¡Fiscal Ya!: Una mirada al proceso de elección de la nueva Fiscal General de la Nación

Este jueves 22 de febrero, en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, se llevó a cabo una nueva jornada de votación; sin embargo, ninguna de las tres aspirantes logró alcanzar la mayoría de los votos. La Sala Plena de la Corte decidió aplazar nuevamente la votación para la elección de la nueva Fiscal General de la Nación después de varias horas de deliberación. Según el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, la sesión se desarrolló en completa normalidad. Además, aseguró que una de las candidatas obtuvo una mayoría importante de votos, pero no fue suficiente para ser elegida como fiscal. La candidata en cuestión sería Amelia Pérez, quien obtuvo 13 votos de los 16 requeridos. Por el momento, Martha Mancera continuará encargada de la Fiscalía.

El procedimiento para elegir al Fiscal, está regulado por la Constitución Política y los reglamentos de la Corte Suprema de Justicia. Conforme al artículo 249 de la Constitución Política, el Fiscal es elegido por la Corte Suprema de Justicia, de una terna enviada por el Presidente de la República. Ahora bien, el procedimiento y las reglas para esa elección están previstos en el Acuerdo No. 006 de diciembre de 2002, es decir, en el Reglamento General de la Corte.

Este reglamento es emitido por la misma Corte, conforme a la atribución prevista en el numeral 6 del artículo 235 de la Constitución Política: «darse su propio reglamento». Dicho reglamento debe estar supeditado a la Constitución y a las leyes.

Conforme a los artículos 4, 5 y 6 del reglamento, las sesiones para elegir al Fiscal deben ser ordinarias, las votaciones serán secretas y para que sea electo algún candidato o candidata, se necesitan 2/3 partes de los 23 votos que emiten los 23 magistrados, es decir, 15.33; se redondea a 16 votos para que una persona ternada como candidata sea electa.

En el artículo 39 del reglamento se establece que los magistrados deben analizar las hojas de vida de los candidatos y, para ello, deliberarán sobre aspectos relacionados con las mismas. La Corte Suprema anunció oficialmente en noviembre de 2023 que las tres candidatas propuestas para el cargo de Fiscal cumplen con todos los requisitos constitucionales y legales. Se supondría entonces que, con esta decisión, la fiscal que sucederá a Francisco Barbosa será una mujer, ya que el presidente Gustavo Petro ternó a Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez. Además, quedó descartada la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro pueda modificar la terna de candidatos.

Los pasos siguientes para la deliberación de las hojas de vida fueron:

  • Observaciones de la ciudadanía a las candidatas: del 7 de noviembre al 14 de noviembre de 2023.
  • Evaluación de las observaciones por parte de la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de fecha 20 de noviembre de 2023.
  • Audiencia pública en la Sala Plena de la Corte Suprema para que las candidatas presenten sus propuestas y respondan preguntas de los miembros de la Corte con fecha del 23 de noviembre de 2023.

Es decir, se cumplió con todas las etapas señaladas en el artículo 39 del reglamento.

Este mismo artículo 39 del reglamento prevé que, terminada la deliberación para analizar a las candidatas, se someterá a votación. Según el artículo 40 del reglamento, el voto es obligatorio, pero se puede optar por votar en blanco. Esto resulta absurdo, dado que las hojas de vida de las candidatas ya fueron aceptadas por la Corte conforme a lo establecido en el artículo 39. Es tan absurdo como inconstitucional, ya que se trata de la elección de un cargo del Estado, no de una elección popular, y las candidatas ya han sido aceptadas.

Es importante señalar que la Corte, al elegir al Fiscal, cumple una función administrativa. Esta función se desarrolla bajo los principios constitucionales, en particular los relacionados con la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Aunque el reglamento permita el voto en blanco, esto no implica que sea constitucionalmente permitido. El voto en blanco es contrario en este caso al principio de celeridad y el voto secreto contrario al principio de publicidad y transparencia.

Finalmente, el artículo 41 establece el trámite de la votación: si en una primera votación ninguno de los candidatos obtuviera el número de votos requerido para su elección, se efectuará seguidamente una segunda, circunscrita a los dos que hayan obtenido la mayor votación. Si en esta tampoco resultara ninguno electo, se someterá a cada uno de ellos separadamente a una tercera votación en sesión posterior, si fuera solicitada por alguno y aprobada por la mayoría de los asistentes.

Instalada la primera sesión, los magistrados deben votar por una de las tres candidatas puestas en su conjunto, (el voto en blanco cuenta como voto, y no se anotará a ninguna de las candidatas), si ninguna de las candidatas obtiene los 16 votos necesarios para ganar, en esa misma sesión, se hará otra ronda de votación, pero sólo respecto a las dos candidatas que hayan obtenido el mayor número de votos, es decir, en la otra ronda, los magistrados solo votarán por dos de las candidatas. Si en estas dos rondas de votación, realizadas en esa misma sesión, ninguna de las candidatas obtiene los 15 votos, entonces, a solicitud de alguno de los magistrados y aprobada esa solicitud por la mayoría de los magistrados, se convocará a una segunda sesión. Para que haya una tercera votación, dónde los candidatos serán sometidos, ya no en su conjunto, si no por separado, para que cada uno de los magistrados manifiesten el voto frente a ese candidato por separado.

Ni la Constitución Política ni el reglamento de la Corte permiten a los magistrados diferir el proceso de votación de la Fiscal. Por el contrario, los Numerales 1 y 2 del artículo 43 del reglamento les imponen los deberes de hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos, y desempeñar con celeridad, moralidad e imparcialidad las funciones asignadas. Por otra parte, es importante indicar que la función de elegir Fiscal es una función administrativa y no judicial que se rige por los principios de la función administrativa, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Por lo tanto, caen por su propio peso las versiones de la derecha golpista que indican que se está violando el principio de autonomía e independencia judicial, ya que este principio opera cuando la Corte actúa como juez; en el caso de la elección del Fiscal, actúa como administración, por tanto, es legítimo el reclamo popular y del gobierno al cumplimiento de los principios de la función administrativa.

La Corte está llevando a cabo maniobras dilatorias con el único propósito de garantizar la permanencia de la Fiscalía de derecha instaurada durante el gobierno de Duque, sin tener en cuenta los graves señalamientos que se hacen en diversos medios de comunicación sobre el presunto favorecimiento de la fiscalía a reconocidos narcotraficantes.

En un comunicado emitido este 14 de febrero, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia enfatizó la importancia crucial de elegir pronto al próximo Fiscal . Destacando el papel fundamental que desempeña la Fiscalía en la garantía del acceso a la justicia, la consolidación democrática y el Estado de Derecho, la ONU instó a la Corte Suprema a concluir el proceso de selección en el menor tiempo posible. En los mismos términos se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de los Estados Americanos OEA.

El voto secreto y en blanco establecido en el reglamento de la Corte es abiertamente inconstitucional, pero es la herramienta preferida por la Corte Suprema de Justicia para mantener en la interinidad a la cuestionada fiscal Martha Mancera.

Por: Sofía López Mera, abogada y periodista de la Corporación Justicia y Dignidad

Objeción de conciencia frente a una justicia misógina que instaura impunidad.

El aparato judicial del Estado, compuesto por la Fiscalía y la Rama Judicial, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente aquellos relacionados con la violencia contra la mujer y de género presentan graves falencias. Este sistema se erige sobre la premisa simplista de la «verdad procesal» como fundamento de su concepto de «justicia». Sin embargo, esta verdad procesal, en la mayoría de los casos, no representa la verdad real, ya que se construye mediante la técnica de la mercantilización judicial o del testimonio, como señala el Sacerdote Jesuita Javier Giraldo Moreno. En realidad, esta práctica no es más que la manifestación de diversos tipos de corrupción en el proceso judicial. Esta discrepancia genera un abismo entre la llamada «verdad» procesal y la verdad efectiva. En este contexto, se evidencia la fragilidad de un sistema judicial cuyas decisiones son fundamentadas en una verdad procesal que, no garantiza una administración de justicia justa e imparcial y más bien se convierte en un terreno propicio para la corrupción y la falta de integridad en el proceso judicial.

La justicia colombiana para identificar y castigar a aquellos que perpetran violencia contra las mujeres no es eficaz ya que existe un patrón generalizado de impunidad. En cambio, parece estar orientada hacia la repetición constante y sistemática de las mismas conductas criminales. En nuestra experiencia legal, hemos sido testigos directos de procesos judiciales que involucran señalamientos, estigmatización, revictimización por parte de los órganos judiciales en perjuicio de las mujeres que buscan justicia frente a hechos violentos.

Hoy, en la conmemoración de los 4 años de la desaparición forzada de Nárly Gómez Jimenes, reafirmamos que la justicia colombiana, que se basa en establecer verdades procesales en lugar de verdades efectivas, se transforma en este caso en una justicia misógina que perpetúa la impunidad. Frente a esta lamentable situación judicial, familiares de las víctimas y abogadas han presentado la declaratoria pública de objeción de conciencia, apelando a la justicia popular y la censura moral contra los responsables y el sistema judicial.

Nárly Gómez Jiménez, fue desaparecida forzadamente el día 27 de enero de 2020 y la última persona con quien fue vista fue su excompañero sentimental y padre de su hija, el militar Ever Yobany Muñoz Imbachi en zona rural de Popayán. Ever Yobany era soldado profesional adscrito al Grupo de Caballería Liviano Meteoro.

El 27 enero de 2020, Nárly y su menor hija se trasladaron a un colegio para realizar diligencias de matrícula para la menor. Posteriormente y por averiguaciones de la familia se supo que Nárly, el militar y su hija se trasladaron a una zona rural a ver unos lotes. La niña manifestó que el día de los hechos su papá se había ido con su mamá y que la dejó encerrada en una casa de paredes de tierra y luego llegó sólo y con los brazos manchados de sangre. Otros testimonios que obran en el proceso penal indican que la pareja bajó discutiendo en dirección a un río y que de regreso el militar subió mojado, sin camisa y bastante asustado. Posteriormente el militar se trasladó en una camioneta alquilada y en un campero, hasta el corregimiento de Guachicono del municipio La Vega, junto a su hermana Ruby Muñoz, en este lugar, pretendieron regalar a la niña a unos familiares, quienes no quisieron recibirla porque no tenía autorización de Nárly. Por ello, la niña fue dejada donde la madre del militar, posteriormente la señora les entregó la menor a los familiares de Nárly.

El día el 22 de abril de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares, tras considerar que Nárly y sus familiares se encuentran en situación de extrema gravedad e instó al Estado colombiano a actuar inmediatamente ordenando medidas para dar con su paradero.

Desde el 16 de diciembre de 2019, ante la fiscalía, Nárly ya había denunciado al militar sobre la violencia intrafamiliar de la que venía siendo víctima, nadie protegió a Nárly a pesar de que ella denunció oportunamente, y Nárly finalmente se encuentra en situación de desaparición forzada.

Los allegados de Nárly han llevado a cabo acciones de investigación y de búsqueda de manera independiente en las zonas rurales de Timbío y Rosas, sin el respaldo institucional, contando con el apoyo solidario de residentes locales, amigos y líderesas sociales. La Fiscalía 1 Especializada y la Fiscalía 7 Especializada tardaron nueve meses en emitir una orden de captura contra el presunto responsable. Más tarde, informaron que el militar en cuestión habría fallecido en circunstancias misteriosas en el departamento del Huila.

Los familiares de Nárly solicitaron pruebas de ADN para la identificación efectiva del militar pero la Fiscalía 1 Especializada ha estado presionando desde diciembre de 2021 para la preclusión y archivo del caso. Existe preocupación de que, con el cierre de la investigación, se detengan las labores de búsqueda adicionales.

El director seccional de fiscalías nunca envió el caso a una fiscalía destacada en género o a una unidad para violaciones a los derechos humanos. Las búsquedas institucionales de Nárly por parte de las autoridades judiciales se limitaron a formatos digitalizados y promesas de diseño de rutas que nunca se materializaron. Los familiares continúan la búsqueda de Nárly sin el respaldo institucional.

En el transcurso del acompañamiento legal de este caso, se han evidenciado diversas afrentas. Entre ellas, se destaca la actitud despectiva de un investigador de la policía judicial, quien expresó su negativa a realizar labores de búsqueda en la zona rural alegando que se le ensuciarían las botas. Asimismo, se registró la solicitud por parte del director seccional de fiscalías a los familiares de Nárly para que evitaran contactar a los funcionarios de la policía judicial, argumentando que generaban estrés.

Sin embargo, la omisión más significativa recae en el incumplimiento de la orden de captura por parte de las fiscales Martha Liliana Cerón y Paula Andrea Salamanca Carrasquilla. Estas fiscales, actualmente, buscan precluir y archivar de manera insistente la investigación contra el militar responsable de la desaparición forzada de Nárly, justificando dicha acción en la supuesta muerte del militar.

 

Instituciones como la Cancillería, Medicina Legal y la Fiscalía han omitido compartir los resultados de las pruebas de ADN necesarios para la identificación del militar. Mientras tanto, en el municipio de la Sierra, hay testimonios de personas que aseguran haber visto al militar visitando a sus familiares, lo que genera aún más preocupación e incertidumbre en torno a la situación.

Frente a la instauración de la impunidad en este grave caso de violencia contra la mujer, los familiares y abogadas de Nárly se han declarado en objeción de conciencia por las acciones de la fiscalía y el juzgado cuarto especializado itinerante de Popayán. No participarán en las diligencias judiciales de archivo y preclusión, ya que consideran que constituyen impunidad y una burla, además de ser un proceso de revictimización contra los familiares. La Constitución colombiana de 1991 protege la libertad de conciencia, permitiendo que cada individuo se abstenga de actuar en contra de su conciencia. Aunque la justicia colombiana pueda parecer misógina, la sociedad payanesa no lo es.

Por esta razón, hoy familiares de las víctimas, organizaciones sociales y de mujeres y ciudadanía en general nos encontramos en la casa de la moneda en un plantón, en donde se realizarán actividades de muralismo y olla comunitaria en conmemoración de los 4 años de la desaparición forzada de Nárly Gómez Jiménez, exigiendo Justicia.

Por: Sofía López Mera, abogada y periodista de la Corporación Justicia y Dignidad

El retiro de las distinciones al General Arias Cabrales, una medida restaurativa a favor de las víctimas

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha decidido retirar las condecoraciones al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, antiguo comandante de la Décima Tercera Brigada del Ejército de Colombia. Arias Cabrales, conocido por dirigir el operativo de retoma del Palacio de Justicia en 1985, fue condenado por delitos dolosos, principalmente la desaparición forzada de cinco personas, que constituyen graves violaciones a los derechos humanos.

Arias Cabrales, en sus días de gloria, recibió cuatro medallas de distinción por su participación en la retoma del Palacio de Justicia. Sin embargo, nuevas evidencias surgieron, revelando que algunas de las personas dadas por muertas durante el operativo salieron con vida y nunca fueron encontradas. Arias Cabrales reconocido como un héroe militar es ahora un condenado por delitos de lesa humanidad. Por esta razón, el Gobierno de Petro, en consonancia con los principios de derechos humanos, ha decidido retirar las condecoraciones otorgadas en el marco del decreto 1070 de 2015. Al exgeneral del Ejército le retiraron:  la “medalla de Servicios Distinguidos en Orden Público; la Orden al Mérito Militar Antonio Nariño; Orden al Mérito Naval Almirante Padilla, y la cruz de la Fuerza Aérea al Mérito Aeronáutico”.

En 2011, un juez penal del circuito especializado condenó al general en retiro a 35 años de prisión por el delito de desaparición forzada, sentencia que fue ratificada posteriormente por el Tribunal de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia. La condena del general Arias Cabrales se basa en su papel como coautor mediato del delito de desaparición forzada. El Tribunal Superior de Bogotá estableció que, como comandante de la Brigada 13 del Ejército, tenía conocimiento de las directrices que propiciaron la comisión de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra durante la retoma del Palacio de Justicia.

El tribunal destacó que Arias Cabrales incumplió con las leyes de guerra y no actuó para evitar los abusos cometidos por sus subalternos. Se enfatizó que el general no solo tenía la obligación de aplicar las leyes de la guerra, sino también de dar ejemplo de vida y honor a las tropas, lo cual no cumplió según la sentencia. En el 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado colombiano por violaciones a los derechos humanos durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985.

Familiares de las víctimas, como Helena Urán Bidegain, hija de un magistrado desaparecido, ha promovido activamente la retirada de las distinciones al general Arias Cabrales. En el mes de junio de 2023 presentó derecho de petición al ministerio de Defensa solicitando el retiro de las distinciones por considerar esta medida como un acto de justicia y un mensaje claro de no repetición de abusos por parte de la Fuerza Pública. Las víctimas también exigen acceso a los archivos clasificados, buscando respuestas sobre la participación de Estados Unidos en los trágicos eventos del Palacio de Justicia.

Arias Cabrales, en un intento de acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se enfrentó a las víctimas durante audiencias en las cuales se esperaba aclarara los hechos. Sin embargo, la JEP decidió expulsarlo del proceso al considerar que no contribuyó significativamente a esclarecer la verdad. La sala concluyó que el general en retiro no brindó información detallada sobre los eventos y vulneraciones a los derechos humanos durante la operación de retoma del Palacio de Justicia.

El retiro de las distinciones al general Arias Cabrales se da como la respuesta del Estado colombiano garante de los derechos de las víctimas frente a los abusos cometidos por la Fuerza Pública y el compromiso hacia la no repetición de tales atrocidades.

Por: Sofía López Mera, abogada y periodista, Defensora de Derechos Humanos de la Corporación Justicia y Dignidad.

NOS SIGUEN MATANDO: ESCANDALOSA CIFRA DE ASESINATOS DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

Por: Sofía López Mera

Abogada, periodista y defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad  

 

La Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales hecha desde la Organización de Naciones Unidas en su artículo 1 establece que: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”. Por tanto, toda persona que, de cualquier forma, promueva o procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales, debe ser considerada como defensora de derechos de humanos.

No existe una lista cerrada de acciones que se definan dentro del ejercicio de defensa de los Derechos Humanos y puede ser llevada a cabo incluso desde las instituciones del Estado, las labores comunitarias, los movimientos populares, indígenas, de género, a favor de la infancia, de la vivienda digna, del medio ambiente, entre otras. Cuando nos referimos a líderes sociales en términos particulares, nos estamos refiriendo también a personas que defienden derechos humanos. Las cifras de homicidios de personas defensoras de derechos humanos en Colombia siguen siendo escandalosas, al punto de llegar a la barbarie máxima. El mes de abril y este comienzo del mes de mayo son una radiografía espeluznante del panorama que se está padeciendo:

El miércoles 3 de mayo fue asesinado el guardia indígena de Jambaló, William Vargas, quien quedó atrapado en el fuego cruzado de los grupos armados de la columna “Dagoberto Ramos” de las disidencias de la FARC y del ELN.  En la Minga Humanitaria celebrada a finales de abril, los actores armados responsables del asesinato del líder indígena se habrían comprometido mediante comunicados públicos a “desescalar” el conflicto en la región.

El martes 2 de mayo fue asesinado Diego Fernando Papamija Chilito, líder social de Argelia, Cauca, secretario de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Rico y fiscal del comité de carreteras de Argelia. Su cuerpo sin vida presentaba impactos de arma de fuego, y fue encontrado en la vía que conduce de Balboa a Argelia en el Cruce de San Alfonso.

El martes 4 de abril, Herney Muñoz fue sacado de su casa por integrantes de la columna “Carlos Patiño” de las disidencias de las FARC en el corregimiento La Planada de Balboa, Cauca. Su cuerpo sin vida, presentaba impactos de arma de fuego, y fue hallado en la vereda El Turbio. El líder social se distinguía por organizar la famosa Semana Cultural y Deportiva del corregimiento La Planada. Días antes, los medios de comunicación informaron sobre la ocurrencia de una masacre el 20 de marzo, donde fueron asesinadas tres personas en la vereda La Primavera en zona rural de Balboa, Cauca. Al parecer, las víctimas en realidad fueron cinco, y se especula que eran supuestos integrantes de la columna “Carlos Patiño” de las disidencias de las FARC que estarían cobrando vacuna a traficantes de droga. Los integrantes de la Columna “Carlos Patiño”, en retaliación, asesinaron al líder social Herney Muñoz sólo porque ejercía labores de liderazgo social, además de buscar causar terror en la población civil.

Según Front Line Defenders -ONG irlandesa que busca proteger a las personas defensoras de derechos humanos en riesgo, personas que trabajan, de forma no violenta, por alguno o todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos-, los líderes sociales en Colombia trabajan en un ambiente violento e inseguro, sometidos a constantes amenazas, intimidaciones, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ataques físicos, actos de tortura, homicidios, allanamientos ilegales y estigmatización, todo ello como consecuencia de sus actividades en pro del cumplimento de los derechos humanos. Colombia ocupa el vergonzoso primer lugar en la lista de los países donde más asesinan defensores de derechos humanos en el mundo. Durante el 2022, fueron asesinados en Colombia el 46% del total de los defensores asesinados en todo el mundo. Según Front Line, en nuestro país fueron asesinados 186 defensores, y En Ucrania, con una guerra de por medio, fueron asesinados 50 defensores, ocupando el segundo lugar.

Juan Pappier, subdirector para Las Américas de la ONG Human Rights Watch, denunció que durante el primer trimestre del 2023 se habrían cometido 33 asesinatos contra líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos en Colombia. Según las cifras de INDEPAZ, durante el mes de abril y principios del mes de mayo se presentaron 59 homicidios de lideres sociales. Para el observatorio de violencias Alerta Dignidad, la cifra llegó a los 61 homicidios. Esto quiere decir que, en tan solo 34 días, se duplicó el número de homicidios de líderes sociales sobre la totalidad del primer trimestre del 2023.

¿Quién está protegiendo a los líderes sociales y a los defensores de derechos humanos en Colombia? ¿Existe una política pública destinada a la protección de estas figuras públicas que propenden por la dignidad y seguimiento de los derechos humanos en Colombia?

La realidad cruda es que no se sabe quién protege a las personas defensoras de derechos humanos en Colombia: la política pública de protección hacia estas personas es difusa, no existe un órgano o institución del Estado que se responsabilice de su formulación y ejecución, no es efectiva ni arroja resultados, no cuenta con presupuesto propio. Y en tiempos de Paz Total debe enfrentarse activamente el hecho de que las cifras de homicidios de líderes sociales va en aumento.

En Colombia, las personas defensoras de derechos humanos cuentan con dos mecanismos que, podría suponerse, funcionan como una especie de política pública de protección a personas líderes y defensoras de derechos. En primer lugar, está el Proceso Nacional de Garantías como espacio de deliberación política y de participación de la sociedad civil, y en segundo lugar, los mecanismos legales ejecutados por la Unidad Nacional de Protección, que son específicamente para la atención de quienes defienden derechos humanos, además de los programas de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación.

El Proceso Nacional de Garantías es un espacio de diálogo político de alto nivel de interlocución entre el Estado y la sociedad civil, con el acompañamiento de la comunidad internacional, sobre el tema de las garantías para el ejercicio pleno de la labor de defensa de derechos humanos. En este espacio se acuerdan acciones, lineamientos de política, medidas concretas para enfrentar la persistente violencia contra las personas defensoras de derechos humanos. Esta instancia no resuelve casos individuales ni situaciones de riesgo inminente: visto más de cerca, representa sólo un espacio consultivo no vinculante en donde la sociedad civil es solamente escuchada por el Estado.

El Proceso Nacional de Garantías se encuentra en crisis, es un modelo anacrónico implementado desde el gobierno del Presidente Álvaro Uribe, que no ha resuelto en el suroccidente colombiano las necesidades básicas para garantizar el ejercicio de defensa de los derechos humanos, y que no incide de manera contundente en acciones concretas de protección a los defensores; es más, ni siquiera permite el buen funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección o, en materia de acceso a la justicia, no logra llegar a encarar los procesos penales para que pueda superarse la etapa de la indagación preliminar y el desarchivo de las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación. En ultimas, el dialogo político nacional y regional de alto nivel entre la sociedad civil y el Estado no se traduce en la defensa de la vida y la integridad de las personas defensoras de los derechos humanos en Colombia sino que se erige como un parapeto de justicia corrupta, obsoleta y meramente burocrática.

Durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro se evidenció cómo en la Unidad Nacional de Protección se comenten diferentes tipos de delitos: muchas camionetas de la UNP han sido incautadas con estupefacientes y armas; así mismo, muchos funcionarios de la entidad han sido vinculados con carteles del narcotráfico. De una entidad que apenas se está depurando de la criminalidad pululante en su interior no se puede esperar la correcta implementación de medidas de protección para los ciudadanos que la requieren con urgencia. Los estudios de evaluación de riesgo no se realizan ni siquiera con acciones de tutela, y cuando se realizan, el CERREM –Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas-, de manera objetiva, no tiene en cuenta los contextos de agresión que han padecido las personas defensoras de los derechos humanos, y es prácticamente imposible que implementen esquemas de seguridad duros con blindaje, ya que la UNP manifiesta que no hay carros blindados en el territorio nacional. Así mismo, nunca se implementan las medidas de urgencia, ni siquiera existiendo una disposición legal que así lo permita.

Y es que es tan lamentable la situación de protección de quienes defienden derechos humanos en este país, que ni siquiera las medidas cautelares de protección que dicta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Colombia se implementan de manera  inaplazable. La cancillería, a cargo del canciller Álvaro Leiva, se ha caracterizado por desconocer el funcionamiento de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos en particular y, en general, del derecho internacional de los derechos humanos. Empecemos por señalar que la cancillería presentó un absurdo Proyecto de Ley que buscaba el cumplimiento inmediato de las órdenes de tribunales internacionales: es necesario que alguien instruya al canciller y le haga claridad acerca de  que en este momento no se necesita  una ley para la aplicación de las decisiones de tribunales internacionales, ya que son de aplicación automática. En concreto, podríamos decir que el grupo de derechos humanos de la cancillería ni siquiera se toma el trabajo de programar reuniones de concertación de medidas cautelares. En los gobiernos de derecha más sanguinarios que ha tenido Colombia, al menos se garantizaba con prontitud la realización de estas reuniones, y las víctimas beneficiarias de las medidas cautelares eran escuchadas oportunamente. Fue el Sistema Interamericano de Derechos Humanos el que garantizó los derechos políticos al Presidente Gustavo Petro, pero es, en su gobierno, la cancillería misma la que obstaculiza la implementación de los mecanismos de protección desde dicho sistema.

Hacemos un clamor desesperado para que se diseñe y se implemente de manera perentoria una política pública de protección a los defensores de derechos humanos en Colombia: Nos siguen matando, y cada día tenemos que llorar a nuevas personas líderes y lideresas sociales asesinadas.

 

EL VIACRUCIS DE LOS ESTUDIANTES DE LA TOMA- SUAREZ

La Institución Educativa “Santa Rosa de Lima”, ubicada en el corregimiento de La Toma, municipio de Suárez, departamento del Cauca, atiende a 360 estudiantes desde el grado preescolar hasta undécimo. El 99% de población escolar es afrodescendiente e integra El Consejo Comunitario de la Toma, territorio colectivo de Comunidad Negra de conformidad con lo establecido en la ley 70 de 1993. En este Consejo Comunitario inició su carrera de activismo político la reconocida lideresa Francia Márquez Mina hoy Vicepresidenta de la República de Colombia y Ministra de la Igualdad.

Desde el año 2019 hasta la fecha, los estudiantes de la Toma no cuentan con el docente del área de educación física, recreación y deporte. El docente titular nombrado en propiedad para dictar esta materia goza de un permiso sindical remunerado otorgado por la secretaria de educación cada año a solicitud de la organización sindical a la que está adscrito.

La comunidad estudiantil lleva 4 años de no recibir ni una sola clase de educación física. La institución educativa carece también de saneamiento básico, con problemas críticos de infraestructura, de acceso vial, de comunicación y se suma la ausencia de personal administrativo (aseadores y vigilantes).

Como si ya no fuera suficiente el atropello, el citado docente – que goza de permiso sindical remunerado – es pensionado en el grado 14 del escalafón, y además exige que se le cancele la bonificación de zona de difícil acceso,  – que es una bonificación que da el estado del 15% del salario básico por trabajar en zonas donde no hay un servicio de transporte –  aun, cuando él no vive en la zona, ni da clases de educación física a los estudiantes.

La educación física, recreación y deporte es una área obligatoria y fundamental en los colegios, reglamentada por la ley 115, hace parte del plan de estudio de la institución educativa, según los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. Esta asignatura es de vital importancia porque permite a los estudiantes aprender distintas disciplinas como baile, danzas y las diferentes destrezas y prácticas deportivas. Evita la tendencia a una vida sedentaria, permite el buen uso del tiempo libre e incluso genera buenos hábitos como el trabajo en equipo, afianzar valores como el respeto, la tolerancia, la colaboración, una buena comunicación y potencia el rendimiento académico.

Desde el 2019 la rectoría del colegio y el Consejo Comunitario de la Toma, han presentado múltiples solicitudes para el nombramiento de un docente de educación física, la respuesta de la secretaria de educación del departamento del Cauca es la misma, que no se puede porque existe un docente nombrado en propiedad y que no cuentan con recursos para otro nombramiento.

La comunidad cansada de tanto abuso de parte de la Secretaría de Educación y de la desconsideración de la Organización Sindical, interpuso jornada masiva de tutelas exigiendo el nombramiento del profesor de educación física. El día 8 de noviembre, el juzgado promiscuo municipal de Suarez notificó que se tutelaron los derechos fundamentales de los estudiantes del colegio “Santa Rosa de Lima”: En este sentido, ordenó a la Secretaría de Educación Departamental en coordinación con el Consejo Comunitario de la Toma Suarez adelantar la contratación en propiedad de un docente de educación física en termino de un mes. La comunidad espera que el fallo sea acatado de la manera más expedita y los estudiantes quieren volver lo más pronto posible a sus clases de deporte y recreación.

El designado procurador especial Jhon Jose Montaña Gallego en caso de falso positivo fue defensor de confianza del comandante paramilitar de Elkin Casarrubia del Bloque Calima de las AUC

Valle del Cauca, 4 de agosto de 2015

El viernes 31 de julio de 2015, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Palmira (radicado 2014-00050), efectuó Formulación de Acusación contra los Mayores del Ejército JIMMY ALBERTO GUERRERO ÁLVAREZ y RICARDO GONZÁLEZ PINTO por el quíntuple homicidio de JONATHAN BEDOYA SIERRA, IVÁN CAMACHO, JOSÉ RAMIRO ORTEGA, JULIO CÉSAR SOLÍS ECHEVERRY y EDGAR ANDRÉS MAZUERA, asesinados en un falso operativo militar el 5 de agosto de 2008  por miembros del Batallón Agustín Codazzi de Palmira-Valle.

Cabe resaltar que la audiencia había sido aplazada varias veces por la defensa como estrategia para buscar la libertad de los imputados por vencimiento de términos. Además se pudo evidenciar que tanto los privados de la libertad como los tres custodios que los acompañaban grababan la audiencia e igualmente los acusados JIMMY ALBERTO GUERRERO ALVAREZ y RICARDO GONZALEZ PINTO, sonreían y miraban a los familiares de las víctimas que se encontraban en el recinto, queriéndolas intimidar.

Lo que más llamó la atención de la audiencia fue la actuación del Procurador Delegado en  lo Penal JHON JOSE MONTAÑA GALLEGO, designado “Agente Especial” por la Procuraduría General de la Nación, quien sin justificación alguna y, por fortuna, de manera impertinente, pidió “el rechazo” de tres pruebas de cargo de la Fiscalía. Fue explícita su empatía e interés en favorecer los intereses de los militares acusados. Su conducta dejó claro que el horizonte del juicio oral estaría plagado de actuaciones que favorezcan a los militares, a no ser que se designe un procurador que en su labor no olvide el derecho de las víctimas a la Verdad y a la Justicia en  esta ejecución extrajudicial.

El señor Procurador o Agente Especial JHON JOSE MONTAÑA GALLEGO, fue defensor de confianza de ELKIN CASARRUBIA POSADA[1] (Mario o el Cura), Jefe Paramilitar de las AUC del Bloque Calima, quien con sus hombres con la aquiescencia, connivencia y participación de la fuerza pública asesinó, desapareció y desplazó a cientos de personas en el Valle del Cauca entre 1999 y 2004-Ver anexo.

Como organización defensora de derechos humanos le exigimos al Estado Colombiano en cabeza de Juan Manuel Santos, quien para esa época de los hechos era Ministro de Defensa, que  realmente demuestre su compromiso con los familiares de las víctimas de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales para que  estos crímenes no queden en la impunidad.

Solicitamos a la Organización de Naciones Unidas –ONU-y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  hacer seguimiento especial del presente caso en el marco de las denuncias internacionales interpuestas por los familiares de las víctimas.

Instamos al Juez Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Palmira tomar los correctivos necesarios en garantía de los derechos de las víctimas.

Exigimos al Procurador General de la Nación el cambio inmediato del agente especial JHON JOSE MONTAÑA GALLEGO designado en este proceso penal, por uno que ofrezca garantías plenas de imparcialidad y que represente los intereses de la sociedad para la superación de la impunidad y las garantías de no repetición de crímenes de lesa humanidad , especialmente en la audiencia de solicitud de libertad que se llevara a cabo el 10 de agosto del presente año ante un Juez de Control de Garantías de Palmira.

 

[1] Fiscalía Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario OIT, radicado 815075 Diligencia de Indagatoria 22 de agosto de 2007

Prácticas corruptas de la fiscalía para instaurar impunidad caso de la abogada Sofia Lopez

Cali ,14 de mayo de 2015

En audiencia de 8 de mayo de 2015 en la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán, el fiscal Sexto delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá de la Unidad contra la corrupción judicial, GERMAN ARIAS CORTES, solicitó Preclusión de la investigación a favor de la fiscal quinta especializada de Popayán, MARTHA LILIANA REALPE CERON, y de los efectivos policiales de la SIJIN IVAN MORENO CRUZ y CARLOS ARTURO LOZANO.

La fiscal REALPE CERON y los efectivos policiales, el 19 de abril de 2013, participaron en un operativo ilegal de captura en contra de la abogada defensora de derechos humanos SOFIA LOPEZ, a quien sin existir un proceso penal ni una orden de captura de autoridad judicial competente, fue privada arbitrariamente de su libertad y sometida a malos tratos. Este hecho generó su desplazamiento forzado.

La razón del atropello fue simple: las denuncias de la abogada, relacionadas con reuniones a puerta cerrada de la fiscal quinta especializada, con militares antes de la realización de audiencias judiciales a sus defendidos, que coinciden sospechosamente con entrevistas a reinsertados que señalan a sus defendidos. Otra razón del atropello es que la jurista ha acudido al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, tal como la fiscal lo ha hecho saber en repetidas ocasiones.

La actuación del fiscal GERMAN ARIAS CORTES en el trámite de la preclusión denota la forma descarada como quiere instaurar impunidad en favor de sus pares; actos constitutivos de corrupción y de delitos. Para ello se ha valido de artimañas jurídicas.

En un hecho sin justificación ni lógica alguna, se valió de otro proceso judicial para ocultar las pruebas solicitadas por las víctimas, con el fin de no allegarlas a este proceso judicial y ocultándolas en su pedimento de preclusión.

Dirigentes sindicales del Cauca, testigos de los abusos de los integrantes de la policía judicial adscritos a la fiscalía quinta especializada de Popayán, al retener arbitrariamente a la abogada, fueron entrevistados por la fiscalía, pero irregularmente sus declaraciones no aparecen la carpeta; el fiscal aduce que las allegó a otra investigación  penal. Todo ello, claro está, para favorecer a sus colegas, pues su intención preclusiva se vería afectada ante la contundencia de los testigos de cargo. Estamos frente a un acto de fraude procesal evidente.

La audiencia de preclusión fue como se esperaba: un descubrimiento probatorio anticipado a favor de los indiciados;  una audiencia desequilibrada donde la procuradora judicial justificó las conductas de la fiscal y de los policías de la SIJIN, manifestando que en Colombia la policía nacional y judicial tienen una desbordada competencia para disponer de la libertad de las personas en cualquier parte del territorio, aun en operativos clandestinos, de civil y sin identificación alguna. Peor aun, la procuradora sin sonrojarse afirmó no ver ningún reparo de Género en que la jurista fuera requisada y auscultada por dos policías –hombres-.

El abogado defensor de la fiscal confesó que los indiciados retuvieron a la defensora de derechos humanos “para que no se volara”.

Por su parte la fiscal indiciada no justificó qué norma del ordenamiento jurídico le otorga facultad para la realización de retención y verificación de antecedentes mediante el uso de la violencia, sin orden de captura y sin un proceso penal, ni existir estado de flagrancia. Los efectivos de la policía judicial confesaron que su actuación se trataba de un operativo judicial, e intentaron ridiculizar los perjuicios ocasionados a la víctima.

En la audiencia mientras hubo tiempo limitado para la defensa de la victima, a favor de la preclusión intervinieron los cuatro indiciados, un defensor de confianza, la fiscalía y la procuraduría. En la misma se estigmatizó y ridiculizó a la victima por acudir al sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

En este escenario se prevé que no se garantizará el acceso a la justicia de las victimas por parte de la unidad anticorrupción de la fiscalía, afectada por el mismo flagelo que dice investigar.

La decisión está en manos de la sala penal del Tribunal de Popayán, que solo ante las insistentes súplicas de la víctima otorgo unos pocos minutos para denunciar el ocultamiento de las pruebas confesado por fuera de audiencia por el mismo fiscal de conocimiento. La decisión se dará a conocer el 19 de mayo de 2015 a las 2 PM.

La fiscal REALPE CERÓN, muy probablemente será premiada  con impunidad, porque fue quien diseño y ejecutó el proceso judicial llamado “Farc-política” del Cauca. Un proceso que no corresponde en absoluto a técnica alguna de investigación criminal de tendencia acusatoria; un burdo montaje judicial contra dirigentes campesinos, indígenas y afrocolombianos del norte del Cauca, que pretende debilitar los procesos de resistencia y luchas históricas en esta región del país.

En este escenario fangoso y oscuro, lleno de corrupción, en que se ve lejana la justicia, recordemos que a las víctimas nos queda la voz para desnudar y desobedecer este sistema podrido que priva injustamente de la libertad, que  militariza la sociedad,  que persigue a los de a pie, a los que piensan diferente, a los que quieren transformar lo injusto. Desnudar y desobedecer ese sistema corrupto que favorece actos criminales que causan daño a ciudadanos inocentes con las llamadas capturas masivas, con sus carteles de testigos falsos, que condena a hombres y mujeres y las lleva a las cárceles a vivir en condiciones de indignidad.

Seguimos haciendo un llamado a la solidaridad, a la censura moral, a la ruptura contra el sistema judicial que reprime y propicia impunidades, Agradecemos infinitamente el acompañamiento nacional e internacional; ha sido el aliento para seguir en la defensa de los derechos humanos en Colombia.

En impunidad la ejecución extrajudicial de Ulpiano Ortiz Fajardo y Alexis Castro Concha por inaccion de la justicia

Popayan, 9 de agosto de 2014

Señor

EDUARDO MONTEALEGRE LINETT
FISCAL GENERAL DE LA NACION
E.S.D.
 

Cordial Saludo

A siete (7) años de la ejecución extrajudicial de ULPIANO ORTIZ FAJARDO, no solo conmemoramos con indignaciòn su vil asesinato a sangre fria por parte de efectivos de la Brigada 29 del Ejercito Nacional el 9 de agosto de 2007, sino que rechazamos la armònica eficacia de la Fiscalìa General de la Naciòn y otras autoridades judiciales en la garantìa de impunidad para este crimen de lesa humanidad.

El 9 de agosto de 2007, fueron ejecutados extrajudicialmente ULPIANO ORTIZ FAJARDO y JAIRO ALEXIS CASTRO CONCHA, en el marco de la extendida polìtica de Estado, conocida como “falsos positivos”, por efectivos militares, pertenecientes al “Batallon de Alta Montaña No 4 BG Benjamín Herrera Cortes”, de la Brigada 29 del Ejercito Nacional. El móvil utilizado fue el de “guerrilleros del ELN dados de baja en combate”.

El 9 de agosto de 2007, a las 4:00 de la mañana, como era habitual de todos los jueves, ULPIANO salió de su casa en el casco urbano del Municipio de Piendamó, para realizar compra de mercancía en la Galería la 13 de Popayàn para luego revenderla en Piendamò-Cauca; JAIRO ALEXIS CASTRO CONCHA, iniciaba su labor como ayudante de buses de transporte pùblico.

El 10 de agosto de 2007, hacia las 5:30 a.m. sus familiares fueron enterados por las emisoras Radio Súper, Mil Cuarenta y RCN de Popayán, que ULPIANO “había sido dado de baja por parte de efectivos militares de la Vigésimo Novena Brigada del Ejército Nacional.” Los medios de comunicación indicaron que las víctimas eran miembros del ELN y que habían sido muertos en combate.  El día 11 de agosto de 2007, el Diario El Liberal de Popayán, aludiendo los hechos, titulò:  “Eran del ELN según el Ejército. DOS GUERRILLEROS FUERON ABATIDOS EN LOS ROBLES”.(…)”.

LOS DOCUMENTOS MILITARES
De los documentos aportados por los propios militares para justificar sus actuaciones, es fàcil inferir que fueron alterados, adulterados y prefabricados.

La orden de Operaciones es la Orden General proferida por el Comandante del Ejército y la Misión táctica la traducción en el caso concreto de la “Orden de operaciones” en un lugar demarcado y determinado[1]. La “Orden de operaciones Eclipse” que sustenta la Misión Táctica “No 70 Antorcha II”, que soporta las muertes, no existe. Solo existe la misión táctica denominada “Misión Táctica No 70 Antorcha II fragmentaria a la Orden Eclipse”, firmada por el teniente coronel MARTIN HERNANDO NIETO MELO, Comandante del “Batallón de Alta Montaña No 4  Benjamín Herrera Cortes”. Ilògicamente el documento no justifica porque es “fragmentaria” ni  porque deriva de la “Orden de Operaciones Eclipse”.  Por su parte, el anexo de inteligencia[2] necesario para el diseño y ejecución de la misión táctica fue proferido el 8 de agosto de 2007, el mismo día que supuestamente se diseñó la misión táctica y el mismo dia en el que se inició su ejecución por parte de la compañía Coral al mando del militar JHON JANNER GUTIERREZ COY.

¿Cómo sostener entonces que el anexo inteligencia que es necesario para el diseño y ejecución de la misión táctica No 70  Antorcha II fuera proferido el 8 de agosto de 2007, y que ese mismo, con la información de inteligencia, se diseñara la misión táctica pasando por todos los niveles de consulta y asesoramiento?; ¿cómo es posible que ese mismo día en que se diseñó la misión táctica, se iniciara su ejecución? Lo anterior solo indica la flagrante ilegalidad del operativo militar.

La actuaciòn ilegal del ejercito, tiene otro hecho protuberante que devela su responsabilidad en el crimen: El anexo de inteligencia -de 8 de agosto de 2007- refiere supuestos hechos delictivos de 28 de agosto de 2007, es decir, con sobrenaturales poderes adivinatorios, los militares dan cuenta de hechos posteriores al crimen. Todo indica que el anexo de inteligencia fue elaborado posteriormente a los hechos de 9 de agosto de 2007.

Otro aspecto escandaloso, que compromete a todas luces al Ejercito, El efectivo militar JHON JANER GUTIERREZ COY, ilògica e ilegalmente actua en los documentos militares, en diferentes cargos: primero como Jefe de la Sección de Inteligencia del BAMHE 4;  en la Misión Táctica funge como oficial comandante de Coral 4;  asi mismo como oficial S2 que elaboró el anexo de Inteligencia, además suscribe los informes de Patrullaje y el informe dirigido al Comandante  del Batallón de Alta Montaña No 4. En el derecho operacional legal de las fuerzas militares no es permitido que un S2 o integrante de la sección inteligencia participe de los operativos militares existiendo una infracción al reglamento militar.[3]

Ademas, este militar hace pasar por radiograma operacional un documento que no reúne las características de tal[4], tiene el numero 1170 escrito con bolìgrafo y no corresponde al mismo documento electrónico que posteriormente fue entergado a la investigacion, así mismo tiene un título que dice “centro de operaciones”.  inicialmente indica una fecha del 1 de junio de 2005, seguido como fecha del hecho de 9 de agosto de 2007,  y señala la hora de elaboración que es a  las  6:30 am. ¿Es lògico creer que cuando se iniciaba el supuesto combate (a las 6:30 am) a la misma hora se indicara con precisión sobre las supuestas dos bajas con nombre, apellido y número de identificación, así como la cantidad de armas supuestamente incautadas, su marca y numero, y además se indicaran que eran miembros del ELN.?

El supuesto Radiograma o centro de operaciones fue hecho con anterioridad a que ocurrieran los hechos es un documento prefabricado, configurando una falsedad ideológica de documento público. De ser un documento cierto, y elaborado a las 6:30 de la mañana, denotaría  tambien que la escena del crimen fue alterada y las supuestas armas incautadas movidas, al igual que los cuerpos para extraer  información tan exacta.

A pesar de la gravedad de los hechos, nunca se activó el COT o Centro de Operaciones tácticas, no existen radiogramas operacionales como tal, ni libro del diario operacional[5], ni minutas de guardia que den cuenta de la supuesta operación militar, la presencia de sujetos extraños y las órdenes dadas por GUTIERREZ COY, menos aun de la presencia de tropas del ELN en la zona.

INEXISTENCIA Y DESPROPORCION DEL OPERATIVO
Nunca existió el supuesto enfrentamiento armado. Las pruebas forenses indican que ULPIANO nunca disparo el arma que se le incautó, así mismo que de los 8 disparos que recibió, 5 se hicieron a una distancia de 3 metros, distancia realmente muy corta en un enfrentamiento armado, y 3 de los disparos presentan FALSO TATUAJE O AHUMAMIENTO[6]  es decir que los militares dispararon a corta distancia,  no superior a 50 centimetros.

Es importante resaltar que según prueba forense, ULPIANO no realizó ningún disparo. En inspección judicial en la escena del crimen, los funcionarios del CTI establecen “Un arma de fuego tipo CARABINA de fabricación artesanal, con un proveedor para la misma con tres cartuchos alojados en el mismo y otro cartucho alojado en la recamara sin signos de percusión,: Previamente a la inspección del arma en mención, se efectuó exploración lofoscopica con resultado negativo, es decir no aparecen las huellas dactilares en el arma incautada y el dictamen establece para ULPIANO “incompatible con residuos de disparo en mano”. Lo anterior indica que ULPIANO no disparó ningún arma, y que en el arma fue puesta por el ejército en la escena del crimen, porque en la misma  no aparecen sus huellas dactilares.

El gasto de munición fue desproporcionado frente a una persona que nunca disparo, a los militares les entregaron para la operación militar 50 cartuchos de guerra CAL  5,56 mm INDUMIL y ellos gastaron  según informe gastaron todos en la supuesta operación militar. Asi mismo en las indagatorias los militares indican que el enfrentamiento armado duro entre 15 a 20 minutos, un tiempo realmente considerable como para que ULPIANO no hubiese realizado ni un solo disparo.

En la Misión táctica se indica que en el operativo participaron un oficial, tres suboficiales, y 20 soldados, es decir 24 militares en combate, contra dos civiles ULPIANO ORTIZ FAJARDO y JAIRO ALEXIS CASTRO CONCHA, lo que denota una desproporción en el operativo militar.

La inteligencia militar no documentó en ningún informe militar que las victimas fueran guerrilleros, ni que tienen antecedentes o condenas penales por el delito de rebelión; Tampoco existe evidencia alguna que ese 9 de agosto estuviera cometiendo alguna conducta punible ya que no existen ningún tipo de denuncia al respecto.

Contradictoriamente en el expediente reposa certificación de la seccion de inteligencia –S2- del pago de recompensa por $ 3.000.000 por información sobre la supuesta pertenencia de las victimas al ELN, pero que el oficial GUTIERREZ COY, siendo parte de S2 y quien comando la operación militar manifiestó en su indagatoria  no tener información sobre la pertenencia de las víctimas a la guerrilla.

CIRCULO DE IMPUNIDAD
Gracias a la participación de las víctimas como parte civil se ha evitado que el proceso sea archivado, sin embargo el juzgado 54 de instrucción penal militar ha impedido que el radicado 272, sea remitido a la justicia ordinaria. Por su parte la Fiscalía 51 especializada de la Unidad de Derechos Humanos, que tambièn conoce del caso, no ha adoptado ninguna decisión razonada, pese a la existencia de abundantes elementos materiales probatorios que indican que el crimen de ULPIANO y JAIRO ALEXIS es una ejecución extrajudicial.

Por su parte, los juzgados contencioso administrativos que conocieron de los casos, han contado con funcionarias, en calidad de Secretarias, que ostentaron previa y posteriormente la calidad de abogadas  de la Brigada 29 del Ejercito Nacional, y que han intervenido en las decisiones adversas contra los familiares de las victimas, es el caso de las funcionarias CLAUDIA YULI DIAZ y PAOLA CASTILLO que pertenecieron a los Juzgados Cuarto Administrativo y Cuarto Administrativo de Descongestión.

El Tribunal Superior de Popayán, Sala Penal, profirió sentencia de tutela contra el Juzgado 54 de Instrucción Penal Militar a fin de que remita por competencia  a la Fiscalía 51 Especializada de la Unidad de Derechos Humanos el expediente penal, o en su defecto remita las diligencias a la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que se  dirima el conflicto de competencia: El Juzgado 54 de Instrucción Penal Militar ha hecho caso omiso de la orden Judicial, y sigue adelantando actuaciones, sin tener la competencia para investigar violaciones a los derechos humanos.

Entendemos como una manera mas de revictimizaciòn, que el Juzgado 54 de Instrucción Penal Militar, haya citado para el 13 de agosto del presente año, a las 5:00 de la mañana,  a las víctimas y sus abogados,  a diligencia de reconstrucción de escena, con presencia de todos los militares que participaron en el lugar donde ocurrieron los hechos, en la vereda los Robles zona distante, rural y despoblada, sin brindar ningún tipo de garantías de protección.

Solicitudes
Solicitamos al Fiscal General de la Nación que ordene a la Fiscalía 51 Especializada de Derechos Humanos de Bogota,  realizar labores de individualización e identificación a los militares MARTIN HERNANDO NIETO MELO, JUAN PABLO CARMONA GARVES, DANIEL RAMOS RODRIGUEZ, JHON JANNER GUTIERREZ COY, JOSE ELVIS PALACIO MENA, MISAEL HERNANDEZ BAHOS, WILSON MANRIQUE SUAREZ y que realice las imputaciones respectivas; Que vincule a la investigaciòn a los altos mandos militares involucrados en la ejecuciòn extrajudicial y que no han sido ni procesados ni sancionados.

Solicitamos  tomar las decisiones a que haya lugar en razòn a la accion y la omision de su delegada, que esta negando los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparaciòn integral y a la garantìa de no repeticion de estos hechos infames.

Solicitamos al Consejo Superior de la Judicatura tomar la descisiones a que haya lugar, incluyendo la emisiòn de una directriz para evitar la intromisiòn del òrgano castrense en las investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos en la justicia penal y administrativa.

Solicitamos al señor Fiscal General que desde ahora asegure, verdaderamente, que los responsables de estos crímenes sean oportuna y debidamente individualizados, procesados y sancionados y no vayan a ser cobijados por beneficios en el marco de procedimientos de justicia transicional en el marco de acuerdos que pongan fin al conflicto armado.

[1] Dice que a la orden de operaciones y la misión táctica las diferencia el nivel: La primera determina los pasos y es entregada por el mismo comandante general del ejército a la división, brigada, el batallón a la compañía y esta la traduce en una misión táctica. Es lo mismo pero en diferente nivel: lo táctico a nivel de batallón hacia abajo. Que la orden de operación del  batallón se le llama misión táctica. Radicado: 681906000139200800039Contra: WILSON JAVIER CASTRO PINTO, EDUARD ANTONIO VILLANI REALPE, JESUS EDUARDO NIAMPIRA BENAVIDEZ, JUAN CARLOS ALVAREZ, NELSON OSPINA TABARES, BENANCIO PUENTES GUAPACHA, GERMAN AUGUSTO OLIVEROS TABARES, GUILLERMO PACHECO ANZOLAAsunto: SENTENCIA CONDENATORIAConductas: DOBLE HOMICIDIO AGRAVADO-DOBLE DESAPARICION FORZADA AGRAVADA-PECULADO POR APROPIACION-FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO.

[2] Para proferir una misión táctica se debe partir, primero, del análisis de la inteligencia; análisis del terreno, cuantificación del enemigo para determinar su capacidad, organización, los cursos de acción probable del enemigo; Segundo, desarrollar el procedimiento que varía según los niveles de planeación: a nivel de división, brigada, batallón se desarrolla el proceso militar de toma de decisiones y a nivel de compañía, pelotón hacia abajo, se desarrolla el procedimiento de comando. Las dos inician con recepción de la orden y finalizan con la emisión de una orden de operaciones (misión). Luego viene el planeamiento táctico que es el procedimiento que lo hace el sargento o el teniente y ejecuta la operación luego de haber sido verificada por el comandante de la unidad Radicado: 681906000139200800039Contra: WILSON JAVIER CASTRO PINTO, EDUARD ANTONIO VILLANI REALPE, JESUS EDUARDO NIAMPIRA BENAVIDEZ, JUAN CARLOS ALVAREZ, NELSON OSPINA TABARES, BENANCIO PUENTES GUAPACHA, GERMAN AUGUSTO OLIVEROS TABARES, GUILLERMO PACHECO ANZOLAAsunto: SENTENCIA CONDENATORIA Conductas: DOBLE HOMICIDIO AGRAVADO-DOBLE DESAPARICION FORZADA AGRAVADA-PECULADO POR APROPIACION-FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO.

[3] Que el sargento JESUS EDUARDO NIAMPIRA BENAVIDEZ como integrante de la unidad de inteligencia, recolector de la información, no podía formar parte de operaciones militares. Radicado: 681906000139200800039Contra: WILSON JAVIER CASTRO PINTO, EDUARD ANTONIO VILLANI REALPE, JESUS EDUARDO NIAMPIRA BENAVIDEZ, JUAN CARLOS ALVAREZ, NELSON OSPINA TABARES, BENANCIO PUENTES GUAPACHA, GERMAN AUGUSTO OLIVEROS TABARES, GUILLERMO PACHECO ANZOLAAsunto: SENTENCIA CONDENATORIAConductas: DOBLE HOMICIDIO AGRAVADO-DOBLE DESAPARICION FORZADA AGRAVADA-PECULADO POR APROPIACION-FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO.

[4] El radiograma es un documento transcrito radialmente que se transmite por el sistema de comunicaciones del Ejército. Son comunicaciones oficiales que se hacen a diferentes niveles. Queda el antecedente técnico desde dónde se envía hasta dónde llegaRadicado: 681906000139200800039Contra: WILSON JAVIER CASTRO PINTO, EDUARD ANTONIO VILLANI REALPE, JESUS EDUARDO NIAMPIRA BENAVIDEZ, JUAN CARLOS ALVAREZ, NELSON OSPINA TABARES, BENANCIO PUENTES GUAPACHA, GERMAN AUGUSTO OLIVEROS TABARES, GUILLERMO PACHECO ANZOLAAsunto: SENTENCIA CONDENATORIAConductas: DOBLE HOMICIDIO AGRAVADO-DOBLE DESAPARICION FORZADA AGRAVADA-PECULADO POR APROPIACION-FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO.

[5] el Libro de  diario operacional que es el  documento de seguimiento de las órdenes emitidas por el comandante del batallón en el contexto de cada una de las operaciones militares que su unidad esté desarrollando en determinado momento. En él se plasman las órdenes, las modificaciones, las actuaciones, las novedades. Es el diario de los reportes de  los comandantes y la relación que existe entre  el comandante del batallón (o quien haga el programa, el ejecutivo o el jefe de operaciones) con los comandantes, y queda la constancia de lo que se ha dicho, la evolución de la comunicación.

[6] El Falso Tatuaje o Ahumamiento Se encuentra constituido por el depósito de los productos de la combustión total de la pólvora, por lo tanto nos referimos a hollín que será removido con facilidad al limpiar la zona. Su distancia de producción es de aproximadamente 30 cm en pistola y 25 cm en revólver.