Categoría: Comunicados

El expresidente Álvaro Uribe Vélez sorprendió con una carta en la que dice que renuncia a la prescripción de su proceso penal. La noticia corrió rápido, como si se tratara de un gesto heroico, casi un acto de valentía. Pero detrás de esa declaración solemne hay más teatro político que realidad jurídica.

¿Qué es la prescripción?

En palabras sencillas: la prescripción es un límite de tiempo que tiene el Estado para investigar y juzgar un delito. Si ese plazo se cumple, el proceso se acaba automáticamente, porque la Constitución protege a las personas de ser perseguidas de manera indefinida.

No es un “premio” ni un “beneficio” que alguien pueda aceptar o rechazar. Es como el vencimiento de una leche: llega la fecha y se vence, quiera o no el consumidor.

Por eso, cuando el plazo se cumple, el juez está obligado a cerrar el caso, aunque el acusado diga: “yo quiero que me sigan juzgando”.

¿Se puede renunciar a eso?

No. La Corte Suprema de Justicia lo ha repetido varias veces: en derecho penal la prescripción es de orden público, es decir, no depende de lo que quieran el acusado, los abogados o la Fiscalía. Una vez llega la fecha, el proceso muere por sí solo.

En cambio, en los temas civiles o de deudas sí se puede renunciar. Si alguien debía plata hace años y legalmente ya no está obligado a pagar, puede decidir hacerlo por su voluntad. Pero en lo penal no funciona así, porque allí no se trata de acuerdos entre particulares, sino de la capacidad del Estado para sancionar delitos.

Entonces, ¿qué hizo Uribe?

En términos jurídicos: nada. Su carta es simbólica. El 16 de octubre de 2025 era la fecha en la que prescribía su proceso, y él anunció que “renunciaba” para que lo siguieran juzgando. El problema es que la ley no le da ese poder: aunque él diga que renuncia, si llega la fecha sin fallo, los jueces tienen que declarar la prescripción.

Lo que sí logra la carta es un efecto político: mostrar a Uribe como un hombre que no se esconde, que quiere enfrentar la justicia, que no busca atajos. Es un movimiento mediático, no legal. Una puesta en escena para ganar puntos en la opinión pública.

El verdadero asunto

En Colombia, estas maniobras no son nuevas. Las élites saben convertir cada trámite judicial en espectáculo político. Lo que debería ser un asunto técnico se transforma en relato: el del perseguido que da la cara, el del líder que no teme ser juzgado.

Pero más allá de la carta, lo que preocupa al país no es si Uribe renuncia a algo a lo que no puede renunciar, sino el ambiente que rodea su regreso a la arena política. Apenas se le levantó la detención domiciliaria, el país volvió a sentir la sombra de los atentados y la violencia. La coincidencia es demasiado evidente.

A qué debería renunciar de verdad

Más que a la prescripción, lo que Uribe debería hacer es renunciar a lo que sí depende de él: a la violencia, al miedo y al terror como herramientas de campaña. Eso es lo que necesita Colombia.

Porque la paz no se construye con cartas teatrales ni con gestos simbólicos, sino con decisiones reales. Y hoy, más que nunca, el país necesita menos espectáculo y más serenidad.

Por Justicia & Dignidad/ Periodismo independiente e investigativo

Por: Justicia & Dignidad / Periodismo Independiente e Investigativo

En Colombia la justicia parece un Frankenstein: un monstruo armado con pedazos de leyes, costuras de favores políticos y tuercas apretadas a medias. Da miedo. Hoy el Tribunal Superior de Bogotá decidió que Álvaro Uribe Vélez, condenado en primera instancia a 12 años de prisión por fraude procesal y soborno, siga en libertad mientras avanza su apelación. La misma toga que le dictó la condena impecable, ajustada a la Ley 906 de 2004, hoy es arrastrada y pisoteada.

Durante el gobierno de Uribe nació la Ley 906 de 2004, presentada como la joya de la corona del “Estado de Opinión” y la mano dura contra la delincuencia. A diferencia de la Ley 600, que garantizaba libertad hasta sentencia definitiva, la 906 permitió que los jueces ordenaran la captura tras una condena en primera instancia. La regla era clara: una vez hay sentencia, hay prisión.

Uribe, creador de ese armazón jurídico, cayó atrapado en su propia trampa. La jueza Sandra Heredia aplicó la ley al pie de la letra: condena en primera instancia, cárcel inmediata. La ironía es brutal: la “mano dura” diseñada por el uribismo se devolvió contra su arquitecto.

Pero el monstruo nunca duerme. En menos de quince días, los hilos del poder movieron la máquina. El Tribunal tildó de “vaga e imprecisa” la decisión de la jueza y le devolvió la libertad al expresidente. Un mismo país, dos caras: la jueza que cumple la ley necesita protección internacional; el expresidente condenado celebra abrazado por su partido y aplaudido por senadores extranjeros.

Sandra Heredia, la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, hoy vive bajo amenaza. Fasol, el Fondo de Solidaridad con el Poder Judicial, tuvo que pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para salvaguardar su vida. Mientras ella camina custodiada por escoltas, Uribe sonríe en los noticieros.

La imagen es tan grotesca como cierta: la justicia en Colombia coja, arrastrando una pierna herida por la presión política. El péndulo no se mueve por la ley sino por el poder. A un lado, la puerta se abre para el expresidente; al otro, se cierra sobre la jueza que osó tocarlo.

¿Quién protege a la justicia de Colombia? Esa es la pregunta que desvela y que aterra. Porque aquí la justicia no es ciega: es un monstruo que camina tambaleante, al servicio de quienes saben manipular sus costuras.

La política colombiana ya es un mal chiste, pero la de la derecha es una tragicomedia con escenas de horror, mucho cinismo y hasta carcajadas en medio de los muertos. Todo empezó en abril, cuando los cinco precandidatos del Centro Democrático —María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Turbay— mostraron que la unidad era puro cuento. Se reunieron a puerta cerrada cuatro de ellos, excluyendo al “niño rico” Miguel, porque su estilo de campaña era demasiado lujoso para el manual uribista de la austeridad de mentira. Celos, zancadillas y desplantes: así se cocina la derecha.

Ese mismo mes, Andrés Guerra propuso elegir candidato con encuestas eliminatorias, como si la política fuera un reality barato: en agosto, septiembre y octubre se iba sacando a uno hasta quedar con el finalista. La idea fue tan ridícula que el partido corrió a desmentirla, pero ya el tufillo de improvisación y pelea interna estaba instalado. Y, para completar, apareció Vicky Dávila, que dejó el periodismo para lanzarse como candidata, con un estilo a medio camino entre Trump, Bukele y Milei, convertida en influencer de la ultraderecha con micrófono en una mano y banderita en la otra.

En julio, la tragicomedia tuvo un giro dramático: la condena a Álvaro Uribe por soborno y manipulación de testigos. El partido, fiel a su guion, lloró persecución política y firmó comunicados de solidaridad, mientras el jefe, desde su finca-prisión, sigue moviendo los hilos como ventrílocuo de sus propios precandidatos.

Y entonces llegó agosto con el funeral de Miguel Uribe Turbay, que más que velorio parecía lanzamiento de campaña. La viuda picando ojo, el padre, Miguel Uribe Londoño, cuchicheando chistes con su esposa, y el ataúd convertido en tarima electoral para hablar de 2026. Se le nota a leguas que a Claudia Tarazona, la viuda, le bajaron el pulgar político, mientras el padre del difunto acaricia abiertamente la aspiración al Senado. El muerto era lo de menos, el botín electoral lo de más. Álvaro Uribe, impedido de asistir, mandó su discurso: aprovechó para estigmatizar a las víctimas de la UP y, entre líneas, deslizó el anuncio de un nuevo genocidio.

Ni se había enfriado el cadáver cuando María Fernanda Cabal salió a reclamar votos como si fueran herencia: “Éramos cinco, ahora somos cuatro”. Pero la bendición del patrón no fue para ella, sino para Juan Carlos Pinzón Bueno —de “Bueno” no tiene nada—, sobrino de Jorge Bueno Sierra, narco condenado en Estados Unidos, y santista reciclado. Otra puñalada a Mafe Cabal, que lleva años creyendo que esta vez sí la eligen, sin entender que en el manual ultraconservador las mujeres siempre están en la banca.

De ahí en adelante, las peleas se multiplicaron: Abelardo de la Espriella, lanzado como candidato de la derecha con pose militar y mocasines de peluche; y Vicky Dávila, agarrados por Saab como si fueran adolescentes en chisme de colegio. El papá del difunto, reconvertido en conferencista político de la mano del condenado Uribe, porque aquí las penas se cumplen con reflector y micrófono; y, como si no bastara, el propio Álvaro Uribe organizando conversatorios virtuales con precandidatos presidenciales del uribismo, confundiendo casa por cárcel con home office.

A este circo se sumó Josué Alirio Barrera, entre polémicas por acumulación de tierras y la anulación de su vicepresidencia del Senado por no respetar la cuota de género. Y, claro, la siempre presente María Fernanda Cabal, salpicada por señalamientos de narcotráfico y acaparamiento de tierras: su familia vinculada a Riopaila Castilla, empresa donde fueron incautados 500 kilos de cocaína, además de beneficiarse con la ocupación ilegal de más de 2.000 hectáreas de baldíos a través de ingenios azucareros ligados al Grupo Ardila Lule. Pese a estas denuncias, la senadora sigue campante en el Congreso y en campaña presidencial, confirmando la profunda impunidad y el cinismo de la política colombiana.

El remate es la familia Uribe anunciando venganza. Tomás, el heredero, amenazando con la extradición de Iván Cepeda y Miguel Ángel del Río en un obvio y descarado montaje judicial. Esa es su “venganza” contra quienes han sido víctimas y representantes de víctimas en el proceso judicial que condenó a su padre. La derecha no disimula: anuncia de frente que quiere volver con sangre, miedo y muerte.

En suma, la derecha colombiana está inmersa en una profunda crisis interna y de identidad. Desde agresiones públicas entre precandidatos, estrategias fallidas para lograr unidad, hasta el uso político de un atentado, todo evidencia una fuerza política sin claridad ni cohesión. La figura de Álvaro Uribe sigue siendo central, aunque corroída por procesos judiciales y divisiones internas. Es una derecha despelotada, dividida, pero que se sabe respaldada por la criminalidad, y eso le puede bastar para volver al poder en 2026. Por eso la tragicomedia no es solo para reírse: también genera preocupación. La bandera principal de la derecha es el odio y la muerte; si fueron capaces de usar al difunto como trampolín electoral, es claro que, una vez en el poder, los muertos los pondremos nosotros, el pueblo. El genocidio está anunciado.

Por Justicia & Dignidad 🌹

Periodismo Independiente e Investigativo

En un giro digno de una tragicomedia política, el funeral de Miguel Uribe Turbay se transformó en un improvisado mitin electoral. Entre lágrimas y discursos de unidad, algunos no pudieron resistir la tentación de recordar que el país, según ellos, necesita más votos para el Centro Democrático.

Su padre, Miguel Uribe Londoño, y su esposa, Claudia Tarazona, con la infaltable asesoría de Lester Toledo —exasesor de Bukele—, ya parecen tener la mirada puesta en el Senado o la Presidencia. Porque en Colombia ni la muerte detiene la maquinaria electoral: el luto es solo un telón de fondo para discursos estratégicos. Llama la atención que el señor Toledo no se despegó de la familia ni en la Clínica Santafé ni en el funeral de Miguel Uribe, lo que confirma que sus funciones como asesor de campaña no terminaron y que quizá todo lo que pasó obedezca a una campaña más grande.

El propio Álvaro Uribe no perdió la oportunidad: su intervención estuvo cargada de odio, revictimizando a las víctimas del genocidio de la UP y negando la responsabilidad del Estado colombiano, aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha señalado su participación y condenado al Estado.

Mientras tanto, figuras como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Viky Dávila habían pasado meses atacando a Miguel Uribe por ser el favorito de Uribe y cuestionando sus gastos de campaña. Nada nuevo bajo el sol: críticas, guerras internas y espectáculos mediáticos, “capitalización interna”, como decían algunos periodistas. Lo curioso es que ninguna línea investigativa apunta a ellas sobre el asesinato de Miguel Uribe, a pesar de ser sus rivales políticas más evidentes.

Y mientras tanto, Uscátegui Junior protagoniza otro show mediático, esta vez en el búnker de la Fiscalía, como si estuviera en una telenovela de intrigas judiciales. No muy lejos, los excéntricos Polo Polo, con sus recientes procedimientos estéticos faciales, y el cantante de O Sole Mio, Abelardo de la Espirella, adoptan una ridícula postura militar digna de caricatura, combinada con sus mocasines de peluche, y juran venganza desde sus cuentas de Twitter. Posturas que armonizan perfectamente con la ultraderechista comediante Alejandra Ascarate —a quien, según los rumores, le “cogieron” al esposo con varios kilos de cocaína en unas avionetas— y que en la misma cuenta habla de “exterminar a la plaga de la izquierda”, recordándonos que en este país el absurdo y el odio a veces se dan la mano de manera escandalosamente sincronizada… y cómica.

Aquí está la ironía más cruel: quien haya asesinado a Miguel Uribe probablemente nunca imaginó que su crimen dejaría como legado un escenario donde la derecha pudiera destilar odio y victimizarse sin freno. Lo verdaderamente inhumano no es solo la muerte de un joven, sino la instrumentalización de un enfermo y ahora de un difunto. Solo una derecha con un dirigente como Álvaro Uribe puede dar ese tratamiento de inhumanidad a alguien que ya no puede defenderse.

En este circo político, las lágrimas y los discursos estratégicos se mezclan, recordándonos que en Colombia la política a veces es más cruel que la muerte misma.

Por: Justicia & Dignidad / Periodismo Independiente e Investigativo