Genocidio en Gaza: El reflejo más doloroso de nuestro fracaso como humanidad

El 10 de agosto de 2025 debería ser un día para recordar con esperanza, pero se ha convertido en otro capítulo sombrío de una tragedia que desgarra el alma humana: el genocidio silencioso en Gaza. Más de 61.000 vidas palestinas han sido arrebatadas desde octubre de 2023, y con cada bombardeo, con cada niño que muere de hambre, estamos ante un espejo que refleja el fracaso más profundo de nuestra civilización.

Ese día, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU se reunía de urgencia para discutir el plan de Israel de tomar el control total de Gaza, no lograron hacer más que expresar su preocupación sin tomar acciones concretas. El veto de Estados Unidos selló el destino de millones de civiles atrapados en un enclave que ya es sinónimo de sufrimiento y muerte.

Y en medio de esta barbarie, cinco periodistas que solo buscaban contar la verdad fueron brutalmente asesinados en un ataque aéreo, incluyendo a Anas al-Sharif, un nombre que debería ser símbolo de valentía y libertad, pero que hoy es una voz silenciada para siempre. Más de 200 periodistas palestinos han caído desde que comenzó esta pesadilla, víctimas de un intento desesperado por apagar la luz de la verdad en medio de las tinieblas.

Los números no alcanzan a expresar el dolor: 100 niños muertos por desnutrición, 210 personas fallecidas por falta de alimentos, y apenas un 14% de la ayuda humanitaria logrando atravesar el bloqueo. Familias desaparecen, hogares son arrasados, y el mundo observa, incapaz o quizás indiferente.

La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, y Yoav Gallant, exministro de Defensa, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza, incluyendo el uso del hambre como arma de guerra. Sin embargo, pese a estas órdenes, Netanyahu prepara su visita a Argentina en septiembre de 2025. Ya han negociado con el desquiciado de Javier Milei, y la Patagonia, tierra de nuestros hermanos indígenas, se perfila como el próximo escenario de un genocidio sionista, un nuevo capítulo oscuro en la historia del Cono Sur.

Lo más desgarrador, lo más irónico, es que mientras Gaza arde, sectores políticos como el Centro Democrático en Colombia avalan esta tragedia y buscan restablecer relaciones con los responsables de esta masacre. Álvaro Uribe, en videos clandestinos, apoya a estos genocidas, mostrando que entre criminales se entienden.

Este genocidio no es solo una tragedia de Palestina; es un espejo que revela nuestro fracaso colectivo como humanidad. Si permitimos que la injusticia, el odio y la indiferencia triunfen, ¿qué esperanza queda para nosotros? El 10 de agosto no debe ser solo un día para lamentar, sino un llamado urgente a despertar, a luchar por la dignidad, la verdad y la justicia.

Porque cada vida perdida en Gaza es una herida en la conciencia del mundo. Y si no aprendemos de este horror, seremos cómplices del mayor fracaso de nuestra civilización.

Por: Justicia & Dignidad / Periodismo Independiente e Investigativo

Manuel Cepeda Vargas: Memoria viva y semilla de esperanza

Manuel Cepeda Vargas murió un 9 de agosto de 1994, pero ese día no solo se apagó una vida, se abrió una herida profunda en el corazón de Colombia. Un hombre sencillo, de palabra clara y mirada llena de verdad, que pagó con su vida el coraje de no callar. Lo mataron los sicarios del poder, esos que no soportan a quienes luchan por justicia, por paz, por el derecho a existir.

Manuel no estuvo solo en ese camino, aunque la violencia le arrebató primero a su compañera de vida y lucha, Yira Castro, quien falleció en 1981 víctima de una grave enfermedad. Yira fue una mujer valiente, militante comprometida, periodista y activista incansable que sostuvo con fuerza la memoria y la esperanza en medio de un país hostil. Su partida temprana dejó un vacío imposible de llenar, pero también dejó una semilla que hoy crece fuerte: su hijo, Iván Cepeda Castro.

Iván creció entre historias de lucha y resistencia, con la ausencia de su madre y el martirio de su padre como herencia. Hoy, él es la voz que retumba en el Congreso y en el país, la esperanza encarnada que pelea por justicia y verdad. Cuando Iván vio que la justicia por fin condenó a Álvaro Uribe Vélez, supo que el sacrificio de sus padres y de tantos otros no había sido en vano.

Porque esa condena no es solo un acto jurídico, es un acto de sanación para miles de víctimas en una Colombia rota por el paramilitarismo, el narcotráfico y los falsos positivos. Es un acto que recuerda a Manuel, a Yira y a tantos otros que fueron silenciados, perseguidos y borrados, pero que siguen vivos en la memoria y en la resistencia de quienes no aceptan que la violencia sea la única voz.

Manuel Cepeda dejó en este país una herida abierta, pero también una esperanza enorme. La esperanza de que algún día la justicia y la verdad caminen de la mano, de que los hijos no hereden miedo sino valentía, de que los que lucharon con amor y dignidad no hayan muerto en vano.

Yira, Manuel, Iván, y todos los que siguen su camino, llevan esa llama encendida, una llama que ni el miedo ni la violencia podrán apagar. Porque en la memoria de Manuel Cepeda Vargas está la promesa de un futuro donde la dignidad venza al terror, y donde la justicia sea el abrazo que sane las heridas de este país.

Por: Justicia & Dignidad / Periodismo Independiente e Investigativo

Montajes judiciales del uribismo: la historia silenciada de David Ravelo

En Colombia hay nombres que duelen, que pesan como piedras en la memoria: David Ravelo es uno de ellos.

Dirigente comunal, defensor de derechos humanos, sobreviviente de la Unión Patriótica y testigo de la masacre de Barrancabermeja en 1988. Llevaba décadas denunciando la alianza entre Estado, paramilitares y empresas en el Magdalena Medio, cuando la justicia —la de toga y fusil— decidió convertirlo en enemigo.

Lo condenaron en 2012 por un crimen que no cometió, con un testimonio falso y gracias a William Gildardo Pacheco, un fiscal de la Unidad Antiterrorista manchado de sangre.

El testimonio clave fue el de alias El Panadero, un exparamilitar condenado que hoy enfrenta juicio por falso testimonio. La misma “prueba” fue usada contra el excongresista Arístides Andrade, quien ya fue absuelto por la Corte Suprema. David aún espera lo mismo. Aunque fue liberado por la Jurisdicción Especial para la Paz, su nombre sigue manchado. Su dignidad, sin reparación.

¿Y quién fue el fiscal que elaboró el montaje contra David? William Gildardo Pacheco Granados, el mismo que buscó su condena, había sido subteniente de Policía en Armenia y fue destituido e inhabilitado en 1993 por la desaparición forzada de un joven, Guillermo Hurtado Parra, testigo de otro crimen policial. Pacheco fue capturado por ese caso en 2019, años después de haber actuado como fiscal, cuando acusó e hizo condenar a David Ravelo sin legitimidad ni ética.

Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, esto no fue una excepción. Fue doctrina. La “Seguridad Democrática” no solo militarizó los territorios: judicializó la oposición. Convertir al contradictor en criminal fue parte de la estrategia. Si eras líder sindical, defensor de derechos humanos, estudiante, periodista o campesino, eras objetivo. No importaba la verdad. Importaba el silencio. Un líder condenado por un montaje judicial implicaba desestructurar el movimiento social, sembrar miedo. Y sí: lo lograron.

Y hoy, cuando la historia toca a las puertas del poder, el uribismo vuelve a hacer lo que mejor sabe: invertir los roles, fingir que son las víctimas, llorar por las garantías que ellos mismos negaron por décadas.

Álvaro Uribe Vélez, primer expresidente condenado en Colombia, no por razones políticas, sino por delitos concretos: soborno y fraude procesal. Manipuló testigos. Intentó torcer la justicia. Tuvo todas las garantías que jamás ofreció a otros. Aun así, ahora anuncian “giras internacionales” para denunciar “persecución”. ¿La solución? Ir a Washington, a Miami, donde el expresidente tejió sus redes de poder durante el gobierno de Trump. Gritan dictadura mientras preparan el relato para una intervención exterior.

¿Y David Ravelo? Sigue esperando. Justicia. Verdad. Y que, al menos, se diga claro: en Colombia, durante años, se condenó a inocentes para proteger a los verdaderos criminales.

Por Prensa Justicia & Dignidad

Cuando Detenían Hasta al Cura y Nadie Se Quejaba de la Justicia

La escena era siempre parecida: un retén del Ejército a la entrada del pueblo, unos soldados con listas en la mano, una camioneta blanca sin placas y el helicóptero de fondo rompiendo la calma de los cafetales. A las seis de la mañana, cuando la gente apenas ponía a calentar el agua para el tinto, ya había media vereda detenida. Al que no se lo llevaban era porque no tenía cédula o porque el camuflado se confundía con la ruana.

A eso le decían las pescas milagrosas. Y vaya milagro: aparecían guerrilleros por montones en cada inspección, hasta en las novenas de aguinaldos. En Cajibío, en Corinto, en San Vicente del Caguán, en La Uribe, Meta… hasta el cura del pueblo cayó. Le dijeron que por rebelión. A él, que lo único que tenía de insurgente era el sermón del domingo. Pero en esos tiempos todo el que no aplaudiera era sospechoso, y todo sospechoso era, por ley presidencial, “objetivo legítimo”.

Le llamaron Seguridad Democrática, pero eso tenía de democrático lo que el diablo de santo. El decreto 1837 de conmoción interior fue el mandamiento de guerra del gobierno Uribe: sin orden judicial, sin pruebas, sin nombres verdaderos. Bastaba una lista —muchas veces anónima, otras pagada con plata caliente— para que el Estado entrara con tanquetas a imponer justicia a bala y a esposas.

Entre 2002 y 2004, más de 6.300 personas fueron detenidas arbitrariamente, muchas de ellas luego liberadas sin cargos. Pero ya habían perdido el empleo, el miedo les había dañado la salud y los rumores los habían condenado en la plaza. ¿Y qué? El objetivo era mostrar resultados, dar cifras, llenar estadios con detenidos como si fueran goles de una campaña triunfal.

Uribe no necesitaba pruebas, le bastaban las convicciones. La Fiscalía y los jueces eran adorno. La inteligencia militar era palabra sagrada, y el que dudara era, sin más, un traidor. Así se judicializó la política y se politizó la justicia. Así nació la doctrina del enemigo interno, del “todo vale si es por la patria”. Y así se degradó el derecho penal hasta convertirlo en fusil.

Mientras tanto, las víctimas de esa justicia amañada siguen esperando que alguien les pida perdón. Pero no, en lugar de eso, hoy los uribistas lloran por los rincones porque al patrón le tocó sentarse en el banquillo. Que pobrecito. Que lo interceptaron. Que le tenían trampa. Que esto es un montaje.

Ahora resulta que la justicia, esa misma que durante años fue su mejor arma, ahora es su verdugo. Y no falta quien diga que es una persecución política. ¡Qué ironía! El tipo que convirtió la Fiscalía en oficina de guerra, que usó los estrados como trincheras y los micrófonos como fusiles, ahora llora porque le abrieron un proceso. No por ideas, ojo. Por fraude procesal y soborno a testigos. Es decir: por hacer trampa.

Es que no es fácil ver al emperador sin toga. Pero la ley —esa que tantas veces violó con discursos de orden— finalmente lo alcanzó. No por todas las fosas comunes, ni por los falsos positivos, ni por los centenares de líderes asesinados tras sus estigmatizaciones. Lo están juzgando por manipular testigos. Y aun así, lloran, cansan, con los medios de comunicación de derecha que tienen a su servicio, con sus absurdas ideas como las de Paloma Valencia, que sin ser sujeto procesal le pide a la Corte Suprema pruebas, metiendo tutelas improcedentes para suspender la detención domiciliaria —aunque la tutela no procede si hay recurso judicial, y el recurso es la apelación—. Ahora hacen trampa con un habeas corpus, buscando qué juez torcido les hace el milagro de liberar al patrón, obviamente a cambio de algo más que gratitud patriótica.

Y mientras tanto, llorando y diciendo bobadas. Los mismos medios que antes celebraban las pescas milagrosas, ahora perfilan a la jueza. Los uribistas más radicales la amenazan, y lo más horroroso: las mujeres uribistas en redes han llegado al punto de pedir que empalen a la jueza. Expuesta, como tantas otras mujeres en este país, a la violencia política, judicial y sexual que el uribismo ha sembrado con eficiencia de maquinaria.

Pero ojo: no son angelitos. No hay que bajar la guardia. El uribismo no se rinde, se reagrupa. Y tiene brazo armado. Ya sabemos de lo que son capaces cuando se sienten acorralados. Tienen medios, fiscales, generales, clanes… y si hace falta, paras. No van a dejar que la justicia avance sin dar pelea.

Porque esta vez no es solo una sentencia. Es el símbolo de que nadie está por encima de la ley. Ni siquiera el caudillo.

Por Prensa Justicia & Dignidad

Banano amargo: la condena que tardó veinte años en madurar

Raquel Sena recuerda el instante en que la guerra le partió la vida. Iban por la carretera del Urabá, en una de esas tardes de calor pegajoso, cuando los paramilitares los detuvieron. A ella la bajaron de un empujón. A su esposo —jornalero en una finca de Banadex, filial de Chiquita Brands— lo asesinaron delante de sus ojos por no querer vender su tierra. «No sabía qué hacer… iba a llorar… tenía que mantener a mis ocho hijos», diría años después con la voz quebrada y la mirada intacta de dignidad.

Raquel quedó viuda, con una pensión escasa, sola en una región donde los muertos se entierran rápido y el miedo nunca se va. Hoy, vive aún en las entrañas bananeras del norte, donde todo comenzó, esperando que la justicia no sea solo palabra. Su historia es una de muchas: vidas cortadas por las balas que otros pagaron con transferencias.

En esas tierras calientes y feroces del Urabá antioqueño, donde el río fluye espeso y los machetes cortan más que monte, hubo un tiempo —no tan lejano— en que la vida valía menos que una caja de banano. Allí, en medio de la humedad, los jornaleros cargaban al hombro no solo los racimos que alimentaban los anaqueles del norte, sino el miedo: a los patronos, a los soldados, a los paras.

Era un secreto a voces: Banadex, la filial de Chiquita Brands, tenía un pacto no escrito con los señores del fusil. No era amor al arte, era por “seguridad”. Seguridad de las fincas, del negocio, del orden de sangre que reinaba. Hoy, veinte años después, la justicia —esa mula terca y coja— ha dicho que sí, que esos pagos existieron y que los directivos sabían.

El Juzgado Sexto Penal Especializado de Antioquia condenó a siete de ellos: Reinaldo Elías Escobar, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo, José Luis Valverde, Víctor Buitrago y Fuad Giacoman. Todos con corbata fina y manos limpias, pero con las uñas embarradas en la sangre del Urabá.

Once años y tres meses de condena. Trece mil millones de pesos de multa. Y sin embargo, nada repara los cuerpos que enterraron en los patios bananeros, ni las lágrimas de las mujeres que aún recuerdan cuando el Bloque Bananero, bajo el mando de “Pedro Bonito” Hasbún, les sacó a los hijos de las casas para no volver.

Fueron más de cien pagos, dijeron los togados. Dinero que entró en sobres, en cajas, disfrazado de “colaboraciones” a las Convivir —ese experimento de legalización del paramilitarismo que fue parido por el Estado. Chiquita, según el fallo, supo. Banadex autorizó. Y la matriz en Cincinnati, Ohio, miró para otro lado mientras llegaban los dólares.

En Florida, también les cobraron la cuenta. Un jurado federal falló que la excusa del “pago por amenaza” no aguanta análisis. La empresa deberá pagar 38 millones de dólares a víctimas y familiares. Y aunque los abogados digan que apelarán, las palabras ya están dichas, el velo corrido.

En los campos del Magdalena y del Urabá, las viudas quizás hoy tomen tinto sin tanto temblor. Tal vez, por primera vez en décadas, puedan decir: “No estábamos locas. No estábamos solas”.

Porque la verdad, aunque venga con retraso, cuando llega —como el banano maduro— huele fuerte. Y no se puede esconder.

Por Prensa Justicia & Dignidad

Mientras unos hacen campaña con sangre, otros reclutan niños

Miguel Uribe sigue en la Clínica Santa Fe. No sabemos con certeza su estado de salud. Pero ayer, 11 de junio —justo cuando el presidente firmó el decreto de la consulta popular— apareció en sus redes un video pregrabado, fechado desde el 7 de junio. «No a la consulta», dice. Como si antes del atentado ya supieran que iba a ocurrir. Como si el libreto estuviera escrito antes del disparo. Como si el atentado, más que tragedia, fuera parte de una estrategia milimétrica.

Y el país reaccionó como siempre lo hace cuando la víctima es de alcurnia: cadenas de oración, luto mediático, editoriales llorosos, la indignación organizada de las élites. La solidaridad automática de los de siempre.

Mientras tanto, hoy mismo, en las carreteras rurales del Huila, apareció otra postal de la Colombia real: el Bloque Central Isaias Pardo instaló vallas mostrando a cuatro niños —tres muchachos, una niña— camuflados, armados hasta los dientes, con las sonrisas congeladas de quienes fueron robados de la infancia. La guerra sigue reclutando niños mientras los noticieros miran para otro lado.

Porque aquí el sicario que intentó matar a Miguel Uribe tiene 14 años. Un niño. Pero en lugar de preguntarnos por qué lo empujaron a la guerra, el discurso es siempre el mismo: bajar la edad penal, castigar más temprano, encerrar más jóvenes. Educación, oportunidades, prevención: nada. Programas como Jóvenes en Paz los desmontan a escondidas. Mientras desmantelan el programa, no le pagan a sus trabajadores, orquestan una masacre laboral y abandonan forzosamente a cientos de jóvenes que, creyendo en la promesa de un futuro mejor, dejaron de estudiar y trabajar para poder participar en el programa. Hoy los tiran a la calle como basura, porque a este país y a este gobierno no les importan los niños ni los jóvenes. Todo fue una promesa, incluso escrita en el Plan Nacional de Desarrollo, y hoy la desechan sin pudor.

¿A dónde vuelven estos niños? A la delincuencia, a la guerra. Un país que no les da opciones, y unas políticas públicas que nunca se implementan.

Somos un país que llora según el apellido. Que arma escándalo según el estrato. Que ya se acostumbró a ver vallas con niños armados sin que le tiemble el alma.

Un país que hace rato dejó de proteger a sus hijos.

Un país fallido.

Por Prensa Justicia & Dignidad

¡Hasta que vuelvan a casa! Semana Internacional del Detenido Desaparecido

Del 26 al 31 de mayo, durante la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, recordamos que en distintas regiones del país persiste una de las formas más atroces de violencia: la desaparición forzada de niñas, niños y adolescentes. Un crimen que se oculta tras el velo del reclutamiento forzado por actores armados ilegales y la trata de personas por redes criminales. 

 Según cifras de la Fiscalía General de la Nación y del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 se han interpuesto cerca de 800 denuncias por desaparición forzada de menores de edad en contextos de reclutamiento. Tanto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) como la Defensoría del Pueblo han alertado sobre el aumento alarmante de estos casos, especialmente en el Catatumbo. En una visita reciente a Tibú y Cúcuta, Scott Campbell, representante de la ACNUDH en Colombia, denunció que al menos 36 menores han sido reclutados en lo que va del año. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha documentado 21 casos entre enero y abril de 2025. 

 Esta forma encubierta de desaparición forzada sigue arrebatando infancias y dejando a cientos de familias sumidas en la incertidumbre. 

 En 2016 se reportaron 0 casos de reclutamiento forzado en estas regiones; en 2023 se contabilizaron 186 casos, y solo en el primer semestre de 2024 ya iban 107 casos. En el Cauca, municipios como Argelia (17 casos), Toribío, Caldono y Corinto se han convertido en epicentros de esta tragedia. 

 Desde 2020, con la pandemia como telón de fondo, los grupos armados intensificaron su control territorial y el uso de menores no solo como combatientes o informantes, sino también en labores forzadas asociadas a cultivos ilícitos. 

  Un informe del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz (2024) documenta cómo, en el suroccidente del país —especialmente en Cauca, Nariño y Valle del Cauca—, comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas siguen enfrentando la reconfiguración del conflicto tras el incumplimiento del Acuerdo de Paz, la aparición de disidencias, el fortalecimiento del ELN y la expansión de nuevas estructuras armadas. 

 Así mismo, desde del 2024 el Movimiento ha registrado más de 100 casos, de los que alarman las cifras de algunos departamentos como: Cauca (41), Valle del Cauca (25), Bogotá (8), Huila (5), Risaralda (5), Antioquia (4), Tolima (4) y Nariño (3); además 51 casos ocurrieron en el 2024 y 41 han ocurrido en lo que va del 2025, por lo que preocupa que durante el año las cifras puedan aumentar. Además, es importante resaltar que la mayoría de las víctimas de este crimen, son niños, niñas y adolescentes entre los 13 y los 17 años, destacando que las niñas y adolescentes son mayoritariamente raptadas (74 casos), en comparación con los niños y adolescentes (36 casos). 

 Pero estas cifras no son solo estadísticas 

 Detrás de cada número hay un nombre, una historia interrumpida, una silla vacía en la escuela. Hay madres con el corazón en vilo, hermanos que no entienden por qué su hermana no volvió, abuelas que siguen preguntando al viento. 

  La memoria también ha sido atacada. En Popayán, un mural que honraba a 589 menores reclutados en el Cauca fue vandalizado. Pintaron de negro los rostros, como si el olvido se impusiera a la fuerza. 

¿A quién le incomoda la memoria? 

¿A quién le duele que se nombren los desaparecidos? 

  El Comité Internacional de la Cruz Roja documentó 1.730 desapariciones relacionadas con el conflicto desde 2016, de las cuales 304 corresponden a menores. La impunidad campea en el 98% de estos casos, y el subregistro sigue siendo abismal. 

  En el Valle del Cauca, especialmente en Cartago, se ha documentado la existencia de redes criminales herederas del Cartel del Norte del Valle, que mantienen circuitos ilegales de tráfico de niños, niñas y adolescentes. Los captan, trasladan y comercializan como mercancía, para luego entregarlos a grupos armados con fines de reclutamiento forzado, trata de personas e incluso tráfico de órganos. 

  Este fenómeno es sistemático y opera con total impunidad, aprovechando la vulnerabilidad social, la ausencia de garantías para la niñez y la debilidad institucional en territorios periféricos. 

  En Colombia, la desaparición forzada de niñas, niños y adolescentes no solo está ligada al conflicto armado. También se entrelaza con redes de trata de personas. Estas redes captan menores en contextos de pobreza, migración y violencia estructural, y los trasladan sin dejar rastro, separándolos de sus familias y ocultando su paradero. Esto constituye una forma de desaparición forzada con fines de explotación sexual, laboral o tráfico de órganos. 

  Según la Procuraduría General de la Nación, entre 2020 y 2023 se registraron 709 casos de trata de personas, con un alarmante aumento del 400% en menores de 12 a 17 años entre 2022 y 2023. En 2024, la Defensoría del Pueblo atendió más de 150 casos, siendo niñas y adolescentes el grupo más afectado. 

  Estas prácticas deben ser reconocidas como desapariciones forzadas, el Estado tiene la obligación de dar con su paradero y garantizar verdad, justicia y reparación para sus familias. 

  Desde los territorios, las madres y mujeres siguen buscando. Frente a la persistencia del reclutamiento y la desaparición de menores, urge garantizar medidas efectivas para el esclarecimiento de los casos, protección a quienes buscan y reparación a quienes han sido despojados. 

  Pero ¿qué tiene que ver la Semana Internacional del Detenido Desaparecido con el reclutamiento forzado y la trata? 

  Según Naciones Unidas (2025), «la desaparición forzada se utilizó y se sigue utilizando como método de terror para controlar territorios». 

 Los menores reclutados y víctimas de trata también son víctimas de desaparición forzada: son arrancados de sus familias, trasladados sin dejar rastro y ocultados por redes armadas o criminales. 

  Por eso, en esta semana de memoria, no basta con recordar, es necesario denunciar que las desapariciones con fines de reclutamiento y trata deben ser reconocidas, investigadas y sancionadas como desapariciones forzadas. 

 Y que, mientras una sola madre siga buscando, no habrá paz ni justicia verdadera en este país. 

  ¡Hasta que vuelvan a casa! 

 

Por: Corporación Justicia y Democracia y Corporación Justicia y Dignidad 

 

 

Bitácora del Horror: Comisión de Esclarecimiento ¡Ya! – Días 20m al 25m

Del 20 al 25 de mayo de 2021, en Colombia se desató una oleada de represión estatal que dejó una estela profunda de graves violaciones a los derechos humanos. No fueron hechos aislados ni errores de procedimiento: fueron órdenes claras y planificadas desde lo más alto del poder. Iván Duque, su ministro de Defensa Diego Molano, y el general Eduardo Zapateiro siguen en la impunidad, mientras los crímenes cometidos, delitos de lesa humanidad, permanecen en la sombra del olvido oficial. Es esta historia de dolor y silencio la que pesa sobre la memoria colectiva, una deuda que no puede quedar sin castigo ni reconocimiento. Ahora, en manos del gobierno que se anuncia como “el de la esperanza”, está la urgente tarea de alumbrar ese camino oscuro, abrir una puerta a la justicia y al restablecimiento pleno de los derechos de las víctimas. No es solo un acto de reparación, es la condición para que la democracia recobre su alma y para que Colombia vuelva a creer en sí misma.

Por eso clamamos por una comisión de esclarecimiento ¡ya!

20 de mayo de 2021 – Sede Almacén Éxito Calipso, Cali – Secuestro, violencia y posible tortura

Esa noche no dormía nadie. En el barrio Calipso de Cali, los gritos se colaban entre las rendijas de las casas y el concreto del almacén Éxito parecía tragar gente. Los vecinos juraban que dentro había presos, que se escuchaban los gritos y  los golpes. Un comando del ESMAD custodiaba el lugar como si fuera su cuartel. A quien se acercara, lo espantaban con una granada en la mano. Veinticuatro horas después, cuando por fin entraron los organismos de derechos humanos, lo que vieron no se olvida: sangre seca en el piso, manos marcadas en las paredes, rastros de lo que pudo ser un infierno.

20 de mayo de 2021 – Nacional – Instalación de la Mesa Nacional de Evaluación de Garantías para la Protesta Social

Mientras tanto, en Bogotá se firmaban papeles. Se instalaba la Mesa Nacional de Garantías, una promesa que nacía vieja, arrugada. El decreto 003 era un vestido bonito sobre un cuerpo lleno de moretones. Había protestas, sí, pero también muertos, desaparecidos, presos sin razón. Lo que se discutía en los salones del poder era apenas un eco lejano de lo que ardía en las calles.

20 de mayo de 2021 – Varias ciudades – Hostigamiento, desapariciones forzadas, tortura y violencia estatal

Los panfletos volaban como palomas negras. Jóvenes señalados, perseguidos, cazados. Algunos aparecían muertos, otros no aparecían nunca. A los que volvían se les notaba el miedo tatuado en la piel. Cuerpos con signos de tortura, con los ojos aún abiertos de tanto horror. Era la política del terror con uniforme y presupuesto.

20 de mayo de 2021 – La Romelia, Pereira – Detenciones arbitrarias, golpes y judicialización fallida

En La Romelia, Pereira, la noche trajo un operativo militar con 200 soldados. Parecía guerra. Detuvieron a 23 jóvenes; once fueron llevados ante un juez, golpeados, encadenados, tratados como criminales. Nada probó la fiscalía. Salieron libres tras quince horas de audiencia, pero con el alma doblada y los cuerpos rotos por el sol, la sed y los grilletes.

20 de mayo de 2021 – Parque de los Niños, Bucaramanga – Hostigamiento a comunicadores populares

En Bucaramanga, lo que dolía era la palabra. Periodistas populares fueron señalados como vándalos por los mismos que debían representar al pueblo. Fotografías, videos, insultos desde las curules. La libertad de prensa era un delito si mostraba la represión.

20 de mayo de 2021 – Viaducto García Cadena y Estación Central de Policía, Bucaramanga – Detenciones arbitrarias, agresiones físicas y amenazas

A Johan Ferney y Camilo Andrés los atrapó dos veces la policía. La primera, para callarlos. La segunda, para castigarlos. Los golpearon, los esposaron a unas vallas siete horas sin baño ni comida. Las amenazas les llegaban al oído como cuchillos: violación, muerte, exterminio.

20 de mayo de 2021 – Vía a Cali (sector Río Ovejas) – Ataque con artefacto explosivo contra Guardia Indígena

En la vía Panamericana, los comuneros indígenas eran puente y no barricada. Llevaban comida, medicina, vida. Pero siete encapuchados les tendieron una trampa. Lanzaron un artefacto explosivo que no mató, pero dejó claro el mensaje: aquí no se permite la paz.

20 de mayo de 2021 – Tuluá, Valle del Cauca – Asesinato y heridos por ataque armado contra manifestantes

En Tuluá, a la altura de la curva de las feas, un joven de la Primera Línea cayó. Lo mataron dos hombres que salieron del cañaduzal con plomo en las manos. Dos más quedaron heridos. Fue una emboscada pensada, planeada, ejecutada con precisión criminal.

20 de mayo de 2021 – Cali (Siloe, Univalle, Calipso, Paso del Comercio) – Ataques armados, detenciones arbitrarias y uso de centro de tortura La ciudad ardía en varios frentes.

En Siloe, gases y balas. En Calipso, un muerto más y camionetas sin placas rondando con hombres sin nombre. En Univalle, cuatro detenidos sin paradero. En la Simón Bolívar, el almacén Éxito se convertía en un centro de tortura improvisado, con sangre que el jabón no borró. En Paso del Comercio, motorizados disparaban a las ocho de la noche: dos muertos, varios heridos. Cali era un mapa de horror.

21 de mayo de 2021  – Cali – Uso irregular de vehículos oficiales

Un carro sin placas, con hombres armados, con uniforme y sin nombre. En Cali, ese 21 de mayo, la legalidad era un disfraz. Los mismos vehículos oficiales se prestaban para las sombras, para borrar huellas, para desaparecer la ley.

21 de mayo de 2021 – Tuluá y San Pedro (Valle del Cauca) – Ataques armados por civiles y asesinato

A medianoche, en Tuluá y San Pedro, los civiles armados salieron de cacería. Uno fue capturado, otro logró disparar desde un carro. Dos muertos más. Tres heridos. El pueblo respondió incendiando el vehículo del asesino. Era la única justicia posible en medio del caos.

21 de mayo de 2021 – Cartago – Represión policial, heridos y detenciones arbitrarias

En Cartago, el ESMAD entró como si fuera una invasión. Lanzó granadas, gases, detuvo sin razón. Heridos por todos lados, casas rotas, niños llorando. A un detenido lo dejaron grave y sin atención. Las motos de la policía ardieron. Algunos decían que fueron ellos mismos quienes les prendieron fuego, para culpar a los otros.

21 de mayo de 2021 – Cali y Yumbo – Uso excesivo de la fuerza y perfilamiento racial

Organismos de derechos humanos documentaron que entre el 28 de abril y el 21 de mayo de 2021, al menos 39 muertes en Cali y Yumbo estarían relacionadas con uso excesivo de la fuerza pública. De las víctimas, al menos 11 eran personas afrodescendientes, lo cual evidencia un patrón de violencia racializada.

21 de mayo de 2021 – Colombia – Detenciones ilegales, tortura y desapariciones temporales

Los centros de detención eran cualquier sitio: buses, estaciones, supermercados. A Edwin lo orinaron, lo golpearon, lo hicieron firmar papeles. A Duglan lo extorsionaron. Las familias pagaban por tenerlos de vuelta, vivos o al menos enteros. Era una cadena de tortura que se tejía en la impunidad.

21 de mayo de 2021– Soledad, Atlántico – Violencia sexual y homofobia en detención

En Soledad, tres jóvenes fueron arrestados. Uno era gay. A ese le fue peor. Lo manosearon, lo penetraron con los dedos, se burlaron de su orientación. La policía reía. La tortura tenía forma de chiste homofóbico.

22 de mayo de 2021– Cali, punto de concentración Calipso – Lesión ocular a defensor de derechos humanos

Yonatan Castillo no fue a protestar. Fue a defender derechos. Lo dejaron medio ciego. La policía le lanzó gases al rostro como quien lanza una piedra. Otra vez, el enemigo era quien protegía a los demás.

22 de mayo de 2021– La Delfina, Valle del Cauca – Ataque armado y uso indiscriminado de gases

A las 2:30 a.m., mientras la comunidad indígena dormía en La Delfina, el ESMAD atacó con armas, granadas, gases y perdigones. Niños, mujeres, abuelos despertaron en medio del humo y el estruendo. No había crimen, solo descanso. Pero el descanso también era resistencia.

22 de mayo de 2021 – Cali, barrio Calipso-Puerto Madera – Ataque armado, homicidios y represión a la prensa

Cayó la noche y con ella el estruendo. El ESMAD y el GOES entraron a Calipso como si fuera territorio enemigo. No hubo aviso ni medida. Gases, explosivos y ráfagas de fusil contra un barrio lleno de gente. Dispararon a todo lo que se movía.

Jhon Erik, un pelado con los sueños intactos, cayó por un disparo en el pecho. Otros cinco quedaron heridos. También atacaron a periodistas y defensores de derechos humanos. Lo dicen los vecinos: fue una cacería. La policía disparó como si la ley les diera licencia para matar. Y el Estado, mudo. Cómplice.

23 de mayo de 2021 – La Guinea, Corregimiento de Cisneros, Dagua – Ataque con fusiles, gases y detenciones arbitrarias

El 23 de mayo amaneció con fusiles. En La Guinea, cerca de Cisneros, Dagua, no hubo diálogo ni advertencia. El ESMAD y el Ejército cayeron de golpe sobre el punto de resistencia: gases, disparos y gritos. Había niños, mujeres, viejos. No importó. Tres fueron retenidos —una mujer y dos menores del Cabildo Indígena Nuevo Despertar—, y uno más desapareció entre el monte. La ORIVAC alzó la voz, pero el estruendo del Estado, otra vez, quiso apagarla a plomo.

23 de mayo de 2021 – La Paila, norte del Valle del Cauca – Amenaza de detención e intimidación por policías de civil

En La Paila, donde el Valle se despide y el Quindío empieza, la protesta seguía firme. Pero esa tarde no llegaron uniformados: llegaron de civil, con cara de nadie y armas escondidas. Querían llevarse a alguien —no dijeron a quién ni por qué. La comunidad se plantó y les torció el plan. No se fueron sin dejar rastro: grabaron rostros, lanzaron amenazas y se perdieron entre la gente como sombras. La Policía calló. Y el miedo quedó sembrado.

23 de mayo de 2021– Cali, Puente de los Mil Días – Ataque armado a toma cultural comunitaria y agresión a la prensa

Eran las 5:50 de la tarde. En el Puente de los Mil Días, la comunidad bailaba, cantaba, resistía. Era una toma cultural, no una batalla. Pero la Policía llegó con fusiles. Dispararon aunque había niños, viejos, y cuerpos quebrados por la vida. No hubo heridos, pero el miedo se quedó a vivir ahí.

Esa noche, la gente señaló al hotel Eclipse: desde allí —decían— operaban agentes encubiertos. El Canal 2 fue a comprobarlo. Los recibieron a tiros. Así, en la cara, contra la prensa, contra la verdad.

23 de mayo de 2021 – Cartago, Valle del Cauca – Ataque del ESMAD a manifestantes y heridos civiles

Cuando la tarde se apagaba, el ESMAD encendió el caos en Cartago. Llegaron con sus trajes de guerra y rompieron la protesta a golpes y gases. Varios civiles cayeron heridos, sin más culpa que la de alzar la voz. La gente, cansada de tanta bala y tanto olvido, pidió lo básico: que el Estado deje de disparar contra su propio pueblo.

24 de mayo de 2021 – Panorama nacional

Gobierno y Comité del Paro firmaron un preacuerdo: garantías para la protesta, dijeron. Palabras que suenan bien, sobre el papel. Pero ese mismo día, en varias ciudades, la represión siguió su curso, implacable, como si nada hubiera cambiado. La distancia entre el diálogo y la realidad, a veces, es una herida abierta que no deja de sangrar.

24 de mayo de 2021 – Cali – Allanamiento violento a defensora de derechos humanos

A las 3 de la mañana, sin aviso ni orden clara, la Policía, el GOES y la SIJIN, algunos vestidos de civil, destrozaron la puerta de Sandra Castro. Ella, defensora de derechos humanos, guardaba en su casa la memoria del Paro Nacional: registros, documentos, pruebas. Todo fue arrebatado. No la dejaron ni vestirse ni llamar. La violencia no solo fue contra su hogar, sino contra la resistencia misma. El Estado, otra vez, tocando puertas donde debería proteger.

24 de mayo de 2021 – Cali y Popayán – Allanamientos simultáneos y capturas a líderes sociales

Mientras en la casa de Sandra Castro sonaba el golpe violento, en Cali otras ocho viviendas de líderes sociales fueron allanadas. Seis personas capturadas, entre ellas defensores del Observatorio “Pedro Vaca”. En Popayán, la persecución siguió el mismo camino: casas invadidas, derechos pisoteados, denuncias en el aire. Todo fuera del horario legal, sin respeto por las garantías mínimas. El gobierno de Iván Duque no solo mira hacia otro lado, sino que pone la mano en la balanza para aplastar la resistencia.

24 de mayo de 2021 – Cali, Puerto Resistencia – Corte de servicios y militarización

El 24 de mayo, en Puerto Resistencia, apagaron la luz y callaron las voces digitales. Cortaron la electricidad, el Wi-Fi, los datos móviles. Dos camiones policiales rodearon el punto de encuentro como perros de presa. Los defensores de derechos humanos miraban con miedo, esperando el golpe que parecía inevitable. La calma antes de la tormenta.

24 de mayo de 2021 – Cali – Presión empresarial para asistir a marcha

En Cali, para la marcha del 25 de mayo, no fue sólo la calle la que se llenó de protestas. Empresarios presionaron a sus trabajadores para que asistieran con camisa blanca. La consigna venía con amenaza: quien no cumpliera, podía perder el empleo. Así se fabrica la protesta obligada, entre miedo y obediencia.

24 de mayo de 2021 – Cali – Desaparición forzada de dos jóvenes

Eran las 6:20 de la tarde cuando la policía se llevó a Alejandro Mosquera y Carlos Ocampo, en la esquina de la calle 70 con carrera 7. Dos jóvenes desaparecieron sin dejar rastro. Hasta ahora, nadie sabe dónde están. El silencio de las autoridades pesa más que cualquier respuesta.

24 de mayo de 2021 – Cali, barrio Quintas de Salomia – Uso excesivo de fuerza policial

En la noche, mientras el ministro Molano hacía discursos en el Senado sobre “protocolos” para la fuerza pública, en Quintas de Salomia la policía respondía con balas a la protesta. Palabras de un lado, plomo del otro. Así se escribe la historia de este país.

24 de mayo de 2021 – Pronunciamiento institucional

La UBPD y la ONU dijeron que el Estado por fin movió fichas ante las denuncias de desapariciones en las protestas. Un avance, dicen, pero para muchos organizaciones sociales, esas acciones son un espectáculo con poca luz y muchas sombras. La verdad, esa que la gente reclama, sigue esperando su turno.

 

24 de mayo de 2021 – Universidad de Pamplona, Norte de Santander

Veinticinco estudiantes en la Universidad de Pamplona, firmes en su plantón, fueron atacados por civiles armados con perdigones. La violencia los obligó a dispersarse, a dejar la lucha por miedo a perderlo todo: su vida, su seguridad. Así apagan voces que solo buscan ser escuchadas.

24 de mayo de 2021 – Soacha, Cundinamarca-Irrupción violenta, detenciones y persecución

En Soacha, el ESMAD no solo llegó a reprimir, llegó a sembrar miedo y caos. Detuvieron a manifestantes y a gente que nada tenía que ver. Familiares y abogados golpearon puertas que no se abrieron. El Comando de Policía negó información, ocultó a los detenidos como si fueran sombras.

Al caer la tarde, con el Centro Comercial Ventura de testigo, comenzó la cacería. Lanzador múltiple «Venom», drones, helicópteros; tecnología al servicio de la represión indiscriminada. La gente huyó, buscando refugio, pero el miedo quedó pegado a las calles.

25 de mayo de 2021- Cali- Persecución a periodistas y abogados

Alberto Tejada, del Canal 2, y el Equipo Jurídico N21 no solo documentaban, también resistían. Pero el poder les puso el ojo: seguimientos constantes y hostigamiento. En la noche, disfrazados de trabajadores de telefonía, acosaron al Equipo Jurídico que estaba en su lugar de trabajo, analizando, registrando, haciendo memoria junto a Justicia y Paz.

La persecución no perdona ni a quienes luchan con palabras y pruebas.

25 de mayo de 2021- Amenaza directa a defensor de derechos

Rodrigo Becerra recibió un mensaje que no se olvida fácil: una foto de un panfleto amenazando a líderes del paro, con el nombre de su hijo. El miedo llegó a la familia, la intimidación tocó la puerta de lo más sagrado. El mensaje es claro: la resistencia tiene precio, y la amenaza, nombre propio.

 

El infierno en el Dollarcity de Siloé: lo que nadie cuenta del asesinato de Didier Andrés Quintero

La noche del 28 de mayo de 2021, cuando se cumplía un mes del estallido social que sacudió a Colombia, el barrio Siloé, en Cali, vivió una jornada que dejó marcas imborrables. La memoria oficial habla de saqueos, disturbios, y violencia desbordada. Lo que pocos se atreven a contar es que esa noche, en un almacén Dollarcity vacío desde el inicio del paro, jóvenes manifestantes fueron encerrados, incendiados y algunos, asesinados. Uno de ellos fue Didier Andrés Quintero, de 17 años.

El encierro

En la versión que no salió en los boletines de prensa ni en los informes oficiales, testigos relatan que policías vestidos de civil, con chalecos antibalas, ingresaron al Dollarcity de Siloé acompañados por la fuerza pública. Dentro del almacén, donde ya no quedaban productos ni señales de saqueo, fueron encerrados varios manifestantes. Afuera, los gases y los disparos. Adentro, la desesperación.

«Había humo, gritos. No era un saqueo, era una trampa», dice un joven que logró escapar. La comunidad, al ver el fuego, rompió un muro del local comercial. Por ese hueco salieron los muchachos como pudieron: algunos con las ropas quemadas, otros arrastrándose, y varios más fueron detenidos por los mismos hombres que provocaron el incendio.

Didier: el joven barbero que quería estudiar

Didier Andrés Quintero no salió con vida. Tenía 17 años, trabajaba como barbero para ayudar a su familia y soñaba con seguir estudiando. Era alegre, entusiasta y solidario. Quienes lo conocieron recuerdan que no le gustaba la violencia, pero sí la justicia. Fue alcanzado por los hombres de civil cuando intentaba huir. Lo subieron por la fuerza a una camioneta. Horas después, su cuerpo apareció en el sector La Playa del barrio Brisas de Mayo, con siete impactos de bala y rastros de quemaduras.

“Lo mataron para sembrar terror”, dice una lideresa comunitaria. “Era un niño, no un criminal”.

La orden que incendió el país

El asesinato de Didier se inscribe en un contexto de represión sistemática contra la protesta. El 28 de abril de 2021, Colombia salió a las calles en rechazo a las políticas del presidente Iván Duque Márquez. Dos días después, el expresidente Álvaro Uribe Vélez escribió un trino fatídico: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas…” La violencia se institucionalizó.

El 2 de mayo, Duque decretó la asistencia militar en las ciudades, figura que no sólo fue inconstitucional sino que dio vía libre a la militarización de la protesta. En Cali, epicentro de la resistencia, la represión fue brutal, selectiva y planificada.

El 28 de mayo, Duque y el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, estuvieron en la ciudad, avalando públicamente las operaciones. Ese mismo día, en Siloé, más de 60 personas fueron detenidas, algunas golpeadas, torturadas y trasladadas a lugares no oficiales, como el sótano de la Fiscalía. Otros fueron judicializados por terrorismo, sin pruebas.

La narrativa oficial: el silencio cómplice

La Fiscalía, en lugar de investigar los crímenes cometidos por agentes estatales, optó por ocultar. En medio de la tragedia humanitaria, la institución mantuvo una actitud de inoperancia e incluso persecución contra líderes sociales y manifestantes. El fiscal Francisco Barbosa, cercano al poder político, encabezó una gestión marcada por la cooptación institucional y la impunidad.

El asesinato de Didier Andrés Quintero no ha tenido justicia. Ni el coronel Edgar Vega Gómez ni el teniente Néstor Mancilla Gonzales, quienes lideraban los operativos ese día, han sido llamados a responder. Ninguno de los civiles armados y protegidos con chalecos antibalas ha sido identificado formalmente.

Siloé: herida abierta

El barrio Siloé fue durante el paro un bastión de dignidad popular, pero también el epicentro de la represión. Aquella noche, además de Didier, fueron asesinados Michel Aranda y Daniel Stiven Sánchez Quiceno. El Estado sembró terror para apagar el fuego de la protesta, pero el eco de sus crímenes sigue resonando.

Didier no murió en un saqueo. Fue asesinado tras ser retenido ilegalmente, quemado y ejecutado por quienes debían proteger la vida. Su caso, como el de tantos otros, sigue esperando verdad y justicia.

Porque a veces, para matar la esperanza, primero hay que prenderle fuego.

Por: Sofía López, abogada y Periodista de la Corporación Justicia & Dignidad.

Daniel Sánchez, 4 años de Impunidad

A esta hora, un 29 de mayo de hace cuatro años, los vecinos de Siloé ya sabían. Las redes lo habían dicho con la crudeza de una imagen que no puede borrarse. Los familiares aún lo negaban. Aún tenían esperanza. Aún lo buscaban. Pero la verdad cayó como un ladrillo desde la boca de alguien que no quería decirlo, que lo murmuró como una disculpa: “encontramos el cuerpo de Daniel”.

Daniel Stiven Sánchez tenía 16 años. Era del barrio, de los que madrugan con la pala y se acuestan con la esperanza de que lo poquito sirva. Hacía lo que podía para ayudar a su mamá. Esa noche no regresó.

Entonces comenzó la película de terror.

Pero no era una película. Era un guion real escrito desde arriba. Desde las órdenes de Estado. Desde el trino con voz de mando de Álvaro Uribe Vélez autorizando a soldados y policías a usar sus armas para defenderse del «terrorismo vandálico». Desde el decreto de asistencia militar de Iván Duque, que llenó las calles de uniformados, tanquetas y balas, y dejó en las aceras los cuerpos de quienes apenas reclamaban pan, educación, futuro.

El 28 de mayo de 2021, lo detuvieron arbitrariamente en la glorieta de Siloé, frente a Dollarcity. No era un terrorista, era un muchacho. Un adolescente. Le dispararon en la pierna, lo arrastraron como si no doliera. Testigos dicen que lo subieron a una tanqueta del ESMAD. Que pedía ayuda. Que gritaba que era menor de edad. Que los brigadistas intentaron alcanzarlo y también les dispararon.

Esa noche, Siloé ardió en fuego y rabia. Y a la mañana siguiente, el cuerpo de Daniel apareció calcinado dentro del local incendiado. Pero no se había quemado con el fuego. Se había quemado con el silencio.

La Fiscalía dijo que fue un accidente. Que Daniel murió por inhalación de gases calientes. Que se trató de una “culpa exclusiva de la víctima”. Como si él mismo se hubiera golpeado, arrastrado, encerrado. Como si el Estado no hubiera estado allí, con toda su maquinaria, para cazar.

El fiscal de Cali, Jhon Freddy Encinales, repitió esa versión como quien obedece una orden. No investigó. No recibió testimonios clave. No revisó videos ni fotos. No escuchó. No quiso escuchar.

La familia de Daniel tuvo que suplicar para que les entregaran su cuerpo. Medicina Legal se negó al principio, diciendo que no podían identificarlo, aunque ya lo habían hecho. Cuando finalmente lo devolvieron, el cadáver estaba destrozado: cortes sin justificación, suturas irregulares, músculos raspados donde había golpes. Le faltaban pedazos. No solo de cuerpo. También de verdad.

El informe forense tardó un mes en llegar. Los anexos, tres. Cuando llegaron, no coincidían. Las radiografías eran de alguien más. No mostraban fracturas visibles. No mostraban la historia del cuerpo de Daniel. No mostraban nada.

Tampoco hay pruebas de laboratorio. Ni de sus prendas. Fueron entregadas, sí, pero no al expediente. Acabaron destruidas en una funeraria. Lo que podía hablar, fue silenciado.

La investigación pasó un año después a la unidad de Derechos Humanos en Bogotá. La fiscalía 207 apenas repitió entrevistas y amenaza permanentemente con el archivo del caso. No reconstruyó hechos. No judicializó a nadie. El caso sigue flotando en una carpeta con polvo. Sin culpables. Sin justicia. Sin verdad.

Los responsables tienen nombre y rango: Iván Duque Márquez, expresidente; Diego Molano, exministro de Defensa; Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército. Ellos no solo sabían. Ellos ordenaron. Autorizaron. Justificaron. Supervisaron. Y repitieron que todo estaba “bajo control”, mientras el país contaba muertos. Por acción y omisión, por la sistematicidad de los hechos, por la política estatal de represión violenta contra la protesta social, son responsables de crímenes de lesa humanidad. La cadena de mando los incrimina. Las órdenes firmadas los señalan. Las madres que no tienen a sus hijos los acusan.

El presidente Petro prometió una Comisión de la Verdad para esclarecer los crímenes del paro. Lo dijo en campaña, lo repitió en discursos. Hoy, esa comisión no existe. No hay decreto, ni plan, ni escucha real a las víctimas. La promesa murió antes de nacer.

Las víctimas de ese mayo sangriento están hoy peor. Muchas están desplazadas. Amenazadas. Calladas. No pueden siquiera inscribirse en el Registro Único de Víctimas porque la ley no se los permite. Ese registro es solo para víctimas del conflicto armado, como si el estallido social del 2021 no fuera también hijo de esa guerra prolongada, como si no fuera una consecuencia de que Duque le falló a la paz. Los protocolos no reconocen la represión como crimen. El Estado se niega a mirarse al espejo. No reciben ayuda humanitaria. No tienen atención psicosocial. Nadie les protege la vida ni la dignidad. La impunidad es total. Intacta. Triunfante.

A esta hora, hace cuatro años, una madre, doña María Deiba, recibió la noticia que le arrancó la mitad del alma. Desde entonces, Crisol Yurani, hermana de Daniel, se prometió luchar hasta el último día para que el caso no quede en el olvido ni en la impunidad.

A esta hora, hace cuatro años, el país perdía a un hijo más, y ganaba una herida más. Una que no cierra porque no hay justicia. Porque no hay voluntad. Porque a Daniel lo mataron dos veces: primero la bala, luego el olvido.

Y esta historia no es solo la de Daniel. Es la de muchos. Es la de un país que sigue caminando sobre cadáveres mientras promete no repetirlos.

Pero la voz de su madre y su hermana, y la de quienes aún nombran a los que faltan, no ha callado. Sigue latiendo. Aunque tiemble, aunque duela. Porque hay verdades que no pueden quedar enterradas.

Porque cada cuerpo merece justicia. Porque Daniel tenía 16 años.
Y porque a esta hora, hace cuatro años, comenzó un horror que aún no ha terminado.

Por: Sofía López, Abogada y Periodista de la Corporación Justicia & Dignidad