La ICE de Donald Trump asesinó a una poeta

En una mañana gélida, de esas que parecen congelar incluso el aliento de los sueños, Renée Nicole Macklin Good, poeta, madre y ciudadana estadounidense de 37 años, fue asesinada por un agente del ICE mientras se encontraba dentro de su propio vehículo. No era el objetivo de ninguna redada. No tenía antecedentes penales. No portaba armas. Tenía hijos, versos y una vida común, esa que el poder suele considerar prescindible.

Renée había nacido en Colorado Springs, una ciudad de colinas abiertas y cielos largos. En sus redes sociales se describía con una ironía suave: “poeta, escritora, esposa, madre y guitarrista mediocre”. Estudió escritura creativa en la Old Dominion University y en 2020 recibió un premio de poesía. Sus amigos la recuerdan como una mujer generosa: té caliente, galletas recién hechas y conversación honesta para quien tocara su puerta.

Era madre de tres hijos: una adolescente de 15 años y dos niños de 12 y 6. El menor había perdido a su padre en 2023, y Renée —como tantas mujeres— sostuvo el duelo ajeno con el propio cuerpo, con palabras, con presencia. Criar, leer, escribir: resistir.

El 7 de enero, después de dejar a su hijo menor en la escuela, Renée regresaba a casa junto a su pareja cuando, en una calle nevada de Minneapolis, agentes del ICE ejecutaban una operación migratoria masiva. Ella no era buscada. No figuraba en ninguna lista. Quedó atrapada en un cerco que no la incluía, salvo como daño colateral.

Los videos conocidos muestran una escena devastadora: gritos, confusión, armas desenfundadas. Renée intenta alejarse. No se sabe si por miedo, por desconcierto, por puro instinto de supervivencia. Entonces un agente dispara contra su camioneta. Tres veces. Una bala impacta en su cabeza. Minutos después, Renée muere en el hospital.

La reacción fue inmediata y conocida. El Departamento de Seguridad Nacional y el propio Donald Trump afirmaron que la mujer intentó atropellar a los agentes. La narrativa de siempre: deshumanizar a la víctima, justificar la violencia, clausurar las preguntas incómodas. La más elemental de todas sigue sin respuesta: ¿por qué una poeta fue asesinada por un agente federal en su propio país?

No se trata de ideología. No es una disputa entre derechas e izquierdas. Es algo más crudo y más antiguo: violencia institucional, ejercida en nombre de la “seguridad”, administrada como procedimiento, ejecutada con balas. Un sistema que dispara primero y explica después. Un Estado que convierte la vida en riesgo aceptable.

Renée Nicole Macklin Good no era una amenaza. Era una mujer que escribía. Y precisamente por eso su muerte importa. Vivirá en sus versos, pero también en la memoria de quienes se niegan a aceptar que la justicia pueda vestirse de uniforme, apuntar y matar sin consecuencias.

Porque cuando el Estado asesina a una poeta, no solo se apaga una vida: se dispara contra la palabra misma.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Niña indígena asesinada en Caldono

El 3 de diciembre de 2025, en la vereda Ventiadero del resguardo indígena San Lorenzo, en el municipio de Caldono, Cauca, desapareció Karen Melissa Caviche Menza. Tenía 11 años, cursaba quinto grado y vivía entre montañas donde la infancia debería ser sinónimo de juego y resguardo, no de miedo. Desde ese día, su familia, docentes y autoridades comunitarias activaron la búsqueda. La comunidad caminó, preguntó, esperó. La esperanza, frágil, se sostuvo durante semanas.

El 29 de diciembre, casi al cierre del año, la noticia cayó como un golpe seco: en la parte alta de la vereda Santa Elena, cerca de la bocatoma, fueron hallados restos humanos. Las autoridades tradicionales confirmaron lo que nadie quería escuchar: se trataba de Karen Melissa. Así terminó su búsqueda. Así terminó, también, cualquier intento de cerrar el año con alivio.

No fue solo una muerte. Fue una fractura. Padres, madres, estudiantes y maestras quedaron con una pregunta que no se responde con rituales ni comunicados: ¿cómo proteger a las niñas cuando el peligro está tan cerca y la justicia tan lejos?

La violencia contra las niñas y las mujeres indígenas no es un hecho aislado ni una excepción trágica. Es una constante silenciada. El caso de Karen Melissa se suma a una larga lista de agresiones que rara vez llegan a una investigación seria y casi nunca a una sanción efectiva. Los niveles de impunidad son alarmantes, incluso dentro de los sistemas de justicia propia. Pero decirlo tiene costo.

Muchas mujeres indígenas saben que denunciar es enfrentarse no solo al agresor, sino al machismo estructural y a la misoginia que atraviesan comunidades, autoridades y organizaciones zonales y regionales. Callar, en muchos casos, ha sido una forma de sobrevivir. Hablar puede significar aislamiento, estigmatización o castigo. Por eso, la impunidad no es solo jurídica: es cultural, política y profundamente patriarcal.

El asesinato de Karen Melissa interpela a todos los sistemas de justicia. A la justicia indígena, que debe revisarse críticamente cuando no protege a las niñas. Y al Estado colombiano, que no puede seguir usando el respeto a la autonomía como excusa para la omisión. La autonomía no puede convertirse en abandono.

Hoy es urgente exigir verdad y justicia. Exigir que la Fiscalía, Medicina Legal, la Defensoría del Pueblo, el ICBF y los mecanismos de protección actúen de manera integral y respetuosa, acompañando este caso hasta sus últimas consecuencias. Exigir garantías reales para la familia. Exigir que no se archive, que no se diluya, que no se olvide.

Pero también es tiempo de algo más profundo: la construcción de un derecho propio desde las mujeres indígenas, con enfoques diferenciales, de género y de niñez, que atienda estos casos sin revictimización, sin silencios impuestos, sin pactos patriarcales. Un derecho que ponga la vida de las niñas en el centro.

Así se va el 2025: con una niña asesinada, con comunidades heridas y con una deuda que el país sigue sin saldar. Nombrarla es el primer acto de justicia. Exigirla, una obligación ética.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Colombia: la violencia de género es estructural

Las cifras llegan como llegan siempre: ordenadas, comparables, aparentemente tranquilizadoras. Pero cuando se miran juntas, cuando se leen sin prisa, lo que muestran no es una emergencia pasajera sino una estructura de violencia sostenida contra las mujeres y las niñas en Colombia.

Según datos consolidados por la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, en 2024 se registraron 16.947 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres. De ellos, 11.255 correspondieron a mujeres mayores de 18 años, 2.437 a niñas y adolescentes y 620 a mujeres OSIGDH–LBT, sigla que hace referencia a mujeres con Orientación Sexual e Identidad de Género No Hegemónica, en particular lesbianas, bisexuales y mujeres trans, quienes enfrentan violencias agravadas por prejuicio y discriminación.

En 2025, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre, los casos reportados fueron 12.873: 8.396 mujeres adultas, 1.980 niñas y adolescentes y 454 mujeres OSIGDH–LBT. La reducción numérica no implica una mejora estructural: en los territorios se interpreta como subregistro, miedo y desgaste institucional.

La violencia sexual es aún más contundente. En 2024, la Fiscalía registró 17.076 delitos sexuales contra mujeres. De estos, 9.857 tuvieron como víctimas a niñas y adolescentes, 3.687 a mujeres mayores de edad y 446 a mujeres OSIGDH–LBT. En 2025, la cifra acumulada asciende a 13.832 casos, con 7.603 niñas y adolescentes, 3.105 mujeres adultas y 312 mujeres OSIGDH–LBT. La mayoría de las víctimas siguen siendo menores de edad. No se trata de hechos aislados: es una violencia repetida, cotidiana y silenciosa.

La explotación sexual de niñas y adolescentes confirma esa continuidad. En 2024 se reportaron 211 casos, y en 2025, 129. Aunque el número disminuye, la Defensoría advierte que estos delitos suelen estar profundamente subregistrados, especialmente en zonas rurales, de frontera y atravesadas por economías ilegales.

La trata de personas con fines de explotación, otra violencia organizada contra las mujeres, dejó 209 víctimas mujeres en 2024: 111 mayores de 18 años, 48 niñas y adolescentes y 6 mujeres OSIGDH–LBT. En 2025, los registros alcanzan 175 casos, con 86 mujeres adultas, 36 niñas y adolescentes y 6 mujeres OSIGDH–LBT. La persistencia en departamentos fronterizos revela un patrón conocido: donde el Estado es débil, el cuerpo de las mujeres se convierte en mercancía.

La forma más extrema de esta violencia es el feminicidio. En 2024, la Fiscalía reportó 171 feminicidios consumados y 391 tentativas. En 2025, las cifras son 111 feminicidios y 297 tentativas. A estos se suman los transfeminicidios: 20 casos identificados en 2024 y 26 en 2025, una señal clara de la vulnerabilidad extrema de las mujeres trans en un país que aún duda en protegerlas.

Leídas juntas, estas cifras no describen hechos excepcionales. Describen una normalidad violenta. El hogar, la infancia, el territorio y el cuerpo femenino siguen siendo espacios de riesgo. Colombia no enfrenta una ola repentina de violencia de género: enfrenta su fracaso histórico para prevenirla.

Las cifras ya están ahí. No faltan diagnósticos. Lo que falta es decisión política. Porque mientras estas violencias sigan tratándose como estadísticas y no como una prioridad nacional, el país seguirá contando mujeres como quien cuenta ausencias.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

La rebelión de las mujeres Lamistas: de la marcha de 1927 al juicio simbólico contra el busto de Valencia en 2025

En 1927, cuando Colombia todavía no entendía que las mujeres podían ser sujeto político, un rumor comenzó a trepar por las montañas del Cauca. No venía de las élites ni de los púlpitos, sino de los patios de tierra donde se reunían —casi a escondidas— indígenas, campesinas y artesanas. Allí, entre fogones, arrullos y silencios largos, un nombre se repetía con la fuerza de una contraseña: Manuel Quintín Lame. El líder indígena denunciaba lo que todos sabían pero casi nadie se atrevía a pronunciar: que la tierra les había sido arrebatada, que la servidumbre indígena seguía aunque la maquillaran de modernidad, que los terratenientes mandaban más que el Estado y que para muchos el indígena no era ciudadano, sino estorbo.

El poder respondió con persecución, golpes y cárcel. Y mientras los hombres quedaban atrapados en los oficios obligados de las haciendas, fueron las mujeres las primeras en levantarse. Ese año, catorce mil Mujeres Lamistas —llamadas así no por un territorio, sino por el apellido de Lame que se volvió raíz, escuela y memoria— caminaron hasta Popayán. Fue un río de ruanas y trenzas, de faldas largas y bastones ancestrales, que descendió por los caminos viejos para exigir el fin del despojo territorial, el reconocimiento político de los pueblos indígenas, la libertad de Lame y respeto por la vida y el gobierno propio. Nada de eso entró en los periódicos, pero la memoria oral —esa que no se pierde aunque la quieran borrar— recuerda que sin ellas, Lame habría sido tragado por la infamia del olvido.

Casi cien años después, esa raíz volvió a abrirse paso. El 25 de noviembre de 2025, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, Popayán despertó con su silencio blanco de siempre, pero no era un día más. Las descendientes Lamistas caminaron juntas de nuevo, acompañadas por artistas, activistas feministas y une líder de la comunidad LGBTI. No iban a protestar: iban a hacer memoria. En el marco del Salón Nacional de Artistas realizaron un acto político, espiritual y profundamente simbólico. Tomaron el busto del expresidente Guillermo León Valencia, figura de la casta terrateniente que persiguió a Lame, lo arrancaron y lo arrastraron por las mismas calles donde, según la memoria indígena, Lame fue arrastrado y golpeado hace más de un siglo.

El gesto no fue violencia: fue una inversión histórica. Si al líder indígena lo humillaron arrastrándolo, ellas arrastraron el símbolo de quienes permitieron esa humillación. Frente a una de las casas de la familia Valencia realizaron un juicio espiritual. Hablaron del daño territorial y político acumulado, de la necesidad de resarcir simbólicamente la infamia contra Lame, de la urgencia de reconocer la agresión colonial y de exigir memoria, dignidad y no repetición.

Pero en Colombia la infamia nunca duerme. Pocos días después, la senadora Paloma Valencia aseguró que aquel acto había sido obra de “un hombre”: un supuesto gestor de paz del gobierno Petro. Las autoridades locales repitieron la versión sin revisar videos ni escuchar a las mujeres. Otra vez lo mismo: cuando las mujeres actúan, inventan un hombre; cuando hacen historia, se la entregan a otro. Las lamistas de hoy lo sintieron como un borramiento hondo. Cien años después, seguían llamándolas nadie.

Pero aunque intenten desconocerlas, ellas siguen ahí: las de antes, las de ahora, las que cargan la memoria como un fuego que no se apaga.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Álvaro Uribe y la masacre de El Aro: 28 años de impunidad

En las montañas de Ituango, Antioquia, el viento parece arrastrar todavía los lamentos de aquel 22 de octubre de 1997. Casas calcinadas, trochas vacías y cuerpos enterrados en fosas improvisadas recuerdan que allí no hubo guerra justa ni enfrentamiento inevitable. Lo que hubo fue terror planificado, y un Estado ausente que, según testimonios recientes, miraba para otro lado.

Durante nueve días, del 22 al 31 de octubre, ciento cincuenta hombres armados descendieron por las montañas con listas de nombres y direcciones. Quemaron casas, robaron ganado, violaron mujeres y degollaron a campesinos señalados de colaborar con la guerrilla. Sobre sus cabezas, un helicóptero del gobierno departamental sobrevolaba como un testigo silencioso, una especie de firma aérea de la complicidad. La población civil fue despojada de todo: tierra, animales, memoria. Más de mil personas se desplazaron y muchas no regresaron nunca.

Lo ocurrido no cayó del cielo. La Gobernación de Antioquia, dirigida por Álvaro Uribe Vélez entre 1995 y 1997, conocía la amenaza. Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno, recibió alertas directas de Carlos Castaño sobre la inminencia de la masacre. El Ejército también tenía información de inteligencia. Aun así, no se activó ninguna medida de protección. Por el contrario, el gobierno promovió las Convivir, asociaciones civiles que en teoría velaban por la seguridad de los campesinos, pero en la práctica sirvieron de fachada legal para el paramilitarismo.

Los testimonios de los hermanos Jaime y Francisco Angulo Osorio ante la JEP en febrero de 2025 confirmaron lo que muchos ya sospechaban: la Gobernación sabía, apoyó logística, transporte y comida para los paramilitares. La muerte de Jesús María Valle, defensor de derechos humanos que denunció la alianza entre Estado y grupos armados, se decidió en reuniones donde funcionarios del gobierno tenían voz. La impunidad no fue accidente; fue estrategia.

Uribe, que años después insistió en que promovía la “neutralidad activa”, no fue un espectador inocente. Su administración impulsó políticas que facilitaron la violencia y recibió alertas que ignoró. El sobrevuelo del helicóptero sobre El Aro mientras la gente moría es un símbolo perfecto de una neutralidad que era, en realidad, complicidad.

El 4 de febrero de 2015, el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín compulsó copias de los expedientes relacionados con la masacre de El Aro para que se investigara penalmente al entonces senador Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué significa compulsa de copias? Es un mecanismo judicial mediante el cual un tribunal envía copias de un expediente o pruebas a otra autoridad para que continúe la investigación o se inicie un proceso penal. Es decir, los tribunales consideran que hay indicios suficientes para que se evalúe formalmente la responsabilidad de alguien, sin que eso implique una condena inmediata.

Veintiocho años después, el río Cauca sigue turbio, como si arrastrara no solo piedras y aguas, sino también la memoria de los que fueron asesinados y la sombra de quienes permitieron que el horror se consumara. La masacre de El Aro es la herida que no cicatriza, la historia que el Estado quiere enterrar y la memoria que insiste en no morir.

Porque en Ituango, como en tantos otros lugares, la línea entre poder político y paramilitarismo nunca fue difusa: fue un vaso comunicante que dejó cuerpos, despojo y un reclamo de justicia que sigue sin respuesta.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Justicia para Angie Paola

La noticia llegó como suelen llegar en Colombia: primero un rumor, luego una llamada entrecortada, después el silencio.

Angie Pahola Tobar Carpa, estudiante de Ingeniería Administrativa de la Universidad Nacional, sede Medellín, había aprovechado las vacaciones de mitad de año para volver a su casa, en Guachucal, Nariño. Llevaba en su bolso apuntes, proyectos y la ilusión de regresar a clases el lunes siguiente. No alcanzó a hacerlo.

El 27 de agosto de 2025, cuando viajaba de regreso a Medellín junto a Jesús Adrián Marcillo, un amigo de 30 años, la carretera Panamericana —esa línea que atraviesa el país y la guerra— se los tragó. A la altura de Piendamó, en un paraje llamado El Túnel, hombres armados levantaron un retén ilegal. Los obligaron a bajar del camión que transportaba queso y los subieron a otro vehículo. Desde entonces, nadie volvió a verlos.

Las familias comenzaron la búsqueda con las manos temblando: llamadas, denuncias, cadenas en redes sociales, súplicas a las autoridades. Días después, el Ejército informó de un enfrentamiento con las disidencias del Bloque Dagoberto Ramos: un capturado, un abatido, un conductor liberado y un vehículo incinerado con tres cuerpos calcinados. Entre los escombros solo quedaba un amasijo de metal y hueso.

Las autoridades insinuaron que Angie y Adrián podrían estar allí, pero nadie lo confirmó. Las familias, aferradas a la esperanza, comenzaron a recibir llamadas extorsivas: voces anónimas que pedían dinero a cambio de una prueba de vida que nunca llegó.

El hermano de Angie repetía ante los medios: “Queremos saber si está viva, si alguien la tiene. Que nos digan dónde está, que nos la devuelvan.”

También denunció las extorsiones y pidió que borraran de las redes las publicaciones sobre la desaparición. Uno de los suplicios que padecen las familias de los desaparecidos es ese: la extorsión de los mercaderes del dolor.

Pasaron las semanas. El país siguió su curso de indiferencia. La Universidad Nacional —esa comunidad que la vio caminar por sus pasillos con los ojos encendidos de proyectos— levantó su voz, organizó vigilias y colgó pancartas con su rostro.

El 22 de octubre, casi dos meses después, llegó la confirmación: Angie había sido hallada sin vida. No lo informó Medicina Legal ni la Fiscalía. Lo comunicó la Universidad Nacional, en un mensaje breve que se esparció como un eco de dolor. No se explicó el lugar del hallazgo, ni las circunstancias, ni las causas. Solo el silencio oficial.

En Guachucal, su familia preparó una misa. En Medellín, los estudiantes marcharon con flores.

Pero los interrogantes quedaron flotando:

¿Murió en medio del enfrentamiento entre el Ejército y el Bloque Dagoberto Ramos?

¿Fue víctima del fuego cruzado o de un crimen deliberado?

¿Quién se beneficia del silencio?

A la fecha, nadie lo sabe. Lo único cierto es que la guerra sigue ensañándose con los más jóvenes, con quienes deberían estar soñando futuros y no huyendo del fuego. Como Angie, miles de personas continúan desaparecidas en Colombia, mientras la impunidad y el silencio se reparten el territorio.

Angie Pahola Tobar Carpa tenía 21 años. Su nombre es ahora una herida más en el mapa del país, una historia que la guerra quiso borrar, pero que la memoria se niega a dejar morir.

Mientras el Estado calla, nosotras no:

Exigimos verdad, justicia y garantías de no repetición.

Angie no es una cifra: es un nombre que honraremos hasta que haya verdad y justicia.

 

Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz.

Justicia para la niña Emberá: no más silencio ante la barbarie

Circula un video que jamás debió existir.

Ocho hombres indígenas violan a una niña Emberá. La someten entre risas, mientras ella llora, mientras intenta resistir. La naturaleza es testigo muda de un crimen que destroza el alma. Por la presión de las redes y del clamor colectivo, la Confederación Nacional de los Pueblos de la Gran Nación Emberá (CONNPEC) reconoció que la víctima pertenece a su pueblo y condenó el hecho. Pero su pronunciamiento es insuficiente. La niña sigue desprotegida. Los agresores siguen libres.

¿Dónde está el Estado?

¿Dónde está la justicia indígena?

¿Dónde está la Fiscalía?

Exigimos acciones inmediatas.

La justicia indígena y la Fiscalía General de la Nación deben actuar con debida diligencia, proteger a la niña, investigar sin dilación y llevar ante la justicia a los responsables. No hay autonomía ni cultura que justifique una violación. No hay tradición que valga más que la vida y la dignidad de una mujer.

Cada día que pasa sin justicia es una nueva agresión.

Cada silencio institucional es complicidad.

Esa niña podría ser tu hija, tu hermana, tu nieta.

Y su dolor nos duele a todas.

No permitamos que quede sola.

No permitamos que la barbarie se normalice.

Exigimos justicia, protección y verdad.

Por ella.

Por las mujeres Emberá.

Por todas las niñas de Colombia.

 

Corporación Justicia y Dignidad

 

#JusticiaParaLaNiñaEmberá

#NiUnaMenos #ViolenciaSexual

Violación colectiva en el Cauca: mujer indígena violentada por ocho hombres exige justicia

Circula por los teléfonos del Cauca un video que quisiéramos no haber visto nunca. Ocho jóvenes indígenas acceden carnalmente a una mujer indígena. La escena ocurre en medio del monte: hay árboles, piedras, risas de ellos, llanto de ella. La sostienen, le tapan la boca, la desnudan. Nadie detiene la barbarie. Nadie interrumpe el horror.

En esa imagen —que se repite y se reenvía como una herida— está condensada una tragedia que el país se ha negado a mirar de frente: la violencia sexual que padecen mujeres y niñas indígenas en los territorios, amparada por un silencio cómplice, por sistemas de justicia que miran hacia otro lado, por el miedo y por la impunidad.

Se rumorea que ocurrió en una comunidad indígena, pero aún no hay certeza del lugar. Lo que sí hay es una certeza absoluta: una mujer fue violentada, humillada, rota. Y el Estado debe protegerla. Urge atención médica, psicológica, jurídica. Urge que se respete su dignidad, que no sea revictimizada, que no la callen, que no la culpen.

Los responsables deben estar tras las rejas. Ninguna jurisdicción, ni indígena ni ordinaria, puede ser excusa para la impunidad. En demasiadas ocasiones, la justicia indígena ha sido indulgente con los agresores sexuales, invocando la “armonía comunitaria” mientras el cuerpo de las mujeres queda deshecho, y la justicia ordinaria tampoco ofrece refugio: ahí también reina el olvido, la lentitud, la burla a las víctimas.

No hay cultura, costumbre ni territorio que justifique una violación.

No hay fuero que autorice el silencio.

No hay autonomía que valga más que la vida y la dignidad de una mujer.

Que esto no vuelva a pasar.

No en el Cauca, no en Colombia, no en ningún rincón del mundo.

Porque callar ante esta infamia es repetirla.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Feminicidios en el río Cauca

El río Cauca trae voces. En sus aguas viajan nombres que el país olvida demasiado pronto. Samy Lorena Lozano, de Tuluá, apenas 20 años; Alexa Ramírez, aún buscada por su familia; Marian Chica Martínez, 25 años, madre de un niño de cuatro. Todas fueron devoradas por un cauce que se ha vuelto cementerio y testigo de un horror que se repite con nombres distintos, pero con un mismo desenlace: mujeres desaparecidas, mujeres asesinadas.

En Tuluá, el sábado 13 de septiembre de 2025, Samy y Alexa salieron y no regresaron. Seis días después, el viernes 19 de septiembre, el cuerpo de Samy apareció en las aguas del río Cauca, a la altura de Cartago, con heridas de arma de fuego. La noticia estremeció a su barrio, La Balastrera, donde los vecinos hicieron una colecta para que su familia pudiera pagar un sepelio digno. Nadie merece enterrar a su hija de esa forma, pero la pobreza obliga a mendigar hasta para llorar.

Alexa Ramírez, su amiga, sigue desaparecida. Su foto circula por redes sociales y en cadenas de WhatsApp que claman ayuda. Cada mensaje lleva el eco de la incertidumbre: ¿dónde está?, ¿respira?, ¿escucha acaso el nombre que la llama en la madrugada?

En Medellín, el domingo 14 de septiembre de 2025, Marian Chica desapareció en el barrio Enciso. Había decidido separarse, cortar un vínculo que se había vuelto amenaza. Esa tarde, a las 5:20 p. m., su celular envió unos mensajes extraños: decían que estaba en una vereda y que su hijo se hallaba con el padre. Los errores ortográficos hicieron sospechar a su familia. Marian no escribía así. Minutos después, el WhatsApp se conectó por última vez. Desde entonces, silencio.

Una semana más tarde, el domingo 21 de septiembre, su cuerpo apareció dentro de un costal en el río Cauca, a la altura de Bolombolo. La escena que reconstruyen los investigadores habla de un crimen íntimo: la pareja, el hogar, el círculo cercano. Un cuerpo atado, arrastrado, arrojado al agua. Un silencio que ahoga.

El río no miente: está lleno de mujeres. Las estadísticas, los boletines, las notas rápidas de prensa, hablan de “presuntas víctimas”, de “investigaciones en curso”. Pero detrás de esas frases técnicas hay madres que buscan a sus hijas en hospitales y morgues, hermanas que no duermen, niños que se quedan sin voz para preguntar por qué su mamá no vuelve.

En 2023, el Gobierno Nacional declaró la emergencia por violencias basadas en género a través del Plan Nacional de Desarrollo, prometiendo atención inmediata, sistemas de prevención y protocolos de protección. Pero de nada nos sirve esa declaratoria si nos siguen matando, si seguimos flotando en el río Cauca, si los nombres de Samy, Alexa y Marian se convierten en estadísticas mientras el país mira para otro lado. La emergencia existe en el papel; en la vida real, lo único que sigue existiendo es la muerte.

Por Sofía López Mera/ Justicia & Dignidad

Paridad en la Corte Constitucional: Balanta sí, Camargo no

La Corte Constitucional es la guardiana de la Carta Magna, el tribunal que marca el rumbo de los derechos fundamentales en Colombia. En sus manos se han definido decisiones trascendentales sobre la vida, la libertad, la igualdad, los derechos sexuales y reproductivos, la protección de las minorías y la dignidad humana. Pero la pregunta que flota hoy en el Senado, que tiene la responsabilidad de elegir un nuevo magistrado o magistrada, es si esa Corte puede seguir siendo representativa, plural y justa cuando aún está lejos de la paridad de género.

Actualmente, en la Corte hay nueve sillas. De esas, solo dos están ocupadas por mujeres: Natalia Ángel Cabo y Lina Marcela Escobar. La presencia femenina, aunque es un paso frente a lo que había hace unos meses, sigue siendo insuficiente en un país donde las mujeres son más de la mitad de la población y han estado en la primera línea de defensa de los derechos y la democracia. Por eso la eventual elección de María Patricia Balanta, quien sería la primera mujer afrodescendiente en la historia de la Corte Constitucional, representa una oportunidad única no solo para avanzar en paridad, sino también para darle voz y rostro a comunidades históricamente invisibilizadas.

El nombre de Balanta llega cargado de simbolismo. Su trayectoria de más de tres décadas en la Rama Judicial la respalda con solidez técnica. Pero más allá de eso, su elección marcaría un mensaje político profundo: que la Corte no puede seguir siendo un club de hombres privilegiados que deciden sobre la vida de todos y todas, sino un espacio abierto a la diversidad y la pluralidad. Elegir a Balanta sería un acto de justicia con las mujeres, con la población afro y con quienes sueñan con una Corte más cercana al país real.

La terna, sin embargo, también incluye a Carlos Camargo, exdefensor del pueblo, cuya postulación resulta indigna para un tribunal que debe ser garante de derechos. Durante el estallido social de 2021, cuando el país vivió una de las represiones estatales más violentas de las últimas décadas, Camargo optó por darle la espalda a las víctimas. Amarró de manos a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo en el Valle del Cauca, prohibiéndoles acompañar a quienes denunciaban desapariciones, torturas, violencias sexuales y ejecuciones extrajudiciales. En lugar de proteger a la ciudadanía, prefirió mandar emisarios desde Bogotá con línea directa a su despacho, funcionarios que no denunciaban lo que estaba ocurriendo en las calles. Su omisión fue tan descarada que varias organizaciones de derechos humanos lo señalaron de encubrir las graves violaciones cometidas bajo el gobierno de Iván Duque.

Pero el prontuario de Camargo no termina allí. Investigaciones periodísticas revelaron que, durante su paso por la Defensoría, contrató a familiares de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el mismo tribunal que ahora lo postuló. Es decir, su candidatura no se explica por méritos jurídicos o éticos, sino por favores burocráticos y clientelismo. Un intercambio vergonzoso que deja al descubierto cómo se siguen utilizando las instituciones del Estado para pagar cuotas de poder. Resulta asqueante pensar que alguien con esa trayectoria pueda aspirar a ser guardián de la Constitución.

La Corte Constitucional no puede ser cómplice de ese pacto de silencios y favores. El Senado tiene en sus manos la posibilidad de elegir entre la dignidad y la indecencia, entre la representación plural y el continuismo clientelista. La elección de Balanta no resolvería todos los problemas, pero sí enviaría un mensaje claro de que el país no tolera más exclusiones ni pactos de élites. Que la Corte, como guardiana de la Constitución, debe reflejar la sociedad que dice proteger: diversa, justa y con igualdad de género.

El futuro de la democracia en Colombia también se juega en estas elecciones. Apostarle a Balanta es apostar por una Corte más legítima y más cercana al pueblo; elegir a Camargo sería hundirla en el descrédito y la desconfianza. El Senado tiene la palabra, y la historia está mirando.

 

Por Justicia & Dignidad/Periodismo independiente e investigativo