CRÍTICA A LA INSTALACIÓN DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN CON LA SEGUNDA MARQUETALIA Y EL TRÁGICO RECLUTAMIENTO FORZADO DE UNA NIÑA CAMPESINA

Hace un mes, parecía que se vislumbraba un avance en el tortuoso camino hacia la paz en Colombia, ya que el 29 de junio se llevó a cabo el evento de instalación de la mesa de negociación con la Segunda Marquetalia. Pero, paradójicamente, mientras los líderes de la Segunda Marquetalia se sientan en la mesa de diálogo de la paz total, la tragedia de una niña campesina reclutada forzosamente por este grupo armado marca la distancia entre las promesas de paz y la dolorosa realidad en el campo colombiano.

La instalación formal de la mesa con la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, ha sido recibida con una mezcla de escepticismo y condena. La controversia en torno a la figura de Márquez, considerado por muchos como un traidor al Acuerdo de Paz de 2016, ensombrece el proceso. El panorama legal del proceso es igualmente problemático. La Ley 2272 de 2022 limita a aquellos que ya han negociado previamente su participación en procesos de paz a negociar solo su sometimiento a la justicia. Esta ley, diseñada para evitar la impunidad de los líderes de grupos armados, pone al gobierno en una posición difícil: ofrecer garantías a los líderes de la Segunda Marquetalia sin infringir la ley. La contradicción entre el estatus legal de los negociadores y el enfoque político del gobierno plantea serias dudas sobre la viabilidad y la justicia del proceso.

En medio de este debate legal, el reclutamiento forzado de una niña campesina de 14 años de la región del Catatumbo evidencia la dolorosa realidad de la guerra que persiste en las regiones más vulnerables de Colombia. Engañada por este grupo armado con la promesa de costearle un curso de enfermería y ofrecerle un empleo como enfermera, la niña fue arrancada de su hogar y sometida a los vejámenes de la guerra.

El reclutamiento forzado de menores es una violación flagrante de los derechos humanos y un crimen de guerra. La incorporación de niños en los conflictos no solo les priva de su niñez y educación, sino que también perpetúa el ciclo de violencia y sufrimiento en las comunidades afectadas. La noticia de que esta niña ha sido reclutada por la Segunda Marquetalia deja en evidencia la desconexión entre los procesos de paz total y la realidad sobre el terreno. Mientras los líderes de la Segunda Marquetalia negocian, en las zonas rurales del país continúan cometiendo atrocidades como el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes.

Resulta realmente irónico que, mientras el gobierno nacional invitó a una experta de las Naciones Unidas para investigar los problemas en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, con el supuesto objetivo de abordar las trampas y justificar una negociación con la Segunda Marquetalia, en Ocaña, Santander, la Defensoría del Pueblo, al enterarse del reclutamiento forzado de la niña campesina, en lugar de remitir el caso a las autoridades competentes para activar los mecanismos de búsqueda urgente, solo informó a los padres de la niña que no podía entregarles nada por razones de seguridad. De manera similar, la personería de Convención no solo falló en remitir el caso a la fiscalía, sino que tampoco proporcionó a los familiares de la niña una constancia de su denuncia ni activó las rutas de atención a las víctimas de reclutamiento forzado. Así, mientras se busca legitimación y se debaten los entramados políticos que involucran a la Segunda Marquetalia, parece que los niños campesinos no importan para las instituciones del Estado colombiano.

La niña campesina de 14 años reclutada forzosamente por la Segunda Marquetalia, enfrenta una situación de extrema vulnerabilidad debido a sus graves condiciones médicas. Diagnosticada con el síndrome de la articulación condrocostal de Tietze y bronquitis aguda no especificada, su salud requiere atención constante y especializada. Esta compleja situación médica agrava su sufrimiento físico y emocional, y hace evidente la brutalidad del reclutamiento forzado, que expone a los niños a un ciclo interminable de dolor y negligencia, desamparándolos en medio del conflicto.

La última vez que se tuvo noticia de la niña campesina fue el 9 de julio, cuando envió un último audio a sus padres. En ese conmovedor mensaje, la niña lloraba y les confesaba que estaba gravemente enferma y al borde de la desesperación, incluso mencionando que deseaba quitarse la vida debido a los severos maltratos que estaba sufriendo. Si la Personería y la Defensoría del Pueblo hubieran actuado con celeridad y remitido el caso a la Fiscalía General de la Nación, utilizando las comunicaciones de la niña, se podría haber intentado localizarla y ofrecerle asistencia urgente. Sin embargo, desde esa fecha, su paradero sigue siendo un misterio, sumiendo a sus familiares en estado de angustia extrema.

Es inconcebible que mientras se avanza en la negociación de la paz total, los reclutamientos forzados de niños, niñas y adolescentes se presentan casi a diario en varias regiones del país. La comunidad internacional y el gobierno colombiano deben enfrentar estas realidades de manera más contundente. La instalación de la mesa de negociación no puede ser una excusa para ignorar o minimizar las violaciones en curso. El proceso de paz debe ir acompañado de un compromiso real y efectivo para proteger a los más vulnerables y garantizar que los crímenes, como el reclutamiento forzado de menores, sean perseguidos y castigados con la máxima severidad.

En última instancia, la paz en Colombia no puede construirse sobre la base de concesiones a los grupos armados mientras se ignoran las atrocidades que siguen ocurriendo, como el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. La trágica historia de la niña campesina es una llamada de atención urgente para que el proceso de paz sea no solo un diálogo en los salones de negociación, sino una verdadera transformación de la realidad en las comunidades que han sufrido tanto.

Por: Sofía López, abogada y periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad y del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz

El General (r) Iván Ramírez Quintero un monstruo de la doctrina de seguridad nacional

Iván Ramírez Quintero, de 81 años, nació en Roldanillo, Valle del Cauca. Ingresó al Ejército en 1963 en el Batallón de Ingenieros No. 5 Francisco José de Caldas y, aunque comenzó como Comandante de Pelotón en unidades de ingenieros, rápidamente se destacó en labores de inteligencia. Desde 1971 ocupó roles clave como Analista y Jefe de Sección en el Batallón Charry Solano, y posteriormente fue segundo Comandante y luego Comandante del mismo batallón hasta 1985. En 1985 asumió la comandancia del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia, y en 1987 se integró a la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, siendo Comandante de la XI Brigada entre 1988 y 1989. En 1994 fue jefe de Sección II (Inteligencia) del Comando General de las Fuerzas Militares, y en 1995 Comandante de la 1ª División. Terminó su carrera como Inspector General del Ejército hasta 1998, con una comisión a Chile ese año.

En 1979 surgieron las primeras acusaciones en su contra, cuando cuatro miembros de Inteligencia Militar lo señalaron como uno de los creadores de la Triple A y coordinador de algunos de sus atentados dinamiteros. También fue responsabilizado por su papel en la operación de retoma del Palacio de Justicia en 1985, cuando era la máxima autoridad del Batallón Charry Solano, y por los delitos cometidos por esta unidad durante su comandancia.

Ramírez fue condenado por el delito de desaparición forzada, ocurrido durante la toma del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando la guerrilla del M-19 se apoderó del edificio. También se le señaló, en declaraciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de haber ordenado la desaparición forzada y el homicidio de varios líderes de izquierda en las décadas de los 80 y 90.

En mayo de 2023, el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa a Ramírez, argumentando que había cometido «graves violaciones a los derechos humanos». Esta acción reflejaba el creciente escrutinio internacional sobre sus actividades y decisiones durante su carrera militar.

Iván Ramírez Quintero es un fiel ejecutor de la doctrina de seguridad nacional en Colombia. Su alianza con el empresariado criminal y el paramilitarismo fue clave en la aplicación estricta política del enemigo interno, de la estrategia contra insurgente y la guerra de baja intensidad. Siendo uno de los ejes fundamentales para la planeación y ejecución de la política de persecución y eliminación implementada contra los sectores de izquierda en Colombia.

Recientemente, la Sala Plena del Tribunal Superior de Bogotá lo condenó en segunda instancia a 31 años de prisión por la desaparición forzada durante la toma del Palacio de Justicia. Esta condena se emitió tras resolver el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación y los representantes de las víctimas, en contra del fallo del 15 de diciembre de 2011, por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, que había absuelto a Ramírez Quintero por duda probatoria.

De acuerdo con la Sala Plena, existían pruebas suficientes tanto testimoniales como documentales para condenar al general (r) Iván Ramírez Quintero por la desaparición de Irma Franco, miembro del M-19. En el mismo caso, el coronel (r) Fernando Blanco Gómez también fue condenado. El fallo señala: “Está debidamente demostrada la ocurrencia y materialidad de la conducta desplegada por los procesados, junto con otros militares, para acometer, como lo hicieron, contra la libertad individual de la guerrillera Irma Franco Pineda, por lo que, siendo típica, objetiva y subjetivamente, la conducta, además de antijurídica y culpable, deben responder penalmente por ella”.

Recientemente el sargento José Leonairo Dorado Córdoba confesó ante la JEP su participación en crímenes durante los años noventa como miembro del Batallón de Contrainteligencia 1 y el Batallón de Inteligencia Charry Solano. Sus declaraciones implican al general (r) Iván Ramírez Quintero y otros altos oficiales del Ejército en el asesinato de líderes de izquierda, torturas, seguimientos y planes de asesinato, incluyendo al actual presidente Gustavo Petro. Dorado confesó que estos seguimientos buscaban eliminar a los líderes izquierdistas, como en el fallido intento de asesinato de Antonio Navarro.

Dorado relató su vinculación con el Ejército en 1984, comenzando una carrera criminal que incluyó seguimientos a políticos como Gustavo Petro, Antonio Navarro, Álvaro Leyva y Aida Avella, con reportes directos al general Ivan Ramírez Quintero. Según Dorado, la Brigada XX, bajo el mando de Ramírez, estaba alineada con grupos paramilitares.

Entre los crímenes más destacados confesados por Dorado y que involucran a Ivan Ramirez Quintero se incluyen:

  • Manuel Cepeda Vargas (1994): Asesinato del senador de la Unión Patriótica, ordenado por generales como Harold Bedoya y Martín Carreño, con el grupo de sicarios dirigido por el mayor César Corredor.
  • Eduardo Umaña Mendoza (1998): Abogado de derechos humanos asesinado tras meses de seguimiento ordenado por Ramírez Quintero.
  • Guillermo Marín (1986): Exmilitante del M-19 secuestrado y torturado por sargentos Garzón y Medina, sobrevivió al ataque.
  • José Cuesta Novoa (1988): Concejal de Bogotá sometido a torturas por orden del general Ramírez.
  • Amparo Tordecilla (1989): Integrante del EPL secuestrada y asesinada en un intento de sabotear acuerdos de paz.
  • Nydia Érika Bautista (1987): Exmilitante del M-19 secuestrada, victima de violencia sexual y torturada hasta la muerte, con órdenes de altos mandos militares.
  • Alirio Pedraza (1990): Abogado de derechos humanos secuestrado y asesinado, sus restos enterrados clandestinamente.
  • José Miller Chacón (1993): Asesinato del exintegrante de la Unión Patriótica, seguido y ultimado por sicarios de la Brigada XX.
  • Pedro Movilla (1993): Líder del Partido Comunista secuestrado, torturado y asesinado.

Dorado detalló la estructura criminal dentro del Ejército, dirigida por Ramírez Quintero y apoyada por otros altos oficiales, con operaciones lideradas por una Compañía de Operaciones Especiales.

Desde 1977 hasta finales de 1998, los organismos de inteligencia del Ejército Nacional utilizaron todos los recursos disponibles para perseguir a personas vinculadas a movimientos políticos de izquierda. Esta persecución siguió un patrón común: primero, se controlaba y vigilaba a estas personas, investigando su vida personal, horarios, hábitos, residencia, trabajo, y círculos sociales, a menudo mediante infiltración. Luego, miembros de las unidades de inteligencia del ejército, vestidos de civil o con uniforme, procedían al secuestro y/o privación ilegal de la libertad de estas personas.

Las víctimas eran llevadas a instalaciones de las Fuerzas Militares o a lugares clandestinos, normalmente utilizando vehículos particulares registrados bajo unidades militares. No se presentaban órdenes de captura autorizadas por jueces ni se informaba a los familiares sobre el paradero de las víctimas. En estos lugares, las víctimas eran sometidas a torturas y tratos inhumanos para obtener información sobre grupos insurgentes o para que señalaran a otras personas. La mayoría de estos casos culminaron en desapariciones forzadas.

Estas revelaciones ponen de manifiesto la urgente necesidad de que el Estado colombiano revise y transforme su doctrina militar. La actual doctrina de seguridad nacional, basada en la noción del «enemigo interno» , guerra de baja intensidad y la estrategia contra insurgente, ha propiciado un entorno donde violaciones de derechos humanos y crímenes atroces pueden cometerse con impunidad. Es imperativo que se adopten nuevas políticas y enfoques que prioricen la protección de los derechos humanos y la dignidad de todos los ciudadanos. Solo así se podrá garantizar que la institución castrense no vuelva a producir individuos capaces de cometer tales monstruosidades.

Por: Sofía López Mera, abogada y periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad

Las acusaciones que siguen persiguiendo a Álvaro Uribe Vélez.

Por: Sofía López Mera, Abogada Defensora de Derechos Humanos y Periodista de la Corporación Justicia y Dignidad.

En sesiones reservadas ante la Justicia Especial para la Paz -JEP-, el comandante paramilitar Salvatore Mancuso vinculó al expresidente Álvaro Uribe Vélez en las masacres de El Aro y La Granja, así como en el asesinato del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo. En pronunciamientos judiciales anteriores a dichos testimonios se viene vinculando a Álvaro Uribe Vélez en la comisión de estos crímenes de Lesa Humanidad.

Las masacres de La Granja, El Aro y el homicidio del abogado Jesús María Valle Jaramillo son graves violaciones a los derechos humanos, con carácter sistemático y generalizado, que, leídas en un mismo contexto, implican, de forma activa al entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.

El 11 de junio de 1996, cerca de 30 integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), comandadas por los hermanos Castaño Gil y Salvatore Mancuso, incursionaron en el corregimiento de La Granja, en Ituango, Antioquia. Los paramilitares recorrieron el casco urbano, ordenaron cerrar todos los establecimientos de comercio, amenazaron a los pobladores, torturaron y asesinaron a cuatro campesinos en frente de sus vecinos y familiares.

Una vez consumada la incursión en La Granja, miembros de la sociedad civil del municipio de Ituango, entre ellos el abogado y defensor de Derechos Humanos, Jesús María Valle Jaramillo, elevó comunicaciones a las autoridades departamentales informándoles sobre la presencia paramilitar en la región. El 20 de noviembre de 1996 se comunicó con el entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez y con el Defensor Regional del Pueblo con el fin de solicitar protección para la población de Ituango.

Desde el 22 hasta el 31 de octubre de 1997, un grupo de aproximadamente 150 paramilitares de las ACCU bajo el mando de Isaías Montes Hernández, alias “Yunior” y respaldados con un anillo de seguridad del Bloque Mineros del Bajo Cauca, comenzaron una serie de asesinatos desde los corregimientos de Puerto Valdivia hasta El Aro, en Ituango, Antioquia. Con lista en mano acusaron a pobladores de ser colaboradores de los grupos guerrilleros, posteriormente asesinaron y torturaron a 12 personas, desplazaron a otras 1472 personas, quemaron 42 de las 60 casas del pueblo, hurtaron 1200 reses y secuestraron a quienes les ayudaron a llevarlas.

Estos hechos fueron alertados por el abogado José María Valle Jaramillo y no fueron bien recibidos por Álvaro Uribe Vélez y el Comandante de la Cuarta Brigada, Carlos Alberto Ospina. El primero de estos acusó al defensor de derechos humanos de “animadversión contra la fuerza pública”; por su parte, el comandante de la Cuarta Brigada negó la existencia de paramilitares en Ituango.

 

Días antes del asesinato de José María Valle Jaramillo, este había acudido ante la Fiscalía Regional de Medellín para denunciar la existencia de un grupo paramilitar en Ituango. En esta ocasión dijo: “Yo siempre vi y así lo reflexioné que había como un acuerdo tácito o como un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la Cuarta Brigada, el comandante de la Policía de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño. Todo el poder de los grupos de autodefensa se ha consolidado por el apoyo que ese grupo ha tenido con personas vinculadas al Gobierno”. El 27 de febrero de 1998, integrantes de la banda de sicarios “La Terraza” irrumpieron en la oficina de Jesús María Valle Jaramillo y lo asesinaron.

El 1 de julio de 2006, mediante la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se condenó al Estado colombiano por las masacres y desplazamientos forzados cometidos en los corregimientos de El Aro y La Granja, en Ituango, en 1996 y 1997; y en sentencia de 27 de noviembre de 2008 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el asesinato del defensor de Derechos Humanos, Jesús María Valle Jaramillo.

En septiembre de 2013, la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, ordenó remitir a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes las versiones de por lo menos 30 paramilitares para que con base en ellas se investigue a Álvaro Uribe Vélez por haber promovido el paramilitarismo. El nombre de Uribe también aparece en el proceso por la masacres de La Granja, El Aro y el asesinato del abogado José María Valle Jaramillo.

El 31 de mayo de 2018, la Corte Suprema de Justicia decidió declarar crímenes de Lesa Humanidad las masacres del Aro y La Granja, así como el crimen del defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo, en el marco de una indagación preliminar adelantada por esta alta corte en contra de Álvaro Uribe Vélez. En estos procesos existen varios testimonios de excomandantes paramilitares como los de Diego Fernando Murillo, alias don Berna y Daniel Rendón, alias Don Mario.

Durante el mes de noviembre de este año y en calidad de testigo ante la JEP, Mancuso manifestó tener información que involucraba a Uribe en el asesinato del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo: “Está vinculado (Uribe) a una reunión donde estuvo Carlos Castaño con el secretario de Gobierno de Uribe, Pedro Juan Moreno (…) Pedro Juan pidió básicamente que se ejecutara esta acción porque el defensor de derechos humanos estaba atacando de manera frontal tanto a Uribe como a él, y al general Carlos Alberto Ospina” (…) El asesinato de Valle se planeó en la finca Hojaragüai, que en las filas de los paramilitares era conocida como La Siete. Allí se reunieron Carlos Castaño y Pedro Juan Moreno, quien fue secretario de Gobierno del departamento durante el mandato de Uribe (…)Pedro Juan llega justamente de parte de Uribe y de los generales que le estoy contando, justamente porque los estaba atacando directamente a ellos, incluso los había denunciado judicial y públicamente”, dijo Mancuso.

Mancuso también señaló que fue el mismo Pedro Juan Moreno, quien traía las orientaciones del expresidente Uribe a los paramilitares: (…) “La Granja y El Aro, eso fue un pedido directamente también desde el gobernador Uribe a través de Pedro Juan Moreno, que es el que trae esta reunión, a esa asistimos Carlos, estuve yo, estuvo Rodrigo Doble Cero, estuvo no sé si Monoleche, en esa estuvieron varias personas, estuvo Nicolás Bergonzoli, varias personas estuvieron”.

En la mañana de este lunes 27 de noviembre, Álvaro Uribe Vélez llegó junto a sus abogados al búnker de la Fiscalía a rendir su versión libre en medio de la indagación que se sigue por la masacre de El Aro, ocurrida en octubre de 1997, así como por el homicidio del defensor de Derechos Humanos, Jesús María Valle Jaramillo, perpetrado en febrero de 1998.

La diligencia se realizó por solicitud de Álvaro Uribe Vélez, quien pidió formalmente ser escuchado en este proceso, tras las declaraciones ante la JEP del exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, en las que señaló que tenía una presunta responsabilidad en estos hechos.

El abogado Miguel Ángel del Rio en calidad de Representante de las víctimas afirmó: “Esto es más de lo mismo, el mismo show de la Fiscalía General de la Nación. Nosotros no confiamos en este despacho porque, valga la pena decir, quien maneja esta investigación es Javier Cárdenas, el fiscal tercero delegado ante la Corte. El fiscal Cárdenas solicitó la preclusión de la investigación por Álvaro Uribe Vélez con elementos únicamente relevantes que tiene esa investigación”.

Con el paso del tiempo el viejo adagio popular cobra vigencia: “Si no lo juzga la justicia de los hombres, que lo juzgue la historia”.

La historia de Valery Chilgueso y la lucha por la justicia

“Buenas tardes, Doctora Sofía. Habla Valery Chilgueso”. Con una voz de niña, pero con la elocuencia de una adulta, así saludó Valery en un mensaje de voz de WhatsApp, contándome cómo fue su reclutamiento forzado. Era evidente que la dinámica de la guerra le arrebató su infancia, enfrentándola a situaciones que ningún niño colombiano debería vivir. Continuó su relato explicando que la habían reclutado en las filas de la columna Urias Rondón mediante engaños. Señaló que desde que su hermano se fugó del grupo armado, la persecución contra la familia se hizo insostenible, clamando por ayuda: «Yo necesito ayuda, como me pueden colaborar, sinceramente esto se pasó a mayores, nos buscan ya la marquetalia, elenos, y necesitamos unas ayudas de ustedes, como nos pueden colaborar por favor, a mi madre, a mis hermanos, a mi familia». Envió el mensaje de voz cuando se encontraba en el hogar que le asignó el ICBF, donde fue discriminada por ser indígena y haber sido combatiente. Luego, en la última carta que le escribió a su madre, dijo: «Somos una desgracia para la familia, pero recuerda que por estudiar no pagan, y por eso tomamos esa decisión de irnos para donde usted ya sabe y queremos ayudarla. Nunca se olvide de mí y de mi hermano. Yo siempre la voy a apoyar, querer, amar y respetar. Si algún día llega a ocurrir algo conmigo, no intente lo que usted me dijo». Lo que Valery temía que ocurriera, sucedió. El 8 de marzo fue asesinada en un combate entre las estructuras de las EMC de las FARC y el ELN. Ella, menudita, con tan solo 14 años, a quien esta maldita guerra le arrebató su infancia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha adoptado la Resolución 34/2024, otorgando medidas cautelares a Valery Chilgueso y a Diana Montilla Moreno, abogada defensora de derechos humanos, así como a sus respectivos núcleos familiares. Esta decisión se adoptó por la gravedad y urgencia de la situación en la que se encuentran, con sus derechos a la vida e integridad personal enfrentando un riesgo de daño irreparable.

La medida cautelar evidencia el flagelo del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en el departamento del Cauca. Esta práctica, que constituye una grave violación a los derechos humanos, se ha visto exacerbada por la intensificación de la guerra en la región. Grupos armados ilegales han aumentado sus actividades de reclutamiento forzado, aprovechando la vulnerabilidad de las comunidades rurales, sumiéndolas en un ciclo de violencia y desplazamiento forzado interminables.

Además, también aborda la preocupante situación de seguridad de los abogados defensores de derechos humanos en el suroccidente colombiano. En el contexto actual, los defensores enfrentamos crecientes amenazas y hostigamientos por la realización de nuestra labor. El recrudecimiento del conflicto armado en Colombia ha intensificado los ataques y persecuciones contra  quienes buscamos el acceso a la justicia para la superación de la impunidad y la defensa de los derechos humanos.

En el 2021, cuando la menor indígena Valery Chilgueso Dagua, hija de Sonia Chilgueso, tenía 12 años, fue reclutada a la fuerza por estructuras de las EMC de las FARC. En agosto de 2023, Valery llegó herida al hospital de Pasto, donde pidió ayuda a la abogada defensora de derechos humanos Diana Montilla. Con la asistencia de Montilla, la menor fue remitida a un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Sin embargo, Valery fue discriminada por ser indígena y haber sido combatiente, y no fue escolarizada, razones por las cuales se fugó mientras estaba bajo custodia del ICBF. Mientras tanto en la ciudad de Pasto la abogada Diana Montilla empezó a sufrir seguimientos y hostigamientos por haber ejercido su labor de acompañamiento a la menor.

El 8 de marzo, Sonia Chilgueso recibió la noticia de que su hija había fallecido en un combate con el ELN en el municipio de Cumbitara, Nariño. El cuerpo sin vida de Valery permaneció a la intemperie durante aproximadamente tres semanas hasta que la familia, a través de la Corporación Justicia y Dignidad, presentó una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana. Su cuerpo fue trasladado a Medicina Legal de Cali, donde hasta la fecha no ha sido entregado a sus familiares.

El caso de Valery no es único, ya que su hermano, también menor de edad e indígena, fue reclutado forzadamente, aunque logró escapar de las filas de las EMC de las FARC y fue remitido al ICBF. Al igual que su hermana, se escapó del ICBF y se instaló en una zona rural del Cauca. Después de la desaparición de Valery, el menor y su madre, Sonia Chilgueso, empezaron a ser perseguidos por el grupo armado, sufriendo tres desplazamientos forzados en el Cauca antes de salir del departamento debido a la inminente materialización de las amenazas de muerte. Ante esta situación, la familia de Valery y la comunidad indígena exigen respuestas claras y acciones concretas por parte de las autoridades para esclarecer el caso y garantizar justicia para la menor y su familia, pero también protección integral en salvaguarda de su vida e integridad..

La Comisión Interamericana determinó que las personas beneficiarias de la medida cautelar están expuestas a amenazas graves, incluyendo ser declaradas objetivos militares, seguimientos por parte de grupos armados, desplazamientos forzados e intentos de secuestro. “Un caso particularmente preocupante es el de la hija de Sonia Chilgueso, cuyo paradero es desconocido y se teme que haya fallecido en un enfrentamiento entre grupos armados. Este caso ilustra la urgencia y gravedad de la situación”.

En respuesta a estos riesgos, la CIDH ha solicitado al Estado de Colombia que adopte las siguientes medidas:

  1. Implementar medidas necesarias y culturalmente adecuadas para proteger los derechos a la vida e integridad personal de las beneficiarias.
  2. Determinar la situación de V.C.D., hija de Sonia Chilgueso Dagua, cuyo paradero es desconocido.
  3. Concertar las medidas a adoptarse con las beneficiarias y/o sus representantes.
  4. Informar sobre las acciones adelantadas para investigar los hechos que dieron lugar a la medida cautelar y evitar su repetición.

«No te preocupes por mí, mamá, voy a estar bien», dijo Valery en su última carta a doña Sonia. «Te quiero mucho, te amo y gracias por tu cariño, comprensión y por apoyarme. Te amo de todo corazón. Cuídate mucho, madre. Te quiero un montón, madre«. Así se despidió una niña que jamás debió conocer la guerra ni morir asesinada en un combate. Los familiares de Valery esperan que, con la medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana, puedan al menos darle una sepultura digna a sus restos, que aún se encuentran en Medicina Legal.

«Que pare el reclutamiento, nosotras las mujeres no parimos hijos para la guerra».

Por: Sofía López Mera, abogada, defensora de derechos humanos y periodista de la Corporación Justicia y Dignidad.

¡Comisión de esclarecimiento YA!

Por: Sofía López Mera, Abogada, periodista y defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad.

En el contexto de la conmemoración de los tres años del estallido social en Colombia, las víctimas y organizaciones sociales que han sufrido la represión del gobierno de Iván Duque se reunieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su objetivo fue solicitar apoyo para la creación de la Comisión de Esclarecimiento de los Hechos del Estallido Social de 2021, así como pedir una audiencia temática durante el 190º periodo de sesiones, que se celebrará en la sede de la CIDH en Washington DC en julio de este año.

Las víctimas y organizaciones de los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y Nariño denunciaron la violencia sufrida y los mecanismos de impunidad instaurados por la Fiscalía General de la Nación. Se destacaron las amenazas, persecuciones y hostigamientos recibidos por las víctimas que denunciaron los hechos, así como la falta de funcionamiento de los mecanismos de garantías para la protesta social y la mesa de víctimas de la fuerza pública que se caracterizan por la escasa participación de las regiones.

Durante el encuentro con la CIDH, se resaltaron los incumplimientos del Estado de Colombia respecto a las recomendaciones emitidas por este organismo durante su visita de trabajo en 2021. Se puso énfasis en la persistencia de mecanismos de impunidad en el suroccidente del país, especialmente en la ineficacia de la Fiscalía General de la Nación para identificar y sancionar a los responsables, tanto agentes estatales como no estatales, que perpetraron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente contra los jóvenes manifestantes. Se denunciaron las deficiencias en los procesos forenses llevados a cabo por el Instituto de Medicina Legal, señalando que estas instituciones parecen estar más enfocadas en montajes judiciales contra los jóvenes que en buscar justicia para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos.

Se resaltó la situación de desamparo en la que se encuentran las víctimas, muchas de las cuales han sido sometidas a múltiples desplazamientos forzados tras presentar sus denuncias. Sin embargo, se ha encontrado obstáculos para recibir atención humanitaria por parte de la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Víctimas, argumentando que no califican como víctimas del conflicto

 

 

rmado. Es fundamental aclarar que estas personas son víctimas de acciones irregulares perpetradas por la Policía Nacional y los escuadrones paramilitares conformados durante el paro nacional.

Durante la reunión se pusieron de relieve casos específicos de violencia, como los homicidios de Michael Aranda y Daniel Sánchez, llevados a cabo por la policía el 28 de mayo en Siloé, así como el atentado contra la Minga indígena el 9 de mayo, que dejó gravemente heridos a 8 comuneros indígenas, en estos hechos criminales participaron tanto la policía como de individuos armados de civil. También se mencionó el trágico asesinato de Angie Valencia en el sector de Calipso y el caso de Lucas Villa en el viaducto de Pereira. Además, se abordaron los casos de desapariciones forzadas en el Valle del Cauca durante el paro nacional, así como la persecución de los jóvenes líderes de las protestas y su actual situación de indefensión.

Se señalaron los hechos ocurridos el 28 de mayo en Pasto, Nariño, que dejaron un número indeterminado de heridos, incluido Cristian Yovani Bastidas, quien fue víctima de mutilación ocular y posteriormente se suicidó debido a las profundas afectaciones emocionales que sufrió. En el departamento del Cauca, se denunciaron los ataques sufridos por defensores de derechos humanos y periodistas, quienes a pesar de haber informado a la Defensoría del Pueblo sobre los actos de agresión, hostigamiento y amenaza durante el paro en Popayán, no vieron avances en las investigaciones.

También se denunciaron las prácticas racistas que quedaron instaladas desde el paro nacional, donde a los miembros de pueblos indígenas se les prohibió el acceso a ciertos lugares exclusivos de la ciudad de Cali, así como los ataques a las sedes del Consejo Regional Indígena del Cauca y sus instalaciones de salud en Popayán por parte de sectores extremistas que reprimen la protesta social.

El Paro Nacional de 2021 fue una acción política importante que llevó al presidente Gustavo Petro al cargo, pero las víctimas del estallido social se sienten abandonadas y enfrentan una desesperanzadora impunidad. Por esta razón la Comisión de Esclarecimiento de los Hechos del Paro busca establecer los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas, así como garantizar la no repetición de los hechos.

Este viernes, las víctimas del suroccidente y sus organizaciones presentarán la propuesta de la Comisión de Esclarecimiento de los Hechos del Paro Nacional ante los Ministerios de Defensa y Justicia. Además, están a la espera de una reunión con el Vice Ministerio de Juventudes para abordar esta importante iniciativa.

En América Latina, se han establecido diversas comisiones de esclarecimiento para abordar casos de violaciones a los derechos humanos y corrupción. Por ejemplo, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa fue creada en 2014 por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, tras la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, México. Esta comisión, integrada por expertos nacionales e internacionales en derechos humanos y criminología, se encargó de investigar los hechos de manera independiente.

Otro ejemplo es la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), establecida en 2006 mediante un acuerdo entre el gobierno guatemalteco y la ONU. La CICIG tenía como objetivo apoyar al Estado de Guatemala en la lucha contra la impunidad, fortaleciendo las instituciones para combatir la corrupción y el crimen organizado. Cabe destacar que en esta comisión participaron destacados profesionales como el actual ministro de defensa de Colombia, Iván Velásquez, y la actual Fiscal General de la Nación, Adriana Camargo.

Considerando la relevancia y el éxito de iniciativas similares en la región, se espera que la propuesta de las víctimas del estallido social sobre la creación de una comisión de esclarecimiento sea bien recibida por el gobierno nacional y se inicien las rutas para el restablecimiento de los derechos de las víctimas.

¡Comisión de esclarecimiento Ya !

Crisis en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Parte uno: Sin justicia restaurativa no hay Paz

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha experimentado un proceso de deslegitimación y crisis, con una creciente desviación de los principios de la justicia restaurativa. Esta situación ha sido denunciada por diversas figuras políticas, incluyendo al presidente de la república, al suspendido canciller, al exsecretariado de las FARC y hasta el mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ONU.

El presidente Petro reafirmó el compromiso del Estado colombiano con los términos del acuerdo de paz en una carta enviada a la Asamblea de las Naciones Unidas el pasado 20 de octubre de 2023. Sin embargo, en esta carta, Petro también expresó duras críticas hacia la JEP, instándola a cumplir sin dudas las normas que la crearon para garantizar la justicia. El presidente destacó la importancia de que la JEP aplique el mandato universal y garantista de la favorabilidad penal, así como el derecho a la amnistía en los términos pactados.

Por su parte el canciller suspendido Álvaro Leyva también criticó a la JEP durante una presentación ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Leyva señaló que la JEP se estaba alejando de las normas establecidas con el esfuerzo conjunto, dejando de lado principios fundamentales a favor de las víctimas, como la verdad, la reparación y la no repetición.

En el mes de febrero de 2024 siete antiguos miembros del secretariado de las FARC han enviado una carta al presidente Gustavo Petro, expresando sus preocupaciones sobre la implementación del Acuerdo de Paz, particularmente en relación con la JEP. La misiva, que coincidió con la visita del Consejo de Seguridad de la ONU, denuncia que la JEP está apartándose del espíritu del acuerdo, lo que genera inseguridad jurídica para los excombatientes.

Los puntos críticos de la denuncia son:

  1. Los excombatientes argumentan que la JEP ha adoptado una interpretación propia del acuerdo, llevándolo hacia un enfoque judicial punitivo, alejado del espíritu original del acuerdo de paz.
  2. Los excomandantes critican el enfoque de la JEP en la resolución de macrocasos, argumentando que esto contradice la ley estatutaria del tribunal, que establece la necesidad de una resolución única de conclusiones.
  3. Expresan preocupación por la lentitud en la resolución de solicitudes de amnistía por parte de la JEP. De un total de 4.485 solicitudes tramitadas, solo 688 han sido concedidas, mientras que 3.804 han sido negadas. Esta situación, afirman, afecta la confianza en el proceso de paz y podría tener consecuencias negativas para la estabilidad del país.
  4. Los excomandantes argumentan que la vinculación de exintegrantes de bajo rango en las investigaciones va en contra del objetivo de buscar a los máximos responsables y centra el esfuerzo en casos menos representativos. Esto, afirman, genera desconfianza en el proceso de paz.
  5. Denuncian una supuesta vulneración al debido proceso y a la presunción de inocencia por parte de la JEP, al tener la capacidad de expulsar de manera repentina a los comparecientes si considera que ha habido incumplimientos graves. Esto, según los exjefes guerrilleros, niega la posibilidad de ejercer el derecho de defensa y contradecir la prueba.

Los excomandantes concluyen que estas preocupaciones ponen en riesgo el Acuerdo de Paz, generando falta de confianza y violando principios del Derecho Internacional Humanitario. Asimismo, instan al presidente Petro a abordar estas preocupaciones para garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso de paz en Colombia.

En la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU del 9 de abril de 2024, durante la presentación del informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, se produjo un llamado por parte de la mayoría de los países que integran el Consejo de Seguridad a la JEP. En este llamado se instó a la JEP a aplicar de manera irrestricta los principios de la justicia restaurativa, señalando que la aplicación de principios de carácter punitivo desnaturaliza lo acordado en el acuerdo de paz del 2016.

En respuesta a las crecientes controversias en torno a la JEP, el Gobierno ha anunciado un acuerdo con la Corte Penal Internacional (CPI) como parte de sus esfuerzos por abordar estas preocupaciones. Este acuerdo, revelado después de un encuentro entre el Canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, y el Fiscal de la CPI, Karim Khan, tiene como objetivo fortalecer la cooperación y complementariedad en materia judicial entre Colombia y las autoridades internacionales.

La iniciativa busca encontrar salidas a las disputas y desafíos que han surgido en torno a la implementación de la JEP, especialmente con respecto a su enfoque y procedimientos. En particular, se enfatiza la necesidad de incorporar el enfoque restaurativo en las jurisdicciones ordinaria y transicional, así como medidas para garantizar la reparación integral a las víctimas del conflicto armado.

Este acuerdo representa un paso para abordar las preocupaciones planteadas por los firmantes del Acuerdo de Paz y otros actores interesados en el proceso de reconciliación y justicia en Colombia.

La JEP está atravesando una crisis, por la influencia de intereses afines a la derecha que buscan desmantelar los acuerdos de paz alcanzados en 2016. Existe una preocupación creciente de que el lema de «hacer trizas la paz» se esté infiltrando en la JEP, un sistema en el que muchos firmantes del acuerdo depositan su esperanza.

Además, en las mesas de paz instaladas en el marco del proceso de paz, se está explorando la posibilidad de no crear más mecanismos de justicia transicional y de aplicar el modelo de la JEP en futuros acuerdos de paz. Sin embargo, la persistencia de intenciones punitivas dentro de la JEP podría obstaculizar estos esfuerzos y minar la confianza en el sistema de justicia transicional.

En varias regiones del suroccidente colombiano se ha informado por delegados del gobierno nacional que se está contemplando la posibilidad de aplicar el modelo de la Ley 975 de 2005, también conocida como la Ley de Justicia y Paz, para los combatientes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que participen en los procesos de diálogos de paz. Sin embargo, esta medida ha suscitado diversos interrogantes, dado que es poco probable que dichos combatientes acepten cumplir una pena mínima de ocho años de cárcel, tal como establece este modelo de justicia transicional. En este contexto, la única alternativa viable en caso de no implementarse un mecanismo de justicia transicional propio, sería la JEP. Sin embargo, la JEP ha sido objeto de duras críticas por parte de diversos sectores, principalmente debido a su negativa masiva a conceder amnistías a los firmantes del acuerdo de paz.

La firma apresurada de los acuerdos de paz en 2016 ha generado una serie de situaciones complejas, incluyendo la formación de grupos armados disidentes y la improvisación de un sistema de justicia que no ha logrado cumplir con las expectativas ni de firmantes de paz ni de las víctimas de crímenes de Estado.

En un próximo artículo, se explorará más a fondo el impacto nefasto de este modelo de justicia transicional en las víctimas, que no han encontrado ni verdad, ni justicia, ni reparación integral en el sistema actual.

Por: Sofía López Mera, abogada y periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad.

 

Hallazgos y recomendaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de Colombia.

Por invitación del presidente Gustavo Petro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita in loco en Colombia con el propósito de observar los impactos de las distintas formas de violencia en la situación de los derechos humanos. La delegación que condujo la visita estuvo liderada por la Presidenta de la CIDH, Comisionada Roberta Clarke; el segundo vicepresidente y Relator para Colombia, José Luis Caballero; los Comisionados Stuardo Ralón y Arif Bulkan, y las Comisionadas Andrea Pochak y Gloria De Mees, junto a la Secretaria Ejecutiva, Tania Reneaum, la Secretaria Ejecutiva Adjunta, María Claudia Pulido, la Jefa de Gabinete, Patricia Colchero, y especialistas de la Secretaría Ejecutiva. Así mismo, integraron la delegación los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Javier Palummo.

La delegación visitó la ciudad de Bogotá y los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. En dichos lugares, la CIDH se entrevistó con autoridades de los diferentes poderes del Estado y se escuchó a organizaciones de la sociedad civil, grupos indígenas y afrocolombianos, activistas, personas defensoras y con liderazgo social y comunitario, sindicatos y gremios empresariales, así como de partidos políticos. La CIDH también visitó algunos de los principales centros de reclusión del país.

En la rueda de prensa del viernes 19 de abril, la CIDH presentó sus observaciones preliminares destacando varios aspectos de la crítica situación de derechos humanos y humanitaria que padece Colombia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó que Colombia, un país caracterizado por desigualdades extremas y arraigada pobreza, enfrenta una compleja transformación socioeconómica en medio de prácticas históricas de racismo y discriminación de clases. La presencia de grupos armados delincuenciales en territorios vulnerables agrava esta situación, generando un clima de violencia que socava los derechos humanos en el país.

El acuerdo de paz de 2016, centrado en el abandono de armas, la justicia transicional y el dejar las economías ilegales, se percibía como un punto de inflexión hacia una sociedad más justa e incluyente. Sin embargo, la implementación de estas acciones ha enfrentado  obstáculos significativos, incluida la persistencia de la violencia contra firmantes de paz,  defensores de derechos humanos y líderes sociales.

Las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras, así como el pueblo ROM, han sido sistemáticamente excluidas. Además, el patriarcado ha instaurado una jerarquía de género que subyuga a mujeres, adolescentes, niñas y personas LGBTI. Esta discriminación se agudiza al entrelazarse con factores económicos, fortaleciendo así la exclusión social y política.

En las áreas habitadas principalmente por comunidades étnicas, persisten una serie de problemas graves, como asesinatos, amenazas a líderes y lideresas, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, y un aumento en la extorsión y el secuestro. La presencia y control territorial de los grupos armados han llevado a situaciones de resistencia, confinamiento y desplazamiento interno de la población, lo que representa una crisis que amenaza la identidad cultural y la supervivencia de estas comunidades

Las mujeres y personas LGBTI, especialmente aquellas pertenecientes a comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas con discapacidad o en situación de movilidad, continúan siendo víctimas de violencia sexual y reproductiva en las áreas rurales bajo control de grupos armados.

A pesar de que  a pesar de que los grupos étnicos, mujeres y población LGBTI sufren de manera desproporcionada los impactos de los conflictos, siguen siendo excluidos de manera sistemática de participar equitativamente en los procesos de paz y en la gobernanza. Además, enfrentan mayores barreras para acceder a la educación, la tierra y otros recursos productivos.

La raíz del conflicto armado en Colombia, así como de las recientes manifestaciones masivas en 2019, 2020 y 2021, reside en la desigualdad y la discriminación arraigadas en el país. En muchos territorios rurales, el Estado tiene una presencia mínima, lo que resulta en la falta de seguridad, servicios sociales, acceso a la educación e infraestructuras básicas. Los grupos armados aprovechan esta vulnerabilidad para reclutar principalmente a niñas, niños y adolescentes.

El conflicto armado en Colombia, desideologizado y centrado en economías ilícitas como la minería ilegal y el tráfico de drogas y de personas, ha generado violencia indiscriminada, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, y desplazamiento interno masivo. La falta de presencia estatal en zonas rurales profundiza la inseguridad y la exclusión.

Además, la crisis humanitaria se agrava con el flujo masivo de personas en movimiento, incluyendo venezolanos, haitianos, ecuatorianos y personas de otros países fuera de la región, lo que incrementa el riesgo de trata de personas, explotación sexual y otras formas contemporáneas de esclavitud.

A pesar de los avances en la implementación del acuerdo de paz, no existe una efectiva coordinación entre entidades gubernamentales para la ejecución de las medidas acordadas. Es necesario priorizar la participación efectiva de las comunidades étnicas en la implementación y garantizar la protección de los derechos de quienes participan en el proceso de paz.

La continuidad de estos problemas se atribuye a la impunidad sistemática, que implica una falta de diligencia en las investigaciones y una falta de identificación y sanción de los responsables intelectuales incluso cuando hay condenas. La impunidad sistemática en Colombia supone un obstáculo significativo para la justicia y la superación de violaciones de derechos humanos. Es fundamental fortalecer la coordinación entre autoridades y garantizar una investigación y sanción efectivas de los responsables de violaciones de derechos humanos.

Además, la Comisión Interamericana visitó centros de detención y observó condiciones inaceptables a pesar de los esfuerzos para tratar a la población penitenciaria.

Los testimonios recopilados de diversas regiones del país reflejan la angustia, la incertidumbre y el sufrimiento que experimentan frente a la violencia reinante, la imposición del dominio territorial por parte de grupos armados y la convivencia forzada con ellos. Todo esto se desarrolla en un contexto de abandono histórico por parte del Estado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado de Colombia lo siguiente:

  • Desarrollar políticas redistributivas que garanticen el acceso pleno a los derechos y disminuyan la desigualdad en Colombia.
  • Cumplir con la obligación internacional de proteger la vida y la integridad de las personas en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas donde se hayan decretado ceses al fuego bilaterales, alineando las nuevas negociaciones con grupos armados a la ruta establecida en el acuerdo de paz de 2016.
  • Priorizar el debate constructivo y los consensos en el Congreso para la aprobación de leyes necesarias para la implementación del acuerdo de paz, incluyendo la reforma a la ley de víctimas.
  • Exhortar a la fiscalía general de la nación y al poder judicial a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de Derechos Humanos.
  • Fortalecer la coordinación entre autoridades nacionales, departamentales y municipales, garantizando la participación efectiva de las comunidades en el desarrollo de proyectos productivos, infraestructura, acceso al agua, construcción de vías de comunicación y oferta de alternativas para todas las personas, especialmente la juventud.

La CIDH espera que el Estado y la sociedad en su conjunto pueden lograr los acuerdos sociales y políticos necesarios para impulsar las transformaciones que permitan alcanzar la paz y garantizar la vigencia de los Derechos Humanos en Colombia. Reconociendo que esto requerirá de un compromiso firme con el diálogo participativo y el respeto a los derechos humanos en todas las esferas de la sociedad colombiana.

Por: Sofía López Mera, abogada y periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad.

Los Falsos Positivos, un capítulo de horror en la historia de Colombia y del Cauca.

Por: Corporación Justicia y Dignidad

 

Los asesinatos de personas en estado de indefensión o por fuera de combate, cometidos por la Fuerza Pública, de manera directa, con complicidad o tolerancia de otros grupos armados, que se han denominado Ejecuciones Extrajudiciales o “Falsos Positivos”, constituyen uno de los más graves problemas en el contexto de derechos humanos en Colombia. Vale decir que estos actos han sido catalogados como crímenes de “Lesa Humanidad”, por ser sistemáticos, generalizados y por obedecer a una política de Estado. La verdad sobre los Falsos Positivos se ha venido revelando desde hace por lo menos 17 años, y con la actividad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el gobierno del presidente Gustavo Petro, estamos conociendo con más detalle cómo operaba este fenómeno en algunas regiones del país.

 

En febrero de 2021, un informe de la JEP reveló que, en Colombia, por lo menos 6.402 personas fueron víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales en la modalidad de Falsos Positivos. Estos hechos ocurrieron en un periodo comprendido entre 2002 y 2008, bajo el mandato del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. El 66% de estas víctimas se concentró en diez departamentos, siendo Antioquia el de mayor número de casos y el departamento del Cauca, el décimo lugar en esta lista. La JEP también señaló que el documento que expidió el Ministerio de Defensa: la directiva 029 de 2005, «Por el cual se entregaba recompensas a militares por capturas y bajas de guerrilleros o cabecillas de las organizaciones al margen de la ley y narcotraficantes», fue lo que motivó a que la practica criminal de los Falsos Positivos se normalizara y proliferara en las unidades militares en todo el país. Este hecho fue denunciado en el año 2006 en el Congreso de la República por el entonces congresista y hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro.

 

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos-OACNUDH-, en su informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia desde 2009, llamó la atención sobre la persistencia de Ejecuciones Extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública, fundamentalmente del Ejército de Colombia y señaló como características comunes a los casos denunciados la de presentar a las víctimas como muertos en combate, alterar la escena de los hechos antes del levantamiento del cadáver y en la mayoría de las ocasiones hacer que la justicia penal militar asumiera las investigaciones. Concluyó también que, de conformidad con las investigaciones judiciales de la época, los Falsos Positivos se originaron por la presión de resultados y el interés de algunos miembros de la fuerza pública de obtener una serie de beneficios y reconocimientos. a partir de dichos resultados

En marzo del año 2010, el señor Philip Alston, Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, informó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su 14° periodo de sesiones, lo siguiente: “Mis investigaciones encontraron que miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de Ejecuciones Extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país. Muchas unidades militares comprometidas con los llamados “Falsos Positivos”, en los cuales las víctimas eran asesinadas por militares, a menudo por beneficio o ganancia personal de los soldados. Generalmente las víctimas fueron atraídas bajo falsas promesas por un “reclutador” hasta una zona remota donde eran asesinadas por soldados que reportaban que había “muerto en combate” y toman medidas para manipular y encubrir la escena del crimen”.

 

La Corte Penal Internacional, en su informe 2012 sobre la situación de Colombia de señaló que miembros de las fuerzas armadas han dado muerte intencionalmente a miles de civiles con el fin de potenciar su tasa de éxito en el contexto del conflicto armado interno y obtener beneficios monetarios procedentes de fondos del Estado. Indicó también que, una vez alterada la escena del crimen, se reportaron a los civiles ejecutados como guerrilleros muertos en combate. De igual forma dijo que los “Falsos Positivos”, se remontan a la década de los ochenta y que ocurrieron con mayor frecuencia entre los años 2004 al 2008 y que los asesinatos estuvieron a veces precedidos por detenciones arbitrarias, torturas y otras formas de malos tratos. La Corte Penal Internacional afirmó que las Ejecuciones Extrajudiciales en la modalidad de Falsos Positivos, al menos en algunas regiones, fue una política de Estado. Para la Fiscalía de Corte Penal Internacional existía un fundamento suficiente para creer que desde el 1 de noviembre de 2002 los Falsos Positivos constituyen crímenes de Lesa Humanidad tipificados en el Estatuto de Roma.

 

La OACNUDH también subrayó la ineficacia del aparato de justicia colombiano para el establecimiento y sanción de la responsabilidad en los casos de Ejecuciones Extrajudiciales, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, en el informe anual presentado en 2012 sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, en lo referente a las ejecuciones extrajudiciales, sostuvo que ésta letal práctica no se había erradicado totalmente.

 

El informe sobre las actividades de examen preliminar que desarrollaba la fiscalía de la Corte Penal Internacional del año 2017, señaló que se habían priorizado 5 casos, en cada uno de ellos se investigaba a una división del ejército, que a su vez era responsable de las acciones de diez brigadas militares. Adicionalmente, el informe indicó que siguen vigentes las preocupaciones sobre el alcance de la JEP y el juzgamiento efectivo de los responsables de graves crímenes competencia del Estatuto de Roma.

En el Amicus Curiae (Amigo de la Corte) presentado por la Corte Penal Internacional ante la Corte Constitucional, se insistió que las normas que rigen la JEP deben definir claramente las responsabilidades de mando en estos hechos de lesa humanidad, hacer énfasis en las graves violaciones a Derechos Humanos, en la participación directa o indirecta de personas en los crímenes en el marco del conflicto y en la efectividad de las penas alternativas que se impongan en ese marco de justicia transicional.

Muchos casos de ejecuciones extrajudiciales en la modalidad de Falsos Positivo se presentaron en el departamento del Cauca y también en la ciudad de Popayán. Son cerca de 206 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en la modalidad de Falsos Positivos que registra la JEP en el departamento del Cauca. Ocupamos el décimo lugar en número de víctimas en la lista de horror. Es probable que el subregistro víctimas sea mayor por la ausencia de denuncia, por que los casos terminaron archivados por la Justicia Penal Militar y también por que muchas de las víctimas fueron traídas de otros departamentos y reportadas como NN, así mismo, muchas víctimas del departamento del Cauca fueron ejecutadas en otras zonas de país y reportadas como NN. En Colombia, de conformidad con las cifras de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas hay alrededor de 25.000 cuerpos no identificados que permanecen en las instituciones del Estado y en los cementerios del país y, por lo tanto, no han sido entregados a sus familiares.

Estos son alguno de los casos que se presentaron en el departamento de Cauca entre el 2002 y el 2010 reportados por las organizaciones de derechos humanos o los medios de comunicación regional.

 

El 2 de febrero de 2004 en Popayán, Cauca, tropas pertenecientes a la Contraguerrilla Demoledor 6, adscrita al Batallón de Contraguerrillas número 50 del Ejército Nacional, ejecutaron al campesino ARBEY OSWALDO SÁNCHEZ CAMPO. Los hechos ocurrieron en la vereda El Cabuyo. El campesino fue presentado como “muerto en combate”.

 

El 31 de marzo de 2004, en la vereda San Antonio, corregimiento de Santa Leticia del municipio de Puracé, el capitán José Antonio Páez reportó tres personas muertas en combate pertenecientes a las FARC entre las que se hallaban las hermanas MARTA CECILIA EN INCHIMA Y NANCY INCHIMA, de 17 y 20 años de edad respectivamente. Al día siguiente el menor JAIRO ALEXANDER INCHIMA de 14 años de edad hermano de las víctimas denunció que sus hermanas no murieron en combate, ni eran guerrilleras, ni vestían prendas militares, sino que varios miembros del ejército ingresaron a su casa y la sacaron y luego les dispararon.

 

El 17 de mayo de 2005, en Almaguer, Cauca, tropas pertenecientes a la Compañía Acero del Batallón de Alta Montaña 4 Benjamín Herrera Cortez, adscrito a la Brigada 29 del Ejército Nacional, ejecutaron a los campesinos: EDWAR TULIO GÓMEZ, EVERT PAPAMIJA BENAVIDES y RÓMULO RENGIFO. Las víctimas fueron presentadas como “guerrilleros de la cuadrilla Camilo Cienfuegos del ELN, muertos en combate”.

 

El 16 de diciembre 2005, el Batallón José Hilario López, asesinó al campesino MILLER NOGUERA HERNÁNDEZ quien a las 5:00 am fue sacado de su residencia. Los militares trasladaron el cuerpo de la víctima hasta la cabecera municipal de La Sierra Cauca. El ejército en su informe indicó que Miller era un guerrillero dado de baja en combate y que era jefe de finanzas de la columna Lucho Quintero del ELN.

 

El 8 de enero de 2006, en la vereda Belén de Inzá, Cauca, tropas pertenecientes al Batallón Cacique Pigoanza del Ejército Nacional ejecutaron a los indígenas HORTENSIA NEYID TUNIA CUCHUMBE y MANUEL ANTONIO TAO, e hirieron a WILLIAM JOSÉ CUNACUÉ MEDINA. Hortensia y Manuel aparecieron uniformados de camuflado, con los rostros cubiertos con capuchas, las insignias y los apellidos cubiertos. Los cuerpos sin vida de Hortensia y Manuel fueron trasladados hasta las instalaciones militares en La Plata en donde en una rueda de prensa, fueron presentados como guerrilleros dados de «baja» portando granadas de fragmentación.

 

El 6 de abril de 2006, a las 5:30 p.m., los campesinos WALTER IMBACHÍ y RÓMULO NOGUERA fueron sacados de sus residencias. Horas más tarde, la comunidad escuchó disparos en la vereda La Cuchilla – Bateros en límite con el municipio de Bolívar, Cauca, y San Pablo, Nariño. Los cuerpos de los señores Walter Imbachí y Rómulo Noguera fueron llevados por el mismo ejército a la cabecera municipal de San Pablo, Nariño,  presentaban señales de torturas, vestían camuflado con pañoletas del ELN. El ejército por su parte, entregó el informe con dos versiones; una: de dos guerrilleros dados de baja en combate y, la otra: de dos hombres que iban en moto y no atendieron el llamado de pare.

 

El 10 de abril de 2006, en Bolívar, Cauca, siendo las 2:00 p.m., encontrándose el señor LUIS ANTIDIO MACÍAS CAICEDO en su casa de habitación, ubicada en la vereda de Pueblo Viejo, fue asesinado por hombres que vestían de negro y estaban encapuchados. Posteriormente el cuerpo de la víctima fue dejado por miembros del Ejército Nacional en el Hospital de Bolívar -Cauca, afirmando que su muerte se había dado en combate.

 

El 19 de diciembre de 2006, hacia las 6:00 pm., en la vereda La Primicia, ubicada a media hora a pie del casco urbano de San Francisco Tacueyo, Cauca, fueron asesinados por efectivos militares del Batallón Pichincha de la Tercera Brigada, los comuneros indígenas ARNOLDO MUSICUE UL , ROBERTO POTO, quienes habían sido detenidos arbitrariamente desde el día anterior, acusados de pertenecer a la guerrilla. Sus cuerpos presentaban visibles señales de tortura. La comunidad indígena presenció el proceso de detención arbitraria y de tortura de las víctimas.

 

El 15 de febrero de 2007, en Piamonte, Cauca, tropas pertenecientes al Batallón de Infantería 25 General Roberto Domingo Rico Díaz de la Armada Nacional, ejecutaron a FRANUEL ERAZO PASINGA. Fue presentado por parte de los militares en el periódico Diario del Sur como “guerrillero del Frente 49 de las FARC-EP, muerto en combate en la vereda San José de Ignacio”.

El 29 de abril de 2007, en el Patía (El Bordo), Cauca, tropas pertenecientes al Batallón de Alta Montaña 4 Benjamín Herrera Cortez, adscrito a la Brigada 29 del Ejército Nacional, ejecutaron a dos campesinos que jugaban futbol en un campeonato verdad, del corregimiento de Santa Cruz. Los militares reportaron a las víctimas como guerrilleros dados de baja en combate.

 

 

El 26 de junio de 2007, en Popayán, Cauca, tropas pertenecientes al Ejército Nacional ejecutaron al enfermero MILTON JOSÉ VELASCO RIVERA y a los comerciantes CRISTIAN ADREY PAZ GEMBUEL, LUIS ALEXANDER GUTIÉRREZ TOVAR y JAMES IVÁN BOJORGE ORDÓÑEZ. El hecho se presentó en zona rural del suroccidente de Popayán en el sitio conocido como La Playa. Las víctimas fueron presentadas como guerrilleros dados de baja en combate.

El 9 de agosto de 2007, fueron ejecutados extrajudicialmente ULPIANO ORTIZ FAJARDO y JAIRO ALEXIS CASTRO CONCHA, por efectivos militares, pertenecientes al Batallón de Alta Montaña No 4 Benjamín Herrera Cortes, de la Brigada 29 del Ejercito Nacional.. A las 4:00 a.m., como era habitual de todos los jueves, Ulpiano salió de su casa en el casco urbano del Municipio de Piendamó, para realizar compra de mercancía en la Galería la 13 de Popayán para luego revenderla en Piendamo-Cauca; Jairo Alexis Castro Concha, iniciaba su labor como ayudante de buses de transporte público. En el terminal de Popayán fueron contactados por un militar vestido de civil quien los traslado hasta el sector de los Robles vía a Timbío, Cauca, donde fueron puestos en situación de indefensión y asesinados. El 10 de agosto de 2007, las emisoras Radio Súper, Mil Cuarenta y RCN de Popayán, señalaban que Ulpiano y Jairo Alexis habían sido dado de baja en combate por parte de efectivos militares de la Brigada 29 del Ejército Nacional y que eran integrantes del ELN.

 

El 4 de septiembre de 2007, en Popayán, Cauca, tropas pertenecientes al GAULA adscrito a la División 1 del Ejército Nacional, ejecutaron a EFRÉN DARÍO CHANTRE RIVERA y YEISSON DAVID HIDROBO HOYOS. Las víctimas habían salido de sus casas, ubicadas en el barrio Los Campos, luego que recibieran ofertas laborales de una mujer llamada Victoria Montenegro Sandoval y del suboficial retirado del Ejército Nacional José Tránsito Lucumí Paz, con el fin de ir a trabajar a unas fincas en el departamento de Córdoba. El día 6 del mes en curso fueron reportados como “bajas” por el GAULA del Ejército de Montería (Córdoba), a raíz de un corto combate ocurrido en la finca Los Brillantes, zona rural de Montería. Sin embargo, sus familiares se enteraron del hecho hasta el día 10 de junio de 2008, cuando la Fiscalía de Montería les anunció que los cuerpos estaban como NN en una fosa común.

 

El 29 de septiembre de 2007, en Popayán, Cauca, tropas pertenecientes al GAULA, adscrito a la División 1 del Ejército Nacional, ejecutaron a DIYER ANDRÉS BARONA VALENCIA. La víctima había salido de su casa, ubicada en el barrio Los Campos, luego que recibiera ofertas laborales de una mujer llamada Victoria Montenegro Sandoval y del suboficial retirado del Ejército Nacional José Tránsito Lucumí Paz, con el fin de ir a trabajar a una finca en el departamento de Córdoba. Diyer Andrés, quien había prestado servicio militar en el año 2003, en un batallón en Mocoa (Putumayo), salió de su casa el día 29 de septiembre, manifestándole a su mamá que iba a buscar en el municipio de Medellín (Antioquia) a un hombre que lo ayudaría a regresar al Ejército. Según la fuente el día 7 de octubre del año en curso fue reportado como “baja” por el GAULA del Ejército de Montería (Córdoba).

El 8 de octubre de 2007, en Popayán, Cauca, tropas pertenecientes al GAULA, adscrito a la División 1 del Ejército Nacional, ejecutaron a BALBINO ARLEY GÓMEZ. La víctima había salido de su casa, ubicada en el barrio Los Campos, luego de que recibiera ofertas laborales de una mujer llamada Victoria Montenegro Sandoval y del suboficial retirado del Ejército Nacional José Tránsito Lucumí Paz, con el fin de ir a trabajar a Montería (Córdoba) en la construcción de una casa y una piscina. Balbino, quien tenía 30 años de edad, salió de su casa el día 8 de octubre. El 20 de octubre fue reportado como “baja” por el GAULA del Ejército de Montería. Sin embargo, sus familiares se enteraron del hecho hasta el día 10 de junio de 2008, cuando la Fiscalía de Montería les anunció que el cuerpo estaba como NN en una fosa común.

 

El 24 de noviembre de 2007, en zona rural de El Tambo, Cauca, tropas del ejército ejecutaron a JOHAN ANDRÉS DAZA YEPES y a ÓSCAR EDUARDO ORTIZ y los reportaron como dados de baja en combate sepultándolos como NN. Habían desaparecido en los primeros días de noviembre; Johan había salido del barrio Rojas Pinilla de Armenia, Quindío, e iba rumbo a Pasto donde residía su padre.

 

El 30 de enero de 2008, en Silvia, Cauca, tropas pertenecientes al Batallón de Alta Montaña No. 4 del Ejército Nacional, ejecutaron a los indígenas Nasa ROBERT HELER ASTAIZA, LUIS CARLOS OTERO VELASCO y ELÍAS PECHENÉ PILLIMUE en el sitio denominado la Chulica, ubicado entre los Resguardos indígenas de Qizgó y Ambaló del Municipio de Silvia. El periódico el Liberal de Popayán y el País de Cali en su edición del 1 de febrero de 2008 y las emisoras locales de estas mismas ciudades indicaron que según la fuerza pública se trataba de guerrilleros dados de baja en combate.

 

El 26 de marzo de 2008, el señor PANFILIO DOMÍNGUEZ CABRERA salió de su residencia ubicada en la cabecera municipal de Rosas, Cauca, el día 25 de marzo con destino al municipio de La Cruz, Nariño. El día 26 de marzo a las 5:00 p.m., su familia recibió una llamada del Hospital del municipio de La Unión, Nariño, donde se les informaba que fueran a reclamar el cuerpo del señor Panfilio Domínguez, que se encontraba en la morgue del hospital y que éste había sido dado de baja por el Ejército Nacional.

 

El 2 de mayo de 2008, unidades de la Fuerza Aérea ametrallaron desde 5 helicópteros el caserío Rotura, del Consejo Comunitario de La Mamuncia, de López De Micay, Cauca, ejecutando al menor de 13 años AURELIANO TOVAR TOVAR quien estaba pescando en una canoa. Lo trasladaron en un helicóptero y a los cuatro días devolvieron su cadáver como el de un guerrillero dado de baja en combate.

 

El 24 de agosto de 2008, la personera municipal de Yumbo Valle, informó que cinc personas residentes en Yumbo, una en Palmira y una en Candelaria Valle, fueron reportadas por el Ejército Nacional como muertas en combate el día 24 de agosto de 2.008, las cinco primeras en el municipio de Timbío-Cauca y las dos últimas en Caloto, Cauca. Las víctimas fueron: JOSÉ DOMÍNGUEZ; JHON OSWALDO ARCE; JHON JAIRO ROSERO; JOSÉ ARBEY MUÑOZ; JOSÉ EDUARD CABAL; ERMINSON MENDOZA y LUIS ALFREDO RAMÍREZ.

 

El 7 de septiembre de 2008, en Piamonte, Cauca, tropas pertenecientes al Ejército Nacional ejecutaron a LUIS ALEXÁNDER JAMIOY PERDOMO. La víctima fue detenida arbitrariamente en un billar, sacado del lugar, asesinado y posteriormente vestido de camuflado, le colocaron una pistola y un radio.

 

El 17 de septiembre de 2008, en Jambaló, Cauca, tropas pertenecientes al Ejército Nacional, ejecutaron al indígena de etnia y pastor evangélico Nasa, JUSTINIANO TUNUBALÁ, del resguardo de Pitayó. La víctima se encontraba de regreso de la vereda de Paletón hacia Jambaló, donde fue a llevar a una señora. A esa hora se dio un hostigamiento de la guerrilla contra el Ejército. El comunero quedó en medio del hostigamiento en una vuelta del camino. Según la versión que dio el Ejército, Justiniano llevaba como parrillero a un guerrillero armado quien disparó contra el Ejército hiriendo a un soldado en un pie. Las autoridades indígenas afirmaron que dicha versión no tenía sustento en la realidad, que nunca se encontró el supuesto guerrillero que llevaba Justiniano, que no hubo reporte de soldados heridos y que el cuerpo del comunero presentaba múltiples impactos de fusil hechos a corta distancia.

 

En 26 de julio de 2009, en Silvia, Cauca, tropas pertenecientes al Batallón de Infantería Número 8 José Hilario López, adscritos a la Brigada 29 del Ejército Nacional, ejecutaron al indígena REINEL DAGUA QUINTO, de 28 años de edad, miembro del Cabildo de Pitayó. Fue sacado de su casa por hombres armados que vestían prendas de la Fuerza Pública. Tres horas después su cuerpo fue hallado sin vida en un descampado, presentaba varios impactos de armas, vestía una prenda camuflada del Ejército. En el Batallón informaron que el indígena había caído en combate con las fuerzas militares.

Día de la Tierra Palestina: una urgente súplica para detener El Genocidio.

El origen del Día de la Tierra Palestina, celebrado cada 30 de marzo, se remonta a las movilizaciones palestinas contra la expropiación de tierras por parte del gobierno israelí en 1976. En esa fecha, la sociedad palestina convocó una huelga general en protesta por el continuo robo de sus tierras por parte de Israel. El 30 de marzo de 1976, el Ejército israelí asesinó a siete jóvenes palestinos que participaban en manifestaciones para detener la confiscación de 2,100 hectáreas de tierras palestinas con el propósito de construir colonias para judíos y un campo de entrenamiento militar.
Desde entonces, cada 30 de marzo se conmemora la lucha del pueblo palestino plantando un olivo como símbolo de reivindicación de sus derechos legítimos sobre la Tierra Palestina y su derecho al retorno. Sin embargo, hoy, después de 48 años, en Palestina se está perpetrando el genocidio más sangriento, con cifras escandalosas que evidencian el poder de Israel y Estados Unidos para llevar a cabo esta barbarie ante una humanidad espectadora e impotente, y una comunidad internacional incapaz de detener el horror.
Durante los casi seis meses en los que Israel ha declarado su guerra contra Hamas, se ha orquestado un genocidio que podemos observar en tiempo real a través de las redes sociales, con las siguientes cifras:
• 2,848 masacres cometidas por el ejército de ocupación israelí contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza y Cisjordania.
• 39,226 personas entre asesinadas y desaparecidas.
• 32,552 personas asesinadas que llegaron a los hospitales.
• 14,280 niños asesinados.
• 27 niños muertos por inanición.
• 9,340 mujeres asesinadas.
• 364 personas asesinadas del personal médico.
• 48 personas asesinadas de la Defensa Civil.
• 136 periodistas asesinados.
• 7,000 personas desaparecidas, el 73% de las cuales son niños y mujeres.
• 74,980 personas heridas.
• 11,000 personas heridas que necesitan ser trasladadas a otros países para recibir tratamiento.
• 17,000 niños en estado de orfandad.
• 10,000 pacientes con cáncer enfrentan el riesgo de muerte.
• 700,000 pacientes con enfermedades infecciosas.
• 8,000 casos de infección por hepatitis viral.
• 60,000 mujeres embarazadas en riesgo.
• 350,000 pacientes con enfermedades crónicas sin control y tratamiento adecuado.
• 269 personas secuestradas del personal de salud.
• 12 periodistas secuestrados.
• 2 millones de desplazados.
• 100 escuelas y universidades quedaron completamente destruidas.
• 305 escuelas y universidades parcialmente destruidas.
• 224 mezquitas completamente destruidas.
• 290 mezquitas parcialmente destruidas.
• 3 iglesias atacadas y destruidas.
• 70,000 viviendas quedaron completamente destruidas.
• 290,000 viviendas parcialmente destruidas.
• 70,000 toneladas de explosivos arrojados por Israel.
• 32 hospitales fuera de servicio.
• 53 centros de salud fuera de servicio.
• 155 instituciones de salud parcialmente atacadas.
• 126 ambulancias destruidas.
• 200 sitios arqueológicos y patrimoniales destruidos.
• Un total de 130 trabajadores humanitarios de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) han sido asesinados.
Durante el mes de marzo, las tropas israelíes incursionaron en los alrededores del Hospital Al-Shifa en Gaza, dejando destrucción y devastación a su paso, además de enfrentar denuncias escandalosas sobre violencia sexual. Según la cadena de televisión Al Jazeera, varios testigos presenciales han relatado que los soldados israelíes «secuestraban, violaban y ejecutaban a mujeres en las inmediaciones del hospital”. El uso de la violencia sexual contra las mujeres palestinas es una parte integral de la historia política del estado sionista desde su fundación en 1948. Historiadores como Ilan Pappé han documentado que, durante la fundación del estado de Israel, el ejército participó en numerosas violaciones, tanto en grupo como individuales, contra mujeres palestinas. En este contexto, se destaca la trágica historia de una joven palestina que fue secuestrada y violada en el Néguev por unos 20 soldados israelíes, como parte de una celebración, y que terminó con su asesinato.
El Consejo de Seguridad de la ONU emitió el lunes 13 de marzo una resolución que solicita un alto al fuego durante el mes de Ramadán, que comenzó el 11 de marzo. También exige la liberación de 130 rehenes secuestrados en Israel y retenidos en Gaza, además de hacer hincapié en la necesidad urgente de permitir que una amplia ayuda vital llegue a la población hambrienta del enclave asediado. El Consejo de Seguridad reiteró su exigencia de que se eliminen todos los obstáculos que dificultan la prestación de asistencia humanitaria a gran escala, en consonancia con el derecho internacional humanitario y las resoluciones 2712 (2023) y 2720 (2023).
Sin embargo, los bombardeos han continuado y el genocidio no se detiene. Apenas 24 horas después de la decisión del Consejo de Seguridad que ordenaba el cese al fuego, el ejército de Israel llevó a cabo bombardeos aéreos en Rafah. Las excavadoras israelíes han destrozado la infraestructura en Jenin, en Cisjordania, y la cifra de asesinatos, desapariciones y heridos ha seguido aumentando. «Necesitamos debilitar al ejército en Rafah. Hay que atacar cuando estén cansados y débiles, hay que romperles los huesos. Durante el ayuno del Ramadán es el mejor momento para matarlos, no sentirán compasión por ellos», expresó Almog Cohen, político sionista del parlamento y miembro del partido «Poder Judío», liderado por el Ministro de Seguridad Nacional de Netanyahu. Por su parte, el ex jefe del Estado Mayor del ejército de Israel, Moshe Yalon, señaló: «Netanyahu está dispuesto a sacrificar a los secados por intereses políticos, e Israel está experimentando la crisis más peligrosa desde su fundación». El Ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, indicó que «La decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es antisemita y su Secretario General también lo es, y eso solo alienta a Hamás». Por otro lado, el presidente Gustavo Petro manifestó en redes sociales que, debido a que Israel no acató la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, Colombia romperá relaciones diplomáticas con dicho país.
¿Qué espera el mundo para detener el genocidio en Palestina? Seguimos siendo espectadores de la barbarie. Hoy, en el Día de la Tierra de Palestina, es urgente que se detenga el genocidio y se libere a Palestina.

Por: Sofía López Mera, abogada y periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad.

Impacto Mancuso: Revelaciones que remueven los cimientos de la derecha uribista colombiana

Salvatore Mancuso, quien fuera uno de los más temidos jefes paramilitares de Colombia, fue deportado el martes 27 de febrero por Estados Unidos tras cumplir una condena por narcotráfico, para enfrentar cuentas pendientes con la justicia colombiana. El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso permanecerá arrestado en una celda especial de la cárcel La Picota de Bogotá y no tendrá contacto con ningún otro recluso. Entre las medidas especiales que adoptó el INPEC para la seguridad del paramilitar, se encuentra recluirlo en el pabellón de extraditables y estar custodiado por un grupo especializado de guardias que fueron capacitados por la embajada de Estados Unidos.

Las confesiones de Mancuso revelan la implicación en graves crímenes, así como la promoción y respaldo al paramilitarismo por parte de expresidentes, grandes empresas, generales y figuras prominentes de la vida pública nacional. En este artículo, destacaremos las acusaciones más graves surgidas de sus declaraciones.

  1. En sesiones reservadas ante la Justicia Especial para la Paz -JEP-, el comandante paramilitar Salvatore Mancuso vinculó al expresidente Álvaro Uribe Vélez en las masacres de El Aro y La Granja, así como en el asesinato del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo. Según Mancuso, Pedro Juan Moreno, quien fuera el secretario de Gobierno, cuando Uribe fue Gobernador de Antioquia, transmitió directamente las órdenes del expresidente a los paramilitares, siendo también partícipe en reuniones donde se planearon dichos crímenes.

 

  1. Mancuso reveló que el Bloque Catatumbo desapareció a más de 200 personas de origen colombiano en Venezuela por orden de la fuerza pública y del comandante Carlos Castaño, con el fin de no afectar las cifras de los mandos militares en la región.

 

  1. Además, mencionó que Uribe retiró la seguridad al alcalde de El Roble, lo que llevó a su tortura y asesinato en 2003. “Denunció ante el entonces presidente Uribe que lo iban a matar, Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos”, dijo Salvatore Mancuso,

 

  1. Respecto a las masacres perpetradas por los paramilitares en Norte de Santander y en Bolívar, Mancuso afirmó que hubo coordinación con la fuerza pública en la masacre de Tibú, en 1999, y en 14 masacres en la región de Montes de María, entre 1999 y 2001. Mencionó la participación de altos mandos militares como el vicealmirante Rodrigo Quiñonez Cárdenas, el mayor Juan Bautista Cárcamo, el coronel Ricardo Díaz Granados Mantilla, el mayor Zea, el capitán Estupiñán, el capitán Pastrana y el cabo Barreto, quienes participaron directamente mezclados entre Infantería de Marina con autodefensas.

 

  1. Mancuso denunció que el DAS declaró como objetivos militares al Presidente Gustavo Petro y al canciller Álvaro Leyva, según información proporcionada por José Miguel Narváez. Además, mencionó que Narváez también incluyó en esta lista a otras figuras como Gustavo Gallón, Alirio Uribe, Piedad Córdoba y Wilson Borja.

 

  1. Por otra parte, desde 2007, Mancuso afirmó que el exvicepresidente Francisco Santos le solicitó la creación de un bloque paramilitar en Bogotá— Bloque Capital – en los años noventa, y destacó el papel de Santos en la legitimación del discurso paramilitar a través de su familia y el periódico El Tiempo.

 

  1. Asimismo, acusó al coronel (r) Publio Hernán Mejía, imputado por la JEP por su implicación en casos de «falsos positivos» durante su mando en el Batallón La Popa en Valledupar, señalando que fue quien inició los contactos para la cooperación entre paramilitares y militares en esa unidad, delegando luego esa responsabilidad en Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40».

 

  1. De acuerdo con lo señalado por Mancuso, los paramilitares incidieron de manera directa en elecciones al Congreso y en elecciones de presidencia del 2002. “Las Autodefensas intervinieron de manera directa en las elecciones al Congreso el 10 de marzo del 2002 y también en las elecciones de mayo del 2002 de presidencia. Solicito que estos temas podamos hablarlos en privado, su señoría, y también hubo apoyos en elecciones a Horacio Serpa, al presidente Pastrana y a Uribe”, expresó. El mismo Mancuso dijo en 2005 que “el 35 por ciento del Congreso fue elegido en zona de influencia de las AUC”.

 

  1. En su relato, también destacó que estos apoyos no solo fueron nacionales, sino además regionales, al reafirmar algunos nombres de políticos como «Eleonora, Miguel Alfonso, Mario Salomón, Zulema, Juan Manuel López Cabrales, Julio Manzur». Todos en el departamento necesitaban hacer algún tipo de pacto con las autodefensas.

 

  1. Mancuso también destacó cómo las autodefensas se entrometieron en el poder político y administrativo de Córdoba, incluso manejando fondos públicos. Se refirió a la producción de oro que no era local, sino traída por narcotraficantes desde Panamá y luego legalizada a través de alcaldías. Asimismo, mencionó contratos en los municipios donde se desviaban fondos públicos para beneficiar a alcaldes y a las autodefensas.

 

  1. Estos acuerdos también se hicieron con varias multinacionales del país como Ecopetrol, que les permitía extraer combustible para su venta y obtener financiamiento, esto fue acordado mediante altos funcionarios en 1998 y 1999. También señaló a las compañías como las bananeras, Bavaria y Postobón quienes pagaban impuestos a las autodefensas para su financiamiento.

 

  1. Salvatore Mancuso reveló una presunta coordinación con altos mandos militares y funcionarios del gobierno nacional para llevar a cabo una falsa desmovilización del EPL, con el propósito de integrarlos a las filas paramilitares. Según sus declaraciones, el comandante Carlos Castaño mantuvo comunicación directa con el ministro Serpa para informar sobre estas operaciones, asegurando que el Gobierno estaba al tanto. Este episodio, denominado desmovilización ficticia, ha sido documentado y corroborado, tanto es así que alias «Otoniel», líder histórico del Clan del Golfo, fue uno de los guerrilleros del EPL que se unió a las AUC durante ese período.

 

  1. Ante la JEP, Mancuso reveló que un grupo de venezolanos, entre ellos un general y varios políticos, les propusieron a él y a Carlos Castaño infiltrarse en Venezuela para derrocar y asesinar al entonces presidente Hugo Chávez. La propuesta planteaba un golpe de Estado con el apoyo de una facción de las fuerzas militares venezolanas aliadas a los paramilitares.

 

Las confesiones de Salvatore Mancuso han desencadenado un terremoto político en Colombia, especialmente entre las filas de la derecha. Sus revelaciones apuntan directamente a figuras prominentes de los anteriores gobiernos uribistas y altos mandos militares, implicándolos en graves crímenes y maniobras ilegales. Desde masacres hasta alianzas políticas y económicas, las declaraciones de Mancuso han puesto al descubierto una red de corrupción y violencia paramilitar.

Este panorama presenta desafíos inéditos para el sistema judicial colombiano, ya que pone a prueba su capacidad para abordar estos casos con la debida diligencia y transparencia. De no lograrlo, existe la posibilidad de que la Corte Penal Internacional tenga que intervenir, lo que plantea serios interrogantes sobre la eficacia y la legitimidad de las instituciones nacionales en la persecución de crímenes de lesa humanidad y violaciones graves de los derechos humanos.

 

Por: Sofía López Mera, Abogada Defensora de Derechos Humanos y Periodista de la Corporación Justicia y Dignidad.