Guantánamo: El campo de concentración del siglo XXI

La historia de la humanidad está marcada por episodios de horror, de esos que la memoria colectiva intenta enterrar pero que, con brutal insistencia, resurgen en nuevos escenarios, con nuevos verdugos y nuevas víctimas. El siglo XX nos dejó las huellas imborrables de Auschwitz, Dachau y Treblinka, lugares donde la humanidad se desmoronó bajo el yugo del Tercer Reich. Y, aunque la Historia suele disfrazar sus repeticiones con otros nombres, el horror sigue encontrando refugio en estructuras de metal, alambres de púa y burocracias de ultraderecha que justifican lo injustificable. Guantánamo es hoy el reflejo de esos tiempos oscuros, un campo de concentración legitimado por la maquinaria del poder global.

Desde que Estados Unidos se apropió de Guantánamo a finales del siglo XIX, tras la independencia de Cuba de España, la base naval se convirtió en una anomalía jurídica: una porción de suelo cubano ocupado ilegalmente y en un bastión del imperialismo estadounidense en el Caribe. Cuba ha rechazado una y otra vez los cheques de alquiler que Washington envía, pero el coloso del norte no tiene intenciones de marcharse. La base ha sido utilizada como punto de control militar, centro de detención de refugiados y, finalmente, como un limbo legal para aquellos a quienes el gobierno estadounidense desea desaparecer forzadamente en ultimas.

En 2001, tras los atentados del 11-S y la invasión de Afganistán, Guantánamo se transformó en un laboratorio del terror. Prisioneros, capturados sin juicio ni pruebas fehacientes, fueron enviados a un lugar donde las leyes internacionales no se aplican, menos el derecho internacional de los derechos humanos. La tortura, el aislamiento y la deshumanización se convirtieron en el pan de cada día. Con eufemismos como «técnicas mejoradas de interrogatorio», se justificaron vejaciones inimaginables. Y todo, bajo la mirada cómplice de la comunidad internacional, que ha preferido ignorar lo que allí ocurre.

Si los detenidos de la «guerra contra el terrorismo» fueron las primeras víctimas de esta farsa jurídica, el futuro de Guantánamo parece incluso más macabro. La administración de Donald Trump emitió un memorando que propone la ampliación de la base para albergar a 30.000 inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales. «Un lugar duro para escapar», sentenció Trump, mientras anunciaba que el centro de detención se convertiría en la solución para los «peores extranjeros ilegales criminales».

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió la medida con el mismo lenguaje frío y calculador que en su día utilizaron los arquitectos del Holocausto. «Es mejor que se les retenga en un lugar seguro como la Bahía de Guantánamo, construida para migrantes», afirmó, mientras proponía habilitar el campo de golf de la base para extender su capacidad de detención.

Nada en este discurso es nuevo. Es la repetición del mismo esquema de segregación, represión y exterminio lento que ha sido utilizado contra aquellos considerados «indeseables» por regímenes autoritarios. Guantánamo es, hoy por hoy, un gueto moderno, un campo de concentración revestido de tecnocracia, con protocolos y burocracia que validan la existencia de una prisión sin condena, una cárcel sin derechos.

La existencia misma de Guantánamo es una afrenta a los principios fundamentales del derecho internacional. Pero la indiferencia global ha permitido que siga operando como un limbo, una licencia abierta para grave violaciones a los derechos humanos. El mundo ha olvidado las lecciones de Núremberg, ha dejado de lado los tratados internacionales que, en teoría, impiden las detenciones arbitrarias y la tortura. El silencio es cómplice, y la continuidad de Guantánamo demuestra que el poder no necesita justificar sus atrocidades cuando el resto del mundo elige mirar hacia otro lado.

El horror del siglo XXI no se esconde en campos de exterminio clandestinos. Se exhibe a plena luz del día, con comunicados oficiales y ruedas de prensa, con memorandos firmados por presidentes y aprobados por burócratas que han reducido la dignidad humana a una cifra en un informe de seguridad nacional. El campo de concentración de Guantánamo sigue operando, sin hornos crematorios, pero con el mismo desprecio por la vida. La historia, como siempre, se repite y la justicia no se asoma.

Mientras tanto, en Colombia, la derecha encarnada en Álvaro Uribe Vélez, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Vicky Dávila e Iván Duque (quien ahora sueña con ser Secretario General de la OEA), celebran la inhumanidad y defienden los intereses del imperio del norte con la esperanza de que este les ayude a recuperar el poder. Dios nos libre de una Colombia gobernada de nuevo por el Centro Democrático.

 

«La compasión debe prevalecer sobre el miedo»: El llamado de la obispa Budde frente al autoritarismo de Trump

Imagen tomada de la red

Durante un sermón histórico en la Catedral Nacional de Washington, la obispa episcopal Mariann Edgar Budde lanzó un contundente mensaje al presidente Donald Trump y a su administración: «La compasión debe prevalecer sobre el miedo». Haciendo referencia al impacto devastador de las políticas de su gobierno sobre comunidades vulnerables, Budde destacó el sufrimiento de los inmigrantes indocumentados y los niños LGBTQ+, quienes enfrentan un clima de hostilidad que amenaza sus derechos fundamentales. «Los inmigrantes no son delincuentes; son constructores de este país», afirmó, provocando incomodidad entre la élite presente, incluida la administración de Trump.

Este llamado es una denuncia no solo moral, sino también de los peligros de un gobierno cuyas políticas se han caracterizado por un autoritarismo que pone en riesgo la vulneración de los derechos fundamentales y humanos en el planeta, la estabilidad democrática de los países de la región y la soberanía de los pueblos del mundo.

Desde su primer mandato y reforzado en su regreso al poder, Trump ha intensificado la persecución de migrantes, en especial de comunidades latinas. Con la implementación de operaciones masivas de deportación y la militarización de la frontera sur, su gobierno ha convertido a estas personas en chivos expiatorios. Familias han sido separadas, niños encerrados en centros de detención y comunidades enteras han vivido bajo el temor constante de redadas. Esta estrategia, más que abordar problemas estructurales, ha profundizado la xenofobia y socavado los principios de derechos humanos.

En una de las acciones más polémicas de su mandato, Trump ha ordenado la invasión de Panamá bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, lo que resultaría, Dios no lo quiera, en una ocupación que viola la soberanía del país centroamericano y desataría protestas internacionales. De manera similar, su intento por adquirir Groenlandia de Dinamarca escalaría en un conflicto diplomático que culminaría en una operación militar para establecer presencia estratégica en el Ártico, una zona vital para el equilibrio climático global.

La insistencia de Trump en «recuperar el Golfo de México» como un territorio de control estadounidense representa una amenaza directa a la soberanía de México y otros países de la región. Mediante sanciones económicas y bloqueos comerciales, su administración busca apropiarse de recursos naturales estratégicos bajo la justificación de «seguridad energética», perpetuando una historia de intervenciones imperialistas en América Latina.

Las políticas ambientales de Trump son un ataque frontal contra la lucha global por la sostenibilidad. Su retiro del Acuerdo de París y la eliminación de regulaciones ambientales están acelerando la explotación indiscriminada de recursos naturales, desde la apertura de reservas naturales a la minería hasta la expansión del fracking en áreas protegidas. El impacto de estas decisiones no solo afecta a Estados Unidos, sino que agrava la crisis climática a nivel mundial, amenazando a las generaciones futuras.

El mensaje de la obispa Budde no es solo un acto de valentía, sino un llamado a la resistencia frente a un liderazgo que atenta contra los derechos humanos, la soberanía de los pueblos y la integridad del planeta. La administración Trump representa una oscura etapa para la civilización que requiere no solo la denuncia, sino también la acción colectiva para preservar los principios democráticos y proteger a los más vulnerables.

La pregunta sigue siendo: ¿Responderán los pueblos del mundo con la fuerza necesaria para detener este avance autoritario? La historia no perdonará la indiferencia.

#DerechosHumanosYa
#ResistenciaAlAutoritarismo
#SoberaníaDeLosPueblos
#JusticiaClimáticaGlobal
#NoALaXenofobia

EL APARTHEID PATOJO

El Parque Caldas, ese rincón encantador de Popayán que ha sido testigo de más historia y cultura que muchas de nuestras bibliotecas locales, ahora se ha convertido en el escenario de un entramado jurídico que, si no fuera por su impacto en derechos fundamentales, sería una comedia de enredos digna de una serie de televisión: el “Apartheid Patojo” dirigido por nuestro querido alcalde, Juan Carlos Muñoz. Gracias a una recomendación de la Procuraduría —que, como es bien sabido, tiene tanto peso vinculante como una pluma en un huracán— el parque Caldas ha sido sometido a una serie de restricciones que han dejado a todos, desde nuestros artistas locales hasta nuestra estimada llama Pepe, en una especie de purgatorio administrativo.

Mientras tanto, Pepe, la llama que ha aportado tanto encanto y autenticidad a la vida del parque, y Don Israel, su fotógrafo y adoptante, se ven forzados a correr cada vez que los funcionarios de la Alcaldía y la policía se les acercan. Estos guardianes del orden público no pierden oportunidad para imponer comparendos a Don Israel y a su fiel compañero, simplemente por trabajar en el Parque Caldas y capturar la esencia de este espacio. La situación ha transformado el parque en un escenario donde la burocracia y la vigilancia se combinan para crear una auténtica tragicomedia, que reflejan el profundo impacto de las decisiones administrativas en la vida comunitaria.

Pepe, la llama que no solo ha sido el leal compañero de Don Israel, nuestro fotógrafo local, sino también el símbolo de la autenticidad del parque, ahora se ve obligada a buscar nuevos pastos. ¿La razón? La reciente medida restrictiva impuesta por la Alcaldía ha convertido el Parque Caldas en un club exclusivo, donde el acceso es tan limitado como el espacio en un concierto de rock VIP. Mientras los ricos de la ciudad, organizadores del festival gastronómico, pueden disponer del parque sin preocupaciones, el resto de nosotros —incluidos los artistas, los fotógrafos, los bailarines, los músicos, los chirimeros, los skaters y, por supuesto, los vendedores ambulantes— debemos trasladar nuestros eventos culturales fuera del Parque Caldas.

Claro, Don Israel y su fiel llama Pepe no se quedaron de brazos cruzados. Hoy se unieron a la “tutelatón”, una emocionante carrera de obstáculos judicial. Los danzantes de «Jueves de Free», quienes fueron los primeros en acudir a la justicia para defender sus derechos fundamentales, tuvieron la mala suerte de que su caso cayera en manos del Juez Primero Administrativo de Popayán, Ernesto Andrade Solarte. Este juez decidió que, para que la tutela fuera siquiera considerada, era necesario agotar primero todas las vías administrativas, permitiendo que los derechos fundamentales de los ciudadanos comunes sigan vulnerados.

En una decisión de primera instancia, Solarte negó la tutela, argumentando que se debía adelantar el trámite ante la Alcaldía, a pesar de que es bien conocido que la postura de esta institución no ha cambiado: el Parque Caldas está reservado solo para los organizadores del festival gastronómico, quienes forman parte de las familias adineradas de la ciudad.

¿Por qué? Porque, por supuesto, el parque no es un lugar para la plebe ni para la cultura popular. No, solo para los eventos de la élite, que parecen tener la bendición divina para disfrutar del parque sin causar “detrimento” a su piedra. Esperamos que Don Israel y Pepe tengan mejor suerte y que su tutela sea revisada por un juez garantista que realmente entienda el valor de la igualdad y el acceso justo para todos.

Lo que se está viviendo en el Parque Caldas es una obra maestra de exclusión y segregación. Mientras el festival gastronómico recibe luz verde para ocupar cada rincón, los artistas, artesanos, vendedores ambulantes y jóvenes que practican danza urbana y andina y otros deportes se encuentran excluidos, relegados a un limbo administrativo que un ultimas es un capricho clasista de nuestro gobernante local.

Entonces, mientras esperamos que el sistema judicial, en su infinita sabiduría, decida revisar la situación de manera justa y garantista, la realidad es que el Parque Caldas sigue siendo un lugar donde la justicia se encuentra a un par de pasos de una utopía. Don Israel y su inseparable Pepe solo quieren regresar al parque para seguir ofreciendo alegría y capturando momentos auténticos de un lugar emblemático de nuestra ciudad.

Por Sofía López Mera, abogada, periodista y defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad.

¡Comisión de esclarecimiento YA!

Por: Sofía López Mera, Abogada, periodista y defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad.

En el contexto de la conmemoración de los tres años del estallido social en Colombia, las víctimas y organizaciones sociales que han sufrido la represión del gobierno de Iván Duque se reunieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su objetivo fue solicitar apoyo para la creación de la Comisión de Esclarecimiento de los Hechos del Estallido Social de 2021, así como pedir una audiencia temática durante el 190º periodo de sesiones, que se celebrará en la sede de la CIDH en Washington DC en julio de este año.

Las víctimas y organizaciones de los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y Nariño denunciaron la violencia sufrida y los mecanismos de impunidad instaurados por la Fiscalía General de la Nación. Se destacaron las amenazas, persecuciones y hostigamientos recibidos por las víctimas que denunciaron los hechos, así como la falta de funcionamiento de los mecanismos de garantías para la protesta social y la mesa de víctimas de la fuerza pública que se caracterizan por la escasa participación de las regiones.

Durante el encuentro con la CIDH, se resaltaron los incumplimientos del Estado de Colombia respecto a las recomendaciones emitidas por este organismo durante su visita de trabajo en 2021. Se puso énfasis en la persistencia de mecanismos de impunidad en el suroccidente del país, especialmente en la ineficacia de la Fiscalía General de la Nación para identificar y sancionar a los responsables, tanto agentes estatales como no estatales, que perpetraron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente contra los jóvenes manifestantes. Se denunciaron las deficiencias en los procesos forenses llevados a cabo por el Instituto de Medicina Legal, señalando que estas instituciones parecen estar más enfocadas en montajes judiciales contra los jóvenes que en buscar justicia para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos.

Se resaltó la situación de desamparo en la que se encuentran las víctimas, muchas de las cuales han sido sometidas a múltiples desplazamientos forzados tras presentar sus denuncias. Sin embargo, se ha encontrado obstáculos para recibir atención humanitaria por parte de la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Víctimas, argumentando que no califican como víctimas del conflicto

 

 

rmado. Es fundamental aclarar que estas personas son víctimas de acciones irregulares perpetradas por la Policía Nacional y los escuadrones paramilitares conformados durante el paro nacional.

Durante la reunión se pusieron de relieve casos específicos de violencia, como los homicidios de Michael Aranda y Daniel Sánchez, llevados a cabo por la policía el 28 de mayo en Siloé, así como el atentado contra la Minga indígena el 9 de mayo, que dejó gravemente heridos a 8 comuneros indígenas, en estos hechos criminales participaron tanto la policía como de individuos armados de civil. También se mencionó el trágico asesinato de Angie Valencia en el sector de Calipso y el caso de Lucas Villa en el viaducto de Pereira. Además, se abordaron los casos de desapariciones forzadas en el Valle del Cauca durante el paro nacional, así como la persecución de los jóvenes líderes de las protestas y su actual situación de indefensión.

Se señalaron los hechos ocurridos el 28 de mayo en Pasto, Nariño, que dejaron un número indeterminado de heridos, incluido Cristian Yovani Bastidas, quien fue víctima de mutilación ocular y posteriormente se suicidó debido a las profundas afectaciones emocionales que sufrió. En el departamento del Cauca, se denunciaron los ataques sufridos por defensores de derechos humanos y periodistas, quienes a pesar de haber informado a la Defensoría del Pueblo sobre los actos de agresión, hostigamiento y amenaza durante el paro en Popayán, no vieron avances en las investigaciones.

También se denunciaron las prácticas racistas que quedaron instaladas desde el paro nacional, donde a los miembros de pueblos indígenas se les prohibió el acceso a ciertos lugares exclusivos de la ciudad de Cali, así como los ataques a las sedes del Consejo Regional Indígena del Cauca y sus instalaciones de salud en Popayán por parte de sectores extremistas que reprimen la protesta social.

El Paro Nacional de 2021 fue una acción política importante que llevó al presidente Gustavo Petro al cargo, pero las víctimas del estallido social se sienten abandonadas y enfrentan una desesperanzadora impunidad. Por esta razón la Comisión de Esclarecimiento de los Hechos del Paro busca establecer los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas, así como garantizar la no repetición de los hechos.

Este viernes, las víctimas del suroccidente y sus organizaciones presentarán la propuesta de la Comisión de Esclarecimiento de los Hechos del Paro Nacional ante los Ministerios de Defensa y Justicia. Además, están a la espera de una reunión con el Vice Ministerio de Juventudes para abordar esta importante iniciativa.

En América Latina, se han establecido diversas comisiones de esclarecimiento para abordar casos de violaciones a los derechos humanos y corrupción. Por ejemplo, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa fue creada en 2014 por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, tras la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, México. Esta comisión, integrada por expertos nacionales e internacionales en derechos humanos y criminología, se encargó de investigar los hechos de manera independiente.

Otro ejemplo es la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), establecida en 2006 mediante un acuerdo entre el gobierno guatemalteco y la ONU. La CICIG tenía como objetivo apoyar al Estado de Guatemala en la lucha contra la impunidad, fortaleciendo las instituciones para combatir la corrupción y el crimen organizado. Cabe destacar que en esta comisión participaron destacados profesionales como el actual ministro de defensa de Colombia, Iván Velásquez, y la actual Fiscal General de la Nación, Adriana Camargo.

Considerando la relevancia y el éxito de iniciativas similares en la región, se espera que la propuesta de las víctimas del estallido social sobre la creación de una comisión de esclarecimiento sea bien recibida por el gobierno nacional y se inicien las rutas para el restablecimiento de los derechos de las víctimas.

¡Comisión de esclarecimiento Ya !

Hallazgos y recomendaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de Colombia.

Por invitación del presidente Gustavo Petro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita in loco en Colombia con el propósito de observar los impactos de las distintas formas de violencia en la situación de los derechos humanos. La delegación que condujo la visita estuvo liderada por la Presidenta de la CIDH, Comisionada Roberta Clarke; el segundo vicepresidente y Relator para Colombia, José Luis Caballero; los Comisionados Stuardo Ralón y Arif Bulkan, y las Comisionadas Andrea Pochak y Gloria De Mees, junto a la Secretaria Ejecutiva, Tania Reneaum, la Secretaria Ejecutiva Adjunta, María Claudia Pulido, la Jefa de Gabinete, Patricia Colchero, y especialistas de la Secretaría Ejecutiva. Así mismo, integraron la delegación los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Javier Palummo.

La delegación visitó la ciudad de Bogotá y los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. En dichos lugares, la CIDH se entrevistó con autoridades de los diferentes poderes del Estado y se escuchó a organizaciones de la sociedad civil, grupos indígenas y afrocolombianos, activistas, personas defensoras y con liderazgo social y comunitario, sindicatos y gremios empresariales, así como de partidos políticos. La CIDH también visitó algunos de los principales centros de reclusión del país.

En la rueda de prensa del viernes 19 de abril, la CIDH presentó sus observaciones preliminares destacando varios aspectos de la crítica situación de derechos humanos y humanitaria que padece Colombia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó que Colombia, un país caracterizado por desigualdades extremas y arraigada pobreza, enfrenta una compleja transformación socioeconómica en medio de prácticas históricas de racismo y discriminación de clases. La presencia de grupos armados delincuenciales en territorios vulnerables agrava esta situación, generando un clima de violencia que socava los derechos humanos en el país.

El acuerdo de paz de 2016, centrado en el abandono de armas, la justicia transicional y el dejar las economías ilegales, se percibía como un punto de inflexión hacia una sociedad más justa e incluyente. Sin embargo, la implementación de estas acciones ha enfrentado  obstáculos significativos, incluida la persistencia de la violencia contra firmantes de paz,  defensores de derechos humanos y líderes sociales.

Las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras, así como el pueblo ROM, han sido sistemáticamente excluidas. Además, el patriarcado ha instaurado una jerarquía de género que subyuga a mujeres, adolescentes, niñas y personas LGBTI. Esta discriminación se agudiza al entrelazarse con factores económicos, fortaleciendo así la exclusión social y política.

En las áreas habitadas principalmente por comunidades étnicas, persisten una serie de problemas graves, como asesinatos, amenazas a líderes y lideresas, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, y un aumento en la extorsión y el secuestro. La presencia y control territorial de los grupos armados han llevado a situaciones de resistencia, confinamiento y desplazamiento interno de la población, lo que representa una crisis que amenaza la identidad cultural y la supervivencia de estas comunidades

Las mujeres y personas LGBTI, especialmente aquellas pertenecientes a comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas con discapacidad o en situación de movilidad, continúan siendo víctimas de violencia sexual y reproductiva en las áreas rurales bajo control de grupos armados.

A pesar de que  a pesar de que los grupos étnicos, mujeres y población LGBTI sufren de manera desproporcionada los impactos de los conflictos, siguen siendo excluidos de manera sistemática de participar equitativamente en los procesos de paz y en la gobernanza. Además, enfrentan mayores barreras para acceder a la educación, la tierra y otros recursos productivos.

La raíz del conflicto armado en Colombia, así como de las recientes manifestaciones masivas en 2019, 2020 y 2021, reside en la desigualdad y la discriminación arraigadas en el país. En muchos territorios rurales, el Estado tiene una presencia mínima, lo que resulta en la falta de seguridad, servicios sociales, acceso a la educación e infraestructuras básicas. Los grupos armados aprovechan esta vulnerabilidad para reclutar principalmente a niñas, niños y adolescentes.

El conflicto armado en Colombia, desideologizado y centrado en economías ilícitas como la minería ilegal y el tráfico de drogas y de personas, ha generado violencia indiscriminada, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, y desplazamiento interno masivo. La falta de presencia estatal en zonas rurales profundiza la inseguridad y la exclusión.

Además, la crisis humanitaria se agrava con el flujo masivo de personas en movimiento, incluyendo venezolanos, haitianos, ecuatorianos y personas de otros países fuera de la región, lo que incrementa el riesgo de trata de personas, explotación sexual y otras formas contemporáneas de esclavitud.

A pesar de los avances en la implementación del acuerdo de paz, no existe una efectiva coordinación entre entidades gubernamentales para la ejecución de las medidas acordadas. Es necesario priorizar la participación efectiva de las comunidades étnicas en la implementación y garantizar la protección de los derechos de quienes participan en el proceso de paz.

La continuidad de estos problemas se atribuye a la impunidad sistemática, que implica una falta de diligencia en las investigaciones y una falta de identificación y sanción de los responsables intelectuales incluso cuando hay condenas. La impunidad sistemática en Colombia supone un obstáculo significativo para la justicia y la superación de violaciones de derechos humanos. Es fundamental fortalecer la coordinación entre autoridades y garantizar una investigación y sanción efectivas de los responsables de violaciones de derechos humanos.

Además, la Comisión Interamericana visitó centros de detención y observó condiciones inaceptables a pesar de los esfuerzos para tratar a la población penitenciaria.

Los testimonios recopilados de diversas regiones del país reflejan la angustia, la incertidumbre y el sufrimiento que experimentan frente a la violencia reinante, la imposición del dominio territorial por parte de grupos armados y la convivencia forzada con ellos. Todo esto se desarrolla en un contexto de abandono histórico por parte del Estado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado de Colombia lo siguiente:

  • Desarrollar políticas redistributivas que garanticen el acceso pleno a los derechos y disminuyan la desigualdad en Colombia.
  • Cumplir con la obligación internacional de proteger la vida y la integridad de las personas en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas donde se hayan decretado ceses al fuego bilaterales, alineando las nuevas negociaciones con grupos armados a la ruta establecida en el acuerdo de paz de 2016.
  • Priorizar el debate constructivo y los consensos en el Congreso para la aprobación de leyes necesarias para la implementación del acuerdo de paz, incluyendo la reforma a la ley de víctimas.
  • Exhortar a la fiscalía general de la nación y al poder judicial a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de Derechos Humanos.
  • Fortalecer la coordinación entre autoridades nacionales, departamentales y municipales, garantizando la participación efectiva de las comunidades en el desarrollo de proyectos productivos, infraestructura, acceso al agua, construcción de vías de comunicación y oferta de alternativas para todas las personas, especialmente la juventud.

La CIDH espera que el Estado y la sociedad en su conjunto pueden lograr los acuerdos sociales y políticos necesarios para impulsar las transformaciones que permitan alcanzar la paz y garantizar la vigencia de los Derechos Humanos en Colombia. Reconociendo que esto requerirá de un compromiso firme con el diálogo participativo y el respeto a los derechos humanos en todas las esferas de la sociedad colombiana.

Por: Sofía López Mera, abogada y periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad.

Cuarta huelga de hambre de los detenidos políticos del estallido social

En el incendio ocurrido el 28 de junio de 2022 en la cárcel de Tuluá (Valle del Cauca), cincuenta y una personas privadas de la libertad fallecieron. Uno de estos fallecidos fue Jonathan Sabogal, un joven de 30 años que participó activamente en el Paro Nacional de 2021en las movilizaciones en el municipio de Bugalagrande. Mientras se resolvía su situación judicial, Jonathan permanecía en el patio octavo del penal de mediana seguridad de Tuluá, donde ocurrió el siniestro. La causa oficial de muerte del joven fue la inhalación de gases calientes.

Casi dos años después de su muerte, los detenidos que pertenecen al «Colectivo de Detenidos Políticos del Estallido Social ‘Jonathan Sabogal'», quienes se encuentran privados de la libertad en la cárcel de máxima seguridad de Palmira, llevaban 6 días en huelga de hambre a la espera de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro, y en especial Otty Patiño, Alto Comisionado para la Paz, cumplan su palabra de poner en funcionamiento la Mesa de Diálogo que instalaron en el mes de julio de 2023. Estos jóvenes, injustamente procesados y víctimas del olvido estatal y social, esperaban que con la instalación y puesta en funcionamiento de la «Mesa de Diálogo» se reconociera su estatus político, y así poder exigir medidas de protección, justicia y condiciones dignas de salud, tanto física como emocional.

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, implementó contra los detenidos del Paro Nacional el llamado “derecho penal del enemigo”, dentro del cual, quienes sean contrarios a su posición política e ideológica, serán tratados como sujetos sin derechos y no como ciudadanos. Este derecho es un concepto acuñado por Günther Jakobs desde 1985, y se refiere a que alguien puede ser castigado sin haber cometido delito alguno utilizando como medio de justificación la pretendida “peligrosidad” del sancionado. Es una forma de negar, parcial o totalmente, los derechos procesales y sustantivos que corresponden a toda persona. Así, el enemigo no se considera “ciudadano”, sino que es algo menor que éste y, por ello, no merece la aplicación de las garantías y derechos de la ciudadanía.

Cinco relatores especiales adscritos a la ONU y al Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria cuestionaron la legalidad de las privaciones de la libertad de jóvenes judicializados en medio del Paro Nacional de 2021, muchos casos fueron estudiados por los relatores. Los hallazgos describen un patrón de violación a los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas, cuyas características fueron la judicialización mediante «el uso inapropiado del derecho penal» o implementación del «derecho penal del enemigo», así como la estigmatización a las personas que participaron en las manifestaciones.

El 24 de marzo de 2023, se dio a conocer el comunicado del Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de la relatora especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, de la relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, y de la relatora especial sobre la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en la lucha contra el Terrorismo, en los que se presentó un diagnóstico sobre los hechos ocurridos en el año 2021 en nuestro país relacionados con las detenciones y las judicializaciones en el marco de la represión estatal en el paro nacional. Dentro de sus principales hallazgos, los relatores de la ONU comunicaron su preocupación por la existencia de «un patrón de uso indiscriminado del derecho penal y del poder fiscalizador del Estado con la finalidad de judicializar a personas que participaron en la protesta ». Dicho patrón tendría dos modalidades:

  • La primera se presentó simultáneamente con el Paro Nacional durante los primeros meses del estallido social, por medio de la judicialización de manifestantes mediante la aplicación indiscriminada de figuras jurídicas tales como “captura en flagrancia” y el “traslado por protección”. En esta modalidad, la Fiscalía apeló al uso de tipos penales como “daño en bien ajeno”, “violencia contra servidor público”, “perturbación en servicio de transporte”, “empleo y lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos”. A pesar de que la mayor parte de las personas judicializadas en esta modalidad recuperaron su libertad, en muchos casos se presentaron imputaciones para estigmatizar y desincentivar la protesta social.
  • La segunda modalidad a la que se refirieron los relatores de la ONU se presentó entre junio de 2021 y 2023 en una etapa posterior a las movilizaciones. Las judicializaciones en este caso se produjeron mediante capturas con orden judicial sustentadas en posibles montajes, y apelando al uso de tipos penales desproporcionados como “terrorismo”, “concierto para delinquir”, “tentativa de homicidio”, “instigación a delinquir”, “secuestro”, “tráfico, fabricación y porte de explosivos”, entre otros. Ante esta modalidad, los relatores expresaron su preocupación, ya que identificaron que el objetivo de este tipo de imputaciones es desestimular a la ciudadanía y a los manifestantes a ejercer sus derechos y a estigmatizar a las personas que participaron en la protesta social.

Los relatores subrayaron su preocupación por la interpretación consagrada en la Directiva No 002 de 2021, y promovida por Francisco Barbosa, actual fiscal General de la Nación, que ordenaba investigar los posibles actos delictivos de la protesta como “terrorismo”, en contraste con el criterio que hasta ese momento consagraba la derogada Directiva No 008 de 2016, la cual indicaba que debían tipificarse bajo el delito político de “asonada”, otorgando un carácter político. En el informe, los relatores de ONU destacan que las personas judicializadas en esta modalidad son, en su mayoría, jóvenes entre los 18 y 30 años de edad, quienes se encontraban en condición de vulnerabilidad socioeconómica, y cuestionaron la consideración de Las Primeras Líneas como grupos de delincuencia común organizada -GDCO- para justificar un tratamiento más restrictivo de la libertad.

El caso de los detenidos políticos del Estallido Social en el Valle del Cauca, especialmente en Cali, se distingue por la magnitud y la forma en que se desarrollaron las protestas durante el Paro Nacional del 2021. Estos detenidos enfrentan una situación especialmente difícil a nivel nacional, con escasas posibilidades de obtener libertad. La represión estatal en Cali fue tan intensa que incluso la ONU no pudo evaluar adecuadamente los casos de detenidos políticos en la ciudad, lo que resulta lamentable dado que la mayoría de los detenidos provienen de allí. Esto se debe en parte a que las defensas de estos detenidos son llevadas a cabo por la Defensoría del Pueblo y abogados sin especialización. El informe de la ONU describe prácticas como tortura, detenciones prolongadas y desapariciones forzadas que fueron frecuentes en Cali y el Valle del Cauca durante el Paro Nacional. Sin embargo, la ONU no pudo caracterizar completamente estas prácticas, lo que sugiere que en las judicializaciones en el Valle del Cauca hay una sistemática y generalizada violación de los derechos humanos

Pese a que el Gobierno Nacional indica que la Fiscalía y Procuraduría han obstaculizado las acciones para la libertad de los detenidos políticos, consideramos que el Gobierno de Gustavo Petro sí puede adelantar más acciones que garanticen los mínimos de dignidad humana para los detenidos del Paro Nacional, en especial para quienes se encuentran en la cárcel de máxima seguridad de Palmira organizados en el Colectivo “Jonathan Sabogal”.

Por: Sofía López Mera, abogada, periodista y defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad