Categoría: Comunicados

Donald Trump, que gobierna como quien maneja un programa de telerrealidad, acaba de hacer uno de esos gestos que solo sorprenden a los ingenuos: indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y por sus vínculos con Joaquín “El Chapo” Guzmán. No fue una condena simbólica. La justicia estadounidense concluyó que, bajo su mandato, Honduras funcionó como un narcoestado, donde la política y la economía giraban al ritmo de la cocaína que pasaba de Colombia y Venezuela hacia México.

Lo lógico habría sido que Hernández terminara sus días en una celda norteamericana, como tantos otros capos. Pero Trump decidió convertirlo en mártir, héroe y ficha electoral. ¿Por qué? Porque en Honduras hay elecciones, y Trump quiere que gane el candidato del Partido Nacional, la derecha tradicional. Indultar a su expresidente condenado es, en lenguaje simple, una forma de decirles a los hondureños:

—Este es mi hombre. Este es mi equipo. Este es el lado correcto. Tomen nota.

La obscenidad es evidente: un expresidente condenado por narcotráfico convertido en instrumento de campaña por la potencia que dice librar la guerra contra las drogas. Nada que América Latina no conozca: el doble rasero moral de Washington es tan estable como su dólar.

Pero lo verdaderamente importante no es Honduras.

Es Colombia.

Lo que está probando Trump en Tegucigalpa es el libreto que piensa usar en Bogotá. Porque Trump tiene muy claro que en América Latina no necesita aliados democráticos, sino aliados obedientes. Y ha encontrado en la derecha colombiana —o en buena parte de ella— un aliado histórico, disciplinado y estratégicamente útil. No porque sean santos. No porque representen la pulcritud institucional. Sino porque, desde la Guerra Fría, han sido el socio que nunca protesta cuando los intereses de Washington están en juego.

En Honduras, Trump indulta a un expresidente acusado de aliarse con El Chapo para fortalecer al candidato de la derecha.

En Colombia, no necesita indultar a nadie: basta con bendecir a sus candidatos preferidos, presentarlos como garantes del orden y venderlos como el dique contra el “comunismo”, esa palabra que en el continente sirve para justificar cualquier cosa.

La jugada es la misma:

Reforzar a la derecha tradicional, aunque esté salpicada por décadas de narcotráfico, escándalos, narcopolítica y alianzas turbias.

Debilitar a cualquier opción que no sea funcional para los intereses del poder estadounidense, cuyo verdadero interés parece ser mantener intacta la economía del narcotráfico.

Presentar la seguridad y la lucha contra las drogas como excusa, mientras se apoya políticamente a quienes se han beneficiado del narcotráfico y han construido narcoestados.

En palabras simples:

Honduras es el laboratorio y Colombia también será el objetivo.

Por eso la derecha colombiana tiene comunicación tan fluida con Donald Trump: porque es la eterna aliada del narcotráfico. Trump no está apostando por la democracia en la región. Está apostando por quienes garantizan su agenda y sus lucrativos negocios, aunque vengan escoltados por sombras, capos o prontuarios. Si el indulto de Hernández sirve para mover votos en Honduras, la lección estará lista para replicarse en 2026 en Colombia: bendecir, proteger y exaltar a la derecha, incluso si huele a gasolina y cocaína.

No es una historia nueva.

Es simplemente el viejo libreto del imperio, repetido con actores distintos.

Y, como siempre, son los pueblos los que terminan pagando la cuenta.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Donald Trump, ese viejito anaranjado que confunde la política exterior con un mitin de campaña y el derecho internacional con un contrato de hotel, volvió a inflar el pecho para anunciar que “cerrará el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores”. Lo dijo con la solemnidad ridícula del que cree que el planeta es un tablero de Monopoly y él, el dueño del banco.

Pero la medida, si se le puede llamar medida, es legalmente absurda: ningún presidente de Estados Unidos puede cerrar el espacio aéreo de otro país, así como tampoco puede clausurar el Nevado del Ruiz o decretar que el Amazonas cierre los domingos. El único poder real que tiene es ordenar que sus propios aviones—militares, comerciales o privados—eviten determinada zona. Punto. El cielo de Venezuela solo lo puede cerrar Venezuela. O, en un escenario extremo, una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Todo lo demás es teatro, presión, pose de macho alfa en decadencia.

Y mientras tanto, aquí al lado, la derecha criolla recoge esas fanfarronadas como si fueran evangelio recién revelado. Entra entonces nuestra sacerdotisa del apocalipsis tropical, María Fernanda Cabal, que con su habitual mezcla de ignorancia militante y entusiasmo miliciano declara que “a Venezuela llegará la democracia y a Colombia la paz”. Y nos advierte, con tono de telenovela mala, que “estamos advertidos”. Como si su misión fuera asustarnos para salvarnos.

Cabal —que no estudia antes de hablar, y cuando estudia es peor— parece convencida de que las relaciones internacionales funcionan a punta de frases huecas y amenazas vagas. Y así pretende ser presidenta: gobernando el país como si fuera un corrillo de WhatsApp lleno de advertencias religiosas.

Entre el teatro geopolítico del viejito anaranjado y los delirios mesiánicos de Cabal, la región termina pareciendo un circo donde todos improvisan y nadie entiende el libreto.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Arrancó la cuenta atrás para las elecciones de 2026 y lo que tenemos no es una democracia vigorosa, sino un espectáculo que haría sonrojar a cualquier circo ambulante europeo. Aquí no hay carpa, pero sí un escenario gigante lleno de trucos, ruletas caprichosas, saltos mortales sin red y un público que no sabe si reír por costumbre o llorar por agotamiento. Colombia vive un proceso electoral que parece escrito por un dramaturgo desesperado: nadie sabe quién puede competir, bajo qué reglas, con qué partidos ni con qué sanciones. Es como ver un reality show producido por Kafka y dirigido por un Registrador con micrófonos abiertos.

Para empezar, el Consejo Nacional Electoral decidió estrenar protagonismo sancionando —por primera vez en la historia— a una campaña presidencial. Y sorpresa: resultó ser la de la izquierda. El caso contra Petro, que llevaba siglos archivado en algún cajón con polvo de dinosaurio, salió a relucir justo ahora, como esos exnovios que reaparecen por puro ocio espiritual. El CNE determinó que hubo aportes indebidos de la USO y FECODE y que se pasaron de los topes. Hasta ahí, suena a trámite. Pero la ironía se vuelve insulto cuando se compara con los grandes silencios institucionales: la campaña de Duque —sí, la del “Ñeñe” Hernández— tuvo escándalo de narcotráfico y apenas logró un bostezo del CNE. Y la de Santos y Zuluaga, aceitada con los millones internacionales de Odebrecht, terminó archivada como si fuera un volante viejo de supermercado. Pero cuando se trata de la izquierda, la institución se despierta, toma café, se activa, marca con resaltador, investiga con pasión y sanciona con una energía que no se ha visto nunca. No hace falta ser politólogo para notar el sesgo: aquí la ley se aplica con lupa a unos y con pañuelo a otros.

Mientras la izquierda intenta atravesar este lodazal jurídico, también intenta unirse… pero es como armar un mueble de IKEA sin tornillos, sin piezas y con el catálogo en mandarín. El CNE dio personería jurídica al Pacto Histórico, pero dejó por fuera a los movimientos más representativos del progresismo: Colombia Humana y Progresistas. Un acto tan absurdo que convierte la unidad en un rompecabezas al que le faltan las piezas centrales. Además, hay demandas intentando tumbar incluso esa personería parcial. En resumen: la izquierda quiere correr, pero la institucionalidad la amarra de un tobillo y le dice: “corre más fuerte, mi amor”.

La derecha, por su parte, tiene todo para tener el camino fácil: empresarios alineados, medios generosos, padrinos de siempre y una institucionalidad que la acaricia. Pero, como buen elenco de telenovela, se odian entre sí. Son tantas derechas que no caben en el mismo debate: uribistas, godos, tecnócratas, cristianos, empresarios, liberales reciclados… todos creen que son el elegido, todos quieren el micrófono, todos sospechan del otro. Es un zoológico político donde cada animal cree ser el león. Algunos se llaman a sí mismos tigres o panteras; hay hasta palomas, pero no precisamente de la paz. Hay sobrinos de narcotraficantes convertidos en candidatos presidenciales, periodistas recalcitrantes, abogados de capos, compradores de votos con auxilios y hasta delfines que nadan en mares turbios. En fin: un zoológico completo.

Mientras ellos pelean, el país entero vive un terremoto emocional. Cada semana cambia algo: una bomba, una masacre, una reforma que no pasa, un escándalo nuevo, un fallo contradictorio. El pobre Petro sin equipo jurídico y con amenaza de extradición; la fiscal, como bella durmiente, dejando pasar delitos contra el orden constitucional sin siquiera pestañear. La Corte Suprema, corrompida al extremo, con una magistrada calladita haciéndoles el juego a los gringos; el Consejo de Estado lleno de nulidades y la Corte Constitucional cuidando los intereses de la derecha, menos la Constitución. La política se volvió un deporte extremo y entenderla exige más habilidades que comprender el hinduismo sin guía espiritual. No es que seamos ignorantes: es que Colombia funciona con reglas cambiantes, instituciones fragmentadas y decisiones que parecen mensajes en clave.

Ante tanto caos, lo más sano es vivir al día, respirar profundo, escuchar mantras a Ganesha para superar los obstáculos y, sobre todo, mantener la movilización social viva. Si no nos movilizamos, nos come el tigre, y somos tan de malas que hasta podría llevar el apellido de la Espirella. Porque mientras ellos juegan a recuperar el poder —y tienen todo a su favor— solo el pueblo organizado puede exigir una democracia real, condiciones claras y, si es necesario, una Constituyente que deje de convertirnos en espectadores de un circo que no pedimos, pero que igual nos toca ver hasta el final.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

En Brasil acaban de demostrar que la democracia, cuando se respeta, se defiende con firmeza. Allá, a Jair Bolsonaro lo llevaron a los tribunales, lo investigaron con rigor, le probaron la conspiración para desconocer los resultados electorales y lo condenaron a más de dos décadas de prisión por intentar un golpe de Estado. En Brasil, las instituciones funcionan incluso cuando el acusado es un expresidente; incluso cuando es popular; incluso cuando amenaza con incendiar al país. En Colombia, en cambio, quienes llevan dos años preparando, insinuando y promoviendo un golpe de Estado blando viajan muy tranquilos a Washington, regresan sonrientes, convocan ruedas de prensa, piden sanciones contra su propio país y se pasean por los canales de televisión celebrados como estadistas. Y nadie —absolutamente nadie— los investiga.

La escena es casi grotesca. Mientras en Brasil los responsables del asalto al orden constitucional son tratados como criminales, en Colombia quienes piden intervención extranjera son tratados como analistas. Allá, conspirar contra la institucionalidad es un delito gravísimo; aquí es una estrategia de campaña. Allá, el Estado persigue a quienes intentan tumbar al gobierno de turno; aquí, el Estado se hace el de las gafas cada vez que un político colombiano se sube a un avión con destino a Miami o Washington para pedir, con el eufemismo diplomático de rigor, que “tomen medidas” contra Colombia.

Los nombres son conocidos. Las acciones también. María Fernanda Cabal ha viajado en repetidas ocasiones para reunirse con Marco Rubio, Ted Cruz, Díaz-Balart y María Elvira Salazar. No va a fortalecer relaciones bilaterales —no es su función— sino a pedir abiertamente que Estados Unidos intervenga en la política interna colombiana, frene reformas, presione al Gobierno, sancione al Presidente y, en el mejor de sus mundos, desestabilice al país. Miguel Uribe Londoño ha hecho lo mismo: ha pedido sanciones, ha promovido la narrativa de listas Clinton inventadas y ha llegado a prometer un “ministerio de la guerra” si algún día llega a la Presidencia, copiando al copetudo Donald Trump. Paloma Valencia se ha sumado a esa diplomacia paralela, difundiendo teorías sin pruebas sobre fraude electoral y sugiriendo que la comunidad internacional debe “vigilar” al gobierno colombiano.

Álvaro Uribe, más discreto, no necesita viajar: tiene la conspiración servida en su propia mesa. El senador ultraconservador Bernie Moreno —primo de su esposa— es un enlace perfecto con el trumpismo. Los alcaldes Alejandro Eder, Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón también han desfilado por Washington con libretos políticos hechos para deslegitimar al Gobierno en foros republicanos donde la palabra “intervención” no se pronuncia, pero se entiende. Vicky Davila y Juan Carlos Pinzón entran y salen de esa misma gira, y Efraín Cepeda y Katherine Miranda tampoco se quedan atrás, todos preparando el terreno para hacerse al poder en 2026. Y qué no decir de Álvaro Leyva, con sus ridículas cartas y denuncias en Estados Unidos.

El lobby y el cabildeo en Washington han tenido sus frutos: primero la descertificación de Colombia; luego los aranceles que impusieron a productos colombianos; después, la inclusión del presidente Petro, del exembajador Benedetti y de sus familias en la lista Clinton; y más adelante, el montaje judicial que ya cocinan alrededor del caso Calarcá. La meta, según voces del propio uribismo, es la extradición de los “ideólogos políticos del narcotráfico”, categoría que ellos mismos inventan para justificar su narrativa de golpe blando. Es decir: montarle un expediente a Petro con falsas pruebas para que los gringos pidan su extradición.

En una democracia medianamente seria —y no se diga en un Brasil que ya aprendió la lección a golpes— estas conductas tendrían nombre penal propio; es decir, son delitos graves contra el orden constitucional: traición a la patria, sedición diplomática, intervención extranjera indebida, perturbación del proceso electoral, concierto para delinquir con fines políticos. En cualquier código penal sensato, pedir que una potencia extranjera actúe contra el propio gobierno es un atentado contra la soberanía. Pero en Colombia no solo no es delito: es estrategia de oposición. Marca de identidad. Motivo de aplauso en ciertos círculos.

Lo grave no es que lo hagan. Lo grave es que no pase nada. Que no haya investigaciones. Que los abogados del Estado no denuncien. Que la Fiscalía no actúe, no cite, no pregunte. Que los guardianes de la Constitución prefieran mirar al techo mientras los golpistas criollos se pasean pidiendo intervención extranjera con absoluta tranquilidad.

Brasil entendió que la democracia muere si no se defiende. Colombia, en cambio, parece convencida de que la democracia es tan fuerte que hasta aguanta a quienes trabajan para derribarla desde el extranjero. Y así, mientras Bolsonaro enfrenta décadas de cárcel, nuestros aprendices de golpistas siguen muy campantes, tomando café en el Nogal, conspirando a la vista de todos. Aquí no pasa nada. Y esa —quizá— es la verdadera tragedia.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Colombia amaneció con un nuevo escándalo, tan útil políticamente como inverosímil en los hechos: ahora resulta que Iván Mordisco —el mismo que “estaba muerto”, según Iván Duque— habría financiado la campaña de Gustavo Petro. Sí, Mordisco, el que supuestamente cayó en un bombardeo mientras el entonces presidente celebraba su “operación impecable”, se robaba la recompensa y posaba de héroe. Ese mismo que meses después reapareció vivito, armado y burlándose del Estado colombiano.

Pues bien: ahora dicen que financió la campaña del gobierno que más lo ha enfrentado. Sí, señores: estas son las fantasías de Ricardo Calderón y Caracol Noticias.

Y, sin embargo, la historia aparece justo en el momento más conveniente: cuando en Washington se cocina un expediente político contra Petro, su familia y su minsitro Benedetti, quienes ya fueron incluidos en la Lista Clinton, una decisión con más ingredientes geopolíticos que jurídicos.

La pregunta no es por qué aparece el escándalo.

La pregunta es por qué aparece ahora.

Basta mirar el peregrinaje internacional de la derecha colombiana. En estos meses, Washington ha recibido más políticos nuestros que la carrera Séptima:

— Álvaro Uribe

— Paloma Valencia

— María Fernanda Cabal

— Miguel Uribe Londoño

— Katherine Miranda

— Juan Carlos Pinzón

— Vicky Dávila

— Efraín Cepeda

— el excanciller Álvaro Leyva

— y los inútiles alcaldes Alejo Éder y Federico Gutiérrez, siempre listos para saludar cámaras y estrechar manos republicanas.

Todos visitando a los mismos senadores ultraconservadores de siempre: Díaz-Balart, Marco Rubio, Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Berni Moreno, el senador republicano primo de la esposa de Uribe. Sí: Uribe tiene un senador ultraconservador de cabecera, y es de su familia.

Todos repitiendo el mismo estribillo:

“Ayúdennos a presionar al gobierno Petro.”

Y entre tanto, Tomás Uribe —el hijo de Álvaro Uribe— ya nos anunció el final de las historias que fabrica Caracol, o al menos lo que buscan: la extradición de los que él llama “ideólogos del narcotráfico”, es decir, la extradición del presidente Petro. Ahí se entiende el montaje.

Es imposible no notar la sincronía:

Visitas → alarmas → titulares → “informes exclusivos” → presiones “antinarcóticos” → Lista Clinton → escándalo local → y, como colofón, el cuento de Mordisco financiando campañas.

Pero el pueblo sabe que Petro no fue financiado por Mordisco, y también sabe que el gobierno ha depurado a las Fuerzas Militares. El pueblo sabe que Caracol y Ricardo Calderón mienten.

Lo realmente inquietante es otra cosa: la Presidencia no tiene un equipo jurídico sólido para enfrentar esta guerra jurídica y diplomática. ¿Dónde están los abogados del Estado? ¿Quiénes son? ¿Por qué no aparecen? El presidente está judicialmente solo. Su única defensa es su palabra en X. Mientras llueven montajes, presiones internacionales y campañas mediáticas coordinadas, el gobierno aparece sin defensa, sin estrategia y, muchas veces, sin respuesta.

La Fiscalía General, por su parte, parece instalada en un letargo propio de la Bella Durmiente. Ante una posible operación internacional contra la estabilidad institucional del país, reacciona como si estuviera revisando un trámite de multas de tránsito. Tanto así que un gobernador —Andrés Julián Rendón— insinuó que habría que meter a la fiscal en la Lista Clinton. Una ligereza peligrosa que evidencia el nivel de degradación del debate público. ¿Será que así la fiscal Luz Adriana Camargo se mosquea?

Mientras políticos, lobistas y periodistas viajan a Washington para presionar sanciones contra su propio país, aquí no se habla de traición a la patria, sedición, concierto para delinquir, constreñimiento al sufragante u obstrucción a la justicia. Nada. Silencio institucional absoluto. No hay investigaciones ni abogados; solo escándalo y silencio.

Y lo peor: todo esto ocurre mientras algunos sectores preparan su camino al poder en 2026, a como dé lugar.

Lo que se está jugando no es un escándalo más.

Es la salud de la democracia.

Y Colombia parece dispuesta a dormirse justo cuando más debería estar despierta.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Caracol vuelve a la carga con su género literario favorito: la fábula política. Esta vez su protagonista es Iván Mordisco, convertido —según las nuevas mitologías del noticiero— en contador de campañas, estratega electoral y, para rematar, supuesto financiador del gobierno que más ha enfrentado. Una obra de fantasía que haría sonrojar incluso a Walt Disney.

Porque creer que Mordisco —el mismo que ha sembrado pueblos de miedo, volado estaciones de Policía, asesinado firmantes de paz y dinamitado cada intento de diálogo— trabaja secretamente para favorecer al gobierno de Petro es como creer que los tiburones apoyan a los surfistas o que los lobos velan por la oveja negra. Una ridiculez útil, eso sí, para ciertos oídos.

Pero el detalle no está en la fábula, sino en el momento elegido para publicarla.

Justo ahora, cuando en Washington se cocina —a fuego lento y con la sazón ya conocida— un intento de armarle a Gustavo Petro un expediente por narcotráfico. Y justo ahora, cuando la derecha colombiana desfila con devoción casi litúrgica por los pasillos del Capitolio:

Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Londoño, Katherine Miranda, Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila, Iván Duque… Todos haciendo fila, todos cabildeando, todos susurrando lo mismo al oído estadounidense:

“Ayúdennos a tumbar al gobierno.”

Ahí sí la historia empieza a tener sentido.

No el cuento de Caracol, sino la necesidad política que lo sostiene.

¿Y qué vendrá después?

Nada extraño sería ver, cualquier día de estos, un video de Mordisco diciendo la barbaridad que el guion exija: que financió la campaña, que dirigió la estrategia, o que escribía los discursos si hace falta. En Colombia no sería la primera vez que un narco o un grupo armado dice lo que se necesita para recibir indulgencias. La historia está llena de “testimonios” oportunos, convenientes y debidamente recompensados.

Y para la DEA, un Mordisco “colaborador” sería un regalo perfecto: otro insumo para presionar al gobierno, otra ficha para los políticos estadounidenses que viven del miedo latinoamericano, otro favor para el eterno uribismo, que jamás ha dejado de considerar la geopolítica como su tablero electoral.

Porque, si algo sí es evidente, es esto:

todo lo que hace Mordisco —cada ataque, cada masacre, cada explosión— jamás ha beneficiado al gobierno.

Siempre, invariablemente, ha sido combustible para la narrativa de la derecha. Desde los tiempos de Álvaro Uribe, el terror ha sido la materia prima de su proyecto político.

Así que, en la lista de posibilidades, la única que suena razonable es la más obvia:

que Mordisco termine siendo útil —una vez más— para quienes viven del miedo; que preste su nombre, su voz o su silencio para apuntalar el expediente político que hoy se teje en Washington.

La fábula de Caracol es perfecta para la campaña electoral de la derecha, justo cuando entre ampones intentan recomponer su unidad para hacerse al poder en 2026.

La realidad, como siempre en Colombia, es bastante menos ingenua:

todos sabemos que Mordisco y sus secuaces han actuado como el brazo armado de la derecha, no como sus supuestos “perritos” al servicio del gobierno.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo