Categoría: Comunicados

Por fin alguien se atrevió a decirlo en voz alta: el discurso de María Corina Machado, la señora guerrerosta que fue reconocida oficialmente con el Premio Nobel de la Paz 2025 por el Comité Nobel Noruego, no es paz, ni democracia, ni libertad. Es guerra disfrazada de solemnidad, un show de bravatas donde cada palabra suena a cañón y cada aplauso a metralla.

¿Cómo se le otorga un premio de paz a alguien que pide invasión militar para su propio pueblo? ¿A quien dedica el galardón a Donald Trump, maestro del tuit bélico, y a quien felicita a Netanyahu, ese señor con orden de captura internacional por genocidio en Palestina? Es como darle la medalla de buen samaritano a alguien que incendia la casa del vecino y luego se sienta a repartir sopas.

Pero aquí viene la ironía suprema: aunque María Corina Machado sea ganadora oficial del Nobel, el Consejo Noruego por la Paz, encargado de la ceremonia de entrega, decidió cancelarla. La justificación fue que realizar la ceremonia no estaba alineado con los valores de la institución, que promueve la paz y la resolución no violenta de conflictos.

Así que al menos hay un consuelo: no quedará en la foto oficial la imagen que avala la guerra y la infamia. No habrá medalla, no habrá diploma, no habrá aplausos de Oslo, aunque el nombre de María Corina Machado seguirá en la lista de laureados.

“Para que haya paz debe haber libertad, y la paz y la libertad se imponen con la fuerza”, dice ella, como si la libertad fuera un fusil y la paz un tanque. Lo que estamos viendo no es filosofía política, es la receta de la guerra pura y dura, sazonada con discursos de mármol y fotos con líderes cuestionables.

Si alguna vez alguien dudó de que los premios Nobel pudieran ser irónicos, esta es la prueba de que la historia se ríe a carcajadas: un galardón a la paz que se celebra con himnos de guerra y cuya ceremonia ni siquiera se atreve a hacerse. Mientras tanto, el mundo observa boquiabierto, preguntándose si acaso hemos cambiado de siglo o simplemente el Nobel ha decidido convertirse en un festival de contradicciones.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Donald Trump está en guerra con el planeta entero. Cada mañana amanece buscando un nuevo enemigo: Petro, China, España, Taiwán, Venezuela, Colombia, la OTAN, la humanidad y probablemente también los pingüinos de la Antártida. La explicación, aunque él la disfrace con testosterona geopolítica, es bastante simple: el problema no es Petro, ni Colombia, ni China, ni Taiwán, ni España, ni Venezuela. El problema es Trump. Un Trump acorralado, nervioso, y sobre todo aterrado por un hecho que ni sus alaridos pueden tapar: cerca de siete millones de estadounidenses marcharon en su contra, hartos de su circo, su autoritarismo y su ego desbordado. Y nada le duele más que ser rechazado por su propio público.

Por eso, para no hablar de ese levantamiento democrático—que lo deslegitima como emperador—, Trump decidió montar una cortina de humo global. El 20 de octubre insultó a Petro, lo llamó “narcotraficante” y amenazó a Colombia con sanciones y aranceles si no obedece. Tres días antes, el 17, había autorizado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela y coqueteado con la idea de ataques terrestres, como si Suramérica fuera un tablero de ajedrez barato. El 14, en rabieta atlántica, amenazó a España con aranceles porque no quiso subir el gasto militar al nivel que él ordena desde su tarima. El 10, anunció que subiría los aranceles a China hasta el 100% si no se arrodillaba antes de noviembre. Y el 20 volvió a usar a Taiwán como fichita de negociación, insinuando sanciones y condicionamientos. Para completar la sinfonía de terror, anunció que le quitaría las visas a miles de centroamericanos, convirtiendo la desesperación humana en otra herramienta de su espectáculo. Todo en apenas diez días. Un récord mundial en berrinches diplomáticos.

Pero lo mejor de esta tragicomedia no está en Washington, sino en Colombia. Mientras el pueblo estadounidense marcha contra Trump y se burla de su idea monárquica del poder, aquí la derecha criolla se arrodilla con devoción. Cada insulto que Trump lanza, ellos lo celebran. Cada amenaza, la repiten como misa. Cada vez que ladra “intervención”, nuestros patriotas de micrófono y trino piden marines, drones y bases militares, con el entusiasmo servicial de un súbdito agradecido. Es una coreografía vergonzosa: allá la democracia le dice NO, aquí los siervos coloniales le gritan SÍ, SÍ, SÍ, invádannos, castíguennos, sálvennos, páguennos el complejo de inferioridad.

Trump no está defendiendo la libertad mundial, ni luchando contra las drogas, ni salvando a Occidente, ni protegiendo a Taiwán, ni enderezando a España, ni liberando a Venezuela. Está salvándose a sí mismo. Cada amenaza internacional es un distractor para que la prensa no hable de las marchas en su contra. Cada enemigo externo es un truco psicológico para mantener hipnotizado a su electorado. Cada bravuconada es un intento desesperado por parecer fuerte frente al espejo, porque la realidad—la única realidad—es que su pueblo ya comenzó a darle la espalda.

Lo verdaderamente triste es que Colombia, una vez más, caiga en el papel de comparsa. Trump grita desde el norte y aquí tiemblan, como si el tiempo no hubiera pasado desde las plantaciones y los protectores militares. Mientras en Estados Unidos lo enfrentan en las calles, en Colombia lo aplauden en los estudios de televisión. Esa es la diferencia entre un país que entiende su dignidad y otro que todavía confunde sumisión con “alianza”. Y mientras tanto, la derecha colombiana, en su afán de agradar al emperador, no solo aplaude sus amenazas, sino que las amplifica. Piden intervención militar como si fuera una receta para la paz, sin importar que el chef sea un demente con acceso a armas nucleares. Es como si, en lugar de aprender de la historia, decidieran repetirla, pero con peores actores y un guion aún más absurdo.

Cuando todo se despeje, cuando pase la espuma del escándalo, el mundo lo verá claro: Trump no está peleando con Petro, ni con España, ni con China. Está peleando con su propio pueblo, y lo está perdiendo. Lo demás es puro ruido. Y nosotros, si tuviéramos un poco de autoestima nacional, no deberíamos actuar como los instrumentos musicales de su orquesta decadente.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

En las costas del Caribe colombiano, la muerte de pescadores que faenaban en aguas nacionales detonó una tormenta política de alcance continental. El 16 de septiembre de 2025, una embarcación artesanal fue alcanzada por un misil disparado desde un dron estadounidense. Los cuerpos de los hombres, todos colombianos, fueron rescatados por la Armada días después. Washington afirmó que se trataba de una “operación antidrogas en aguas internacionales”, pero los familiares insisten: eran pescadores, no narcotraficantes.

El presidente Gustavo Petro denunció el hecho como un asesinato de civiles en aguas soberanas, una violación de derechos humanos y un acto de agresión contra Colombia. La respuesta de Donald Trump llegó con furia digital: desde su cuenta oficial en X acusó a Petro de ser “un líder del narcotráfico” y de promover la expansión de cultivos de coca, anunciando la suspensión de subsidios estadounidenses al país.

Analistas interpretan la reacción de Trump como un intento de invertir responsabilidades y evitar investigaciones sobre violaciones de derechos humanos.

La respuesta de Trump también obedece a que, el 18 de octubre, más de siete millones de estadounidenses salieron a protestar contra su gobierno, acusándolo de actuar de forma arbitraria. El pueblo estadounidense gritó al unísono: “No Kings, el pueblo es el soberano”. Además, días anteriores se reportó la renuncia del almirante Alvin Holsey, alto jefe militar de EE. UU., por los ataques irregulares que habrían dejado al menos 27 muertos —al parecer pescadores—, sin que el gobierno de Donald Trump haya podido demostrar que eran narcotraficantes.

Petro recordó que Colombia fue promotora de la resolución de la ONU sobre políticas de drogas y derechos humanos, aprobada en abril de 2023 por el Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/RES/52/24), que establece que los Estados deben implementar sus políticas de drogas respetando plenamente los derechos humanos. Esa resolución desplazó el enfoque punitivo, abrió debates sobre regulación, salud pública y soberanía, y hoy es violada por la misma potencia que la apoyó. Por ello, el presidente Petro anunció una denuncia ante la ONU por violación de dicha resolución.

El ataque reavivó un debate pendiente: las bases militares estadounidenses en Colombia. Desde 2009, un Acuerdo de Cooperación y Asistencia Técnica habilitó siete bases estadounidenses. En agosto de 2010, la Corte Constitucional falló mediante el Auto 288/10 (expedientes D-7964 y D-7965) que el acuerdo “no puede surtir efectos en el ordenamiento interno hasta tanto cumpla el trámite constitucional previsto para los tratados internacionales”; es decir, aprobación del Congreso y control constitucional. Como ese trámite no se completó, las bases continuaron operando de manera informal bajo nombres como “cooperación” u “operaciones combinadas”.

La Corte advirtió que ningún acuerdo que permita presencia militar extranjera puede operar sin pasar por el Congreso o por la Corte. Pero, en la práctica, la línea entre cooperación y ocupación se volvió difusa. El ataque del 16 de septiembre lo evidenció: soberanía, normas y vida se colisionaron brutalmente en el Caribe.

Hoy, el gobierno colombiano tiene una herramienta jurídica y moral: la decisión de la Corte. Pero la memoria de los pescadores exige más que derecho; exige acción. ¿Qué espera el presidente Petro para hacer cumplir la decisión judicial de la Corte Constitucional y ordenar la salida definitiva de las bases estadounidenses? Este es el momento, presidente, en respuesta a las amenazas de Donald Trump.

Este episodio no es solo un ataque aislado: simboliza la tensión entre soberanía, derechos humanos y poder militar extranjero. La muerte de pescadores —sin escolta, sin abogados, invisibilizada por los medios globales— cuestiona la narrativa oficial y reclama justicia. La soberanía no puede descansar en comunicados; la dignidad humana no puede quedar en silencios judiciales. Lo ocurrido en el Caribe exige una respuesta que redefina los límites del poder y recuerde, con claridad, a quienes perdieron la vida.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo