¿Autoexterminio indígena? El conflicto en el Cauca que mata desde adentro

En el Cauca, el conflicto armado no solo llega con fusiles. También habita en las casas, en las cocinas, en los mismos territorios ancestrales. Esta semana, el país volvió a llorar a sus líderes: el mayor indígena Marcos Yonda y la guardia ancestral Aída Dámaris Flor Camayo fueron asesinados. Dos muertes, dos símbolos, una misma herida.

A Marcos Yonda, sabedor espiritual del pueblo Nasa, lo asesinaron con arma blanca en su vivienda, en la vereda Taravira del municipio de Páez. Era guía espiritual y protector del equilibrio territorial. Su muerte no ocurrió en combate: fue una ejecución. Un mensaje. Una ruptura del respeto ancestral.

A Aída Dámaris Flor Camayo, comunera del Resguardo de Honduras en Morales, la asesinó un comunero: Didier Campo, también indígena. No fue un grupo armado. Fue un feminicidio cometido dentro del mismo territorio. Su resguardo lo denunció con claridad: “Rechazamos los feminicidios contra nuestras mujeres dadoras de vida”. Porque la violencia no solo llega desde afuera: también brota cuando se rompe el tejido comunitario.

Estos crímenes no son hechos aislados. Reflejan una crisis profunda del movimiento indígena. Muchos de los comandantes de grupos armados son hoy indígenas que fueron reclutados siendo niños. Jóvenes que regresan a sus tierras convertidos en verdugos. Indígenas matando indígenas. La guerra por dentro.

A esto se suma la desconexión entre las bases y las autoridades. Las decisiones ya no se tejen desde la comunidad. El movimiento indígena está fracturado, y esa fractura se refleja en los asesinatos, el reclutamiento forzado de menores, la imposición de normas armadas y la impunidad.

Según Indepaz, en lo que va de 2025 han sido asesinados 90 líderes y lideresas sociales en el Cauca. Desde la firma de los Acuerdos de Paz, más de 360. No es una casualidad. Es una estrategia de exterminio. Matar a sabedores, guardias y lideresas es matar la raíz misma del pueblo.

La paz en el Cauca no puede pensarse desde los escritorios. Tiene que construirse desde las comunidades, desde las mujeres, desde los sabedores. Desde adentro.

Por Prensa Justicia & Dignidad

Contratistas retenidos: ¿versión real o libreto armado?

En el Litoral Pacífico, el río Micay baja oscuro, lleno de secretos. En sus orillas crece la selva espesa, y también el miedo. Allá, donde solo llega el eco del Estado, donde la institucionalidad apenas si se asoma en chalupa, aparecieron nueve contratistas —siete mujeres y dos hombres— retenidos por las disidencias de las FARC. Fueron señalados de trabajar para la guerra, cuando apenas llevaban papeles, formularios y una promesa frágil de atención social.

Días después, circula un video: una de las funcionarias, rodeada por hombres armados, con voz contenida, explica que sí, que su contrato obedece a una necesidad presentada por la Fuerza Pública y gestionada por la Gobernación. ¿Y entonces? ¿Fue obligada a decirlo? ¿Está leyendo lo que le ordenaron leer? ¿Acaso se puede hablar con libertad cuando las armas están al lado? Nadie en su sano juicio puede negar que sigue secuestrada. No hay libertad si no se puede decir que no.

Pero más grave aún: si lo que dice fuera cierto, ¿por qué la Gobernación del Cauca no ha salido a desmentir, aclarar o explicar? ¿Qué clase de contrato social permite que una gobernación actúe como operador logístico de la seguridad, como si las funciones del Ministerio de Defensa se pudieran tercerizar? ¿Desde cuándo la acción estatal en el territorio puede camuflarse entre las lógicas del control militar?

De ser cierto lo que dicen los armados y lo que repite la funcionaria con la pistola muda apuntando desde fuera del encuadre, entonces estamos ante una verdad incómoda: el Estado falló. Falló porque no protegió a su gente. Porque mandó a civiles sin protección, sin claridad y sin respaldo. Porque dejó que la confusión entre labor social y operación militar volviera a poner en riesgo a los más vulnerables: los que van por encargo a la selva, a llevar formularios, talleres, vacunas, alfabetización, a dar la cara que los de corbata no dan.

Y si lo que dice la mujer en el video es mentira —dicho bajo coacción, como parece—, entonces el crimen se agrava: no solo están secuestrando, están obligando a los cautivos a justificar su secuestro. A encubrirlo. A vestirse con un uniforme que nunca fue suyo.

En cualquier caso, el derecho internacional humanitario ha sido violado. Retener civiles, usarlos como fichas en la guerra, convertirlos en voceros forzados de una narrativa armada, es un crimen. No hay contexto que lo justifique. No hay causa que lo excuse.

¿Ahora serán objetivo militar todos los funcionarios públicos? ¿Ahora cualquier promotor social o técnico en salud comunitaria podrá ser acusado de espía, de infiltrado, de enemigo?

Si se normaliza que simples contratistas —muchos de ellos mujeres, madres cabeza de hogar, jóvenes profesionales— sean convertidos en botín de guerra, entonces estamos enterrando cualquier posibilidad de que el Estado llegue a la Colombia profunda. Porque ¿quién va a querer trabajar allá si ya le están poniendo una lápida en el cuello antes de salir?

La guerra se degrada cuando no hay reglas. Y si el Estado es incapaz de diferenciar su función social de la militar, también es responsable. Pero esa culpa no la deben pagar los de abajo.

Libérenlos ya.

No degraden más esta guerra.

No vuelvan trinchera lo que debería ser esperanza.

Por Prensa Justicia & Dignidad

Editorial Quincenal | Justicia & Dignidad Domingo de Dignidad – 20 de julio de 2025

Hay días en que el cuerpo no puede más y, en un acto secreto de honestidad, lo vomita todo. Vomita lo que el alma no quiere, lo que no puede digerir. Y queda el cuerpo tibio, tembloroso, pero libre. Entonces —solo entonces— aparece la verdad. Una verdad que no se impone con palabras ni con gestos. Aparece como una brisa densa que lo atraviesa todo.

La dignidad.

Que no se grita.

Que no se exhibe.

Que simplemente… se vive.

La dignidad —esa extraña flor que nace del fango— consiste en seguir danzando aunque duela el alma. Consiste en no negarse al amor, pero tampoco en arrodillarse por él. Consiste en sostener la causa con el corazón limpio, incluso cuando otros lo han ensuciado todo. Consiste en no dejarse atrapar por la lógica del rencor. Porque, aunque duela, una elige no odiar.

Elige ser libre.

Y así, entre el canto, la danza y la palabra tejida, vamos.

Aunque nos quieran deshacer desde dentro.

Justicia y Dignidad sigue viva —más viva que nunca— a pesar de las amenazas, los seguimientos, los hostigamientos de los señores de la guerra y sus aliados —lastimosamente camuflados en las mismas organizaciones sociales—. A pesar de los intentos mezquinos de sus exintegrantes misóginos, Alexander Montaña Narváez y Walter Mondragón, que buscaron silenciarla, liquidarla, apropiarse de lo que no les pertenece: los casos, los dolores, las luchas.

Y sigue también el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz. Y resiste la Guardia Intercultural Humanitaria, continúa la búsqueda de las personas desaparecidas y de los menores y jóvenes reclutados por la guerra, gestando para luego parir la paz.

A pesar del desplazamiento forzado de sus lideresas y las amenazas de muerte.

A pesar de las voces de las mujeres indígenas que Rafael Ulcué y Geovany Goody, en convivencia con funcionarios corruptos de las alcaldías de Yumbo, han intentado callar, atacar, anular.

Pero no pudieron.

Porque la voz de una mujer, cuando es raíz, cuando es canto, cuando es memoria…

no se puede desaparecer.

La Bitácora del Horror se sigue escribiendo, con cada historia que las víctimas nos entregan como testimonio de la represión de Estado en el Paro Nacional de 2021, y como semilla. La Comisión de Esclarecimiento sigue siendo nuestra campaña, latiendo, aunque quieran imponernos el silencio.

Aunque la censura se vista de trámite.

Aunque la cobardía se maquille de legalidad.

A pesar del silencio —en todas sus formas— que también hiere, seguimos caminando.

Seguimos caminando.

Con pies heridos, pero firmes.

En busca de la justicia.

En busca de la dignidad.

 

Justicia y Dignidad: 15 años defendiendo los derechos humanos.

Y lo que falta, lo vamos a parir.

Disidencias de las FARC retienen a 9 funcionarios en Cauca: el riesgo de ser civil en zona de guerra

Una vez más, el Cauca se estremece ante los ecos de una guerra que parece no tener fin. Esta vez, el conflicto tocó de nuevo a la población civil: siete mujeres y dos hombres, contratistas de la Gobernación del Cauca, fueron retenidos en el municipio de López de Micay por una estructura de las disidencias de las FARC. La tensión en el litoral pacífico caucano escala, dejando como siempre a la comunidad en medio del fuego cruzado y el miedo.

Según la versión del grupo armado, estas personas estaban instalando equipos de uso militar. La Gobernación, sin embargo, asegura que los funcionarios cumplían una labor humanitaria y social, acercando la oferta institucional del Estado a comunidades históricamente olvidadas. A través de un comunicado oficial, el gobierno departamental rechazó categóricamente el secuestro y lo calificó como una grave violación del Derecho Internacional Humanitario, haciendo un llamado urgente a su liberación inmediata.

“El Estado no es un enemigo, es una herramienta al servicio de la gente”, recordó el gobernador Octavio Guzmán. Pero en el Cauca, cualquier acción institucional es vista con sospecha, y el riesgo de caer en medio de la guerra lo enfrentan a diario quienes trabajan en el territorio.

¿Desde cuándo acercar el Estado a los territorios es un acto de guerra? ¿Desde cuándo llevar programas sociales convierte a una persona en objetivo militar? La línea entre la acción social y la confrontación armada ha sido borrada por el miedo, el control territorial y una lógica de guerra que todo lo contamina.

El involucramiento de la población civil en el conflicto es una grave violación del Derecho Internacional Humanitario. Los civiles no pueden ser usados como fichas en el tablero de la confrontación armada. Retenerlos, amenazarlos o desaparecerlos no es sólo un crimen: es una afrenta directa contra la vida, la dignidad y el derecho a la paz.

Colombia no puede seguir normalizando esta violencia. El Cauca no puede seguir siendo territorio de sacrificio. Cada vida cuenta. Cada servidor público retenido representa un paso atrás en el camino hacia la reconciliación.

Exigimos su liberación inmediata. Hacemos un llamado urgente a los organismos de derechos humanos, a la Defensoría del Pueblo, a la Cruz Roja, a la Procuraduría y a la comunidad internacional. La vida debe estar por encima de todo.

Libérenlos ya.

Contratistas retenidos:

 

Eivar Alonso Guerrero Anaya

 

Sergio Andrés López Gómez

 

Angélica María Barona

 

Leydi Rocío Guengue

 

Paola Andrea Maca Chávez

 

Mónica Alexandra Bambague

 

Manuela Caicedo Arango

 

María Elizabeth López

 

Elizabeth Yangana

100 billones perdidos… pero tranquilos, la culpa es de Petro

En Colombia, hay una enfermedad que no se cura con medicamentos ni con cirugía. Se llama EPS, y es el cáncer más letal del sistema de salud. Mata lentamente, sin escándalo, sin sangre, pero con burocracia y abandono.

¿Cuánto deben las EPS?

La Contraloría General dice que las EPS deben 32 billones de pesos al sistema de salud. Pero el presidente Petro habla de una deuda cercana a 100 billones. ¿Por qué la diferencia? Porque Petro no solo cuenta lo que se debe hoy, sino todo lo que se han robado durante décadas: anticipos sin justificar, pagos dobles, recobros ficticios y una maquinaria de saqueo legalizado.

¿Y qué provoca esa deuda?

El paseo de la muerte, donde los pacientes son rechazados de clínica en clínica.

La no entrega de medicamentos vitales.

Centros de salud quebrados, médicos sin sueldo y pacientes tratados como estorbo.

¿Y esto de dónde viene?

De la Ley 100 de 1993, cuyo ponente fue Álvaro Uribe Vélez. Esa ley convirtió la salud en un negocio y a los colombianos en clientes que deben rogar por lo que ya pagaron. Desde ahí, la salud dejó de ser un derecho y se volvió una mercancía.

Un sistema que nació mal y creció peor. Y cuando alguien se atreve a decirlo, cuando el presidente denuncia que la salud está secuestrada por intereses privados, no debaten los datos: dicen que está borracho o drogado.

Pero no. No es Petro el que está drogado. Droga es este país que se anestesió ante el dolor ajeno.

El verdadero delirio es defender un sistema que nos está matando.

Por Prensa Justicia & Dignidad

Los mataron por creer en La Paz

A las 7:50 de la noche del 14 de julio, el cielo sobre Valle Nuevo aún guardaba el calor de un día seco, de esos que hacen que el polvo de la trocha se quede pegado a las botas. En la sede de la Cooperativa Multiactiva Ecomún Esperanza del Pueblo —COOMEP—, dos excombatientes de la guerra, ahora trabajadores de la paz, se encontraban haciendo lo que cualquier ser humano decente desearía después de años de plomo: construir.

Ferney Elago Caviche, indígena Nasa del resguardo de San Lorenzo, y Florilba Ramos Morano, mujer originaria del resguardo de Pitayó, no estaban ahí armando trincheras ni escribiendo panfletos de amenaza. Estaban sembrando aguacates y criando ganado. Le apostaban a la vida después de la guerra. A la tierra después de la sangre. Al acuerdo después del conflicto.

Pero en el Cauca, la paz es un campo minado y los acuerdos son letra muerta para quienes lucran del despojo.

El lunes, hombres armados —de esos que ya nadie necesita describir porque todos sabemos quiénes son, aunque nadie se atreve a nombrarlos— irrumpieron en la sede de COOMEP. Revisaron cada rincón como quien busca armas o secretos, pero lo único que encontraron fueron vidas entregadas al trabajo y a la esperanza.

Les dispararon con armas largas. No hubo tiempo de pedir ayuda. Los mataron ahí mismo. Con la frialdad de quien mata por encargo, por territorio, o por miedo a que la paz funcione.

Ferney y Florilba eran firmantes del Acuerdo de Paz. Habían dejado las armas para asumir cargos administrativos en la cooperativa. No eran líderes sociales ni políticos en campaña. Eran sobrevivientes. Y aun así, los cazaron como si fueran peligrosos.

Las autoridades ancestrales del Cauca lo dijeron claro: “Repudiamos y condenamos a los actores armados violentos y exigimos su salida inmediata de nuestros territorios”. Y también dijeron otra cosa, que en Bogotá suena lejana: “Denunciamos la desarmonía sistemática contra nuestros pueblos originarios”.

Desde la Minga, desde lo profundo del territorio indígena, los cabildos Ukawe’sx Nasa Çxhab y el Consejo Territorial del Oriente Caucano, COTAINDOC, elevaron su voz. Pidieron algo tan básico como imposible en Colombia: que se cumpla el Acuerdo de Paz de 2016. Que pare el genocidio indígena. Que la vida, por fin, tenga valor.

Pero en la televisión no salió nada. Nadie en los noticieros leyó los nombres de Ferney ni de Florilba. Nadie mencionó sus apellidos, ni sus resguardos, ni su labor en la cooperativa. Nadie habló de los aguacates, ni del ganado, ni del proyecto que florecía en Valle Nuevo.

Y así es como se va normalizando la muerte en el Cauca.

Acá no hay titulares. Solo silencio, plomo y tierra ensangrentada.

Prensa Justicia & Dignidad

LOS ESTÁN MATANDO Y NADIE HACE NADA

En Colombia, a los pobres que se rebelan los matan, y a los que sobreviven, los encierran. Y si aún con eso siguen hablando, los desaparecen en silencio.

Eso está pasando. Ahora mismo. Hoy.

Hoy, 15 de julio de 2025, dos prisioneros políticos del estallido social, David Bernal y Mauricio Tierradentro, han iniciado una huelga de hambre indefinida desde las 0 horas.

No lo hacen por privilegios. Lo hacen porque los están matando uno por uno. Lo hacen porque el gobierno se cansó de prometerles justicia y luego les cerró la puerta en la cara. Lo hacen porque ya no les queda otra herramienta de lucha más que su propio cuerpo.

Lo advirtieron. Lo denunciaron. Lo escribieron. Lo entregaron en manos de ministros. Y nada.

A los prisioneros políticos del estallido social los dejaron morir en silencio.

Primero los judicializaron por protestar.

Después los abandonaron.

Ahora los están matando.

Estos son sus nombres.

No son cifras. Son compañeros.

Luis Fernando Lasprilla Balanta, asesinado el 11 de julio de 2025

Yiwar Mondragón Paredes, asesinado el 26 de junio de 2025

Niver Andrés Vallejo Angulo, asesinado el 24 de mayo de 2025

Geison Alejandro Lozada Nieto, muerto en prisión el 19 de mayo de 2024

Roger Gutiérrez Vivas, muerto en prisión el 14 de mayo de 2025

Diego Fernando Escobar Barona, asesinado el 22 de febrero de 2023

Jonathan Sabogal, asesinado el 28 de julio de 2023

Jahn Carlos Ávila Bernal, asesinado en 2021

Carlos Julio Calero Suescún, asesinado el 7 de octubre de 2023

Cristian Camilo Arroyave Bermúdez, asesinado el 26 de noviembre de 2024

Todos ellos fueron detenidos políticos del Paro Nacional. Todos fueron asesinados.

No fue el azar. No fue una coincidencia.

Fueron víctimas de un patrón: perfilamiento, persecución, hostigamiento, estigmatización, judicialización con mentiras… y asesinato.

El Estado los señaló, los encerró, y luego los dejó a merced del exterminio.

¿Dónde está el gobierno del cambio?

No se trata solo de un incumplimiento. Se trata de una traición.

Desde 2022, el colectivo “Jonathan Sabogal”, formado por más de 20 prisioneros del estallido social, entregó propuestas formales al gobierno para buscar una salida digna.

Documentos, escritos, proyectos de decreto, rutas jurídicas, cronogramas.

Hicieron huelgas de hambre, instalaron una Mesa de Diálogo, participaron con organizaciones sociales, con instituciones, con ministros.

Y cuando todo parecía avanzar, el gobierno respondió que “no había piso jurídico” para continuar.

¿Piso jurídico para qué?

¿Para contar la verdad? ¿Para escuchar a los presos? ¿Para impedir que los maten?

Qué vergüenza.

No es solo el gobierno.

También son las organizaciones sociales.

Sí, también ustedes:

Las ONG que firmaron pactos de memoria y no han vuelto.

Los activistas de escritorio que usaron sus nombres para proyectos y fondos.

Los movimientos que alzaron pancartas con sus rostros, pero hoy no los llaman ni para preguntar si están vivos.

Los están matando. Y muchos callan.

Los usan mientras sirven. Los botan cuando duelen.

Hoy, 15 de julio de 2025, los dos últimos integrantes del colectivo aún en prisión han dicho basta.

Han entregado su cuerpo a una huelga de hambre indefinida.

Piden una sola cosa:

Que se reactive la Mesa de Diálogo Nacional con los judicializados del estallido.

Que se firme el decreto para crear una Comisión de la Verdad sobre la represión estatal contra el Paro Nacional de 2019 a 2021.

¿Van a dejar que se mueran de hambre?

¿Van a seguir permitiendo que los maten en silencio?

¿Hasta cuándo el país va a seguir repitiendo la historia de traicionar a los que luchan?

Esto no es una metáfora. Esto es un exterminio.

Y es un exterminio con firma institucional, pero también con la indiferencia de muchos.

Que no digan después que no sabían.

Que no digan que fue un error.

Que no digan que no había pruebas.

Las pruebas están.

Los cuerpos también.

Y si se mueren de hambre, también será culpa de ustedes.

Por Prensa Justicia & Dignidad

 

Contacto, respaldo y documentos oficiales:

📄 Comunicado oficial del Colectivo: https://drive.google.com/drive/u/0/home

Primera condena al Estado por mutilación ocular durante el Paro Nacional en Cali

A Giovanny García Garrido lo hirieron sin razón. No lanzaba piedras, no agitaba una bandera, no gritaba consignas. Caminaba, como cualquiera, por el Paso del Comercio en Cali, una mañana del 29 de abril de 2021, en medio del Paro Nacional. Había humo, miedo, tensión. Lo que no debía haber era un disparo al rostro de un civil desarmado. Pero lo hubo.

Un proyectil de gas lacrimógeno le estalló en la cara. Le arrancó un ojo, le destrozó los huesos del rostro, le arrebató la tranquilidad. Como en tantos otros casos de violencia estatal, no hubo disculpas, ni atención inmediata, ni reconocimiento oficial. Solo silencio, negación y burocracia.

Pero Giovanny denunció. Y tres años después, el 24 de junio de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Cali emitió una sentencia histórica en primera instancia. Aunque ni el autor del disparo ni el número del agente fueron identificados, la Nación fue condenada por el daño. ¿Por qué? Porque el daño es real, está probado, y fue causado por un operativo estatal.

La clave del fallo está en el uso de la prueba indiciaria. Tal como ha establecido el Consejo de Estado, cuando hay coherencia entre el daño sufrido, el tipo de arma empleada y la presencia del ESMAD en la zona, puede configurarse responsabilidad objetiva por daño especial. Es decir: no se necesita conocer al agente, cuando es el aparato institucional el que falla y causa el daño.

La decisión reconoce que el uso de la fuerza en manifestaciones no puede ser indiscriminado. Que los proyectiles «menos letales» también mutilan. Y que hay responsabilidad del Estado cuando sus operativos lesionan a civiles que no representan amenaza alguna.

Mientras otras organizaciones buscan visibilidad y protagonismo, este proceso judicial —silencioso, sin pantalla ni cámaras— fue impulsado por el abogado Carlos Arturo Acosta Portera, quien actuó sin respaldo institucional, sin membresía en ninguna ONG, pero con una convicción férrea de justicia.

En un país donde el sistema judicial suele operar a favor del poder, donde las víctimas de violencia policial son criminalizadas o ignoradas, este fallo se convierte en una luz. No devuelve lo perdido, pero abre un camino para quienes aún buscan justicia tras la violencia del estallido social.

Por Prensa Justicia & Dignidad

Asesinan a Luis Fernando Lasprilla, joven judicializado tras el paro nacional de 2021

Anoche, 11 de julio de 2025, a las 8:00 p.m., fue asesinado Luis Fernando Lasprilla Balanta en el municipio de Palmira, Valle del Cauca.

Luis estuvo privado de la libertad durante tres años y medio, judicializado por su participación en el paro nacional de 2021. Fue uno de los fundadores del colectivo Jhonatan Sabogal y participó activamente en la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional, las personas privadas de la libertad en la cárcel de Palmira y organizaciones sociales.

Salió de la cárcel, pero nunca lo soltaron. Salió, pero no le perdonaron haber luchado. Y por eso lo mataron.

Con su asesinato, ya son diez los compañeros asesinados en contexto de judicialización y privación de la libertad.

Tres de ellos en las últimas semanas, solo en el Valle del Cauca.

Los están cazando uno a uno. No es un error. No es coincidencia. Es sistemático. Y es político.

¿Dónde quedó la Comisión de la Verdad sobre el estallido social que usted prometió, señor presidente?

¿Dónde están las garantías de seguridad para quienes recuperaron su libertad?

¿Dónde están las respuestas para las víctimas del paro nacional?

El gobierno del cambio no cumplió. No protegió. No estuvo.

Dejó a su suerte a los jóvenes que lo llevaron al poder.

Y la derecha los está exterminando, mientras el Pacto Histórico pelea por cámaras y candidaturas.

Luis Fernando Lasprilla Balanta no murió. Lo mataron.

Y no vamos a callar.

#ComisiónDeEsclarecimientoYa

#JusticiaParaLuisFernando

#NosEstánMatando

#EstallidoSocial

#DóndeEstáElCambio

#ComisiónDeLaVerdadYa

#PalmiraResiste

#MadresYMemoria

Carro bomba en Cauca: mujer asesinada sigue sin dolientes

Francini García murió sola, en la oscuridad profunda de la madrugada del 8 de julio. La explosión la arrancó de la tierra en un parpadeo, cuando apenas esperaba bajarse del bus en ese punto de la Panamericana que llaman Piedra de Moler, cerca de El Estrecho, Patía. Nadie pensaba en la muerte a esa hora, pero la guerra sí.

Había salido de Pasto, y por lo que cuentan, iba a visitar a alguien, a cumplir un encargo, a vivir su día común. Era ama de casa. Tenía rostro, historia, quizás sueños modestos. No era policía, ni militar, ni combatiente. Era una mujer de las que la guerra llama “daño colateral”. Una de las que nunca aparecen en los informes con nombre propio.

Murió en medio del estruendo de un carro bomba dirigido contra la estación de Policía del pueblo. El objetivo no era ella. Pero su cuerpo quedó en el asfalto. Sin identificación inmediata. Sin familia que la reclamara en el instante. Sin justicia.

Hoy, su cuerpo permanece en Medicina Legal, a la espera de ser reconocido. Nadie ha ido. Nadie ha llorado aún por ella en voz alta. Es una víctima anónima, silenciada, olvidada en el mismo territorio que lleva décadas sepultando a sus muertos sin nombre.

Francini es una grieta más en la memoria rota de este país. No es la primera, y —tristemente— no será la última. Pero en su muerte se resume el dolor de un conflicto que no cesa: los más inocentes siguen pagando las guerras ajenas.

Por Prensa Justicia & Dignidad