Julian Assange: El Robin Hood Digital

Julian Assange, representa el arquetipo del hacker revolucionario, el hombre que osó desafiar al Leviatán que controla el poder político y económico mundial. Su saga judicial evidencia la criminalización del ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información. El protagonista de esta historia desde la década de los ochenta hasta nuestros días viene desafiando al sistema desde sus excepcionales habilidades informáticas.

Para 1986, teniendo 16 años, Assange se había convertido en un talentoso hacker y programador. Según su propia versión, desde adolescente era el hacker más consumado de Australia. Aseguraba haber violado miles de sistemas, utilizando el seudónimo Mendax, entre otros. Assange ha dicho que su objetivo siempre ha sido compartir públicamente información importante oculta por el gobierno y las grandes empresas, sin afectar los sistemas en los que se infiltraba.

A principios de la década de 1990, Assange y un grupo de hackers comenzaron a atacar sistemáticamente lo que él definía como «el complejo militar-industrial de EE.UU.»

En 1991, Assange fue detenido en su casa de Melbourne por la Policía Federal Australiana acusado de acceder de modo ilegal a varias computadoras (pertenecientes a una universidad australiana, a una compañía de telecomunicaciones, y a otras organizaciones). Se declaró culpable de 24 cargos por delitos informáticos y fue multado y puesto en libertad por buena conducta.

Assange estudió física y matemáticas en la Universidad de Melbourne entre 2003 y 2006, pero no terminó los estudios ni obtuvo un título profesional. Lo han descrito como autodidacta y conocedor en ciencias y matemáticas. También ha estudiado filosofía y neurociencia.

En 2006, Assange junto a activistas, hackers, programadores y académicos fundaron WikiLeaks con una misión clara: desenmascarar los secretos de las élites en el poder. Assange se autodefinía como un Robin Hood digital, liberando «documentos perseguidos» de su cautiverio en redes informáticas secretas. Desde sus inicios, WikiLeaks colaboró estrechamente con destacadas organizaciones de noticias para exponer ejecuciones extrajudiciales en Kenia, la represión de disidentes en China, posibles actos de corrupción financiera en Estados Unidos y Perú, entre otros casos de interés global.

En julio de 2010, WikiLeaks sacudió al mundo al publicar 70,000 documentos confidenciales sobre las operaciones militares en Afganistán, seguidos en octubre por 400,000 informes sobre la invasión estadounidense en Irak, y en noviembre por 250,000 cables diplomáticos estadounidenses.

Estas revelaciones provocaron debates globales sobre la conducta militar y diplomática de Estados Unidos y dieron inicio a la saga judicial mediática padecida por Assange.

El 18 de noviembre de 2010, Suecia emitió una orden de detención europea contra Assange por acusaciones de violación y agresión sexual, que él siempre ha negado. Assange se entregó a la policía británica el 7 de diciembre y quedó detenido durante nueve días antes de ser puesto bajo arresto domiciliario.

En febrero de 2011, un Tribunal Londinense validó la solicitud de extradición a Suecia, temiendo Assange que desde allí sería entregado a Estados Unidos y enfrentaría la pena de muerte por las acusaciones de infiltración informática en su contra.

El 19 de junio de 2012, Assange buscó refugio en la embajada ecuatoriana en Londres y solicitó asilo político, que Ecuador le otorgó en agosto de ese año. Durante casi siete años, Assange permaneció encerrado en la embajada, adquiriendo la nacionalidad ecuatoriana.

En abril de 2019, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno revocó el asilo de Assange, permitiendo a la policía británica arrestarlo el 11 de abril en la embajada. Inmediatamente, la abogada de una de las mujeres que lo acusaba en Suecia anunció la reapertura de la investigación por violación, mientras que Assange fue condenado en Londres a 50 semanas de prisión por violar las condiciones de su libertad provisional.

El 23 de mayo de 2019, Estados Unidos amplió sus cargos contra Assange, acusándolo de espionaje y otros 17 delitos relacionados con la obtención y divulgación de información clasificada, con una posible condena de hasta 175 años de prisión.

Tras un largo proceso judicial en el Reino Unido y múltiples apelaciones, en febrero de 2020 comenzó la audiencia sobre la solicitud de extradición estadounidense, que fue pospuesta debido a la pandemia.

En enero de 2021, la jueza Vanessa Baraitser rechazó la extradición, citando preocupaciones sobre el riesgo de suicidio de Assange en caso de ser enviado a Estados Unidos. Sin embargo, esta decisión fue anulada en apelación en diciembre de 2021, y Assange continuó enfrentando el riesgo de extradición.

El 24 de junio de 2024, Assange finalmente alcanzó un acuerdo de culpabilidad con la justicia estadounidense, lo que le permitió recuperar su libertad. Inmediatamente dejó el Reino Unido y se enfrentó a un proceso en las Islas Marianas del Norte en Estados Unidos por cargos relacionados con la obtención y revelación de información de defensa nacional.

A primera hora del miércoles 26 de junio en el tribunal federal estadounidense de las Islas Marianas del Norte en Saipan, la magistrada Ramona Villagomez aceptó los términos pactados entre el Departamento de Justicia de EE.UU. y la defensa de Assange.

Conforme al acuerdo, por el que Assange se declaró culpable de conspirar para obtener y divulgar documentos clasificados de EE.UU., Villagomez condenó a Assange a 62 meses de cárcel, reconociendo el tiempo ya cumplido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh (Reino Unido), por lo que quedó en libertad. La defensa del australiano solicitó celebrar la audiencia en este territorio estadounidense por su proximidad con Australia y porque Assange no deseaba viajar a suelo continental de Estados Unidos.

Este episodio pone fin a una saga de 14 años que comenzó en 2010 con la mayor filtración de documentos clasificados de la historia de los Estados Unidos y la atroz criminalización del ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información en el mundo.

 

 

¡Comisión de esclarecimiento YA!

Por: Sofía López Mera, Abogada, periodista y defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad.

En el contexto de la conmemoración de los tres años del estallido social en Colombia, las víctimas y organizaciones sociales que han sufrido la represión del gobierno de Iván Duque se reunieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su objetivo fue solicitar apoyo para la creación de la Comisión de Esclarecimiento de los Hechos del Estallido Social de 2021, así como pedir una audiencia temática durante el 190º periodo de sesiones, que se celebrará en la sede de la CIDH en Washington DC en julio de este año.

Las víctimas y organizaciones de los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y Nariño denunciaron la violencia sufrida y los mecanismos de impunidad instaurados por la Fiscalía General de la Nación. Se destacaron las amenazas, persecuciones y hostigamientos recibidos por las víctimas que denunciaron los hechos, así como la falta de funcionamiento de los mecanismos de garantías para la protesta social y la mesa de víctimas de la fuerza pública que se caracterizan por la escasa participación de las regiones.

Durante el encuentro con la CIDH, se resaltaron los incumplimientos del Estado de Colombia respecto a las recomendaciones emitidas por este organismo durante su visita de trabajo en 2021. Se puso énfasis en la persistencia de mecanismos de impunidad en el suroccidente del país, especialmente en la ineficacia de la Fiscalía General de la Nación para identificar y sancionar a los responsables, tanto agentes estatales como no estatales, que perpetraron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente contra los jóvenes manifestantes. Se denunciaron las deficiencias en los procesos forenses llevados a cabo por el Instituto de Medicina Legal, señalando que estas instituciones parecen estar más enfocadas en montajes judiciales contra los jóvenes que en buscar justicia para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos.

Se resaltó la situación de desamparo en la que se encuentran las víctimas, muchas de las cuales han sido sometidas a múltiples desplazamientos forzados tras presentar sus denuncias. Sin embargo, se ha encontrado obstáculos para recibir atención humanitaria por parte de la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Víctimas, argumentando que no califican como víctimas del conflicto

 

 

rmado. Es fundamental aclarar que estas personas son víctimas de acciones irregulares perpetradas por la Policía Nacional y los escuadrones paramilitares conformados durante el paro nacional.

Durante la reunión se pusieron de relieve casos específicos de violencia, como los homicidios de Michael Aranda y Daniel Sánchez, llevados a cabo por la policía el 28 de mayo en Siloé, así como el atentado contra la Minga indígena el 9 de mayo, que dejó gravemente heridos a 8 comuneros indígenas, en estos hechos criminales participaron tanto la policía como de individuos armados de civil. También se mencionó el trágico asesinato de Angie Valencia en el sector de Calipso y el caso de Lucas Villa en el viaducto de Pereira. Además, se abordaron los casos de desapariciones forzadas en el Valle del Cauca durante el paro nacional, así como la persecución de los jóvenes líderes de las protestas y su actual situación de indefensión.

Se señalaron los hechos ocurridos el 28 de mayo en Pasto, Nariño, que dejaron un número indeterminado de heridos, incluido Cristian Yovani Bastidas, quien fue víctima de mutilación ocular y posteriormente se suicidó debido a las profundas afectaciones emocionales que sufrió. En el departamento del Cauca, se denunciaron los ataques sufridos por defensores de derechos humanos y periodistas, quienes a pesar de haber informado a la Defensoría del Pueblo sobre los actos de agresión, hostigamiento y amenaza durante el paro en Popayán, no vieron avances en las investigaciones.

También se denunciaron las prácticas racistas que quedaron instaladas desde el paro nacional, donde a los miembros de pueblos indígenas se les prohibió el acceso a ciertos lugares exclusivos de la ciudad de Cali, así como los ataques a las sedes del Consejo Regional Indígena del Cauca y sus instalaciones de salud en Popayán por parte de sectores extremistas que reprimen la protesta social.

El Paro Nacional de 2021 fue una acción política importante que llevó al presidente Gustavo Petro al cargo, pero las víctimas del estallido social se sienten abandonadas y enfrentan una desesperanzadora impunidad. Por esta razón la Comisión de Esclarecimiento de los Hechos del Paro busca establecer los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas, así como garantizar la no repetición de los hechos.

Este viernes, las víctimas del suroccidente y sus organizaciones presentarán la propuesta de la Comisión de Esclarecimiento de los Hechos del Paro Nacional ante los Ministerios de Defensa y Justicia. Además, están a la espera de una reunión con el Vice Ministerio de Juventudes para abordar esta importante iniciativa.

En América Latina, se han establecido diversas comisiones de esclarecimiento para abordar casos de violaciones a los derechos humanos y corrupción. Por ejemplo, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa fue creada en 2014 por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, tras la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, México. Esta comisión, integrada por expertos nacionales e internacionales en derechos humanos y criminología, se encargó de investigar los hechos de manera independiente.

Otro ejemplo es la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), establecida en 2006 mediante un acuerdo entre el gobierno guatemalteco y la ONU. La CICIG tenía como objetivo apoyar al Estado de Guatemala en la lucha contra la impunidad, fortaleciendo las instituciones para combatir la corrupción y el crimen organizado. Cabe destacar que en esta comisión participaron destacados profesionales como el actual ministro de defensa de Colombia, Iván Velásquez, y la actual Fiscal General de la Nación, Adriana Camargo.

Considerando la relevancia y el éxito de iniciativas similares en la región, se espera que la propuesta de las víctimas del estallido social sobre la creación de una comisión de esclarecimiento sea bien recibida por el gobierno nacional y se inicien las rutas para el restablecimiento de los derechos de las víctimas.

¡Comisión de esclarecimiento Ya !