Voces de Resistencia: La Gira Europea del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz, Corporación Justicia y Democracia y Corporación Justicia y Dignidad

Las infancias que la guerra devora y el Estado abandona

Caminamos por Europa con el peso de un país a cuestas. No era el peso de la nostalgia ni del miedo. Era el peso de los nombres sin lápida, de las madres que han parido hijos e hijas para la guerra, de las infancias que han cambiado los pupitres por los fusiles.

Vinimos a denunciar lo que en Colombia se oculta, lo que en los noticieros se menciona con vergüenza y se olvida con rapidez. Vinimos a decirle al mundo que en el suroccidente colombiano niños y niñas desaparecen y reaparecen como combatientes, que sus cuerpos se desvanecen en las montañas y sus nombres se borran de los registros del Estado. Vinimos sin recursos, sin apoyo, sin nada más que la certeza de que callar también es ser cómplices de la violencia.

Ginebra: denuncia ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU

El invierno suizo nos recibió con su frialdad habitual. No nos sorprendió. Nosotros y nosotras venimos del frío de la indiferencia, de la burocracia que sella expedientes y archiva vidas. En las salas del Comité de Derechos del Niño de la ONU, desplegamos nuestras denuncias como si fueran heridas abiertas.

Hablamos de lo que nadie quiere oír: del reclutamiento forzado que arranca a los niños y niñas de los patios de las escuelas y les devuelve convertidos en sombras, de la desaparición forzada que se traga sus nombres y sus historias, de cómo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en vez de protegerles, les maltrata y les estigmatiza, empujándolos de nuevo a la guerra.

El comité escuchó. Preguntaron. No hubo respuestas fáciles, porque no hay reparación para una infancia que ya no existe.

Nos encontramos con la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIAN, Francisco Javier Vera, la Plataforma Colombiana por el Protagonismo de Niños, Niñas y Jóvenes y Acción Global, con la comisionada Rosaria Isabel Correa, con quienes cruzamos palabras, ideas y esperanzas. Sabemos que, en este juego de poderes, la solidaridad internacional es un resguardo necesario.

Barcelona: las redes de resistencia

Desde Suiza transitamos a Barcelona, a donde nos llevó la palabra y el compromiso de Betty Puerto, una luchadora curtida en la defensa de derechos humanos. Nos abrió las puertas de su casa y de la Taula Catalana, un espacio donde se discute la justicia más allá de las fronteras.

Nos sentamos frente a ellas y hablamos de nuestras muertes, pero también de nuestros sobrevivientes: de quienes hemos rescatado con nuestras propias manos, de aquellos y aquellas que lograron escapar de la guerra pero que el Estado sigue tratando como delincuentes. Presentamos nuestras propuestas de justicia indígena para la paz y la Guardia Intercultural Humanitaria, esa forma de resistencia que nació desde el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz, en el corazón de las comunidades rurales, y se levantó con la dignidad de quienes han sido despojados de todo.

Nos escucharon. Nos creyeron. Y eso, en estos tiempos, ya es una victoria.

Madrid: la lucha de quienes defendemos con las leyes

Madrid nos esperaba con otro escenario. Aquí, la lucha se libra con códigos y leyes, con sentencias que, en el mejor de los casos, llegan cuando ya el daño está hecho. Nos sentamos en la mesa del Observatorio Internacional de la Abogacía del Consejo General de la Abogacía Española y dijimos lo que en Colombia nos puede costar la vida: que los abogados y abogadas defensores de derechos humanos están en la mira, que denunciar significa llevar una diana en la espalda.

Fuimos al Colegio de Abogados de Madrid y a la Asociación Libre de Abogados, donde compartimos no solo nuestra labor, sino nuestras cicatrices. La defensa de los derechos humanos como abogados y abogadas no es una profesión, es una condena.

En el Congreso de los Diputados de España, nos reunimos con Enrique Santiago (Izquierda Unida) y Agustín Santos (Sumar). Les hablamos de las infancias sin tumba, de quienes mueren sin haber vivido, de quienes sobreviven sin haber nacido del todo. También nos encontramos con Podemos Internacional, donde les mostramos la verdad cruda de nuestro país y pedimos respaldo. No para nosotros y nosotras, sino para quienes aún pueden ser salvados.

Volver con el corazón ardiendo

Aunque Europa prestó atención a nuestro clamor, el eco auténtico aún resuena en Colombia. Aquí, las madres seguimos esperando a nuestros hijos e hijas; aquí, la selva continúa tragándose nombres; y aquí, la guerra sigue arrebatando la infancia a quienes deberían estar jugando, no huyendo..

Nosotros y nosotras, Sofía López Mera y Víctor Javier Velásquez, volvemos con la certeza de que este viaje no fue en vano. Regresamos con la esperanza de que nuestras denuncias no se pierdan en el olvido y con la convicción de que la lucha sigue, aunque a veces duela, aunque a veces mate.
Porque la historia de Colombia no la escriben los poderosos en los palacios, la escribimos nosotros y nosotras, quienes hemos visto la guerra de cerca y seguimos, tercamente, empeñados en la justicia, la dignidad y la construcción de la paz y la democracia.

Este viaje lo hicimos como delegados y delegadas de la Corporación Justicia y Dignidad y la Corporación Justicia y Democracia, organizaciones que integramos con orgullo en el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz y la Guardia Intercultural Humanitaria. Seguimos en pie. Seguimos en la lucha. Porque la paz no se suplica, se construye, y así llegarán, por fin, la justicia, la dignidad y la democracia.

La Escombrera: Crimen de Estado y la Lucha por la Verdad

El hallazgo reciente de restos humanos en La Escombrera, un sector de la Comuna 13 de Medellín, reaviva el debate sobre las desapariciones forzadas y la responsabilidad del Estado colombiano en estos crímenes de lesa humanidad. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los restos pertenecen a al menos cuatro personas, todas ejecutadas con tiros de gracia entre 2002 y 2003, un período marcado por operaciones militares como la controvertida Operación Orión.

La JEP ha enfatizado que insinuar que las familias de las víctimas enterraron a sus seres queridos en este lugar es una postura que minimiza el sufrimiento y la lucha incansable por la verdad que estas han llevado a cabo durante décadas. Desde que en 2001 surgieron las primeras denuncias sobre el uso de La Escombrera como fosa común, el Estado ha demostrado una alarmante negligencia al ignorar estas alertas, lo que ha prolongado la impunidad de los responsables.

En los últimos meses, tras remover más de 37.000 metros cúbicos de tierra y escombros, se logró exponer una pequeña porción de la verdad oculta en este lugar. La investigación confirma que dos de las víctimas fueron asesinadas y enterradas en el mismo sitio, lo que evidencia el uso de La Escombrera como lugar de ejecución y encubrimiento. A pesar de estas revelaciones, se estima que más de 500 personas desaparecieron durante este período, aunque el número real podría ser mayor debido al miedo de muchas familias a denunciar.

La JEP ha llamado a los familiares de víctimas a aportar muestras de ADN para agilizar la identificación de los restos. Hasta ahora, los avances forenses han permitido preservar estructuras óseas hasta en un 85%, lo que podría facilitar la identificación y entregar respuestas a las familias que han vivido en incertidumbre durante décadas.

Este caso también pone en cuestión el rol del Estado, no solo como garante de derechos, sino como responsable directo por su participación o connivencia en estas violaciones masivas. La Operación Orión, llevada a cabo con el argumento de combatir a grupos armados ilegales, se tradujo en desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, hechos que el aparato estatal no puede evadir ni ignorar.

El caso de La Escombrera subraya la necesidad de una justicia transicional eficaz y una reparación integral para las víctimas. Solo a través de un compromiso genuino con la verdad y la justicia será posible cerrar las heridas abiertas por estas graves violaciones a los derechos humanos.

#DesaparicionesForzadas #JusticiaTransicional #ResponsabilidadDelEstado #VerdadYReparación #LaEscombrera

 

Restauración de los Murales de la Memoria en Solidaridad con las Madres Buscadoras y en Denuncia contra las Violaciones de Derechos Humanos

El pasado domingo 19 de enero, el movimiento social y de derechos humanos, artistas populares y la ciudadanía de Popayán se reunieron en el sector del Tablazo para la creación de un mural en solidaridad con las Madres Buscadoras de la Comuna 13 de Medellín. Estas valientes mujeres, víctimas de negacionismo estatal, continúan luchando incansablemente por encontrar a sus seres queridos desaparecidos durante la Operación Orión.

El evento contó con la participación de aproximadamente 100 personas, quienes plasmaron en un mural de 500 metros de largo en la carretera Panamericana de Popayán, frases como «Las cuchas tienen razón» y «Uribe dio la orden», en alusión a los 6.402 casos de falsos positivos ocurridos durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Asimismo, el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz pintó un mural en denuncia de la desaparición forzada de 589 niños, niñas y adolescentes en el Cauca tras la firma del Acuerdo de Paz. Este llamado exigió su liberación inmediata y la erradicación del reclutamiento forzado en la región.

Sin embargo, el día de hoy, 21 de enero, los murales fueron vandalizados. Manchas negras cubrieron gran parte de las obras, especialmente aquellas que incluían el rostro y nombre de Álvaro Uribe Vélez, lo que sugiere que los responsables son afines al uribismo. Este acto de censura ocurre cerca de terrenos pertenecientes a la senadora uribista Paloma Valencia, lo que genera aún más interrogantes sobre los intereses detrás de estos hechos.

Lejos de desanimarse, el movimiento social ha convocado a una jornada de restauración de los murales de la memoria en la Loma del Tablazo, programada para la tarde de hoy. Este acto busca reafirmar el compromiso de la ciudadanía con la verdad, la justicia y la memoria de las víctimas de desaparición forzada y otras graves violaciones a los derechos humanos.

¡Invitamos a toda la comunidad a sumarse a esta jornada por la memoria y la dignidad!

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El Catatumbo en crisis: el ELN intensifica ataques contra firmantes de paz

ELN intensifica ataques contra firmantes de paz en el Catatumbo: dos excombatientes asesinados

La región del Catatumbo, en Norte de Santander, vive una escalada de violencia desatada por el conflicto entre el ELN y las disidencias de las Farc. Desde el 16 de enero, los enfrentamientos han dejado víctimas entre la población civil, incluyendo exguerrilleros que firmaron el Acuerdo de Paz con el gobierno de Juan Manuel Santos.

En videos difundidos en redes sociales, se observa a guerrilleros del ELN recorriendo casa por casa en el corregimiento de San Pablo, municipio de Teorama, buscando a firmantes del acuerdo. Horas después, los cuerpos de Albeiro Díaz Franco y Yurgen Martínez Delgado fueron hallados sin vida. Ambos habían decidido dejar las armas y acogerse al proceso de paz.

Adicionalmente, otros dos firmantes fueron asesinados en los municipios de El Tarra y Convención, aunque no se han revelado sus identidades. Testimonios no confirmados indican que más personas en la misma condición podrían haber sido retenidas por el ELN.

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, informó que los enfrentamientos han causado al menos 23 muertos oficialmente, mientras reportes extraoficiales elevan la cifra a 34 fallecidos y 20 heridos. Villamizar destacó que la situación habría podido prevenirse, pues las autoridades locales ya habían advertido sobre el riesgo de una escalada violenta desde diciembre.

El conflicto ha provocado desplazamientos masivos, cierre de escuelas y paralización del comercio. Las instituciones educativas evalúan modelos virtuales para garantizar la seguridad de estudiantes y docentes, mientras se han habilitado iglesias y colegios como refugios temporales. La región también enfrenta una alerta amarilla en el sistema de salud para atender a las víctimas.

Villamizar lamentó que los avances en la paz logrados durante los últimos meses se hayan desmoronado tras la suspensión de las negociaciones con el ELN en diciembre. «Mientras existían mesas de diálogo, algunos municipios llegaron a estar hasta nueve meses sin homicidios. Hoy enfrentamos una situación devastadora», afirmó.

En medio del caos, circulan comunicados supuestamente emitidos por el ELN, que acusan al comandante disidente alias Richard de ser un «paramilitar» y exigen su entrega. Sin embargo, Villamizar advirtió que estos mensajes deben ser verificados antes de ser considerados oficiales.

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El legado de Patrice Lumumba: la lucha de un héroe africano por la libertad

Patrice Lumumba fue el primer primer ministro del Congo tras su independencia, un puesto que ocupó por poco más de ochenta días. Su discurso contra el colonialismo y sus políticas de “africanizar” las fuerzas armadas no agradaron a las potencias coloniales, especialmente a Bélgica y Estados Unidos, en plena Guerra Fría. Nacido el 2 de julio de 1925 en Onalua, fue un líder joven que buscó emancipar a su pueblo de siglos de opresión. Fue asesinado el 17 de enero de 1961, a los 35 años, junto a sus seguidores Maurice Mpolo y Joseph Okito. Su cuerpo fue desmembrado y disuelto en ácido, dejando como único rastro un diente de oro.

El Congo, otrora “territorio privado” del rey Leopoldo II, vivió décadas de explotación y esclavitud bajo el colonialismo belga. Aunque en 1908 pasó oficialmente a manos del estado belga, las condiciones de la población no mejoraron. Lumumba, formado en escuelas misioneras, destacó como periodista y activista. Fundó el Movimiento Nacional Congolés (MNC) en 1958 y lideró el país hacia la independencia el 30 de junio de 1960. Su discurso ese día denunció la brutalidad colonial y exaltó la dignidad del pueblo congoleño, lo que le valió admiración popular y enemigos poderosos.

La independencia del Congo estuvo condicionada por una deuda externa impuesta por Bélgica, que perpetuó su influencia económica. A las pocas semanas, estalló la crisis: Katanga, una región rica en minerales, se declaró independiente con apoyo belga. Naciones Unidas intervino, pero se alineó con los intereses coloniales. Lumumba, sintiéndose traicionado, pidió ayuda a la Unión Soviética, desatando la alarma en Occidente. La CIA, bajo orden de Dwight Eisenhower, consideró su eliminación como prioritaria.

El golpe llegó en septiembre de 1960, liderado por Joseph Mobutu, entonces coronel del ejército. Lumumba fue arrestado en diciembre tras intentar reorganizar fuerzas leales en Stanleyville. El 17 de enero de 1961, fue trasladado a Katanga, donde fue ejecutado por un pelotón bajo la supervisión de autoridades belgas y estadounidenses. Su cuerpo fue destruido para borrar su existencia.

En junio de 2022, después de años de lucha legal, el diente de oro de Lumumba fue devuelto a su familia. Fue enterrado simbólicamente en un mausoleo en Kinshasa, durante las celebraciones de independencia. Patrice Lumumba es recordado como un héroe nacional y un símbolo de resistencia africana frente al imperialismo. Su legado, aunque truncado, inspiró a generaciones a soñar con una África libre y unida.

Su historia refleja la tragedia del Congo y de tantas otras naciones africanas, donde la lucha por la independencia fue marcada por intervenciones extranjeras y traiciones internas. Las palabras y acciones de Lumumba desafíaron al poder colonial, pero también al orden establecido en un mundo dividido por la Guerra Fría. Hoy, su mirada, capturada en una fotografía al momento de su captura, sigue siendo un testimonio del coraje frente a la adversidad.

Encerrado en el mausoleo de Kinshasa, un diente de oro es el único vestigio físico de Patrice Lumumba. Su sueño de un Congo grande y libre se desvaneció bajo el peso de la corrupción y las guerras que siguieron a su efímera e idealista gestión. Quedan, sin embargo, las imágenes de sus días de gloria. Una en particular sobresale: la de su captura. Allí está, sentado con las manos atadas a la espalda, en la caja de un camión donde se intuyen otros cuerpos. Un soldado ajusta una soga a sus espaldas. Pero lo que impacta, más allá del contexto, es su mirada.

Lumumba observa la muerte directamente a los ojos.

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Mural en Medellín «Las Cuchas tienen razón»: un símbolo de memoria que vuelve a las calles tras la censura

El mural con la frase “Las cuchas tienen razón” volvió a ser pintado en Medellín tras ser borrado por funcionarios de la Alcaldía el martes 14 de enero. Esta vez, el secretario de Cultura, Santiago Silva, aseguró que no será eliminado nuevamente.

La intervención inicial de la Alcaldía, que cubrió la obra con pintura gris, generó una respuesta inmediata de colectivos culturales y ciudadanos. Durante la noche del mismo martes, decenas de personas se reunieron en el deprimido vehicular cerca de la Terminal de Transportes para restaurar el mural. La jornada incluyó actividades culturales y terminó con la frase nuevamente plasmada en las paredes.

Este mural tiene un profundo significado, ya que alude a los restos humanos hallados en «La Escombrera», ubicada en el occidente de Medellín. Este lugar es señalado como posible sitio de desapariciones forzadas ocurridas durante el conflicto armado, particularmente en la Comuna 13. Desde 2020, la zona está bajo medidas cautelares dictadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Equipos forenses han encontrado tres osamentas en el lugar, las cuales están siendo analizadas por Medicina Legal.

La polémica también gira en torno a otro mural previo, “Nos están matando”, borrado anteriormente. Este recordaba homicidios y desapariciones relacionadas con el paro nacional de 2021 y los crímenes contra líderes sociales, problemáticas que aún persisten.

El secretario Silva argumentó que estas acciones buscan evitar mensajes político-electorales, basándose en el Acuerdo Municipal 010 de 2020 que regula el grafiti en Medellín. Sin embargo, la decisión ha provocado críticas de figuras como el presidente Gustavo Petro, quien en redes sociales expresó su apoyo al mural con mensajes como “¡El arte no se calla! Viva Medellín culta y en paz”.

La reelaboración del mural ha sido interpretada como un acto de resistencia artística y memoria colectiva, con respaldo de ciudadanos y políticos locales.

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Memoria borrada: polémica por eliminación de mural en Medellín

El colectivo Madres de los Falsos Positivos Colombia (MAFAPO) expresó su rechazo hacia el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tras la eliminación de un mural alusivo a las víctimas de desapariciones forzadas, realizado el 12 de enero. El mural, pintado por colectivos artísticos, buscaba honrar la memoria de los desaparecidos tras los recientes hallazgos en la escombrera, investigados por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.

El alcalde Gutiérrez justificó la eliminación señalando que solo apoya expresiones de arte urbano reglamentadas y acusó a los autores del mural de generar desorden. Sin embargo, las madres cuestionaron si su incomodidad radica en el mensaje de memoria. Por su parte, el presidente Gustavo Petro calificó la acción como un acto fascista que atenta contra el arte y la libre expresión.

Este hecho reaviva el debate sobre la tensión entre memoria histórica y orden urbano, evidenciando cómo los espacios públicos se convierten en escenarios de disputa entre las voces de las víctimas y las decisiones políticas.

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Reinician excavaciones en La Escombrera para encontrar desaparecidos del conflicto armado en Medellín

El 7 de enero de 2025 se reiniciaron oficialmente las excavaciones en La Escombrera, Medellín, en busca de personas desaparecidas durante el conflicto armado colombiano. Las excavaciones fueron suspendidas durante la temporada de fin de año, pero se reanudan tras el hallazgo de restos óseos el 19 de diciembre de 2024, luego de 146 días de trabajo. Durante ese tiempo, se descubrieron los restos de dos hombres y una mujer, lo que valida las denuncias de grupos de víctimas como el colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, cuyo trabajo ha sido históricamente desestimado.

La JEP está liderando la intervención en un área priorizada de 2.417 m² dentro de La Escombrera, donde se estima que podrían encontrarse hasta 500 cuerpos. La zona, ubicada en la Comuna 13, fue utilizada como base paramilitar durante los años más intensos del conflicto, siendo un lugar clave para ejecuciones y desapariciones forzadas.

La identificación de los restos puede tardar meses debido a la falta de muestras de sangre por parte de las familias afectadas, debido a la lentitud del Estado en intervenir el lugar.

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25 de noviembre: La Desaparición Silenciosa de Nuestras Hijas

«El sur, los vientos del sur traen el cambio», dijo el presidente Gustavo Petro, y así fue: el sur dio la fuerza al proyecto que hoy nos gobierna. Pero esos vientos, antes de esperanza, hoy son pestilentes.
Este 25 de noviembre de 2024, Día de la No Violencia contra las Mujeres, no podemos ignorar cómo la guerra se ensaña con nuestras jóvenes y niñas en el sur. Los vientos del cambio se han vuelto vientos de muerte. Como Madres y Mujeres reclamamos la vida antes de que el silencio y el olvido lo consuman todo.
Mauren Alejandra Ulchur tenía apenas catorce años. Su uniforme escolar aún olía a infancia, pero eso no detuvo a quienes la arrancaron de su salón en el Instituto Técnico Agrícola de La Plata, Huila, a finales de agosto de 2024. No fue la única. Detrás de ella, siete niñas más fueron llevadas mediante engaños, como si en las aulas no quedaran más que cuerpos a disposición de la guerra.
Gracias a la intervención de Naciones Unidas, seis niñas lograron regresar. Pero Mauren Alejandra no fue una de ellas. La encontraron este sábado 23 de noviembre, enterrada en una fosa común en El Ceral, una vereda montañosa de Buenos Aires, Cauca. Murió en medio de un combate entre las estructuras Jaime Martínez y el ELN.
En el colegio donde fue reclutada, las clases continúan como si nada. Ocho menores arrancadas de ese plantel, un informe de la ONU, y aún no pasa nada. Ni la denuncia, ni la muerte, ni el terror bastan para mover la maquinaria del Estado.
Laura Andrea Duarte, de 21 años, tampoco tuvo opciones. La promesa de un trabajo en el Alto Naya la hizo salir de su casa sin mirar atrás. No sabía que el «empleo bien pagado» la llevaría al control de la estructura Jaime Martínez. Cuando se negó a ser reclutada, la asesinaron. Su familia busca su cuerpo, buscando consuelo en otras familias que también buscan a sus hijos desaparecidos.
Erika Vanessa Trochez tenía 17 años cuando la misma estructura la tomó. Fue llevada a un campamento en Villa Colombia, Jamundí. Su madre, una mujer de fuerza desgarradora, llegó hasta donde estaba su hija para pedir que se la devolvieran. Suplicó, lloró, pero la respuesta fue un castigo: Erika fue trasladada a Buenaventura, más lejos, más inaccesible. Hoy no se sabe dónde está. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó a favor de la menor medidas cautelares, pero los días pasan y el silencio del Gobierno Nacional es sepulcral.
Hellen Sofía Chilo, de 12 años, fue vista por última vez el 20 de noviembre de 2024 en Santander de Quilichao, con su uniforme escolar puesto. Versiones indican que caminaba acompañada por un adulto desconocido, quien aparentemente la llevó hasta Popayán. Santander de Quilichao suma una historia más de una niña desaparecida, una historia que se pierde en el silencio y la indiferencia
Melanie Sofía Oviedo salió el 2 de noviembre, al final de la tarde, a pasear su mascota por las calles del barrio San Pedro en Palmira, Valle del Cauca. Llevaba falda negra, saco blanco, medias y zapatillas blancas. No regresó.
Juliana Quilindo Muñoz, de 13 años, es hija de la comunidad indígena Polindara del Cauca y vivía en la ruralidad de Pradera, Valle del Cauca. Desde el 2 de noviembre de 2024, su desaparición ha generado alarma en las redes sociales, donde circulan carteles solicitando información sobre su paradero. Sin embargo, hasta el momento, su rastro sigue siendo un misterio, y su familia y comunidad siguen esperando respuestas.
Heylin Ruiz Mensa, de 13 años, desapareció el 25 de octubre de 2024 desde su casa en el barrio San Marino de Cali. Su fotografía, con una balaca y una sonrisa, cuelga en los postes del barrio. Su familia sigue buscando, pero hasta ahora, no sabemos nada de ella.
Lizet Tatiana Morales Tálaga, de 15 años, estudiaba en el Colegio San Antonio de Padua en Timbío, Cauca. El 28 de octubre de 2024 salió de clases como cualquier otro día, pero nunca llegó a casa. Es la misma historia que se repite una y otra vez en los municipios del Cauca: niñas que salen de su colegio y nunca regresan. Cada día que pasa sin noticias, la esperanza se mezcla con la angustia, y el dolor de la desaparición se hace más profundo.
Katherine Aranda, 15 años, desapareció el mediodía del 29 de octubre. La vieron por última vez cerca del barrio Pedro León en Corinto, Cauca. Desde entonces, la montaña guarda silencio.
Jenny Vanessa Poloche y Yensi Poloche, de 12 y 16 años, compartieron la misma desaparición. Sus huellas se borraron en la Institución Agrícola de Piamonte, Cauca, el 23 de octubre de 2024. La escuela, ese lugar que debería protegerlas, quedó en silencio. La vida sigue su curso, pero ellas no vuelven.
Helen Sofía Mopán, de 13 años, desapareció en agosto de 2024, cuando salió de su casa en La Unión, Nariño, sin dejar rastro. Desde entonces, su familia y comunidad no han tenido noticias de ella. Como muchas otras niñas en el sur de Colombia, Helen se suma a la lista de las desaparecidas.
Anyela Mildred Ipia Acalo, de 15 años, desapareció el 14 de octubre de 2024, mientras regresaba de Caldono hacia su casa en la vereda Asnazu, Suárez, Cauca. En el sector de Mondomo, alguien la vio subir a una camioneta. Su paradero sigue siendo incierto. Se rumorea que podría estar en Muchique Los Tigres, en Santander de Quilichao. La Estructura Dagoberto Ramos de las FARC la reclutó, como ha ocurrido con tantas otras niñas.
25 de noviembre de 2024, Día de la No Violencia contra la Mujer, y nada pasa.
Hoy, como todos los días, denunciamos cómo la guerra y la muerte siguen arrancando a nuestras niñas y jóvenes del sur. Pero no pasa nada. Ellas se convierten en una cifra más, en un número olvidado en un programa de Excel, en un cartel de «se busca» que no ofrece respuestas. No están en casa, no están en sus colegios, no están con sus familias ni en sus comunidades. La muerte nos habita, la guerra ha tomado el control, y la indiferencia sigue siendo la única respuesta.
No hay cambio posible si nuestras niñas desaparecen sin dejar rastro. No hay esperanza mientras el silencio y la indiferencia sigan siendo la respuesta. Hoy, más que nunca, el sur clama por justicia, por memoria, por un país que no olvide a sus hijas, que se niegue a ser indiferente ante su dolor. Que los vientos del sur no sigan trayendo muerte y guerra. Que los vientos del sur sean, por fin, el verdadero cambio: un cambio que permita a las mujeres vivir libres de violencia.

Sofía López Mera, abogada y periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad y del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz.

 

El General (r) Iván Ramírez Quintero un monstruo de la doctrina de seguridad nacional

Iván Ramírez Quintero, de 81 años, nació en Roldanillo, Valle del Cauca. Ingresó al Ejército en 1963 en el Batallón de Ingenieros No. 5 Francisco José de Caldas y, aunque comenzó como Comandante de Pelotón en unidades de ingenieros, rápidamente se destacó en labores de inteligencia. Desde 1971 ocupó roles clave como Analista y Jefe de Sección en el Batallón Charry Solano, y posteriormente fue segundo Comandante y luego Comandante del mismo batallón hasta 1985. En 1985 asumió la comandancia del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia, y en 1987 se integró a la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, siendo Comandante de la XI Brigada entre 1988 y 1989. En 1994 fue jefe de Sección II (Inteligencia) del Comando General de las Fuerzas Militares, y en 1995 Comandante de la 1ª División. Terminó su carrera como Inspector General del Ejército hasta 1998, con una comisión a Chile ese año.

En 1979 surgieron las primeras acusaciones en su contra, cuando cuatro miembros de Inteligencia Militar lo señalaron como uno de los creadores de la Triple A y coordinador de algunos de sus atentados dinamiteros. También fue responsabilizado por su papel en la operación de retoma del Palacio de Justicia en 1985, cuando era la máxima autoridad del Batallón Charry Solano, y por los delitos cometidos por esta unidad durante su comandancia.

Ramírez fue condenado por el delito de desaparición forzada, ocurrido durante la toma del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando la guerrilla del M-19 se apoderó del edificio. También se le señaló, en declaraciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de haber ordenado la desaparición forzada y el homicidio de varios líderes de izquierda en las décadas de los 80 y 90.

En mayo de 2023, el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa a Ramírez, argumentando que había cometido «graves violaciones a los derechos humanos». Esta acción reflejaba el creciente escrutinio internacional sobre sus actividades y decisiones durante su carrera militar.

Iván Ramírez Quintero es un fiel ejecutor de la doctrina de seguridad nacional en Colombia. Su alianza con el empresariado criminal y el paramilitarismo fue clave en la aplicación estricta política del enemigo interno, de la estrategia contra insurgente y la guerra de baja intensidad. Siendo uno de los ejes fundamentales para la planeación y ejecución de la política de persecución y eliminación implementada contra los sectores de izquierda en Colombia.

Recientemente, la Sala Plena del Tribunal Superior de Bogotá lo condenó en segunda instancia a 31 años de prisión por la desaparición forzada durante la toma del Palacio de Justicia. Esta condena se emitió tras resolver el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación y los representantes de las víctimas, en contra del fallo del 15 de diciembre de 2011, por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, que había absuelto a Ramírez Quintero por duda probatoria.

De acuerdo con la Sala Plena, existían pruebas suficientes tanto testimoniales como documentales para condenar al general (r) Iván Ramírez Quintero por la desaparición de Irma Franco, miembro del M-19. En el mismo caso, el coronel (r) Fernando Blanco Gómez también fue condenado. El fallo señala: “Está debidamente demostrada la ocurrencia y materialidad de la conducta desplegada por los procesados, junto con otros militares, para acometer, como lo hicieron, contra la libertad individual de la guerrillera Irma Franco Pineda, por lo que, siendo típica, objetiva y subjetivamente, la conducta, además de antijurídica y culpable, deben responder penalmente por ella”.

Recientemente el sargento José Leonairo Dorado Córdoba confesó ante la JEP su participación en crímenes durante los años noventa como miembro del Batallón de Contrainteligencia 1 y el Batallón de Inteligencia Charry Solano. Sus declaraciones implican al general (r) Iván Ramírez Quintero y otros altos oficiales del Ejército en el asesinato de líderes de izquierda, torturas, seguimientos y planes de asesinato, incluyendo al actual presidente Gustavo Petro. Dorado confesó que estos seguimientos buscaban eliminar a los líderes izquierdistas, como en el fallido intento de asesinato de Antonio Navarro.

Dorado relató su vinculación con el Ejército en 1984, comenzando una carrera criminal que incluyó seguimientos a políticos como Gustavo Petro, Antonio Navarro, Álvaro Leyva y Aida Avella, con reportes directos al general Ivan Ramírez Quintero. Según Dorado, la Brigada XX, bajo el mando de Ramírez, estaba alineada con grupos paramilitares.

Entre los crímenes más destacados confesados por Dorado y que involucran a Ivan Ramirez Quintero se incluyen:

  • Manuel Cepeda Vargas (1994): Asesinato del senador de la Unión Patriótica, ordenado por generales como Harold Bedoya y Martín Carreño, con el grupo de sicarios dirigido por el mayor César Corredor.
  • Eduardo Umaña Mendoza (1998): Abogado de derechos humanos asesinado tras meses de seguimiento ordenado por Ramírez Quintero.
  • Guillermo Marín (1986): Exmilitante del M-19 secuestrado y torturado por sargentos Garzón y Medina, sobrevivió al ataque.
  • José Cuesta Novoa (1988): Concejal de Bogotá sometido a torturas por orden del general Ramírez.
  • Amparo Tordecilla (1989): Integrante del EPL secuestrada y asesinada en un intento de sabotear acuerdos de paz.
  • Nydia Érika Bautista (1987): Exmilitante del M-19 secuestrada, victima de violencia sexual y torturada hasta la muerte, con órdenes de altos mandos militares.
  • Alirio Pedraza (1990): Abogado de derechos humanos secuestrado y asesinado, sus restos enterrados clandestinamente.
  • José Miller Chacón (1993): Asesinato del exintegrante de la Unión Patriótica, seguido y ultimado por sicarios de la Brigada XX.
  • Pedro Movilla (1993): Líder del Partido Comunista secuestrado, torturado y asesinado.

Dorado detalló la estructura criminal dentro del Ejército, dirigida por Ramírez Quintero y apoyada por otros altos oficiales, con operaciones lideradas por una Compañía de Operaciones Especiales.

Desde 1977 hasta finales de 1998, los organismos de inteligencia del Ejército Nacional utilizaron todos los recursos disponibles para perseguir a personas vinculadas a movimientos políticos de izquierda. Esta persecución siguió un patrón común: primero, se controlaba y vigilaba a estas personas, investigando su vida personal, horarios, hábitos, residencia, trabajo, y círculos sociales, a menudo mediante infiltración. Luego, miembros de las unidades de inteligencia del ejército, vestidos de civil o con uniforme, procedían al secuestro y/o privación ilegal de la libertad de estas personas.

Las víctimas eran llevadas a instalaciones de las Fuerzas Militares o a lugares clandestinos, normalmente utilizando vehículos particulares registrados bajo unidades militares. No se presentaban órdenes de captura autorizadas por jueces ni se informaba a los familiares sobre el paradero de las víctimas. En estos lugares, las víctimas eran sometidas a torturas y tratos inhumanos para obtener información sobre grupos insurgentes o para que señalaran a otras personas. La mayoría de estos casos culminaron en desapariciones forzadas.

Estas revelaciones ponen de manifiesto la urgente necesidad de que el Estado colombiano revise y transforme su doctrina militar. La actual doctrina de seguridad nacional, basada en la noción del «enemigo interno» , guerra de baja intensidad y la estrategia contra insurgente, ha propiciado un entorno donde violaciones de derechos humanos y crímenes atroces pueden cometerse con impunidad. Es imperativo que se adopten nuevas políticas y enfoques que prioricen la protección de los derechos humanos y la dignidad de todos los ciudadanos. Solo así se podrá garantizar que la institución castrense no vuelva a producir individuos capaces de cometer tales monstruosidades.

Por: Sofía López Mera, abogada y periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad