Angie Pahola y Adrián: la juventud que sigue desapareciendo para la guerra

La noticia llegó como suelen llegar en Colombia: primero un rumor, luego una llamada, después el silencio. Angie Pahola Tobar Carpa, estudiante de Ingeniería Administrativa de la Universidad Nacional, sede Medellín, había regresado a Guachucal, Nariño, aprovechando las vacaciones de mitad de año. Jesús Adrián Marcillo, de 30 años, la acompañaba en el viaje de regreso a Medellín. El 27 de agosto, cuando retomaban la ruta, la carretera del Cauca se los tragó.

A la altura de Piendamó, en un punto conocido como El Túnel, sobre la Panamericana, hombres armados levantaron un retén ilegal. Con fusiles obligaron al camión que transportaba queso a detenerse, bajaron a Angie y a Adrián y los montaron en otro vehículo. Desde ese momento, nadie volvió a verlos.

La familia de Angie, sumida en la zozobra, recibió llamadas extorsivas. Voces anónimas que se alimentaban de la desesperación y pedían dinero a cambio de una prueba de vida que nunca llegó. Ni una foto, ni una señal. Nada. Richard, su hermano, repetía lo único que quería saber: “Si la tienen las Farc o algún grupo. Que nos colaboren, que nos digan si están vivos, que nos la devuelvan lo más pronto posible. La familia la espera”.

Las primeras versiones señalaron a las disidencias del bloque Dagoberto Ramos, bajo el mando de alias Iván Mordisco. Esos tenebrosos ejércitos ilegales tan funcionales a la derecha del Centro Democrático. El general Alirio Aponte, de la Brigada 29 del Ejército, anunció un enfrentamiento: un capturado, un abatido, un conductor liberado y un vehículo incinerado con tres ocupantes calcinados. Las versiones oficiales insinuaban que entre ellos estarían Angie y Adrián. Pero, entre tantos comunicados, ellos siguen reportados como desaparecidos.

Después circuló otra versión más brutal: que los dos jóvenes habían sido asesinados en medio de los combates. Que, tras obligarlos a descender del camión, los insurgentes les prendieron fuego. Que sus cuerpos calcinados fueron llevados a la morgue de Popayán. Una noticia seca, que contrastaba con la esperanza terca de sus familias, que aún los esperaba de vuelta.

En Medellín, en Guachucal, en los pasillos de la Nacional, se multiplican las plegarias. Estudiantes y vecinos ponen carteles, levantan la voz, piden verdad. Pero el Estado hace lo de siempre: abrir un proceso, prometer investigaciones, soltar cifras como si fueran consuelo. Una guerra de estadísticas que oculta la tragedia: un abatido, un capturado, tres cuerpos incinerados. Y en medio de todo, el vacío inmenso que dejan dos jóvenes arrancados de su camino, que continúan como desaparecidos.

La historia de Angie y Adrián no es distinta a la de miles. Jóvenes que deberían estar soñando futuros, estudiando, amando, y terminan convertidos en botín de los fusiles. Siempre aparece un maldito mentiroso que se alimenta del dolor de las familias, un Estado que se cruza de brazos y una sociedad que calla.

La conclusión es tan amarga como inevitable: siguen desapareciendo y matando a nuestra juventud para la guerra. Una cifra más. Un expediente más. Y nada pasa.

Por Justicia & Dignidad/Periodismo independiente e investigativo

El CNE bloquea al Pacto Histórico: así opera la derecha para recuperar el poder en 2026

El Consejo Nacional Electoral (CNE) es, en teoría, la institución encargada de garantizar la transparencia, la igualdad y el respeto en la competencia política en Colombia. Sin embargo, su composición refleja una realidad incómoda: la mayoría de sus magistrados han sido elegidos con el apoyo de los partidos tradicionales, muchos de ellos de extrema derecha. Esto significa que las decisiones del organismo no siempre responden a criterios técnicos, sino que se ven atravesadas por intereses partidistas.

Un ejemplo evidente de este sesgo es la demora injustificada en otorgar la personería jurídica al Pacto Histórico, la coalición política que se consolidó como la principal fuerza del país tras llevar a Gustavo Petro a la presidencia en 2022 y convertirse en la bancada más grande en el Congreso.

El 13 de junio de 2025, el Pacto Histórico radicó ante el CNE su solicitud formal de personería, presentando todos los documentos exigidos por la ley: actas de fusión, estatutos, plataforma política y resoluciones internas. La legislación colombiana, en particular la Ley 130 de 1994, establece que el CNE tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para responder a estas solicitudes. Ese tiempo ya venció y, hasta hoy, el organismo no ha dado ninguna respuesta.

El silencio del CNE no puede considerarse un simple descuido administrativo. Se trata de una omisión con claras consecuencias políticas. Al no otorgar la personería, el Pacto Histórico queda en una situación de debilidad institucional que limita gravemente sus derechos. La falta de reconocimiento oficial impide que la coalición tenga una lista unitaria propia en futuras elecciones, le niega acceso a la financiación estatal que corresponde a los partidos legalmente constituidos y restringe su participación en los espacios de medios de comunicación que se asignan de manera oficial. En otras palabras, el Pacto, a pesar de ser la fuerza política más votada en el país, queda en una especie de limbo que reduce su capacidad de acción.

Este retraso no solo afecta a una organización política. Lo que está en juego es la calidad misma de la democracia colombiana. La democracia implica pluralismo, igualdad de condiciones y respeto a la voluntad popular. Cuando el organismo que debería garantizar estas reglas se convierte en un obstáculo, el sistema entero se ve deslegitimado. La demora en la personería del Pacto Histórico restringe el pluralismo, desconoce la decisión de millones de votantes que eligieron este proyecto político y refuerza la percepción de que las instituciones están capturadas por intereses particulares.

La gravedad de la situación ha llevado al Pacto Histórico a acudir a instancias internacionales. El movimiento solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando que en Colombia se está vulnerando su derecho a la participación política. Esta acción refleja hasta qué punto se percibe que el CNE actúa con sesgo político y no con apego a la norma.

El trasfondo de esta maniobra es claro. La derecha y la extrema derecha ven en el Pacto Histórico a su principal adversario en las elecciones de 2026. En las urnas, el Pacto ha demostrado que puede ganar mayorías, y eso preocupa a quienes han gobernado durante décadas desde el establecimiento. Por eso, en lugar de prepararse para una competencia limpia, recurren a la estrategia que mejor conocen: usar la institucionalidad para bloquear al rival, debilitar su estructura y minar sus posibilidades electorales.

El bloqueo del CNE no puede entenderse como un hecho aislado. Forma parte de una estrategia más amplia de la derecha para reconquistar el poder en 2026. Se trata de obstaculizar, dividir y desgastar al Pacto Histórico antes de que llegue la contienda electoral. Es la vieja práctica de manipular las reglas del juego en lugar de jugar en igualdad de condiciones.

La conclusión es contundente: la demora del CNE en reconocer al Pacto Histórico es una amenaza directa a la democracia. No se trata de un trámite pendiente, sino de una decisión política que busca limitar la voz de millones de colombianos que eligieron el cambio. En lugar de ser árbitro imparcial, el CNE actúa como jugador de un bando, favoreciendo a la derecha. Y en ese contexto, lo que se disputa no es solo la personería de un movimiento, sino el futuro mismo de la democracia colombiana.

Por Justicia & Dignidad/ Periodismo independiente e investigativo

Hasta que todos regresen: el legado de Yanette Bautista

En Colombia, la palabra desaparición forzada carga con un peso insoportable: madres, hermanas, hijas y esposas que viven con la ausencia, que caminan con una foto en el pecho, que golpean puertas cerradas por el silencio y la impunidad. Entre ellas, Yanette Bautista fue luz y fuerza.

Su vida cambió para siempre el 30 de agosto de 1987, cuando su hermana Nydia Érika Bautista fue desaparecida forzadamente. El dolor se transformó en impulso: Yanette convirtió el vacío en búsqueda y la búsqueda en causa colectiva. No se detuvo ante el miedo, la estigmatización ni el exilio. Desde hospitales hasta morgues, desde brigadas militares hasta despachos judiciales, llevó la foto de Nydia Érika preguntando lo que aún hoy miles de familias preguntan: ¿dónde están?

De esa herida nació la Fundación Nydia Érika Bautista, que acompañó a centenares de mujeres y familias que compartían la misma ausencia. Yanette entendió que el dolor era común, y que la dignidad debía ser también colectiva. Su voz no solo reclamó justicia para su hermana, sino para todas las víctimas de desaparición forzada, especialmente para las mujeres que, con amor y coraje, se volvieron buscadoras en un país que muchas veces quiso silenciarlas.

Gracias a su liderazgo, la lucha de las mujeres buscadoras fue reconocida como un pilar de construcción de paz. Su tenacidad abrió caminos para que el Estado admitiera la deuda con ellas, impulsando leyes y medidas de protección que hoy quedan como herencia de su batalla.

Yanette no solo buscó a su hermana. Yanette buscó a cada desaparecido. Y en esa búsqueda, nos enseñó a todos que la memoria es resistencia, que el amor vence al miedo, y que la justicia es posible cuando se camina juntas.

Hoy despedimos a Yanette Bautista con gratitud infinita. Ella nos deja un legado de dignidad y esperanza que seguirá vivo en cada mujer buscadora, en cada marcha por los desaparecidos, en cada grito que exige verdad y justicia.

Hasta siempre, Yanette. Hasta que todos regresen a casa.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Consulta Campesina Ya!

Por décadas, la voz del campesinado en Colombia fue invisible en la arena política y social. Se hablaba de tierra, de producción, de reforma agraria, pero rara vez se hablaba de campesinos como sujetos plenos de derechos. Esa exclusión histórica comenzó a transformarse con la reforma constitucional de 2023, cuando el Congreso y la Corte Constitucional reconocieron al campesinado como sujeto de especial protección, incorporando de manera explícita en la Carta Política su derecho a la tierra, a la participación y a ser consultados en las decisiones que afectan su vida y territorio.

Este reconocimiento tiene un hito en el artículo 64 de la Constitución, que en su versión reformada establece que el Estado debe promover el acceso progresivo a la tierra de los trabajadores agrarios y garantizar políticas diferenciales para el campesinado. Allí se selló, por fin, un viejo anhelo: que ser campesino no es una condición de atraso, sino una identidad digna que merece protección, tal como ocurre con los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes.

La Consulta Campesina Ya

Con ese piso constitucional, las organizaciones campesinas se han propuesto dar un paso más: impulsar la Consulta Campesina Ya, una iniciativa popular que busca recoger más de cuatro millones de firmas para que la reforma agraria deje de ser un programa de gobierno y se convierta en política de Estado.

La propuesta fue debatida en la Asamblea Nacional Campesina en Corferias, con más de 1.200 delegados de 800 organizaciones, los días 30 y 31 de agosto de 2025.

El corazón de esta propuesta está en la consulta obligatoria a las comunidades campesinas sobre el uso del suelo. En términos sencillos, significa que cualquier proyecto que impacte los territorios rurales —sea minero, agroindustrial, energético o de infraestructura— deberá contar con el visto bueno previo de quienes habitan, trabajan y cuidan esas tierras. No se trata de oponerse al desarrollo, sino de garantizar que el desarrollo no se haga contra los campesinos, sino con ellos.

Las preguntas de la Consulta Campesina

El comité promotor presentó cinco preguntas iniciales que resumen las principales demandas del campesinado:

1. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado a través de la Agencia Nacional de Tierras recupere baldíos sin fase judicial, adquiera predios y disponga de los bienes rurales incautados al narcotráfico, la corrupción y a los grupos armados, para destinarlos a comunidades campesinas sin tierra, como estrategia para superar la desigualdad y la violencia?

2. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado transforme Entidades y fortalezca programas con participación directa del campesinado, para impulsar la producción, transformación y comercialización de productos de la economía campesina, familiar y comunitaria como estrategia para acabar el hambre?

3. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado garantice que las comunidades campesinas que habitan en áreas ambientalmente protegidas puedan permanecer, participar en su ordenamiento y cuidar dichos territorios con acompañamiento, inversión pública y proyectos agroecológicos?

4. ¿Está usted de acuerdo en que todas las instituciones del Estado garanticen la protección de los derechos del campesinado, sus territorios y su desarrollo integral bajo el cumplimiento del Artículo 64 de la Constitución Política y con enfoque de género?

5. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado garantice mecanismos especiales para la protección de la vida y la paz en el campo y las comunidades, en particular para la protección integral de los liderazgos campesinos y ambientales?

A pesar de la importancia de estas cinco preguntas —que fueron construidas colectivamente por las organizaciones campesinas— consideramos que es necesario incluir una pregunta explícita sobre la consulta previa e informada frente al uso del suelo, en especial cuando se trate de megaproyectos económicos a gran escala, mineros, energéticos o de infraestructura. Solo así se asegura que el campesinado pueda decidir de manera libre y anticipada sobre transformaciones profundas en sus territorios.

¿Qué implica esta consulta?

1. Reconocimiento político: eleva al campesinado al mismo nivel de interlocución que tienen indígenas y afros en materia de consulta previa.

2. Seguridad jurídica: obliga al Estado a establecer mecanismos claros de participación antes de autorizar el uso del suelo.

3. Reforma agraria estructural: asegura que la redistribución de la tierra no dependa de la voluntad de un gobierno de turno, sino que se convierta en mandato nacional.

4. Defensa del territorio: protege la vocación agrícola y ambiental de vastas regiones rurales frente a la presión extractiva.

La Consulta Campesina Ya es más que una herramienta jurídica. Es un acto pedagógico de dignidad. Así como en los años 90 la Asamblea Constituyente abrió la puerta a los pueblos indígenas y afrodescendientes, hoy el campesinado exige su lugar en la nación. No como convidados de piedra, sino como protagonistas de un futuro que no se puede construir sin quienes siembran la comida, cuidan el agua y sostienen la vida cotidiana del país.

Se trata de escuchar a los que siempre han estado ahí, en silencio, con la azadón al hombro y la esperanza en la mirada. La consulta campesina no es un capricho; es el eco de una historia larga de exclusión que hoy reclama justicia y participación.

Por Justicia & Dignidad

Periodismo independiente e investigativo

Barcos de esperanza rumbo a Gaza — y mientras tanto, la vergüenza patria

Desde el puerto de Barcelona zarpa una flotilla hacia Gaza, cargada de agua, alimentos, medicinas… y de esperanza. Es la Global Sumud Flotilla, impulsada por más de 44 países, con activistas, médicos, artistas y juristas, dispuestos a desafiar el bloqueo israelí con hechos, no con palabras.

La necesidad es urgente: desde el inicio de la ofensiva tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, más de 63.000 personas han muerto en Gaza, según datos del Ministerio de Salud del enclave. Aproximadamente la mitad son mujeres y niños y las cifras podrían ser aún mayores, dado el colapso de los servicios sanitarios y los daños a la infraestructura .

El desamparo es abrumador. Naciones Unidas ha alertado que se está viviendo una hambruna en Gaza, con mujeres y niños especialmente afectados; casi un medio millón de personas enfrentan condiciones catastróficas de hambre . La devastación ha forzado a más de un millón de personas a huir de sus hogares, mientras hospitales y refugios colapsan bajo los bombardeos.

La flotilla parte con la fuerza de lo que muchos no se atreven a decir: que la dignidad no se negocia, que el silencio es complicidad. Barcelona se viste de despedida con pañuelos blancos y flores, sabiendo que aun si los barcos no llegan, el viaje es ya una señal.

Mientras tanto, en Colombia…

La derecha siniestra, sin memoria ni vergüenza, se muestra con los verdugos. Iván Duque —patético exmandatario— posa sonriente junto a Netanyahu, como si Gaza fuera una postal de vacaciones. Abelardo de la Espriella, el filipichín que se robo el dinero de las pirámides, amenaza con “exterminar” a la izquierda colombiana si logra la presidencia, emulando la brutal política israelí contra el pueblo palestino. Y no paran ahí: todos los precandidatos de la derecha promueven “restablecer relaciones” con Israel, respaldados por el jefe máximo de la criminalidad uribista, Álvaro Uribe Vélez.

La flotilla lleva vida. Ellos, muerte y vergüenza. Dios nos ampare del regreso de estos criminales al poder.

Por Justicia & Dignidad

Periodismo independiente e investigativo

Colombia: nuestros niños y niñas desaparecen para la guerra y la trata, y el Estado calla.

Dicen que en Colombia hay niños y niñas que se esfuman.

Pero no es magia.

No es que el viento se los lleve ni que la tierra se los trague.

Es la guerra que los roba.

Es la trata que los vende.

Es el Estado que los olvida.

En 2024, la Defensoría del Pueblo contó 463 reclutamientos forzados: 325 en el Cauca, 21 en Putumayo, 20 en el Valle, 15 en Antioquia, 14 en Huila. Y desde 2016, más de 800 denuncias por desaparición forzada de menores. El Catatumbo es mapa de esta herida.

Y no basta con la guerra. También la trata extiende sus garras: entre 2020 y 2023 hubo 709 casos documentados, con un aumento brutal del 400 % en adolescentes. Los más pobres, los desplazados, los migrantes, los más solos, son los más vendidos. Carne para explotación sexual, sudor para trabajos forzados, cuerpos para tráfico de órganos.

El color de la piel también pesa: 230 de los niños reclutados eran indígenas, 30 afrocolombianos. El racismo histórico sigue escogiendo quién muere primero, quién desaparece primero, quién no importa.

Las madres sabemos que la institucionalidad no protege: los mecanismos de búsqueda son rompecabezas con piezas faltantes; las medidas cautelares se quedan en papel mojado; y los menores entregados al ICBF regresan con moretones, con estigmas, con miedo. Algunos, incluso, regresan al grupo armado o mueren en combate.

Este país, que presume de democracia, ha fracasado como civilización. Porque una nación que permite que sus niños desaparezcan, que sean usados como soldados, mercancía o desecho, ya no es una nación: es una fosa abierta.

Por eso decimos: no venimos a pedir compasión. Venimos a exigir justicia.

Exigimos que:

Se prevenga y se sancione el reclutamiento y la trata.

Se activen de verdad los mecanismos de búsqueda urgente.

Se proteja de manera diferenciada a niñas, adolescentes, comunidades indígenas y afrodescendientes.

Se termine la impunidad que alimenta este infierno.

Hoy, en este 30 de agosto, no venimos a llorar. Venimos a gritar.

Por cada niño robado, por cada niña desaparecida, por cada familia rota.

 

Hasta que no falte ninguno.

Hasta que no sobre el dolor.

 

Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz

Vivos se los llevaron, vivos los seguimos buscando: 30 de agosto, Día de las Víctimas de Desaparición Forzada

En Colombia, los números se amontonan como escombros. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas cuenta 111.640 personas que la guerra y la indiferencia se llevaron. El Centro Nacional de Memoria Histórica habla de 121.768, cada uno con un rostro, un sueño, un olor a café y a tierra mojada. La Comisión de la Verdad apenas logra documentar 70.000, porque los otros se disolvieron en la niebla de la impunidad.

Cada cifra es un cuerpo que no volvió, un abrazo que nunca se dio, una madre que cada noche recuerda la mano que ya no tiene a quien sostener. Cada desaparecido es un hilo cortado en la trama de la vida, un grito silencioso que no encuentra oído.

Y el Estado… ese gran protector que debería buscar con ojos de justicia y corazón de madre, se queda mirando para otro lado. Las leyes existen, los decretos se firman, los informes se publican, pero los desaparecidos siguen ocultos, enterrados en fosas, escondidos en hangares, olvidados en papeles amarillentos. La impunidad es un río que corre y arrastra nombres, fechas, esperanzas.

En 2024, se reportaron 4.862 desapariciones. De ellas, 1.730 personas fueron encontradas vivas y 150 muertas, mientras los demás siguen siendo fantasmas que caminan entre nosotros, invisibles. La UBPD recuperó 941 cuerpos y entregó 131 a sus familias, un gesto mínimo frente al océano de ausencia.

Los perpetradores caminan libres. Las madres buscan en la tierra, en los ríos, en los archivos de hospitales y cementerios. Los nombres se repiten en las paredes del país como un lamento que nadie escucha. La memoria histórica es un espejo roto, y cada fragmento refleja la responsabilidad que se rehúsa a mirar su propio reflejo.

Colombia guarda secretos. Colombia guarda cadáveres. Colombia guarda silencio. Pero los desaparecidos siguen existiendo, aunque nadie los encuentre. Y mientras el Estado no cumpla con su deber de hallar, reconocer y reparar, cada cifra será un grito que se multiplica, un reclamo de justicia que no se apaga, un poema que nadie se atreve a terminar.

Porque los desaparecidos no son cifras. Son vida robada. Son historias que el viento insiste en no dejar morir.

Por Justicia & Dignidad/Periodismo independiente e investigativo

El loco de la motosierra, o cómo hacer el ridículo en cadena nacional

Milei es de esos presidentes que creen que la patria es un escenario de stand up y que la economía se arregla con una motosierra. Llegó prometiendo que iba a dinamitar a la “casta”, y terminó dinamitándose a sí mismo. La realidad, que no entiende de discursos ni de gritos, se encargó de recordarle que gobernar es más difícil que dar likes en Twitter.

En Lomas de Zamora, un barrio bravo de Buenos Aires, el presidente salió en caravana, saludando desde una camioneta como estrella de circo. Lo esperaban, sí, pero no con aplausos: le tiraron huevos, piedras y hasta lechugas. Terminó protegido detrás de escudos policiales, corriendo entre insultos y empujones. El “león” de las tribunas se convirtió en un gatito asustado bajo la lluvia. Y su hermana Karina, la todopoderosa del clan, salió con la misma cara de quien ve hundirse un bote al que ella misma le hizo los huecos.

Y es que la hermana presidencial ya no solo aparece como escudera política, sino como protagonista de un sainete judicial. Los audios filtrados la comprometen en un cobro de coimas del 3% en la Agencia Nacional de Discapacidad: plata robada de medicamentos y pensiones para personas con discapacidad. Un exfuncionario, Spagnuolo, confesó que ella cobraba y que el presidente estaba al tanto. Resultado: el juez Casanello ordenó 16 allanamientos, y el caso amenaza con dinamitar no a la “casta”, sino a la propia familia Milei. El discurso libertario se disfraza de épica, pero por debajo huele a la corrupción más vieja de todas.

El Congreso argentino, que según Milei iba a ser dócil como un perro faldero, le resultó un tigre con garras. Le tumbó cinco decretos de ajuste y, para colmo, hizo exactamente lo contrario a lo que él quería: aprobó más dinero para las universidades y declaró la emergencia pediátrica, entregando recursos a hospitales públicos como el Garrahan. Milei llegó con la tijera en la mano y el Senado le respondió con lápiz y chequera. Prometió vetos históricos, pero un veto sirve para un titular, no para un presupuesto.

El famoso “milagro liberal” terminó siendo un espejismo barato. Se suponía que los mercados iban a confiar ciegamente en él, pero lo que hicieron fue encarecer las tasas y mostrar la desconfianza. La motosierra, ese símbolo místico de campaña, corta todo menos lo esencial: los problemas políticos. Y esos problemas no se resuelven ni con gritos, ni con Excel, ni con insultos: se resuelven con votos, acuerdos y mayorías. Milei, en vez de sumar aliados, se quedó solo, cayendo más rápido que un mueble de melamina bajo la lluvia.

En términos de imagen, el resultado es grotesco. Los videos caseros lo muestran más como un fugitivo que como un presidente: arriba de una camioneta, bajo una lluvia de proyectiles, rodeado de escoltas nerviosos. Es el populismo invertido: no es el pueblo yendo a la Casa Rosada, sino el presidente huyendo del pueblo. Cuando la ceremonia republicana termina con “retírese por aquí”, ya no queda poder, solo la anécdota.

Y mientras tanto, el show internacional. Milei juega a ser Churchill en versión cosplay, abrazando guerras lejanas y firmando acuerdos que suenan épicos en redes, pero que no resuelven el precio del pan ni el presupuesto de un hospital. Afuera posa para la foto, adentro el Congreso le recuerda que gobernar no es gritar “¡Viva la libertad, carajo!”, sino pagar salarios, sostener escuelas y mantener hospitales funcionando.Y mientras tanto, el show internacional. Milei juega a ser Churchill en cosplay, abrazando guerras lejanas y sacándose fotos con millonarios, mientras entrega trozos de soberanía como souvenirs. Afuera posa para la foto, adentro el Congreso le recuerda que gobernar no es gritar “¡Viva la libertad, carajo!”, sino pagar salarios, sostener escuelas y mantener hospitales funcionando. Lo más grotesco es que, mientras el pueblo argentino se las ve con la inflación y el hambre, Milei negocia a espaldas de todos, ofreciendo la Patagonia a Israel como si fuera parte de su liquidación de garage: “Llévese dos provincias y le regalo la tercera”.

El balance es simple: promesas que envejecen mal, decretos que no sobreviven a la votación, caravanas que terminan en fuga y un gobierno que creyó que gobernar era un show, pero resultó ser un trabajo. Milei aún tiene su rugido enlatado para las tribunas fanáticas, pero el resto del país ya distingue entre ruido y acción: la motosierra hace escándalo, el serrucho hace obra.

Y, aunque parezca increíble, en Colombia hay quienes sueñan con imitar este circo. No es sorpresa: aquí siempre hay fanáticos del fracaso ajeno. Por eso hay que decirlo sin rodeos: solo los dementes del uribismo, del Centro Democrático y, en general, de la ultraderecha criminal colombiana tienen como modelo a estos personajes.

Por Justicia & Dignidad/Periodismo independiente e investigativo

La misoginia en el Centro Democrático: Uribe silencia a sus mujeres más visibles

Si algo ha quedado claro en las últimas semanas es que Álvaro Uribe Vélez no quiere, ni respeta, ni confía en las mujeres de su propio partido. El espectáculo interno del Centro Democrático por la candidatura presidencial lo demuestra con una claridad insultante: todas las precandidatas mujeres fueron bajadas de la tarima, ninguneadas o reducidas a premios de consolación, mientras Uribe se encarga de imponer —una vez más— a sus hombres de confianza.

El caso más evidente es el de Paloma Valencia. La senadora creía que al fin podría dar la pelea en la interna presidencial, pero Uribe se encargó de recordarle que su lugar es decorativo. Le ofreció, como si fuera un caramelo para un niño caprichoso, la cabeza de lista al Senado. Es decir: “no moleste con la Presidencia, aquí está su curul asegurada, gracias por participar”. Una bajada elegante pero humillante, porque la candidatura soñada se le escurrió de las manos con la misma facilidad con la que Uribe reparte conejeadas.

A María Fernanda Cabal, la mujer que más había insistido en que el partido tenía solo cuatro precandidatos oficiales, le cayó un baldado de agua fría. Uribe, desde su casa en detención domiciliaria, apareció en un video con tono paternal diciendo que había que dejar las prevenciones con Juan Carlos Pinzón porque habría un “segundo momento” para definir candidato. Y acto seguido, casi sin anestesia, metió en el ruego a Miguel Uribe Londoño, el padre septuagenario del asesinado Miguel Uribe Turbay. En otras palabras: “Doctora Cabal, aquí el que manda soy yo, y los elegidos son los hombres. Usted acomódese donde pueda”.

El mensaje fue tan claro como brutal. Cabal, que venía dándose aires de única heredera del uribismo tras el asesinato de Uribe Turbay, tuvo que tragarse el sapo en silencio. El “Jefe” la calló con un simple movimiento de ajedrez: agregó a Miguel papá al tablero y demostró que las mujeres en el Centro Democrático son fácilmente reemplazables.

Y si a Paloma la bajaron con un caramelo y a Cabal la callaron con un manotazo, lo de Paola Holguín es casi tragicómico. A ella ni la nombran, ni le ofrecen nada, ni la consideran una ficha real. Su caudal electoral es tan escaso que ni siquiera sirve para las negociaciones internas. Su papel es el de relleno, una senadora más que no incomoda porque nunca ha representado una amenaza seria para el control masculino del partido.

Pero la prueba más cínica llegó con el caso de Claudia Tarazona, la viuda de Uribe Turbay. La mujer venía haciendo sus pinitos en medios y, según reconocen hasta los portales uribistas, pidió pista para convertirse en candidata presidencial. Algo tenía: una pizca de ambición, algo de histrionismo y, como dicen quienes la vieron en la clínica, un aire de María Corina Machado, la musa ultraderechista venezolana. Tarazona se creía el cuento, posaba para las cámaras, lanzaba besos como candidata en tarima y parecía convencida de que la tragedia personal podía convertirse en capital político. Pero Uribe le cerró la puerta en la cara sin siquiera un “gracias por participar”.

Porque Uribe es así: puede perdonar a exsantistas, abrirle espacio a oportunistas reciclados, tragarse sapos ideológicos si le conviene, pero nunca aceptar que una mujer se robe el protagonismo en su finca política. Prefirió plantar a Miguel papá, un hombre sin carisma ni energía, antes que darle espacio a la viuda joven y mediática. El cálculo fue simple: mejor un hombre gris y moldeable que una mujer con ínfulas de liderazgo.

El contraste es brutal. Tarazona, con todo y sus poses de María Corina criolla, al menos daba show, sonreía ante las cámaras y jugaba al mito de la viuda valiente que recoge la bandera de su marido caído. Miguel Uribe Londoño, en cambio, parece un notario cansado que de repente decidió que la Casa de Nariño era un buen plan para pasar la tercera edad. Su oportunismo es tan evidente que ni siquiera provoca compasión: hasta en el propio uribismo se reconoce que lo único que lo sostiene es el morbo del duelo.

Y ahí está la foto final: banderillas de Colombia ondeando, un septuagenario en atril prometiendo futuro, y un partido que una vez más demuestra que para Uribe las mujeres sirven para acompañar, posar para las fotos y hacer bulto en el Congreso, pero jamás para gobernar.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Uribismo y sionismo: la hermandad de la muerte

En Colombia, cuando los jóvenes salieron a la calle a cantar su rabia y su esperanza en el Paro Nacional de 2021, el Estado les respondió con balas. Setenta y cinco muertos —muchos apenas estrenando la vida—, 83 ojos arrancados, 28 cuerpos violados, y miles de detenciones arbitrarias. Como si la juventud misma fuera un delito. Como si el futuro hubiera que fusilarlo para que no moleste al presente de los poderosos.

En Gaza, desde octubre de 2023, la muerte tiene rostro de niño. Más de 18 mil niños y niñas asesinados bajo las bombas. Otros cien, o más, muertos de hambre, lentamente, sin ruido, con el vientre vacío como tumba anticipada. El crimen no distingue entre leche materna y pólvora: los devora a todos. Y la humanidad mira para otro lado, se entretiene con las pantallas mientras se apaga la niñez del mundo.

Y como si la historia se empeñara en mostrarnos su cinismo, aparece la fotografía: Iván Duque, sonriente, abrazado con Benjamín Netanyahu, celebrando una amistad de hierro. “Siempre es un honor visitar el Estado de Israel”, escribe. Honor, dice, mientras las calles de Cali recuerdan a sus muertos; honor, repite, mientras los hospitales de Gaza no alcanzan a salvar a los desnutridos. El honor de los verdugos siempre es la deshonra de los pueblos.

No es casualidad: al lado, el empresario Gabriel Gilinski, mecenas de una derecha que en Colombia se viste de urnas, micrófonos y portadas, pero que en el fondo se alimenta de lo mismo: muerte, sangre y horror. Son los mismos apellidos que financian campañas, los mismos que ahora ofrecen “innovación social” como si el progreso pudiera construirse sobre cadáveres.

Los niños son la primera víctima del poder. Se les dispara en la cara cuando gritan justicia, se les aplasta bajo los escombros cuando nacen en la geografía equivocada, se les deja morir de hambre porque la ayuda humanitaria es menos rentable que la guerra. El odio contra ellos es la verdadera ideología de los criminales que gobiernan con Biblia en mano y bala en el bolsillo.

Que nadie se engañe: esa foto de Duque y Netanyahu no es un retrato de amistad, es una confesión. Es el rostro del uribismo en su versión internacional: el pacto entre quienes aprendieron a gobernar a punta de miedo, represión y cadáveres.

Ojalá la memoria no se deje comprar en las elecciones del 2026. Ojalá los muertos del Paro y los niños de Gaza nos griten más fuerte que las campañas publicitarias. Porque la maldad del ser humano no necesita máscaras: posa sonriente, en traje y corbata, al lado de sus pares.

Por Justicia & Dignidad/ Periodismo independiente e investigativo