de algunos compañeros y la solidaridad que no se vende, ni se alquila.

Fredy Salinas vive hoy escondido, como un criminal, mientras los verdaderos criminales gozan de contratos, ruedas de prensa y blindajes oficiales.

Y uno se pregunta:

¿Dónde están los derechos humanos cuando se necesitan?

¿Será que la UNP se los llevó todos en los siete vehículos blindados que nunca llegaron?

Por Prensa Justicia y Dignidad.

Bitácora del Horror: Comisión de Esclarecimiento ¡Ya! – Día 1M

por Sofia Lopez2025, Derechos Humanos y Protesta Social, ImpunidadPublicado el No hay comentarios

1 de mayo de 2021 – Pereira – Caso de violencia sexual y desaparición forzada
Era el 1 de mayo de 2021 cuando, en la ciudad de Pereira, un acto de violencia sin precedentes marcó la jornada. Una mujer de 28 años fue detenida de forma arbitraria por miembros del ESMAD mientras regresaba a su casa tras haber participado en las manifestaciones del Paro Nacional. Fue brutalmente golpeada, pero el horror no terminó ahí. Fue llevada a un lugar desconocido, donde durante horas sufrió abusos indescriptibles. Fue violada por cuatro agentes del ESMAD con un ensañamiento cruel y descarado, un acto que la marcó para siempre.
Lo peor estaba aún por llegar. Tras esta terrible violencia, la joven fue arrojada a la calle, como un objeto desechado, casi muerta. Durante su secuestro, los agentes encontraron en su mochila objetos comunes entre los manifestantes de la Primera Línea: una capucha, bicarbonato y una muda de ropa. Pero lo que los oficiales encontraron en su documento de identidad, que evidenciaba su ciudadanía extranjera, desató una nueva oleada de agresiones. La joven, marcada por la humillación y el dolor, sufrió una nueva golpiza, más fuerte y con más odio. La violencia física y psicológica fue sistemática. Fue sometida a un trato denigrante por parte de la Policía Nacional y de miembros de la SIJIN, quienes con impunidad continuaron su abuso.
Este caso es solo uno más de tantos que marcaron la represión en ese 1 de mayo. Hoy, exigimos justicia para esta víctima y para todas las mujeres que, como ella, han sido víctimas de violencia sexual y desaparición forzada. ¡Comisión de Esclarecimiento YA! No más impunidad, no más violencia contra las mujeres en Colombia.

1 de mayo de 2021 – Cali – Ejecución extrajudicial de Yinson Andrés Angulo Rodríguez
En la ciudad de Cali, la represión llegó a su punto culminante. Yinson Andrés Angulo Rodríguez, un joven de 23 años, fue ejecutado de forma sumaria por miembros del ESMAD en plena manifestación. En medio de la confusión generada por los gases lacrimógenos y las bombas aturdidoras, los agentes dispararon armas de fuego contra los manifestantes. Yinson, atrapado en el fuego cruzado, fue alcanzado por una bala mortal.
A pesar de los esfuerzos por salvarlo, Yinson llegó sin vida al Hospital Joaquín Paz Borrero. La ejecución de Yinson es un ejemplo claro del uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Este acto de violencia sin justificación sigue siendo un eco doloroso en la memoria de los caleños. ¡Comisión de Esclarecimiento YA!

1 de mayo de 2021 – Medellín – Homicidio de Jefferson Alexis Marín Morales
En Medellín, Jefferson Alexis Marín Morales, de 33 años, se convirtió en una víctima más de la violencia estatal. Durante una protesta en el barrio Kennedy, en la comuna 6 (Doce de Octubre), fue asesinado por un disparo de arma de fuego en medio de un disturbio con la fuerza pública. El reporte del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) no dejó dudas: el joven fue alcanzado por una bala disparada por la Policía Nacional. Las circunstancias exactas del hecho aún están bajo investigación, pero la evidencia de que la policía utilizó la fuerza letal sin justificación es clara.
Este asesinato se suma a una larga lista de hechos de violencia, en los que la policía ha utilizado el fuego de forma indiscriminada. La familia de Jefferson, junto a las organizaciones de derechos humanos, exige justicia y esclarecimiento. ¡Comisión de Esclarecimiento YA!

1 de mayo de 2021 – Ibagué – Asesinato de Santiago Murillo Meneses
Santiago Murillo Meneses, un joven de 19 años, se convirtió en una víctima de la represión policial durante el Paro Nacional. A pesar de no estar involucrado en las manifestaciones, Santiago fue asesinado por un disparo de arma de fuego mientras caminaba hacia su casa, en Ibagué. Recibió un disparo en el pecho, presuntamente por parte de un agente de la Policía Nacional, sin mediar provocación alguna.
El testimonio de testigos es desgarrador: Santiago no representaba ninguna amenaza, iba caminando con las manos en los bolsillos cuando fue alcanzado por la bala. El oficial que disparó, el mayor Jorge Mario Molano, fue señalado como el responsable, pero la investigación sigue sin avances.
Este crimen se suma a los casos de brutalidad policial en todo el país y se ha convertido en un símbolo del abuso del poder del Estado. La familia de Santiago, como todas las víctimas, exige justicia. ¡Comisión de Esclarecimiento YA!

1 de mayo de 2021 – Cali – Homicidio de Andrés Rodríguez
Andrés Rodríguez también fue víctima de la violencia policial en Cali durante el Paro Nacional. Este joven recibió impactos de bala en medio de las manifestaciones. Las investigaciones siguen para esclarecer las circunstancias exactas de su muerte, pero ya se sabe que las fuerzas policiales estuvieron involucradas en este hecho. Su muerte es una nueva muestra del desmesurado uso de la fuerza durante las protestas.
La familia de Andrés y las organizaciones sociales continúan exigiendo justicia por este asesinato. ¡Comisión de Esclarecimiento YA!

1 de mayo de 2021 – Cali – Homicidio de Santiago Moreno

Santiago Moreno, un joven de 23 años, fue asesinado el 1 de mayo de 2021 mientras participaba en una marcha pacífica en Cali. Santiago no estaba involucrado en actos violentos, sino en una protesta pacífica por los derechos de todos. Sin embargo, la respuesta del Estado fue letal. Santiago fue impactado por un disparo en el contexto de una intervención violenta de la Policía Nacional.
Este joven, que tenía una vida por delante y sueños por cumplir, fue una víctima más de la represión brutal que sacudió al país en ese mayo. ¡Comisión de Esclarecimiento YA!

1 de mayo de 2021 – Envigado – Amenazas paramilitares
En Envigado, Antioquia, la violencia no solo vino de la Policía Nacional. Ese 1 de mayo, paramilitares amenazaron abiertamente a los manifestantes. Un video grabado en la ciudad mostró a un hombre armado que, en nombre de un patrón, daba órdenes de muerte contra los “vándalos” y “delincuentes”. Las amenazas fueron claras y públicas, poniendo en peligro la vida de quienes se manifestaban por justicia social.
Estas amenazas no son un hecho aislado, sino parte de un patrón de violencia sistemática que se ha intensificado durante las protestas sociales. ¡Comisión de Esclarecimiento YA!

1 de mayo de 2021 – Barranquilla – Uso excesivo de la fuerza
En Barranquilla, las manifestaciones fueron brutalmente reprimidas entre el 1 y el 3 de mayo. La Policía utilizó gases lacrimógenos y otras armas de dispersión para responder a los actos de violencia perpetrados por pequeños grupos, pero las víctimas fueron principalmente manifestantes pacíficos, incluyendo a personas adultas y niños de barrios residenciales cercanos. La violencia estatal en Barranquilla es otra de las muestras de la desproporcionada represión durante el Paro Nacional.

1 de mayo de 2021 – Medellín – Lesiones graves a Stiven Loaiza
Stiven Loaiza, un joven de Medellín, fue víctima de una granada de gases lacrimógenos disparada directamente hacia él por miembros de la Policía Nacional y el ESMAD. El impacto le causó lesiones graves en la cabeza, lo que requirió una intervención quirúrgica. Las secuelas del ataque han dejado a Stiven con dolores constantes y problemas para dormir.
Este caso muestra la violencia y la falta de control por parte de las autoridades en el uso de armas de dispersión. ¡Comisión de Esclarecimiento YA!

1 de mayo de 2021 – Bogotá – Muerte de Daniel Alejandro Zapata
Daniel Alejandro Zapata, de 20 años, fue golpeado en la cabeza por la Policía mientras se manifestaba cerca de la estación de Transmilenio en Banderas, Bogotá. A pesar de ser trasladado a una clínica, Daniel falleció el 10 de mayo debido a las graves contusiones sufridas en la cabeza. Este asesinato es un claro ejemplo de la brutalidad de la represión y la muerte de un joven que solo buscaba una Colombia más justa.

1 de mayo de 2021 – Uso sistemático y desproporcionado de armas por parte del ESMAD
La violencia estatal alcanzó niveles intolerables con el uso masivo de armas por parte del ESMAD. Gases lacrimógenos vencidos, perdigones, postas de goma, y el uso de vehículos para atropellar manifestantes fueron parte de una estrategia de represión sistemática. La muerte de Braian Niño, quien fue embestido por una tanqueta del ESMAD mientras disparaban gases lacrimógenos, es solo una de las muchas víctimas de esta violencia.

Comisión de Esclarecimiento ¡YA!

Ese 1 de mayo de 2021, la violencia y el horror se desataron en todo el país, con la represión militar y policial como respuesta a una demanda legítima por justicia social. Es urgente que se forme una Comisión de Esclarecimiento que investigue estos casos y ponga fin a la impunidad que sigue reinando en Colombia. Las víctimas merecen justicia.

¡Comisión de Esclarecimiento YA!

 

Ungidos para violentar: abusos sexuales en el nombre de Dios

por Sofia Lopez2025, Comunicados, GéneroPublicado el No hay comentarios

En Colombia, donde el púlpito se convierte en trinchera del poder y la Biblia en escudo del agresor, las iglesias evangélicas son, a veces, templos del silencio. Tres historias recientes, donde pastores abusaron sexualmente de niñas y mujeres, revelan una estructura patriarcal, violenta y cómplice, en la que la fe se usa para someter. En estos relatos no hay milagros, pero sí cuerpos rotos, comunidades indignadas y un Estado ausente.

Primera historia: La niña que corrió envuelta en sábanas
Martes, 29 de abril de 2025. Vereda San Andrés, Chinchiná, Caldas.
La cámara de seguridad graba una escena que quiebra el alma: una niña de 13 años sale corriendo de una casa rural. Está descalza, cubierta apenas por sábanas. Corre con el miedo clavado en la espalda. Tras ella, un hombre con camisa blanca, identificado como José Ramírez, pastor de la Iglesia Ministerio Apostólico del Reino. También es su padrastro.

Según los vecinos, el pastor intentó abusar sexualmente de la menor. La niña logró escapar, pidió ayuda a un vecino y fue llevada al hospital. La comunidad reaccionó antes que la policía: golpearon al hombre, lo insultaron, lo redujeron.

El video de su captura muestra a Ramírez ensangrentado, escoltado por uniformados, mientras una turba —hombres, mujeres, jóvenes— le gritan lo que tal vez la niña aún no puede decir. La justicia llegó primero por mano propia.

Segunda historia: El pastor que “aconsejaba” a niñas en Medellín
Martín Emilio Vélez Correa dirigía una iglesia evangélica en el noroccidente de Medellín. Predicaba sobre el amor de Dios, ofrecía asesoría espiritual a niñas de 13 y 15 años. Las llamaba a “sesiones privadas”, les decía que eran especiales, elegidas.
Durante más de una década, según la Fiscalía, abusó sexualmente de tres menores. Tocamientos, acceso carnal, manipulación religiosa. Lo hizo bajo el amparo de su investidura: el pastor, el ungido, el hombre de Dios. En 2024, tras años de impunidad, fue detenido y judicializado.
Negó los cargos, como todos. Pero los testimonios de las víctimas eran claros. Lo que la comunidad llamaba guía espiritual era, en realidad, violencia sexual.

Tercera historia: 14 años de abusos, silencio y condena
Francisco Jacomó fue durante 14 años el pastor principal del Centro Cristiano de Alabanza El Shaddai. Su doctrina mezclaba la obediencia con el miedo, la sumisión con el deseo camuflado de divinidad.
A las mujeres que abusaba las llamaba “elegidas”. Les decía que los besos eran prueba de Dios, que los tocamientos eran necesarios para tallar su carácter cristiano. Durante años, manipuló textos bíblicos, impuso silencio, usó la culpa como herramienta de control.

Abusó de mujeres y niñas, incluyendo a dos hijas menores de una feligresa. En 2019, algunas víctimas decidieron hablar. Fueron revictimizadas por el sistema judicial. “Eso le pasa a una niña, no a una adulta”, dijo una fiscal.
En 2024, Jacomó fue condenado a 25 años de cárcel por acceso carnal violento y acoso sexual. El juicio abrió la puerta para investigar otros casos aún ocultos en la comunidad.

Estas no son historias aisladas. Son expresiones de un patrón: el machismo institucionalizado en muchas iglesias evangélicas. Pastores con poder absoluto, sin control, sin rendición de cuentas. Mujeres y niñas convertidas en cuerpos sacrificables. Comunidades que prefieren no ver. Estados que llegan tarde o no llegan.
Las iglesias evangélicas en Colombia, lejos de ser refugios espirituales, han sido espacios donde se reproduce y encubre la violencia patriarcal. Casos como los de los pastores José Ramírez, Martín Emilio Vélez y Francisco Jacomó reflejan un patrón de abuso sexual sistemático por parte de líderes religiosos, aprovechando el silencio impuesto por la fe y la manipulación emocional.

En muchas zonas rurales, los pastores han asumido roles de poder absoluto, sustituyendo al Estado y controlando la vida íntima de los fieles, con un enfoque de sumisión femenina y castigos «espirituales». La teología patriarcal coloca a las mujeres en una posición de inferioridad, justificando el abuso como «voluntad divina» o «prueba de fe».
Cuando las víctimas intentan denunciar, son revictimizadas y acusadas de mentir, enfrentando una justicia lenta y muchas veces cómplice. La presión social dentro de las iglesias refuerza el miedo al ostracismo. El Estado, por su parte, ha dejado de intervenir, permitiendo que estas iglesias operen sin regulación ni protección para las mujeres y niñas.

Estas iglesias también se oponen a leyes de protección y promueven campañas que fortalecen la cultura de la violación. En lugar de ser aliadas en la lucha contra la violencia de género, muchas son barreras para erradicarla.
La violencia patriarcal en estas iglesias no es aislada, sino un sistema misógino que opera con total impunidad y en complicidad con un Estado indiferente. Las víctimas necesitan justicia, no solo oración. Esto solo será posible si se rompe el pacto de silencio, se regula a las iglesias y se da voz a las sobrevivientes.

Por: Sofía López, abogada , periodista y defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad

Bitácora del Horror: Comisión de Esclarecimiento ¡Ya! – Día 30A

por Sofia Lopez2025, Derechos Humanos y Protesta Social, ImpunidadPublicado el No hay comentarios

El 30 de abril de 2021 no fue un día: fue una cicatriz. Las ciudades no amanecieron. Se estremecieron. Las calles fueron campos de batalla. Los jóvenes no marchaban: resistían. Las madres no lloraban: gritaban. Las casas no eran refugio: eran trinchera. Ese día, el Estado no disparó al aire, disparó al alma de un pueblo que ya no quería callar. Y desde entonces, la memoria pide justicia como un niño perdido que grita por su madre.

Ese día, el expresidente Álvaro Uribe Vélez pronunció un tuit que actuó como sentencia: una declaración pública que activó el brazo armado de la represión estatal, legitimando el uso letal de la fuerza. Lo que siguió fue una cadena de asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual, agresiones a la prensa y un mensaje claro desde el poder: cualquier forma de disidencia sería castigada con sangre.

Este relato documenta lo que ocurrió el 30 de abril de 2021, en Cali, en Pasto, en Armenia, en La Virginia, en cada punto de resistencia donde la juventud soñó con un país distinto y el Estado respondió con represión. Porque la memoria es una forma de justicia, y el olvido, una segunda muerte.

30 de abril de 2021 — Puerto Resistencia, Cali: la orden del señor de las sombras
A veces la muerte no llega con capucha ni con uniforme. Llega con un tuit. Ese día, Álvaro Uribe habló como quien enciende una chispa en medio del gas. No fue un mensaje: fue una orden. Fue como si el diablo diera permiso para matar. Y lo obedecieron.

Ese día, desde las alturas del poder, el expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó una orden: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. Era un llamado a disparar, una carta blanca a la represión.

La ciudad de Cali se llenó de uniformes. Llegó el ministro de Defensa, Diego Molano, y en el cruce de la autopista Simón Bolívar con carrera 46 ya se sentía la presión del Estado contra la gente que bloqueaba las vías en rechazo a la reforma tributaria.

30 de abril de 2021 — Puerto Resistencia, Cali: la tercera muerte
Puerto Rellena ya era Puerto Resistencia. En tres días de paro, tres jóvenes habían sido asesinados en ese punto neurálgico del oriente caleño.
Esa noche fue asesinado Kevin Yair González. Su hermano Dorian lo supo por un habitante de calle que rondaba el barrio. Su moto estaba parqueada, pero él no estaba. En el Hospital Carlos Carmona llegó la confirmación: “Aquí trajeron a un muchacho cargado entre 10 o 20 personas… llegó muerto”.
“Nada de nervios, cucho, no pasa nada. Voy con unos compañeros”, dijo Kevin antes de salir. Tenía 23 años, trabajaba y estudiaba Contaduría. Quería graduarse en diciembre. Esa noche, los gases lacrimógenos ardían incluso en la puerta del hospital. El médico solo dejó verlo: estaba cubierto por una sábana, pero Dorian lo reconoció por las botas que le había regalado.

30 de abril de 2021 — Calipso, Cali : tres asesinatos en una tarde
Mientras en Puerto Resistencia caía Kevin, en Calipso también se desataba el horror. Edwin Villa Escobar, Einer Alexander Lasso Chará y Rosemberg Duglas fueron asesinados por las fuerzas estatales.
En la carrera 9 con avenida Simón Bolívar, la Policía y el GOES dispararon armas de fuego contra la población. Los videos captaron el uso de rifles CTAR-21. Decenas de heridos. Gases desde la mañana, balas por la tarde.

• Edwin Villa Escobar, de 38 años, preparaba un sancocho cuando le dispararon. Una bala le entró por la oreja izquierda.
• Einer Lasso, pensionado de la Policía, no participaba en la protesta. Estaba observando lo que pasaba desde la calle 41 con carrera 29 cuando le dispararon. Lo robaron mientras agonizaba. Las autoridades lo dejaron tirado por horas.
• Rosemberg Duglas murió tras recibir un disparo en la cara con un cartucho de gas lacrimógeno. Tenia 22 años.

30 de abril de 2021, Cali — El horror se documenta
También ese día, un oficial del ESMAD fue grabado mientras perseguía a un joven, lo tiraba al suelo y le disparaba a quemarropa con munición de dispersión. No logró matarlo. Pero la intención quedó filmada.

El 30A fue una jornada de sangre en Cali. Una jornada en la que se ejecutaron asesinatos selectivos, castigos ejemplarizantes y violencias dirigidas. Todo bajo el amparo de la doctrina del “enemigo interno”. Todo tras el tuit de un expresidente que ya jugaba con la muerte como quien lanza dados sobre la vida de su pueblo.

30 de abril de 2021 — La Virginia, Risaralda: asfixia por gas lacrimógenoEvelio de Jesús Flórez, de 86 años, no estaba protestando. Estaba en su casa, en La Virginia, Risaralda, cuando un cartucho de gas lacrimógeno disparado por el ESMAD cayó en su vivienda. El humo tóxico se expandió. Evelio murió por asfixia, sin posibilidad de defensa. Era un adulto mayor, otro cuerpo frágil que no resistió la brutalidad del Estado.

30 de abril de 2021 — Paso del Comercio, Cali: el crimen de María Jovita
María Jovita Osorio, de 73 años, también murió ese día. Su casa, en el barrio Paso del Comercio, fue invadida por los gases lanzados durante los enfrentamientos entre el ESMAD y manifestantes la noche anterior. Uno de los cartuchos de gas lacrimógeno estalló en su patio. El humo llenó el hogar y María Jovita, asustada, no sabía si salir. No podía respirar.
Pidió ayuda. La llevaron a la Clínica Rafael Uribe. A las 2:30 de la madrugada sufrió un primer paro cardíaco. A las 4:30, el segundo. Murió a las 5:00 a.m. del 30 de abril. Era una mujer querida, cuidadora de niños, trabajadora con el ICBF. Una vida dedicada a la infancia, arrancada por la violencia de Estado.

30 de abril de 2021 — Universidad de Nariño: represión contra estudiantes
En Pasto, estudiantes que se manifestaban pacíficamente en las inmediaciones de la sede VIPRI de la Universidad de Nariño fueron reprimidos con gases lacrimógenos y chorros de agua lanzados desde tanquetas de la Policía. La protesta pacífica fue respondida con violencia, como en tantas otras ciudades.

30 de abril de 2021 — Armenia: agresión a periodista de medio alternativo
En Armenia, un periodista del medio alternativo La Caja de Pandora fue agredido por miembros de la Policía Nacional mientras ejercía su labor informativa. La Policía le arrebató violentamente su carné de identificación y lo amenazó con frases como: “Si sigue así lo vamos a matar a este hijueputa”. La libertad de prensa fue también una de las víctimas del estallido social.

30 de abril de 2021 – Barrio Julio Rincón, Cali, lesiones al cuerpo
Angely Vivas Restrepo no marchaba. Solo miraba pasar la manifestación pacífica cerca de Calipso, cuando un disparo de la Policía Nacional le atravesó la pierna izquierda. Su familia cuenta que no hacía más que observar. Pero en Colombia, ser joven, estar en la calle y mirar, también puede costar sangre.

30 de abril de 2021 – Cali detenciones arbitrarias
Ese día, en varios puntos de la ciudad, la Policía Nacional actuó como si protestar fuera un delito. En el barrio Las Américas, detuvieron arbitrariamente a manifestantes, entre ellos Juan David Escobar Rodríguez, hijo del presidente de ASONAL Judicial, y Alfredo Mondragón, líder social y hoy congresista. Fueron llevados sin orden judicial al coliseo del barrio, donde permanecieron retenidos sin justificación legal.
En Sameco, mientras documentaban hacia dónde trasladaban a los detenidos, los defensores de derechos humanos Daniela Caicedo y José Cuello también fueron capturados. A José, un agente intentó asfixiarlo dentro de la patrulla. Les robaron sus chalecos y carnés. En el centro de traslado, una mujer herida en la cabeza fue atendida por otras defensoras; también estaban allí un trabajador de la empresa Rómulo y otra ciudadana, impactados en las piernas por gases del ESMAD.

30 de Abril de 2021 – Cali detenidos por protestar

En las estaciones de Policía, la legalidad se convirtió en trampa: 94 personas fueron conducidas desde los puntos de concentración. Muchas salieron golpeadas, otras no salieron. Un total de 105 personas resultaron heridas por disparos, gases, granadas aturdidoras y recalzadas lanzadas por el ESMAD, el GOES y la Policía Nacional. Seis perdieron la vista.
Y en medio del caos, tres nombres empezaron a sonar en las bocas de las madres y en las paredes de las ciudades: José Miguel Obando, Diego Alejandro Bolaños y Jhon Haner Muñoz Bolaños. Desaparecidos.
30 de abril de 2021 — Colombia: recompensas para perseguir manifestantes
Ese mismo día, Caracol Radio informó que la Policía Nacional ofrecía recompensas millonarias a quienes denunciaran a supuestos vándalos durante las marchas. Se trataba de una política oficial que incentivaba la estigmatización, el señalamiento y posibles represalias contra líderes sociales, manifestantes y defensores de derechos humanos.

30 de abril de 2021 — Valle del Cauca: violencia sexual como arma de represión
La violencia sexual contra mujeres y personas LGBTIQ+ fue una de las prácticas más crueles y sistemáticas ejercidas por la Policía y el ESMAD. En el Valle del Cauca se denunciaron varios casos:
• Dos mujeres detenidas por el ESMAD fueron agredidas sexual y psicológicamente. Una de ellas sufrió acceso carnal violento.
• Otra denunciante fue abusada sexualmente en el sitio de detención.
Estas prácticas fueron utilizadas como mecanismos de humillación, tortura, castigo y terror, dirigidas especialmente por razones de género y orientación sexual.

30 de abril de 2021 – Cali, detenidos seguimientos y hostigamientos
Tras finalizar una rueda de prensa en la Gobernación del Valle, una caravana de defensores de derechos humanos —conformada por vehículos de la UNP y un carro particular— fue interceptada por hombres armados cerca del colegio Santa Librada. Lanzaron una piedra e impactaron con arma de fuego una de las camionetas del Comité de Solidaridad con Presos Políticos. Durante la retirada, se escucharon al menos seis disparos más. Horas después, Darnelly Rodríguez, de la Red de DDHH Francisco Isaías Cifuentes, recibió llamadas intimidantes por WhatsApp de desconocidos.

30 de abril de 2021: Golpes, gases y plomo — las heridas de la represión en Cali
El 30 de abril de 2021, Cali no despertó: se estremeció bajo el peso de los escuadrones de la muerte.
Desde la madrugada, la Fuerza Pública tomó la ciudad como se toma una plaza enemiga. En todos los puntos de concentración se sintió la violencia estatal como lluvia ácida: disparos, bombas aturdidoras, chorros de agua mezclados con químicos, gases directos al rostro.

Al menos 105 personas fueron heridas ese día. En los barrios del oriente, las madres sacaban a sus hijos a rastras para evitar que fueran alcanzados por las balas. En el sur, los jóvenes improvisaban escudos con tapas de olla. Testimonios recogidos en las zonas de resistencia narran cuerpos con fracturas expuestas, quemaduras, ojos vaciados por los proyectiles.
La ciudad sangraba por todas sus venas.

30 de abril de 2021: Detenidos por protestar — la otra cara del miedo
La represión no se quedó en la calle, 94 personas fueron detenidas arbitrariamente ese 30 de abril. La mayoría jóvenes, muchos de ellos estudiantes, artistas, trabajadores informales. Los atraparon en redadas sin orden judicial, sin informar a sus familias, sin respetar derechos.

Los llevaron a estaciones de policía como Fray Damián, La Flora y El Lido, donde los recibieron con insultos y golpes. Las denuncias de tortura son numerosas: patadas en el abdomen, golpes en los genitales, amenazas de desaparición, burlas sobre su pertenencia a los movimientos sociales. Algunos fueron obligados a firmar documentos que no entendían. A otros los mantuvieron incomunicados por más de 24 horas.
El miedo se instaló en las estaciones como una orden no escrita.

30 de abril de 2021: José Miguel, Ego Alejandro y John Hanner — los que no volvieron

Ese 30 de abril, tres jóvenes desaparecieron en medio del caos. José Miguel Obando, Diego Alejandro Bolaños y John Hanner Muñoz Bolaños salieron de sus casas con la certeza de la protesta justa y no regresaron más.
Sus nombres fueron multiplicándose en redes, sus rostros pegados en postes, murales, pancartas. José Miguel fue visto por última vez corriendo por la Loma de la Cruz. A Diego Alejandro lo separaron del grupo de manifestantes en el sector de El Calvario. A John Hanner lo vieron subir a un camión de la Policía y después el silencio.
Hasta hoy, sus paraderos siguen siendo desconocidos. Las autoridades no dan respuestas. Las madres siguen buscando. La ciudad, en silencio, no los olvida.

Colombia ardía. Gritaba. Moría. Y resistía.

Las balas no eran extravíos. Eran órdenes. El señor de las sombras habló, y la muerte obedeció. Por eso exigimos:

¡Comisión de Esclarecimiento de la Verdad sobre la Represión Estatal, YA!

¡Justicia para Kevin Agudelo, Marcelo Agredo, Miguel Ángel Barbosa, Edwin Villa, Einer Alexander Lasso, Rosemberg Rodríguez, María Jovita Osorio, Evelio de Jesús Flórez, José Miguel Obando, Diego Alejandro Bolaños y John Hanner Muñoz Bolaños!

Salieron de sus casas con la certeza de que protestar era justo, con la convicción de que alzar la voz por la dignidad no debía costar la vida. Salieron con el rostro descubierto y el corazón firme. No regresaron.

Hoy sus nombres son bandera. Son memoria viva en las calles, en los muros, en la garganta de quienes no olvidan. Justicia para ellos no es una palabra, es una urgencia. Es un deber. Es un grito que no se apaga.

¡Nunca más el poder convertido en pólvora contra el pueblo!

Bitácora del Horror: Comisión de Esclarecimiento ¡Ya! – Día 29A

por Sofia Lopez2025, Derechos Humanos y Protesta Social, Resistiendo al olvidoPublicado el No hay comentarios

Los primeros caídos del Paro Nacional – 28 de abril de 2021

La mañana del 28 de abril de 2021 comenzó con gritos, arengas y esperanza. Era el primer día del Paro Nacional convocado por sindicatos, pueblos indígenas, jóvenes, mujeres, campesinos, y un país entero hastiado del abandono, de la reforma tributaria y de la indolencia. El pueblo salió a las calles con cacerolas, pancartas, tambores y megáfonos. El Estado respondió con fusiles, gases, detenciones y muerte.
Siete personas fueron asesinadas ese primer día. Todos jóvenes. Todos civiles. Todos silenciados a balazos por las fuerzas del orden o por civiles armados bajo su protección. Sus nombres deben ser pronunciados como un rezo laico. Son el comienzo de esta bitácora del horror:

• Marcelo Agredo Ichima, 17 años, asesinado por un policía uniformado en Cali tras patearlo y salir corriendo.
• Jeisson García, 13 años, asesinado por el ESMAD en Cali.
• Cristian Alexis Moncayo Machado, sin información de edad, asesinado en Cali por el ESMAD.
• Pol Stiven Sevillano Perea, 18 años, asesinado por civiles armados en Cali.
• Charlie Parra Banguera, 22 años, asesinado por el ESMAD en Cali.
• Michel David Reyes Pérez, asesinado en Bogotá por civiles armados.
• Brian Gabriel Rojas López, asesinado en La Virginia, Risaralda, por el ESMAD.

Sus vidas, truncadas al inicio del estallido social, encendieron la mecha de la indignación. Esta es la bitácora de lo que ocurrió después.

29 de abril de 2021 — Puerto Resistencia, Cali: La bala que apagó el sueño de Miguel Ángel

En el corazón de Puerto Resistencia, cayó Miguel Ángel Pinto Mona. Tenía 23 años, había nacido y crecido en el barrio Comuneros 1, en el oriente de Cali. Ese jueves no salió a marchar. Se quedó en su barrio, vio a sus amigos, almorzó donde su madre. Solo en la tarde decidió acercarse al punto de resistencia más cercano. Y no volvió.
Miguel trabajaba vendiendo zapatillas en el centro, pero ese día, como muchos otros jóvenes, estaba sin empleo por el paro. Fue impactado por una bala disparada durante la violenta retoma de la zona por parte de la Policía y el ESMAD. Cayó herido en el abdomen. Lo subieron como pudieron a una moto y lo trasladaron a la clínica Valle del Lili. Su padre, Luis Eduardo, lo vio por última vez cuando lo bajaban en una camilla. Minutos después le informaron que había muerto.

Miguel no era vándalo. Era un joven trabajador que soñaba con estudiar una carrera profesional. Su nombre quedó escrito con sangre en el asfalto de una ciudad que ardía. Y con fuego en la memoria de quienes no olvidan que la represión también mató sueños.

29 de abril de 2021 — Agua Blanca Cali: la detención de Isabela y Ariel

Ese mismo día, la juventud siguió siendo blanco. Isabela López y Ariel Lombana fueron detenidos de forma arbitraria mientras ejercían su derecho a la protesta. Los condujeron a la estación de Policía de Agua Blanca. Allí, Isabela fue víctima de malos tratos a manos de los uniformados. Su cuerpo lo recuerda, su dignidad no lo olvida. Ninguno de los dos debió estar ahí. Pero ese 29 de abril, la ley fue usada como garrote.

29 de abril de 2021 —Calle Quinta Cali: una granada contra el rostro

En la calle Quinta, una granada de gas lacrimógeno disparada a quemarropa por la fuerza pública impactó en el ojo de un joven. Un disparo directo al rostro. Otro intento por cegar la protesta, por acallar lo que incomoda. El muchacho sobrevivió, pero perdió parte de su visión. La ciudad, en cambio, ganó otra verdad irrefutable.
29 de abril de 2021 – Clínicas de urgencia Cali: doce cuerpos heridos por la represión
Ese día, 12 personas fueron trasladadas a centros asistenciales con lesiones graves. Algunas heridas físicas, otras más profundas, invisibles, que habitan ahora los cuerpos como cicatrices del miedo y del coraje. Cada ingreso a urgencias era la consecuencia directa de una orden de represión. Cada herida, una prueba que sigue esperando justicia.

29 de abril de 2021 – Desaparición de Michael David Lora Cali: el niño que no volvió

Y en medio del caos, un niño desapareció. Michael David Flora, de 16 años, de nacionalidad venezolana, fue arrestado junto a su madre. Lo separaron de ella. Dijeron que lo enviarían a un “hogar de paz”. Pero cuando su madre llegó a buscarlo, no estaba. Nadie dio razón. Nadie respondió. Otro nombre, otra sombra más, en la lista de desapariciones que aún no termina de escribirse.

29 de abril de 2021 – Asesinato de Dadimir Daza Correa -Yumbo, Valle del Cauca

El 29 de abril de 2021, durante el Paro Nacional, Dadimir Daza Correa fue asesinado en Yumbo, Valle del Cauca, por un disparo en el abdomen en medio de los enfrentamientos entre el ESMAD y los manifestantes. En el barrio La Estancia, donde la gente alzó su voz contra el abuso del poder, la represión del Estado cegó una vida más.
Dadimir no era un líder de grandes discursos, sino un hombre de trabajo, de aquellos que construyen la vida con esfuerzo y solidaridad. Su muerte es el reflejo de la violencia sistemática contra quienes luchan por la dignidad. Hoy, su nombre se suma a la memoria de las víctimas de crímenes de Estado, exigiendo justicia, reparación y garantías de no repetición.

29 de abril de 2021 — Yumbo: Los derechos humanos no valen nada

En la tarde, cerca de la fábrica Texaco de Yumbo, una lluvia de disparos del ESMAD y la Policía sacudió el sector. Rodrigo Becerra y su hijo, en misión humanitaria, fueron increpados por reclamar por un detenido. La respuesta: amenazas e insultos. “Los símbolos de los derechos humanos nos valen ni una madre”, gritó un agente.

29 de abril de 2021 — Medellín: Atacar a quienes cuidan

En Medellín, cinco defensores de derechos humanos fueron rodeados por policías y civiles armados con palos y varillas. Sufrieron golpes, robos, descargas eléctricas y amenazas. Una defensora fue herida en el rostro por un gas disparado directo. Caminó sangrando en busca de ayuda. La policía la llevó a un CAI, pero allí no hicieron nada. Fue una ambulancia la que la llevó al hospital San Ignacio, donde le dijeron que perdería la vista. Policía y Distrito prometieron investigar.

Epílogo: Por qué gritamos Comisión de Esclarecimiento ¡Ya!

Lo que ocurrió el 29 de abril no fue un hecho aislado, ni una reacción excesiva. Fue una operación sistemática. Coordinada. Tolerada desde los más altos niveles del poder. Lo que vimos fue la expresión de una doctrina: aplastar la protesta, intimidar la resistencia, imponer el silencio.

Por eso gritamos Comisión de Esclarecimiento ¡Ya!
Porque el país necesita saber quién dio la orden.
Quién disparó.
Quién desapareció.
Y quién se benefició del miedo.

28A y Jóvenes en Paz: ¿Qué pasó con nuestro sueño?

por Sofia Lopez2025, Derechos Humanos y Protesta SocialPublicado el No hay comentarios

Hace cuatro años, conscientes de la desconexión total del gobierno tradicional con el pueblo, decidimos salir a la calle. La indignación reciente era tal, que bastó que el ministro de Hacienda (acompañado de Vicky Dávila) se burlara diciendo que una docena de huevos costaba $1.800 para que explotáramos.

Desde el primer día supimos que esta no era una protesta más. Nos preparamos, aunque sin dimensionar que viviríamos uno de los momentos más conmocionados del siglo XXI en Colombia. Para no redundar en lo que todos conocemos: nos persiguieron, nos hirieron, nos asesinaron, torturaron, encarcelaron, violaron. Nos querían exterminados porque parecíamos la plaga que acabaría con su imperio.

Pero sobrevivimos. Y en esa resistencia nos asumimos como un proyecto político que lograría concretar el cambio que peleábamos en la calle. Éramos, en su mayoría, jóvenes: profesionales, estudiantes, trabajadores, desempleados, jíbaros, habitantes de calle… diferentes vidas atravesadas por las mismas injusticias, encontrando refugio en las ollas comunitarias y la organización barrial.

En 2022 logramos lo impensable: el pueblo eligió a un presidente que respondía a nuestros intereses. Junto a él llegó una agenda de gobierno basada en décadas de lucha social: la paz con justicia social.
Fruto de este nuevo rumbo nació el programa Jóvenes en Paz, iniciativa que hoy acompaño como enlace territorial de la UT Territorio y Paz en el departamento del Cauca. La UT está conformada por tres reconocidas organizaciones sociales y educativas: Universidad Claretiana, Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y la Promoción Claretiana para el Desarrollo.

Sin embargo, el Programa Nacional Jóvenes en Paz (PNJEP) ha sido una de las iniciativas más atacadas y malinterpretadas. Desde su lanzamiento, cuando el presidente dijo «este programa le pagará a los jóvenes por no matar», la incomprensión y la estigmatización no han parado. Además, el programa heredó problemas estructurales graves: una construcción improvisada desde la Consejería Presidencial para la Juventud (2022-2023) que copió y pegó un modelo pensado para 10.000 jóvenes en Bogotá, sin adaptarlo a las complejas realidades de la Colombia profunda.

Los errores en el cálculo de tiempos administrativos, la falta de articulación interinstitucional y la pésima comunicación interna fueron una bomba de tiempo. Y sobre estas bases frágiles, también llegaron los problemas del operador: aunque con buena fe, la UT subestimó la magnitud del reto. La sobrecarga económica y administrativa llevó incluso a contratar un «gerente de renombre» como sugirió la entonces ministra de Igualdad y Equidad.
Así llegó Andrés Gallego Segovia, quien, si bien mejoró el orden administrativo, profundizó la desconexión con los territorios. Su gestión ha significado atrasos de hasta tres meses en pagos a proveedores y la falta de prestaciones sociales para trabajadores, afectando gravemente la legitimidad del programa. Mientras tanto, el Ministerio de Igualdad y Equidad sigue cambiando aplicativos de asistencia y condicionando desembolsos, aumentando la burocracia en lugar de aligerarla.

Y entonces nos preguntamos:
¿Es Andrés Gallego Segovia —exgerente de la campaña del NO en el plebiscito por la paz y funcionario de todos los gobiernos desde Pastrana— el responsable de la caída en picada de Jóvenes en Paz desde enero?
¿Fue consciente de la destrucción de la legitimidad de la UT bajo la excusa de «arreglar la casa»?
¿Es Gabriela Posso, exconsejera presidencial para las juventudes, corresponsable por la pobre construcción estructural del programa?

Hoy más que nunca, urge recordar por qué salimos a las calles el 28A. No podemos permitir que la burocracia, el desconocimiento territorial y los viejos vicios de siempre sepulten los sueños de una juventud que aún cree en la transformación social. Jóvenes en Paz no puede convertirse en una anécdota fallida: debe ser reivindicado, corregido y fortalecido. Porque la verdadera paz empieza cuando los jóvenes tienen razones reales para vivir dignamente, no promesas vacías ni proyectos mal ejecutados.

Por Juan Esteban Martínez, líder juvenil de Cali durante el Estallido Social de 2021

Bitácora del Horror: Comisión de Esclarecimiento ¡Ya! – Día 28A

por Sofia Lopez2025, Derechos Humanos y Protesta Social, Resistiendo al olvidoPublicado el No hay comentarios

Desde temprano, la ciudad y el campo amanecieron inquietos. No era un día cualquiera. Era el inicio de una marea incontenible: la juventud, las madres, los trabajadores, los campesinos, los pueblos indígenas, los estudiantes, salieron a las calles con una sola voz: «¡A parar para avanzar, viva el paro nacional!».
El estallido no surgió de la nada. Venía cocinándose desde las profundas heridas abiertas en la sociedad colombiana. Para 2021, el Índice de Gini, esa medida fría que cuantifica la desigualdad económica, seguía en un alarmante 0,53, situando a Colombia entre los países más desiguales del mundo. Este índice, que va del 0 al 1, donde 0 representa una igualdad total y 1 una concentración absoluta de la riqueza, reflejaba la profunda fractura de un país donde unos pocos tenían mucho y muchos tenían nada. La pobreza, como una sombra interminable, afectaba a más de 21 millones de personas, mientras que 7,4 millones vivían en pobreza extrema, sobreviviendo al día, luchando por lo que para otros es tan fácil como conseguir un plato de comida.
El desempleo juvenil rebasaba el 23%, mientras más de 3 millones de jóvenes —los llamados «ninis»— sobrevivían sin trabajo ni educación. A esto se sumaba un presupuesto nacional secuestrado por la deuda y el gasto militar: en 2021, el 62% del Presupuesto General de la Nación se destinaba a funcionamiento (burocracia, ejército y policía), mientras la inversión social decrecía peligrosamente.
El proyecto de reforma tributaria impulsado por el gobierno fue la gota que rebosó la copa. Pretendía gravar aún más a los sectores populares y a la clase media en medio de la peor crisis económica y social de las últimas décadas. Fue percibido como un acto de crueldad en un país donde las ollas comunitarias empezaban a multiplicarse para combatir el hambre.
Pero lo que salió a flote aquel 28 de abril no era solo el rechazo a una ley injusta. Era el grito colectivo de quienes, durante décadas, habían sido silenciados y reprimidos. Era la memoria viva de la Constitución de 1991, que prometió derechos y participación, frente a un Estado que seguía usando la fuerza y la exclusión como su respuesta.
Era el eco de los Acuerdos de Paz de 2016 incumplidos, las banderas de las madres buscando a sus hijos desaparecidos, la rabia de los territorios olvidados, la valentía de una generación nueva que se negaba a heredar el miedo.
Ese día, las carreteras se llenaron de barricadas, las plazas de cantos, las ciudades de banderas. Desde Cali hasta Bogotá, desde Medellín hasta Pasto, retumbaba la consigna:
¡A parar para avanzar, viva el paro nacional!

Este levantamiento fue crucial para la llegada de Gustavo Petro a la presidencia. Sin embargo, hoy su promesa de crear una Comisión de la Verdad sobre los hechos del paro sigue sin cumplirse, y por eso exigimos a este gobierno la Comisión de Esclarecimiento ¡Ya!

Reconocimiento Especial
Este trabajo de «Bitácora del Horror» no sería posible sin el impulso del Padre Javier Giraldo, el esfuerzo de investigación de los integrantes de Justicia y Dignidad, y el invaluable aporte de Fredy Caicedo en la sistematización de los informes internacionales. Su compromiso y dedicación hacen posible que la verdad se visibilice.
28 de abril de 2021 — La historia no volvió a ser la misma.
Cuando apenas caían los primeros rayos de sol, el digno pueblo Misak, con sus bastones de mando y su historia de resistencia, tumbaba la estatua de Sebastián de Belalcázar en uno de los barrios más exclusivos y elitistas de Cali. Era el amanecer de un nuevo tiempo: la memoria indígena reclamaba su lugar en medio de una ciudad acostumbrada a invisibilizarla.

28 de abril de 2021 — Bogotá: El primer disparo
A la altura de la 34 sur con avenida Cali, en Bogotá, cuando apenas empezaban a arder las aceras de tanto paso inconforme, el ESMAD apuntó contra la multitud. No lanzaron al aire: dispararon al cuerpo. Una defensora de derechos humanos de la Red Popular cayó herida por un gas lacrimógeno que le partió la piel y la fe. Ella misma lo dijo después, aún con la voz rota: no fue accidente, fue arremetida contra quienes llevaban solo chalecos y credenciales en las manos. Contra quienes solo querían evitar más muertos.

28 de abril de 2021 — Cali: Marcelo, el muchacho que no llegó a los 18
En el barrio Mariano Ramos, cerca de Puerto Resistencia, un niño indígena corría. Marcelo Agredo Inchima, 17 años, el menor de cuatro hermanos, estudiante de noveno grado, trabajador cuando podía. Lo mató un disparo de la Policía. Cayó al suelo, y en su cabeza el sol empezó a apagarse. Llegó muerto al Valle del Lili, aunque el parte médico hablara de muerte cerebral. Iba a cumplir 18 en agosto. No llegó. No lo dejaron llegar.

28 de abril de 2021 — Nariño: Me importa un culo
En algún lugar de Nariño, bajo el miedo y el uniforme, una defensora de derechos humanos entregó su cédula como quien entrega su vida. El Mayor Hernán Meléndez la revisó. Se la devolvió. Entonces, una policía mujer le asestó un golpe seco en los senos. Ella, valiente, volvió a decir quién era. La respuesta le taladró el oído: “Me importa un culo”. Así de brutal, así de descarnada la manera de tratar a quienes solo querían cuidar.

28 de abril de 2021 — Cali, Medellín, Popayán, Bogotá, Barranquilla: Matar la esperanza
Las brigadas médicas improvisadas en las esquinas de ciudades como Cali, Medellín, Popayán, Bogotá y Barranquilla se convirtieron en refugios en medio del terror. Jóvenes de batas blancas, armados solo con gasas y una voluntad de hierro, se entregaban al cuidado de los heridos. Pero incluso ellos fueron blanco del odio. La policía disparaba gases lacrimógenos directamente en los puntos de atención, golpeaba a los enfermeros y sacaba a patadas a los médicos de sus puestos de ayuda. Los hospitales no quedaron exentos: allí también irrumpieron, buscando capturar a los heridos como si fueran criminales. Muchos recibieron amenazas directas: “te vamos a violar, te vamos a matar”. No solo les robaron la vida, sino que intentaron arrebatarles la esperanza misma.

28 de abril de 2021 — Popayán: El gas en la casa de los heridos
En Popayán, 22 almas fueron detenidas, golpeadas y humilladas. Agentes del ESMAD y del Grupo de Operaciones Especiales GOES atacaron a estudiantes, indígenas, periodistas y defensoras de derechos humanos. En la tarde, cuando intentaban estabilizar sus cuerpos destrozados en la sede de un sindicato, el horror los alcanzó nuevamente. El gas lacrimógeno se infiltró por las ventanas, como una serpiente de muerte, en un lugar destinado al auxilio, a los vendajes y a los suspiros de dolor. Y aun así, lanzaron el gas. Luego, los llevaron al hospital, algunos apenas respirando. Era el primer día de una larga noche que, lamentablemente, apenas comenzaba.

28 de abril de 2021 — La Virginia, Risaralda: La desaparición de Brahian
28 de abril de 2021. Brahian Gabriel Rojas, de 26 años, desapareció en La Virginia, Risaralda, en pleno estallido del Paro Nacional. Su hermana, Thalía, denunció que a las 10 de la noche, él se encontraba bajo el puente Francisco Jaramillo, junto a ella y otros amigos. Encima del puente, el enfrentamiento entre manifestantes y la Policía era feroz, y la multitud se dispersó rápidamente, corriendo hacia abajo. El ESMAD los rodeó, los golpeó, los arrinconó. Brahian, el hermano mayor, logró escapar, su rostro destrozado y su espalda marcada por los golpes. Pero Brahian no tuvo la misma suerte. Desde ese momento, se lo tragó la oscuridad. El 4 de mayo, los bomberos de Sabanalarga, Antioquia, hallaron su cuerpo sin vida flotando en el río Cauca. Presentaba signos de golpizas y un disparo en el pie. Thalía envió fotos para confirmar la identidad, y el 7 de mayo, le entregaron su cadáver. Brahian sabía nadar. Trabajaba en una arenera, donde tenía que sumergirse hasta el fondo del río para sacar arena. Nadie entiende cómo terminó allí, tan lejos del lugar donde desapareció, flotando en las aguas de un río que ya no devolvía cuerpos, sino silencios.

28 de abril de 2021 — Soacha: La violencia sexual en la protesta
Una joven manifestante del municipio de Soacha vivió una de las peores experiencias del Paro Nacional. Mientras las calles se llenaban de voces exigiendo justicia, ella fue detenida por un grupo de cinco agentes del ESMAD. La subieron a un camión de la Policía Nacional, donde fue golpeada y sometida a violencia sexual. Los palos, las patadas, y los abusos fueron su condena solo por ejercer su derecho a la protesta. La brutalidad policial no solo dejó marcas físicas, sino también una herida profunda en su dignidad. Era un recordatorio del alcance de la represión: no bastaba con golpear, también había que humillar.

28 de abril de 2021 — Bucaramanga: La represión de los defensores y las imágenes robadas
El 28 de abril en Bucaramanga, la protesta en la plazoleta Luis Carlos Galán fue brutalmente reprimida. La Policía, sin identificación, fotografió a manifestantes y defensores de derechos humanos. A las cinco de la tarde, los gases lacrimógenos y los chorros de agua a presión comenzaron, dejando heridos y detenidos, entre ellos Brayan Barrios, Duván Andrés Morales y Jonathan Fornaris. La Policía negó detenciones y usó el mecanismo de Traslados por Protección para sancionar a los protestantes. En medio del caos, las brigadas médicas y la prensa alternativa fueron también blanco de la represión.

28 de abril de 2021: Un Disparo Silenciado en Soacha
En el cruce de la calle 22 en Soacha, un hombre de civil, miembro de la Policía, disparó a quemarropa a los manifestantes, hiriendo a un joven. La comunidad, al descubrir su identidad, entregó su billetera al padre del herido, pero la Policía, la SIJIN y el CTI intimidaron al padre, mientras les confiscaban los celulares. El arma nunca apareció, pero el hostigamiento a la familia no cesó.

28 de abril de 2021: Un Ojo Perdido en Bogotá
Leidy, estudiante de Ciencias Políticas, sufrió una lesión ocular cuando un miembro del ESMAD disparó contra los manifestantes. A pesar de las grabaciones, el agresor no fue identificado. Los gases lacrimógenos rodearon a Leidy y su novio, y, aunque levantaron las manos en señal de paz, fueron atacados a disparos.

28 de abril de 2021: Tortura en Pasto
David Julián Vera Chaves, un joven manifestante en Pasto, fue brutalmente agredido por el ESMAD. Tras recibir un gas lacrimógeno en la cara, perdió el conocimiento y, aunque fue atendido, sufrió daños irreparables en la boca. La violencia no solo fue física, sino también psicológica.

28 de abril de 2021: La Visión de Daniel Rota
Daniel David Meléndez Gómez sufrió un impacto directo en el ojo derecho durante las protestas, lo que le causó severas heridas en el iris y la córnea. A pesar de la gravedad de su lesión, la EPS EMSSANAR se negó a ofrecerle tratamiento adecuado, dejando su visión en grave riesgo.

28 de abril de 2021: Secuestro en la Estación de Sierra Morena
Edwin Segura, miembro de Marcha Patriótica, fue detenido y agredido por el ESMAD junto a su hermano. Fueron llevados a la Estación de Sierra Morena donde sufrieron una golpiza, dejando a Edwin con lesiones severas en la nariz y el cráneo.

28 de abril de 2021: Desaparición Forzada en Cali
Luis Herman Ladino Bañol, de 45 años, se unió a las protestas, pero no regresó a su casa. Su familia intentó activar el Mecanismo de Búsqueda Urgente, pero no tuvo éxito hasta que, el 8 de mayo, su cuerpo fue encontrado en una UCI en Cali. Las fuerzas de seguridad fueron responsables de su desaparición.

28 de abril de 2021. Cali, Floralia. El rostro de la resistencia.
Una mujer, que había sido testigo y protagonista en el corazón de la protesta, decidió alzar la voz. En el punto de Paso del Comercio, en el barrio Floralia, atendió a una multitud de heridos, víctimas de la brutalidad de la fuerza pública. La violencia era palpable en el aire y en los cuerpos de los manifestantes. Su rol de ayuda, lejos de ser invisible, le dio visibilidad, y poco a poco se convirtió en vocera de las víctimas, representante en reuniones públicas donde los gritos de dolor se transformaban en exigencias de justicia. Su voz se unió a las muchas que, como ella, se alzaban frente a la impunidad.

28 de abril de 2021. Apocalipso y Puerto Madero. Los gritos del silencio.
A la misma hora, en los puntos de resistencia denominados Apocalipso y Puerto Madero, las plataformas de derechos humanos, brigadas de salud y jóvenes de la primera línea fueron blanco de una furia desmedida. El ESMAD, la Policía Nacional, civiles armados y francotiradores no dejaron espacio para la paz. La represión llegó a niveles inhumanos, con ataques brutales que marcaron no solo los cuerpos, sino la memoria de quienes fueron testigos. La violencia no solo era un acto de fuerza, sino un mensaje: el derecho a la protesta sería sofocado a toda costa.

28 de abril de 2021. Puerto Tejada: racismo, despojo y violencia estatal.
En Puerto Tejada, la protesta fue brutalmente reprimida por las fuerzas de seguridad, con el respaldo de empresas como Huevos Kike. Líderes sindicales fueron despedidos y acosados, mientras los manifestantes, principalmente afrodescendientes, sufrieron agresiones físicas, amenazas y estigmatización. El ESMAD disparó a quemarropa y secuestró a un joven para torturarlo. La violencia estatal, sumada a la complicidad empresarial, intentó silenciar la resistencia, pero la lucha de la comunidad afrodescendiente sigue viva, a pesar de la represión.

28 de abril de 2021: La Represión en Yumbo
El ESMAD arremetió contra manifestantes pacíficos en Yumbo. Un joven defensor de derechos humanos, con su chaleco visible, fue golpeado brutalmente por los agentes. A pesar de identificarse como parte de una ONG de DDHH, fue agredido y llamado “terrorista” por los uniformados.

28 de abril de 2021. Tortura y represión sistemática: el rostro oculto de la protesta.
El 28 de abril de 2021, la represión estatal alcanzó niveles alarmantes con 699 detenciones arbitrarias en el contexto de las protestas. La fuerza pública utilizó el método de los «Traslados por Protección», haciendo desaparecer transitoriamente a los manifestantes. Sebastián Giraldo Zapata fue uno de los afectados: mientras grababa la brutal golpiza de la policía, fue detenido, golpeado y despojado de su celular. Luego, a pesar de las graves lesiones, continuó siendo hostigado y acusado falsamente de agredir a un policía. Tras ser trasladado a La Candelaria, fue sometido a más abusos en condiciones de hacinamiento extremo. La violencia se extendió al proceso judicial, donde las denuncias de tortura fueron ignoradas. Este día reveló no solo la brutalidad estatal, sino la impunidad que sostiene este sistema de represión.

28 de abril de 2021. Amedrentamiento y hostigamiento institucional en Santuario, Risaralda.
Viviana Aranda Giraldo denunció amenazas y hostigamiento tras participar en una protesta en apoyo al paro nacional. Fue citada por el alcalde de Santuario Zuloaga, quien la acusó de ser la promotora del corte vial y le advirtió que debía «cuidarse» por posibles atentados. A pesar de no recibir protección, las amenazas continuaron, siendo llamada «terrorista» y «guerrillera». Viviana, temerosa por su vida y la de sus hijos debido a la presencia paramilitar en la zona, vivió bajo constante hostigamiento social respaldado por la complicidad institucional.

28 de abril de 2021. Agresión a periodistas en Comuna 13, Medellín.
Daniel Tales, de Morada Noticias Comuna 13, y dos jóvenes fueron rodeados por agentes de la policía y del ESMAD mientras caminaban por la calle 9. Al grabar los hechos, uno de los comunicadores fue agredido, le quitaron el celular y lo rompieron arrojándolo contra una pared.

29 de abril de 2021. Agresión en Yumbo, Valle del Cauca.
En las cercanías de la fábrica de Texaco, Rodrigo Becerra y su hijo, quienes realizaban una labor humanitaria, fueron agredidos por el ESMAD y la Policía Nacional. Al interceder por un detenido, fueron amenazados y recibieron insultos de los agentes, quienes desestimaron los derechos humanos.

 

Jericó también debe ser potencia mundial de la vida: ¡La vida sí, la mina no!

por Sofia Lopez2025, Derechos Humanos y Protesta Social, Pueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

Hace 25 días, cuando los pájaros apenas empezaban a trinar, los campesinos del Suroeste antioqueño —con su sombrero de ala ancha, su azadón curtido y su terquedad vieja como la montaña— instalaron un plantón en Jericó. Se apostaron allí, junto a la tierra que les da café, maíz y vida, porque no quieren minas, ni dragas, ni maquinaria clandestina arrancándole las entrañas al suelo que siempre los alimentó.

Quieren lo sencillo: agua limpia, cafetales vivos, montañas sin heridas.

Pero lo que reciben es otra historia: judicialización, amenazas, olvido.

Desde hace más de 14 años, el campesinado de Jericó y Támesis ha resistido la entrada de la multinacional AngloGold Ashanti, vieja conocida de los informes de violaciones a los derechos humanos donde haya oro: en Ghana, en el Congo, en Sudáfrica… y ahora, en Colombia. Aunque en octubre de 2021 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) archivó el trámite de licencia ambiental del proyecto Quebradona por omitir impactos en fuentes de agua subterránea y residuos tóxicos, la empresa siguió operando en las sombras, sin licencia, sin fiscalización, sin vergüenza.

El pasado 24 de abril de 2025, campesinos de la vereda La Soledad sorprendieron a hombres retirando tubos metálicos de perforación, presuntamente vinculados a exploraciones ilegales de AngloGold Ashanti. Una de las motos usadas no tenía placa. Desde entonces, la comunidad vigila el sitio día y noche, esperando la llegada de la autoridad.

Pero en 25 días ninguna autoridad ha hecho presencia. Ni la Agencia Nacional de Minería (ANM), ni la Policía, ni el Personero. Nadie. Una omisión gravísima frente a posibles delitos ambientales.

En cambio, lo que sí llegó fue la judicialización.

El 22 de abril, Día de la Tierra, la Fiscalía 147 Especializada de Antioquia imputó cargos de secuestro simple, hurto calificado, daño en bien ajeno y lesiones personales a 11 campesinos, entre ellos un hombre de 85 años, acusado de impedir la libre operación minera. Su crimen: quedarse en su tierra, defender el agua.

La Fiscalía olvidó su propia Directiva 0001, que ordena no criminalizar la protesta social. Olvidó que cuidar el agua es cuidar la vida.

Mientras tanto, AngloGold Ashanti responde en comunicados diciendo que los campesinos “afectan derechos de terceros” y que “no han mostrado voluntad de diálogo”. Dicen «diálogo», pero avanzan a escondidas; dicen «afectación», pero callan sobre las perforaciones clandestinas, los nacimientos de agua envenenados, los cafetales arrasados.

Desde que empezó este nuevo episodio de resistencia, campesinos como Johan Franco, el concejal Omar Porras y el señor Luis Hernán Gaviria han recibido amenazas. Perfiles anónimos en redes sociales los acusan de «retrasar el progreso» o de ser «enemigos de la minería responsable». Pero ¿cómo puede ser progreso secar los ríos? ¿Cómo puede ser responsable perforar montañas a escondidas?

Los concejos municipales de Jericó y Támesis ya habían intentado proteger sus territorios en 2017 mediante acuerdos para prohibir la megaminería. Pero el Tribunal Administrativo de Antioquia anuló esas normas, alegando que los municipios no tienen competencia sobre el subsuelo. En 2018 intentaron blindarse reformando su Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), pero sufrieron presiones directas del Gobierno Nacional para detener el proceso.

Intentaron también la vía de la consulta popular, pero la Corte Constitucional recortó su alcance, dejando a los territorios sin herramientas para defenderse.

Así, en Colombia, el derecho a la participación ambiental —ese que adorna la Constitución como adorno bonito— fue reducido a papel mojado.

Hoy, la comunidad campesina de Jericó y el Suroeste antioqueño resiste, exige:

  • Presencia inmediata de las autoridades para custodiar el material encontrado.
  • Investigación exhaustiva sobre las operaciones ilegales de AngloGold Ashanti.
  • Medidas de protección para líderes campesinos amenazados.
  • Pronunciamiento del Gobierno Nacional en defensa de la vida, el agua y la tierra.

No piden favores. No extienden la mano pidiendo misericordia. Reclaman lo que es suyo: el derecho a vivir en su territorio, a decidir sobre su agua, su comida, su futuro.

En el fondo, no es sólo una pelea contra una empresa, o contra el Estado que le da la espalda. Es una pelea por el sentido mismo de lo que significa ser colombiano, ser campesino, ser humano.

Porque en Jericó, la montaña no es un paisaje: es la madre.

Y aunque el oro llame a los mercaderes, el agua no se bebe con lingotes.

Mientras el Estado los margina y la empresa los persigue, ellos resisten. Con la paciencia vieja como la montaña. Con la dignidad intacta

Por:  Sofía López mera, abogada y periodista de la Corporación Justicia y Dignidad

Sangre y votos: cómo el terror en el Huila impulsa la campaña de Uribe

por Sofia Lopez2025, Alerta Dignidad, Conflicto ArmadoPublicado el No hay comentarios

Desde 2023, el departamento del Huila volvió a ser un territorio en disputa. Extorsiones, reclutamiento forzado de menores, masacres y asesinatos selectivos de líderes sociales y firmantes de paz han teñido de sangre a una región que, hace apenas unos años, apostaba por la reconciliación y el turismo rural como motores de su futuro.

Hoy, el miedo ha vuelto a las calles. Y, como en un guion ya conocido, las promesas de «seguridad democrática» reaparecen justo después de cada estallido de violencia.

La maquinaria del terror: cifras que duelen

En los municipios de Acevedo, Hobo, Pitalito, Algeciras, Garzón, Campoalegre, La Plata y Neiva, la violencia ha cobrado vidas de manera brutal. Solo en estos ocho municipios se han registrado recientemente 54 asesinatos: 36 hombres, 5 mujeres, 12 personas sin identificar y un menor de edad.

Los firmantes de paz, quienes apostaron por dejar las armas, han sido blancos prioritarios. Desde 2019 hasta abril de 2025, 20 excombatientes fueron asesinados en 9 municipios del Huila. El patrón muestra picos claros: dos firmantes en 2019, cinco en 2020, uno en 2021, dos en 2022, cinco en 2023, dos en 2024 y ya tres homicidios en lo que va de 2025.

Los líderes sociales tampoco se salvan: 43 asesinatos en 16 municipios, afectando principalmente a líderes campesinos (8 casos) y comunales (18 casos), pero también a defensores indígenas, servidores públicos, activistas culturales, del movimiento LGBT y víctimas del conflicto. El 91.8% de las víctimas eran hombres y el 8.2% mujeres.

Las cifras son frías, pero cada número es una historia truncada, una comunidad desprotegida, un proyecto de vida aniquilado.

Un atentado anunciado

El 17 de abril de 2025, en pleno Jueves Santo, cuando las familias huilenses se disponían a celebrar la Semana Mayor, una moto bomba explotó en el municipio de La Plata. Dos jóvenes, de 17 y 19 años, murieron. Treinta y tres personas resultaron heridas, incluidos cinco menores de edad.

El hecho no fue aislado. Desde el vecino departamento del Cauca, el frente residual Hernando González Acosta, liderado por alias ‘Calarcá’, ha extendido su accionar delictivo hacia el Huila, en una clara estrategia de expansión territorial.

Sin embargo, las autoridades —entre ellas el Ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez y el gobernador Rodrigo Villalba— repitieron el libreto de siempre: consejos de seguridad «extraordinarios», anuncios de refuerzos militares, recompensas millonarias y promesas de “no arrodillarse ante el terror”. Medidas efectistas que poco o nada resuelven el problema de fondo.

El oportunismo electoral: del miedo a las urnas

Coincidentemente —o no—, apenas días después del atentado y en plena ola de violencia, la maquinaria política del Centro Democrático, encabezada por Álvaro Uribe Vélez, se desplegó en el Huila.

Hoy, 26 de abril de 2025, realizan su evento de campaña electoral en el departamento, capitalizando el miedo y la incertidumbre sembrados por la reciente violencia. No es la primera vez: Uribe y su partido han convertido el dolor ciudadano en plataforma política. La fórmula es conocida: se permite el crecimiento del terror para luego vender el endurecimiento militar como única alternativa, agitando el fantasma de la «seguridad democrática».

Esta estrategia de instrumentalizar la tragedia para fines electorales no solo manipula el sufrimiento de las víctimas, sino que también perpetúa un modelo de control basado en el miedo. En departamentos como el Huila, que intentaban abrirse paso hacia la paz, el retorno de la violencia no es solo una tragedia humana: es también la excusa perfecta para restaurar la vieja política de odio, militarización y represión.

Mientras tanto, las comunidades siguen pagando el precio más alto: el de su vida, su dignidad y su esperanza.

Por Prensa Justicia y Dignidad

La corrupción en Yumbo que busca acabar con la comunidad indígena y quedarse con sus recursos

por Sofia Lopez2025, Pueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

En Yumbo, Valle del Cauca, la corrupción no se oculta: se disfraza de institucionalidad. El personero municipal, Jesús Mauricio Castañeda; el secretario de Bienestar Social, Nelson Eduardo Muñoz; y el señor Rafael Ulcue Perdomo, han tejido una red que amenaza la existencia misma del Cabildo Valle del Sol, una comunidad indígena desplazada y reconocida por la Corte Constitucional.

Dos son los propósitos de esta alianza perversa: acabar con el cabildo legítimo y apoderarse de los recursos —más de mil millones de pesos— prometidos para el restablecimiento de la comunidad. Para lograrlo, intentan imponer a toda costa un cabildo espurio, encabezado por Jaquerine Varona, hija del señor Rafael Ulcue, elegida mediante un proceso viciado, plagado de irregularidades y censos inflados.

Tanto la Alcaldía como la Personería conocen de primera mano cómo se gestó este fraude. Han recibido denuncias formales sobre las amenazas de muerte y el desplazamiento de varios miembros de la comunidad legítima. Sin embargo, han optado por ignorarlas. Y para agravar la situación, se niegan a remitir el caso al Ministerio del Interior —la autoridad competente para resolver controversias sobre el reconocimiento de cabildos— porque saben que un reconocimiento legítimo desmontaría su montaje. Prefieren dejar todo en lo local, donde la corrupción se mueve con plata.

Peor aún, han intentado silenciar a la lideresa natural del cabildo, Clara Sorany Guejia Villamil —conocida como Sol—, ofreciéndole contratos a cambio de su silencio. Pero Sol no se vende, y su comunidad tampoco.

Hoy, el Valle del Sol ha dicho basta. Se ha declarado en Asamblea Permanente, una figura política y ancestral que emana del corazón mismo del pueblo. Desde allí, reafirman que es la única instancia legítima para tomar decisiones. No es un gesto simbólico: es un acto de resistencia.

A pesar de esta claridad, la Alcaldía de Yumbo persiste en su intención de otorgar el reconocimiento legal al falso cabildo impuesto por Ulcue y su hija. Una jugada que no solo viola la autonomía indígena, sino que abre las puertas para el saqueo de los recursos colectivos.

Esta es la corrupción en Yumbo. Una corrupción que no se contenta con robar, sino que además pretende borrar la memoria y la dignidad de un pueblo que lucha por su territorio, su identidad y su futuro.

Por Prensa Justicia y Dignidad