Trump, sanciones y soberanía: cómo la ofensiva contra Petro fortalecerá a la izquierda en Colombia

Habrá un momento —más pronto que tarde— en que la derecha colombiana comprenderá lo que nunca quiso entender: que las sanciones, las amenazas extranjeras y las pataletas imperiales no hunden a la izquierda. La fortalecen. La historia ya lo enseñó en otros rincones del continente, pero aquí, en la patria del uribismo, algunos insisten en aplaudir a Donald Trump como si fuese rey de ultramar. No han aprendido nada.

En los próximos meses, cuando arrecie la ofensiva política y diplomática contra Gustavo Petro, su familia y su gobierno, el tiro se devolverá. Y no por magia, sino por una ley tan vieja como la política misma: cuando el extranjero pretende mandar, los pueblos se cierran, se abrazan y responden. Le pasó a Brasil. Le pasó a Canadá. Le pasará a Colombia.

En Brasil, Trump creyó que podía salvar a Bolsonaro agrediendo la economía brasileña con aranceles del 50 %. ¿Resultado? El pueblo no culpó a Lula, sino a Bolsonaro por la vergüenza internacional. Lula repuntó: subió en aprobación, creció en intención de voto y hasta consiguió apoyo legislativo en un Congreso dominado por la derecha. En Canadá, la historia fue igual de elocuente. Las burlas, las amenazas y la pretensión grotesca de convertir al país en “el Estado número 51” indignaron a la ciudadanía. La derecha, que llevaba 25 puntos de ventaja, se desplomó. El pueblo cerró filas en defensa de su dignidad nacional.

Pero aquí, los uribistas —siempre tan originales— creen que esta vez será distinto, que “esta vez sí” el intervencionismo extranjero les traerá gloria. Pobres.

Colombia vivirá lo contrario. La torpeza trumpista y la torpeza criolla producirán un resultado inevitable: la izquierda se unirá como no lo hacía desde hace décadas. Lo que hoy son tensiones internas, mañana será bloque compacto. La palabra soberanía volverá a tener sentido real, y el pueblo comprenderá, incluso sin leer teoría, que el progresismo no es solo un proyecto político: es un dique frente al abuso externo.

Mientras tanto, las voces que celebran sanciones extranjeras quedarán en ridículo. No existe espectáculo más impopular que ver a connacionales pidiendo intervención de un gobierno foráneo. Eso no da votos: da vergüenza.

Y los hechos ya empezaron a hablar. La consulta del Pacto Histórico —boicoteada desde el inicio por el Consejo Nacional Electoral, saboteada por la Registraduría, con poquísimas mesas, sin suficientes tarjetones, sin jornada electoral nacional, con confusión inducida y con el campo prácticamente eliminado del mapa— terminó con 2.500.000 votos. ¿Fracaso? Solo para quien no sabe sumar.

Ese resultado será la semilla. Porque mientras Donald Trump continúe con su hostigamiento, y el uribismo llegue al extremo de pedir una intervención militar extranjera, el pueblo hará lo contrario: se radicalizará en defensa de la patria y de la democracia. A partir de ahí se abrirá el camino hacia una Asamblea Nacional Constituyente. No será un capricho, será una consecuencia lógica: el país querrá blindar su soberanía y sus reformas.

Y si ese nuevo escenario incluye —porque lo exigirá el pueblo, no las élites— ampliar el mandato de Gustavo Petro o permitir la reelección, será para asegurar la continuidad del proyecto progresista frente al intervencionismo. Nadie en sus cinco sentidos preferirá marines sobre democracia. Y cuando ocurra, será con legitimidad popular, no con imposición.

El progresismo llegará a 2026 no debilitado, sino fortalecido. Y el próximo gobierno será continuidad del actual. No porque lo diga Petro, ni porque lo reclame su partido, sino porque lo habrá decidido una ciudadanía que despertó tarde, pero despertó. Y porque el reyezuelito del norte, sin quererlo, habrá provocado exactamente eso.

Cuando todo esto ocurra, la derecha hará lo que mejor sabe: quejarse. Y Donald Trump, como siempre, gritará desde lejos. Pero ya será tarde. Habremos aprendido —por fin— lo que Brasil y Canadá entendieron antes: las pataletas del imperio no domestican pueblos; los unen.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

María Corina Machado: Nobel de Paz sin ceremonia

Por fin alguien se atrevió a decirlo en voz alta: el discurso de María Corina Machado, la señora guerrerosta que fue reconocida oficialmente con el Premio Nobel de la Paz 2025 por el Comité Nobel Noruego, no es paz, ni democracia, ni libertad. Es guerra disfrazada de solemnidad, un show de bravatas donde cada palabra suena a cañón y cada aplauso a metralla.

¿Cómo se le otorga un premio de paz a alguien que pide invasión militar para su propio pueblo? ¿A quien dedica el galardón a Donald Trump, maestro del tuit bélico, y a quien felicita a Netanyahu, ese señor con orden de captura internacional por genocidio en Palestina? Es como darle la medalla de buen samaritano a alguien que incendia la casa del vecino y luego se sienta a repartir sopas.

Pero aquí viene la ironía suprema: aunque María Corina Machado sea ganadora oficial del Nobel, el Consejo Noruego por la Paz, encargado de la ceremonia de entrega, decidió cancelarla. La justificación fue que realizar la ceremonia no estaba alineado con los valores de la institución, que promueve la paz y la resolución no violenta de conflictos.

Así que al menos hay un consuelo: no quedará en la foto oficial la imagen que avala la guerra y la infamia. No habrá medalla, no habrá diploma, no habrá aplausos de Oslo, aunque el nombre de María Corina Machado seguirá en la lista de laureados.

“Para que haya paz debe haber libertad, y la paz y la libertad se imponen con la fuerza”, dice ella, como si la libertad fuera un fusil y la paz un tanque. Lo que estamos viendo no es filosofía política, es la receta de la guerra pura y dura, sazonada con discursos de mármol y fotos con líderes cuestionables.

Si alguna vez alguien dudó de que los premios Nobel pudieran ser irónicos, esta es la prueba de que la historia se ríe a carcajadas: un galardón a la paz que se celebra con himnos de guerra y cuya ceremonia ni siquiera se atreve a hacerse. Mientras tanto, el mundo observa boquiabierto, preguntándose si acaso hemos cambiado de siglo o simplemente el Nobel ha decidido convertirse en un festival de contradicciones.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

No es solo la Lista Clinton: es el derrumbe de un imperio

Colombia, ese país que tantas veces se aprieta el puño en la noche creyendo que el cielo va a caer sobre él, ahora tiene razones objetivas para inquietarse: el presidente Gustavo Petro, su esposa, su hijo y el ministro del Interior fueron sancionados por el gobierno de Donald Trump, acusados de ser “facilitadores del narcotráfico internacional”. La sanción fue la inclusión en la Lista Clinton.

Pero antes de que Colombia piense que está sola en este juego, conviene mirar el tablero completo.

Durante esta misma semana, la administración Trump ordenó ataques navales a lanchas pequeñas —quizá de pescadores de Colombia o de Ecuador— en el Pacífico, contra embarcaciones que, según Washington, transportaban drogas y estaban vinculadas a estructuras criminales internacionales. El presidente anunció públicamente muertos y operaciones simultáneas, mientras acusaba a China de enviar fentanilo a Estados Unidos a través de Venezuela. Así que no es solo Colombia, no es solo un gobierno sudamericano en la mira: es un plan global de desestabilización protagonizado por Estados Unidos, acusando tráfico, tirando misiles y afianzando narrativas de “narcoterrorismo”.

Durante esta misma semana, Jared Kushner, yerno de Donald Trump, viajó a Israel como emisario no oficial para mediar en conflictos de Oriente Medio, mientras al mismo tiempo exploraba negocios inmobiliarios y fondos de inversión en la región. Es decir, la familia Trump impondrá su emporio inmobiliario sobre las ruinas de Gaza. Por eso no quieren ponerle fin al genocidio. La escena: un miembro del clan presidencial estadounidense que negocia “paz” mientras tiene la chequera abierta para proyectos privados en zonas de guerra.

Durante esta misma semana, Vladimir Putin advirtió que la eventual entrega de misiles occidentales a Ucrania supondría “una etapa cualitativamente nueva de escalada” y que cualquier uso contra territorio ruso recibiría una respuesta “muy fuerte, si no aplastante”. La tensión aumentó con la perspectiva de suministros de misiles de largo alcance provenientes de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. No es una amenaza de salón: es una advertencia estratégica que obliga a cualquier observador a tomar nota y entender que la geopolítica se ha intensificado a un nivel global.

Durante esta misma semana, Canadá también se convirtió en protagonista involuntario de la irritación de Trump. El rompimiento de relaciones comerciales no sorprendió a nadie: descaradamente, Trump ha manifestado que Canadá debería ser un estado más de Estados Unidos. Pero lo que hizo entrar en cólera al señor de la cara naranja fue un comercial recordando a Ronald Reagan y sus advertencias sobre los aranceles. Según rumores, Reagan evitaba a Trump y consideraba al magnate un “riquillo extravagante y ordinario”; la simple mención de su crítica económica fue suficiente para provocar una andanada verbal de ira contra Ottawa. Otro capítulo más del delirio simultáneo que envuelve esta semana de sanciones, ataques y remodelaciones.

Porque aunque lo de Colombia con la Lista Clinton es grave, no conviene convertir ese hecho en catástrofe psíquica exclusiva. El tablero es global: un presidente estadounidense que sanciona, ordena ataques, acusa potencias y remodela su palacio; un yerno que mezcla diplomacia con negocios; un Kremlin que amenaza con respuestas aplastantes si su territorio es atacado por armas occidentales; y un Canadá que se convierte en víctima colateral de la irritabilidad presidencial, todo forma parte de un delirio simultáneo.

Durante esta misma semana, Donald Trump inició la demolición y remodelación de partes de la Casa Blanca, autorizando grandes cambios en la East Wing y en jardines históricos que serán reemplazados por cemento porque, según él, los tacones de Melania y de sus amigas multimillonarias se enredan en el césped. Los profesionales en conservación arquitectónica lo consideran un sacrilegio, pero Trump asegura que lo hará de su bolsillo, y por eso puede convertir la Casa Blanca en un burdel. Un espectáculo surrealista que, más allá de la arquitectura, simboliza un posible derrumbe interno: el del imperio de Estados Unidos, que amenaza, sanciona, acusa y remodela su propia sede. Quizá la historia necesitaba de un desquiciado de estos para que el pueblo estadounidense tome las riendas de su destino.

Si alguien quiere un símbolo visible del declive, no lo encontrará en una sola lista ni en una sola decisión: lo verá en la imagen del poder remodelándose febrilmente mientras amenaza con misiles a media Europa, en la mezcla de negocios y diplomacia en Oriente Medio, en los ataques en el Caribe, en las sanciones y en la irritación hacia Canadá. Quizá la Casa Blanca se esté ampliando para tener más salones de gala. Quizá, sin que nadie lo note del todo, lo que se está ampliando es la grieta que hará tambalear la vieja idea de supremacía. Y eso, aunque grave, es otra cosa distinta a un apocalipsis inminente: es un reacomodo global en el que Colombia —como otros países— tendrá que cuidar su propio jardín y fortalecer relaciones con Asia, porque el tablero del poder está cambiando.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

23 de octubre, Día de las Madres Buscadoras: hasta encontrarles, ninguna se rinde

A Doña Zoraida la guerra le robó a su hija, pero no la esperanza. Su muchachita se llamaba Diana y tenía la risa clara, de esas que alumbran las cocinas pobres donde hierve el agua para el tinto. Vivían en Popayán, en el Cauca hondo, cuando la violencia pasó como un aguacero de pólvora y se la arrebató sin explicación. Desde entonces, Zoraida no volvió a dormir completo: aprendió a caminar trochas, estaciones de bus, oficinas frías y cementerios ajenos. Siguió versiones, rumores, voces quebradas en pasillos de la Fiscalía. Buscó día tras día, año tras año. Y aún no sabe dónde está su hija.

Con el tiempo, la espalda se le partió reciclando cartones y botellas para sobrevivir. Cargó costales más grandes que ella, mientras cargaba también la ausencia. Hoy su cuerpo ya no da más: le duele todo, camina poco, casi no puede moverse. Vive en extrema pobreza, pero sigue de pie en la única certeza posible para una madre buscadora: mientras no haya verdad, no hay descanso.

Como Zoraida, miles de mujeres en Colombia sostienen sobre sus hombros la memoria del país. Son las madres buscadoras, las que no se rinden aunque el Estado las olvide, aunque el Gobierno cambie, aunque el calendario siga girando sobre la impunidad. Son ellas quienes, con sus manos curtidas, han desenterrado la verdad que tantos han querido ocultar. No buscan solo huesos: buscan justicia, país, nombre, rostro y dignidad.

Este 23 de octubre, el país conmemora el Día Nacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras, creado por la Ley 2364 de 2024. Una ley que prometió protección, apoyo psicosocial, rutas claras, acceso real a información y garantías para su labor. Una ley escrita en letra grande… pero que el Estado todavía no cumple. Porque en el papel todo es memoria, pero en la vida real ellas siguen solas, expuestas, pobres, revictimizadas, amenazadas, esperando trámites que nunca llegan y respuestas que el Gobierno les debe.

Desde el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz y la Guardia aintercultural Humanitaria hacemos un reconocimiento profundo a estas mujeres que caminan la verdad con los pies desnudos del alma. Ellas han hecho más por la paz que cualquier discurso, cualquier decreto y cualquier mesa técnica. Sin sus pasos, no habría búsqueda; sin su voz, no habría memoria; sin su terquedad amorosa, el país ya habría enterrado la verdad bajo toneladas de olvido.

Pero no basta con homenajes simbólicos. Una ley que no se cumple es otra desaparición. Otra forma de borrar. Otra tumba sin cruz. La desaparición forzada no termina cuando se llevan a una persona: continúa cuando el Estado abandona a quien la busca. Y en Colombia, esa herida sigue abierta.

A Doña Zoraida nadie le devuelve los años andados, el cuerpo roto, las noches sin sueño. Pero este país —si de verdad quiere paz— tiene una deuda con ella y con todas. Ellas no piden caridad: exigen verdad, justicia, memoria, presencia y cumplimiento.

Algún día —porque tiene que llegar— Zoraida sabrá qué pasó con Diana. Ese día, quizá el Cauca vuelva a amanecer más liviano y el país también. Porque cuando una madre encuentra a su hija, también se encuentra un pedazo de patria.

Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz/ Guardia Intercultural Humanitaria

Ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón

Robaron el Louvre. Un comando de ladrones, disfrazados de obreros, entró por la ventana, rompió vitrinas y se llevó en siete minutos un botín digno de un emperador: las joyas de la realeza francesa. Francia, escandalizada, clama por justicia. Los noticieros hablan de “atentado al patrimonio universal”. Universal, claro: el mismo eufemismo que usaron para quedarse con lo que no era suyo.

Porque si de patrimonio hablamos, América lleva medio milenio viendo cómo se exhibe en Europa el resultado de su propio saqueo. Los conquistadores —esos pioneros del robo artístico— se llevaron nuestro oro, nuestras esmeraldas, nuestros dioses. Hoy duermen, perfectamente catalogados, en museos que se declaran “guardianes de la civilización”. En el mismísimo Louvre hay piezas precolombinas: vasijas mochicas, figuras andinas, fragmentos de culturas que no pidieron ser universalizadas.

Y mientras en París se rasgan las vestiduras por unas tiaras, nosotros seguimos viendo cómo el Tesoro Quimbaya, esa joya del alma colombiana, sigue expuesto en Madrid, porque algún presidente decimonónico decidió regalarlo como si fuera suyo. Eso sí fue un robo elegante: con decreto, lacre y firma.

Así que perdonen si no lloramos por el Louvre. Cuando los reyes son los ladrones y los ladrones los que se llevan lo robado, la tragedia roza la comedia. Quizá este asalto sea apenas una devolución simbólica: la historia pasando factura, el azar haciendo justicia poética.

Ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón, dice el refrán. Y a veces, también cien años de arte colgado en un museo europeo.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Álvaro Uribe y la masacre de El Aro: 28 años de impunidad

En las montañas de Ituango, Antioquia, el viento parece arrastrar todavía los lamentos de aquel 22 de octubre de 1997. Casas calcinadas, trochas vacías y cuerpos enterrados en fosas improvisadas recuerdan que allí no hubo guerra justa ni enfrentamiento inevitable. Lo que hubo fue terror planificado, y un Estado ausente que, según testimonios recientes, miraba para otro lado.

Durante nueve días, del 22 al 31 de octubre, ciento cincuenta hombres armados descendieron por las montañas con listas de nombres y direcciones. Quemaron casas, robaron ganado, violaron mujeres y degollaron a campesinos señalados de colaborar con la guerrilla. Sobre sus cabezas, un helicóptero del gobierno departamental sobrevolaba como un testigo silencioso, una especie de firma aérea de la complicidad. La población civil fue despojada de todo: tierra, animales, memoria. Más de mil personas se desplazaron y muchas no regresaron nunca.

Lo ocurrido no cayó del cielo. La Gobernación de Antioquia, dirigida por Álvaro Uribe Vélez entre 1995 y 1997, conocía la amenaza. Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno, recibió alertas directas de Carlos Castaño sobre la inminencia de la masacre. El Ejército también tenía información de inteligencia. Aun así, no se activó ninguna medida de protección. Por el contrario, el gobierno promovió las Convivir, asociaciones civiles que en teoría velaban por la seguridad de los campesinos, pero en la práctica sirvieron de fachada legal para el paramilitarismo.

Los testimonios de los hermanos Jaime y Francisco Angulo Osorio ante la JEP en febrero de 2025 confirmaron lo que muchos ya sospechaban: la Gobernación sabía, apoyó logística, transporte y comida para los paramilitares. La muerte de Jesús María Valle, defensor de derechos humanos que denunció la alianza entre Estado y grupos armados, se decidió en reuniones donde funcionarios del gobierno tenían voz. La impunidad no fue accidente; fue estrategia.

Uribe, que años después insistió en que promovía la “neutralidad activa”, no fue un espectador inocente. Su administración impulsó políticas que facilitaron la violencia y recibió alertas que ignoró. El sobrevuelo del helicóptero sobre El Aro mientras la gente moría es un símbolo perfecto de una neutralidad que era, en realidad, complicidad.

El 4 de febrero de 2015, el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín compulsó copias de los expedientes relacionados con la masacre de El Aro para que se investigara penalmente al entonces senador Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué significa compulsa de copias? Es un mecanismo judicial mediante el cual un tribunal envía copias de un expediente o pruebas a otra autoridad para que continúe la investigación o se inicie un proceso penal. Es decir, los tribunales consideran que hay indicios suficientes para que se evalúe formalmente la responsabilidad de alguien, sin que eso implique una condena inmediata.

Veintiocho años después, el río Cauca sigue turbio, como si arrastrara no solo piedras y aguas, sino también la memoria de los que fueron asesinados y la sombra de quienes permitieron que el horror se consumara. La masacre de El Aro es la herida que no cicatriza, la historia que el Estado quiere enterrar y la memoria que insiste en no morir.

Porque en Ituango, como en tantos otros lugares, la línea entre poder político y paramilitarismo nunca fue difusa: fue un vaso comunicante que dejó cuerpos, despojo y un reclamo de justicia que sigue sin respuesta.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Justicia para Angie Paola

La noticia llegó como suelen llegar en Colombia: primero un rumor, luego una llamada entrecortada, después el silencio.

Angie Pahola Tobar Carpa, estudiante de Ingeniería Administrativa de la Universidad Nacional, sede Medellín, había aprovechado las vacaciones de mitad de año para volver a su casa, en Guachucal, Nariño. Llevaba en su bolso apuntes, proyectos y la ilusión de regresar a clases el lunes siguiente. No alcanzó a hacerlo.

El 27 de agosto de 2025, cuando viajaba de regreso a Medellín junto a Jesús Adrián Marcillo, un amigo de 30 años, la carretera Panamericana —esa línea que atraviesa el país y la guerra— se los tragó. A la altura de Piendamó, en un paraje llamado El Túnel, hombres armados levantaron un retén ilegal. Los obligaron a bajar del camión que transportaba queso y los subieron a otro vehículo. Desde entonces, nadie volvió a verlos.

Las familias comenzaron la búsqueda con las manos temblando: llamadas, denuncias, cadenas en redes sociales, súplicas a las autoridades. Días después, el Ejército informó de un enfrentamiento con las disidencias del Bloque Dagoberto Ramos: un capturado, un abatido, un conductor liberado y un vehículo incinerado con tres cuerpos calcinados. Entre los escombros solo quedaba un amasijo de metal y hueso.

Las autoridades insinuaron que Angie y Adrián podrían estar allí, pero nadie lo confirmó. Las familias, aferradas a la esperanza, comenzaron a recibir llamadas extorsivas: voces anónimas que pedían dinero a cambio de una prueba de vida que nunca llegó.

El hermano de Angie repetía ante los medios: “Queremos saber si está viva, si alguien la tiene. Que nos digan dónde está, que nos la devuelvan.”

También denunció las extorsiones y pidió que borraran de las redes las publicaciones sobre la desaparición. Uno de los suplicios que padecen las familias de los desaparecidos es ese: la extorsión de los mercaderes del dolor.

Pasaron las semanas. El país siguió su curso de indiferencia. La Universidad Nacional —esa comunidad que la vio caminar por sus pasillos con los ojos encendidos de proyectos— levantó su voz, organizó vigilias y colgó pancartas con su rostro.

El 22 de octubre, casi dos meses después, llegó la confirmación: Angie había sido hallada sin vida. No lo informó Medicina Legal ni la Fiscalía. Lo comunicó la Universidad Nacional, en un mensaje breve que se esparció como un eco de dolor. No se explicó el lugar del hallazgo, ni las circunstancias, ni las causas. Solo el silencio oficial.

En Guachucal, su familia preparó una misa. En Medellín, los estudiantes marcharon con flores.

Pero los interrogantes quedaron flotando:

¿Murió en medio del enfrentamiento entre el Ejército y el Bloque Dagoberto Ramos?

¿Fue víctima del fuego cruzado o de un crimen deliberado?

¿Quién se beneficia del silencio?

A la fecha, nadie lo sabe. Lo único cierto es que la guerra sigue ensañándose con los más jóvenes, con quienes deberían estar soñando futuros y no huyendo del fuego. Como Angie, miles de personas continúan desaparecidas en Colombia, mientras la impunidad y el silencio se reparten el territorio.

Angie Pahola Tobar Carpa tenía 21 años. Su nombre es ahora una herida más en el mapa del país, una historia que la guerra quiso borrar, pero que la memoria se niega a dejar morir.

Mientras el Estado calla, nosotras no:

Exigimos verdad, justicia y garantías de no repetición.

Angie no es una cifra: es un nombre que honraremos hasta que haya verdad y justicia.

 

Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz.

Cuando el patriarcado se pone tacones

Japón celebra, con fuegos artificiales y pétalos de cerezo, la llegada de Sanae Takaichi al poder. La prensa internacional se desvive con la foto histórica: “¡Primera mujer en la cumbre del Japón político!”. Pero conviene recordar que la historia no la escriben las fotos, sino los prontuarios ideológicos. Y el de Takaichi es claro: militante contra el matrimonio igualitario, opuesta a que las mujeres puedan conservar su apellido, partidaria del adoctrinamiento patriótico en los medios y, para rematar, revisionista histórica que minimiza los crímenes del Ejército con las esclavas sexuales coreanas y chinas. Una dama del siglo XXI con ideas cómodamente estacionadas en 1935.

He aquí la trampa eficaz del patriarcado: permitir que una mujer llegue al poder siempre y cuando lo use para defender el orden que la subordina. Se rompe el techo de cristal, sí, pero solo para custodiar la cocina. El símbolo avanza, el derecho retrocede. No es un triunfo del feminismo: es un triunfo del decorado.

Y que nadie crea que se trata de una rareza asiática. El mundo entero vive esta fiebre. La derecha y la ultraderecha descubrieron que una mujer en el mando sirve como coartada moderna mientras se gobierna con alma de dictador jubilado. Representación sin emancipación: el truco perfecto.

Colombia, siempre tan creativa, ya tiene su propio elenco. Paloma Valencia, devota de “hacer trizas” la paz y feliz con un país convertido en cuartel. María Fernanda Cabal, que sueña con orden a bala y añora el paramilitarismo como si fuera folclor nacional. Vicky Dávila, periodista de púlpito que predica la pedagogía del plomo. Y, para demostrar que el fenómeno no es exclusivo de la derecha, ahí está Claudia López: arcoíris en la foto, ESMAD en la calle; democracia en el discurso, bolillo en la práctica; marketing feminista por fuera, populismo punitivista por dentro.

Distintas biografías, la misma doctrina: el orden por encima de la libertad, la fuerza por encima de la justicia, el símbolo por encima del derecho.

La conclusión es simple: una mujer en el poder no basta. Lo femenino en el cargo no garantiza lo femenino en la agenda. El techo de cristal se rompe para algo más que adornar el palacio. De lo contrario, no es igualdad: es utilería.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Donald Trump ataca al mundo mientras la derecha colombiana pide intervención militar

Donald Trump está en guerra con el planeta entero. Cada mañana amanece buscando un nuevo enemigo: Petro, China, España, Taiwán, Venezuela, Colombia, la OTAN, la humanidad y probablemente también los pingüinos de la Antártida. La explicación, aunque él la disfrace con testosterona geopolítica, es bastante simple: el problema no es Petro, ni Colombia, ni China, ni Taiwán, ni España, ni Venezuela. El problema es Trump. Un Trump acorralado, nervioso, y sobre todo aterrado por un hecho que ni sus alaridos pueden tapar: cerca de siete millones de estadounidenses marcharon en su contra, hartos de su circo, su autoritarismo y su ego desbordado. Y nada le duele más que ser rechazado por su propio público.

Por eso, para no hablar de ese levantamiento democrático—que lo deslegitima como emperador—, Trump decidió montar una cortina de humo global. El 20 de octubre insultó a Petro, lo llamó “narcotraficante” y amenazó a Colombia con sanciones y aranceles si no obedece. Tres días antes, el 17, había autorizado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela y coqueteado con la idea de ataques terrestres, como si Suramérica fuera un tablero de ajedrez barato. El 14, en rabieta atlántica, amenazó a España con aranceles porque no quiso subir el gasto militar al nivel que él ordena desde su tarima. El 10, anunció que subiría los aranceles a China hasta el 100% si no se arrodillaba antes de noviembre. Y el 20 volvió a usar a Taiwán como fichita de negociación, insinuando sanciones y condicionamientos. Para completar la sinfonía de terror, anunció que le quitaría las visas a miles de centroamericanos, convirtiendo la desesperación humana en otra herramienta de su espectáculo. Todo en apenas diez días. Un récord mundial en berrinches diplomáticos.

Pero lo mejor de esta tragicomedia no está en Washington, sino en Colombia. Mientras el pueblo estadounidense marcha contra Trump y se burla de su idea monárquica del poder, aquí la derecha criolla se arrodilla con devoción. Cada insulto que Trump lanza, ellos lo celebran. Cada amenaza, la repiten como misa. Cada vez que ladra “intervención”, nuestros patriotas de micrófono y trino piden marines, drones y bases militares, con el entusiasmo servicial de un súbdito agradecido. Es una coreografía vergonzosa: allá la democracia le dice NO, aquí los siervos coloniales le gritan SÍ, SÍ, SÍ, invádannos, castíguennos, sálvennos, páguennos el complejo de inferioridad.

Trump no está defendiendo la libertad mundial, ni luchando contra las drogas, ni salvando a Occidente, ni protegiendo a Taiwán, ni enderezando a España, ni liberando a Venezuela. Está salvándose a sí mismo. Cada amenaza internacional es un distractor para que la prensa no hable de las marchas en su contra. Cada enemigo externo es un truco psicológico para mantener hipnotizado a su electorado. Cada bravuconada es un intento desesperado por parecer fuerte frente al espejo, porque la realidad—la única realidad—es que su pueblo ya comenzó a darle la espalda.

Lo verdaderamente triste es que Colombia, una vez más, caiga en el papel de comparsa. Trump grita desde el norte y aquí tiemblan, como si el tiempo no hubiera pasado desde las plantaciones y los protectores militares. Mientras en Estados Unidos lo enfrentan en las calles, en Colombia lo aplauden en los estudios de televisión. Esa es la diferencia entre un país que entiende su dignidad y otro que todavía confunde sumisión con “alianza”. Y mientras tanto, la derecha colombiana, en su afán de agradar al emperador, no solo aplaude sus amenazas, sino que las amplifica. Piden intervención militar como si fuera una receta para la paz, sin importar que el chef sea un demente con acceso a armas nucleares. Es como si, en lugar de aprender de la historia, decidieran repetirla, pero con peores actores y un guion aún más absurdo.

Cuando todo se despeje, cuando pase la espuma del escándalo, el mundo lo verá claro: Trump no está peleando con Petro, ni con España, ni con China. Está peleando con su propio pueblo, y lo está perdiendo. Lo demás es puro ruido. Y nosotros, si tuviéramos un poco de autoestima nacional, no deberíamos actuar como los instrumentos musicales de su orquesta decadente.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Uribe sonríe, Colombia llora, mujeres salvan la justicia

No sorprende a nadie la absolución de Álvaro Uribe Vélez. En Colombia la justicia tiene memoria selectiva y corazón de piedra; la corrupción no es excepción, es regla. La absolución de Uribe por el Tribunal Superior de Bogotá, que revocó la condena de 12 años impuesta en primera instancia por la jueza Sandra Heredia, no es más que otra confirmación de lo que muchos ya sabían: la justicia en Colombia es un teatro donde los actores principales son los mismos de siempre.

Lo que sí merece aplauso son las mujeres fiscales, la jueza y las magistradas que, con paciencia y coraje, pusieron nombres y hechos sobre la mesa. La fiscal Marlenne Orjuela, con su tenacidad, presentó pruebas contundentes que evidenciaban la culpabilidad de Uribe en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La jueza Sandra Heredia, en su momento, fue valiente al declarar culpable a Uribe, basándose en pruebas sólidas. Y la magistrada María Leonor Oviedo Pinto, al salvar su voto en contra de la absolución, dejó claro que la integridad todavía puede abrirse camino en un sistema empañado por la corrupción. Estas mujeres son la verdadera esperanza de la justicia en Colombia.

Pero la impunidad sigue paseando por las calles como si nada: defensores de derechos humanos asesinados, masacres, falsos positivos… todo queda en la penumbra mientras los monstruos de la historia se dan el lujo de sonreír. Sin embargo, la esperanza se agarra con uñas: llegará el día en que estos crímenes no queden impunes. Pero ojo, si no se reforma la justicia a través de algo serio —una Asamblea Constituyente— la impunidad seguirá siendo el pan de cada día.

Mientras tanto, seguimos viendo, aprendiendo y reconociendo el valor de quienes se atreven a enfrentar lo obvio. Porque en Colombia, decir lo obvio ya es un acto de valentía.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo