🇳🇵Nepal: cuando la juventud dijo basta

Nepal, un país encajonado entre las montañas del Himalaya, suele aparecer en los mapas de los turistas que sueñan con llegar al Everest. Pero en septiembre de 2025 apareció en las noticias del mundo por otra razón: una generación cansada de callar, harta de cargar con un sistema político corrupto, salió a las calles y en pocos días tumbó a su primer ministro, incendió edificios públicos y abrió la posibilidad de un futuro distinto.

Todo comenzó con un gesto que para muchos pudo parecer trivial: el bloqueo de redes sociales. El gobierno de K.P. Sharma Oli, un político veterano que había gobernado varias veces Nepal, ordenó cerrar Facebook, YouTube, X (antes Twitter) y otras plataformas porque no se habían registrado bajo sus nuevas reglas. Para la Generación Z nepalí —adolescentes y jóvenes nacidos con un celular en la mano— eso fue como quitarles el aire.

Las calles se llenaron primero de pancartas, después de gritos, más tarde de fuego. La protesta que empezó como defensa de su derecho a expresarse se transformó en un grito contra años de corrupción, desigualdad y falta de futuro.

El país que estalló

En cuestión de días, los enfrentamientos se extendieron por Katmandú y otras ciudades. Jóvenes que nunca habían participado en política se organizaron en Discord, Telegram y foros improvisados. Las imágenes dieron la vuelta al mundo: miles de personas ocupando plazas, policías lanzando gases, columnas de humo negro saliendo de edificios estatales.

La represión fue dura. Organismos internacionales contabilizaron más de 70 muertos y más de mil heridos. Se incendiaron oficinas de partidos políticos, estaciones de policía, casas de líderes acusados de enriquecerse mientras el pueblo sobrevivía con lo mínimo.

El parlamento se disolvió y el primer ministro Oli, debilitado y señalado como símbolo de un sistema agotado, presentó su renuncia y huyó de Katmandú. Con él cayó no sólo un gobierno, sino una forma de ejercer el poder que parecía intocable.

El relevo inesperado

En medio del caos, el país necesitaba una figura que no encendiera más la rabia popular. Fue entonces que apareció el nombre de Sushila Karki. Muchos en Nepal la conocían por haber sido la primera mujer en dirigir la Corte Suprema y por su reputación intachable en la lucha contra la corrupción. Nunca militó en partidos ni fue parte de la maquinaria de favores y lealtades.

Nombrarla primera ministra interina fue una apuesta por la neutralidad, un gesto simbólico hacia la juventud que pedía un cambio real y una señal al mundo de que Nepal no estaba condenado al colapso.

Karki asumió con un mandato claro: calmar la crisis, garantizar elecciones para marzo de 2026 y atender a las víctimas. Prometió compensación económica para las familias de los muertos, atención médica gratuita para los heridos y reconstrucción de los edificios arrasados por las llamas.

El eco de una vieja consigna

Quienes miran a Nepal desde lejos podrían pensar que se trató de un estallido espontáneo. Pero la semilla del descontento lleva años germinando. En 2004 y 2005, cuando el país estaba en plena guerra civil, movimientos sociales nepaleses se unieron a la ola global del Foro Social Mundial y adoptaron el lema “Otro mundo es posible”. Esa frase acompañó marchas contra la monarquía y alentó la movilización que terminó, en 2006, con la caída del rey Gyanendra y el nacimiento de la república en 2008.

Veinte años después, los hijos e hijas de aquella generación volvieron a gritar, aunque con sus propias palabras, que otro Nepal es posible.

Rumores y certezas

Como suele ocurrir en contextos convulsos, aparecieron versiones que buscaban deslegitimar la protesta. Algunos medios insinuaron que detrás estaba la CIA, como parte de un guion repetido de conspiraciones extranjeras. Sin embargo, investigaciones de campo mostraron otra realidad: jóvenes hartos de ser ignorados, organizados en redes digitales, tomando las calles porque sentían que no tenían futuro.

La teoría de la “mano extranjera” sirvió a algunos sectores para negar la profundidad de la crisis. Pero lo cierto es que la rabia acumulada, la censura digital y la represión estatal fueron suficientes para encender la chispa.

El reto que sigue

El cambio no está asegurado. Nepal se encamina a elecciones en 2026 con la promesa de que serán libres y limpias. La pregunta es si las viejas élites se reciclarán bajo nuevos nombres o si de verdad se abrirá espacio para las voces jóvenes, mujeres, campesinos e indígenas que fueron protagonistas de la revuelta.

Hoy, mientras las cicatrices aún duelen y los escombros siguen humeando, Nepal vive una pausa incierta. Pero algo cambió: una generación descubrió su fuerza. Y cuando una juventud descubre que puede hacer caer gobiernos, difícilmente vuelve a callar.

Por Justicia & Dignidad/Periodismo independiente e investigativo

🇨🇱 Chile 11 de septiembre de 1973

Ese día el sol salió, pero no amaneció.

Las radios despertaron con voz de guerra, no con música.

Decían: “Las fuerzas armadas han tomado el control”.

El pueblo entendió: la patria había sido secuestrada.

En La Moneda, Allende se puso un casco, tomó un fusil regalado,

y con voz de padre se despidió de sus hijos:

“Yo no me rendiré… algún día se abrirán las grandes alamedas”.

Su voz entró en las casas humildes como puñal y caricia.

Las madres abrazaban a sus niños,

los escondían bajo la cama,

quemaban libros de Neruda y fotos de compañeros.

El miedo se servía en las mesas en lugar de pan.

A las 11:52, los aviones bajaron del cielo como buitres.

Bombas contra un palacio.

Fuego contra la esperanza.

Santiago lloró humo y escombros.

Allende no huyó.

Decidió morir de pie, con la dignidad como única bandera.

Allí, entre llamas y ruinas, se disparó al corazón del miedo.

Ese balazo aún resuena en la historia.

Esa noche, los estadios se llenaron de cuerpos vivos tratados como despojos.

Víctor Jara cantó con la boca rota,

aunque le habían quebrado las manos.

Cantó hasta que las balas callaron su voz.

El país se volvió silencio,

un silencio a golpes, a gritos apagados,

a puertas golpeadas de madrugada,

a nombres borrados que siguen esperando ser pronunciados.

Chile quedó a oscuras.

Pero bajo esa oscuridad,

un pueblo empezó a guardar en el alma el fuego de la memoria.

Porque ningún fusil mata la ternura,

ninguna bomba borra un sueño,

y ninguna dictadura logra apagar

el llanto que recuerda.

Por Sofía López Mera/ Justicia & Dignidad

El destierro de Ana Beatriz

En las montañas de La Plata, Huila, la vida siempre ha sido dura. El viento corre frío entre cafetales y cañadas, y la gente sabe que la tierra es lo único seguro… hasta que vienen y la arrebatan.

El pasado 5 de septiembre, a Ana Beatriz Sánchez —lideresa social, mujer de palabra firme y manos curtidas de comunidad— se la tragó el monte. El frente Hernando González Acosta se la llevó en silencio, como quien corta una rama del árbol más frondoso de la vereda. La noticia corrió de casa en casa, de fogón en fogón, y en cada corredor se escuchó el mismo murmullo: “otra vez nos dejaron sin voz”.

Ocho días después la devolvieron. Con acompañamiento de la Cruz Roja, frente a los ojos cansados de la vereda San Vicente, la dejaron ir. Pero no fue una liberación, fue una condena. Le dijeron que no podía volver a su tierra, que se fuera, que quedarse era arriesgarse. No fueron balas las que la sacaron, sino la amenaza que cae como piedra sobre el pecho: el destierro.

Ana Beatriz regresó con su familia, pero no con su vida. Porque su vida estaba en esas montañas, en los caminos que enseñan a los niños a llegar a la escuela, en las reuniones comunitarias, en la voz que defendía al campesino frente al abandono del Estado y la presión de los fusiles. Hoy está viva, sí, pero arrancada de raíz.

El secretario de Gobierno, Juan Carlos Casallas, rechazó el hecho, lo llamó “un golpe grave a los derechos de quienes defienden a la población civil”. Palabras. Las mismas de siempre. Los caminos siguen vacíos, las casas siguen marcadas, los líderes sociales siguen contando sus días como si fueran prestados.

La comunidad de La Plata quedó con la herida abierta: ¿quién hablará ahora por los que no tienen voz? ¿Qué garantías reales hay para que un líder social pueda quedarse en su tierra sin que lo silencien?

Ana Beatriz es una más en la lista interminable de mujeres y hombres a quienes no les matan el cuerpo, pero sí les arrancan el alma: el derecho de pertenecer a su tierra. Porque el destierro, en Colombia, es otra forma de sepultura.

Por Justicia & Dignidad/Periodismo independiente e investigativo

Huila: los falsos positivos y desapariciones forzadas que la JEP destapa en la era Uribe

No eran solo “falsos positivos”. En los caminos polvorientos del Huila, en las veredas donde la neblina se queda prendida en las montañas, el Ejército no solo disparaba contra supuestos guerrilleros. Durante los años más duros del gobierno de Álvaro Uribe, mataban a jóvenes y campesinos —muchachos que buscaban trabajo en la plaza, jornaleros que apenas podían llenar la olla, hombres arrancados de sus casas al amanecer— y luego los vestían con botas de caucho, les colgaban un fusil oxidado en las manos, y los presentaban como bajas en combate.

La tierra del sur del Huila está llena de esas historias. Los cementerios también. El viejo San Antonio de Padua, en Pitalito, guarda en silencio lo que los noticieros no dijeron: fosas abiertas a toda prisa, cuerpos apilados sin nombre, madres llorando sin tumba dónde rezar. Hace apenas unos días, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) anunció que recuperó 17 cuerpos en ese camposanto. Se pensaba que habría diez o doce, pero la pala destapó once fosas, algunas colectivas, con los restos de quienes desaparecieron entre 1998 y 2012, en Pitalito, San Agustín, Acevedo, Palestina y hasta Santa Rosa, en el Cauca.

Por primera vez, seis exmilitares comparecientes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) bajaron la mirada y se ensuciaron las manos en esas exhumaciones. No eran solo soldados. Eran hombres que, en otros años, empuñaron el poder de decidir quién vivía y quién moría. Hoy, como parte de sus compromisos restaurativos, ayudaron a desenterrar a los que ellos mismos un día hicieron desaparecer.

La JEP ha documentado que en el Huila hubo asesinatos y desapariciones forzadas cometidos por la Novena Brigada. En total, 32 desapariciones están ya registradas en el subcaso Huila del Caso 03. El año pasado, 35 militares fueron imputados, incluidos generales, por 200 crímenes: entre ellos asesinatos, desapariciones y tentativas de homicidio. Y en una audiencia en Neiva, 74 uniformados aceptaron responsabilidad por 108 hechos: 32 desapariciones forzadas y 8 intentos de homicidio.

Mientras la JEP les pregunta por los cuerpos, la UBPD los encuentra. Con los 17 de ahora, ya son 40 restos recuperados en el cementerio de Pitalito. Cuatro han regresado a casa de sus familias en Huila, Caquetá, Cauca y Cesar; otros tres están por volver. Los demás esperan en osarios, bajo custodia, hasta que la ciencia confirme lo que el corazón de las madres ya sabe.

Las familias, junto a organizaciones sociales, caminaron la Ruta de la Memoria: sembraron rosas, tejieron un telar y escucharon las voces de los buscadores. Porque la memoria no solo se escribe con papeles y expedientes: también con tierra removida, con flores rojas sobre las tumbas, con lágrimas que se convierten en semilla.

La historia del Huila no cabe en los informes fríos ni en las estadísticas de despacho. Está escrita en la tierra removida del cementerio de Pitalito, en las fosas abiertas a la carrera en nombre de la “seguridad democrática”. No eran guerrilleros, eran campesinos, eran jóvenes, eran hijos. Y ahora, poco a poco, el país se entera de lo que siempre supieron sus madres: que los uniformados no solo peleaban una guerra, también enterraban a inocentes en silencio.

Por Justicia & Dignidad

Periodismo independiente e investigativo

Israel ataca con dron al barco Family de la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza con Greta Thunberg a bordo

El humo que se levanta sobre el puerto de Túnez no es solo humo: es un mensaje para el mundo. El Family, uno de los barcos principales de la Flotilla Global Sumud for Gaza, había zarpado de España rumbo a Gaza, cargado no de armas ni soldados, sino de pan, medicinas y dignidad. En su cubierta viajaban seis personas, entre ellas Greta Thunberg, símbolo de la juventud que todavía se atreve a soñar que la vida puede salvarse.

El viaje era sencillo en su propósito: romper el cerco, llevar ayuda, hacer visible lo que el poder quiere ocultar. Pero los sueños son peligrosos para quienes viven de la guerra. Según la Flotilla, un dron israelí descendió sobre el Family y prendió fuego a la cubierta principal y a las bodegas. Túnez niega la agresión. Habla de accidente. Como siempre: las versiones oficiales se redactan en embajadas extranjeras, mientras las cenizas hablan otro idioma.

La escena remite inevitablemente a otras páginas de esta misma historia. El Mavi Marmara, en 2010, atacado por comandos israelíes en aguas internacionales, dejó nueve muertos y un mensaje: nadie puede desafiar el bloqueo sin pagar un precio. Antes de eso, Sabra y Chatila en 1982: centenares de palestinos masacrados bajo la mirada cómplice del ejército israelí. Cada generación de palestinos lleva cicatrices distintas, pero todas dibujan la misma cartografía del horror.

La Flotilla Global Sumud for Gaza eligió el nombre árabe sumud, que significa resistencia, permanecer en pie cuando todo te quiere derribar. Desde los puertos de España hasta las aguas del Mediterráneo, estos barcos pequeños cargan una dignidad más grande que cualquier fragata de guerra. Y es esa dignidad la que incendian con drones, como quien quiere apagar una llama que no se deja sofocar.

Pero lo que ocurre en Gaza no se queda en Gaza. Es el laboratorio de un genocidio transmitido en tiempo real, bajo la indiferencia de gobiernos que callan y de pueblos que miran de reojo. Si el mundo tolera esto, mañana esos mismos métodos de exterminio se aplicarán en otras geografías. Ya se escuchan amenazas de invasión en Venezuela. Ya Milei, en Argentina, entrega la Patagonia en bandeja a Netanyahu bajo el viejo fantasma del Proyecto Andinia. Ya Colombia se asoma al abismo con bases militares extranjeras y un territorio cada vez más disputado.

La humanidad entera está a prueba. Si no se frena el genocidio en Gaza, terminaremos todos a merced de los mismos criminales que convierten los mares en cementerios y las fronteras en paredones. Hoy es Gaza. Mañana puede ser aquí, en nuestras montañas, en nuestros ríos, en nuestros hijos.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Sobre cerdos, pegasos y lechonas. Espionaje en Colombia 2026

En Colombia tenemos el dudoso privilegio de coleccionar presidentes mediocres. Pero Iván Duque se convirtió en la flor y nata de ese estercolero: el peor presidente de la historia reciente y, para colmo, ahora se inaugura como el peor expresidente. Su legado no necesita adornos: bombardeos a campamentos donde dormían niños reclutados, el conteo macabro de ochenta jóvenes asesinados durante el estallido social y la moda siniestra de dejar tuertos a los que se atrevieron a protestar. Sus compinches, Eduardo Zapateiro, ese alumno aplicado de la Escuela de las Américas, y Diego Molano, pistolero con fuero ministerial, completan la tríada de lesa humanidad que tarde o temprano la justicia —o la memoria— pondrá contra las cuerdas.

Pero lo verdaderamente obsceno no está solo en la sangre. Está en la sonrisa congelada de Duque al lado de Benjamin Netanyahu. En la complicidad fotográfica con el genocidio de Gaza. Allí no le tembló la voz para posar, como si la muerte de niños fuera apenas un decorado para sus selfies diplomáticas.

Hoy, sin embargo, no venimos a hablar de cadáveres —aunque inevitablemente asomen—, sino de Pegasus. El software espía comprado en 2021 bajo su gobierno, en un turbio negocio de once millones de dólares en efectivo que volaron, literalmente, de Catam a Tel Aviv. No fue magia ni fueron unicornios: fue el Estado colombiano comprando tecnología para espiar opositores, periodistas y quizá hasta a los mismos que firmaban los cheques.

Lo paradójico es que, tras destaparse el escándalo, Estados Unidos apareció en escena como financista antinarcóticos y la Fiscalía abrió investigaciones que, como siempre, duermen en algún cajón. La novela de Pegasus parecía enterrada hasta que, en 2025, Duque reapareció sonriente en Jerusalén, estrechando la mano de Netanyahu. Oficialmente hablaban de innovación social y de libros. En realidad, más parece un reencuentro de proveedores. Un repaso de manual de espionaje a la criolla.

Porque la derecha uribista ya tiene juguetero nuevo. Y juguete nuevo también. Nadie sabe si es otro Pegasus más sofisticado, o un acuerdo más turbio. Pero todos sabemos para qué sirve: para vigilar, para intimidar, para manipular elecciones. Para preparar el terreno del 2026.

Al final, lo único cierto es que Duque sigue representando el país de papel maché que nos vendieron: un país que exporta muertos, importa espías y, paradójicamente, apenas ahora —en tiempos de Petro y no en los de Duque— logra exportar lechona. La historia, ya se sabe, tiene un humor extraño. Entre Pegasus, Netanyahu, sangre y chicharrones, lo que nos queda es reír para no llorar.

Por Justicia y Dignidad. Periodismo Independiente e Investigativo.

Así no, compañeros indígenas, así no

Primero fue Enrique Yalanda, aquel “gobernador” de utilería del resguardo La María, con el guiño complaciente del alcalde de Piendamó. Su especialidad: cerrar la Panamericana como si fuera su finca privada. Un día amanecía con ganas de bloqueíto y ¡zas!, todo el sur del país paralizado. Eso sí, bien antipetrista, bien anti-CRIC, más alineado con la OPIC, esa organización indígena que Uribe se inventó en los 2000 para hacerle contrapeso a la minga.

Ahora el turno es de los indígenas de Mondomo. Estos, por el contrario, se alinean con el gobierno Petro, con credencial CRIC bajo el brazo y la bandera de la “justa causa”: tierras en el Caquetá. Y como el manual del sur no falla, el método es el mismo: cierre de la Panamericana, esta vez en pleno festival gastronómico de Popayán. Porque claro, ¿qué mejor manera de presionar al gobierno que estrangular el único evento donde la ciudad blanca se maquilla de turismo para ocultar que no tiene industria, ni empleo, ni fábricas?

Pero lo que logran, más allá de la lista de peticiones, es ganarse el odio del caucano de a pie. Ese que no puede llegar al trabajo, que se queda sin vender en la feria, el enfermo que intenta pasar para Cali porque la salud del Cauca es un chiste de mal gusto, o simplemente el ciudadano que se mama de que cada pelea particular se convierta en tragedia colectiva. Y así, de lucha popular no queda nada: suena más a berrinche de finca que a reivindicación histórica.

¿El resultado? Una Popayán aún más racista de lo habitual. Porque cada bloqueo no abre conciencias, sino que alimenta resentimientos. Así no se construye pueblo, compañeros. Al pueblo se le suma en las luchas, porque la unidad es el camino; al pueblo no se le ataca. El enemigo no es el vecino que vende empanadas en la esquina, ni el turista bogotano que llega a probar el aplanchado, el tamalito o la empanada de pipián; tampoco el paisa fascinado con su arepa transformada en carantanta o el salpicón de Baudilia. El enemigo es el modelo que nos condena a sobrevivir en una ciudad sin futuro.

Así no, compañeros indígenas. Así no.

Por Justicia & Dignidad/Periodismo independiente e investigativo

Llegó Uribe a Popayán y estalló el terror

El 3 de septiembre de 2025 Álvaro Uribe Vélez aterrizó en Popayán. Llegó escoltado y sonriente, diciendo que venía por asuntos personales, pero en realidad se reunió con dirigentes políticos, empresarios y seguidores del Centro Democrático en un hotel de la ciudad. Entre canapés y promesas recicladas, lanzó su idea estrella: un segundo Plan Colombia para “liberar al Cauca del narcoterrorismo”, con la vieja receta de fumigaciones, mano dura y alianzas con Estados Unidos.

Al día siguiente, hoy 4 de septiembre, Popayán amaneció tomada por el miedo. En la entrada norte, sobre la Variante y el puente de Bellavista, aparecieron pipas-bomba colgadas con celulares adheridos como sistemas de activación, acompañadas de pancartas del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las FARC. El tránsito fue cerrado, la gente atrapada en el caos, las familias resguardadas en sus casas mientras la policía intentaba controlar la escena. El recuerdo de abril y mayo, cuando ya se habían visto artefactos explosivos y mensajes similares en las mismas vías, volvió a hacerse presente.

La coincidencia es demasiado perfecta para creer en el azar: Uribe vino a hablar de guerra y la guerra respondió a su llamado. Su campaña electoral se presenta como cruzada de seguridad, pero cada vez que pisa el Cauca, los fantasmas de la violencia reaparecen con puntualidad. Es casi una coreografía macabra: discursos sobre orden en los salones elegantes y cilindros bomba en los puentes de la ciudad.

Con una dosis amarga de sátira, se podría decir que la estrategia es impecable: mientras el candidato habla de salvar al pueblo, el pueblo se salva como puede de los explosivos. Y al final el mensaje cala: la seguridad no es más que miedo administrado, la democracia se ejerce bajo amenaza y la política se reduce a campaña de terror.

Lo que Popayán está viviendo desnuda una verdad incómoda: las disidencias de las FARC se comportan como el brazo armado del uribismo. Mientras unos hacen campaña con discursos, otros refuerzan el libreto con bombas. Y en medio de esa alianza no declarada queda la ciudad, secuestrada otra vez por la violencia que nunca se fue.

Por Justicia & Dignidad/Periodismo independiente e investigativo

El barco fantasma del Comando Sur: mentiras que huelen a invasión

El gobierno de Estados Unidos, de la mano de Donald Trump y Marco Rubio, anunció con bombos y platillos que había “destruido un barco lleno de drogas procedente de Venezuela”. El Comando Sur, dijeron, realizó un “ataque letal” en el mar Caribe que dejó once muertos. Hasta aquí, la narrativa oficial suena firme. Pero al mirar más de cerca, todo comienza a desmoronarse.

¿Dónde están las pruebas?

Washington difundió un video como “prueba”, pero Caracas denunció que era un montaje generado por inteligencia artificial. La acusación no es menor: si el único sustento de una acción militar son imágenes manipuladas, estamos frente a una operación de propaganda.

Nunca se mostró evidencia clara de la supuesta droga: ni el cargamento, ni fotografías verificables, ni testigos independientes.

Tampoco se revelaron las identidades de las once personas asesinadas. ¿Eran realmente miembros del Tren de Aragua o simples pescadores criminalizados después de muertos?

Lo que no cuadra

Si el objetivo era frenar el narcotráfico, lo lógico habría sido interceptar y decomisar la embarcación para obtener pruebas judiciales. En lugar de eso, la hundieron, destruyendo cualquier evidencia.

El uso de un “ataque cinético” contra civiles en aguas internacionales roza la ejecución extrajudicial y viola el derecho internacional.

El discurso oficial de Marco Rubio habla de un “narco-terrorismo venezolano”, una etiqueta que se acomoda perfectamente al guion de una invasión preventiva.

El eco de la historia

No es la primera vez que Estados Unidos recurre a mentiras para justificar agresiones. En Irak fue el cuento de las “armas de destrucción masiva”, que jamás aparecieron. En Libia, la excusa de “salvar vidas” terminó en la destrucción de un país. Hoy, el barco fantasma del Caribe parece cumplir el mismo papel: fabricar un enemigo, generar alarma y preparar terreno para la intervención.

Detrás de la cortina de humo

La pregunta de fondo es: ¿qué se busca realmente? La respuesta no está en los mares del Caribe sino en las riquezas del territorio venezolano: petróleo, gas, oro, coltán. La historia es vieja: la excusa siempre es la seguridad, la droga o la democracia; el resultado, el exterminio de pueblos enteros y el saqueo de sus recursos naturales.

Suena demasiado familiar. Como las armas nucleares nunca encontradas en Medio Oriente, este barco hundido sin pruebas parece otra excusa de Washington para abrir la puerta a la guerra.

Por Justicia & Dignidad/Periodismo independiente e investigativo

Paridad en la Corte Constitucional: Balanta sí, Camargo no

La Corte Constitucional es la guardiana de la Carta Magna, el tribunal que marca el rumbo de los derechos fundamentales en Colombia. En sus manos se han definido decisiones trascendentales sobre la vida, la libertad, la igualdad, los derechos sexuales y reproductivos, la protección de las minorías y la dignidad humana. Pero la pregunta que flota hoy en el Senado, que tiene la responsabilidad de elegir un nuevo magistrado o magistrada, es si esa Corte puede seguir siendo representativa, plural y justa cuando aún está lejos de la paridad de género.

Actualmente, en la Corte hay nueve sillas. De esas, solo dos están ocupadas por mujeres: Natalia Ángel Cabo y Lina Marcela Escobar. La presencia femenina, aunque es un paso frente a lo que había hace unos meses, sigue siendo insuficiente en un país donde las mujeres son más de la mitad de la población y han estado en la primera línea de defensa de los derechos y la democracia. Por eso la eventual elección de María Patricia Balanta, quien sería la primera mujer afrodescendiente en la historia de la Corte Constitucional, representa una oportunidad única no solo para avanzar en paridad, sino también para darle voz y rostro a comunidades históricamente invisibilizadas.

El nombre de Balanta llega cargado de simbolismo. Su trayectoria de más de tres décadas en la Rama Judicial la respalda con solidez técnica. Pero más allá de eso, su elección marcaría un mensaje político profundo: que la Corte no puede seguir siendo un club de hombres privilegiados que deciden sobre la vida de todos y todas, sino un espacio abierto a la diversidad y la pluralidad. Elegir a Balanta sería un acto de justicia con las mujeres, con la población afro y con quienes sueñan con una Corte más cercana al país real.

La terna, sin embargo, también incluye a Carlos Camargo, exdefensor del pueblo, cuya postulación resulta indigna para un tribunal que debe ser garante de derechos. Durante el estallido social de 2021, cuando el país vivió una de las represiones estatales más violentas de las últimas décadas, Camargo optó por darle la espalda a las víctimas. Amarró de manos a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo en el Valle del Cauca, prohibiéndoles acompañar a quienes denunciaban desapariciones, torturas, violencias sexuales y ejecuciones extrajudiciales. En lugar de proteger a la ciudadanía, prefirió mandar emisarios desde Bogotá con línea directa a su despacho, funcionarios que no denunciaban lo que estaba ocurriendo en las calles. Su omisión fue tan descarada que varias organizaciones de derechos humanos lo señalaron de encubrir las graves violaciones cometidas bajo el gobierno de Iván Duque.

Pero el prontuario de Camargo no termina allí. Investigaciones periodísticas revelaron que, durante su paso por la Defensoría, contrató a familiares de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el mismo tribunal que ahora lo postuló. Es decir, su candidatura no se explica por méritos jurídicos o éticos, sino por favores burocráticos y clientelismo. Un intercambio vergonzoso que deja al descubierto cómo se siguen utilizando las instituciones del Estado para pagar cuotas de poder. Resulta asqueante pensar que alguien con esa trayectoria pueda aspirar a ser guardián de la Constitución.

La Corte Constitucional no puede ser cómplice de ese pacto de silencios y favores. El Senado tiene en sus manos la posibilidad de elegir entre la dignidad y la indecencia, entre la representación plural y el continuismo clientelista. La elección de Balanta no resolvería todos los problemas, pero sí enviaría un mensaje claro de que el país no tolera más exclusiones ni pactos de élites. Que la Corte, como guardiana de la Constitución, debe reflejar la sociedad que dice proteger: diversa, justa y con igualdad de género.

El futuro de la democracia en Colombia también se juega en estas elecciones. Apostarle a Balanta es apostar por una Corte más legítima y más cercana al pueblo; elegir a Camargo sería hundirla en el descrédito y la desconfianza. El Senado tiene la palabra, y la historia está mirando.

 

Por Justicia & Dignidad/Periodismo independiente e investigativo