Shhh, Cabal! La jueza tuvo que hacer de profesora en pleno juicio

por Sofia Lopez2025, ComunicadosPublicado el No hay comentarios

Por poco toca ponerle un bozal con logo del Centro Democrático a María Fernanda Cabal, que no se aguantó las ganas de hacer bulla justo cuando le estaban leyendo el fallo a su jefe eterno, el expresidente Álvaro Uribe.

La jueza Sandra Heredia, con toda la solemnidad del caso (y la paciencia de una mamá en reunión de padres), le lanzó un llamado de atención digno de meme:

“Esta es una audiencia muy solemne y precisamente quienes vienen es porque van a prestar atención”.

Parece que Cabal pensó que estaba en una plenaria del Congreso y no en un juicio histórico. ¡Respeto, senadora! Que hasta el micrófono sabe que hoy se hace historia.

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Nadie por encima de la ley – Crónica de un juicio, una jueza y un país en vilo

por Sofia Lopez2025, ComunicadosPublicado el No hay comentarios

Un juicio que ya es historia

Trece años han pasado desde que arrancó el caso. Hubo dos intentos para cerrarlo sin juicio. Y se han vivido 67 días de audiencias, con testigos, recusaciones, y silencios más elocuentes que mil discursos. Ahora viene el desenlace: o la justicia le pone un punto final a Álvaro Uribe Vélez, o lo absuelve con el peso simbólico de quien sobrevive al juicio más mediático del siglo.

Pero lo que está en juego no es solo su nombre. Es algo más grande: la dignidad —ya herida— de un sistema judicial que hoy camina por la cornisa, entre la presión política y la independencia.

¿Quién dijo miedo?

En estos años, la Fiscalía presentó 37 testigos. La defensa pidió 164, pero la jueza aceptó solo 75. Algunos declararon con la voz temblorosa. Otros, como Diego Cadena y Juan José Salazar —los abogados cercanos a Uribe—, se acogieron al derecho al silencio. Prefirieron callar, y ese silencio pesa. Ellos también serán juzgados el 15 de agosto.

¿La acusación? Que Uribe movió sus fichas para fabricar testimonios falsos y atacar al senador Iván Cepeda, quien lo ha denunciado por supuestos vínculos con el paramilitarismo. Para lograrlo, se habrían usado cartas manipuladas y testigos presos. Todo orquestado desde su Unidad de Trabajo Legislativo. Un juego de espejos donde cuesta distinguir qué es verdad, pero todos creen saber quién miente.

El juicio fuera de los estrados

Mientras la jueza prepara su decisión, afuera se desata otra batalla. Una más ruidosa. Más sucia.

Treinta y ocho juristas y exmagistrados firmaron una carta pública. Dicen que todo esto es un montaje y que la Fiscalía actúa como instrumento de persecución política. Que los testigos clave son delincuentes. Que el proceso está “podrido”.

Después vino Juan Lozano —uribista, excongresista, hoy periodista— y publicó una carta a la jueza Sandra Heredia. Le dice que “falle en derecho”. Suena respetuoso, pero en el fondo es una advertencia. Como quien dice: “la estamos mirando”.

La revista Semana también se metió. Hizo un perfil de la jueza: que si es de izquierda, que si estudió en universidad pública, que si viene de una familia conservadora del Tolima. No la acusan directamente, pero siembran dudas. Y eso, en Colombia, es otra forma de presión.

Los ecos internacionales

A todo esto se suma el ruido que llega de afuera. Opiniones desde Washington. Comparaciones con casos judiciales en EE. UU. Sugieren —sin decirlo del todo— que condenar a Uribe podría traer sanciones o dañar relaciones bilaterales. Como si juzgar a un expresidente fuera un acto subversivo, no un ejercicio de legalidad.

La jueza sin micrófono

En medio del estruendo, la jueza Heredia guarda silencio. No da entrevistas. No escribe columnas. No manda mensajes por X. Pero su decisión —el próximo 28 de julio— pesará más que cualquier portada, carta o amenaza.

No se trata de si Uribe es culpable o no. Se trata de si la toga puede resistir el peso del poder. Porque si esta decisión se toma bajo presión, lo que se cae no es solo un caso: se cae la idea misma de justicia.

¿Y si la justicia aún puede?

Juan Lozano da consejos desde la FM. Los juristas firman manifiestos. Semana insinúa. Algunos diplomáticos cuchichean. Todos presionan.

Pero aún queda una mujer en silencio. Con la ley en una mano, y el país mirándola fijo.

 

Por Prensa Justicia & Dignidad

🎨 Ilustración de Cheyo / autorización para el uso .

No es racismo ni misoginia, es la traición a los nadies

por Sofia Lopez2025, Comunicados, GéneroPublicado el No hay comentarios

En 2022, cuando Francia Márquez llegó a la vicepresidencia y asumió el liderazgo del recién creado Ministerio de la Igualdad y Equidad, muchos creímos que la historia estaba cambiando. Por primera vez, una mujer negra, del pueblo, de las resistencias, con un discurso claro sobre justicia social, tomaba las riendas de una cartera con 1,8 billones de pesos destinados a transformar la vida de las y los históricamente excluidos.

Fue un momento simbólico y poderoso. Los nadies, como los llamó Galeano, llegaban al poder.

Pero esa promesa se quedó en el papel. Hoy, dos años después, los resultados son contundentes y, lamentablemente, profundamente decepcionantes.

Cifras oficiales del Ministerio de Hacienda y del Portal de Transparencia Económica muestran que en 2024 solo se ejecutó el 3 % del presupuesto total. Es decir, apenas unos 55.000 millones de pesos de los 1,8 billones asignados. Y de ese 3 %, más del 80 % se destinó a funcionamiento interno: sueldos, viáticos, arriendos, viajes y gastos administrativos. Poco, poquísimo, llegó a quienes supuestamente se quería dignificar.

Con ese presupuesto se habría podido implementar una renta básica para madres cabeza de hogar, financiar centros comunitarios para mujeres víctimas de violencia en los territorios más golpeados por el conflicto, impulsar una red pública de cuidados para mujeres rurales, garantizar acceso a salud menstrual en regiones olvidadas como el Pacífico o La Guajira, o fortalecer el trabajo informal de recicladoras, campesinas, vendedoras ambulantes, cuidadoras. Pero nada de eso ocurrió.

La gestión del Ministerio se centró en construir burocracia, contratar personal y recorrer el país dando discursos. Los programas sociales quedaron en fase de diseño o diagnóstico. Mientras tanto, las comunidades que creyeron en Francia siguen esperando.

Y es aquí donde debe hacerse una distinción necesaria y dolorosa: quien afirme que señalar estos hechos es racismo o misoginia, está desviando el foco. Esta crítica no tiene que ver con el color de piel ni con el género. Tiene que ver con la responsabilidad de gobernar. Tiene que ver con la traición a los sueños de los nadies. Porque cuando alguien que viene del pueblo llega al poder y falla de esta manera, no solo desperdicia un presupuesto: le cierra la puerta a millones. Le entrega a las élites un nuevo argumento para sostener sus privilegios. Le da excusas a la derecha para decir: “¿ven? el pueblo no sabe gobernar”.

Francia Márquez no solo tuvo los recursos. Tuvo el respaldo político, la visibilidad internacional, el viento a favor, y una legitimidad única. Y no la usó. Hoy, quienes la defendimos, quienes marchamos con ella, quienes la escuchamos con esperanza, tenemos el derecho —y el deber— de exigirle cuentas. Porque lo que falló no fue una institución: fue una promesa. Una promesa a los de abajo. Una promesa a los que nunca han tenido nada.

No, no es odio. No, no es racismo. Es dolor. Es frustración. Es indignación. Es el grito de los nadies que, otra vez, fueron traicionados.

Porque si los nuestros llegan al poder y se comportan como burócratas ineficientes, no solo pierden ellos. Perdemos todos.

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¿Hay independencia judicial en Colombia? La presión sobre la jueza que fallará el caso Uribe

por Sofia Lopez2025, ComunicadosPublicado el No hay comentarios

La independencia judicial es una de esas columnas invisibles que sostienen el cuerpo frágil de una democracia. Nadie la ve hasta que tambalea. En Colombia, esa columna está siendo atacada con bisturí y megáfono, con toga y micrófono. Y el blanco es claro: la jueza 41 penal del circuito de Bogotá, Liliana Heredia, quien deberá emitir el próximo 28 de julio el sentido del fallo contra Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos.

Heredia no es una figura pública. No la eligió el pueblo ni se hace viral por redes. Su función no es dar discursos sino administrar justicia. Pero la derecha política —esa que dice defender la institucionalidad cuando le conviene— ha decidido sentenciarla de antemano. Primero llegó una carta firmada por 38 supuestos juristas. Una misiva tan cortesana en las formas como temeraria en el fondo. Decía que no era presión, pero enumeraba líneas de defensa como si fuera un memorial de abogados. No hablaban desde el derecho, hablaban desde el miedo: el suyo a que Uribe sea condenado.

Luego apareció una columna de Juan Lozano, director de La FM y exministro de Uribe, quien con tono solemne le pide que “falle en derecho”. Suena a respeto, pero huele a presión.

La presión es multifacética. Desde Antioquia, han aparecido vallas con el rostro del expresidente, la leyenda “Uribe inocente” y símbolos patrios como si estuvieran canonizando a un mártir. En redes, una campaña millonaria de videos con congresistas del Centro Democrático que claman por la pureza de su líder. ¿Quién financia ese derroche de publicidad? ¿Qué mensaje le mandan a la jueza? Que no está sola, que la vigilan, que el juicio es político, no jurídico.

Y como si eso no bastara, la revista Semana —que hace años dejó el periodismo para dedicarse al panfleto de extrema derecha— publicó un perfil de la jueza. No para informar sobre su trayectoria, sino para sembrar duda: que estudió en la Universidad Nacional, que fue defensora de oficio, que “no es cercana a la derecha”, que “es de izquierda”, que vive con su mamá de 80 años. Una insinuación disfrazada de nota. Un retrato como quien deja caer un aviso: sabemos quién eres, sabemos dónde vives.

Esto no es nuevo, pero sí grave. En el caso Uribe, la justicia ha sido torpedeada desde que comenzó. Testigos perseguidos, magistrados retirados, fiscales cuestionados. Y ahora, cuando una jueza independiente, sin vínculos políticos, sin favores que pagar, se dispone a fallar, la estrategia es deslegitimarla desde todos los frentes.

La independencia judicial está protegida por tratados internacionales que Colombia ha ratificado. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU establece en su artículo 14 que toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial. Las Reglas de Bangalore sobre la conducta judicial advierten que los jueces deben decidir con base en los hechos y el derecho, sin dejarse influenciar por presiones externas, públicas o privadas. Y a nivel interno, la Constitución Política de Colombia es categórica en su artículo 228: “La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes.”

Pero en Colombia, quienes dicen defender la ley han olvidado que sin jueces libres no hay justicia. Y sin justicia, solo queda la ley del más fuerte.

Lo que está en juego el 28 de julio no es solo el futuro judicial de Álvaro Uribe. Es el futuro de una jueza. Es el derecho a decidir sin que la opinión pública, los partidos o los medios pretendan dictar sentencia por anticipado. Si condena, la tildarán de militante. Si absuelve, dirán que fue presionada. Ese es el drama de la justicia en este país: siempre pierde.

Heredia no ha hablado. No ha respondido cartas ni columnas. Y está bien que no lo haga. Su única respuesta debe ser una sentencia basada en pruebas, no en temores. Si la derecha creyera en la institucionalidad que dice defender, callaría. Pero no puede. Porque el silencio, para ellos, también es derrota.

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El doble discurso de Francia Márquez: contundente en Cali, ambigua ante Leyva

por Sofia Lopez2025, ComunicadosPublicado el No hay comentarios

Francia Márquez regresó a Cali el 25 de julio con un discurso cargado de fuego. No fue un mensaje institucional. No fue una alabanza al gobierno que representa. Fue un corte, un quiebre, una línea en la arena. Habló de traiciones, de hombres con poder que no la dejaron actuar. Se desmarcó de Gustavo Petro, aunque sin nombrarlo. En su tono no hubo ambigüedad. Pero sí la hubo antes.

Fue contundente contra el presidente, pero nunca lo fue con los audios de Álvaro Leyva, donde se hablaba de un presunto golpe de Estado. A diferencia de su arenga en Cali, ante esas revelaciones no levantó la voz. Nunca negó haberse reunido. Nunca dijo con claridad: “yo no hago parte de un golpe de Estado”. Guardó silencio. Se escudó en la entrevista que el propio Leyva dio a Semana, donde el excanciller, señalado por sus intenciones golpistas, la llenó de elogios como si quisiera arrastrarla al lodo con miel.

Ese silencio fue ruidoso. Su ausencia en ese momento clave dejó un vacío que ahora su retórica no logra llenar.

No hay racismo en esta crítica. No hay machismo. Hay una pregunta legítima: ¿por qué ha sido valiente con los suyos y tibia con los verdaderos responsables de la crisis institucional que la rodea?

Llegó al poder como símbolo de los sectores históricamente excluidos. Pero su liderazgo popular es débil. No consolidó una base sólida ni siquiera en los consejos comunitarios del Cauca, que eran su raíz. Lo que se construyó en torno a ella fue una figura política inflada por ONGs regionales, por académicos que necesitaban un ícono, y por políticos como Alexander López, que vieron en ella una oportunidad electoral sin haber tejido un verdadero respaldo social.

No hay movimiento. No hay estructura. No hay partido. No hay territorio organizado detrás de Francia Márquez. Hay afecto simbólico, sí. Pero también hay confusión. Y ahora, con su discurso, esa confusión se profundiza.

Porque al romper con Petro sin nombrarlo, sin ofrecer explicaciones claras sobre su papel en la crisis, sin aclarar si formó parte o no de una estrategia para derrocar al mismo gobierno que la eligió, Francia no solo siembra dudas: también abre una puerta peligrosa.

Hoy, los sectores de derecha celebran su intervención. No por admiración, sino porque les sirve. Porque debilita al gobierno. Porque fractura el pacto histórico. Porque suena a disidencia y a ruptura. Y porque —aunque ella no lo diga— su trayectoria política se ha entrelazado con figuras como Temístocles Ortega, el gran gamonal del Cauca, quien ha movido durante años los hilos de alcaldías y gobernaciones desde Cambio Radical.

Los pactos son más antiguos que los discursos. Y el poder no siempre grita: a veces se sienta a esperar.

Francia habla con rabia y con razón. Pero su rabia, lejos de fortalecer una alternativa, parece estar alimentando una transición que la aleja de los movimientos sociales y la acerca —sin que lo admita— a las bancadas y los aplausos de quienes antes la despreciaban.

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Contratistas liberados en el Cauca: la guerra no puede seguir degradándose

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Conflicto ArmadoPublicado el No hay comentarios

El río Micay vuelve a correr en silencio. Los nueve contratistas ya están en libertad. Bajaron de la selva con el alma herida, pero vivos. El país respira, pero no olvida.

Allá, donde no hay carreteras ni Estado, donde el poder se impone con botas o con decretos, la guerra sigue pariendo miedo. Esta vez, se jugó con la vida de quienes solo llevaban la esperanza guardada en una carpeta. Ninguna excusa justifica que civiles sean tomados como rehenes. Ninguna bandera puede ondear sobre una amenaza.

La guerra no puede degradarse más. Ya es suficiente. No puede seguir tragándose a los más vulnerables ni disfrazando de estrategia lo que es crueldad. Hay que desescalarla con urgencia. Desarmar los discursos. Romper la lógica del enemigo interno. Colombia no aguanta más silencios forzados, más mujeres llorando frente a una pantalla, más jóvenes usados como escudos o como excusas.

Esta liberación no es un triunfo. Es un alivio. Pero no basta. La Colombia profunda seguirá siendo territorio de nadie mientras el Estado no llegue con presencia real, con derechos, con respeto. No con soldados ni helicópteros, sino con salud, educación, caminos, cuidado. Con funcionarios que no teman morir por hacer su trabajo.

Parir la paz —como la vida— es cosa de tiempo, de terquedad y de amor. Pero también de decisiones firmes. Que la selva no vuelva a cerrarse sobre quienes van a abrirla con dignidad.

Que la guerra retroceda. Que el Estado avance. Que la vida valga más que el miedo.

Que nunca más se repita.

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Willy David y sus perros: una historia real de horror en Colombia

por Sofia Lopez2025, Alerta Dignidad, ComunicadosPublicado el No hay comentarios

Por el camino polvoriento que lleva al relleno sanitario de Los Cocos, en la vereda La Concordia, el monte crece en silencio. No hay casas cerca, sólo viento y basura. Allí, entre hojarasca seca y bolsas plásticas que el tiempo no ha querido digerir, apareció el cuerpo de Willy David Pérez Quiroz. Estaba tendido como si hubiese caído de espaldas mirando al cielo, con las manos abiertas, como quien ya no puede explicar nada. A su lado, los cuerpos quietos de sus tres perros. Uno de ellos —decía alguien que lo conocía— se llamaba “Negrito”.

A Willy lo mataron el sábado 19 de julio, pero la historia de su muerte no comenzó ese día. Viene de antes, como suelen empezar las tragedias en este país que no olvida las deudas de sangre. Willy tenía 45 años y era líder comunitario en Cartagena. Presidía la Junta de Acción Comunal del sector Zarabanda, en Olaya Herrera, donde se movía entre mingas, siembras urbanas y consejos de vecinos que no sabían a quién más acudir cuando el barrio se llenaba de huecos o de miedo.

Era oriundo de San Onofre, Sucre, un lugar que también conoce de entierros prematuros y promesas de tierra truncadas. En su rostro había siempre un gesto de terquedad noble, esa que da la lucha diaria por un barrio olvidado. Era de los que hablaban claro en las reuniones, de los que alzaban la voz sin necesidad de gritar. De los que nunca dejaron de creer en el poder del pueblo, aunque el Estado mirara para otro lado.

Pero su historia, como la de muchos, fue ensombrecida por un pasado que no era del todo suyo. Hace años, su hermano fue señalado de asesinar a su esposa. Nadie sabe con certeza qué pasó, pero desde entonces a Willy le tocó cargar con un apellido que se volvió maldición en algunos rincones. Las amenazas comenzaron a llegar como cartas sin remitente. Una mirada torcida, un rumor, una advertencia al oído. Hubo un tiempo en que tuvo que irse del barrio. Se volvió un exiliado en su propia ciudad.

El sábado lo hallaron muerto. Con él, sus perros. Alguien dejó una nota, escrita a mano, como se escriben las venganzas en este país de machetes y cicatrices: “Venganza hermana por hermano”. No hubo firma. No hizo falta. El mensaje era claro y cruel: esto no fue un robo ni un accidente. Fue una ejecución.

Lo que duele —y duele hondo— no es sólo la muerte de un hombre bueno. Es también el silencio con que lo mataron. El eco que deja su ausencia en una comunidad que hoy camina despacio, como si el miedo se hubiese vuelto espeso. Los niños ya no juegan en la esquina de Zarabanda. Las reuniones de la Junta se suspendieron. Hay luto, sí. Pero también hay rabia. Porque matar a un líder es cortar el árbol que daba sombra en la plaza.

Y los perros… Ah, los perros. Nadie sabe exactamente por qué los mataron también. Quizás porque eran su sombra. Porque lo acompañaban a todas partes. Porque eran testigos. O tal vez —y esta es una sospecha que no se puede descartar— porque el odio en Colombia ya no distingue ni siquiera entre humanos y animales.

Willy David no saldrá en los noticieros por más de un día. Quizás no le dediquen un minuto en el Congreso ni en el despacho del alcalde. Pero su muerte es un espejo de este país que se desangra en los márgenes. Un país donde aún hay quienes siembran, organizan, reclaman, sueñan. Y también hay quienes los matan por eso.

Queda el monte. Queda el camino polvoriento. Y quedan los tres perros, que ahora duermen junto a su amo, como si fueran parte del mismo destino.

Por Justicia & Dignidad

Banano amargo: la condena que tardó veinte años en madurar

por Sofia Lopez2025, Conflicto Armado, Resistiendo al olvidoPublicado el No hay comentarios

Raquel Sena recuerda el instante en que la guerra le partió la vida. Iban por la carretera del Urabá, en una de esas tardes de calor pegajoso, cuando los paramilitares los detuvieron. A ella la bajaron de un empujón. A su esposo —jornalero en una finca de Banadex, filial de Chiquita Brands— lo asesinaron delante de sus ojos por no querer vender su tierra. «No sabía qué hacer… iba a llorar… tenía que mantener a mis ocho hijos», diría años después con la voz quebrada y la mirada intacta de dignidad.

Raquel quedó viuda, con una pensión escasa, sola en una región donde los muertos se entierran rápido y el miedo nunca se va. Hoy, vive aún en las entrañas bananeras del norte, donde todo comenzó, esperando que la justicia no sea solo palabra. Su historia es una de muchas: vidas cortadas por las balas que otros pagaron con transferencias.

En esas tierras calientes y feroces del Urabá antioqueño, donde el río fluye espeso y los machetes cortan más que monte, hubo un tiempo —no tan lejano— en que la vida valía menos que una caja de banano. Allí, en medio de la humedad, los jornaleros cargaban al hombro no solo los racimos que alimentaban los anaqueles del norte, sino el miedo: a los patronos, a los soldados, a los paras.

Era un secreto a voces: Banadex, la filial de Chiquita Brands, tenía un pacto no escrito con los señores del fusil. No era amor al arte, era por “seguridad”. Seguridad de las fincas, del negocio, del orden de sangre que reinaba. Hoy, veinte años después, la justicia —esa mula terca y coja— ha dicho que sí, que esos pagos existieron y que los directivos sabían.

El Juzgado Sexto Penal Especializado de Antioquia condenó a siete de ellos: Reinaldo Elías Escobar, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo, José Luis Valverde, Víctor Buitrago y Fuad Giacoman. Todos con corbata fina y manos limpias, pero con las uñas embarradas en la sangre del Urabá.

Once años y tres meses de condena. Trece mil millones de pesos de multa. Y sin embargo, nada repara los cuerpos que enterraron en los patios bananeros, ni las lágrimas de las mujeres que aún recuerdan cuando el Bloque Bananero, bajo el mando de “Pedro Bonito” Hasbún, les sacó a los hijos de las casas para no volver.

Fueron más de cien pagos, dijeron los togados. Dinero que entró en sobres, en cajas, disfrazado de “colaboraciones” a las Convivir —ese experimento de legalización del paramilitarismo que fue parido por el Estado. Chiquita, según el fallo, supo. Banadex autorizó. Y la matriz en Cincinnati, Ohio, miró para otro lado mientras llegaban los dólares.

En Florida, también les cobraron la cuenta. Un jurado federal falló que la excusa del “pago por amenaza” no aguanta análisis. La empresa deberá pagar 38 millones de dólares a víctimas y familiares. Y aunque los abogados digan que apelarán, las palabras ya están dichas, el velo corrido.

En los campos del Magdalena y del Urabá, las viudas quizás hoy tomen tinto sin tanto temblor. Tal vez, por primera vez en décadas, puedan decir: “No estábamos locas. No estábamos solas”.

Porque la verdad, aunque venga con retraso, cuando llega —como el banano maduro— huele fuerte. Y no se puede esconder.

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Disidencias al volante: la nueva autoridad vial en el Huila

por Sofia LopezComunicados, Conflicto ArmadoPublicado el No hay comentarios

En Colombia todo puede pasar, y pasa. Lo último: en Belén, centro poblado de La Plata, Huila, las disidencias de las FARC decidieron convertirse en agentes de tránsito, pero con fusil en mano, sin casco reglamentario y sin chaleco reflectivo. A plena luz del día y sin Policía a la vista, patrullaron en camioneta, recogieron varias motos mal parqueadas y las inmovilizaron por obstruir el paso peatonal.

No fue un operativo de la Secretaría de Movilidad, sino un servicio gratuito —y muy disuasivo— ofrecido por quienes antes imponían el orden con cilindros bomba. Ahora lo hacen con normas de urbanismo básico: “parquee bien o lo decomisamos… o peor”.

El video circula como prueba del nuevo orden territorial: uno donde el Estado solo está en Google Maps, pero los grupos armados sí hacen presencia… y hasta comparendos. Ya no se firma la multa, basta con no hacer mala cara ni pedir rebaja. Nada de “sargento, colabóreme” o “vea, pa’ la gaseosa”. Aquí el soborno mínimo es una vaca, una moto nueva o un mes sin aparecer.

“La pérdida de control territorial es preocupante”, dijo un excongresista. Claro, sobre todo cuando los ilegales hacen más pedagogía vial que el propio Ministerio de Transporte.

Y ojo, esto no es nuevo: en 2024 ya habían decretado toque de queda. Ahora, parece que vienen por el Código de Policía completo. Próxima meta: pintar cebras, sancionar ruido, y regular vendedores ambulantes.

Lo que estamos viendo no es solo un acto criminal, sino una tragicomedia de Estado fallido: mientras las instituciones redactan comunicados en Word, las disidencias aplican el manual de convivencia con manual de guerra.

¿Quién manda? La camioneta lo dice todo. Y lleva el logo: “Movilidad insurgente. Por un parqueo justo… o por las malas”.

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¿Autoexterminio indígena? El conflicto en el Cauca que mata desde adentro

por Sofia Lopez2025, Conflicto Armado, GéneroPublicado el No hay comentarios

En el Cauca, el conflicto armado no solo llega con fusiles. También habita en las casas, en las cocinas, en los mismos territorios ancestrales. Esta semana, el país volvió a llorar a sus líderes: el mayor indígena Marcos Yonda y la guardia ancestral Aída Dámaris Flor Camayo fueron asesinados. Dos muertes, dos símbolos, una misma herida.

A Marcos Yonda, sabedor espiritual del pueblo Nasa, lo asesinaron con arma blanca en su vivienda, en la vereda Taravira del municipio de Páez. Era guía espiritual y protector del equilibrio territorial. Su muerte no ocurrió en combate: fue una ejecución. Un mensaje. Una ruptura del respeto ancestral.

A Aída Dámaris Flor Camayo, comunera del Resguardo de Honduras en Morales, la asesinó un comunero: Didier Campo, también indígena. No fue un grupo armado. Fue un feminicidio cometido dentro del mismo territorio. Su resguardo lo denunció con claridad: “Rechazamos los feminicidios contra nuestras mujeres dadoras de vida”. Porque la violencia no solo llega desde afuera: también brota cuando se rompe el tejido comunitario.

Estos crímenes no son hechos aislados. Reflejan una crisis profunda del movimiento indígena. Muchos de los comandantes de grupos armados son hoy indígenas que fueron reclutados siendo niños. Jóvenes que regresan a sus tierras convertidos en verdugos. Indígenas matando indígenas. La guerra por dentro.

A esto se suma la desconexión entre las bases y las autoridades. Las decisiones ya no se tejen desde la comunidad. El movimiento indígena está fracturado, y esa fractura se refleja en los asesinatos, el reclutamiento forzado de menores, la imposición de normas armadas y la impunidad.

Según Indepaz, en lo que va de 2025 han sido asesinados 90 líderes y lideresas sociales en el Cauca. Desde la firma de los Acuerdos de Paz, más de 360. No es una casualidad. Es una estrategia de exterminio. Matar a sabedores, guardias y lideresas es matar la raíz misma del pueblo.

La paz en el Cauca no puede pensarse desde los escritorios. Tiene que construirse desde las comunidades, desde las mujeres, desde los sabedores. Desde adentro.

Por Prensa Justicia & Dignidad