Categoría: Resistiendo al olvido

Por: Sofía López, Abogada Defensora de Derechos Humanos y Periodista de la Corporación Justicia y Dignidad

En el corazón de la historia palestina surge un término que carga con décadas de tragedia: «Nakba». Este concepto árabe, que significa «catástrofe», conmemora la expulsión y desplazamiento de cientos de miles de palestinos de sus hogares durante y después de la guerra árabe-israelí de 1948. El Nakba se origina en el Plan de Partición de las Naciones Unidas en 1947, que llevó a la creación de Israel en 1948, marcando el inicio de esta tragedia.

Desde entonces, la conmemoración de la Nakba tiene lugar cada 15 de mayo en Palestina y en las comunidades palestinas en todo el mundo. Es un evento significativo en la historia y la memoria colectiva palestina, un recordatorio de la pérdida de hogares, tierras y la diáspora que se desencadenó.

A lo largo de los años, el desplazamiento de palestinos ha sido un tema constante y complejo. El Plan de Partición de 1947 provocó el desplazamiento de aproximadamente 700,000 palestinos, según estimaciones de la UNRWA(Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente). Sin embargo, este no fue un evento aislado, sucesos posteriores han resultado en episodios adicionales de desplazamiento, lo que ha llevado a un alto número de refugiados palestinos en la región. Las cifras exactas pueden variar, pero la cuestión de los refugiados palestinos es una práctica sistemática y generalizada que constituye crímenes de Lesa Humanidad por parte del Estado de Israel.

Recientemente, un documento del Ministerio de Inteligencia israelí ha revelado planes que plantean la expulsión de cerca de dos millones de palestinos de la Franja de Gaza. Estos planes incluyen la creación de «zonas estériles» en el Sinaí y un llamamiento a países como Estados Unidos para apoyar estas medidas. También se sugiere la «absorción de refugiados» por parte de algunos países, como España y Grecia, a cambio de «presupuestos de absorción».

En medio de estos planes, el número de palestinos asesinados por Israel en la Franja de Gaza asciende a 10.569; 4.324 niños; 2.823 mujeres y 649 ancianos. La cifra de heridos es de 26.475 y la de desaparecidos es de 2.550, entre ellos 1.350 niños.

Europa se encuentra en una encrucijada energética desde el estallido de la guerra ruso-ucraniana. Las sanciones internacionales contra Rusia, un histórico proveedor de gas natural, han dejado al continente sediento de fuentes de energía asequibles. En 2022, Europa se sumió en una grave crisis energética sin precedentes, en la que el único beneficiado parecía ser Estados Unidos, que vendía gas licuado a los europeos a un precio un 40% más alto que el ofrecido por Rusia.

La urgencia de encontrar nuevas fuentes de gas natural a precios más bajos que los proveídos por Estados Unidos se ha convertido en una prioridad para Europa. Por esta razón, desde 2022, la Unión Europea ha firmado acuerdos con Israel y Egipto para el transporte de gas natural hacia el viejo continente. Sin embargo, en medio de la escasez de gas en Europa, un recurso poco explorado podría cambiar la dinámica energética en la región: el yacimiento de gas natural conocido como Gaza Marine, ubicado en aguas territoriales palestinas.

Este yacimiento submarino, situado a 600 metros bajo el nivel del mar y a 30 kilómetros de la costa palestina, alberga aproximadamente 30,000 millones de metros cúbicos de gas natural, que representan miles de millones de dólares. La explotación de Gaza Marine podría no solo suministrar electricidad y riqueza a Palestina, sino también emancipar al país de la ayuda humanitaria internacional, sin embargo, la situación se complica debido a disputas sobre los yacimientos de gas y petróleo en la región, como el yacimiento petrolífero de Meged, en la frontera entre Israel y Cisjordania. La ONU estima que este campo representa 67,000 millones de dólares en ingresos perdidos para Palestina, y mientras Israel afirma derechos exclusivos de explotación, la Autoridad Palestina reclama su parte correspondiente.

Esta lucha por el acceso y control de recursos naturales se entrelaza con cuestiones de autonomía y justicia en la región. Palestina, si pudiera explotar sus recursos de petróleo y gas, podría lograr una autonomía que hasta ahora le ha sido esquiva bajo el régimen de apartheid ejercido por el Estado de Israel.

Eduardo Galeano dice: “Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz, en nombre de dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero”; esta no es una guerra, se trata de una limpieza étnica, la ocupación de un territorio para apropiarse del petróleo y el gas que le pertenecen a los palestinos.

En este contexto, desde el miércoles 8 de noviembre, miles de familias palestinas del norte de Gaza se desplazaban forzadamente del norte de Gaza. El espectro de otro desplazamiento se cierne sobre la población sitiada y bombardeada, recordando la Nakba de 1948.

Por: Corporación Justicia y Dignidad

El Río Cauca ha sido testigo de la tenebrosa historia del conflicto social armado en el occidente del país. Si el río Cauca hablara aportaría al esclarecimiento de la verdad de este vertedero de sangre que llamamos Colombia. Se sabe que los indígenas llamaban al río Cauca “Bredunco” y que los colonizadores españoles se referían al río por el nombre de “Río Grande”, Cauca o “Marta”. Lo llamaban río Marta por la referencia bíblica de Santa Marta y María Magdalena, ya que el río Cauca se conecta con el río Magdalena, y en toda la historia han sido considerados ríos hermanos.

El Río Cauca es la principal arteria fluvial del occidente del país, nace en el Macizo Colombiano, en el departamento del Cauca, a una altura aproximada de 3.200 msnm, y desciende siguiendo su curso en dirección paralela a la cordillera Occidental. Tiene una longitud de 1.360 kilómetros y desemboca en el río Magdalena, en el departamento de Bolívar, constituyéndose en su más importante afluente. Atraviesa de sur a norte nueve departamentos, brindando grandes beneficios y servicios ambientales vitales a cerca de 183 municipios; además de ser un corredor multifuncional para la conectividad con Latinoamérica y el mundo.

El Río Cauca jugó un papel importante en la masacre de Trujillo Valle, ocurrida a principios de la década de los 90’s. Esta masacre estuvo a cargo de los paramilitares y narcotraficantes Henry Loaiza, alias “El Alacrán”, Diego Montoya, alias “Don Diego”, y los miembros de la fuerza pública, el mayor retirado del Ejército, Alirio Urueña Jaramillo, el militar Diego Rodríguez Vásquez y el teniente de la Policía Nacional José Fernando Berrío. Las víctimas de esta masacre, que suman cerca de las 300 personas, fueron llevadas hasta una hacienda para ser descuartizadas vivas con una motosierra. Algunos hombres fueron castrados y decapitados para luego ser lanzados a las aguas del río Cauca, a plena luz del día. Este trato inhumano fue el que sufrió el sacerdote Tiberio Fernández Mafla, asesinado el 17 de abril de 1990 y cuyo cuerpo fue recuperado días después en el río Cauca.

Los paramilitares del Bloque Calima de las AUC, al mando de Hever Velosa, alias “HH”, durante el año 2000 y 2001, controlaron militarmente 22 municipios del departamento del Cauca. En el año 2000, de conformidad con la información recibida por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, cerca de 54 paramilitares de las AUC llegaron provenientes de Tuluá-Valle y se instalaron en las fincas Las Cañas, La Yolanda y Berejonal en límites entre Valle y Cauca. Desde estas fincas los paramilitares realizaron varias incursiones y operaciones militares en los municipios de Jamundí, Buenos Aires, Santander de Quilichao, Suárez, Caloto y Puerto Tejada. Posteriormente los paramilitares instalaron una base de entrenamiento militar en la vereda San Miguel de la Balsa en el municipio de Buenos Aires.

En la Balsa, municipio de Buenos Aires, el Río Cauca fue un punto estratégico para que los paramilitares cometieran asesinatos y arrojaran a muchas personas que hoy en día se consideran en condición de desaparición forzada. Los paramilitares establecieron un retén permanente en el puente La Balsa, sobre el Río Cauca, allí se llevaban a las víctimas amarradas, las paraban sobre la orilla y las fusilaban a la luz pública, el cuerpo caía destrozado a las aguas y nunca más se volvía a saber del cadáver. Así lo indicó el cronista Alfredo Molano en sus relatos.

En el municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, los paramilitares del bloque Calima, para evitar que los índices de violencia se dispararan y no dejar evidencia de sus crímenes en las calles, decidieron utilizar al río Cauca para encubrir la escalada de violencia. Para ello, sacaban a sus víctimas del casco urbano o de las veredas del municipio y las llevaban a los territorios por donde pasaba el río Cauca y eran de su dominio. Entre ellos se encuentran la vereda Lomitas, en donde instalaron una base. Decenas de cuerpos fueron arrojados al río Cauca y nunca más volvieron a ser vistos. Algunos cuerpos fueron rescatados por que se quedaron atorados en palos o recodos del río.

En la zona de influencia del polémico megaproyecto “Hidroituango” la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha determinado que hubo 2.094 desaparecidos de los municipios de Briceño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabanalarga, Tarazá, Toledo y Valdivia, ubicados en el norte de Antioquia. La JEP determinó esa cifra después de que el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) solicitara medidas cautelares para proteger 16 lugares del país donde se cree hay desaparecidos. Se trata de localizar los cuerpos de los desaparecidos bajo el agua, en este caso, poblaciones aguas arriba de la represa sobre el Río Cauca. Se determinó que hay 282 sitios de interés para la búsqueda que están bajo el agua, donde habría 131 personas que desaparecieron cerca del río Cauca.

La JEP determinó que el Río Cauca es una víctima del conflicto armado. La decisión se tomó en respuesta a la petición que presentaron los Consejos Comunitarios Afrocolombianos del norte del Cauca, que han denunciado las graves afectaciones que ha sufrido el río Cauca a causa de su utilización como fosa común, el uso de mercurio para la minería ilegal y el vertimiento de químicos derivados de la producción de sustancias ilícitas por parte de grupos al margen de la ley. Las JEP detalló que entre los años 2000 a 2004 se realizó una conducta sistemática permitida por la fuerza pública, y realizada por grupos paramilitares, que consistió en asesinar personas y arrojarlas al río Cauca para que nunca pudieran ser encontradas. Esto no solo afectó la vida de estas personas, sino también al medio ambiente y vulneró profundamente la relación de decenas de comunidades étnicas con la naturaleza.

A través del Caso 05, relacionado con los hechos de violencia del norte de Cauca y del sur de Valle del Cauca, la JEP escuchó los testimonios de los líderes del Bloque Calima de las AUC. En sus relatos han referido la existencia de alianzas de esa organización con miembros de la fuerza pública que operaban en la región para desaparecer a sus víctimas y arrojarlas al río Cauca. La decisión de la JEP indica que los delitos contra la naturaleza constituyen graves infracciones contra el DIH, que pueden constituir crímenes de guerra. En este sentido, la JEP recordó que: la Norma 43 consuetudinaria del Comité Internacional de la Cruz Roja, establece que existen tres principios generales sobre la conducción de las hostilidades que se aplican al medio ambiente que se vulneran en el caso de crímenes contra la naturaleza:

1) Ninguna parte del medio ambiente natural puede ser atacada, a menos que sea un objetivo militar. 2) Está prohibida la destrucción de cualquier parte del medio ambiente natural, salvo que lo exija una necesidad militar imperiosa. 3) Está prohibido lanzar ataques contra objetivos militares de los que quepa prever que causen daños incidentales al medio ambiente natural, que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista.

Víctima y testigo de tantos y tan graves hechos de abuso y violencia, aguarda el río Cauca, en su infatigable navegar. Aguarda por la intervención de la justicia, por el esclarecimiento de la verdad por tantos años sumergida, por el restablecimiento y la protección de su dignidad y la de todos los pueblos que por siempre han habitado a la vera de una de las dos arterias pluviales más importantes de nuestro sufrido y también esperanzador territorio colombiano.

Por: Sofía López Mera Abogada defensora de Derechos Humanos   Corporación Justicia y Dignidad.

¿Dónde está Narly?, es la pregunta que nos hacemos incansablemente. Familiares, amigos, acompañantes, organizaciones sociales y de mujeres, al igual su pequeña hija, quien desde los cinco años le sigue escribiendo cartas de amor en días de la madre y en los días de cumpleaños, esperando, al igual que nosotros, por su regreso. ¿Dónde está Narly?, le preguntamos al Estado Colombiano a través de derechos de petición dirigidos a la Cancillería Colombiana y de informes radicados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin que se obtenga respuesta efectiva. Han pasado tres años exactos desde la desaparición forzada sin saber del paradero de la víctima y el caso se encuentra en la más absurda impunidad.

Narly Gómez Jiménez fue desaparecida forzadamente el día 27 de enero de 2020 y la última persona con quien fue vista fue su excompañero sentimental, padre de su hija, el militar Ever Yobany Muñoz Imbachí, en zona rural de Popayán. Ever Yobany era soldado profesional adscrito al Grupo de Caballería Liviano Meteoro.  El día señalado, Narly y su menor hija se trasladaron a un colegio para realizar diligencias de matrícula para la menor (última imagen en video de Narly registrada por una cámara de seguridad cerca de la institución educativa). Posteriormente y por averiguaciones de la familia se supo que Narly, Ever Yobany y su hija se trasladaron a una zona rural de Popayán a ver unos lotes.

La niña manifestó posteriormente que el día de los hechos su papá se había ido con su mamá y que la dejó encerrada en “una casa de paredes de tierra” y “luego llegó sólo y con los brazos manchados de sangre”. Otros testimonios que obran en el proceso penal indican que la pareja bajó discutiendo en dirección a un río y que de regreso el militar subió mojado, sin camisa y bastante asustado. Ever Yobany se trasladó en una camioneta alquilada, hasta el corregimiento de Guachicono (municipio La Vega), junto a su hermana Ruby Muñoz. En este lugar pretendieron regalar a la niña a unos familiares quienes no quisieron recibirla porque no tenía autorización de Narly. Por ello, la niña fue dejada donde la madre de Ever Yobany, posteriormente la abuela paterna les entregó la menor a los familiares de Narly.

Por este caso, el día el 22 de abril de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH le otorgó medidas cautelares tras considerar que se encuentran en situación de extrema gravedad e instó al Estado colombiano a actuar inmediatamente ordenando medidas para dar con su paradero. Desde el 16 de diciembre de 2019, ante la fiscalía Narly, había denunciado al militar sobre la violencia intrafamiliar de la que venía siendo víctima, nadie protegió a Narly a pesar de que ella denunció oportunamente y Narly finalmente se encuentra en situación de desaparición forzada.

Los familiares de Narly han realizado búsquedas sin institucionalidad en la zona rural de los municipios de Timbío y Rosas apoyados por la solidaridad de vecinos, amigos y lideresas sociales que buscan a los desaparecidos en el Cauca. Las Fiscalía Primera Especializada y La Fiscalía séptima especializada demoraron por nueve meses una orden de captura contra el presunto responsable, y posteriormente informaron que el militar habría sido asesinado en extrañas circunstancias en el departamento del Huila. Luego de exigir pruebas de ADN para la efectiva identificación del militar, ahora la Fiscalía Primera Especializada presiona para la preclusión y archivo de la investigación. Se teme que con el archivo de la investigación el caso forme parte de los anaqueles polvorientos en donde no es posible el restablecimiento de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación para las mujeres victimas de las violencias basadas en género.

De nada sirvió que el caso este en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni que se adelanten reuniones de concertación de alto nivel coordinadas con la Cancillería Colombiana, ya que la Fiscalía General de la Nación y los funcionarios judiciales en el departamento del Cauca no conocen del derecho internacional de los derechos humanos, ni de los mecanismos internacionales de protección, adelantando procesos sin el cumplimiento de los principios de la debida diligencia y sometiendo a los familiares de las víctimas a procesos de revictimización con graves consecuencias emocionales. Que difícil ha sido que el director seccional de fiscalías de Popayán, en el marco del pronunciamiento internacional, pueda enviar el proceso a una fiscalía especializada destacada en género o a una unidad para las violaciones a los derechos humanos. Igualmente, que la fiscalía titular ordene búsquedas especializadas con personal idóneo. Las búsquedas de Narly por parte de las instituciones judiciales del Cauca no pasaron de ser formatos digitalizados y promesas para el diseño de rutas que jamás se conocieron ni se recorrieron. Los familiares de Narly siguen buscando sin institucionalidad a su ser querido en condición de desaparición forzada.

Mientras tanto, en la actualidad, en un ambiente hostil y de total desprotección bajo la amenaza y el acoso, mediante llamadas telefónicas a través de abogados inescrupulosos, los familiares del militar Ever Yobani Muñoz quieren apoderarse de lotes, motocicletas, acreencias laborales que en vida le pertenecieron al Militar.

¿Dónde está Narly? rezan varios carteles y fotografías sostenidos por familiares y amigos que hacen un plantón en el parque Caldas de la ciudad, a los tres años de su desaparición forzada.