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Oviedo y Paloma Valencia: el libreto de la derecha contra los derechos de género
La política tiene algo curioso: los gobiernos de derecha cambian de país, pero no de libreto.
En Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump impulsó varias medidas que revirtieron políticas de género y derechos reproductivos. En 2025 firmó una orden ejecutiva que prohíbe a personas trans servir en el ejército estadounidense, retomando una política aplicada durante su primer mandato.
Además, reinstaló y amplió la llamada “Global Gag Rule”, que bloquea financiamiento internacional a organizaciones que brinden o incluso informen sobre servicios de aborto, ampliando las restricciones a miles de millones de dólares en ayuda exterior.
Su administración también eliminó políticas federales que reconocían la identidad de género y desmanteló programas de diversidad y equidad dentro del gobierno.
En Argentina, el gobierno de Javier Milei siguió un camino similar. Tras llegar al poder, eliminó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y recortó programas de salud sexual y de prevención de violencia de género.
También prohibió el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en documentos del Estado, como parte de una política explícita contra lo que su gobierno denomina “ideología de género”.
Son dos países distintos, pero el patrón es el mismo: cuando la derecha llega al poder, los primeros objetivos suelen ser los derechos de género, los derechos sexuales y reproductivos y las políticas de diversidad.
Por eso resulta difícil creer que en Colombia la historia sería diferente. Si la derecha llega al poder con figuras como Paloma Valencia o Abelardo de “La Espirella”, lo más probable es que el libreto sea el mismo: cuestionar políticas de género, revisar avances en derechos reproductivos y convertir a las minorías sexuales en minorías con menos derechos.
Pero la escena más curiosa la ofrece su fórmula vicepresidencial. Juan Daniel Oviedo, abiertamente homosexual, acompaña un proyecto político cuyo sector más visible ha sido crítico de derechos como la adopción igualitaria. Es una paradoja interesante: pertenecer a una minoría históricamente excluida y, al mismo tiempo, respaldar un proyecto que no parece especialmente preocupado por protegerla.
Quizás sea la prueba de que en política la identidad no siempre pesa tanto como el poder.
Y aquí aparece lo verdaderamente cómico —o trágico, según el ánimo del lector—: la pregunta sobre la adopción por parejas del mismo sexo es una de las más obvias que cualquier periodista haría a una fórmula presidencial donde uno de los candidatos es gay y la otra ha expresado su desacuerdo con ese derecho.
No anticiparla, no preparar una respuesta coherente, no resolver la contradicción… revela algo bastante claro.
Simplemente no les importa demasiado.
Porque cuando los derechos de las minorías son apenas una incomodidad discursiva, lo más fácil es pasar por encima de ellos. Y hacerlo, además, con la tranquilidad de quien sabe que el manual de la derecha ya ha funcionado antes en otros países.
Al final, la política también tiene sus comedias involuntarias:
una derecha que promete defender la libertad… mientras prepara la lista de derechos que piensa recortar primero.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo
Aida Quilcué y Paloma Valencia: el choque de dos proyectos políticos nacidos en el Cauca
Dos mujeres del Cauca
Colombia tiene la curiosa habilidad de condensar sus disputas históricas en personajes concretos. A veces la historia no necesita tratados ni bibliotecas: basta con mirar quiénes aparecen en la escena política y qué representan. En estas elecciones, el contraste se dibuja con nitidez en dos mujeres nacidas en el mismo departamento: el Cauca.
De un lado está Aida Quilcué, lideresa indígena nasa que aprendió política en el territorio. No en los clubes de Bogotá ni en los salones de las familias notables, sino en las mingas, en las asambleas comunitarias, en el largo aprendizaje del gobierno propio indígena. Ha sido consejera mayor del CRIC, ha caminado con la guardia indígena y llegó al Senado llevando consigo esa experiencia colectiva. No es casual que Iván Cepeda la haya escogido como fórmula vicepresidencial. En un país acostumbrado a que la política se decida entre apellidos ilustres, la presencia de Quilcué recuerda que también existen liderazgos nacidos de la tierra y de la organización social.
Del otro lado está Paloma Valencia, también caucana, heredera de una tradición política mucho más antigua: la de la aristocracia terrateniente de Popayán. Su apellido no es cualquier apellido. Es el del poeta y político conservador Guillermo Valencia, su abuelo, quien en los tiempos en que el movimiento indígena empezaba a levantar cabeza detestaba a Manuel Quintín Lame, el gran líder indígena del Cauca. La historia —y la memoria oral que en estas tierras suele ser más persistente que los archivos— recuerda que cuando Lame fue capturado y llevado preso a Popayán, Valencia no dudó en humillarlo, insultarlo y golpearlo. Para la élite payanesa, Lame no era un ciudadano reclamando derechos, sino un indio insolente que debía ser reducido.
Ese desprecio racial no era una rareza personal. Era la forma en que el poder miraba a los pueblos indígenas: como estorbo para el orden de las haciendas.
A veces las ideas también se heredan.
Paloma Valencia lo ha demostrado con una constancia notable. En 2015 propuso dividir el Cauca en dos: un territorio indígena y otro —según sus palabras— “con vocación de desarrollo”. Una especie de cartografía del apartheid criollo donde algunos territorios merecerían progreso y otros quedarían confinados a su diferencia.
Y más recientemente fue todavía más lejos: sugirió retirar agua, alimentos y transferencias estatales a los resguardos indígenas que participen en bloqueos. Es decir, usar el hambre y la sed como método de presión política. No la bala, sino la inanición administrada.
Por eso el contraste resulta tan revelador.
Aida Quilcué representa una política nacida de la defensa del territorio, de la vida y de la autonomía de los pueblos.
Paloma Valencia, en cambio, representa una tradición política que durante siglos vio a esos mismos pueblos como problema, como obstáculo o como amenaza.
Dos mujeres del mismo departamento.
Una encarna la posibilidad de que Colombia se piense desde sus pueblos originarios.
La otra repite, con notable fidelidad, los viejos reflejos de exclusión de la aristocracia caucana.
No es solo una disputa electoral.
Es un espejo bastante preciso de la democracia colombiana.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo
Los pacientes del pabellón de quemados
La noche electoral dejó un curioso espectáculo en la política colombiana: el pabellón de quemados. No el de los hospitales, claro, sino ese otro, más ruidoso y teatral, donde van a parar los políticos que confundieron el eco de las redes con el voto de la gente.
El paciente más ilustre del pabellón fue Álvaro Uribe Vélez, que no alcanzó curul en el Senado. El mismo que durante décadas giró como un sol político alrededor del cual orbitaban partidos, generales, columnistas y opinadores. Pero hasta los soles se apagan. Y el país, que todavía recuerda las sombras de la violencia de las últimas décadas —desde el paramilitarismo hasta los falsos positivos que oficialmente suman 6.204 y que muchos creen bastante más— parece haber decidido cambiar de página.
En la cama contigua se encuentra Katherine Miranda, quien llegó al Congreso con votos progresistas pero terminó haciendo una oposición más entusiasta que la de los propios opositores. El amor, dicen, todo lo transforma: su relación sentimental con el congresista del Centro Democrático Edward Rodríguez terminó convirtiéndola, políticamente hablando, en una militante uribista con carnet verde. Y el electorado, que suele ser menos romántico que los políticos, simplemente dejó de votarla.
Más allá, en el área de espectáculos, yace Miguel Polo Polo, cuyo mayor aporte legislativo fue producir escándalos virales. Entre burlas a las madres de los falsos positivos, ausencias en el recinto y discursos pensados más para TikTok que para el Congreso, su carrera política terminó pareciéndose más a un reality show que a un proyecto legislativo.
A su lado está Lina María Garrido, la versión femenina del mismo espectáculo. Convirtió el Capitolio en un teatro experimental: conversaciones con una rata de plástico, llamados a Donald Trump para invadir Colombia y una colección de escenas diseñadas para volverse virales. Funcionaron… pero solo en redes.
En otra camilla descansa Angélica Lozano, que pasó buena parte de la legislatura haciendo oposición al gobierno mientras coincidía con entusiasmo con las iniciativas de la derecha.
Y no podía faltar Jorge Enrique Robledo, quien alguna vez fue uno de los senadores más respetados de la izquierda. Pero el ego —ese viejo incendiario de carreras políticas— lo llevó a una cruzada obsesiva contra Gustavo Petro, terminando por consumir el prestigio que había construido durante años.
Finalmente aparece Vicky Dávila, emperatriz del botón “me divierte”. Hizo un cálculo aritmético sencillo: pensó que cada reacción en redes equivalía a un voto. La realidad electoral le demostró que no. Ahora, dicen, prepara su regreso al periodismo. Aunque con tantos “me divierte”, quizá debería considerar seriamente la comedia.
La moraleja es simple:
las redes hacen ruido, provocan indignación y generan carcajadas. Pero las urnas —esas viejas, silenciosas y obstinadas urnas— siguen contando votos.
Y esta vez, el pueblo colombiano decidió pasar factura.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo
