ICE y el derrumbe interno de Estados Unidos

por Sofia Lopez2026, Pueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

Las muertes recientes vinculadas a la agencia de inmigración estadounidense no son números ni expedientes. Son cuerpos caídos en calles, celdas y carreteras. Son historias que, una tras otra, dibujan el mapa de un país que normalizó la violencia estatal como método de gobierno.

En Minneapolis, Renée Nicole Good, mujer de 37 años, ciudadana estadounidense, madre y voluntaria comunitaria, fue asesinada por un agente federal mientras observaba un operativo migratorio en su propio barrio. Testigos dicen que retrocedía, que no representaba amenaza alguna. El disparo fue inmediato. La explicación oficial llegó después, fría y técnica, como si la vida de Renée cupiera en un protocolo.

Días más tarde, en la misma ciudad, Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos, también ciudadano estadounidense, fue abatido por agentes federales. Grababa con su celular. Documentaba. El acto de mirar se volvió motivo suficiente para morir. Dos muertes, mismo lugar, misma fuerza, mismo silencio institucional.

Más al sur, en Texas, el horror tomó la forma del encierro. Geraldo Lunas Campos, cubano de 55 años, murió dentro de un centro de detención. Dijeron que fue suicidio. El forense dijo otra cosa: homicidio por asfixia. “No puedo respirar”, gritó antes de morir. Frase repetida, conocida, ignorada. En ese mismo complejo murieron otros hombres migrantes, entre ellos Víctor Manuel Díaz, nicaragüense, cuya familia aún espera respuestas que no llegan.

Durante un solo año, decenas de personas murieron bajo custodia migratoria. No en guerras. No en zonas de combate. Murieron detenidas por el Estado, en centros que prometen “custodia administrativa” y entregan muerte, negligencia y encubrimiento.

La respuesta no tardó. Las calles se llenaron de gente. Minneapolis fue el epicentro, pero no el único punto del temblor. Marchas, vigilias, huelgas, cierres de negocios, protestas interreligiosas. Familias migrantes, sindicatos, estudiantes, médicos, artistas. Un país fragmentado encontrándose en el rechazo a una fuerza que ya no se percibe como civil.

Lo que ocurre no es solo una crisis migratoria. Es una crisis de poder. La agencia de inmigración dejó de ser un órgano administrativo para convertirse en una fuerza armada con lógica de enemigo interno. En barrios, hospitales, escuelas y carreteras, sus agentes operan con armas largas, rostros cubiertos y una narrativa de guerra.

Bajo el liderazgo de Donald Trump, esta agencia se expandió, se financió y se legitimó políticamente. La retórica del enemigo, del invasor, del peligro, justificó la militarización del control migratorio. Pero el resultado no se quedó en las fronteras: estalló dentro del país.

Hoy, muchos advierten algo más grave que abusos aislados. Ven el germen de una guerra civil larvada. Un Estado que dispara contra sus propios ciudadanos. Una fuerza federal que actúa sin control efectivo, protegida por el poder ejecutivo y blindada contra la rendición de cuentas. Una agencia que podría sobrevivir al gobierno que la fortaleció y mutar en algo aún más peligroso.

Por eso, en las calles, el nombre se repite con rabia: ICE. Para miles de personas ya no es una sigla burocrática. Es el rostro de una policía política. La gestapo de Trump. Un aparato que gobierna desde el miedo y la fuerza, que disciplina cuerpos y territorios, que decide quién merece vivir tranquilo y quién no.

Estados Unidos se mira al espejo y no se reconoce. El país que se proclamó defensor de derechos humanos hoy entierra a sus muertos bajo discursos de seguridad. El imperio no cae por invasiones externas. Se desmorona desde adentro, erosionado por la violencia que decidió normalizar.

Y mientras los nombres de Renée, Alex, Geraldo, Víctor y tantos otros siguen resonando en las marchas, la pregunta no es si esto puede empeorar. La pregunta es cuánto más puede sostenerse una democracia que apunta sus armas hacia su propia gente.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Colombia se raja ante el Comité de Derechos del Niño

por Sofia Lopez2026, ImpunidadPublicado el No hay comentarios

Colombia tiene una costumbre perversa: disfrazar la guerra como si fuera un fenómeno natural, una desgracia climática que aparece y desaparece con los vientos, y el Estado responde con protocolos, números y discursos llenos de planes que no cambian nada en la vida real. Pero la guerra colombiana no es un accidente, ni un clima. La guerra es un proyecto político y económico, y si no entendemos que la derecha colombiana es quien la alimenta, no vamos a entender por qué el reclutamiento forzado sigue en ascenso, ni por qué la trata de personas crece al lado de ese reclutamiento como dos ramas de un mismo árbol podrido.

La derecha colombiana —esa que hoy reclama ser el “salvador” del país— necesita la guerra como se necesita la tierra para sembrar. La guerra produce control territorial, miedo, obediencia y legitimación para imponer un orden autoritario. La guerra ofrece el pretexto perfecto para vender mano dura, mientras las economías ilícitas que dependen de rutas, laboratorios, corredores y tierra sin Estado florecen con la impunidad como fertilizante. En ese ecosistema, la violencia no es un mal secundario; es la columna vertebral.

Y en el centro de ese proyecto está Álvaro Uribe Vélez, figura emblemática de la derecha colombiana, jefe supremo de una doctrina que convirtió la seguridad en negocio y la guerra en política de Estado. Uribe no solo promovió la militarización de la sociedad colombiana; sus vínculos documentados con redes del narcotráfico y estructuras criminales lo ponen como protagonista de una historia que va más allá de la retórica política. En 1981, cuando Uribe era director de la Aeronáutica Civil, otorgó una licencia de vuelo a Héctor Mario Cifuentes Villa, hermano de Dolly Cifuentes y miembro de un clan que la DEA y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificaron como pieza clave del cartel de Sinaloa, red criminal que abasteció al Chapo Guzmán. La relación no es rumor: está en documentos oficiales. Y los vínculos familiares se entrelazan: Dolly Cifuentes, pareja de Jaime Alberto Uribe Vélez (hermano menor de Álvaro), fue incluida en listados del Tesoro como operadora financiera de esa estructura, al igual que Ana María Uribe Cifuentes, sobrina política del expresidente.

Mientras estas conexiones cruzan los límites entre poder político y crimen organizado, la guerra en Colombia sigue alimentándose de la sangre y la tierra. Los grupos armados, lejos de ser enemigos abstractos, funcionan en muchos territorios como extensiones de intereses que coinciden con los del poder tradicional: dominación social, control económico y acumulación de recursos a toda costa. Ese es el contexto en el que el reclutamiento forzado de niños y niñas no es un “daño colateral”, sino una pieza funcional de un sistema que necesita cuerpos para sostener su presencia territorial. Entre 2017 y 2025 se registraron 2.949 casos de reclutamiento forzado de menores, y entre 2020 y 2024 se documentaron 2.340 casos, concentrados en Cauca, Meta, Nariño, Chocó y Antioquia. La Defensoría del Pueblo, solo en 2024, recibió 463 reportes y verificó 409 víctimas, de las cuales 300 correspondieron al Cauca, con impacto desproporcionado sobre comunidades indígenas. Naciones Unidas ha advertido que las mismas redes sociales que usamos cotidianamente —TikTok, Facebook e Instagram— ahora sirven para captar y engañar a niños con promesas falsas de dinero y pertenencia.

Y si eso no fuera suficiente para desnudar la lógica del Estado, está el dato que muchos prefieren no mirar: entre agosto y noviembre de 2025, Medicina Legal confirmó la muerte de 15 niños y adolescentes durante bombardeos, y se sostuvo públicamente que las operaciones aéreas continuarían incluso con conocimiento de presencia de menores en los campamentos atacados. El Estado no solo permite que se reclute a la niñez; a veces la alcanza con bombas propias.

A ese reclutamiento se suma una realidad más cruel: la trata de personas, que hoy va de la mano del reclutamiento como dos ramificaciones de la misma violencia. Los niños y niñas no solo son reclutados; también están siendo llevados a zonas petroleras y extractivas a prestar servicios sexuales en condiciones de explotación brutal. El Estado, con su ausencia estructural de un sistema unificado de información, identificación proactiva, refugios suficientes y atención psicosocial especializada, no logra hacer más que registrar cifras que suben sin freno: un incremento del 400% en víctimas entre 12 y 17 años entre 2022 y 2023, y entre 2021 y agosto de 2025 el ICBF reportó ingresos a procesos de restablecimiento de derechos por trata, donde la explotación representa el 86% de los casos.

Y así llegamos a Ginebra: Colombia compareció ante el Comité de los Derechos del Niño y se rajó. No respondió de manera clara, suficiente ni verificable. Entregó papeles, protocolos y planes que no se aplican ni para prevenir el reclutamiento forzado ni para enfrentar la trata de personas. Enumeró políticas, no realidades. Habló de documentos, no de dignidad. Y lo hizo porque no puede resolver lo que no se atreve a nombrar: que la guerra colombiana se alimenta de economías ilícitas y de un proyecto político de derecha que necesita la guerra para mantenerse vigente. Mientras el gobierno progresista, y sobre todo la rama judicial y la Fiscalía, no judicialicen lo evidente —la relación entre narcotráfico, derecha y grupos armados ilegales— el reclutamiento forzado y la trata de personas seguirán en ascenso, y la niñez en Colombia seguirá desamparada. Por eso Colombia se raja ante el Comité de los Derechos del Niño.

 

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La JEP expone a las víctimas y luego dice “no hay riesgo”

por Sofia Lopez2026, Género, ImpunidadPublicado el No hay comentarios

En Colombia la violencia sexual no termina cuando termina el acto. No termina cuando la mujer sobrevive. No termina cuando se atreve a denunciar. En este país, la violencia sexual se prolonga como un castigo: primero en el cuerpo, luego en la memoria, después en el expediente, y finalmente en la amenaza. Y cuando una víctima decide hablar, el sistema le cobra el atrevimiento con una factura que siempre llega: el miedo, el señalamiento, el riesgo.

Así ocurre con las mujeres víctimas de violencia sexual del caso del sargento Juan Pablo Sierra Daza. Mujeres campesinas, civiles, atravesadas por una violencia que el Estado debería investigar con urgencia y reparar con dignidad, pero que en la práctica se diluye en trámites, formalismos y silencios. Porque en Colombia la justicia tiene una costumbre vieja: exigirle a la víctima pruebas imposibles, calma infinita, paciencia eterna… mientras los responsables aprenden a moverse con soltura en los pasillos del poder, con la tranquilidad de quien sabe que la impunidad también es una forma de protección.

La Jurisdicción Especial para la Paz abrió el Macrocaso 11, Subcaso 2, sobre mujeres víctimas de violencia sexual en el Putumayo, para decirle al país que ahora sí: que la verdad es central, que las víctimas están en el centro, que hay enfoque de género, que hay garantías. Pero la realidad se parece más a una vitrina que a una protección. Los macrocasos exponen. Los macrocasos nombran. Los macrocasos obligan a las víctimas a revivir en audiencias públicas lo que quisieran olvidar para poder seguir viviendo. Y en esa exposición, cuando la víctima queda visible, el riesgo se activa como una consecuencia automática, como si la justicia tuviera un precio que siempre se paga con miedo.

Las mujeres del caso Sierra Daza decidieron participar. Lo hicieron con la esperanza —mínima, frágil, pero viva— de que el país escuchara. Pero el sargento Juan Pablo Sierra Daza no solo negó los hechos: los despreció. No solo se negó a reconocer la violencia sexual: la volvió sospecha. Y además acusó a la Corporación Justicia y Dignidad de “orquestar un montaje judicial”. En Colombia esa frase no es una simple defensa: es un disparo. Porque señalar a quienes acompañan víctimas en casos de violencia sexual, especialmente cuando los responsables son agentes estatales, no es un debate jurídico: es una invitación a la persecución.

Después vinieron las amenazas. “Se va a arrepentir por hablar”. Amenazas telefónicas. Llamadas insistentes. Silencios del otro lado de la línea que pesan más que una palabra. Suplantaciones. Vigilancia. Seguimientos. Presencias extrañas rondando casas y lugares de trabajo. Un mapa de hostigamiento que no se queda en el territorio de las víctimas: alcanza también a quienes las acompañan, a quienes sostienen la defensa, a quienes cargan carpetas, nombres, fechas, y el dolor ajeno como una responsabilidad ética.

Y entonces aparece la respuesta institucional: “no hay riesgo”. Así lo dijo la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA). La JEP expone a las víctimas, las coloca en el centro de un escenario público, y luego —cuando el miedo ya está instalado— declara que no hay riesgo. Esa frase, repetida con frialdad administrativa, se convierte en sentencia. Porque cuando el Estado concluye que no hay riesgo, la amenaza no desaparece: queda legalizada por omisión. Se convierte en un peligro sin responsable y sin respuesta. El Estado se lava las manos, y la víctima queda sola, como siempre ha quedado sola.

Mientras tanto, el Gobierno habla de voluntad de conciliar, de avanzar en una solución amistosa porque el caso también está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Habla de reparar, de reconocer, de cerrar heridas. Pero esa voluntad, que debería traducirse en protección real, se queda suspendida, congelada, atrapada en discusiones internas y en supuestas “confusiones” sobre la representación. Y en esa confusión aparece una tercera violencia: la del abogado Alexander Montaña, quien fue representante legal de la Corporación y renunció en medio de denuncias por violencia basada en género. Su forma de castigo ha sido torpedear los procesos, sembrar dudas, trabar el camino, empujar el desgaste.

A pesar de que las víctimas han entregado poderes claros, expresos, reiterados, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado prefiere creerle al agresor y suspender la conciliación. El resultado es brutal: la solución amistosa, que debería ser camino de reparación, se vuelve otra sala de espera donde la vida de las víctimas se desgasta. Una sala de espera donde el tiempo no cura: el tiempo expone.

La protección en Colombia se volvió una farsa: un trámite, un papel, un “estudio” que dicta “no hay riesgo” mientras la amenaza suena en el teléfono. El Estado promete garantías, pero abandona a las víctimas de violencia sexual justo cuando más expuestas están por atreverse a denunciar y participar en la JEP.

Y el daño se expande: la Corporación Justicia y Dignidad quedó sin sede en Cali por las amenazas, sin espacio para atender víctimas ni sostener la defensa. Al final, la “centralidad de las víctimas” es discurso: lo que sí se mueve rápido no es su protección, sino las libertades de militares señalados por crímenes gravísimos. El peligro no se borra con tinta: camina, llama, vigila, persigue. Y en Colombia, demasiadas veces, el silencio institucional termina siendo el eco más fuerte de la impunidad.

 

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Las masacres de Cajibío: 25 años de impunidad contra el campesinado del Cauca

por Sofia LopezImpunidad, Pueblos y Territorios, Resistiendo al olvidoPublicado el No hay comentarios

En Cajibío el tiempo no pasa: se acumula. Se queda pegado a la tierra, como el barro en las botas del campesino que vuelve del monte. Por eso las masacres no son fechas: son estaciones del miedo.

La primera llegó en noviembre de 2000, en El Carmelo. Era madrugada. Los hombres armados entraron como entra la helada: sin ruido, pero matando. Sacaron a la gente de las casas, revisaron cédulas, leyeron listas. Tres campesinos quedaron tirados al borde del camino. No eran guerrilleros. Eran sembradores. Pero en Cajibío, para los armados, sembrar ya era sospechoso.

Días después, en La Pedregosa, el terror volvió a pasar lista. Jóvenes campesinos, muchachos que no habían salido nunca del municipio, fueron sacados de sus casas, torturados y asesinados. Los mataron con sevicia, como si el castigo tuviera que ser ejemplar. El mensaje era claro: protestar se paga. Vivir también.

Porque nada de esto fue casual. Estas masacres no fueron errores ni excesos: fueron respuesta. En 1999, Cajibío había sido escenario de una gran movilización campesina, con bloqueos de vías y exigencias elementales: tierra, trabajo, vida digna. El Estado escuchó, sí, pero con fusiles prestados.

El castigo final llegó el 15 de enero de 2001, en La Rejoya, a plena luz del día. Una chiva detenida en la carretera. Diez campesinos bajados uno por uno. Acusados de ser milicianos. Ejecutados. La escena fue tan pública que parecía una advertencia nacional: esto les pasa a los que se mueven.

Todo ocurrió bajo el gobierno de Andrés Pastrana, el mismo que hablaba de paz mientras el paramilitarismo se expandía como política no escrita. Porque aquí hay que decirlo sin rodeos: hubo relación, connivencia y cooperación.

La Tercera Brigada y el Batallón José Hilario López no fueron espectadores. Armaron, financiaron y permitieron la actuación de las Autodefensas de Ortega —también llamadas Bloque Mártires de Ortega—, que participaron activamente en estas masacres.

Veinticinco años después, la impunidad es casi perfecta. Justicia y Paz no resolvió nada. Los paramilitares mintieron con descaro: dijeron que las víctimas eran guerrilleros. Una verdad mentirosa, repetida hasta el cansancio. Muchos de ellos están hoy en libertad, caminando los mismos caminos que las familias de las víctimas, siendo aún un peligro.

La ironía es brutal: existe una acción de grupo en el Consejo de Estado donde esos mismos jefes paramilitares, con desparpajo, reconocen que fueron apoyados económicamente por la Brigada Tercera y la Brigada 29. Lo dicen ellos. Está escrito. Y no pasa nada.

En 2021, las tres masacres fueron declaradas crímenes de lesa humanidad. Y los casos fueron admitidos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno de Gustavo Petro se comprometió con las víctimas a una solución amistosa internacional. Pero hasta hoy, no hay verdad plena, no hay reparación, no hay justicia.

Ni siquiera con un gobierno progresista, las víctimas campesinas del Cauca han encontrado alivio. Siguen reuniéndose. Siguen denunciando. Siguen esperando. Muchas ya están viejas. Algunas se están muriendo sin ver justicia.

La historia no pide discursos. Pide decisiones.

Y hoy, esa posibilidad —mínima, frágil, pero real— está en manos del Presidente de la República.

Porque Cajibío no necesita compasión.

Necesita, de una vez por todas, verdad y justicia.

 

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Mientras se burlan del cuerpo, Paloma Valencia suspende decretos y bloquea reformas

por Sofia Lopez2026, GéneroPublicado el No hay comentarios

En Colombia tenemos una vieja y perezosa costumbre: cuando no sabemos cómo discutir el poder, discutimos el cuerpo. Y cuando el poder molesta de verdad, lo adornamos con una caricatura para no tener que explicarlo. Así pasó con la última ocurrencia de Matador, que decidió burlarse del cuerpo de Paloma Valencia, como si la circunferencia de una cadera explicara algo de la devastación institucional que produce su carrera política.

Conviene decirlo sin rodeos: ahí Matador se equivoca. No por falta de talento —que lo tiene— sino por ignorancia política y por misoginia perezosa. Burlarse del cuerpo de una mujer no es sátira: es atajo. Y el atajo, en política, casi siempre lleva al despeñadero equivocado. Además, estropea el camino del progresismo, porque desplaza el debate de fondo y le hace un favor inmerecido a quien debería ser cuestionada por sus actos, no por su anatomía.

Aclaremos de entrada lo obvio —que en Colombia siempre toca aclararlo—: la gordura de Paloma Valencia no es un problema. No lo fue, no lo es, ni lo será. Nadie gobierna con el índice de masa corporal. Nadie erosiona la democracia con las llantas. Nadie bloquea reformas, anula elecciones o paraliza al Estado con el ancho de la cintura. Burlarse del cuerpo de una mujer —cualquiera— no es crítica política: es distracción. Y además, da papaya.

Porque mientras el país se entretiene discutiendo si el chiste fue “ofensivo” o “valiente”, Paloma hace lo que mejor sabe hacer: demandar. Demandar como método. Demandar como programa. Demandar como ideología. Demandar como forma de gobierno sin votos.

El problema de Paloma Valencia no está en el espejo, sino en los expedientes. En esa guerra jurídica —ese lawfare criollo, de toga y membrete— que ha convertido en su especialidad. No legisla: anula. No debate: suspende. No convence: paraliza.

Y ahora suma dos movimientos más a su arsenal. Le pidió a la Corte Constitucional la suspensión del decreto de emergencia económica, no porque el decreto sea ilegal en sí mismo, sino porque cualquier ejercicio real del poder ejecutivo le resulta intolerable cuando no pasa por su filtro ideológico. Y, como complemento perfecto, acudió al Consejo de Estado para solicitar la suspensión del decreto que incrementó el salario mínimo en un 23 %: una decisión que afecta a millones de trabajadores, frenada no desde la deliberación democrática, sino desde el expediente.

Eso es lo verdaderamente nefasto de su estrategia: no discute el modelo económico, lo congela; no derrota proyectos en el Congreso, los inmoviliza en los tribunales; no gana mayorías, produce incertidumbre. Cada demanda no busca mejorar la democracia, sino bloquearla. Convertir gobernar en una carrera de obstáculos legales donde todo acto del Ejecutivo nace bajo sospecha y toda reforma debe sobrevivir primero al despacho de un magistrado.

Ahí está el retrato político que sí merecía una caricatura —una buena, una útil— y que Matador decidió no hacer: la senadora que demandó la personería del Pacto Histórico para impedir que la izquierda se organizara; que fue contra Progresistas por deporte procesal; que atacó la reforma pensional porque la palabra “solidaridad” le produce alergia ideológica; que fue contra el decreto de salud para blindar intereses privados; que celebró la anulación de la rectoría de la Universidad Nacional como si hubiera tomado una fortaleza; y que hoy intenta congelar tanto una emergencia económica como el salario mínimo, no por amor a la Constitución, sino por miedo a que el Ejecutivo ejecute.

Mientras la derecha pierde elecciones, Paloma gana autos admisorios. Esa es su verdadera curul: invisible, no electa, pero eficaz. Una forma elegante de gobernar sin pasar por el fastidio del voto popular.

Y en el centro de esa diana jurídica aparece Gustavo Petro, no porque haya cometido delito alguno, sino porque incomoda. Porque gobierna. Porque ejecuta. Porque no concibe la política como una guerra de exterminio legal. Entonces hay que mantenerlo ocupado defendiéndose, respondiendo demandas, explicando lo que no debería explicarse nunca.

Todo esto —todo— es infinitamente más grave que cualquier caricatura sobre el cuerpo de Paloma Valencia. Pero claro, eso exige escribir, argumentar, leer autos judiciales y entender el daño estructural que hace la judicialización selectiva de la política. Mucho más fácil dibujar una barriga.

Así no se hace política, Matador.

Así se hace ruido.

Material contra Paloma Valencia hay de sobra. Sobran hechos, sobran demandas, sobran bloqueos.

El cuerpo de Paloma es lo de menos. Hasta linda se ve.

Lo grave —lo verdaderamente feo— es el daño que le hace al país.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Mientras escribíamos, apareció otro feminicidio en Colombia

por Sofia Lopez#Alerta, #Emergencia, 2026, Género, ImpunidadPublicado el No hay comentarios

Mientras escribíamos el artículo sobre Sandra Castro y Neila Figueroa Segura, mientras acomodábamos las palabras para no herir más de lo que ya estaba herido, apareció otro cuerpo. Otra mujer asesinada. Otro nombre que se suma a la lista que nunca deja de crecer. Esta vez fue Angie Carolina Rivera Garibello, 28 años, madre de tres hijos, encontrada sin vida en la Avenida Circunvalar de Garzón, Huila.

La noticia llegó como llegan siempre estas noticias: sin estruendo, sin sorpresa, con esa normalidad cruel que da la repetición. Mientras hablábamos de Engativá y de Cereté, mientras intentábamos explicar cómo una sobrevivió y la otra no, el país volvía a demostrar que la violencia contra las mujeres no descansa. No espera. No se conmueve con editoriales ni con minutos de silencio. Continúa.

Angie salió de su casa en una motocicleta con su compañero sentimental. Eso dicen los vecinos. Eso dicen los allegados. Dicen también que hubo un arma blanca, que hubo una discusión, que hubo una muerte. Las autoridades investigan. El presunto agresor no aparece. La historia se parece demasiado a otras historias: una mujer que intenta vivir, un hombre que decide que no puede hacerlo sin él, un Estado que llega después.

En Colombia, el feminicidio no irrumpe: avanza. Avanza por barrios, por veredas, por carreteras. Avanza de noche y de día. Avanza en enero, cuando todavía no se han guardado los adornos de Navidad. Avanza mientras se escriben artículos, mientras se emiten alertas, mientras se repiten cifras.

La Defensoría del Pueblo ya lo dijo: solo en la primera semana de 2026 se registraron 13 hechos de violencia extrema contra mujeres y personas con identidades de género no hegemónicas. Ocho feminicidios. Dos transfeminicidios. Dos tentativas. Una masacre. Y ahora, mientras escribimos, otro cuerpo más.

La pregunta no es cuántas faltan. La pregunta es qué podría hacer el Estado para evitarlo y por qué no lo hace.

Podría actuar antes de la muerte y no después del levantamiento del cadáver. Podría tomarse en serio las denuncias de control, de amenazas, de celos, de violencia previa. Podría garantizar medidas de protección reales y no papeles que nadie vigila. Podría entender que irse de una relación violenta es el momento de mayor riesgo y no dejar solas a las mujeres justo ahí. Podría coordinar justicia, salud, policía y protección social sin obligar a las víctimas a mendigar atención. Podría asumir que esto no es un asunto privado, sino una emergencia nacional.

Pero no lo hace. Y entonces las mujeres siguen apareciendo muertas mientras los textos se quedan cortos y el país se acostumbra.

Escribimos sobre Sandra. Escribimos sobre Neila. Ahora escribimos sobre Angie. Mañana, si nada cambia, escribiremos otro nombre. Y ese es el verdadero escándalo: que en Colombia el feminicidio no interrumpe la vida pública. La acompaña.

 

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Sandra sobrevivió, Neila no: Colombia empieza 2026 con una ola de feminicidios

por Sofia Lopez#Alerta, #Emergencia, 2026, Alerta Dignidad, Género, ImpunidadPublicado el No hay comentarios

Sandra Castro sobrevivió.

Neila Figueroa Segura no.

Esa es la diferencia mínima, brutal, arbitraria, que separa la vida de la muerte cuando la violencia machista decide instalarse en una casa y convertirla en campo de batalla. No hay azar. Hay antecedentes. Hay control. Hay amenazas. Hay una cadena de omisiones que empieza mucho antes del primer golpe y termina siempre después, cuando el Estado llega tarde y la justicia redacta comunicados.

El primero de enero, mientras el país estrenaba año y los discursos hablaban de nuevos comienzos, Sandra estaba en su casa, en Engativá. No celebraba nada. Estaba intentando irse. Había decidido terminar una relación marcada por los celos, la vigilancia y el control. Decidir irse, en Colombia, sigue siendo uno de los actos más peligrosos para una mujer.

César Camilo Aldana Vargas, su esposo, decidió que ella no se iba. La atacó con un arma blanca frente a sus dos hijos. Cincuenta y cinco veces. Después recogió objetos personales y huyó. Como si la violencia fuera un trámite. Como si el cuerpo de Sandra no estuviera desangrándose en el piso. Como si los niños no hubieran aprendido, en cuestión de minutos, que el hogar puede volverse una trampa.

Sandra vive. Vive conectada a tubos, con un pulmón perforado y una lesión grave en la tráquea. Vive porque su cuerpo resistió lo que el sistema no previno. La Fiscalía habla de tentativa de feminicidio. Los hijos hablan de miedo. El expediente avanza. La vida de Sandra pende de cuidados intensivos y de una justicia que siempre corre detrás de los hechos.

Neila Figueroa Segura tenía 33 años y vivía en Cereté, Córdoba. El domingo 11 de enero, al mediodía, discutió con su compañero sentimental en el barrio El Cañito. No fue una discusión extraordinaria. Fue una de esas discusiones que se repiten, que se normalizan, que el entorno aprende a no escuchar. Hasta que el hombre sacó un arma de fuego. Hasta que Neila cayó.

La auxiliaron. La trasladaron al hospital Sandiego. Llegó sin signos vitales. No hubo tiempo para tubos ni para titulares de “sobrevive de milagro”. Hubo muerte. Hubo captura. Hubo un nuevo nombre que se suma a una lista que no deja de crecer. En Cereté quedó una familia rota. En el país, otra mujer menos.

Sandra y Neila no se conocieron. No compartieron ciudad ni historia. Pero están unidas por un mismo patrón: violencia ejercida por hombres cercanos, en contextos íntimos, precedida por control, celos y dominación. La diferencia entre ambas no es estructural. Es apenas un hilo: una llegó viva al hospital; la otra no.

No son casos aislados. No son “hechos de intolerancia”. No son tragedias privadas. Son crímenes anunciados.

En la primera semana de 2026, la Defensoría del Pueblo documentó 13 hechos de violencia extrema contra mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en Colombia. Las cifras son exactas y no admiten eufemismos: 8 feminicidios, 2 transfeminicidios, 2 tentativas de feminicidio contra mujeres trans, 1 hombre gay asesinado y 1 masacre en Santander de Quilichao, donde tres mujeres fueron asesinadas en menos de 24 horas.

Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Bogotá aparecen en el mapa. Casas, barrios, comercios y espacios comunitarios aparecen como escenarios. En la mayoría de los casos, los agresores eran parejas o exparejas. El patrón no es confuso. Lo que es confusa —o deliberadamente lenta— es la respuesta estatal.

Aquí no falta diagnóstico. No faltan alertas. No faltan informes. Falta acción. Falta urgencia. Falta asumir que la violencia machista no es un problema cultural ni un asunto privado, sino un problema político y de responsabilidad estatal.

La Defensoría fue clara: cada feminicidio es prevenible cuando el Estado actúa con oportunidad. Cuando no actúa —cuando minimiza denuncias, dilata medidas de protección, normaliza el control y llega solo para contar muertas— deja de ser un espectador y se convierte en corresponsable.

Sandra vive porque resistió.

Neila murió porque nadie llegó antes del disparo.

Entre una y otra hay un país que sigue llegando después. Después del cuchillo. Después del arma. Después del hospital. Después del entierro. Y mientras eso siga ocurriendo, hablar de “casos aislados” no es ignorancia: es complicidad.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Cayó Visbal. ¿Lafaurie, el esposo de Cabal, para cuándo?

por Sofia Lopez2026, Comunicados, Impunidad, Resistiendo al olvidoPublicado el No hay comentarios

Cayó Jorge Visbal Martelo.

No cayó de sorpresa. Cayó cuando ya no había dónde esconder la evidencia.

El ex presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) y exembajador de Colombia en Canadá durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue capturado el pasado 6 de enero, luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara su condena a nueve años de prisión por financiar y hacer parte de las estructuras políticas del paramilitarismo, bajo el mando de Carlos Castaño Gil.

La sentencia no deja lugar a dudas. Según los jueces, Visbal Martelo —quien públicamente integraba comisiones de paz— asistía en privado a reuniones de promoción de los paramilitares, no como delegado institucional ni acompañado por otros miembros del Consejo, sino a solas, en fincas ubicadas en Tierralta, Córdoba, donde era visto compartiendo con Carlos Castaño, incluso ingiriendo bebidas alcohólicas con el máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La justicia también estableció que Visbal acudía directamente a los jefes paramilitares para solicitar su presencia en zonas ganaderas con fuerte predominio guerrillero, promoviendo la idea de que las AUC garantizaran “seguridad” allí donde el Estado no llegaba o no quería llegar. No fue solo interlocución: impulsó la financiación de las AUC mediante el pago de los llamados “impuestos” que exigía la organización armada y formó parte del conocido “grupo de los doce”, un círculo de apoyo civil con el que los paramilitares estructuraban su proyecto político de copamiento del Congreso y de autoridades territoriales, como alcaldías y gobernaciones.

Visbal presidió Fedegán entre 1998 y 2005, los años más violentos del paramilitarismo, los del desplazamiento masivo, las masacres rurales y el despojo sistemático de tierras. Luego ocupó cargos diplomáticos: embajador de Colombia en Canadá entre 2004 y 2006, y embajador en Perú entre 2010 y 2012. La carrera pública avanzaba mientras el campo ardía.

Cuando Visbal cayó, no lo hizo solo. Cayó dejando una estela.

Durante esos mismos años, José Félix Lafaurie era Secretario General de Fedegán, el segundo hombre en la estructura del gremio, el encargado de la operación política y administrativa cotidiana. No un actor marginal. No un técnico distante. El núcleo del poder.

Hoy Visbal está condenado. Lafaurie sigue intacto. No porque la historia no los conecte, sino porque en Colombia la justicia camina con distinta velocidad cuando se acerca a las élites económicas.

Visbal intentó acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz. Dijo que quería aportar verdad. La JEP lo rechazó. No entregó verdad sustancial, no explicó las relaciones, no iluminó las responsabilidades estructurales. La reconciliación exige algo más que silencios bien administrados.

En su defensa apareció Abelardo De La Espriella, hoy precandidato presidencial, figura recurrente del uribismo, defensor habitual de políticos, militares y empresarios señalados por vínculos con estructuras criminales. No fue una coincidencia: fue coherencia de proyecto. En Colombia, el paramilitarismo no solo tuvo fusiles; tuvo abogados, micrófonos y tribunas políticas.

Exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso han señalado reiteradamente la relación entre sectores ganaderos, Fedegán y el proyecto paramilitar. Periodistas, organizaciones de víctimas y procesos de justicia transicional han documentado cómo el terror reorganizó el territorio y favoreció la expansión de la gran ganadería. No todos los ganaderos empuñaron armas, pero muchos se beneficiaron del orden impuesto por quienes sí lo hicieron.

Nada de esto ocurrió al margen del poder político. El uribismo fue el paraguas institucional bajo el cual numerosos funcionarios, diplomáticos y dirigentes gremiales avanzaron mientras la criminalidad se normalizaba. No fue una desviación: fue un modelo. Seguridad, control territorial, silencios selectivos y ascenso político.

Ya como presidente de Fedegán, Lafaurie se convirtió en uno de los principales opositores a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, defendiendo grandes propietarios, cuestionando reclamantes y desacreditando procesos judiciales. Siempre desde la trinchera. Nunca desde la duda.

Visbal es el caso cerrado. Lafaurie es la pregunta abierta.

Porque Visbal no fue una anomalía: fue parte de una estructura. Y cuando una pieza cae, la historia exige mirar el resto del engranaje.

Cayó Visbal.

¿Y la continuidad del poder gremial?

¿Y las responsabilidades que no prescriben en la memoria del campo arrasado?

La justicia ya habló en un caso. La verdad aún espera en los otros.

Esta es la criminalidad política de la derecha colombiana: la que quiere volver al poder en 2026, reciclada, indignada, negándolo todo, pero arrastrando la misma historia.

¿Lafaurie, el esposo de Cabal, para cuándo?

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

No vaya, señor Presidente

por Sofia LopezAbuso de autoridad ( judicial, Pueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

Señor Presidente, por favor, no se le ocurra ir a la Casa Blanca.

No vaya.

No se suba a ese avión.

No cruce esa puerta giratoria alfombrada donde las sonrisas brillan mientras los cuchillos esperan.

Todo esto —absolutamente todo— huele a trampa.

A trampa vieja.

De esas que no necesitan creatividad porque ya fueron usadas.

Con manual desclasificado.

Con antecedentes verificables.

Con entradas propias en Wikipedia.

Hagamos memoria, que es el deporte que más incomoda al poder.

El 19 de octubre de 2025, Donald Trump decidió que usted no era un presidente, sino un “líder del narcotráfico”. Así, sin juez, sin fiscal, sin pruebas. Sin más sustento que su cuenta de Truth Social y su conocida pasión por la calumnia.

No fue una metáfora ni un exabrupto. Fue una acusación directa. Y luego la repitió. Y la repitió otra vez. Porque cuando Trump encuentra una palabra que le sirve, la exprime hasta dejarla seca: narcotraficante, protector de la coca, enfermo, peligro regional. Todo dicho con el mismo rigor probatorio con el que algunos insisten en que la Tierra es plana.

Después vino el siguiente acto del libreto: la descertificación moral, política y diplomática. No contentos con insultarlo, decidieron castigar a Colombia. Y como eso no alcanzaba, lo pusieron a usted y a su familia en la famosa Lista Clinton. Esa lista que no necesita jueces, ni sentencias, ni debido proceso, porque basta con la sospecha conveniente.

Usted.

Su esposa.

Su hijo.

Un castigo colectivo, pulcro, elegante. De esos que se presentan como trámite administrativo pero que en realidad funcionan como una ejecución política en cámara lenta. Ya bastante daño le han hecho, señor Presidente, como para ahora invitarlo a la sala principal del verdugo.

Y no olvidemos un detalle nada menor: mientras todo esto ocurría, sectores muy respetables de la derecha colombiana hacían fila en Washington. Fila ordenada, bien peinada, con inglés esforzado. Pidiendo sanciones, intervención, presión internacional. Cualquier cosa que sirviera para sacarlo del camino. El viejo sueño húmedo de siempre: que el problema colombiano lo resuelva otro, preferiblemente con botas.

A esto se suma un hecho grave que no puede pasarse por alto: Álvaro Leyva no se quedó en los audios. Leyva interpuso denuncias penales contra usted en Estados Unidos, buscando activar mecanismos judiciales fuera del país, precisamente en la jurisdicción que hoy lo invita con gesto diplomático. No fue una salida de tono ni un arrebato personal: fue una jugada política y jurídica deliberada.

Y como telón de fondo permanente, una amenaza reiterada: el uribismo ha instalado desde hace años la idea de extraditar al presidente Gustavo Petro, presentándolo como determinador político del narcotráfico. No es un rumor marginal ni una exageración retórica. Es un discurso que aparece cíclicamente en columnas, entrevistas, redes y escenarios internacionales, siempre listo para activarse cuando el poder interno no alcanza.

Así que no estamos hablando de paranoia. Estamos hablando de denuncias formales, antecedentes políticos, amenazas públicas y de un marco jurídico hostil que se ha venido construyendo pieza por pieza.

Ahora bien, supongamos que usted va.

Que acepta la invitación.

Que llega sonriente, con traje oscuro y discurso conciliador.

¿Y si no lo dejan salir?

No es una pregunta exagerada. Es una pregunta histórica.

¿Qué tal que lo retengan “preventivamente”?

¿Qué tal que inventen una causa, una orden, un trámite?

¿Qué tal que lo capturen, lo congelen, lo neutralicen diplomáticamente y aquí nos quedemos, solos, mirando el noticiero con esa sensación incómoda de haber visto esta película antes?

Y aquí reaparece Álvaro Leyva, personaje que pasó de canciller a oráculo del desastre. Audios suyos, revelados por El País de España, lo muestran hablando con total naturalidad de un plan para sacarlo a usted del poder. Golpe blando, golpe duro, golpe elegante: el nombre es lo de menos.

En esos audios se menciona que Francia Márquez sabía.

Que Francia Márquez quedaría de presidenta.

Que había que mover fichas, buscar apoyos, acelerar tiempos.

Todo dicho con la serenidad de quien habla de cambiar una junta directiva, no de romper una democracia.

Y perdón, señor Presidente, pero la historia sudamericana no ayuda a tranquilizarnos. Ahí está Dina Boluarte, en el Perú: vicepresidenta leal hasta el minuto exacto en que dejó de serlo, firmando la traición a Castillo con una mano y el decreto de represión con la otra. Ahí están los manuales no escritos de vicepresidencias convertidas en puentes hacia el poder cuando el presidente estorba.

Nada raro sería que Francia Márquez, rodeada, presionada, seducida por el canto de sirena del poder y la bendición internacional, hubiera sucumbido al virus de la traición. No sería la primera ni la última. Para la muestra, un botón: ahí está Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la Venezuela bombardeada e invadida, puesta en ese lugar por el mismo poder que hoy lo invita a usted a la Casa Blanca.

La historia no juzga, pero se repite con una constancia admirable.

Así que no, señor Presidente.

No vaya.

No nos deje solos.

No se entregue voluntariamente al escenario donde ya lo insultaron, lo sancionaron, lo acusaron y lo cercaron.

No confíe en la invitación del mismo hombre que lo llamó narcotraficante, que habló de operaciones militares, que celebró su aislamiento. Esto no es diplomacia: es una ratonera con luces.

Hay una lección básica que conviene recordar: con los locos no se pelea en público, y con los locos no se les pone uno de frente. Por eso, no le diga nada a ese señor por redes sociales. Pero, sobre todo, no cruce esa puerta.

Quédese.

Gobierne desde aquí.

Hable con quien tenga que hablar por teléfono, por carta o por paloma mensajera si es necesario.

Porque todo esto —todo— huele a una gran trampa.

Y de esas, en América Latina, ya sabemos cómo se sale: tarde, mal y con un monumento póstumo.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

La ICE de Donald Trump asesinó a una poeta

por Sofia Lopez2026, Comunicados, Conflicto Armado, Género, Impunidad, Pueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

En una mañana gélida, de esas que parecen congelar incluso el aliento de los sueños, Renée Nicole Macklin Good, poeta, madre y ciudadana estadounidense de 37 años, fue asesinada por un agente del ICE mientras se encontraba dentro de su propio vehículo. No era el objetivo de ninguna redada. No tenía antecedentes penales. No portaba armas. Tenía hijos, versos y una vida común, esa que el poder suele considerar prescindible.

Renée había nacido en Colorado Springs, una ciudad de colinas abiertas y cielos largos. En sus redes sociales se describía con una ironía suave: “poeta, escritora, esposa, madre y guitarrista mediocre”. Estudió escritura creativa en la Old Dominion University y en 2020 recibió un premio de poesía. Sus amigos la recuerdan como una mujer generosa: té caliente, galletas recién hechas y conversación honesta para quien tocara su puerta.

Era madre de tres hijos: una adolescente de 15 años y dos niños de 12 y 6. El menor había perdido a su padre en 2023, y Renée —como tantas mujeres— sostuvo el duelo ajeno con el propio cuerpo, con palabras, con presencia. Criar, leer, escribir: resistir.

El 7 de enero, después de dejar a su hijo menor en la escuela, Renée regresaba a casa junto a su pareja cuando, en una calle nevada de Minneapolis, agentes del ICE ejecutaban una operación migratoria masiva. Ella no era buscada. No figuraba en ninguna lista. Quedó atrapada en un cerco que no la incluía, salvo como daño colateral.

Los videos conocidos muestran una escena devastadora: gritos, confusión, armas desenfundadas. Renée intenta alejarse. No se sabe si por miedo, por desconcierto, por puro instinto de supervivencia. Entonces un agente dispara contra su camioneta. Tres veces. Una bala impacta en su cabeza. Minutos después, Renée muere en el hospital.

La reacción fue inmediata y conocida. El Departamento de Seguridad Nacional y el propio Donald Trump afirmaron que la mujer intentó atropellar a los agentes. La narrativa de siempre: deshumanizar a la víctima, justificar la violencia, clausurar las preguntas incómodas. La más elemental de todas sigue sin respuesta: ¿por qué una poeta fue asesinada por un agente federal en su propio país?

No se trata de ideología. No es una disputa entre derechas e izquierdas. Es algo más crudo y más antiguo: violencia institucional, ejercida en nombre de la “seguridad”, administrada como procedimiento, ejecutada con balas. Un sistema que dispara primero y explica después. Un Estado que convierte la vida en riesgo aceptable.

Renée Nicole Macklin Good no era una amenaza. Era una mujer que escribía. Y precisamente por eso su muerte importa. Vivirá en sus versos, pero también en la memoria de quienes se niegan a aceptar que la justicia pueda vestirse de uniforme, apuntar y matar sin consecuencias.

Porque cuando el Estado asesina a una poeta, no solo se apaga una vida: se dispara contra la palabra misma.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo