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Popayán- Cauca, 18 de abril de 2018

SANDRA PATRICIA MOSQUERA DIZU, mujer indígena Nasa oriunda del resguardo indígena de Jambaló Cauca, víctima de violencia sexual por parte de miembros del ejército nacional , desplazada forzadamente por su actividad de denuncia y beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos humanos, quien lleva un proceso activo de denuncia de más de 9 años en los que pudo lograr que la justicia colombiana condenara penalmente en primera y segunda instancia a sus agresores sexuales. SANDRA PATRICIA MOSQUERA DIZU, Una valerosa mujer que no claudica en la lucha por el restablecimiento de sus derechos como mujer a vivir libre de violencias, aún sigue esperando que las normas en Colombia se cumplan, ya que al Estado de Colombia con instituciones marcadamente misóginas no le interesa hacer efectivas sus obligaciones internacionales para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia y discriminación contra la mujer.

En el día de ayer SANDRA PATRICIA MOSQUERA DIZU, junto a su abogada estuvieron radicando ante la oficina judicial tutela contra la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, LA UNIDAD PARA LAS VICTIMAS, EL MINISTERIO DE VIVIENDA, EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES , LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION, porque, si bien es cierto,  hay dos militares condenados penalmente, estos se encuentran prófugos de la justicia, al aparecer pretendiendo acceder a la Justicia Especial de Paz para evadir la condena, y existe un pronunciamiento internacional por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de ella esta es la hora que SANDRA PATRICIA MOSQUERA DIZU, no cuenta con un lugar fijo de residencia , esta inerme mujer transita con sus cuatro hijos todos menores de edad , entre los municipios de Caloto , Santander y Jambaló buscando la manera de protegerse , implicando no solo costos, si no la desescolarización de sus hijos y la imposibilidad de tener una vida normal en un lugar estable y seguro.

Lo anterior producto de la decisión de la Unidad Nacional de Protección que a pesar de las graves amenazas de muerte padecidas por la víctima consideró que su riesgo es ordinario y que no necesita protección estatal. Así mismo la pasividad del Ministerio de Relaciones Exteriores como coordinador del cumplimiento de la medida cautelar y de la Unidad para las víctimas que ni siquiera quiso registrar el hecho de violencia sexual como hecho victimizante por los agresores eran parte del Estado.  En la tutela se pidió una reubicación inmediata y definitiva para la víctima, es realmente desconcertante que los fallos judiciales no tengan poder transformador para las víctimas y que sean simples papeles condenados a reposar en anaqueles polvorientos que se deterioraran con el tiempo

Como si fuera poco, SANDRA PATRICIA MOSQUERA DIZU, viene siendo víctima de violencia intrafamiliar por parte de su actual compañero permanente, quien en diferentes ocasiones la agredió con machete y con cuchillo no solo a ella si no a sus menores hijos de edad, como siempre acumula en su archivo personal unas denuncias penales, dictámenes de medicina legal que le otorgan incapacidad, y ordenes de apartamiento para el sujeto. Pese a esta situación, ningún proceso penal ha avanzado, no existe una orden de captura contra el victimario, ni siquiera la policía nacional puede evitar las agresiones físicas y verbales padecidas por SANDRA y sus cuatro hijos menores de edad.

Ayer 17 de abril de 2018, luego de terminar de radicar la acción de tutela, SANDRA PATRICIA y su menor hija de dos años y medio se regresaron al municipio de Caloto.  La abogada SOFIA LOPEZ MERA recibió de los siguientes abonados telefónicos: 3145652042,3233744682, amenazas de parte del señor MARCO ANTONIO, compañero de SANDRA PATRICIA MOSQUERA DIZU, quien en múltiples ocasiones indico que él tenía muchas libres, que no le iba permitir a SANDRA PATRICIA MOSQUERA DIZU, seguir haciendo denuncias, y que la sacaría a golpes de la casa de sus padres, que no le importaba ni hijos ni nada, y sobre la abogada también indico que se cuidara que ahora era una libre más . Cuando SANDRA PATRICIA MOSQUERA DIZU y su hijita llegaron a Caloto fue recibida con insultos, el agresor le dijo que le impediría realizar más denuncias, la obligo a quitarse la ropa en tono amenazante y empezó a olerla diciéndole que ella había estado era con un mozo – entiéndase amante- en Popayán, y que si ella no era del él no sería de nadie más.

SANDRA PATRICIA MOSQUERA DIZU, y sus hijos no tienen para donde irse, eventualmente van a Jambalo pero la agudización del conflicto entre ejército y ELN los obliga a salir pronto de su resguardo; SANDRA PATRICIA MOSQUERA DIZU, y sus hijos, por un techo de zinc, con paredes de bareque y piso de tierra, tienen que vivir   sometidos a una violencia indecible. El Estado de Colombia ni siquiera, se ha pensado como restablecer sus derechos como MUJER víctima. Con las exiguas ayudas humanitarias entregadas solo cuatro en ocho años, SANDRA PATRICIA MOSQUERA DIZU, y sus hijos no han podido restablecer condiciones de dignidad.  Urge una reubicación para esta familia, una reubicación en condiciones de dignidad, urge que el Estado ponga al servicio de las mujeres todo su aparataje para erradicar la violencia, es lamentable que ni siquiera el pronunciamiento internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenga algún efecto útil para una mujer víctima de violencia.

Justo en esta semana se leían en la presa de España y Colombia artículos referentes a la señora DORIS VALENZUELA, mujer afrocolombiana quien años atrás denuncio las casas de pique en Buenaventura, y el asesinato de su hijo CRISTIAN VALENZUELA, que recibió persecución y amenaza en todos los lugares que se refugió huyendo de los paramilitares y luego de haber conseguido asilo en España fue asesinada por su propio esposo. Un caso escabroso, pero tan cotidiano en la vida de tantas mujeres cuyo destino seguro es la propia muerte.

Responsabilizamos al Estado de Colombia por todo lo que pueda pasar con SANDRA PATRICIA MOSQUERA y sus cuatro hijos menores de edad

Exigimos una reubicación inmediata y definitiva en condiciones de dignidad para SANDRA PATRICIA MOSQUERA y sus cuatro hijos menores edad.

Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, de mujeres y populares nacionales e internacionales a exigir del Estado protección para esta familia, además de exigir que cese la violencia basada en género y que el Estado cumpla con su mandamiento internacional de erradicar, prevenir y sancionar todo tipo de violencia contra la mujer.

CORPORACION JURIDICA VIDA

CORPORACION JUSTICIA Y DIGNIDAD

Octubre 20 de octubre de 2017

El 5 de febrero de 2016 a las 16:00 horas, cuando ANGELA YICED SALAZAR LOAIZA recogía a su pequeña hija en un jardín infantil de la ciudad de Cali, JOSE ANTONIO CARLOSAMA MELENDEZ, le causó varias heridas con arma blanca en el tórax y en sus extremidades superiores que le causaron la muerte instantáneamente. Fue tal la violencia del acto que la menor quedó bañada con la sangre de su madre.

No era la primera vez que el compañero permanente de ANGELA YICED, la agredía. En 2014 había presentado denuncia penal por Violencia Intrafamiliar (Spoa 760016000679201401117) y el 10 de noviembre de 2015, otra, por haberla sometido a inenarrables actos de violencia sexual (Spoa 760016000193201538953).

El 5 de julio de 2017, CARLOSAMA MELENDEZ, quien tenía orden de captura por el feminicidio agravado, fue aprehendido en el municipio de El Bordo Cauca cuando se encontraba por fuera de la zona veredal de las Farc-Ep en Caldono Cauca, lugar de concentración para acogerse a los Acuerdos de Paz.

El 13 de octubre de 2017, el Juzgado 19 Penal del Circuito de Cali, le efectuó Formulación de Acusación por los delitos de Feminicidio Agravado y Acto Sexual Violento (Spoa 76001600019320160454500). En la audiencia, el acusado exhibió una certificación del Alto Comisionado para la Paz SERGIO JARAMILLO de 5 de junio de 2017 y un acta de compromiso que lo acreditaba como integrante de las Farc-Ep. Con estos documentos apeló ante el Tribunal Superior de Cali, Sala Penal, para que su caso sea remitido a la JEP y así obtener los beneficios de la Justicia Transicional.

La Ley 1820 de 2016 que regula las amnistías e indultos por los delitos políticos y conexos con estos y los tratamientos penales especiales y diferenciados deben ser por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Es evidente que el juez natural de este caso es la Justicia Ordinaria y NO la Justicia Especial de Paz.

Acoger los argumentos del acusado implicaría la negación a los familiares de ANGELA YICED de su derecho a la Justicia y de paso abriría una ventanilla siniestra de impunidad para que graves delitos excluidos de los Acuerdos de la Habana, cometidos por todos los actores de la guerra, fueran conocidos por la JEP y se les extendiera beneficios prohibidos por la legalidad nacional e internacional.

Solicitamos la Instancia Especial para garantizar el enfoque de género en la implementación del Acuerdo Final –IEG- entre el Gobierno y las Farc que trabaja de la mano de la Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo de Paz (Csivi) que se pronuncie de manera contundente sobre que estos crímenes los debe investigar, juzgar y sancionar la justicia ordinaria.

Instamos a las Organizaciones de mujeres coadyuvar nuestra solicitud, hacer seguimiento del presente caso y exigir a la institucionalidad nacional e internacional en derechos humanos que los delitos que configuren violencias basadas en género sean excluidos de JEP.

Santiago de Cali, octubre 4 de 2017 

Con el fallo de segunda instancia de 4 de octubre de 2017 (adjunto), el Tribunal le pone freno al arbitrio de la Fiscalía General de la Nación –FGN- al señalara que “el argumento de que la FGN es dueña de la acción penal no implica que puede hacer la adecuación típica de los hechos como a bien lo considere pues su naturaleza es jurídica y no política”.

Sentenció además que “conargumentos sofísticos [la FGN] intenta dar al implicado más de un beneficio, eliminando las circunstancias de agravación punitiva so pretexto de hacer una corrección en la tipicidad; rebajándole el 25% de la pena; limitando al mínimo la pena para el feminicidio en grado de tentativa. Proceder que resulta convencional, constitucional y legalmente inadmisible desde la óptica jurídico penal y de la perspectiva de género”

La FGN le había imputado cargos a Nelson Ortiz Franco por intentar asesinar a su cónyuge el 27 de diciembre de 2016 golpearla violentamente en el rostro con la mano derecha mientras le apretaba el cuello con la izquierda hasta hacerla perder el conocimiento, sin que alcanzara a causarle la muerte por asfixia por la intervención del hermano de ésta. El implicado también amenazó a la madree hijo de la victima de 15 años quienes se encontraban en el momento de los hechos.

No obstante, los múltiples elementos de prueba y sin aportar alguno nuevo que favoreciera al implicado, el fiscal de turno elaboró un discurso para desvirtuar la configuración de las dos causales de agravación (por ser cónyuge y cometer el crimen frente a miembros de la unidad familiar) y desatendiendo el objeto de la “Ley Rosa Elvira Celly”.[1]

El Tribunal sentenció que es dañino para la justicia y el derecho que la FGN conceda de manera gratuita máximos beneficios al implicado desconociendo la naturaleza y gravedad del hecho delictivo porque desprestigia la administración de justicia por lo inocuo de la consecuencia jurídica del acto; niega la función de prevención general, prevención especial y retribución justa de la pena; minimiza la eficacia del derecho penal como mecanismo de control social y lucha contra el delito. Además, implica una desprotección y se convierte en un estimulo para la violación de los bienes jurídicos de los asociados.

[1] Ley 1761 de 2015 Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto tipificar el t1 feminicidio como un delito autónomo, para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana, en orden a garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias que favorezca su desarrollo integral y su ~ bienestar

Cali, 19 de septiembre de 2016

A partir del 25 octubre de 2004 y durante una pavorosa semana, el Sargento Segundo del Ejército Nacional Juan Pablo Sierra Daza, en compañía de varios hombres armados en la Vereda el Picudo, del municipio de Puerto Caicedo Putumayo, privaron de la libertad a siete indefensas mujeres campesinas y las sometieron a torturas e indecibles vejámenes contra su dignidad,  mediante actos de violencia sexual, violencia física, psicológica, amenazas ,  disparos con arma de fuego, amenazas y lesiones con arma corto punzante;  amarres, tratos injuriosos, privación del alimento, todo con el fin de obtener confesiones de delitos no cometidos por las indefensas campesinas.

A ROSALIA BENAVIDES FRANCO, luego de someterla a múltiples afrentas la ejecutaron extrajudicialmente con arma corto contundente y bajo el amparo que les concedía el terror, lanzaron el cadáver desmembrado al aljibe del que tomaba el agua la comunidad.

Las seis mujeres campesinas sobrevivientes fueron violentadas carnalmente en los días sucesivos por sus captores. A tres de ellas, las privaron de la libertad en la Residencia del poblado durante tres días, tiempo durante las sometieron a torturas, amenazas y violencia sexual con el uso de armas blancas y tiros de fusil.

No obstante, la gravedad de los crímenes y la existencia de abundante material probatorio en manos de la Fiscalía, solo por solicitud de la Corporación Justicia y Dignidad, el 8 de octubre de 2010, la Fiscalía Segunda Especializada de Mocoa Putumayo dispuso la indagación preliminar.

Posteriormente el caso fue asignado a la Fiscalía 70 Especializada de la Unidad de Derechos Humanos de Cali (UNDH-DIH), con Radicación 9044-70, delegada que pese a tener en sus manos sendas declaraciones de las afectadas; existir las minutas de guardia militares que acreditan los hechos; así como múltiples declaraciones de los soldados que fueron testigos de los hechos y que corroboraron los documentos escritos que incriminan a los implicados; pese al reconocimiento expreso de los hechos del sargento Sierra Daza, en ampliación de indagatoria en octubre de 2015, la Fiscalía 70 ni siquiera le ha resuelto la Situación Jurídica a este implicado luego de doce años de ocurridos los hechos.

Pese a la valoración psicológica a las afectadas de mayo de 2015 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la que se destaca la correspondencia entre los hallazgos psicológicos, la información histórica aportada y los hechos victimizantes, el ente acusador permanece impávido contribuyendo a la impunidad.

Pese a que los contundentes informes periciales fueron realizados minuciosamente conforme al Protocolo de Estambul, Manual para la investigación y Documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en los que se encontraron graves afectaciones psicológicas permanentes en el tiempo, para la Fiscalía es letra muerta; no es un elemento suficiente para resolver siquiera la situación jurídica.

Para la Fiscal 70 de la UNDH-DIH, pese a que la valoración de medicina legal dispone la atención psicoterapéutica de estas mujeres abandonadas por el Estado por un crimen cometido por sus agentes, su inactividad es reflejo del irrespeto por la dignidad humana.

Pese a la gravedad de los hechos y a que el proceso penal debe ser un medio para el reconocimiento de los derechos de estas humildes mujeres, el Estado a través de la Fiscalía incumple sus obligaciones constitucionales y convencionales de establecer la verdad, la justicia y la reparación, instaurando en el caso la más repugnante impunidad.

Solicitamos al Fiscal General de la Nación Dr, NESTOR HUMBERTO MARTÍNEZ, la reasignación inmediata del presente proceso a una Fiscalía destacada en género que garantice de manera efectiva y pronta los derechos de las mujeres víctimas de tan graves crímenes y se garantice a la sociedad el derecho a la no repetición de los mismos.

Santiago de Cali, 13 de septiembre de 2016

El 9 de septiembre de 2016, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Popayán anunció el sentido del fallo condenatorio contra HECTOR LUJAN SANCHEZ y CARLOS ALBERTO PULGARIN, por encontrarlos responsables a título de coautores del delito de Acceso Carnal Violento en Persona Protegida cuya víctima es una mujer indígena. Según el artículo 138 del Código Penal, modificado por la Ley 890 de 2004, la sanción contempla una pena de 13 a 27 años de prisión, la cual será impuesta el 19 de diciembre próximo.

El 10 de junio de 2009, cuando la mujer indígena de veintidós años se dirigía a su casa, en zona rural del municipio de Jambaló Cauca, miembros de la Tercera Brigada del Ejército Nacional uniformados y portando armas de largo alcance, la retuvieron y le decomisaron su cédula de ciudadanía. Posteriormente la accedieron carnalmente de manera violenta. Con el fin de que la humilde mujer no instaurara la denuncia penal, el Sargento Torres le ofreció cien mil pesos.

Pese a las amenazas de los agresores que provocaron su desplazamiento forzado, la víctima y su familia emprendieron el tortuoso camino ante la justicia colombiana.

La investigación penal (- Spoa 196926000633200900610-) en principio estuvo a cargo del fiscal seccional de Silvia Cauca, y posteriormente pasó a la Fiscalía 38 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (UNDHDIH) de Cali, en donde insólitamente el caso pasó por las manos de seis fiscales.

Luego de reiteradas quejas y solicitudes por falta de garantías para el Acceso a la Justicia de la víctima, el Fiscal General de la Nación relevó del proceso a la cuestionada Fiscalía 38 UNDHDIH y lo reasignó a la fiscal 145 Seccional de Bogotá Destacada en Género, quien diligentemente adelantó el juicio oral y practicó las pruebas necesarias que llevaron a la convicción al juez de conocimiento de la responsabilidad penal de los militares en el crimen.

Fue tan grave la situación, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- le otorgó medidas cautelares a la víctima y sus hijos, ordenando al Estado de Colombia, adoptar medidas urgentes para la protección de los derechos a la vida e integridad personal. Y dispuso también el esclarecimiento de los hechos.

Las actuaciones de la fiscalía 38 especializada de la UN-DH-DIH de Cali, no cumplieron los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos de la debida diligencia para esta clase de delitos. Por el contrario, el fiscal de turno decidió archivar la investigación en octubre de 2011, al dar total credibilidad a los agresores; señalar a la mujer indígena de tener una conducta licenciosa, y justificar su inacción judicial aduciendo que la víctima supuestamente padecía un trastorno psicológico. Argumentó también absurdamente que no existían signos de violencia, porque la víctima no había entregado la ropa que vestía el día de los hechos. Aún más grave, la fiscalía 38 desconoció las entrevistas realizadas y el dictamen psicológico del Centro de Atención a víctimas de violencia sexual –CAIVAS- de la FGN, que certificó los hallazgos de abuso sexual.

Gracias a la intervención de los abogados de la víctima el caso fue desarchivado por el juzgado 17 de control de garantías de Cali, en marzo de 2012. Infortunadamente la misma fiscalía 38 continúo con el conocimiento de la investigación y mantuvo el proceso durante tres años en etapa de indagación preliminar sin realizar ninguna actividad investigativa.

Fueron tan evidentes las irregularidades que el Magistrado VICTOR MANUEL CHAPARRO BORDA de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, en fallo de Acción de Tutela (Rad. 2013-100) expresó que la Fiscalía ha vulnerado el derecho de petición de la mujer indígena; Ha vulnerado el derecho fundamental de Acceso a la Administración de Justicia, parte del debido proceso, porque  luego de más de tres años, no decide si abre o no proceso penal; La Fiscalía 38 ha impuesto a la mujer indígena víctima, la carga de la prueba sin adelantar gestión alguna para garantizar su derecho a la justicia; La Fiscalía 38 revictimiza y ha prejuzgado, ya que no cree en la victima y le da total credibilidad a los militares.

En diciembre de 2013 la fiscalía 38, dispuso la ruptura de la unidad procesal del caso, para investigar solo el acceso carnal violento y no las amenazas y el desplazamiento forzado conexos, en evidente favorecimiento a los implicados. Amenazas y desplazamiento forzado que se encuentran en absoluta impunidad.

En mayo de 2014, la fiscalía 38 solicitó imputación de cargos contra los agresores, pero no citó a la audiencia a los abogados de las víctimas, para ejercer su derecho a oponerse a la solicitud de libertad de los imputados que efectuó, pese a la prohibición legal por la naturaleza del delito.

La víctima y su madre fueron sometidas a hostigamientos no solo de parte de los agresores, sino que constantemente recibieron llamadas telefónicas de la policía judicial, incluso a altas horas de la noche en las que se les amenazaba con cobrarles el costo de las audiencias si no asistían a ellas; Así mismo les manifestaban recurrentemente que no tenían abogados que las representaran y que les iban a designar un defensor público.

Las víctimas y sus representantes esperan que estos crímenes no se vuelvan a repetir y que la FGN ofrezca todas las garantías de Acceso a la Justicia y se abstenga de obstruir los derechos de las víctimas y el libre ejercicio de los defensores de derechos humanos.