El refrito de los computadores de Raúl Reyes

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Conflicto ArmadoPublicado el Sin comentarios

En Colombia, país de realismo mágico y de guerras que parecen escritas por un notario borracho, hubo una vez unos computadores capaces de sobrevivir a lo que ningún ser vivo logró: un bombardeo de alta precisión sobre la selva ecuatoriana, la madrugada del 1 de marzo de 2008. Allí, entre árboles astillados, cráteres humeantes y cuerpos calcinados, cayó Raúl Reyes, el jefe negociador de las FARC. Y allí, entre el fuego y la metralla, sobrevivieron —según la versión oficial— tres laptops, varios discos duros, USB, cámaras y hasta un DVD. Todos en perfecto estado. Milagros de la tecnología militar colombiana: bombas inteligentes que destruyen todo, menos lo que hace falta para un escándalo.

Porque lo cierto es que el campamento fue reducido a cenizas con munición capaz de derretir estructuras metálicas. Pero, según el Ejército, los computadores estaban “calientes” y “funcionales”. En un país serio eso habría bastado para levantar sospechas. En Colombia, en cambio, bastó para escribir titulares. La física decía una cosa; el Ministerio de Defensa, otra. Y ganó el Ministerio, como casi siempre.

El verdadero espectáculo vino después, cuando los expertos informáticos revisaron el contenido de los equipos rescatados. Allí encontraron el segundo milagro: archivos creados, abiertos o modificados después de muerto Raúl Reyes. Fechas posteriores al bombardeo, metadatos imposibles, documentos con edición fresca y huellas digitales de quienes jamás estuvieron en la selva ecuatoriana. Interpol, prudente y diplomática, afirmó que no podía certificar autenticidad alguna; apenas que los archivos que le entregaron no tenían virus. Gran consuelo para la ciencia forense.

A pesar de esas inconsistencias, el gobierno de entonces —comandado por el señor de las sombras, Álvaro Uribe Vélez— convirtió esos equipos en una especie de oráculo portátil. Cada polémica, cada sospecha, cada acusación política tenía su respuesta en los “computadores de Reyes”. Eran como el Aleph borgiano: en ellos cabía todo lo que se quisiera imputar. Bastaba con buscar un poco y aparecía, por arte de inteligencia, el enemigo político de turno.

Sin embargo, incluso si uno quisiera concederles el beneficio de la duda a esos archivos resucitados, lo cierto es que no contenían ninguna revelación extraordinaria. El gran hallazgo que cacareaban algunos congresistas era apenas esto: que Iván Cepeda, y varias organizaciones de derechos humanos, convocaban marchas por la paz y denunciaban violaciones de derechos humanos. Todo muy escandaloso para quienes han hecho de la guerra su negocio político.

Años después, la Corte Suprema de Justicia zanjó la discusión: aquel material no tenía validez alguna. No hubo cadena de custodia, hubo manipulación, hubo irregularidades y hubo, sobre todo, un uso político indisimulado. En otras palabras: montaje judicial.

Para completar la ironía, ese tan citado, tan manoseado, tan manipulado “refrito” contra Iván Cepeda no sirvió para nada. No solo no abrió procesos serios, sino que hoy, en 2025, Cepeda no tiene ninguna investigación vigente. Ni una. El tiempo, que es menos estridente pero más honesto que los noticieros, terminó diciendo la verdad: los computadores de Raúl Reyes no revelaban un complot; revelaban la desesperación del poder por fabricar enemigos.

En contraste, la “pobre víctima” que vende el uribismo tiene más expedientes que un narco de serie. Álvaro Uribe acumula más de 186 procesos, 28 investigaciones en la Corte Suprema y un juicio por soborno y fraude procesal, además de señalamientos por homicidios, masacres, concierto para delinquir y lavado de activos, entre otros delitos. Su hermano fue condenado por paramilitarismo; su primo, por parapolítica; y su cuñada y su sobrina, por nexos con el cartel de Sinaloa. No es mala suerte: es un patrón.

Y así cerramos otro capítulo del folclor político nacional: el milagro de los computadores indestructibles, la fábula tecnológica del uribismo, el montaje que quiso pasar por verdad. Porque en Colombia no siempre gana la justicia, pero a veces la mentira se cansa.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

¿En qué se diferencia un bombardeo de Estados Unidos de uno colombiano?

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Conflicto Armado, Impunidad, Pueblos y TerritoriosPublicado el Sin comentarios

No hay diferencia real entre los bombardeos que Donald Trump ordenó contra lanchas de pescadores en el Caribe y los bombardeos que el gobierno colombiano ha ejecutado en el Guaviare, Arauca o el Amazonas. Cambian el idioma, las coordenadas y la excusa oficial, pero la escena es la misma: proyectiles lanzados desde la comodidad de un dron contra seres humanos que, muchas veces, no pueden distinguirse del enemigo imaginado.

En el Caribe, la operación estadounidense —esa cruzada infinita disfrazada de “guerra contra el narcotráfico”— ya deja más de 80 pescadores muertos. En Colombia, los bombardeos “quirúrgicos” han terminado con la vida de al menos 12 menores, y hay reportes que los elevan a 17. Mientras Estados Unidos asegura que todos eran criminales, y el gobierno colombiano dice que todos eran “jóvenes combatientes”, lo evidente es lo otro: cadáveres sin nombre, familias sin verdad y justificaciones cada vez más mecánicas.

Aquí es donde entra el Derecho Internacional Humanitario —el DIH— que, aunque parezca un invento para incomodar ministros, en realidad existe para impedir exactamente esto.

Primero, el principio de distinción. Este obliga a diferenciar entre combatientes y civiles. Un pescador en una lancha dañada es un civil. Un niño reclutado forzosamente también lo es. Bombardear sin certeza viola este principio básico, contemplado en los Protocolos Adicionales de Ginebra.

Segundo, el principio de proporcionalidad, que prohíbe usar fuerza excesiva frente a un objetivo presuntamente militar si eso puede causar daños mayores a civiles. Lanzar misiles desde un avión contra embarcaciones pequeñas —o contra campamentos donde hay menores mezclados con adultos— es, en el mejor de los casos, desproporcionado.

Tercero, el principio de precaución, que obliga a verificar la naturaleza del objetivo y tomar todas las medidas posibles para evitar víctimas civiles. Es imposible cumplir con este estándar cuando se dispara desde miles de metros contra siluetas indistinguibles en el mar o en la selva.

Y cuarto, la protección reforzada de los niños, establecida tanto en el DIH como en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La Convención sobre los Derechos del Niño es explícita: los menores reclutados deben ser retirados, protegidos y reintegrados, no bombardeados.

Todo esto se viola cuando un Estado —estadounidense o colombiano— decide que es más simple mostrar “resultados operacionales” que asumir responsabilidades frente a su propia incapacidad de prevenir el reclutamiento o de identificar objetivos reales.

Pero el problema no es sólo jurídico; es moral. ¿Por qué indignan más los pescadores muertos por órdenes de Trump que los niños colombianos asesinados en una selva que casi nadie mira? Quizá porque la violencia imperial tiene cámaras internacionales, mientras que la violencia doméstica se esconde detrás de la costumbre. O porque en Colombia, con cinismo perfecto, muchos creen que un menor reclutado deja de ser víctima para convertirse en “parte de la guerra”.

Eso permite barbaridades como sostener —lo dirán los machirulos guerreristas de izquierda— que “no todo reclutamiento es forzado”, como si un niño empujado por el hambre y el abandono estatal estuviera haciendo una elección libre.

Pero la verdad es simple: ni a los pescadores se les bombardea, ni a los niños reclutados se les bombardea. Ni con bandera estadounidense ni con bandera colombiana.

Y claro, para rematar con ironía, tenemos un ministro de Defensa militar, defendido en el Congreso por el uribismo. Un detalle menor, dirán algunos. Pero ya eso, si se mira bien, lo dice todo.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Reclutamiento forzado en Colombia: lo que nadie cuenta

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Conflicto ArmadoPublicado el Sin comentarios

El debate nacional sobre el reclutamiento forzado se reabrió con fuerza tras los recientes bombardeos ordenados por el gobierno Petro, donde murieron menores de edad que habían sido vinculados a grupos armados. La discusión pública se ha enfocado en la responsabilidad del Gobierno. Pero abrir este debate obliga a ir más allá: obliga a mirar lo que está ocurriendo en las regiones, a revisar lo que el Estado conoce —o decide no conocer— y a enfrentar la dimensión real de un fenómeno que se ha desbordado en silencio.

Un ejemplo ilustrativo es el Cauca. Allí, la Fiscalía lleva 709 investigaciones activas por reclutamiento forzado. Esta cifra, sin contexto, podría malinterpretarse como si se tratara de 709 niños reclutados. Pero la realidad es más grave. Una sola investigación puede corresponder a un reclutamiento masivo: existen procesos que agrupan entre 36 y 40 menores víctimas en el mismo hecho, o expedientes iniciados por deserciones simultáneas de 8, 10 o incluso 12 estudiantes de una institución educativa. Es decir, si se analizan los patrones y los expedientes colectivos, el número real de víctimas denunciadas en el departamento puede acercarse a los 1.000 niños y adolescentes afectados.

Y aun así, esta cifra es engañosa, porque está construida solo con lo que llega a los despachos judiciales. ¿Qué pasa con las familias que no denuncian por miedo? ¿Con las comunidades bajo control armado que no pueden hablar? ¿Con los docentes que callan porque son amenazados? ¿Con las madres que no acuden a las instituciones porque ya intentaron antes y nadie actuó? El subregistro es profundo, estructural y casi imposible de calcular.

Lo más preocupante es que estas cifras existen únicamente porque la Fiscalía Seccional del Cauca ha decidido tomarse el fenómeno en serio: documenta, sistematiza, prioriza y abre líneas de investigación. Es la excepción en el país. En la mayoría de departamentos, las fiscalías no cuentan con bases de datos actualizadas, no identifican patrones, no cruzan información y no realizan seguimiento sistemático. En otras palabras: si no hay cifras en el resto del país no es porque no haya reclutamiento, sino porque no hay institucionalidad mirando.

Mientras el país debate sobre los bombardeos, el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz ha encendido otra alarma que revela el abandono estatal desde otro ángulo. Las mujeres del movimiento han documentado casos de niños y adolescentes que, tras ser rescatados, fugados o desvinculados de los grupos armados, son entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Sin embargo, lejos de encontrar protección, muchos de ellos sufren maltratos, ausencia de rutas diferenciales, negligencia institucional y falta de acompañamiento psicosocial especializado.

Las madres denuncian que varios menores se han escapado de los hogares del ICBF, no porque quieran regresar a la guerra, sino porque allí tampoco encuentran seguridad, cuidado ni una atención adaptada a su condición de víctimas de reclutamiento. El resultado es una tragedia silenciosa: adolescentes que terminaron siendo víctimas de dos guerras —la de los grupos armados y la del abandono institucional— y que, al no encontrar un refugio en el Estado, terminan regresando forzadamente a las estructuras armadas de donde salieron.

Este vacío institucional se agrava en las escuelas. Docentes y estudiantes han advertido que mayores de edad de las mismas instituciones educativas están reclutando a menores. Aun así, no hay presencia efectiva del Ministerio de Educación, que sigue sin implementar rutas de protección ni actuar territorialmente. La Policía de Infancia no patrulla las zonas rurales, la Defensoría alerta pero no acompaña, las personerías están desbordadas, el ICBF falla en protección y la Procuraduría no sanciona las omisiones estatales que permiten que el reclutamiento avance sin freno. En muchas regiones del país, niños y niñas están quedando completamente solos frente a este flagelo.

Por eso, es urgente insistir en que el debate no puede quedarse atrapado en los bombardeos. Colombia abrió la conversación por los niños y niñas muertos en esos operativos. Ahora tiene que abrirla por los menores que siguen vivos, escondidos, silenciados y en riesgo. Por los que fueron reclutados y nadie busca. Por los que escapan y nadie cuida. Por los que regresan a la guerra sin que nadie pregunte por qué.

Porque detrás de cada cifra hay un niño o niña. Y detrás , un Estado que no llegó.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

La paz es el camino, presidente Petro

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Conflicto ArmadoPublicado el Sin comentarios

Desde el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz levantamos nuestra voz con dolor, pero también con la convicción inquebrantable de que Colombia merece un futuro distinto para sus hijos e hijas.

El reciente bombardeo en el Guaviare dejó dos efectos profundamente graves: la muerte de siete menores de edad y la oleada terrorista que azotó al Cauca en los días posteriores. Dos heridas abiertas que nos confrontan, una vez más, con la urgencia de replantear la estrategia de seguridad del país.

En una nación donde más de dos mil niños y niñas han sido reclutados forzosamente, donde no existe una política pública eficaz para prevenir ese reclutamiento ni un sistema sólido para buscar y recuperar a los menores que siguen en manos de grupos armados, no hay garantías éticas ni operativas para ejecutar bombardeos.

Los niños y niñas seguirán siendo usados como escudos humanos mientras no exista una política de Estado que los proteja antes, durante y después de la guerra.

A esto se suma una realidad que conocemos de cerca: la retaliación armada siempre cae sobre el Cauca, un territorio que ha sido nuestro epicentro de dolor y resistencia. Allí, las disidencias de las FARC circulan con absoluta libertad, con armas largas, con poder territorial y con la capacidad de paralizar la vida de todo un departamento.

Ellos sí bombardean: estaciones de policía, viviendas, ambulancias, la vía Panamericana. Ellos bloquean, incendian, dinamitan y sumen al suroccidente en el caos, sin que el país entero alcance a dimensionar lo que vivimos.

Por eso afirmamos con claridad que los bombardeos no son la solución. Nunca lo fueron. Nunca lo serán.

La verdadera salida —la única salida digna para un país que ha perdido generaciones enteras de sus hijos e hijas— es una justicia que investigue sin miedo y sin sesgos la relación evidente entre estructuras armadas, sectores del uribismo y redes del narcotráfico.

Solo desmontando esa maquinaria político-criminal podrá Colombia frenar las guerras regionales que desangran a nuestras comunidades.

A la par, insistimos: la paz debe ser una estrategia de Estado.

Diálogo donde sea posible.

Sometimiento judicial para quienes no quieran dialogar.

Inversión social profunda en territorios olvidados.

Protección real para los niños y niñas antes de que caigan en manos de los fusiles.

Señalamos también la hipocresía de la derecha, que celebró bombardeos durante el gobierno de Iván Duque —incluso cuando hubo menores muertos— y hoy se escandaliza por los operativos ordenados por Petro.

Ellos no están pensando en los niños y niñas. Están pensando en el poder, en el 2026 y en el rédito político que obtienen del dolor ajeno.

Por eso, señor presidente, desde nuestra voz de madres y mujeres que han puesto el cuerpo, la vida y el corazón en esta lucha, le pedimos con respeto y firmeza:

no se deje presionar por los discursos de guerra.

No permita que quienes han vivido de la violencia definan el rumbo del país.

Colombia está cansada de enterrar a sus hijos e hijas.

Nosotras también.

Y desde este movimiento, que abraza a las víctimas, que llora a los niños y niñas, y que acompaña al Cauca y a todas las regiones golpeadas, afirmamos:

La paz es —y debe ser— el único camino.

MOVIMIENTO NACIONAL DE MADRES Y MUJERES POR LA PAZ

Yesica Viviana Carabalí: cuando la madre siembra justicia

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Conflicto ArmadoPublicado el Sin comentarios

6 de noviembre: siete años de su partida, siete años de resistencia

El 6 de noviembre de hace siete años, el Cauca amaneció en silencio.

El río que baja por Santa Catalina no quiso cantar.

El viento, que suele jugar entre los cafetales, se detuvo un instante, como si también llorara.

Ese día cayó Yesica Viviana Carabalí, mujer afrocolombiana, lideresa de su comunidad, hija del tambor y de la montaña, de esas mujeres que nacen con la palabra firme y la mirada encendida.

 

La mataron por ser mujer, por ser negra, por ser libre.

La mataron por hablar, por defender la tierra y por creer que el amor no debía doler.

Su cuerpo cayó, pero su nombre se alzó sobre el Cauca como un canto de resistencia.

 

Su madre —otra mujer afrocolombiana de manos sabias y voz de raíz— no se rindió al dolor.

En las noches llora, sí, con la dignidad de las abuelas que rezan al fuego y al río.

Pero al amanecer, se amarra el pañolón, toma el bastón y camina.

Va por los caminos del norte del Cauca con la fuerza de quienes saben que llorar también es sembrar.

 

De su llanto brotaron flores de lucha.

Así nació el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz,

y con él la Guardia Intercultural Humanitaria y Siembra Esperanza,

una guardia hecha de cantos, de tejidos, de manos que curan y bastones que protegen la vida.

Porque la madre de Yesica no solo pide justicia para su hija,

sino para todas las mujeres que fueron silenciadas por la violencia y olvidadas por el Estado.

 

Han pasado siete años y la impunidad aún cubre el caso como una nube espesa.

Nadie ha respondido, ningún fallo ha reparado la herida.

Pero en los ojos de su madre, la justicia tiene otro rostro:

es la organización, es la palabra, es la memoria viva.

 

En cada territorio donde ella pisa, Yesica vuelve.

Vuelve en la brisa que se levanta sobre el río,

en las niñas que aprenden a hablar sin miedo,

en los tambores que resisten al olvido.

 

Porque el pueblo afro sabe transformar el dolor en canto.

Y la madre de Yesica, en su duelo, se volvió canto también:

canto de justicia, canto de vida, canto de siembra.

 

“Mi hija no murió —dice ella—.

Solo se convirtió en semilla.

Y las semillas, cuando lloran las madres, florecen en esperanza.”

 

Hoy, siete años después, su voz sigue recorriendo los territorios,

recordándonos que mientras una madre siga de pie,

la historia no se detiene.

Porque la vida, como el tambor, sigue sonando.

Y Yesica, mujer afrocolombiana, sigue viva en cada golpe de tambor que pide justicia.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Hernán Echavarría Olózaga y el secuestro de Piedad Córdoba: la sombra del paramilitarismo en la élite empresarial colombiana

por Sofia Lopez2025, Conflicto Armado, ImpunidadPublicado el Sin comentarios

Hernán Echavarría Olózaga, nacido en Medellín en 1911, es ese personaje que aparece en los libros de historia con título académico, cargos públicos y reconocimientos que harían sonrojar de envidia a cualquier mortal. Ingeniero, economista, ministro, embajador, cofundador de universidades y filántropo declarado, Echavarría parecía el prototipo del “hombre de bien” que Colombia necesitaba.

Pero, bajo el saco impecable y la corbata de seda, se escondía un matón más en la historia de este país. Porque claro, no hay condena judicial que lo toque: se murió, y con él, los secretos y las sombras de sus negocios quedaron bien protegidos.

Y vaya que estos secretos tenían nombres: Sindicato Antioqueño, hoy rebautizado con su sigla elegante y moderna, GEA, donde se aliaron familias como los Echavarría, Saldarriaga, Uribe y Restrepo para consolidar poder económico y político en el país. Ese mismo sindicato que, según los exparamilitares que hablan en los informes de la Comisión de la Verdad, permitió que la violencia armada floreciera mientras los negocios se protegían.

Porque en Colombia ser “gente de bien” significa, entre otras cosas, dirigir empresas, cofundar fundaciones y, de vez en cuando, aparecer en cartas a comandantes paramilitares como Carlos Castaño, preocupándose de que la senadora Piedad Córdoba no quede libre. La sentencia relacionada con este caso menciona a Hernán Echavarría Olózaga como actor intelectual en los hechos, aunque, por su muerte, no se le condenó. Testimonios de exparamilitares y documentos judiciales lo señalan como parte de la maquinaria que permitió estos crímenes.

No contento con esto, la familia Olózaga-Mesas también se extendió a la agroindustria en Urabá, con Banafrut y otras exportadoras de banano, zonas históricamente bajo influencia paramilitar, según varios informes de organizaciones de derechos humanos y memoria histórica. Los negocios de la familia financiaron el paramilitarismo en Urabá a través de la empresa.

Y, por si alguien tenía dudas sobre su lado político, Hernán Echavarría Olózaga también apoyó la campaña de Álvaro Uribe en 2002, a través de la fundación Renacimiento, y fue parte de la creación del movimiento político Patria Nueva. Porque la filantropía y la política siempre caminan de la mano en la versión más elegante de la oligarquía.

En resumen, esta es la gente de bien en Colombia: títulos, cargos, reconocimientos, fundaciones, empresas, apoyo paramilitar según testimonios y respaldo político a campañas presidenciales. Todo empaquetado con un nombre que suena a respeto, pero que debajo guarda lo que los historiadores llamarían con sarcasmo: matonería empresarial con sonrisa diplomática.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

La paz se impone cuando te inventas la guerra: cómo Estados Unidos e Israel fabrican el fin de su propio genocidio

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Conflicto Armado, Pueblos y TerritoriosPublicado el Sin comentarios

En la foto oficial, hay sonrisas y manos que se estrechan. En la ciudad que quedó hecha de polvo y huesos, no hay sonrisas: hay entierros que se multiplican y niños que ya no saben su nombre.

Esa es la distancia entre una foto en Sharm el-Sheij y la realidad de Gaza: una puesta en escena para decir que algo terminó, cuando en verdad la maquinaria de destrucción sigue intacta.

Estados Unidos no es un “facilitador neutral”: es el arsenal, la caja fuerte y el aval político. Desde el 7 de octubre de 2023 hasta septiembre de 2025, según un informe del Costs of War/Quincy Institute, EE. UU. ha destinado al menos 21.7 mil millones de dólares en asistencia militar a Israel en este ciclo de guerra.

Esa cifra no incluye los compromisos de venta de armas que seguirán pagándose durante años.

La intervención no es improvisada. Se sostiene en memorandos de entendimiento que garantizan miles de millones anuales: el acuerdo vigente compromete 38 mil millones de dólares en asistencia militar entre 2018 y 2028, una estructura que convierte la relación bilateral en una transferencia constante de poderío letal.

Si alguien creyó que las bombas serían sustituidas por proyectos de reconstrucción y justicia, la realidad lo desmiente.

La guerra fue fabricada por Israel y sostenida por Estados Unidos; y cuando quien fabrica la guerra decide “pararla”, lo hace bajo sus propios términos: con su narrativa, su control y su impunidad.

Conviene recordarlo: Hamás fue una creación de Israel para debilitar a la OLP. Esa historia debe decirse sin titubeos para entender cómo una guerra se inventa, se administra y se usa para desplazar poblaciones, imponer proyectos inmobiliarios, apropiarse del gas palestino y hasta planear un canal que compita con el de Suez.

Mientras los discursos celebran un “alto el fuego”, en las calles empiezan a operar bandas armadas financiadas por Israel, al estilo del ISIS, que patrullan, saquean, amenazan y, en el peor de los signos, asesinan a quienes documentan la verdad.

El caso de Saleh Al-Jafarawi, periodista de 28 años abatido tras el supuesto cese al fuego, es la síntesis perversa de lo que ocurre cuando la violencia se privatiza y se legitima bajo el manto de la “seguridad”.

No hay paz si no hay reconocimiento.

No habrá paz duradera sin que Palestina sea reconocida como Estado soberano, sin que se garantice el retorno de los desplazados, sin que Gaza y Cisjordania sean reconstruidas bajo control democrático palestino y con supervisión internacional.

No hay paz mientras las bombas sigan cayendo ni mientras los responsables políticos sigan aplaudiendo en salones con aire acondicionado.

Donald Trump, Joe Biden y Benjamin Netanyahu deben responder ante la justicia internacional por genocidio.

Y no se trata solo de una condena moral: es una exigencia jurídica.

Quienes sostuvieron, financiaron y dotaron de herramientas a la máquina de muerte —políticos, gobiernos y corporaciones— deben rendir cuentas.

La historia no perdona a los arquitectos del exterminio.

Palestina no necesita discursos en primera plana; necesita justicia, reparación y reconocimiento.

Hasta entonces, las fotos de la paz seguirán siendo utilería para un teatro que tapa la realidad: muertos, niños sin escuela, hospitales destruidos y una ciudadanía que clama por soberanía.

Palestina merece ser libre.

Y la libertad será verdad cuando la comunidad internacional deje de financiar el látigo que hoy la golpea.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Un parapolítico es presidente del Congreso

por Sofia Lopez2025, Conflicto Armado, ImpunidadPublicado el Sin comentarios

En Colombia la historia no pasa: se recicla con corbata.
Hoy, el Congreso está presidido por Efraín Cepeda, un veterano conservador que lleva más de tres décadas sentado en el Capitolio, mientras las víctimas siguen esperando verdad y reparación por los pactos que amarraron la política con la guerra.

En octubre de 2025, el exsenador Álvaro Ashton, uno de los hombres que conoció el poder desde dentro, rompió su silencio ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Dijo lo que el país sabía, pero no quería escuchar: que en las regiones el poder no se ganaba en las urnas, sino en los cuarteles de los paramilitares. Que los jefes del Bloque Norte de las AUC no solo desplazaban y asesinaban campesinos, sino que también financiaban campañas, movían contratos y decidían quién podía gobernar.

En su testimonio, Ashton mencionó a políticos y empresarios. Entre ellos, al hoy presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Habló de “acuerdos” y “acercamientos políticos” en municipios bajo control paramilitar. Cepeda, por su parte, niega los vínculos. No ha sido condenado, pero las palabras de Ashton nos recuerdan que la parapolítica sigue vigente y preside el Congreso. La noche oscura del paramilitarismo no ha terminado aún.

Años atrás, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso lo había dicho con la frialdad de quien confiesa un secreto público: “El 35 por ciento del Congreso colombiano subió gracias al paramilitarismo.”

Y mientras las cifras se volvían nombres, el país conoció la palabra parapolítica: congresistas, gobernadores, alcaldes, empresarios. La lista fue larga. Y dolorosa.

El Partido Conservador, del cual Cepeda es figura histórica, tuvo varios de sus senadores condenados por vínculos con las AUC. No fueron los únicos, pero sí parte del engranaje que permitió que la guerra tuviera rostro institucional.

El Bloque Norte, bajo el mando de “Jorge 40” —con quien se ha vinculado a Cepeda en versiones ante la JEP—, extendió su dominio desde La Guajira hasta el Magdalena. En sus zonas de influencia, los candidatos que no se alineaban eran amenazados o desaparecidos. Los líderes sociales eran marcados como “enemigos” y las comunidades votaban bajo la sombra de un fusil.

Miles de víctimas aún buscan a sus desaparecidos. En esos mismos territorios, la maquinaria política siguió viva, reciclada, ahora vestida de legalidad.

Efraín Cepeda entró al Congreso a comienzos de los años noventa y desde entonces no ha salido. Ha sido presidente del Senado en varias ocasiones. Un político hábil, curtido en los pactos, sobreviviente de todos los cambios de gobierno. Representa a una clase dirigente que aprendió a navegar entre las ruinas del país y a mantenerse en el poder mientras otros pagaban los costos de la guerra.

Hoy, cuando Ashton habla ante la JEP y menciona los nombres de siempre, las víctimas sienten que el eco vuelve.
“Nosotras sabíamos quién mandaba en los pueblos”, dice una mujer desplazada del Cesar. “Solo que nadie quería escucharlo.”

En sus palabras no hay venganza, sino cansancio: el cansancio de ver que los nombres del pasado se repiten en los cargos del presente.

No hay condena, pero hay memoria.
Y en la memoria del Caribe colombiano, los jefes paramilitares y los caciques políticos fueron parte de la misma estructura: una que mató, despojó y gobernó a punta de miedo.

Por eso, cuando hoy un hombre de ese linaje ocupa la presidencia del Congreso, las víctimas sienten que la historia se burla.
Que el país no aprendió.
Que el horror, si no se nombra, regresa.
Y regresa en forma de parapolítico como presidente del Senado. Qué vergüenza.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Las guerras prefabricadas: cómo Israel contribuyó a la creación de Hamás y utilizó el 7 de octubre para justificar el Genocidio en Palestina

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Conflicto Armado, Pueblos y TerritoriosPublicado el Sin comentarios

En el tablero del poder, no todas las guerras nacen del caos: muchas se diseñan meticulosamente en los despachos de seguridad y geopolítica. A este fenómeno se le puede llamar, en términos doctrinales, guerra prefabricada: cuando una potencia fomenta, financia o tolera la creación de un enemigo que, más adelante, le servirá para justificar políticas de control, expansión o guerra abierta.

El caso de Hamás es uno de los ejemplos más reveladores de este mecanismo en el siglo XXI. A finales de los años 70 y comienzos de los 80, Israel permitió e incluso alentó el crecimiento de grupos islamistas en Gaza como contrapeso a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) de Yasser Arafat, una fuerza laica y nacionalista que representaba una amenaza política real al proyecto de ocupación israelí.

Las propias autoridades israelíes lo reconocieron con el tiempo. Yitzhak Segev, entonces gobernador militar de Gaza, admitió que recibió fondos del gobierno israelí para financiar mezquitas con el objetivo de debilitar a la OLP. Por su parte, Avner Cohen, responsable de Asuntos Religiosos en la administración israelí, fue aún más directo: “Hamás, a mi pesar, es una creación de Israel.”

Incluso Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, lo recordó públicamente en 2024: “Israel financió la creación de Hamás para debilitar a la Autoridad Palestina.”

Así nació Hamás: primero como una rama social y religiosa de los Hermanos Musulmanes, con clínicas, escuelas y mezquitas. Israel toleró su expansión, cerró los ojos ante sus actividades e incluso otorgó permisos legales que negaba sistemáticamente a las organizaciones seculares. La idea era simple y perversa: fragmentar para dominar.

No es un caso aislado. La historia reciente ofrece ejemplos similares: Estados Unidos financió a los muyahidines afganos, entre ellos Osama bin Laden, para debilitar a la URSS en los años 80. Luego, esos mismos grupos se convirtieron en el pretexto perfecto para la “guerra contra el terrorismo” tras el 11-S. En América Latina, las potencias occidentales respaldaron grupos paramilitares que más tarde justificaron intervenciones militares o políticas de “seguridad interna” represivas.

Volviendo a Gaza, Hamás, una vez consolidado, se transformó en el enemigo ideal. Cada ataque suyo permite justificar bloqueos, bombardeos masivos y proyectos de reconfiguración territorial. Tras el 7 de octubre de 2023, el gobierno israelí desplegó una ofensiva de destrucción total, mientras en despachos de Tel Aviv, Washington y El Cairo se discutían planes económicos y energéticos para la “reconstrucción” de la Franja. La guerra, más que respuesta, se convierte en instrumento.

Las guerras prefabricadas no necesitan conspiraciones totales para funcionar: basta con sembrar, permitir crecer y, llegado el momento, cosechar el enemigo necesario. Hamás fue funcional al proyecto israelí: primero para dividir al pueblo palestino, luego para legitimar políticas coloniales y expansionistas. Y, como toda creación estratégica, terminó escapando parcialmente al control de su creador, pero sin dejar de cumplir su rol en el relato oficial.

Comprender este patrón es clave para desmontar los discursos simplistas que reducen conflictos complejos a “buenos contra malos”. En realidad, muchas guerras contemporáneas se fabrican con cálculo frío mucho antes de que estalle la primera bomba.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Donald Trump hostiga a la Corte Penal Internacional mientras Estados Unidos respalda el genocidio en Palestina

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Conflicto Armado, Pueblos y TerritoriosPublicado el Sin comentarios

La Haya, Países Bajos. La Corte Penal Internacional debería ser un refugio para las víctimas de crímenes atroces, un lugar donde la justicia internacional intente reparar lo que la política y las armas destruyen. Pero desde que la Corte emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, la respuesta de Estados Unidos ha sido de hostigamiento abierto. Donald Trump firmó en febrero una orden ejecutiva que permite sancionar a jueces, fiscales, funcionarios e incluso colaboradores externos de la Corte. La intención es clara: intimidar, asfixiar económicamente, aislar a quienes se atrevan a investigar a Israel. La prensa internacional lo ha llamado la reactivación del “Hague Invasion Act”, la ley de 2002 que autorizaba al presidente estadounidense a usar “todos los medios necesarios” para liberar a militares o funcionarios estadounidenses detenidos en Países Bajos. Una amenaza velada de invasión contra un tribunal que busca juzgar lo que no debe quedar impune.

La estrategia de Trump no es sólo retórica. En los últimos meses, jueces de la CPI han visto congeladas sus cuentas, se les ha restringido el acceso a bancos internacionales, algunos han recibido advertencias de que sus familiares podrían ser incluidos en listas negras. La medida alcanza a investigadores que colaboran en la recolección de pruebas de crímenes de guerra. Todo esto, en paralelo con la ofensiva militar israelí que ha dejado a Gaza convertida en un cementerio de niños, de hospitales arrasados, de familias completas sepultadas bajo los escombros. La obstrucción de la justicia internacional se convierte, así, en complicidad activa.

Las cifras estremecen. Autoridades locales palestinas contabilizan ya más de sesenta y cinco mil muertos en Gaza desde octubre de 2023. Pero la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, advierte que el número real puede ser diez veces mayor: hasta seiscientas ochenta mil personas, si se cuentan las muertes indirectas por hambre, enfermedad, falta de medicinas y agua. En ese cálculo, casi cuatrocientos mil serían niños menores de cinco años. Son cifras de exterminio, de un genocidio que avanza a la vista del mundo. Mientras tanto, Washington garantiza el suministro de armas y municiones, bloquea resoluciones en Naciones Unidas y castiga a quienes intentan investigar. El mensaje es inequívoco: Estados Unidos respalda, financia y protege el genocidio.

Frente a esta realidad, no basta hablar de excesos militares o de errores de cálculo. El patrón es sistemático: bombardeos a zonas densamente pobladas, destrucción deliberada de infraestructura civil, hambre usada como arma de guerra, castigo colectivo a millones de personas encerradas en un territorio sin salida. Netanyahu dirige esta maquinaria con discursos que justifican la aniquilación, Gallant la ejecuta con órdenes militares, y Trump se convierte en su aliado indispensable al hostigar a la única institución que podría juzgarlos. Todos ellos son responsables de crímenes de lesa humanidad. El paralelo con Hitler no es retórico: es una advertencia de lo que ocurre cuando se permite que líderes autoritarios decidan quién tiene derecho a vivir y quién no.

La justicia internacional nació después del Holocausto para que el horror no se repitiera. Hoy, setenta y cinco años después, el mundo presencia otro genocidio y Estados Unidos, en lugar de frenarlo, lo sostiene. Donald Trump y sus secuaces son tan responsables como Netanyahu de esta masacre. La historia los juzgará, pero antes deberían juzgarlos los tribunales, por el bien de la humanidad entera.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo