Uribe en el banquillo: entre videos porno, súplicas y enanos bailarines

Colombia, 2025. El país donde el presidente más intocable del siglo XXI ahora es protagonista de una tragicomedia judicial que ni Gabo habría osado escribir: el juicio contra Álvaro Uribe Vélez. El hombre de los falsos positivos, el puño de hierro y las miradas de sospecha. El mismo que decía “mano firme, corazón grande” ahora desfila cabizbajo por Paloquemao, repitiendo que es solo un viejito de 73 años… pero con un prontuario que haría temblar a Don Corleone.

Todo empezó con solemnidad hasta que… ¡pum! El papelón. La Fiscalía proyectó por error un video. En pantalla apareció un enano bailando champeta con una botella en la cabeza. Medio estrado tragó saliva. Acto seguido, otro archivo: porno explícito. El país se paralizó entre el bochorno, la risa nerviosa y la sospecha de que estábamos viendo un sketch de Capusotto.

Uribe, estoico, alcanzó a decir:

— “Qué vergüenza, señora jueza…”

Y no era para menos: el video venía en la carpeta de evidencias enviada por su exabogado Diego Cadena, que al parecer tampoco sabía usar carpetas comprimidas. Según testigos, Jaime Granados, su defensor estrella, vomitó en una matera y Cadena ofreció “buscar un enano más serio para reparar el daño”.

Pero el show apenas comenzaba. En febrero, el Tribunal Superior de Bogotá aceptó como prueba las interceptaciones entre Uribe y Cadena. Como Cadena aún no era abogado formalmente en ese momento, el secreto profesional se fue al carajo. En los audios, Uribe raja con todo de su combo jurídico:

— “Eso no lo maneja ni Granados… ni Lombana, con tristeza lo digo.”

Luego publicó una disculpa en X, echándole la culpa a la “angustia”. ¿Quién no ha pelado el cobre en una llamada y luego pedido perdón?

Pero es que ese tipo de cliente es el terror de cualquier abogado penalista. Sobrador, ansioso, parlanchín. No se deja asesorar, da órdenes, y luego se queja de que lo están hundiendo. Por eso el meme más compartido en los chats jurídicos dice: “Si Uribe lo contrata, finge un infarto o tírese por la ventana. Salve su tarjeta profesional”.

Y si la comedia no era suficiente, llegó el momento tenebroso. En plena audiencia, mientras testificaba Carlos Eduardo López Callejas —más conocido como ‘Caliche’—, Uribe se pasó un dedo por el cuello. Una señal que en cualquier barrio del mundo significa “te vas a morir”. Las redes estallaron: ¡Uribe está amenazando al testigo! El escalofrío quedó. Si no fue amenaza, fue casting para el papel de padrino.

Además, Uribe llegó ansioso a todas las audiencias. Respiraba agitado, tragaba en seco, y la valeriana claramente no le estaba funcionando. Se le notaba la nostalgia por su finca, sus caballos, y por los tiempos en que podía llamar a alguien de la Corte con un guiño, soborno y asunto resuelto.

El colmo de lo absurdo fue cuando pidió interrogar directamente a Iván Velásquez, exmagistrado auxiliar y exministro de Defensa. El verdugo judicial de su vida. Lo que siguió fue una cadena de preguntas tan mal formuladas que ni los jueces, ni los abogados, ni Google entendieron qué quería decir. Velásquez no respondió. Solo se rió, con la tranquilidad de que la justicia tarda pero llega.

Y como final de telenovela, el 7 de julio, Uribe se puso sentimental:

— “Yo soy muy viejo, señora jueza… 73 años. En mi alma yo quiero que me absuelva.”

Silencio en la sala. Alguien tiró un esfero. La jueza lo miró con miedo notorio. Escribió algo en su libreta. Seguro su diario de emociones, porque tener la desgracia de juzgar a Uribe es saber que algo no tan bueno puede pasarle.

Conclusiones:

Uno: Ser abogado de Uribe no es ejercer el derecho, es una práctica parecida a la tortura. De clientes así, líbranos, Señor.

Dos: Gracias, Iván Cepeda. No olvidamos que este milagro jurídico no cayó del cielo. Fue lucha, terquedad y dignidad de una víctima de Estado que logró sentar al intocable.

Tres: La derecha ya huele a polvora. Editoriales llorones, cadenas de WhatsApp, amenazas a la jueza, atentados con “autor desconocido”… y por ahí el anuncio macabro de Álvaro Leyva: “Petro se puede morir”. Todo huele a golpe de Estado, y no tan blando como lo pintan. Como si la novela se pusiera más negra.

Reímos para no llorar. Y escribimos para no olvidar.

Y mientras tanto, en alguna finca paisa, alguien ya debe estar buscando un enano más serio. Para el próximo acto.

Por Prensa Justicia & Dignidad

Petro se puede morir: La Alarma que Desató Leyva

Las alarmas se encendieron esta semana tras una entrevista escalofriante del excanciller Álvaro Leyva. Desde su suspensión por faltas gravísimas, reapareció públicamente con una declaración que ha generado repudio y temor: “Petro se puede morir”, dijo, agregando que Francia Márquez, como sucesora constitucional, “haría bien las cosas”.

La frase no fue casual. En medio de un clima político cada vez más enrarecido, este tipo de afirmaciones despiertan sospechas sobre los movimientos soterrados de sectores del poder que no toleran el avance del cambio democrático. Leyva, un político curtido en las élites, no improvisa. Lanzar la palabra “muerte” junto al elogio a la vicepresidenta no es solo temerario: es profundamente siniestro.

A esto se suma un hecho gravísimo que pasó casi desapercibido: el pasado fin de semana, el avión presidencial no pudo aterrizar en Bogotá por una alerta de misil tierra-aire. La ruta fue desviada a Pereira y el presidente tuvo que regresar a la capital en un avión militar de guerra, no en el presidencial. Se trató de una alerta real de atentado. Y no ha habido una explicación pública clara sobre quién estaba detrás.

El contexto es aún más preocupante: se avecina una posible condena contra Álvaro Uribe Vélez, un hecho que reconfiguraría el panorama judicial y político del país. La derecha extrema sabe que, si cae Uribe, también cae su narrativa. Y ya ha demostrado que haría lo que fuera por volver al poder.

Las declaraciones de Leyva, el atentado frustrado contra el presidente, y los tiempos judiciales que se avecinan, apuntan a una estrategia coordinada de desestabilización. No se trata de una teoría: los hechos hablan por sí solos.

La ciudadanía, los movimientos sociales y los sectores democráticos deben mantenerse en alerta máxima. Lo que estamos viviendo no es una disputa política normal. Es el desarrollo meticuloso de un golpe de Estado en marcha, disfrazado de institucionalidad, legalidad y discursos venenosos lanzados con total impunidad.

Que el mundo lo sepa. Que el pueblo despierte. Que Dios nos ampare.

Por Prensa Justicia & Dignidad

El odio contra las mujeres no siempre apunta al pecho. A veces atraviesa el cuerpo de sus hijos.

Popayán amaneció con la piel desgarrada. Dos niños —de 10 y 13 años— fueron apuñalados mientras dormían en un hostal del centro histórico. El agresor: Jhonatan Martínez Orozco, de 31 años, compañero sentimental de la madre. No era un ladrón. No entró por venganza callejera ni ajuste de cuentas. Entró a herir, a matar, a destruir donde más duele: en la carne de los hijos.

¿Quién le dio derecho a ese hombre a decidir sobre la vida de esos niños? El patriarcado.

Ese viejo régimen, vestido de celos, de control, de “tú me perteneces”. Esa estructura invisible pero letal que autoriza a los hombres a castigar a las mujeres por vivir, por separarse, por tener hijos que no son suyos, por no obedecer.

Esto es violencia vicaria: cuando un hombre hiere a una mujer atravesando el cuerpo de sus hijos. No es locura. No es arrebato. Es patriarcado en acción. Es el crimen de género más silencioso y más devastador.

En la madrugada del jueves 3 de julio, mientras los niños dormían, Martínez entró sin aviso con una navaja. Uno quedó herido en la pierna. El otro, con lesiones graves, tuvo que ser operado. Sobrevivieron. Pero la herida queda.

El día de ayer, 6 de julio, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Martínez por tentativa de homicidio agravado. La comunidad intentó lincharlo. La justicia, por ahora, lo mantiene preso.

Colombia llora a sus hijos muertos, heridos, traumatizados. Pero sigue sin nombrar esta forma de violencia como lo que es: un crimen político. Una advertencia brutal para todas las mujeres: “Si no eres mía, te vas a arrepentir”.

Hay cifras contundentes que evidencian la magnitud de la violencia vicaria en el país: más de 3.400 mujeres entre mediados de 2023 y mayo de 2025; 2.517 casos solo en 2023. La discusión legal avanza, pero la realidad reclama urgencia en visibilidad, tipificación y protección efectiva para las víctimas.

Justicia no es solo cárcel. Justicia es llamar las cosas por su nombre. Y el nombre de esto es odio patriarcal.

Que no se esconda. Que no se normalice.

Que no vuelva a pasar.

—Prensa Justicia y Dignidad

#ViolenciaVicaria #JusticiaYa #NiUnaMás #NoEsUnCasoAislado

Que no se repita la historia

En diciembre de 2022, Perú fue testigo de un golpe blando que disfrazó la caída de Pedro Castillo como defensa del orden constitucional. La escena fue tan pulcra que hasta parecía legal. La vicepresidenta Dina Boluarte asumió el cargo en nombre de la institucionalidad y, en poco tiempo, se convirtió en la primera mujer presidenta del país. Pero no lo hizo como símbolo de cambio, sino como garante del continuismo, sin pueblo y con represión.

El precio fue altísimo.

Más de 60 personas asesinadas en protestas, la mayoría indígenas, campesinas, jóvenes del sur. 1.300 personas heridas, muchas con traumas irreversibles. Más de 800 detenidas arbitrariamente. Organismos internacionales como la CIDH, Amnistía Internacional y la ONU documentaron ejecuciones extrajudiciales, uso desproporcionado de la fuerza y racismo institucional. Mientras esto ocurría, Boluarte sostenía, en su primera alocución como presidenta, que velaría “por los nadies, los excluidos, los ajenos”.

Las mismas palabras que ha usado Francia Márquez desde que era precandidata presidencial en Colombia, como reivindicación de los pueblos negados: comunidades negras, indígenas, rurales, empobrecidas.

Pero en Perú, esos “nadies” fueron reprimidos y asesinados.

También prometió enfrentar la corrupción “en todas sus escabrosas dimensiones”, cuando el presidente Pedro Castillo —acusado de corrupción sin juicio ni garantías— era derrocado entre maniobras del Congreso, el empresariado y las élites limeñas.

Hoy, en Colombia, los ecos de ese libreto no solo resuenan… se están ejecutando. La reciente investigación del diario El País de España lo confirmó: los audios filtrados revelan que el excanciller Álvaro Leyva —hoy sancionado y suspendido— afirmó que Francia Márquez estaba al tanto de todo. La operación para desestabilizar al presidente Petro ya no es conjetura: estamos en la segunda fase del golpe blando. Estados Unidos ha empezado a cancelar visas a altos funcionarios colombianos, llamar a consultas a sus embajadores en EE. UU. y Europa, y aplicar sanciones políticas disfrazadas de medidas diplomáticas. Es el mismo guion que ya vimos ejecutarse en Bolivia, Perú y Paraguay: una fórmula de presión, aislamiento y “transición ordenada” que siempre termina traicionando la voluntad popular.

¿Quieren convertir a Francia Márquez en la “Dina Boluarte” de Colombia? ¿Quieren usar su rostro para legitimar una transición sin pueblo, impuesta desde los despachos internacionales y las élites nacionales?

Francia no es Dina.

Colombia no es Perú.

Pero si no aprendemos de la historia, la historia se repite… y esta vez con rostro de mujer, pero sin justicia para el pueblo.

Que no se repita la historia.

Porque las mujeres no estamos para ser fichas, ni transiciones, ni excusas.

Estamos para gobernar con el pueblo, no contra él.

Y no vamos a callar mientras se ejecuta otro golpe con disfraz de legalidad e institucionalidad.

Por prensa Justicia & Dignidad

No es crisis diplomática, es golpe de Estado: Plan B

A ver, digámoslo sin rodeos: los pillaron. La operación para tumbar a un presidente elegido ya no es delirio ni conspiración. Tiene nombres, fechas, audios, renuncias incómodas y una banda sonora armada en tiempo real. Y cuando todo sale a la luz, el imperio y su tropa local se indignan, convocan embajadores y publican comunicados solemnes. Teatro puro.

El excanciller Álvaro Leyva admite en audios que fue a EE. UU. a buscar apoyo para reemplazar a Petro por Francia Márquez. Se reunió con congresistas republicanos como Díaz-Balart y Giménez; Vicky Dávila aparece como pieza clave. También se menciona el uso del ELN y el Clan del Golfo. No es ficción, es un libreto sin tanques, pero con patrocinadores.

En paralelo, congresistas de derecha desfilaban por Washington. Cabal, Uribe Turbay y otros se reunían con esos mismos halcones. En febrero, Dávila pedía vigilar las elecciones de 2026; en mayo, Uribe posaba feliz en oficinas republicanas. Lo que parecía diplomacia, hoy huele a conspiración con pasaporte.

Cuando salieron los audios y se conectaron los puntos, el plan se les vino abajo. Entonces llegó la reacción de manual: Estados Unidos llamó a consultas a su embajador, acusó a Petro de exagerado y lanzó su batería clásica de sanciones simbólicas y amenazas. Incluido el viejo truco del castigo silencioso: quitarle a ciertos funcionarios el acceso a la “vida norteamericana”. Es decir, les revocan visas, les congelan cuentas, les cierran las puertas de universidades, eventos y pasillos de poder. No los tumban con tanques, pero sí con restricciones para entrar a Whole Foods, Harvard o Miami. La democracia, al parecer, se defiende también desde la aduana.

Mientras tanto, en Colombia el show de distracción continuaba: Miguel Uribe hospitalizado con su narrativa de mártir, su esposa transmitiendo desde la clínica como si fuera influencer de guerra. La canciller Sarabia renuncia justo en el peor momento; tan oportuna que parece sugerida, no voluntaria.

Y cuando el libreto ya sonaba predecible, apareció Martha Lucía Ramírez firmando una carta a nombre de exministros sin consultarlos. Aunque algunos la desmintieron, la carta ya estaba en Washington, cumpliendo su propósito: presentar a Petro como un peligro inminente.

Anoche tocó la pieza de “escalada terrorista”: Cabal tuiteó que Colombia “revive sus épocas más oscuras”. Que el ELN, las FARC y bandas actúan con impunidad mientras Petro se inventa enemigos. Qué casualidad que en el día de ayer  ocurrieran atentados y bloqueos en Buenaventura-Loboguerrero, y más casualidad aún que Paloma Valencia tuviera todos los detalles minuto a minuto, como si los hubiera coordinado por walkie-talkie. Cilindro por cilindro, camión por camión, peaje por peaje. ¿Premonición o línea directa?

Y justo al calor de los audios, los atentados y las renuncias, Estados Unidos subió el tono. Además de llamar al embajador, ahora se habla de sanciones económicas, aranceles, suspensiones de cooperación y más “castigos ejemplares”. Si no tumbaron al presidente en la sombra, lo intentarán por el bolsillo. No lograron imponer un cambio desde dentro, así que ahora juegan a sofocar desde afuera.

Así, lo que llaman crisis diplomática es solo el Plan B del golpe. Las sanciones, los trinos, los atentados, las renuncias estratégicas y las cartas improvisadas no son hechos aislados: son escenas del mismo show. Lo que no lograron entre bastidores, lo intentan ahora con chantaje, titulares escandalosos y presión económica.

El golpe no fracasó. Solo cambió de método. Ya no necesita militares ni cañones: basta con senadores conectados, periodistas obedientes, embajadas indignadas, visas suspendidas y terrorismo de ocasión. La democracia se erosiona entre trinos, audios y columnas en inglés.

No fue Petro quien rompió las reglas: fue quien se atrevió a mostrar que el juego estaba amañado. Y por eso lo quieren castigar.

Señor Rubio, nadie se va a retractar. Esto no es un malentendido diplomático ni un conflicto de palabras. Es otro capítulo del golpe que la derecha viene urdiendo desde el primer día del mandato de Petro. Los cañones fueron reemplazados por trajes, columnas, sanciones… y radios de corto alcance.

Por Prensa Justicia & Dignidad

¿El páramo de Santurbán no hace parte de Colombia, potencia mundial de la vida?

Santurbán es mucho más que una montaña. Es un páramo, una fábrica natural de agua, un ecosistema que alimenta a más de 2.5 millones de personas en Bucaramanga, Cúcuta y decenas de municipios rurales. De allí fluye el agua que se bebe, que se cultiva, que sostiene la vida. Cuidarlo no es una causa ambientalista: es una obligación constitucional, un acto mínimo de justicia con la tierra y con quienes viven de ella.

En 2014, el gobierno Santos delimitó el páramo, pero lo hizo mal. No consultó a las comunidades, no sustentó científicamente su decisión y dejó por fuera zonas clave, todo para proteger intereses mineros. Por eso, en 2017, la Corte Constitucional tumbó esa delimitación mediante la sentencia T-361 y ordenó hacer una nueva. Participativa. Ambiental. Justa. Porque el derecho al agua y al ambiente sano no se negocia.

Sin embargo, el gobierno de Iván Duque aprovechó el vacío para maniobrar. En 2021, firmó un acuerdo con el municipio de Vetas que permitió extraer más de 800 hectáreas del área protegida, bajo la promesa de reconocer la minería ancestral. Pero detrás de ese pacto se escondía otra intención: facilitar la entrada de 12 títulos mineros, muchos de ellos en manos de multinacionales y empresas extranjeras. Se legalizó la destrucción, con rostro de concertación.

Con la llegada del gobierno Petro se esperaba un cambio. La promesa era clara: el agua por encima del oro. Pero la realidad ha sido otra. En casi dos años, el Ministerio de Ambiente no ha cumplido el mandato de la Corte. De 31 mesas de concertación solo se realizaron 6. La delimitación sigue sin definirse. La protección del páramo, sin garantías.

Peor aún, en mayo de 2025, la ministra Lena Estrada presentó un concepto técnico que reproduce el acuerdo firmado durante el gobierno Duque. En lugar de corregir el rumbo, lo consolidó. En lugar de proteger el agua, validó el recorte. En lugar de escuchar a las comunidades, impuso una visión extractivista. La reacción fue inmediata. Las comunidades de Vetas pidieron que se inhabilite del proceso. El sindicato del Acueducto de Bucaramanga la acusó de traicionar la defensa del agua. Y el Tribunal Administrativo de Santander abrió un incidente de desacato por no cumplir con la sentencia de 2017.

Hoy, lo que está en juego no es solo un pedazo de páramo. Es la coherencia de un país que se declara potencia mundial de la vida mientras permite que los intereses mineros avancen sobre sus ecosistemas más frágiles. Santurbán no puede seguir siendo negociado a puerta cerrada. La vida no se tramita. El agua no se vende. El páramo no se entrega.

Por Prensa Justicia & Dignidad

El golpe de Estado en marcha

Washington, Bogotá, Madrid. Las piezas, por separado, podrían parecer inofensivas: una gira parlamentaria aquí, una denuncia mediática allá, un viaje de congresistas a Washington, un parte médico. Pero cuando esas piezas se conectan —como acaba de mostrar el diario El País de España en un explosivo reportaje— el panorama que se dibuja es inquietante: en Colombia, se habría gestado una operación política transnacional para derrocar a un presidente elegido democráticamente.

El 29 de junio de 2025, el diario El País de España reveló audios donde el excanciller Álvaro Leyva admite haber buscado apoyo en Estados Unidos para remover a Gustavo Petro y reemplazarlo por Francia Márquez. En la trama aparecen los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, con quienes se habría reunido, y la periodista Vicky Dávila, mencionada como pieza clave en la narrativa contra el Gobierno. También se alude al uso del ELN y el Clan del Golfo para generar presión territorial. Todo apunta a un intento de golpe de Estado

En paralelo, congresistas de derecha colombianos desfilaron por Washington. María Fernanda Cabal y Miguel Uribe Turbay sostuvieron encuentros con figuras del Partido Republicano, como Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar. Dijeron estar preocupados por la democracia y la inversión extranjera, pero las coincidencias de fechas y actores empiezan a levantar sospechas.

Las visitas que hoy cobran otro sentido

En febrero de 2025, la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila viajó a Estados Unidos y se reunió con varios congresistas republicanos. En sus propias palabras, les pidió “vigilar las elecciones de 2026” y expresó que “Petro no es Colombia”. Fue recibida con entusiasmo por Salazar, Díaz-Balart y Rick Scott, todos conocidos por sus posturas duras frente a gobiernos de izquierda en América Latina.

En marzo, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, encabezó una delegación que también se reunió con parlamentarios de EE. UU. y la OEA. Aunque presentaron la visita como institucional, el propio Petro acusó injerencia. Cepeda respondió acusando al presidente de “aislar al Congreso”.

En mayo, Miguel Uribe Turbay fue fotografiado con congresistas republicanos en Washington. Lo que parecía un viaje político más, hoy se ve bajo otra luz. Algunos de esos mismos congresistas aparecen mencionados en la denuncia que El País expone como parte de una supuesta conspiración.

La carta del Congreso colombiano al Capitolio

Ante la gravedad de lo revelado, congresistas colombianos enviaron una carta formal al Comité de Ética de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, solicitando una investigación contra Díaz-Balart, Salazar y Giménez. Los acusan de una presunta injerencia indebida en asuntos internos de Colombia, lo que violaría la Carta de la OEA y los principios del derecho internacional.

La carta menciona como fuente el artículo de El País y advierte que, de confirmarse los hechos, se estarían sentando precedentes peligrosos para las relaciones bilaterales y la estabilidad democrática regional.

La política como espectáculo: el caso Miguel Uribe

Y como si esto fuera poco, se ha desarrollado en paralelo un extraño espectáculo mediático: Miguel Uribe Turbay, internado en la Clínica Santa Fe y sometido —según su equipo— a delicadas intervenciones quirúrgicas, ha estado en el centro de una narrativa de dramatismo público. No por su estado de salud, sino por las imágenes que su esposa, Claudia Tarazona, ha difundido.

En redes se le ve tomándose selfies desde la ventana de la clínica, tirando besos, y visitándolo sin guantes ni protocolos sanitarios, incluso posando sobre el cuerpo del senador. Mientras medios uribistas elevan la historia al nivel de “milagro médico”, otros sectores la interpretan como un intento de construir una narrativa de martirio político. Todo esto, mientras el país se sacude por escándalos de fondo que podrían comprometer a quienes impulsan esa imagen.

¿Democracia o golpe de Estado?

La suma de todos estos eventos configura algo más profundo que una coyuntura. Lo que está en juego es el futuro del pacto democrático colombiano. La democracia no se rompe solo con tanques. También se erosiona con discursos de miedo, cartas enviadas al extranjero, maniobras silenciosas y gestos simbólicos que, aunque aparentemente inofensivos, buscan preparar el terreno para lo impensable.

Colombia se asoma, una vez más, al abismo de su propia historia.

Y los titiriteros —desde Washington, los medios o las redes sociales— parecen listos para jalar los hilos.

Por Prensa Justicia & Dignidad

Sarmiento, Odebrecht y el país de los vivos

En Colombia, ese país mágico donde las leyes tienen la elasticidad de un chicle masticado, ocurrió el milagro empresarial del siglo: a Luis Carlos Sarmiento Ángulo, el hombre más rico del país, le dieron un contrato de un billón de pesos para construir una carretera.

La idea era sencilla: construir la famosa Ruta del Sol II, un proyecto vial para conectar al país y mejorar la infraestructura. Pero en lugar de hacer lo que cualquier contratista serio haría —construir la bendita carretera—, el señor Sarmiento (a través de su empresa Corficolombiana, en alianza con los brasileños de Odebrecht) optó por otro camino:

1. Recibió el billón.

2. No hizo la obra.

3. No devolvió la plata.

4. Y ahora exige indemnización.

Sí, así como lo lees. Después de que el contrato se cayó por corrupción —porque Odebrecht pagó sobornos para quedarse con la licitación—, el Tribunal de Arbitramento en Colombia dijo: “Uy sí, pobrecito el consorcio, hay que pagarle lo que invirtió”.
Y adivina qué: ese consorcio es Sarmiento + Odebrecht.

En resumen: le dieron un billón, no hizo la carretera, se destapó el escándalo de corrupción, y ahora se va con otro cheque como premio de consolación. Como diría cualquier mamá sensata: esto solo pasa en esta casa.

Mientras Miguel Uribe se lanza al estrellato como actor de reparto en la serie “Golpe de Estado no tan blando”, y nuestro presidente Gustavo Petro tiene que pelear no solo contra la oposición sino contra el fuego amigo,
Sarmiento Ángulo está de fiesta.

Colombia: el país de los absurdos.

Prensa Justicia & Dignidad

Yeimer Piamba, hallado decapitado en El Patía, Cauca: el crimen que no conmueve a los medios

A Yeimer Andrés Piamba Buitrón lo arrancaron del mundo como si su existencia no valiera nada. Tenía 30 años, una familia que lo esperaba, y un lugar en el tejido del pueblo. El 25 de junio salió de su casa en El Patía, Cauca, y el viento lo engulló. Solo el silencio volvió. Y ese silencio, que pesa más que un disparo, se convirtió en la angustia de su gente.

Una semana después, la tierra habló.

Allí, en el corregimiento de Piedra Sentada, unas ropas tiradas en medio del monte alertaron a la comunidad. Cavar fue un acto de amor y de espanto. El cuerpo estaba ahí. Desnudo. Decapitado. Sin nombre, sin rostro, sin alma aparente. Pero su familia lo reconoció, y al reconocerlo, le devolvió la dignidad que los criminales quisieron arrebatarle.

Su cabeza no apareció. Y eso lo dice todo. Decapitar es borrar. Es una forma de decir “no existes”. Pero no pudieron. Porque en la memoria del pueblo, Yeimer tiene rostro, nombre y corazón.

Esto no es noticia en los grandes medios de comunicación. Porque la barbarie se normalizó. Porque solo duelen las víctimas con apellidos y abolengo. Porque, como dijo Galeno, “los pobres valen menos que la bala que los mata”.

Prensa Justicia & Dignidad

Julio de 2025

Ocho líderes asesinados en Guaviare: crimen ordenado por disidencias de las FARC

La selva no olvida. Guaviare tiene la piel surcada por el miedo y la memoria. En Calamar, un municipio perdido entre la espesura, la tierra parió ocho cuerpos. Ocho líderes. Ocho nombres que no debieron ser enterrados así, sin despedida, sin justicia, sin protección.

Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón. Eran pastores, lideresas, dirigentes comunitarios. Eran la voz de los que no tienen voz, y por eso les silenciaron.

Los citaron el 4 de abril. Una llamada, un mensaje, una orden. El Frente Primero «Armando Ríos» de las disidencias de las FARC los convocó, con la excusa de evitar que el ELN sembrara raíces en la región. Fue una trampa. No era una reunión. Era una sentencia.

Las mujeres que los acompañaban fueron devueltas. A ellos los desaparecieron. Los llevaron a un predio abandonado. Allí, según la Fiscalía, ejecutaron las órdenes de alias Iván Mordisco. La selva lo encubrió todo, como tantas veces. Hasta ahora.

Los cuerpos fueron hallados a finales de junio, tras una búsqueda empujada por la terquedad de las familias, de las iglesias y de los dolientes. Cuarenta días sin saber nada. Cuarenta días de silencio estatal.

Hoy el presidente Petro condena el crimen. La Defensoría habla de crisis humanitaria. La Fiscalía identifica a los autores. Pero los hechos hablan más alto: en Calamar no manda la ley, manda el miedo. Los cultos religiosos deben hacerse antes de las seis. La vida vale menos que una sospecha.

¿Dónde estaba el Estado? ¿Dónde estaban los esquemas de protección, los planes de prevención, las alertas tempranas? La verdad es que en Guaviare, como en tantos otros rincones de Colombia, los líderes caminan descalzos, sin blindaje, en territorio ajeno.

Ocho cuerpos. Ocho historias. Ocho fuegos apagados por la guerra sin fin. Que no se diga que no lo sabíamos. Que no se diga que fue por error. Esto fue un crimen político. Fue un mensaje de poder. Y también fue un fracaso del Estado.

Porque mientras no se garanticen la vida, la fe y la palabra, la paz seguirá siendo una promesa incumplida que se pudre en una fosa común.

Y sin embargo, todavía hay románticos de la revolución que se niegan a ver lo que estos grupos criminales son hoy: máquinas de exterminio al servicio de intereses oscuros. Su modus operandi no tiene nada que envidiarle al de los paramilitares de la época de Pastrana y Uribe. Asesinan, desaparecen y aterrorizan con una sola intención: borrar al movimiento social y popular del mapa, cumplir el viejo sueño de la criminal derecha colombiana, ahora con otros disfraces y los mismos fusiles.

Prensa Justicia & Dignidad

Julio de 2025