Hoy es miércoles de 2025: la misma risa, la misma bala

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Impunidad, Resistiendo al olvidoPublicado el No hay comentarios

Hoy es miércoles de 2025. Así lo habría dicho Jaime Garzón en Zoociedad, con esa media sonrisa que era más punzada que chiste. Y lo habría rematado con un guiño:

—Aquí en este país no pasa nada… la misma violencia, la misma intervención gringa, los mismos criminales.

Veintiséis años después de su asesinato, la historia sigue pareciéndose demasiado a sí misma.

“A mí me gustaría no morir, no morir en la historia, pero creo que es un reto muy grande y además, muy ambicioso.”

Se cumplió. Está en la historia colombiana, clavado como faro incómodo, demostrando que sí se puede construir país a partir de la risa y que, en Colombia, apostar por la paz es colgarse una lápida al cuello.

Conoció la política desde adentro y supo salirse a tiempo para reírse de ella desde afuera. Su humor no era maquillaje: era bisturí. En Zoociedad, en Quac, en sus personajes Néstor Elí y Godofredo Cínico Caspa, no imitaba: desnudaba.

El comienzo del fin

En sus últimas semanas, Jaime caminó con la sombra de la muerte siguiéndole el paso. Le advirtieron que lo iban a matar. Lo oyó de amigos, de periodistas, de voces que preferían el susurro. Buscó al propio Carlos Castaño para ganar tiempo. La respuesta fue silencio… o trampa.

Desde el DAS, José Miguel Narváez ya había sembrado la calumnia: que Garzón era amigo de la guerrilla, que se lucraba con secuestros. Castaño mordió el anzuelo. Encargó el crimen a Diego Fernando Murillo, “Don Berna”, y este a los sicarios de La Terraza.

La Brigada XIII del Ejército alimentó el acecho: rutas, horarios, semáforos. La inteligencia se volvió pólvora.

Según exparamilitares como El Alemán y el propio Don Berna, detrás se movían generales con apellidos que todavía pesan: Jorge Enrique Mora Rangel, Harold Bedoya, Rito Alejo del Río, Mauricio Santoyo, y el coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo.

Mora Rangel, educado en la doctrina de la seguridad nacional y luego negociador en La Habana, habría usado el proceso de paz como cortina para blindar su impunidad. Bedoya dejó un prontuario de paramilitarismo y masacres. Santoyo, mano derecha de Álvaro Uribe y condenado en EE.UU. por colaborar con las AUC, aún evade la verdad. Rito Alejo del Río, “el pacificador de Urabá”, fue condenado por el asesinato del líder afrocolombiano Marino López en la Operación Génesis: un operativo conjunto entre Ejército y paramilitares.

Todos ellos —uniformados con medallas que ocultaban manchas de sangre— formaban parte del mismo engranaje: un Estado paralelo donde la inteligencia se convirtió en arma para acallar, los fusiles sirvieron a intereses privados y la risa de Garzón fue declarada objetivo militar.

El día sin carcajadas

Madrugada del 13 de agosto de 1999. Bogotá todavía bostezaba. Jaime se subió a su Cherokee rumbo a Radionet. En un semáforo de Quinta Paredes, una moto se emparejó.

Cinco disparos de revólver calibre .38. Cuatro en la cabeza. Ni una vaina en el piso. Murió al instante.

El silencio como coartada

Meses después, quienes lo mandaron matar mandaron matar también a los que dispararon. Castaño y Don Berna borraron la evidencia con más balas. El expediente se llenó de huecos, falsos testigos y versiones torcidas.

La verdad se filtró a cuentagotas: militares de alto rango, inteligencia estatal, paramilitares. Todos en la misma mesa, todos con la misma firma invisible.

En 2016, el asesinato fue declarado crimen de lesa humanidad. En 2025, el Estado aceptó su culpa. Tarde. Muy tarde.

Jaime, todavía

No lo mataron solo a él: mataron la posibilidad de reírnos del verdugo. Pero hay muertos que no se van. Jaime sigue sentado en la mesa, guiñando un ojo, recordándonos que en Colombia la risa es peligrosa… y que la verdad, cuando se cuenta con humor, duele más que la bala

Masacre del Aracatazo: vínculos con Uribe y Zapateiro

por Sofia Lopez2025, Impunidad, Resistiendo al olvidoPublicado el No hay comentarios

El calor en Chigorodó, aquel 12 de agosto de 1995, no era el de siempre. El aire estaba espeso, pesado, como si algo invisible estuviera por caer sobre el barrio El Bosque. La discoteca El Aracatazo estaba llena: la música, las risas y el licor se mezclaban en un mismo pulso. Era sábado y había fiesta popular.

Nadie imaginaba que quince hombres armados, del recién creado Bloque Bananero de las Autodefensas, entrarían sin aviso, con fusiles que parecían más largos que sus sombras. Se identificaron como “exterminadores de la subversión”. Ordenaron que todos se tiraran al piso, boca abajo. El silencio fue roto sólo por el sonido seco de los cargadores entrando en las armas.

Uno por uno fueron señalando: Héctor Tascón Duque, Luis Alberto Guisao, Antonio Moreno, Julio Alfonso Ríos, Willinton Tascón, Misleida Pérez, Jorge González, Julio Oviedo, Libia Úsuga Barrientos, Luis Aurelio Sánchez, Manuel Ballesta, Francisco Panesso, Rodolfo Ramos, Pedro Úsuga, Leonardo Mosquera, Jorge Julio Cárdenas, Mérida Jiménez, Jorge Zúñiga y Jorge González López.

Los acusaron de ser guerrilleros o colaboradores. En realidad, muchos eran trabajadores bananeros, algunos sindicalistas de Sintrainagro, militantes de la Unión Patriótica, líderes de izquierda que creían en la organización comunitaria. La mayoría hombres, tres mujeres, todos del mismo pueblo.

El primer disparo rompió la noche. Luego vinieron ráfagas largas, cortas, y otra vez largas. Cuando el humo se disipó, dieciocho personas yacían muertas. Otras dos estaban heridas. El piso de la discoteca estaba cubierto de cuerpos y sangre; el olor a pólvora se mezclaba con el de la cerveza derramada. Afuera, los vecinos escuchaban sin poder intervenir.

La masacre fue ordenada por Carlos Castaño y José Hebert Veloza, alias “HH”. La ejecución la dirigió Dalson López Simanca, alias “Mono Pecoso”. Años después, el coronel Carlos Alfonso Velásquez, segundo al mando del Batallón Voltígeros de la XVII Brigada del Ejército, diría que altos mandos militares estuvieron implicados.

En ese tiempo, el Batallón Voltígeros tenía jurisdicción sobre Urabá. Entre sus mandos estaba el entonces capitán Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, comandante de la Compañía Córdoba. Dos pelotones —uno bajo su mando— estuvieron presentes en la zona aquella noche. Ninguno intervino. La Procuraduría, décadas más tarde, pediría a la Jurisdicción Especial para la Paz que lo citara como testigo para esclarecer el papel del Ejército en la masacre.

Ningún uniformado fue condenado por esta matanza.

En ese tiempo, Álvaro Uribe Vélez era gobernador de Antioquia. Gobernaba una tierra donde los paramilitares crecían a la vista de todos, donde el terror se colaba en los cascos urbanos y las veredas. No hay procesos judiciales que lo vinculen directamente con El Aracatazo, pero la masacre ocurrió bajo su administración, en el corazón de un departamento que ardía en medio de la guerra sucia.

Hoy, casi tres décadas después, los nombres de Héctor, Luis Alberto, Antonio, Julio Alfonso, Willinton, Misleida, Jorge, Julio, Libia, Luis Aurelio, Manuel, Francisco, Rodolfo, Pedro, Leonardo, Jorge Julio, Mérida, Jorge Zúñiga y Jorge González López siguen siendo un acto de resistencia. Decirlos es no olvidar.

Porque la memoria es la única justicia que no se negocia.

Por: Justicia & Dignidad / Periodismo Independiente e Investigativo

Miguel Uribe Turbay no es quien recibe nuestras condolencias hoy

por Sofia Lopez2025, GéneroPublicado el No hay comentarios

Por Sofía López Mera/Abogada y periodista de la Corporación Justicia y Dignidad

El café humeaba sobre la mesa. Yo lo sostenía como quien se aferra a una cuerda en mitad del abismo.

Me había citado para “hablar amistosamente”. Eso dijo.9Pero la palabra amistad se rompió con cada golpe seco de su mano sobre la madera.

Los cubiertos tintineaban.

Su voz era un cuchillo que se me venía encima:

—¿Por qué me dejaste?

Los ojos rojos, el labio tembloroso, las lágrimas espesas como aceite viejo. No era tristeza. Era rabia.

Mis dedos apretaban el vaso hasta dolerme los nudillos.

Frío por fuera, hirviendo por dentro. Imaginaba lanzarlo, cubrirme, correr. Pero estaba atrapada.

Las señoras de la cafetería miraban al suelo. El silencio era un pacto: no ver, no oír, no intervenir.

Tal vez por miedo. Tal vez porque la violencia contra nosotras ya es paisaje.

Cuando me recogió el escolta de la UNP, le conté. Me respondió con un encogimiento de hombros:—Son cosas de pareja y en eso no me meto. Y sentí que otra puerta se cerraba.

Ese mismo día, leí la noticia: el 3 de agosto, en El Plateado, Argelia, mataron a Astrid Viviana Ordoñez Arcos.

La plaza olía a pólvora y a mango maduro bajo el sol. Astrid había sido voz, puente, escudo. Lideresa social. Mujer de palabra firme y pasos decididos. Le dispararon frente a todos. Llamé a un profesor que trabaja en el pueblo. Me contó que había llegado una hora después. Que vio el cuerpo.

—¿Quién fue? —pregunté.

—No se sabe —dijo.

Y ese “no se sabe” sonó a “ya no importa”.

En la noche, el brillo azul del teléfono trajo otro horror. Xiomara Ramírez, en Buenaventura. Desnuda, corriendo por unas gradas con la piel marcada. Él, también desnudo, la seguía. La atrapó por el cabello, la arrastró hacia arriba. Ella pedía ayuda. Nadie llegó.

El hombre, Steven Riascos, la golpeó hasta dejarla inconsciente.

En otro video, una hora antes, se les ve vestidos, discutiendo. Él la carga como quien levanta un costal. El preludio de la brutalidad.

Al amanecer, otra noticia: el sur del Cauca se llenó de otro nombre. Yesica Lorena Yonda. 23 años. Estudiante de enfermería. Oriunda de Silvia, viviendo en El Mango, Argelia, para poder estudiar. Tenía una hija pequeña que ahora la busca en sueños.

La encontraron sin vida el 10 de agosto. La comunidad dice que era alegre, dedicada, solidaria. Ya es una foto en una cartelera, una silla vacía en el salón de clases.

Y como un eco que no se apaga, vuelve 2012. Rosa Elvira Cely. Violada, empalada, asesinada. Y las palabras ruines que salieron de la oficina jurídica de la Alcaldía de Bogotá, entonces bajo Miguel Uribe Turbay:

Que si no hubiera salido con dos compañeros después de clase, no estaríamos lamentando su muerte.

Como si la culpa fuera de ella.

Como si la vida de una mujer dependiera de encerrarse.

Como si el asesino fuera un fantasma sin manos ni rostro.

Eso también mata.

La culpa que nos echan encima.

El silencio que nos cubre como tierra húmeda.

La mirada que se aparta.

La voz que dice “son cosas de pareja” y cierra la puerta.

Por eso hoy no doy condolencias tibias.

Hoy nombro a Astrid, a Xiomara, a Yesica, a Rosa Elvira.

Me nombro a mí.

Y nombro a todas las que no regresaron vivas.

Porque no son cosas de pareja.

Son cosas de muerte.

Y la muerte de una mujer no es un accidente:

Es la marca más oscura de un país que todavía cree que valemos menos.

Genocidio en Gaza: El reflejo más doloroso de nuestro fracaso como humanidad

por Sofia Lopez2025, Alerta Dignidad, Impunidad, Pueblos y Territorios, Resistiendo al olvidoPublicado el No hay comentarios

El 10 de agosto de 2025 debería ser un día para recordar con esperanza, pero se ha convertido en otro capítulo sombrío de una tragedia que desgarra el alma humana: el genocidio silencioso en Gaza. Más de 61.000 vidas palestinas han sido arrebatadas desde octubre de 2023, y con cada bombardeo, con cada niño que muere de hambre, estamos ante un espejo que refleja el fracaso más profundo de nuestra civilización.

Ese día, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU se reunía de urgencia para discutir el plan de Israel de tomar el control total de Gaza, no lograron hacer más que expresar su preocupación sin tomar acciones concretas. El veto de Estados Unidos selló el destino de millones de civiles atrapados en un enclave que ya es sinónimo de sufrimiento y muerte.

Y en medio de esta barbarie, cinco periodistas que solo buscaban contar la verdad fueron brutalmente asesinados en un ataque aéreo, incluyendo a Anas al-Sharif, un nombre que debería ser símbolo de valentía y libertad, pero que hoy es una voz silenciada para siempre. Más de 200 periodistas palestinos han caído desde que comenzó esta pesadilla, víctimas de un intento desesperado por apagar la luz de la verdad en medio de las tinieblas.

Los números no alcanzan a expresar el dolor: 100 niños muertos por desnutrición, 210 personas fallecidas por falta de alimentos, y apenas un 14% de la ayuda humanitaria logrando atravesar el bloqueo. Familias desaparecen, hogares son arrasados, y el mundo observa, incapaz o quizás indiferente.

La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, y Yoav Gallant, exministro de Defensa, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza, incluyendo el uso del hambre como arma de guerra. Sin embargo, pese a estas órdenes, Netanyahu prepara su visita a Argentina en septiembre de 2025. Ya han negociado con el desquiciado de Javier Milei, y la Patagonia, tierra de nuestros hermanos indígenas, se perfila como el próximo escenario de un genocidio sionista, un nuevo capítulo oscuro en la historia del Cono Sur.

Lo más desgarrador, lo más irónico, es que mientras Gaza arde, sectores políticos como el Centro Democrático en Colombia avalan esta tragedia y buscan restablecer relaciones con los responsables de esta masacre. Álvaro Uribe, en videos clandestinos, apoya a estos genocidas, mostrando que entre criminales se entienden.

Este genocidio no es solo una tragedia de Palestina; es un espejo que revela nuestro fracaso colectivo como humanidad. Si permitimos que la injusticia, el odio y la indiferencia triunfen, ¿qué esperanza queda para nosotros? El 10 de agosto no debe ser solo un día para lamentar, sino un llamado urgente a despertar, a luchar por la dignidad, la verdad y la justicia.

Porque cada vida perdida en Gaza es una herida en la conciencia del mundo. Y si no aprendemos de este horror, seremos cómplices del mayor fracaso de nuestra civilización.

Por: Justicia & Dignidad / Periodismo Independiente e Investigativo

Ataque de grupos armados en La Vega, Cauca

por Sofia Lopez2025, Alerta Dignidad, Conflicto ArmadoPublicado el No hay comentarios

10 de agosto de 2025

En La Vega, Cauca, el amanecer se abre con repique de campanas y pólvora de fiesta. Hoy es día de San Lorenzo Mártir y se cumplen 248 años de la fundación del pueblo. Las calles, empedradas y húmedas por la neblina de la madrugada, se llenan de toldos, música de chirimía y olor a lechona recién salida del horno. En la iglesia, la misa avanza pausada, como suelen avanzar las ceremonias en las montañas, con el murmullo de las señoras que rezan y el vaivén inquieto de los niños que se escapan a corretear entre los bancos.

De pronto, un zumbido extraño corta el aire. No es mariposa, ni abeja, ni helicóptero. Es un dron. Y detrás de ese primero, vienen otros. El zumbido se mezcla con un estallido seco: una explosión que sacude las paredes como si fueran de barro. En un parpadeo, la pólvora de fiesta se confunde con el fuego de guerra. Afuera, ráfagas de fusil cruzan las calles; adentro, los feligreses se tiran al piso, abrazando a sus hijos, apretando escapularios y estampas, como si el metal o el papel pudieran frenar las balas.

En la estación de Policía, a pocas cuadras, los uniformados se parapetan. El estruendo se replica en otros puntos del casco urbano: disparos, explosiones, gritos. Un grupo armado ilegal, del que aún no se sabe el nombre, es el responsable. Después de la firma del Acuerdo de Paz, el mapa se llenó de siglas nuevas y viejas, todas con un mismo objetivo: alimentar la guerra para servir a los intereses de la derecha que se beneficia del miedo y el despojo.

La Vega se convierte en un tablero de ajedrez donde la población civil es la ficha más frágil. Los caminos que ayer fueron rutas de mercado, hoy son corredores de guerra. La Alcaldía, en medio del humo y el miedo, lanza un llamado urgente: que cesen los ataques contra la gente. Pero aquí, las palabras suelen perderse en los mismos senderos por donde se escapan los responsables.

La fiesta patronal queda rota. Las flores para San Lorenzo se marchitan en las manos temblorosas de las mujeres que corren buscando refugio. El padre suspende la misa sin decir amén. Cuando, horas después, callan los fusiles y se disipan los drones, el aniversario 248 de La Vega queda escrito con pólvora y miedo. Hoy, 10 de agosto, lo que debía ser celebración se convierte en otra página de la larga historia de un Cauca que, generación tras generación, aprende a que la guerra interrumpa las campanas.

Por: Justicia & Dignidad / Periodismo Independiente e Investigativo

La Ley 906 y el efecto boomerang para Uribe

por Sofia Lopez2025, ComunicadosPublicado el No hay comentarios

Por: Justicia & Dignidad / Periodismo Independiente e Investigativo.

Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se dio uno de los golpes más importantes al sistema judicial colombiano con la sanción de la Ley 906 de 2004, que sustituyó la antigua Ley 600 de 2000. Esta ley, bandera del uribismo, prometía una justicia más rápida y contundente para acabar con la delincuencia que aquejaba al país.

Mientras la Ley 600 permitía que los acusados siguieran libres hasta que la sentencia fuera definitiva, respetando el principio de inocencia, la Ley 906, con ese toque de “mano dura” tan característico de Uribe, abrió la puerta para que la captura se ordenara apenas la sentencia estuviera en firme. Menos garantías para la defensa, más poder para el Estado y mayor rapidez para encerrar a quien se cruzara en el camino.

El caso contra Uribe, en el que se le acusa de fraude procesal y soborno de testigos — y que tuvo como protagonista a la jueza Sandra Heredia, quien lo condenó en primera instancia — es el ejemplo perfecto de esta ley en acción.

Pero aquí viene lo jugoso: Uribe, el mismo que sancionó esta ley para apretar el puño contra los acusados, ahora pide que lo dejen libre mientras su apelación avanza. La Ley 906, esa estrella de su gobierno, dice “no” y le recuerda que las reglas son las reglas, aunque duelan.

¿La moraleja? A veces, las leyes que uno crea para castigar a los demás terminan siendo la jaula donde uno mismo queda atrapado. Uribe quiso la mano dura, y ahora la mano dura le toca a él. ¡Qué ironía, que hasta el más fuerte puede quedar enredado en sus propias redes!

Manuel Cepeda Vargas: Memoria viva y semilla de esperanza

por Sofia Lopez2025, Resistiendo al olvidoPublicado el No hay comentarios

Manuel Cepeda Vargas murió un 9 de agosto de 1994, pero ese día no solo se apagó una vida, se abrió una herida profunda en el corazón de Colombia. Un hombre sencillo, de palabra clara y mirada llena de verdad, que pagó con su vida el coraje de no callar. Lo mataron los sicarios del poder, esos que no soportan a quienes luchan por justicia, por paz, por el derecho a existir.

Manuel no estuvo solo en ese camino, aunque la violencia le arrebató primero a su compañera de vida y lucha, Yira Castro, quien falleció en 1981 víctima de una grave enfermedad. Yira fue una mujer valiente, militante comprometida, periodista y activista incansable que sostuvo con fuerza la memoria y la esperanza en medio de un país hostil. Su partida temprana dejó un vacío imposible de llenar, pero también dejó una semilla que hoy crece fuerte: su hijo, Iván Cepeda Castro.

Iván creció entre historias de lucha y resistencia, con la ausencia de su madre y el martirio de su padre como herencia. Hoy, él es la voz que retumba en el Congreso y en el país, la esperanza encarnada que pelea por justicia y verdad. Cuando Iván vio que la justicia por fin condenó a Álvaro Uribe Vélez, supo que el sacrificio de sus padres y de tantos otros no había sido en vano.

Porque esa condena no es solo un acto jurídico, es un acto de sanación para miles de víctimas en una Colombia rota por el paramilitarismo, el narcotráfico y los falsos positivos. Es un acto que recuerda a Manuel, a Yira y a tantos otros que fueron silenciados, perseguidos y borrados, pero que siguen vivos en la memoria y en la resistencia de quienes no aceptan que la violencia sea la única voz.

Manuel Cepeda dejó en este país una herida abierta, pero también una esperanza enorme. La esperanza de que algún día la justicia y la verdad caminen de la mano, de que los hijos no hereden miedo sino valentía, de que los que lucharon con amor y dignidad no hayan muerto en vano.

Yira, Manuel, Iván, y todos los que siguen su camino, llevan esa llama encendida, una llama que ni el miedo ni la violencia podrán apagar. Porque en la memoria de Manuel Cepeda Vargas está la promesa de un futuro donde la dignidad venza al terror, y donde la justicia sea el abrazo que sane las heridas de este país.

Por: Justicia & Dignidad / Periodismo Independiente e Investigativo

Colombia vs Perú: la disputa por Santa Rosa y el riesgo de perder el Amazonas

por Sofia Lopez2025, Alerta Dignidad, Comunicados, Pueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

Por: Justicia & Dignidad / Periodismo Independiente e Investigativo

En el mapa, la isla Santa Rosa parece un pedazo de tierra sin importancia, flotando en medio del Amazonas, al frente de Leticia. A simple vista, es solo una mancha verde rodeada de agua café, con casas de madera y techos de zinc. Pero esa mancha hoy es una frontera en disputa. Y lo que está en juego no es solo un islote, sino la llave de Colombia hacia el río más grande del mundo.

En julio de 2025, el Congreso peruano elevó a Santa Rosa a la categoría de distrito. Para Lima, es un acto de “consolidación de la soberanía en una zona crítica de frontera internacional”. Para Bogotá, una anexión unilateral que desconoce que la isla no existía cuando se firmaron los tratados de límites en 1922 y 1929. La respuesta del presidente Gustavo Petro fue simbólica y calculada: trasladar la conmemoración de la Batalla de Boyacá a Leticia, como quien lleva la bandera al lugar donde siente que le están tocando el alma territorial.

Los opositores más acérrimos, en particular el uribismo, se apuraron a decir que esto es una “cortina de humo” para desviar la atención de la reciente condena contra Álvaro Uribe. Pero la geografía, a diferencia de la política, no se inventa con discursos. Aquí hay un problema que viene corriendo —o más bien, fluyendo— desde hace décadas, y que los gobiernos, incluido el de Uribe, dejaron pasar como si el Amazonas fuera un río quieto.

El río que se está yendo

El Amazonas, como todo río, está vivo. Cambia de cauce, erosiona, deposita sedimentos, crea y destruye islas. Lo que hoy es tierra firme, mañana puede ser agua, y viceversa. Santiago R. Duque, limnólogo y coordinador del Grupo de Investigación en Limnología Amazónica de la Universidad Nacional, lo sabe bien: desde 2007 viene advirtiendo que el cauce principal del Amazonas en el trapecio amazónico se está moviendo hacia Perú.

Los números son claros y alarmantes:

  • A inicios de los años 90, el 30% del caudal pasaba por Colombia.
  • En 2019, la cifra cayó al 20%.
  • En junio de 2025, una medición de la UNAL confirmó que el 81% del agua fluye por Perú y solo el 19% por Colombia.
  • Si nada cambia, para 2030 el río dejará de pasar por el país, excepto en temporadas de inundación.

Cuando se firmó el tratado de 1922, el canal profundo del Amazonas corría frente a Leticia, garantizando los 116 kilómetros de acceso fluvial que Colombia había ganado tras décadas de disputas. Hoy ese canal pasa frente a Perú. Y lo que para los mapas sigue siendo frontera, para el agua ya no lo es.

Santa Rosa: hija de los sedimentos

La isla Santa Rosa no existía cuando se fijaron los límites. Surgió después, como otras islas nuevas, por la sedimentación que dejan las aguas que vienen de los Andes. Esa formación natural cambió el equilibrio del cauce: el brazo peruano ganó fuerza, el colombiano se volvió lento y somero. Resultado: Perú tiene más río… y Colombia, menos.

El gobierno colombiano supo esto desde hace al menos 19 años. En 2006, el Invías contrató un estudio que recomendaba obras de encauzamiento en el estrecho de Nazareth para obligar parte del flujo a pasar por los brazos colombianos. Costaban unos 11 mil millones de pesos de entonces. El estudio quedó guardado. El presidente de la época era Álvaro Uribe Vélez. No se hizo nada.

Mientras tanto, Brasil dragaba su tramo del Amazonas para proteger el puerto de Tabatinga. Perú ajustaba su ribera erosionada. Colombia miraba desde la orilla.

No es excusa, no es cortina de humo

Decir que este conflicto es un invento de Petro para tapar otro escándalo es como decir que el deshielo del Ártico es una estrategia publicitaria de Greenpeace. El Amazonas no espera los ciclos de la política: sigue fluyendo hacia donde la gravedad y la sedimentación lo llevan.

Lo que está en juego es que Leticia, la capital más austral de Colombia, podría quedar a dos o tres kilómetros del río. El malecón fluvial sería un muelle seco. La pesca se desplomaría. El turismo se marchitaría. Y el país perdería, en los hechos, su salida al Amazonas. No sería la primera vez que Colombia pierde territorio por descuido: ahí están Panamá y los 75.000 km² de mar en el fallo de La Haya.

Santa Rosa no es un capricho diplomático: es el punto visible de una herida más grande. Y como advierte Duque, la solución no está en pelear banderas, sino en negociar con Perú —y ojalá con Brasil como garante— obras que favorezcan a todos. Porque si el río se va, se va para siempre.

El reloj corre

El 2030 parece lejos, pero en términos fluviales es pasado mañana. El problema no es que Petro hable de Santa Rosa; el problema es que por casi dos décadas nadie hizo nada. Y que cuando se pudo actuar, en 2006, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez tuvo la información, los estudios y el tiempo… y decidió dejar que el Amazonas siguiera su curso.

Ahora, ese curso lleva el agua —y la soberanía— hacia otra bandera

Lo mataron por decir NO: Crónica del asesinato de Ruhal Martinez en Villa Colombia, Jamundí

por Sofia Lopez2025, Alerta Dignidad, ComunicadosPublicado el No hay comentarios

A Ruhal Martinez lo mataron por negarse. Por decir que no. No se prestaba para instrumentalizar a su comunidad. No aceptaba que la guerrilla usara a los campesinos como carne de cañón para sacar al Ejército de la zona. No toleraba que usaran la dignidad del pueblo para encubrir una estrategia de guerra. Por eso lo mataron.

El miércoles 6 de agosto, al amanecer, Ruhal se movilizaba en moto por la vereda El Descanso, zona rural de Jamundí. Dos hombres armados, también en moto, lo interceptaron y le dispararon sin darle oportunidad. Su cuerpo quedó tendido en el camino, cubierto por una sombrilla colocada por los vecinos para protegerlo del sol. Fue una escena desgarradora: silencio, rabia, impotencia.

Ruhal era presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Villa Colombia. Llevaba más de 25 años dedicado a su comunidad. Era un líder respetado, terco, justo. Sabía que la violencia no es un disfraz, y que la paz no se impone con fusiles. Por eso no se dejó doblegar. Denunció que querían usar a la gente para expulsar a la Fuerza Pública, con el mismo libreto que han intentado aplicar en el Cañón del Micay: aparentar movilización social cuando en realidad es una operación armada para el control territorial.

Ruhal sabía que ese guion no venía del pueblo. Venía de estructuras armadas que, aunque se autodenominan disidencias de las FARC, ya no tienen proyecto político de izquierda. Hoy responden a otros intereses. Están al servicio de una agenda contrainsurgente. No combaten al Estado: lo sabotean. No luchan por el pueblo: lo instrumentalizan. Y en esa lógica, ejercen el papel de brazo armado del uribismo. Esa es la verdad incómoda que muchos no se atreven a decir.

No es una hipótesis ni una metáfora. Es una constatación política. Las disidencias del Estado Mayor Central, al mando de Iván Mordisco, actúan como fuerza de choque contra el gobierno de Gustavo Petro. Sabotean los intentos de paz, asesinan líderes sociales que defienden la institucionalidad democrática y generan miedo en las comunidades que no se subordinan. Le están haciendo el trabajo sucio a quienes desde hace décadas han impulsado la guerra para sostener sus privilegios. No hay diferencia entre los paramilitares de ayer y estas estructuras armadas de hoy. Ambas eliminan lo que estorba a sus planes.

Hace un año, asesinaron a Yeri Edwin Gaitán, también presidente de esta misma JAC. Tras su muerte, el 90 % de sus integrantes renunció. Hoy, con la muerte de Raúl, el mensaje es el mismo: o se someten, o los matan. Esa es la democracia que ofrecen los que se visten de insurgencia pero obedecen al uribismo.

Ruhal no tenía escoltas. Tenía dignidad. No quería que su comunidad fuera campo de batalla. No aceptó que la violencia volviera con otro nombre. Su liderazgo era incómodo porque era libre. Lo mataron por eso.

Y lo hicieron sabiendo que la noticia pasaría rápido, que no habría grandes titulares, que nadie sería capturado. Así se construye el silencio: a balazos y con impunidad. Pero este crimen no puede pasar como uno más. Porque no mataron solo a un hombre. Asesinaron una posición ética, una verdad, una resistencia.

Ruhal Martinez debería estar hoy planeando la próxima asamblea con su gente. En vez de eso, sus vecinos lo despidieron con rabia y tristeza, con la certeza de que lo mataron los mismos de siempre, solo que ahora con otro uniforme. Las disidencias de las FARC, hoy, son el brazo armado del uribismo en los territorios. Y el país tiene que empezar a decirlo sin miedo.

Por: Justicia & Dignidad / Periodismo Independiente e Investigativo

Los vínculos de María Fernanda Cabal con el narcotráfico y el acaparamiento de tierras

por Sofia Lopez2025, Comunicados, ImpunidadPublicado el No hay comentarios

En Colombia, donde la política parece escrita por libretistas de narconovelas, los delirios de grandeza no sorprenden a nadie. Pero hay casos que rebasan el absurdo. Tal es el de María Fernanda Cabal, senadora de extrema derecha, que con un prontuario digno de un expediente judicial y no de una hoja de vida, insiste en posicionarse como la próxima presidenta de la República. La primera mujer presidenta, según su discurso, como si el género bastara para limpiar la corrupción de una trayectoria plagada de sombras.

Cabal no solo ha sido una defensora rabiosa del uribismo y de cuanto proyecto antiderechos se le atraviesa. También carga a cuestas una serie de escándalos que harían sonrojar al mismísimo Pablo Escobar si siguiera vivo. Lo más reciente tiene nombre propio: Riopaila Castilla, una de las empresas insignia del poder agroindustrial vallecaucano, donde su familia tiene no solo acciones, sino cargos directivos. El pasado 20 de enero, en Santa Rosalía, Vichada, las autoridades incautaron 500 kilos de cocaína escondidos bajo paquetes de melaza propiedad de Riopaila y Castilla Agrícola. Las etiquetas eran claras, la evidencia contundente, el video de la incautación fue difundido por la Policía Nacional. Nadie pudo negarlo.

Pero lo escandaloso no termina ahí. Santiago Cabal González, primo de la senadora; Rafael González Ulloa, su cuñado; y María Teresa de Cabal, hermana del cuñado, ocupan altos cargos en el grupo empresarial. Familiares directos, implicados en una estructura empresarial que aparece vinculada al narcotráfico. Y como si eso no bastara, la misma empresa está bajo sospecha de haber financiado su campaña al Congreso con 26 millones de pesos. Todo muy conveniente, todo muy bien empaquetado.

Como si esta historia necesitara más ingredientes, otro frente de fuego se abre en el Valle del Cauca, donde los ingenios Pichichí y Providencia, también vinculados a la familia Cabal y al poderoso Grupo Ardila Lule, fueron denunciados por la Agencia Nacional de Tierras por ocupar ilegalmente más de 2.000 hectáreas de baldíos que pertenecen al Estado. Baldíos que, según la Constitución, deben destinarse al campesinado sin tierra. Pero aquí, como siempre, el derecho se tuerce cuando el apellido pesa más que la ley.

En cualquier democracia con algo de vergüenza, estos hechos bastarían para desatar una investigación exhaustiva, la renuncia inmediata y el retiro total de la vida pública. Pero en Colombia, Cabal no solo sigue en el Congreso. También sigue en campaña. Mientras las mujeres rurales son desplazadas, mientras las lideresas sociales son asesinadas, ella se presenta como la salvadora de la patria. Una patriota con finca, cañaduzal, avión privado y melaza de exportación.

La pregunta que nos hacemos muchos no es si ella sabía o no. Esa es una pregunta inocente. La verdadera pregunta es cuánta impunidad necesita una persona para creerse presidenciable con semejante lastre sobre los hombros. Porque ni el machismo estructural, ni la falta de referentes femeninos en el poder, ni el oportunismo político justifican que una figura pública con tantos indicios de corrupción, vínculos familiares con redes ilícitas y antecedentes de acaparamiento de tierras, se postule al cargo más alto del país sin que tiemble la institucionalidad.

Mientras tanto, los medios tradicionales miran hacia otro lado, las élites se acomodan en silencio, y buena parte de la ciudadanía sigue desinformada o anestesiada. Cabal sonríe ante las cámaras, lanza frases para la galería y sueña con llegar a la Casa de Nariño. Quizás no sabe que los tronos construidos sobre delitos terminan convertidos en tribunales.

María Fernanda Cabal no representa una nueva era para Colombia. Representa lo peor de la vieja política: la que mezcla poder, narcotráfico y familia como si fueran parte del mismo desayuno. La historia dirá si algún día enfrentará la justicia. Por ahora, su delirante aspiración presidencial solo demuestra que en este país, el cinismo es más grande que el cañaduzal.

Por Prensa Justicia & Dignidad