La Haya, Países Bajos. La Corte Penal Internacional debería ser un refugio para las víctimas de crímenes atroces, un lugar donde la justicia internacional intente reparar lo que la política y las armas destruyen. Pero desde que la Corte emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, la respuesta de Estados Unidos ha sido de hostigamiento abierto. Donald Trump firmó en febrero una orden ejecutiva que permite sancionar a jueces, fiscales, funcionarios e incluso colaboradores externos de la Corte. La intención es clara: intimidar, asfixiar económicamente, aislar a quienes se atrevan a investigar a Israel. La prensa internacional lo ha llamado la reactivación del “Hague Invasion Act”, la ley de 2002 que autorizaba al presidente estadounidense a usar “todos los medios necesarios” para liberar a militares o funcionarios estadounidenses detenidos en Países Bajos. Una amenaza velada de invasión contra un tribunal que busca juzgar lo que no debe quedar impune.
La estrategia de Trump no es sólo retórica. En los últimos meses, jueces de la CPI han visto congeladas sus cuentas, se les ha restringido el acceso a bancos internacionales, algunos han recibido advertencias de que sus familiares podrían ser incluidos en listas negras. La medida alcanza a investigadores que colaboran en la recolección de pruebas de crímenes de guerra. Todo esto, en paralelo con la ofensiva militar israelí que ha dejado a Gaza convertida en un cementerio de niños, de hospitales arrasados, de familias completas sepultadas bajo los escombros. La obstrucción de la justicia internacional se convierte, así, en complicidad activa.
Las cifras estremecen. Autoridades locales palestinas contabilizan ya más de sesenta y cinco mil muertos en Gaza desde octubre de 2023. Pero la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, advierte que el número real puede ser diez veces mayor: hasta seiscientas ochenta mil personas, si se cuentan las muertes indirectas por hambre, enfermedad, falta de medicinas y agua. En ese cálculo, casi cuatrocientos mil serían niños menores de cinco años. Son cifras de exterminio, de un genocidio que avanza a la vista del mundo. Mientras tanto, Washington garantiza el suministro de armas y municiones, bloquea resoluciones en Naciones Unidas y castiga a quienes intentan investigar. El mensaje es inequívoco: Estados Unidos respalda, financia y protege el genocidio.
Frente a esta realidad, no basta hablar de excesos militares o de errores de cálculo. El patrón es sistemático: bombardeos a zonas densamente pobladas, destrucción deliberada de infraestructura civil, hambre usada como arma de guerra, castigo colectivo a millones de personas encerradas en un territorio sin salida. Netanyahu dirige esta maquinaria con discursos que justifican la aniquilación, Gallant la ejecuta con órdenes militares, y Trump se convierte en su aliado indispensable al hostigar a la única institución que podría juzgarlos. Todos ellos son responsables de crímenes de lesa humanidad. El paralelo con Hitler no es retórico: es una advertencia de lo que ocurre cuando se permite que líderes autoritarios decidan quién tiene derecho a vivir y quién no.
La justicia internacional nació después del Holocausto para que el horror no se repitiera. Hoy, setenta y cinco años después, el mundo presencia otro genocidio y Estados Unidos, en lugar de frenarlo, lo sostiene. Donald Trump y sus secuaces son tan responsables como Netanyahu de esta masacre. La historia los juzgará, pero antes deberían juzgarlos los tribunales, por el bien de la humanidad entera.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo
