Huila: los falsos positivos y desapariciones forzadas que la JEP destapa en la era Uribe

por Sofia Lopez2025, Ejecuciones Extrajudiciales, Resistiendo al olvidoPublicado el Sin comentarios

No eran solo “falsos positivos”. En los caminos polvorientos del Huila, en las veredas donde la neblina se queda prendida en las montañas, el Ejército no solo disparaba contra supuestos guerrilleros. Durante los años más duros del gobierno de Álvaro Uribe, mataban a jóvenes y campesinos —muchachos que buscaban trabajo en la plaza, jornaleros que apenas podían llenar la olla, hombres arrancados de sus casas al amanecer— y luego los vestían con botas de caucho, les colgaban un fusil oxidado en las manos, y los presentaban como bajas en combate.

La tierra del sur del Huila está llena de esas historias. Los cementerios también. El viejo San Antonio de Padua, en Pitalito, guarda en silencio lo que los noticieros no dijeron: fosas abiertas a toda prisa, cuerpos apilados sin nombre, madres llorando sin tumba dónde rezar. Hace apenas unos días, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) anunció que recuperó 17 cuerpos en ese camposanto. Se pensaba que habría diez o doce, pero la pala destapó once fosas, algunas colectivas, con los restos de quienes desaparecieron entre 1998 y 2012, en Pitalito, San Agustín, Acevedo, Palestina y hasta Santa Rosa, en el Cauca.

Por primera vez, seis exmilitares comparecientes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) bajaron la mirada y se ensuciaron las manos en esas exhumaciones. No eran solo soldados. Eran hombres que, en otros años, empuñaron el poder de decidir quién vivía y quién moría. Hoy, como parte de sus compromisos restaurativos, ayudaron a desenterrar a los que ellos mismos un día hicieron desaparecer.

La JEP ha documentado que en el Huila hubo asesinatos y desapariciones forzadas cometidos por la Novena Brigada. En total, 32 desapariciones están ya registradas en el subcaso Huila del Caso 03. El año pasado, 35 militares fueron imputados, incluidos generales, por 200 crímenes: entre ellos asesinatos, desapariciones y tentativas de homicidio. Y en una audiencia en Neiva, 74 uniformados aceptaron responsabilidad por 108 hechos: 32 desapariciones forzadas y 8 intentos de homicidio.

Mientras la JEP les pregunta por los cuerpos, la UBPD los encuentra. Con los 17 de ahora, ya son 40 restos recuperados en el cementerio de Pitalito. Cuatro han regresado a casa de sus familias en Huila, Caquetá, Cauca y Cesar; otros tres están por volver. Los demás esperan en osarios, bajo custodia, hasta que la ciencia confirme lo que el corazón de las madres ya sabe.

Las familias, junto a organizaciones sociales, caminaron la Ruta de la Memoria: sembraron rosas, tejieron un telar y escucharon las voces de los buscadores. Porque la memoria no solo se escribe con papeles y expedientes: también con tierra removida, con flores rojas sobre las tumbas, con lágrimas que se convierten en semilla.

La historia del Huila no cabe en los informes fríos ni en las estadísticas de despacho. Está escrita en la tierra removida del cementerio de Pitalito, en las fosas abiertas a la carrera en nombre de la “seguridad democrática”. No eran guerrilleros, eran campesinos, eran jóvenes, eran hijos. Y ahora, poco a poco, el país se entera de lo que siempre supieron sus madres: que los uniformados no solo peleaban una guerra, también enterraban a inocentes en silencio.

Por Justicia & Dignidad

Periodismo independiente e investigativo

Hasta que todos regresen: el legado de Yanette Bautista

por Sofia Lopez2025, Género, Resistiendo al olvidoPublicado el Sin comentarios

En Colombia, la palabra desaparición forzada carga con un peso insoportable: madres, hermanas, hijas y esposas que viven con la ausencia, que caminan con una foto en el pecho, que golpean puertas cerradas por el silencio y la impunidad. Entre ellas, Yanette Bautista fue luz y fuerza.

Su vida cambió para siempre el 30 de agosto de 1987, cuando su hermana Nydia Érika Bautista fue desaparecida forzadamente. El dolor se transformó en impulso: Yanette convirtió el vacío en búsqueda y la búsqueda en causa colectiva. No se detuvo ante el miedo, la estigmatización ni el exilio. Desde hospitales hasta morgues, desde brigadas militares hasta despachos judiciales, llevó la foto de Nydia Érika preguntando lo que aún hoy miles de familias preguntan: ¿dónde están?

De esa herida nació la Fundación Nydia Érika Bautista, que acompañó a centenares de mujeres y familias que compartían la misma ausencia. Yanette entendió que el dolor era común, y que la dignidad debía ser también colectiva. Su voz no solo reclamó justicia para su hermana, sino para todas las víctimas de desaparición forzada, especialmente para las mujeres que, con amor y coraje, se volvieron buscadoras en un país que muchas veces quiso silenciarlas.

Gracias a su liderazgo, la lucha de las mujeres buscadoras fue reconocida como un pilar de construcción de paz. Su tenacidad abrió caminos para que el Estado admitiera la deuda con ellas, impulsando leyes y medidas de protección que hoy quedan como herencia de su batalla.

Yanette no solo buscó a su hermana. Yanette buscó a cada desaparecido. Y en esa búsqueda, nos enseñó a todos que la memoria es resistencia, que el amor vence al miedo, y que la justicia es posible cuando se camina juntas.

Hoy despedimos a Yanette Bautista con gratitud infinita. Ella nos deja un legado de dignidad y esperanza que seguirá vivo en cada mujer buscadora, en cada marcha por los desaparecidos, en cada grito que exige verdad y justicia.

Hasta siempre, Yanette. Hasta que todos regresen a casa.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Colombia: nuestros niños y niñas desaparecen para la guerra y la trata, y el Estado calla.

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Impunidad, Resistiendo al olvidoPublicado el Sin comentarios

Dicen que en Colombia hay niños y niñas que se esfuman.

Pero no es magia.

No es que el viento se los lleve ni que la tierra se los trague.

Es la guerra que los roba.

Es la trata que los vende.

Es el Estado que los olvida.

En 2024, la Defensoría del Pueblo contó 463 reclutamientos forzados: 325 en el Cauca, 21 en Putumayo, 20 en el Valle, 15 en Antioquia, 14 en Huila. Y desde 2016, más de 800 denuncias por desaparición forzada de menores. El Catatumbo es mapa de esta herida.

Y no basta con la guerra. También la trata extiende sus garras: entre 2020 y 2023 hubo 709 casos documentados, con un aumento brutal del 400 % en adolescentes. Los más pobres, los desplazados, los migrantes, los más solos, son los más vendidos. Carne para explotación sexual, sudor para trabajos forzados, cuerpos para tráfico de órganos.

El color de la piel también pesa: 230 de los niños reclutados eran indígenas, 30 afrocolombianos. El racismo histórico sigue escogiendo quién muere primero, quién desaparece primero, quién no importa.

Las madres sabemos que la institucionalidad no protege: los mecanismos de búsqueda son rompecabezas con piezas faltantes; las medidas cautelares se quedan en papel mojado; y los menores entregados al ICBF regresan con moretones, con estigmas, con miedo. Algunos, incluso, regresan al grupo armado o mueren en combate.

Este país, que presume de democracia, ha fracasado como civilización. Porque una nación que permite que sus niños desaparezcan, que sean usados como soldados, mercancía o desecho, ya no es una nación: es una fosa abierta.

Por eso decimos: no venimos a pedir compasión. Venimos a exigir justicia.

Exigimos que:

Se prevenga y se sancione el reclutamiento y la trata.

Se activen de verdad los mecanismos de búsqueda urgente.

Se proteja de manera diferenciada a niñas, adolescentes, comunidades indígenas y afrodescendientes.

Se termine la impunidad que alimenta este infierno.

Hoy, en este 30 de agosto, no venimos a llorar. Venimos a gritar.

Por cada niño robado, por cada niña desaparecida, por cada familia rota.

 

Hasta que no falte ninguno.

Hasta que no sobre el dolor.

 

Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz

Vivos se los llevaron, vivos los seguimos buscando: 30 de agosto, Día de las Víctimas de Desaparición Forzada

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Conflicto Armado, Impunidad, Resistiendo al olvidoPublicado el Sin comentarios

En Colombia, los números se amontonan como escombros. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas cuenta 111.640 personas que la guerra y la indiferencia se llevaron. El Centro Nacional de Memoria Histórica habla de 121.768, cada uno con un rostro, un sueño, un olor a café y a tierra mojada. La Comisión de la Verdad apenas logra documentar 70.000, porque los otros se disolvieron en la niebla de la impunidad.

Cada cifra es un cuerpo que no volvió, un abrazo que nunca se dio, una madre que cada noche recuerda la mano que ya no tiene a quien sostener. Cada desaparecido es un hilo cortado en la trama de la vida, un grito silencioso que no encuentra oído.

Y el Estado… ese gran protector que debería buscar con ojos de justicia y corazón de madre, se queda mirando para otro lado. Las leyes existen, los decretos se firman, los informes se publican, pero los desaparecidos siguen ocultos, enterrados en fosas, escondidos en hangares, olvidados en papeles amarillentos. La impunidad es un río que corre y arrastra nombres, fechas, esperanzas.

En 2024, se reportaron 4.862 desapariciones. De ellas, 1.730 personas fueron encontradas vivas y 150 muertas, mientras los demás siguen siendo fantasmas que caminan entre nosotros, invisibles. La UBPD recuperó 941 cuerpos y entregó 131 a sus familias, un gesto mínimo frente al océano de ausencia.

Los perpetradores caminan libres. Las madres buscan en la tierra, en los ríos, en los archivos de hospitales y cementerios. Los nombres se repiten en las paredes del país como un lamento que nadie escucha. La memoria histórica es un espejo roto, y cada fragmento refleja la responsabilidad que se rehúsa a mirar su propio reflejo.

Colombia guarda secretos. Colombia guarda cadáveres. Colombia guarda silencio. Pero los desaparecidos siguen existiendo, aunque nadie los encuentre. Y mientras el Estado no cumpla con su deber de hallar, reconocer y reparar, cada cifra será un grito que se multiplica, un reclamo de justicia que no se apaga, un poema que nadie se atreve a terminar.

Porque los desaparecidos no son cifras. Son vida robada. Son historias que el viento insiste en no dejar morir.

Por Justicia & Dignidad/Periodismo independiente e investigativo

Uribismo y sionismo: la hermandad de la muerte

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Pueblos y Territorios, Resistiendo al olvidoPublicado el Sin comentarios

En Colombia, cuando los jóvenes salieron a la calle a cantar su rabia y su esperanza en el Paro Nacional de 2021, el Estado les respondió con balas. Setenta y cinco muertos —muchos apenas estrenando la vida—, 83 ojos arrancados, 28 cuerpos violados, y miles de detenciones arbitrarias. Como si la juventud misma fuera un delito. Como si el futuro hubiera que fusilarlo para que no moleste al presente de los poderosos.

En Gaza, desde octubre de 2023, la muerte tiene rostro de niño. Más de 18 mil niños y niñas asesinados bajo las bombas. Otros cien, o más, muertos de hambre, lentamente, sin ruido, con el vientre vacío como tumba anticipada. El crimen no distingue entre leche materna y pólvora: los devora a todos. Y la humanidad mira para otro lado, se entretiene con las pantallas mientras se apaga la niñez del mundo.

Y como si la historia se empeñara en mostrarnos su cinismo, aparece la fotografía: Iván Duque, sonriente, abrazado con Benjamín Netanyahu, celebrando una amistad de hierro. “Siempre es un honor visitar el Estado de Israel”, escribe. Honor, dice, mientras las calles de Cali recuerdan a sus muertos; honor, repite, mientras los hospitales de Gaza no alcanzan a salvar a los desnutridos. El honor de los verdugos siempre es la deshonra de los pueblos.

No es casualidad: al lado, el empresario Gabriel Gilinski, mecenas de una derecha que en Colombia se viste de urnas, micrófonos y portadas, pero que en el fondo se alimenta de lo mismo: muerte, sangre y horror. Son los mismos apellidos que financian campañas, los mismos que ahora ofrecen “innovación social” como si el progreso pudiera construirse sobre cadáveres.

Los niños son la primera víctima del poder. Se les dispara en la cara cuando gritan justicia, se les aplasta bajo los escombros cuando nacen en la geografía equivocada, se les deja morir de hambre porque la ayuda humanitaria es menos rentable que la guerra. El odio contra ellos es la verdadera ideología de los criminales que gobiernan con Biblia en mano y bala en el bolsillo.

Que nadie se engañe: esa foto de Duque y Netanyahu no es un retrato de amistad, es una confesión. Es el rostro del uribismo en su versión internacional: el pacto entre quienes aprendieron a gobernar a punta de miedo, represión y cadáveres.

Ojalá la memoria no se deje comprar en las elecciones del 2026. Ojalá los muertos del Paro y los niños de Gaza nos griten más fuerte que las campañas publicitarias. Porque la maldad del ser humano no necesita máscaras: posa sonriente, en traje y corbata, al lado de sus pares.

Por Justicia & Dignidad/ Periodismo independiente e investigativo

Álvaro Uribe Culpable: Pero de Crímenes de Lesa Humanidad

por Sofia Lopez2025, Resistiendo al olvidoPublicado el Sin comentarios

En las montañas de Antioquia, el río Cauca baja turbio como si cargara todavía los cuerpos y el humo de las casas incendiadas en La Granja y en El Aro. Veintisiete años después, el eco de esas masacres sigue sonando en las gargantas de los sobrevivientes, en las paredes quemadas, en las trochas vacías. Nadie olvida. La memoria es terco animal que se niega a morir.

La historia oficial, dictada desde el poder, habló de enfrentamientos, de excesos inevitables en tiempos de guerra, de víctimas colaterales. Pero los testimonios que hoy resurgen ante la Jurisdicción Especial para la Paz, sumados a las decisiones de tribunales nacionales e internacionales, dicen otra cosa: que el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, no fue un espectador inocente. Fue, al menos, un facilitador consciente de un engranaje criminal que convirtió a Ituango en laboratorio de impunidad.

La Granja y El Aro: heridas abiertas

La Granja, 11 de junio de 1996. Treinta paramilitares entraron al caserío con la calma de quien sabe que nada los detendrá. Ordenaron cerrar tiendas, sacaron a hombres de sus casas, los golpearon, los asesinaron frente a sus hijos. Nadie acudió en auxilio.

El Aro, 22 de octubre de 1997. Ciento cincuenta hombres armados bajaron por las montañas, tenían listas con nombres, direcciones, reses. Quemaron cuarenta y dos de las sesenta casas, robaron ganado, violaron mujeres, degollaron campesinos acusados de colaborar con la guerrilla. Durante una semana, Ituango fue territorio paramilitar a plena luz del día. Un helicóptero de la Gobernación sobrevoló el cielo mientras la barbarie ardía en tierra.

El saldo: más de mil personas desplazadas, decenas de muertos, comunidades enteras despojadas de su vida y su sustento. El horror dejó marcas visibles y un silencio impuesto por el miedo.

La Gobernación en la sombra

Álvaro Uribe Vélez gobernaba Antioquia entre 1995 y 1997. La memoria de las víctimas y las investigaciones judiciales coinciden en un punto: el Estado sabía, y no evitó.

Pedro Juan Moreno, su secretario de Gobierno, fue advertido directamente por Carlos Castaño de la inminencia de El Aro. El Ejército tenía información de inteligencia sobre la incursión paramilitar. Aun así, no hubo operación militar que protegiera a los campesinos. Por el contrario, se promovieron las Convivir, esas supuestas asociaciones de vigilancia civil que, en la práctica, sirvieron de fachada legal al paramilitarismo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue tajante: para ella, las masacres de La Granja y El Aro constituyen crímenes de lesa humanidad y el Estado colombiano es responsable por omisión y complicidad.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia en Colombia afirmó que existían suficientes indicios para investigar a Álvaro Uribe Vélez como gobernador de Antioquia en relación con esas masacres y con el impulso a las Convivir. Además, señaló que, por su gravedad, estos hechos no prescriben. El Tribunal de Justicia y Paz de Medellín incluso compulsó copias para que se avanzara en la investigación penal contra Uribe.

Y aunque el expresidente insiste en que denunció hechos violentos y promovió la “neutralidad activa”, los hechos lo contradicen: en su Antioquia, la neutralidad era un eufemismo de complicidad.

Los hermanos Angulo y la verdad que incomoda

En febrero de 2025, Jaime y Francisco Angulo Osorio, condenados por homicidios en Ituango, comparecieron ante la JEP. Sus palabras fueron un puñal en la memoria oficial: dijeron que la Gobernación de Uribe sabía de la presencia paramilitar y colaboraba en logística, transporte y comida para los hombres armados.

Aseguraron que la creación de las Convivir fue promovida desde la Gobernación, con apoyo militar, para legitimar lo que ya era una estructura de terror. Y narraron cómo el asesinato de Jesús María Valle, defensor de derechos humanos que denunció públicamente la alianza entre Estado y paramilitares, fue decidido en reuniones donde se compartía información obtenida ilegalmente.

Las víctimas miran con recelo a los Angulo: saben que buscan beneficios judiciales. Pero incluso con dudas, su relato encaja con el rompecabezas que durante años armaron tribunales, periodistas y sobrevivientes: que en Ituango el poder político y el paramilitarismo no eran mundos separados, sino vasos comunicantes.

Crímenes de lesa humanidad

¿Por qué hablar de crímenes de lesa humanidad? Porque lo ocurrido en Ituango no fueron hechos aislados, sino ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil. Porque las masacres, los desplazamientos, las violencias sexuales y los asesinatos de líderes sociales respondieron a una estrategia de control territorial, apoyada por sectores del Estado.

La responsabilidad de Uribe no se limita a no haber evitado la tragedia. Su gobierno departamental impulsó políticas –como las Convivir– que facilitaron el crecimiento paramilitar. Su administración recibió alertas y no actuó. Un helicóptero de la Gobernación sobrevoló El Aro mientras la gente moría. Y bajo su mandato, el defensor que denunció la complicidad fue asesinado.

Esa cadena de omisiones, decisiones y silencios configuran responsabilidad política y jurídica. Por eso múltiples tribunales recomendaron investigarlo. Por eso hoy, cuando nuevas voces hablan, la justicia vuelve a mirar hacia él.

Memoria contra el olvido

Álvaro Uribe Vélez insiste en que es víctima de persecución política. Pero los muertos de La Granja y El Aro no son invención. Los desplazados que aún deambulan por Medellín o por tierras prestadas no son fantasmas. El río Cauca no arrastra inventos.

En Ituango, la memoria no es un asunto académico. Es la respiración de quienes sobreviven, es el llanto de las viudas, es la rabia de los huérfanos. Ellos saben que la justicia tarda, pero llega.

Por eso hoy se repite en voz baja, pero firme: Álvaro Uribe Vélez debe responder, no solo ante la historia, sino ante los tribunales, por crímenes de lesa humanidad.

Porque en Colombia, la impunidad ha sido política de Estado. Pero en Ituango, la verdad insiste en nacer, aunque la quieran enterrar una y otra vez.

El monstruo con corbatín: Turbay Ayala y el legado de Miguel Uribe Turbay

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Impunidad, Resistiendo al olvidoPublicado el Sin comentarios

Por estos días, cuando se menciona el legado de Miguel Uribe Turbay —asesinado el 11 de agosto de 2025 tras un atentado el 7 de junio— sus familiares lo exhiben en la feria electoral de 2026 bajo la bandera del Centro Democrático. Pero ese legado está manchado de sangre y horror. La sombra que proyecta proviene de un árbol de raíces profundamente violentas. Julio César Turbay Ayala fue un presidente de voz nasal, corbatín impecable y modales de salón que, bajo su elegancia, levantó una de las máquinas represivas más oscuras de nuestra historia republicana.

Un mes después de asumir en agosto de 1978, Turbay implementó el Estatuto de Seguridad, una patente de corso que convirtió a los cuarteles en tribunales y a los generales en jueces. Bajo ese régimen se encubrieron torturas, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales y consejos de guerra contra estudiantes y sindicalistas, documentados en 1.340 casos de tortura y más de 3.000 detenciones por la Comisión de la Verdad. Gabriel García Márquez huyó del país; otros no tuvieron esa suerte. En el país no hizo falta dictadura formal: Turbay vistió de civil lo que Videla hacía con uniforme, como lo concluyó la Comisión de la Verdad llamándolo una «dictadura disfrazada de democracia».

A ese legado de represión se suma la complicidad criminal. Documentos desclasificados del National Security Archive, publicados el 15 de abril de 2024, muestran que ya en 1977 la DEA vinculaba a Turbay con el narcotráfico. Un memorando del 2 de junio de ese año, dirigido a la primera dama Rosalynn Carter en el contexto político de la campaña de López Michelsen, lo señala como parte de una lista de 36 funcionarios relacionados con el tráfico de cocaína. Se mencionan ministros, jueces, militares —como el general Abraham Varón Valencia y el coronel Humberto Cardona Orozco— y su sobrino Aníbal Turbay Bernal como pieza clave del negocio.

Más oscuro aún fue lo que vino después. En 1980, Turbay nombró como director de la Aeronáutica Civil al joven Álvaro Uribe Vélez. Uribe entró al cargo tras el asesinato de su antecesor, Fernando Uribe Senior, asesinado por el cartel de Medellín por no facilitar pistas y rutas para el narcotráfico . Uribe Vélez permaneció 18 meses como director, periodo en el cual otorgó más de 2.200 licencias para aeronaves —una cifra casi igual a las otorgadas entre 1954 y 1981—, de las cuales al menos unas 200 quedaron en manos del Cartel de Medellín . Según investigaciones de Cuestión Pública, entre 1980 y 1982 se otorgaron 413 registros de propiedad y explotación aérea, incluyendo a figuras como Martha Upegui de Uribe, conocida como la “reina de la cocaína” .

Ese fue el engranaje del aire que permitió a Pablo Escobar, los hermanos Ochoa y Carlos Lehder volar con pistas privadas, hangares propios y flotas de aviones. El ministro Rodrigo Lara Bonilla denunció esta connivencia en 1983, y un año después fue asesinado por orden del Cartel de Medellín .

Este es el peso de la herencia que Miguel Uribe Turbay intentó lavar: un abuelo que administraba bajo corbatín y represión, señalado en archivos de inteligencia como ficha del narcotráfico, y que abrió puertas a actores políticos que facilitaron el ascenso de la mafia. No se trata de reputación familiar, sino del rostro de un país donde las élites vistieron de democracia la persecución, el silencio, los negocios oscuros y los cuerpos que no volvieron a casa.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

La Unión Patriótica: un genocidio de Estado y la peligrosa persistencia del discurso estigmatizante

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Resistiendo al olvidoPublicado el Sin comentarios

En Colombia, hablar de la Unión Patriótica (UP) es hablar de una de las heridas más profundas de nuestra historia política. Este partido nació en 1985 como fruto de un intento de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC. Lo que debía ser un puente hacia la reconciliación se convirtió, en cambio, en una sentencia de muerte para miles de militantes.

Entre 1984 y 2002, el Observatorio de Memoria y Conflicto documentó 4.153 casos de militantes de la UP asesinados, desaparecidos o secuestrados. A esto se suman más de 2.049 sobrevivientes que sufrieron amenazas, tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado y detenciones arbitrarias. En total, 6.201 víctimas en poco menos de dos décadas. Y la violencia continuó incluso después de que, en 2002, se suspendiera la personería jurídica del partido.

No se trató de hechos aislados ni de “excesos” de particulares. Fue un genocidio político planificado y ejecutado desde las más altas esferas del Estado colombiano.

El papel de Virgilio Barco y la sombra de Rafi Eitan

En enero de 2021, el periodista Alberto Donadio reveló en “Los Danieles” información que vincula directamente al expresidente Virgilio Barco (1986-1990) con la decisión de exterminar a la UP. Según su investigación, Barco se reunió dos veces en 1986 con el espía israelí Rafi Eitan, famoso por capturar a Adolf Eichmann y por operaciones letales contra militantes palestinos.

En la segunda reunión, Eitan habría recomendado “eliminar a los miembros de la UP” para neutralizar a la guerrilla. La propuesta incluía que él mismo ejecutara el plan, pero finalmente la misión se dejó en manos del Ejército colombiano. Según Donadio, Barco no mostró objeciones éticas, morales ni legales.

Estas revelaciones coinciden con el rol del entonces ministro de Defensa, general Rafael Samudio Molina, quien públicamente legitimó a los paramilitares y llegó a afirmar, tras un atentado contra una sede de la UP, que “pues sería que tenían explosivos en su sede”.

No fue un clima de violencia espontánea: fue una decisión de Estado.

El Estado colombiano fue condenado

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Colombia por el genocidio de la UP, estableciendo que las declaraciones que tildaban al partido de “brazo político de las FARC” o “colaboradores de la guerrilla” no solo eran falsas, sino que fueron parte del patrón de exterminio. Estas afirmaciones, concluyó la Corte, dañaron el honor de las víctimas, legitimaron su persecución y restringieron sus derechos políticos.

El informe de la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) coinciden: el genocidio de la UP fue planificado y ejecutado desde las más altas instancias del Estado, en coordinación con grupos armados ilegales.

El discurso de Álvaro Uribe: la persistencia de la revictimización

El 13 de agosto de 2025, durante el funeral del senador Miguel Uribe Turbay, el expresidente Álvaro Uribe Vélez envió un mensaje —leído por Gabriel Vallejo— en el que afirmó:

“Nuestro partido y las fuerzas democráticas de Colombia nunca apeló a la combinación de las formas de lucha; a diferencia de algunos miembros de la Unión Patriótica, que promovían el secuestro, participaban de órdenes de asesinato, pero se sentían con derecho a imponerse sobre la democracia.”

Esta declaración no es nueva: es la misma narrativa que durante décadas ha servido para justificar el exterminio. Es una afirmación desmentida por la historia, por la justicia y por la evidencia.
Uribe, condenado judicialmente en otros procesos, incurre aquí en una doble falta: desconoce una sentencia internacional y revive un discurso que la Corte IDH identificó como causal de riesgo y legitimación de asesinatos.

No es una opinión inocente. Es un mensaje que estigmatiza, legitima y reabre heridas, justo en un contexto donde la política colombiana necesita memoria y reconciliación, no más odio.

Por qué es grave y peligroso

  1. Contradice la verdad judicial: La Corte IDH y la JEP han establecido que la UP fue víctima de un genocidio de Estado, no de una confrontación “legítima” contra grupos armados.
  2. Reproduce patrones de persecución: Las etiquetas de “brazo político de la guerrilla” fueron antesala de asesinatos selectivos, desapariciones y desplazamientos.
  3. Desconoce la responsabilidad estatal: Nombrar a la UP como grupo criminal es ignorar que la violencia contra sus militantes fue ordenada y ejecutada desde el propio Estado.
  4. Revictimiza: Las familias y sobrevivientes de la UP no solo han sufrido la pérdida de seres queridos; han tenido que cargar con el estigma social que alimenta discursos como el de Uribe.

Memoria contra el olvido

El exterminio de la UP no es un capítulo cerrado. Aún hay víctimas que esperan justicia y reparación.
Las palabras importan, y en Colombia han matado tantas veces como las balas.
Por eso, es deber ciudadano y político recordar que la Unión Patriótica fue un proyecto democrático exterminado por decisión de Estado.

Quien niega o distorsiona esa verdad no solo insulta a las víctimas: pavimenta el camino para que la historia se repita.

Por: Justicia & Dignidad / Periodismo Independiente e Investigativo

Hoy es miércoles de 2025: la misma risa, la misma bala

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Impunidad, Resistiendo al olvidoPublicado el Sin comentarios

Hoy es miércoles de 2025. Así lo habría dicho Jaime Garzón en Zoociedad, con esa media sonrisa que era más punzada que chiste. Y lo habría rematado con un guiño:

—Aquí en este país no pasa nada… la misma violencia, la misma intervención gringa, los mismos criminales.

Veintiséis años después de su asesinato, la historia sigue pareciéndose demasiado a sí misma.

“A mí me gustaría no morir, no morir en la historia, pero creo que es un reto muy grande y además, muy ambicioso.”

Se cumplió. Está en la historia colombiana, clavado como faro incómodo, demostrando que sí se puede construir país a partir de la risa y que, en Colombia, apostar por la paz es colgarse una lápida al cuello.

Conoció la política desde adentro y supo salirse a tiempo para reírse de ella desde afuera. Su humor no era maquillaje: era bisturí. En Zoociedad, en Quac, en sus personajes Néstor Elí y Godofredo Cínico Caspa, no imitaba: desnudaba.

El comienzo del fin

En sus últimas semanas, Jaime caminó con la sombra de la muerte siguiéndole el paso. Le advirtieron que lo iban a matar. Lo oyó de amigos, de periodistas, de voces que preferían el susurro. Buscó al propio Carlos Castaño para ganar tiempo. La respuesta fue silencio… o trampa.

Desde el DAS, José Miguel Narváez ya había sembrado la calumnia: que Garzón era amigo de la guerrilla, que se lucraba con secuestros. Castaño mordió el anzuelo. Encargó el crimen a Diego Fernando Murillo, “Don Berna”, y este a los sicarios de La Terraza.

La Brigada XIII del Ejército alimentó el acecho: rutas, horarios, semáforos. La inteligencia se volvió pólvora.

Según exparamilitares como El Alemán y el propio Don Berna, detrás se movían generales con apellidos que todavía pesan: Jorge Enrique Mora Rangel, Harold Bedoya, Rito Alejo del Río, Mauricio Santoyo, y el coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo.

Mora Rangel, educado en la doctrina de la seguridad nacional y luego negociador en La Habana, habría usado el proceso de paz como cortina para blindar su impunidad. Bedoya dejó un prontuario de paramilitarismo y masacres. Santoyo, mano derecha de Álvaro Uribe y condenado en EE.UU. por colaborar con las AUC, aún evade la verdad. Rito Alejo del Río, “el pacificador de Urabá”, fue condenado por el asesinato del líder afrocolombiano Marino López en la Operación Génesis: un operativo conjunto entre Ejército y paramilitares.

Todos ellos —uniformados con medallas que ocultaban manchas de sangre— formaban parte del mismo engranaje: un Estado paralelo donde la inteligencia se convirtió en arma para acallar, los fusiles sirvieron a intereses privados y la risa de Garzón fue declarada objetivo militar.

El día sin carcajadas

Madrugada del 13 de agosto de 1999. Bogotá todavía bostezaba. Jaime se subió a su Cherokee rumbo a Radionet. En un semáforo de Quinta Paredes, una moto se emparejó.

Cinco disparos de revólver calibre .38. Cuatro en la cabeza. Ni una vaina en el piso. Murió al instante.

El silencio como coartada

Meses después, quienes lo mandaron matar mandaron matar también a los que dispararon. Castaño y Don Berna borraron la evidencia con más balas. El expediente se llenó de huecos, falsos testigos y versiones torcidas.

La verdad se filtró a cuentagotas: militares de alto rango, inteligencia estatal, paramilitares. Todos en la misma mesa, todos con la misma firma invisible.

En 2016, el asesinato fue declarado crimen de lesa humanidad. En 2025, el Estado aceptó su culpa. Tarde. Muy tarde.

Jaime, todavía

No lo mataron solo a él: mataron la posibilidad de reírnos del verdugo. Pero hay muertos que no se van. Jaime sigue sentado en la mesa, guiñando un ojo, recordándonos que en Colombia la risa es peligrosa… y que la verdad, cuando se cuenta con humor, duele más que la bala

Masacre del Aracatazo: vínculos con Uribe y Zapateiro

por Sofia Lopez2025, Impunidad, Resistiendo al olvidoPublicado el Sin comentarios

El calor en Chigorodó, aquel 12 de agosto de 1995, no era el de siempre. El aire estaba espeso, pesado, como si algo invisible estuviera por caer sobre el barrio El Bosque. La discoteca El Aracatazo estaba llena: la música, las risas y el licor se mezclaban en un mismo pulso. Era sábado y había fiesta popular.

Nadie imaginaba que quince hombres armados, del recién creado Bloque Bananero de las Autodefensas, entrarían sin aviso, con fusiles que parecían más largos que sus sombras. Se identificaron como “exterminadores de la subversión”. Ordenaron que todos se tiraran al piso, boca abajo. El silencio fue roto sólo por el sonido seco de los cargadores entrando en las armas.

Uno por uno fueron señalando: Héctor Tascón Duque, Luis Alberto Guisao, Antonio Moreno, Julio Alfonso Ríos, Willinton Tascón, Misleida Pérez, Jorge González, Julio Oviedo, Libia Úsuga Barrientos, Luis Aurelio Sánchez, Manuel Ballesta, Francisco Panesso, Rodolfo Ramos, Pedro Úsuga, Leonardo Mosquera, Jorge Julio Cárdenas, Mérida Jiménez, Jorge Zúñiga y Jorge González López.

Los acusaron de ser guerrilleros o colaboradores. En realidad, muchos eran trabajadores bananeros, algunos sindicalistas de Sintrainagro, militantes de la Unión Patriótica, líderes de izquierda que creían en la organización comunitaria. La mayoría hombres, tres mujeres, todos del mismo pueblo.

El primer disparo rompió la noche. Luego vinieron ráfagas largas, cortas, y otra vez largas. Cuando el humo se disipó, dieciocho personas yacían muertas. Otras dos estaban heridas. El piso de la discoteca estaba cubierto de cuerpos y sangre; el olor a pólvora se mezclaba con el de la cerveza derramada. Afuera, los vecinos escuchaban sin poder intervenir.

La masacre fue ordenada por Carlos Castaño y José Hebert Veloza, alias “HH”. La ejecución la dirigió Dalson López Simanca, alias “Mono Pecoso”. Años después, el coronel Carlos Alfonso Velásquez, segundo al mando del Batallón Voltígeros de la XVII Brigada del Ejército, diría que altos mandos militares estuvieron implicados.

En ese tiempo, el Batallón Voltígeros tenía jurisdicción sobre Urabá. Entre sus mandos estaba el entonces capitán Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, comandante de la Compañía Córdoba. Dos pelotones —uno bajo su mando— estuvieron presentes en la zona aquella noche. Ninguno intervino. La Procuraduría, décadas más tarde, pediría a la Jurisdicción Especial para la Paz que lo citara como testigo para esclarecer el papel del Ejército en la masacre.

Ningún uniformado fue condenado por esta matanza.

En ese tiempo, Álvaro Uribe Vélez era gobernador de Antioquia. Gobernaba una tierra donde los paramilitares crecían a la vista de todos, donde el terror se colaba en los cascos urbanos y las veredas. No hay procesos judiciales que lo vinculen directamente con El Aracatazo, pero la masacre ocurrió bajo su administración, en el corazón de un departamento que ardía en medio de la guerra sucia.

Hoy, casi tres décadas después, los nombres de Héctor, Luis Alberto, Antonio, Julio Alfonso, Willinton, Misleida, Jorge, Julio, Libia, Luis Aurelio, Manuel, Francisco, Rodolfo, Pedro, Leonardo, Jorge Julio, Mérida, Jorge Zúñiga y Jorge González López siguen siendo un acto de resistencia. Decirlos es no olvidar.

Porque la memoria es la única justicia que no se negocia.

Por: Justicia & Dignidad / Periodismo Independiente e Investigativo