Emilse Jiménez: La madre que camina entre las sombras buscando la luz en el Día de la Afrocolombianidad

A Emilse la conocí en una reunión virtual, de esas donde las cámaras parpadean y las voces se entrecortan, pero el alma se reconoce de inmediato. Era la sesión fundacional de nuestro Movimiento de Madres y Mujeres por la Paz. No necesitó decir mucho para estremecerme. Su historia entró a la pantalla como entra el viento: sin pedir permiso, removiendo todo a su paso. Y la abracé con todo el amor del mundo, aunque fuera con palabras, aunque fuera desde lejos.

La abracé aún más fuerte el día que fundó la Guardia Intercultural Humanitaria, en el parque de Yumbo, Valle del Cauca, bajo el calor espeso de una mañana de sábado. Era el punto de partida, justo antes de subirnos a la chiva que nos llevaría al resguardo de Valle del Sol, donde ella cumpliría su misión. Emilse, con sus largas trenzas afrocolombianas y su acento dulce, se paró frente al grupo con la dignidad que dan el duelo y la esperanza. Supimos entonces que estábamos siendo testigos de algo más grande que nosotras mismas.

Venía bajando del monte como bajan las mujeres negras de las guerras: con la espalda cargada de historia, con las manos vacías de su hija y de su nieto, y con el corazón lleno de nombres sin tumba.

Emilse Jiménez no nació para ser heroína. Nació en Buenos Aires, Cauca, donde el río Cauca arrastra más muertos que peces y donde el plomo cae más rápido que la lluvia. Allá crio a Jessica Viviana Carabalí, una hija de fuego que aprendió a hablar en reuniones comunitarias, a escribir en carteles de protesta, y a soñar en clave de resistencia. Jessica fue lideresa social, se metió con los poderosos de turno, con los que pegaban a las mujeres en la oscuridad y con los que mandaban a matar desde sus escritorios.

El 25 de julio de 2018, Jessica cayó al suelo con dos disparos en el cuerpo. La encontraron al lado del patio de su casa. Dicen que fue su expareja, un exmilitar que ya la había golpeado antes. La llevaron al hospital. Duró quince días entre la vida y la muerte, y se fue sin hacer bulla. Tenía 32 años. Tenía futuro.

Desde entonces, Emilse no duerme igual. A veces se levanta de madrugada, con el corazón en la boca, tocando puertas como si su nieto aún pudiera estar detrás de alguna. Él también está desaparecido. Lo reclutó la guerra. Lo arrancaron de la escuela, del juego, de los abrazos de su abuela. Nadie sabe dónde está. O todos lo saben y nadie quiere decirlo.

Emilse no se dejó morir. A pesar de que el alma le duele, a pesar del miedo, a pesar de que no ha podido volver a su escuela en Masamorrero, donde enseñaba con tizas de colores y cuentos tejidos con memoria. A pesar de que recibe mensajes de amenaza, a pesar de que la buscan para callarla. A pesar de todo eso, Emilse se paró firme y creó la Guardia Intercultural Humanitaria. Porque entendió que su dolor no era solo suyo. Que la desaparición no tiene color, que el reclutamiento no distingue etnias, que la bala no pregunta por la cédula. Y entonces llamó a las madres indígenas, a las campesinas, a las de las ciudades, a las desplazadas, a las rebeldes. Las llamó a todas.

Así nació el Movimiento de Madres y Mujeres por la Paz, así nació la Guardia Intercultural Humanitaria. No nació en una oficina, nació en las caminatas largas, en las asambleas de humo y panela, en las velas encendidas frente a los cementerios. Emilse es madre buscadora, pero también es madre sembradora. Siembra dignidad en la tierra dura del olvido. Siembra memoria con palabras dulces. Siembra justicia con manos temblorosas.

Con el tiempo, comprendimos que ella nunca decía el nombre del movimiento de la misma forma. A veces decía «Movimiento Nacional de Madres Buscadoras por la Paz», otras veces lo nombraba como «Movimiento Nacional de Madres Luchadoras por la Paz». Al principio creímos que era un error, una confusión comprensible en medio del dolor. Pero luego entendimos: era su mandato de mayora afrocolombiana, de mujer que invoca con la palabra. Para Emilse, ser madre implica ser buscadora, luchadora, sembradora. No le bastaba con decir “mujer”; necesitaba un adjetivo de resistencia. Y así nos renombraba a todas. Nos paría de nuevo. Y antes de hablar, en cada reunión, nos decía: «Compañeras, reciban un saludo de lucha ancestral, de bienestar y de resistencia», como quien sopla ceniza para reavivar la brasa.

Hoy, 21 de mayo, día de la Afrocolombianidad, día de la Diversidad Cultural, día de los pueblos que se niegan a arrodillarse, escribimos sobre Emilse porque su lucha es más grande que su tristeza. Porque ella no solo busca a los suyos: convoca a las que todavía pueden amar, a las que aún creen en la vida, a las que no han perdido la rabia ni la ternura.

Hoy celebramos a Emilse, no porque no tenga miedo, sino porque camina con él. Porque su duelo es un canto. Porque su amor no tiene fronteras. Porque en un país donde las madres entierran a sus hijos, ella decidió sembrar futuro con el mismo dolor con que otros siembran balas.

Por Sofía López Mera, abogada y periodista de la Corporación Justicia y Dignidad.

Consulta popular y la masacre laboral de Jóvenes en Paz

Hace cuatro años, los jóvenes salieron a la calle. No por moda, no por redes, no por ideología: por hambre. Hambre de comida, sí, pero sobre todo de futuro. Hace cuatro años, cuando el hambre era más punzante que el miedo, salieron. No los llamó ningún partido ni los movilizó ninguna ONG. Salieron porque ya no cabía ni una gota más de abandono. Porque el Estado les negó todo, menos el terror.

Y salieron miles de Jóvenes, entre profesionales, estudiantes, desempleados, vendedores ambulantes, habitantes de calle. Salieron de las casas sin agua, sin empleo, sin futuro. Con las manos vacías y el corazón encendido. Porque sabían que si no lo hacían, nadie lo haría por ellos.

No era solo una protesta. Era el estallido de un pueblo al que le explotaron los sueños. Y sabían que les costaría caro. Desde el primer día, el Estado los trató como enemigos. Los persiguió, los mutiló, los torturó, los mató, los desapareció. Intentaron borrarlos del mapa. Pero no pudieron. Porque entre los escombros de las tanquetas y las ollas comunitarias, nació otra cosa: una esperanza política.

La fuerza de esa juventud parió el cambio. En 2022 eligieron, con voto rebelde y valiente, al primer gobierno popular de la historia de Colombia. No fue una conquista de partidos ni de tecnócratas con diplomas. Fue obra de las comunas de Cali, de los barrios de Popayán, de Medellín , Pasto, Bogotá, de Soacha, de Bosa, de los puntos de resistencia donde se cocinaba sancocho en olla comunitaria y dignidad. Fue la fuerza de los que pusieron el pecho.

Pero hoy, esa misma juventud siente la traición.

Más de 50 jóvenes siguen en prisión. Condenados con montajes judiciales, pruebas falsas y fiscales que aún responden al viejo régimen. No han recibido garantías, ni justicia, ni verdad. Y la promesa presidencial de una Comisión de la Verdad del estallido social, esa que Petro hizo en campaña y reafirmó en su primer año de gobierno, nunca se cumplió. No se instaló. No escuchó. No reparó. No hubo verdad para los mutilados, ni memoria para las madres que siguen llorando en silencio. Solo impunidad, esa que huele a archivo y suena a silencio.

Y si algo faltaba, el programa Jóvenes en Paz, la única política pública pensada para transformar la resistencia en futuro, hoy se tambalea.

315 jóvenes vinculados laboralmente al programa enfrentan ahora una masacre silenciosa: no les pagan, los contratos se vencieron, los procesos administrativos están paralizados. Se aferran a su trabajo en los territorios, pero el Estado los suelta de la mano. Irónicamente, no son las balas ni los gases esta vez: es la burocracia, la que mata en cuotas mensuales.

El programa fue improvisado desde su nacimiento. Diseñado desde una Consejería Presidencial para la Juventud que copió modelos urbanos sin entender la Colombia profunda, y ejecutado por una unión temporal que no logró contener la magnitud del reto.

Para intentar ordenar el caos, se nombró a Andrés Gallego Segovia, uribista pura sangre, exgerente del NO en el plebiscito de paz, exfuncionario de Pastrana, Duque y Santos, viejo zorro de la administración pública, experto en papeleo pero ciego ante el dolor del pueblo. Un gestor que conoce el escritorio, pero no el territorio. Con él llegaron los retrasos, los vacíos, el desgaste. Su administración agravó el desorden: pagos demorados, desinformación, y una cadena de precarización laboral disfrazada de gestión.

Sí, un uribista administrando el programa bandera de Gustavo Petro, el que prometía reciprocidad con los jóvenes que le dieron el triunfo. Si eso es posible en este gobierno, ¿qué más podríamos esperar?

Desde el Ministerio de Igualdad, liderado por Francia Márquez, se intentó sostener el barco. Pero mientras tanto, Armando Benedetti, desde otros rincones del poder, propone reemplazar Jóvenes en Paz por otro programa, “Gestores para la Paz”. Una disputa burocrática de pasillos, donde lo que está en juego no son votos, sino vidas jóvenes.

Hoy, 16 de mayo, en horas del mediodía, varios integrantes del programa ‘Jóvenes en Paz’ se congregaron en la gris Bogotá en la calle 16 con carrera 5, en las inmediaciones del edificio de la Procuraduría General, como parte de una jornada de protesta que busca visibilizar las inconformidades de quienes están vinculados a la ejecución del programa impulsado por el Ministerio de Igualdad y Equidad. Las razones son muchas, y todas duelen: el retraso en el pago de los salarios correspondientes al mes de abril, la falta de claridad en la continuidad del programa, el cambio inesperado en su operación, la ausencia de insumos de trabajo, la alta carga laboral, y la mora en los pagos a proveedores de alimentos y espacios.

Y para rematar el pastelito —como si la precarización no bastara—, el Ministerio de Igualdad ha anunciado públicamente que dará por terminado de facto el convenio con la Unión Temporal Territorio de Paz el próximo 31 de mayo de 2025. Lo que eso significa no necesita traducción: despido masivo de cientos de contratistas, cierre de procesos comunitarios, y la muerte por inanición del único programa que intentó recoger los pedazos del estallido social.

Sí señor, esa es la coherencia del gobierno del cambio que hoy promueve una consulta popular por los derechos laborales, mientras masacra, por vía administrativa, a los jóvenes que encarnaron esa esperanza.

Y como si se tratara de una burla planificada, el Ministerio del Interior ha anunciado un nuevo programa: “Gestores de Convivencia”, con el que se capacitará a 12.000 jóvenes, ofreciéndoles un salario superior al mínimo para desarrollar habilidades en resolución de conflictos y cultura ciudadana. Un programa calcado en las oficinas, sin el barro de las comunas, pensado más como vitrina que como justicia. Un contrapeso burocrático al cuerpo caliente del estallido. Una cortina de humo para reemplazar memoria por estadística.

¿Quién responde por este desastre? ¿Quién le explica a los jóvenes por qué el gobierno por el que lucharon hoy los deja solos? ¿Dónde están los informes de ejecución, los soportes de desembolsos, los contratos firmados y no cumplidos? ¿Quién responde por la impunidad judicial que aún persigue a los manifestantes?.

Y, sobre todo, ¿con qué moral puede hablar este gobierno de un “segundo estallido social” si el primero lo dejó morir en el olvido?¿De qué dignidad laboral hablan Gustavo Petro, Francia Márquez y Carlos Rosero, si permiten que el hambre y la incertidumbre caigan sobre quienes les dieron el poder? De Armando Benedetti no se espera nada —su historial habla por él—, pero que quienes prometieron cambiarlo todo terminen repitiendo los peores vicios del poder es una traición que se escribe con sangre joven y contratos incumplidos.

La memoria es terca. Y los pueblos también. Si los que lucharon por el cambio siguen siendo desechables, entonces el poder no cambió: solo se mudó de rostro. Y mientras tanto, los que pusieron el pecho siguen esperando algo tan sencillo como justo: no ser traicionados.

Porque si esta es la forma de agradecer, lo que viene no es otro estallido. Es el ocaso de una esperanza. Y ese, como la historia, también se escribe con sangre joven.

Por Prensa Justicia & Dignidad

Bitácora del Horror: Comisión de Esclarecimiento ¡Ya! – Día 29A

Los primeros caídos del Paro Nacional – 28 de abril de 2021

La mañana del 28 de abril de 2021 comenzó con gritos, arengas y esperanza. Era el primer día del Paro Nacional convocado por sindicatos, pueblos indígenas, jóvenes, mujeres, campesinos, y un país entero hastiado del abandono, de la reforma tributaria y de la indolencia. El pueblo salió a las calles con cacerolas, pancartas, tambores y megáfonos. El Estado respondió con fusiles, gases, detenciones y muerte.
Siete personas fueron asesinadas ese primer día. Todos jóvenes. Todos civiles. Todos silenciados a balazos por las fuerzas del orden o por civiles armados bajo su protección. Sus nombres deben ser pronunciados como un rezo laico. Son el comienzo de esta bitácora del horror:

• Marcelo Agredo Ichima, 17 años, asesinado por un policía uniformado en Cali tras patearlo y salir corriendo.
• Jeisson García, 13 años, asesinado por el ESMAD en Cali.
• Cristian Alexis Moncayo Machado, sin información de edad, asesinado en Cali por el ESMAD.
• Pol Stiven Sevillano Perea, 18 años, asesinado por civiles armados en Cali.
• Charlie Parra Banguera, 22 años, asesinado por el ESMAD en Cali.
• Michel David Reyes Pérez, asesinado en Bogotá por civiles armados.
• Brian Gabriel Rojas López, asesinado en La Virginia, Risaralda, por el ESMAD.

Sus vidas, truncadas al inicio del estallido social, encendieron la mecha de la indignación. Esta es la bitácora de lo que ocurrió después.

29 de abril de 2021 — Puerto Resistencia, Cali: La bala que apagó el sueño de Miguel Ángel

En el corazón de Puerto Resistencia, cayó Miguel Ángel Pinto Mona. Tenía 23 años, había nacido y crecido en el barrio Comuneros 1, en el oriente de Cali. Ese jueves no salió a marchar. Se quedó en su barrio, vio a sus amigos, almorzó donde su madre. Solo en la tarde decidió acercarse al punto de resistencia más cercano. Y no volvió.
Miguel trabajaba vendiendo zapatillas en el centro, pero ese día, como muchos otros jóvenes, estaba sin empleo por el paro. Fue impactado por una bala disparada durante la violenta retoma de la zona por parte de la Policía y el ESMAD. Cayó herido en el abdomen. Lo subieron como pudieron a una moto y lo trasladaron a la clínica Valle del Lili. Su padre, Luis Eduardo, lo vio por última vez cuando lo bajaban en una camilla. Minutos después le informaron que había muerto.

Miguel no era vándalo. Era un joven trabajador que soñaba con estudiar una carrera profesional. Su nombre quedó escrito con sangre en el asfalto de una ciudad que ardía. Y con fuego en la memoria de quienes no olvidan que la represión también mató sueños.

29 de abril de 2021 — Agua Blanca Cali: la detención de Isabela y Ariel

Ese mismo día, la juventud siguió siendo blanco. Isabela López y Ariel Lombana fueron detenidos de forma arbitraria mientras ejercían su derecho a la protesta. Los condujeron a la estación de Policía de Agua Blanca. Allí, Isabela fue víctima de malos tratos a manos de los uniformados. Su cuerpo lo recuerda, su dignidad no lo olvida. Ninguno de los dos debió estar ahí. Pero ese 29 de abril, la ley fue usada como garrote.

29 de abril de 2021 —Calle Quinta Cali: una granada contra el rostro

En la calle Quinta, una granada de gas lacrimógeno disparada a quemarropa por la fuerza pública impactó en el ojo de un joven. Un disparo directo al rostro. Otro intento por cegar la protesta, por acallar lo que incomoda. El muchacho sobrevivió, pero perdió parte de su visión. La ciudad, en cambio, ganó otra verdad irrefutable.
29 de abril de 2021 – Clínicas de urgencia Cali: doce cuerpos heridos por la represión
Ese día, 12 personas fueron trasladadas a centros asistenciales con lesiones graves. Algunas heridas físicas, otras más profundas, invisibles, que habitan ahora los cuerpos como cicatrices del miedo y del coraje. Cada ingreso a urgencias era la consecuencia directa de una orden de represión. Cada herida, una prueba que sigue esperando justicia.

29 de abril de 2021 – Desaparición de Michael David Lora Cali: el niño que no volvió

Y en medio del caos, un niño desapareció. Michael David Flora, de 16 años, de nacionalidad venezolana, fue arrestado junto a su madre. Lo separaron de ella. Dijeron que lo enviarían a un “hogar de paz”. Pero cuando su madre llegó a buscarlo, no estaba. Nadie dio razón. Nadie respondió. Otro nombre, otra sombra más, en la lista de desapariciones que aún no termina de escribirse.

29 de abril de 2021 – Asesinato de Dadimir Daza Correa -Yumbo, Valle del Cauca

El 29 de abril de 2021, durante el Paro Nacional, Dadimir Daza Correa fue asesinado en Yumbo, Valle del Cauca, por un disparo en el abdomen en medio de los enfrentamientos entre el ESMAD y los manifestantes. En el barrio La Estancia, donde la gente alzó su voz contra el abuso del poder, la represión del Estado cegó una vida más.
Dadimir no era un líder de grandes discursos, sino un hombre de trabajo, de aquellos que construyen la vida con esfuerzo y solidaridad. Su muerte es el reflejo de la violencia sistemática contra quienes luchan por la dignidad. Hoy, su nombre se suma a la memoria de las víctimas de crímenes de Estado, exigiendo justicia, reparación y garantías de no repetición.

29 de abril de 2021 — Yumbo: Los derechos humanos no valen nada

En la tarde, cerca de la fábrica Texaco de Yumbo, una lluvia de disparos del ESMAD y la Policía sacudió el sector. Rodrigo Becerra y su hijo, en misión humanitaria, fueron increpados por reclamar por un detenido. La respuesta: amenazas e insultos. “Los símbolos de los derechos humanos nos valen ni una madre”, gritó un agente.

29 de abril de 2021 — Medellín: Atacar a quienes cuidan

En Medellín, cinco defensores de derechos humanos fueron rodeados por policías y civiles armados con palos y varillas. Sufrieron golpes, robos, descargas eléctricas y amenazas. Una defensora fue herida en el rostro por un gas disparado directo. Caminó sangrando en busca de ayuda. La policía la llevó a un CAI, pero allí no hicieron nada. Fue una ambulancia la que la llevó al hospital San Ignacio, donde le dijeron que perdería la vista. Policía y Distrito prometieron investigar.

Epílogo: Por qué gritamos Comisión de Esclarecimiento ¡Ya!

Lo que ocurrió el 29 de abril no fue un hecho aislado, ni una reacción excesiva. Fue una operación sistemática. Coordinada. Tolerada desde los más altos niveles del poder. Lo que vimos fue la expresión de una doctrina: aplastar la protesta, intimidar la resistencia, imponer el silencio.

Por eso gritamos Comisión de Esclarecimiento ¡Ya!
Porque el país necesita saber quién dio la orden.
Quién disparó.
Quién desapareció.
Y quién se benefició del miedo.

Bitácora del Horror: Comisión de Esclarecimiento ¡Ya! – Día 28A

Desde temprano, la ciudad y el campo amanecieron inquietos. No era un día cualquiera. Era el inicio de una marea incontenible: la juventud, las madres, los trabajadores, los campesinos, los pueblos indígenas, los estudiantes, salieron a las calles con una sola voz: «¡A parar para avanzar, viva el paro nacional!».
El estallido no surgió de la nada. Venía cocinándose desde las profundas heridas abiertas en la sociedad colombiana. Para 2021, el Índice de Gini, esa medida fría que cuantifica la desigualdad económica, seguía en un alarmante 0,53, situando a Colombia entre los países más desiguales del mundo. Este índice, que va del 0 al 1, donde 0 representa una igualdad total y 1 una concentración absoluta de la riqueza, reflejaba la profunda fractura de un país donde unos pocos tenían mucho y muchos tenían nada. La pobreza, como una sombra interminable, afectaba a más de 21 millones de personas, mientras que 7,4 millones vivían en pobreza extrema, sobreviviendo al día, luchando por lo que para otros es tan fácil como conseguir un plato de comida.
El desempleo juvenil rebasaba el 23%, mientras más de 3 millones de jóvenes —los llamados «ninis»— sobrevivían sin trabajo ni educación. A esto se sumaba un presupuesto nacional secuestrado por la deuda y el gasto militar: en 2021, el 62% del Presupuesto General de la Nación se destinaba a funcionamiento (burocracia, ejército y policía), mientras la inversión social decrecía peligrosamente.
El proyecto de reforma tributaria impulsado por el gobierno fue la gota que rebosó la copa. Pretendía gravar aún más a los sectores populares y a la clase media en medio de la peor crisis económica y social de las últimas décadas. Fue percibido como un acto de crueldad en un país donde las ollas comunitarias empezaban a multiplicarse para combatir el hambre.
Pero lo que salió a flote aquel 28 de abril no era solo el rechazo a una ley injusta. Era el grito colectivo de quienes, durante décadas, habían sido silenciados y reprimidos. Era la memoria viva de la Constitución de 1991, que prometió derechos y participación, frente a un Estado que seguía usando la fuerza y la exclusión como su respuesta.
Era el eco de los Acuerdos de Paz de 2016 incumplidos, las banderas de las madres buscando a sus hijos desaparecidos, la rabia de los territorios olvidados, la valentía de una generación nueva que se negaba a heredar el miedo.
Ese día, las carreteras se llenaron de barricadas, las plazas de cantos, las ciudades de banderas. Desde Cali hasta Bogotá, desde Medellín hasta Pasto, retumbaba la consigna:
¡A parar para avanzar, viva el paro nacional!

Este levantamiento fue crucial para la llegada de Gustavo Petro a la presidencia. Sin embargo, hoy su promesa de crear una Comisión de la Verdad sobre los hechos del paro sigue sin cumplirse, y por eso exigimos a este gobierno la Comisión de Esclarecimiento ¡Ya!

Reconocimiento Especial
Este trabajo de «Bitácora del Horror» no sería posible sin el impulso del Padre Javier Giraldo, el esfuerzo de investigación de los integrantes de Justicia y Dignidad, y el invaluable aporte de Fredy Caicedo en la sistematización de los informes internacionales. Su compromiso y dedicación hacen posible que la verdad se visibilice.
28 de abril de 2021 — La historia no volvió a ser la misma.
Cuando apenas caían los primeros rayos de sol, el digno pueblo Misak, con sus bastones de mando y su historia de resistencia, tumbaba la estatua de Sebastián de Belalcázar en uno de los barrios más exclusivos y elitistas de Cali. Era el amanecer de un nuevo tiempo: la memoria indígena reclamaba su lugar en medio de una ciudad acostumbrada a invisibilizarla.

28 de abril de 2021 — Bogotá: El primer disparo
A la altura de la 34 sur con avenida Cali, en Bogotá, cuando apenas empezaban a arder las aceras de tanto paso inconforme, el ESMAD apuntó contra la multitud. No lanzaron al aire: dispararon al cuerpo. Una defensora de derechos humanos de la Red Popular cayó herida por un gas lacrimógeno que le partió la piel y la fe. Ella misma lo dijo después, aún con la voz rota: no fue accidente, fue arremetida contra quienes llevaban solo chalecos y credenciales en las manos. Contra quienes solo querían evitar más muertos.

28 de abril de 2021 — Cali: Marcelo, el muchacho que no llegó a los 18
En el barrio Mariano Ramos, cerca de Puerto Resistencia, un niño indígena corría. Marcelo Agredo Inchima, 17 años, el menor de cuatro hermanos, estudiante de noveno grado, trabajador cuando podía. Lo mató un disparo de la Policía. Cayó al suelo, y en su cabeza el sol empezó a apagarse. Llegó muerto al Valle del Lili, aunque el parte médico hablara de muerte cerebral. Iba a cumplir 18 en agosto. No llegó. No lo dejaron llegar.

28 de abril de 2021 — Nariño: Me importa un culo
En algún lugar de Nariño, bajo el miedo y el uniforme, una defensora de derechos humanos entregó su cédula como quien entrega su vida. El Mayor Hernán Meléndez la revisó. Se la devolvió. Entonces, una policía mujer le asestó un golpe seco en los senos. Ella, valiente, volvió a decir quién era. La respuesta le taladró el oído: “Me importa un culo”. Así de brutal, así de descarnada la manera de tratar a quienes solo querían cuidar.

28 de abril de 2021 — Cali, Medellín, Popayán, Bogotá, Barranquilla: Matar la esperanza
Las brigadas médicas improvisadas en las esquinas de ciudades como Cali, Medellín, Popayán, Bogotá y Barranquilla se convirtieron en refugios en medio del terror. Jóvenes de batas blancas, armados solo con gasas y una voluntad de hierro, se entregaban al cuidado de los heridos. Pero incluso ellos fueron blanco del odio. La policía disparaba gases lacrimógenos directamente en los puntos de atención, golpeaba a los enfermeros y sacaba a patadas a los médicos de sus puestos de ayuda. Los hospitales no quedaron exentos: allí también irrumpieron, buscando capturar a los heridos como si fueran criminales. Muchos recibieron amenazas directas: “te vamos a violar, te vamos a matar”. No solo les robaron la vida, sino que intentaron arrebatarles la esperanza misma.

28 de abril de 2021 — Popayán: El gas en la casa de los heridos
En Popayán, 22 almas fueron detenidas, golpeadas y humilladas. Agentes del ESMAD y del Grupo de Operaciones Especiales GOES atacaron a estudiantes, indígenas, periodistas y defensoras de derechos humanos. En la tarde, cuando intentaban estabilizar sus cuerpos destrozados en la sede de un sindicato, el horror los alcanzó nuevamente. El gas lacrimógeno se infiltró por las ventanas, como una serpiente de muerte, en un lugar destinado al auxilio, a los vendajes y a los suspiros de dolor. Y aun así, lanzaron el gas. Luego, los llevaron al hospital, algunos apenas respirando. Era el primer día de una larga noche que, lamentablemente, apenas comenzaba.

28 de abril de 2021 — La Virginia, Risaralda: La desaparición de Brahian
28 de abril de 2021. Brahian Gabriel Rojas, de 26 años, desapareció en La Virginia, Risaralda, en pleno estallido del Paro Nacional. Su hermana, Thalía, denunció que a las 10 de la noche, él se encontraba bajo el puente Francisco Jaramillo, junto a ella y otros amigos. Encima del puente, el enfrentamiento entre manifestantes y la Policía era feroz, y la multitud se dispersó rápidamente, corriendo hacia abajo. El ESMAD los rodeó, los golpeó, los arrinconó. Brahian, el hermano mayor, logró escapar, su rostro destrozado y su espalda marcada por los golpes. Pero Brahian no tuvo la misma suerte. Desde ese momento, se lo tragó la oscuridad. El 4 de mayo, los bomberos de Sabanalarga, Antioquia, hallaron su cuerpo sin vida flotando en el río Cauca. Presentaba signos de golpizas y un disparo en el pie. Thalía envió fotos para confirmar la identidad, y el 7 de mayo, le entregaron su cadáver. Brahian sabía nadar. Trabajaba en una arenera, donde tenía que sumergirse hasta el fondo del río para sacar arena. Nadie entiende cómo terminó allí, tan lejos del lugar donde desapareció, flotando en las aguas de un río que ya no devolvía cuerpos, sino silencios.

28 de abril de 2021 — Soacha: La violencia sexual en la protesta
Una joven manifestante del municipio de Soacha vivió una de las peores experiencias del Paro Nacional. Mientras las calles se llenaban de voces exigiendo justicia, ella fue detenida por un grupo de cinco agentes del ESMAD. La subieron a un camión de la Policía Nacional, donde fue golpeada y sometida a violencia sexual. Los palos, las patadas, y los abusos fueron su condena solo por ejercer su derecho a la protesta. La brutalidad policial no solo dejó marcas físicas, sino también una herida profunda en su dignidad. Era un recordatorio del alcance de la represión: no bastaba con golpear, también había que humillar.

28 de abril de 2021 — Bucaramanga: La represión de los defensores y las imágenes robadas
El 28 de abril en Bucaramanga, la protesta en la plazoleta Luis Carlos Galán fue brutalmente reprimida. La Policía, sin identificación, fotografió a manifestantes y defensores de derechos humanos. A las cinco de la tarde, los gases lacrimógenos y los chorros de agua a presión comenzaron, dejando heridos y detenidos, entre ellos Brayan Barrios, Duván Andrés Morales y Jonathan Fornaris. La Policía negó detenciones y usó el mecanismo de Traslados por Protección para sancionar a los protestantes. En medio del caos, las brigadas médicas y la prensa alternativa fueron también blanco de la represión.

28 de abril de 2021: Un Disparo Silenciado en Soacha
En el cruce de la calle 22 en Soacha, un hombre de civil, miembro de la Policía, disparó a quemarropa a los manifestantes, hiriendo a un joven. La comunidad, al descubrir su identidad, entregó su billetera al padre del herido, pero la Policía, la SIJIN y el CTI intimidaron al padre, mientras les confiscaban los celulares. El arma nunca apareció, pero el hostigamiento a la familia no cesó.

28 de abril de 2021: Un Ojo Perdido en Bogotá
Leidy, estudiante de Ciencias Políticas, sufrió una lesión ocular cuando un miembro del ESMAD disparó contra los manifestantes. A pesar de las grabaciones, el agresor no fue identificado. Los gases lacrimógenos rodearon a Leidy y su novio, y, aunque levantaron las manos en señal de paz, fueron atacados a disparos.

28 de abril de 2021: Tortura en Pasto
David Julián Vera Chaves, un joven manifestante en Pasto, fue brutalmente agredido por el ESMAD. Tras recibir un gas lacrimógeno en la cara, perdió el conocimiento y, aunque fue atendido, sufrió daños irreparables en la boca. La violencia no solo fue física, sino también psicológica.

28 de abril de 2021: La Visión de Daniel Rota
Daniel David Meléndez Gómez sufrió un impacto directo en el ojo derecho durante las protestas, lo que le causó severas heridas en el iris y la córnea. A pesar de la gravedad de su lesión, la EPS EMSSANAR se negó a ofrecerle tratamiento adecuado, dejando su visión en grave riesgo.

28 de abril de 2021: Secuestro en la Estación de Sierra Morena
Edwin Segura, miembro de Marcha Patriótica, fue detenido y agredido por el ESMAD junto a su hermano. Fueron llevados a la Estación de Sierra Morena donde sufrieron una golpiza, dejando a Edwin con lesiones severas en la nariz y el cráneo.

28 de abril de 2021: Desaparición Forzada en Cali
Luis Herman Ladino Bañol, de 45 años, se unió a las protestas, pero no regresó a su casa. Su familia intentó activar el Mecanismo de Búsqueda Urgente, pero no tuvo éxito hasta que, el 8 de mayo, su cuerpo fue encontrado en una UCI en Cali. Las fuerzas de seguridad fueron responsables de su desaparición.

28 de abril de 2021. Cali, Floralia. El rostro de la resistencia.
Una mujer, que había sido testigo y protagonista en el corazón de la protesta, decidió alzar la voz. En el punto de Paso del Comercio, en el barrio Floralia, atendió a una multitud de heridos, víctimas de la brutalidad de la fuerza pública. La violencia era palpable en el aire y en los cuerpos de los manifestantes. Su rol de ayuda, lejos de ser invisible, le dio visibilidad, y poco a poco se convirtió en vocera de las víctimas, representante en reuniones públicas donde los gritos de dolor se transformaban en exigencias de justicia. Su voz se unió a las muchas que, como ella, se alzaban frente a la impunidad.

28 de abril de 2021. Apocalipso y Puerto Madero. Los gritos del silencio.
A la misma hora, en los puntos de resistencia denominados Apocalipso y Puerto Madero, las plataformas de derechos humanos, brigadas de salud y jóvenes de la primera línea fueron blanco de una furia desmedida. El ESMAD, la Policía Nacional, civiles armados y francotiradores no dejaron espacio para la paz. La represión llegó a niveles inhumanos, con ataques brutales que marcaron no solo los cuerpos, sino la memoria de quienes fueron testigos. La violencia no solo era un acto de fuerza, sino un mensaje: el derecho a la protesta sería sofocado a toda costa.

28 de abril de 2021. Puerto Tejada: racismo, despojo y violencia estatal.
En Puerto Tejada, la protesta fue brutalmente reprimida por las fuerzas de seguridad, con el respaldo de empresas como Huevos Kike. Líderes sindicales fueron despedidos y acosados, mientras los manifestantes, principalmente afrodescendientes, sufrieron agresiones físicas, amenazas y estigmatización. El ESMAD disparó a quemarropa y secuestró a un joven para torturarlo. La violencia estatal, sumada a la complicidad empresarial, intentó silenciar la resistencia, pero la lucha de la comunidad afrodescendiente sigue viva, a pesar de la represión.

28 de abril de 2021: La Represión en Yumbo
El ESMAD arremetió contra manifestantes pacíficos en Yumbo. Un joven defensor de derechos humanos, con su chaleco visible, fue golpeado brutalmente por los agentes. A pesar de identificarse como parte de una ONG de DDHH, fue agredido y llamado “terrorista” por los uniformados.

28 de abril de 2021. Tortura y represión sistemática: el rostro oculto de la protesta.
El 28 de abril de 2021, la represión estatal alcanzó niveles alarmantes con 699 detenciones arbitrarias en el contexto de las protestas. La fuerza pública utilizó el método de los «Traslados por Protección», haciendo desaparecer transitoriamente a los manifestantes. Sebastián Giraldo Zapata fue uno de los afectados: mientras grababa la brutal golpiza de la policía, fue detenido, golpeado y despojado de su celular. Luego, a pesar de las graves lesiones, continuó siendo hostigado y acusado falsamente de agredir a un policía. Tras ser trasladado a La Candelaria, fue sometido a más abusos en condiciones de hacinamiento extremo. La violencia se extendió al proceso judicial, donde las denuncias de tortura fueron ignoradas. Este día reveló no solo la brutalidad estatal, sino la impunidad que sostiene este sistema de represión.

28 de abril de 2021. Amedrentamiento y hostigamiento institucional en Santuario, Risaralda.
Viviana Aranda Giraldo denunció amenazas y hostigamiento tras participar en una protesta en apoyo al paro nacional. Fue citada por el alcalde de Santuario Zuloaga, quien la acusó de ser la promotora del corte vial y le advirtió que debía «cuidarse» por posibles atentados. A pesar de no recibir protección, las amenazas continuaron, siendo llamada «terrorista» y «guerrillera». Viviana, temerosa por su vida y la de sus hijos debido a la presencia paramilitar en la zona, vivió bajo constante hostigamiento social respaldado por la complicidad institucional.

28 de abril de 2021. Agresión a periodistas en Comuna 13, Medellín.
Daniel Tales, de Morada Noticias Comuna 13, y dos jóvenes fueron rodeados por agentes de la policía y del ESMAD mientras caminaban por la calle 9. Al grabar los hechos, uno de los comunicadores fue agredido, le quitaron el celular y lo rompieron arrojándolo contra una pared.

29 de abril de 2021. Agresión en Yumbo, Valle del Cauca.
En las cercanías de la fábrica de Texaco, Rodrigo Becerra y su hijo, quienes realizaban una labor humanitaria, fueron agredidos por el ESMAD y la Policía Nacional. Al interceder por un detenido, fueron amenazados y recibieron insultos de los agentes, quienes desestimaron los derechos humanos.

 

Eduardo Umaña vive en la exigencia de justicia: ¡Comisión de Esclarecimiento YA!

A Eduardo Umaña Mendoza lo mataron a plena luz del día, un 18 de abril en Bogotá. Eran los años en que la muerte salía sin capucha y con libreta en mano. Tenía 55 años, pero cargaba más historia que muchos viejos de antaño. Lo mataron por tozudo, por no dejarse sobornar, por no aprender a callarse. Lo mataron por hacer lo que hacen los hombres que deciden no arrodillarse.

Eduardo era abogado, sí. Pero era, sobre todo, un defensor. Y no de causas abstractas, sino de personas concretas: obreros, campesinos, sindicalistas, desaparecidos. Su voz era como su firma: punzante, clara, incómoda. Nacido en una casa donde la justicia era un valor cotidiano y no un discurso de tarima, creció mirando de frente la desigualdad. Y en vez de volverse ciego, se volvió obstinado.

Se metía donde nadie quería meterse. Fue él quien gritó, desde los pasillos de los juzgados y los micrófonos que se atrevían a escucharlo, que en la toma del Palacio de Justicia no todo había sido heroísmo. Que las desapariciones forzadas eran crimen, no daño colateral. Fue también quien se paró frente a Ecopetrol y al Ejército para denunciar los montajes contra la Unión Sindical Obrera. En un país donde señalar al poder es firmar la sentencia, él no dudó. Abrió incluso el expediente polvoriento del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, y señaló lo que pocos se atreven a nombrar: que detrás del crimen había Estado, había CIA, había historia oculta.

Por todo eso, lo mataron. Pero también por eso su memoria es peligrosa. A 27 años de su asesinato, su nombre todavía retumba en las gargantas de quienes no olvidan. Por eso su muerte fue declarada crimen de lesa humanidad. Y por eso, en el año 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso: porque Umaña no murió solo, murió por todos los que incomodan al poder.

Y es precisamente esa memoria la que hoy nos lanza una advertencia: lo que ocurrió durante el estallido social de 2021 no fue un exceso, fue represión sistemática. Umaña lo habría dicho sin titubeos: fueron crímenes de lesa humanidad. Iván Duque, Diego Molano y Eduardo Zapateiro no respondieron con diálogo, sino con fuego. Su objetivo fue claro: aniquilar a la juventud que se atrevió a alzar la voz.

Pero esa juventud, con su coraje y su resistencia, fue la que pavimentó el camino para que Gustavo Petro llegara a la presidencia. Sin los cuerpos caídos, sin los judicializados, sin los desaparecidos del paro, no habría hoy un gobierno que se llama a sí mismo progresista. Por eso, el olvido no es una opción. Porque el silencio ante esta deuda es traición.

En este país donde la impunidad camina impune, donde el progresismo se olvida de las víctimas que lo pusieron donde está, recordarlo es una forma de exigir. ¿Dónde está la Comisión de Esclarecimiento sobre el Paro Nacional? ¿Dónde están las respuestas para los 90 jóvenes asesinados, para los más de 300 víctimas de montajes judiciales, para los 50 condenados que hoy están privados de libertad, para los desaparecidos que aún no tienen nombre en la prensa?

Hoy lo conmemoramos no con flores, sino con memoria activa. Traemos un podcast con las últimas entrevistas concedidas por Eduardo Umaña Mendoza, para que su voz siga haciendo lo que siempre hizo: incomodar, movilizar, exigir justicia.

A 27 años, no pedimos homenajes: exigimos verdad. Exigimos justicia.

Exigimos Comisión de Esclarecimiento YA !!.

Prensa Justicia y Dignidad

 

214 Lideresas Asesinadas en Colombia: Entre la Indiferencia Estatal y la Impunidad

No son solo cifras, son vidas que defendían derechos

Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta el 7 de marzo de 2025, 214 lideresas sociales han sido asesinadas en Colombia. Defendían la tierra, la justicia y los derechos humanos, pero el Estado las dejó solas, como siempre. Mientras el país acumula feminicidios políticos, la Unidad Nacional de Protección (UNP) sigue brillando por su corrupción e incompetencia, dejando a las lideresas expuestas a la violencia, con medidas que parecen sacadas de un mal chiste.

Porque, claro, ¿qué mejor protección que un botón de pánico o un celular cuando los sicarios llegan en moto? Y si por alguna razón a la UNP se le ocurre entregar un chaleco antibalas, pues la lideresa ni siquiera puede usarlo, porque ponerse un chaleco en zonas de alto riesgo es básicamente marcarse con un letrero de “aquí estoy, mátenme”.

Pero la desidia no termina ahí. Los analistas de la UNP, expertos en nada, evalúan el riesgo de las lideresas desde una oficina con aire acondicionado y deciden, con su increíble conocimiento en seguridad, que el peligro no es “tan alto”. Mientras tanto, los grupos armados siguen haciendo lo suyo: callar a las mujeres que defienden la vida.

Y aunque existan fallos judiciales que obligan a la UNP a garantizar medidas de protección adecuadas, les importa un carajo cumplirlos. De hecho, su director acumula más de 400 desacatos y no pasa absolutamente nada. Porque en Colombia, si eres una lideresa en riesgo, estás condenada a la suerte o a la muerte.

20 de marzo: Dianys Valderrama Tuberquia, asesinada en su hogar

En Carepa, Antioquia, Dianys Valderrama Tuberquia, una reconocida lideresa comunitaria, fue asesinada dentro de su propia casa con 13 puñaladas. No hubo robo ni signos de ingreso forzado. Las autoridades apuntan a un menor de 14 años, pero la pregunta sigue en el aire: ¿fue un crimen aislado o hay intereses detrás?

16 de marzo: Diandra Natalia Zamora Henao, líder indígena asesinada en Guaviare

Diandra Natalia Zamora Henao, coordinadora de Mujer y Familia de la Asociación de Autoridades Indígenas ASATRIMIG, fue asesinada en Miraflores, Guaviare. No hay detenidos, no hay culpables, no hay respuestas.

14 de marzo: Leidy Hoyos, docente asesinada en un asalto

La profesora Leidy Hoyos fue asesinada junto a su esposo en el sur del Cauca, en medio de un robo. Los delincuentes les quitaron la vida por una motocicleta, dejando a su hija de seis años sin padres.

3 de marzo: Ana Elcy Arteaga Camilo, asesinada en Cauca

La presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Pan de Azúcar, Ana Elcy Arteaga Camilo, fue interceptada por sicarios en la vía Panamericana y asesinada mientras iba a recoger a su nieta. Era una lideresa campesina, trabajadora incansable por su comunidad. ¿Medidas de protección? Ninguna.

27 de febrero: Lucero Velásquez, asesinada en su finca en Caldas

Un hombre armado ingresó a la finca de Lucero Velásquez, dirigente comunal, y le disparó. Su esposo e hijo quedaron heridos. Otro crimen en total impunidad.

CERREM Mujeres: una burla para las lideresas

El Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) Mujeres debería garantizar protección con un enfoque diferencial. Pero en la práctica, es un trámite burocrático inútil que, en lugar de salvar vidas, las deja aún más vulnerables.

El gobierno repite su misma estrategia absurda: celulares y botones de pánico para mujeres que deben andar solas por trochas y caminos rurales. ¿Protección real? Ninguna.

Porque cuando los sicarios llegan, la lideresa puede llamar al número de emergencia y esperar sentada mientras la policía aparece… si es que aparece. Y cuando la UNP entrega chalecos antibalas, lo hace sin pensar que una mujer con un chaleco antibalas en una zona de conflicto es blanco fácil.

El silencio del gobierno y la impunidad total

Las lideresas están muriendo, el conflicto armado se agudiza y el gobierno sigue mirando para otro lado. Mientras tanto, la UNP sigue acumulando desacatos judiciales, sin consecuencias para su director, y dejando a cientos de mujeres en peligro.

Si la protección en zonas de alto riesgo se tomara en serio, muchas lideresas estarían vivas hoy. Pero en Colombia, defender la vida sigue siendo una sentencia de muerte.

Por: Sofía López Mera , abogada, periodista,  defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad y del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz.

 

¡Venga esa mano, país! El asesinato de Bernardo Jaramillo y el crimen de Estado que aún reclama justicia

Un 22 de marzo, como hoy, pero de 1990, a Bernardo Jaramillo Ossa lo mataron a plomo limpio en el Puente Aéreo de Bogotá. Era una mañana cualquiera, de esas en las que la vida sigue como si nada, pero la muerte ya estaba esperando. Iba con su esposa, Mariela Barragán, cuando un muchacho de 16 años se le acercó y, sin titubear, le descargó una ráfaga. Cayó en sus brazos, desangrándose.

«Mi amor… no siento las piernas. Estos hijueputas me mataron. Abrázame y protégeme que me voy a morir.»

Los escoltas del DAS, que estaban ahí para protegerlo, no hicieron nada. Ni un tiro, ni un empujón. Solo miraron. Unos minutos después, Bernardo ya no estaba. Se lo llevó el mismo país al que le había tendido la mano.

El exterminio de la Unión Patriótica no empezó con Bernardo. Jaime Pardo Leal, quien le había dejado el camino abierto, cayó primero. Luego vinieron los demás: líderes, concejales, alcaldes, campesinos, sindicalistas. Uno por uno fueron cayendo. Y cuando ya no quedaban muchos, le tocó el turno a Bernardo.

Había nacido en Manizales, en el seno de una familia de clase media. Desde joven entendió que la política no era un juego limpio. Se metió al sindicalismo en Urabá, luego a la Juventud Comunista y, más tarde, llegó a la UP. No era un tipo de discursos incendiarios, pero tampoco de medias tintas. Sabía que la UP estaba siendo arrasada y, en vez de empuñar un fusil, decidió abrirle la puerta al cambio democrático. Se distanció de las FARC-EP, buscó alianzas internacionales y trató de convencer a un país que no quería ser convencido.

En su campaña presidencial, usó un eslogan que hoy suena a ironía: «¡Venga esa mano, país!» La gente lo repetía en las plazas, en las calles, en las esquinas. Pero el país no le dio la mano. Le dio la espalda.

Desde el principio, todo fue raro. Dijeron que Pablo Escobar había dado la orden, que el muchacho que disparó era un sicario del cartel de Medellín. Pero con los años, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. No fue solo Escobar. Fue el Estado.

En ese entonces, el presidente Virgilio Barco había contratado al espía israelí Rafi Eitan, el mismo que capturó a Eichmann en Argentina. Su misión en Colombia no era cazar nazis, sino borrar a la UP del mapa. No lo hizo con sus propias manos, pero sí con su estrategia: una guerra sucia, un plan de exterminio en el que participaron el Ejército, el DAS, los paramilitares y hasta agentes extranjeros.

Los que dispararon fueron otros, pero los que ordenaron la muerte de Bernardo usaban corbata.

Después de su asesinato, vino el silencio. La campaña de la UP quedó huérfana. Poco después, mataron a Carlos Pizarro Leongómez, otro que hablaba de paz en un país que no la quería. La historia siguió su curso, como siempre, y los muertos se acumularon en las cunetas, en las montañas, en los barrios de invasión.

Treinta y cinco años después, la justicia sigue en deuda. Dijeron que fue un crimen de lesa humanidad, pero las sentencias no traen de vuelta a los muertos. Bernardo Jaramillo sigue ahí, en la memoria de quienes se niegan a olvidar, en la voz de los que todavía creen en el cambio, en la esperanza de un país que algún día, quizás, decida al fin extenderle la mano.

Por: Sofía López Mera, abogada, periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad y del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz.

México y Colombia: Dos países, una misma herida de horror y exterminio

El 5 de marzo de 2025, en un rancho de Teuchitlán, Jalisco, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco hizo un hallazgo aterrador: un campo de exterminio clandestino operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tres hornos crematorios, cientos de restos óseos, mochilas abandonadas, credenciales y más de 400 pares de zapatos fueron algunas de las pruebas que documentaron lo que parece ser una de las peores atrocidades en la historia reciente de América Latina. Un sitio donde cientos, quizás miles, de personas fueron asesinadas, descuartizadas y calcinadas, sin que las autoridades lo reportaran.

El horror que se vive en México tiene una familiaridad escalofriante en el caso de Colombia. A pesar de los gobiernos que se autodenominan progresistas, la violencia continúa su curso imparable, con el narcotráfico como el poder real detrás de las estructuras de Estado. México y Colombia comparten más que una historia de sangre: comparten la impunidad, el control territorial del crimen organizado, la incapacidad estatal para frenar los horrores, y el abandono de las víctimas.

El rancho Izaguirre, en la comunidad de La Estanzuela, municipio de Teuchitlán, no solo funcionó como un cementerio clandestino, sino como un campo de reclutamiento y aniquilación. Testimonios de sobrevivientes revelan que jóvenes eran llevados bajo engaños con promesas de empleo. Una vez en el rancho, eran alineados y recibían apodos. Nombres propios ya no existían. Se convertían en carne de cañón.

Un joven que logró escapar contó que, de los 200 reclutados con él, solo 30 sobrevivieron al “kínder”, un filtro de muerte donde los obligaban a pelear entre sí hasta la muerte. Los cuerpos de los perdedores eran descuartizados y arrojados a los hornos de piedra.

En “La Carnicería”, una habitación en el fondo del rancho, los prisioneros eran asesinados a machetazos. Sus restos, incinerados hasta reducirse a cenizas. Según los hallazgos, al menos 250 personas fueron ejecutadas solo en este sector.

Los hallazgos de la fosa clandestina son espeluznantes:

-Tres hornos crematorios subterráneos.

-Restos óseos esparcidos en la zona.

-Más de 400 pares de zapatos.

-Placas de titanio, fragmentos de cráneos, dentaduras humanas.

-Casquillos de bala y estructuras de adiestramiento militar.

-Una carta que decía: “Mi amor, si algún día no regreso, solo te pido que recuerdes lo mucho que te amo.”

Pero lo más aterrador no es solo la cantidad de cuerpos incinerados. El horror va más allá de la muerte.

Testimonios de víctimas aseguran que, además de la matanza sistemática, el rancho Izaguirre era también un centro de abuso infantil y tráfico de órganos.

Una mujer que sobrevivió tres años en este sitio reveló que médicos realizaban “experimentos” con los cautivos y extraían órganos para venderlos. También denunció que niñas eran secuestradas y entregadas a altos mandos del cártel.

«Había un jefe al que le gustaban las niñas», contó. “Las llevaban y después desaparecían.”

Otro de los castigos más inhumanos que relató es el de “La Puerquera”, un espacio rodeado de alambres de púas donde se arrojaba a prisioneros vivos para ser devorados por cerdos.

Quienes intentaban escapar eran ejecutados de inmediato. La mujer que dio su testimonio aseguró que los prisioneros eran obligados a vestir uniformes naranjas, como en una cárcel. Los que sobrevivían al adiestramiento eran enviados a pelear en estados en disputa, como Zacatecas y Michoacán.

La crueldad del CJNG no es nueva. La diferencia es que ahora conocemos la dimensión de su barbarie. Pero lo más indignante es que, según la líder del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, las autoridades ya habían allanado el lugar en septiembre de 2024 y no reportaron nada.

“No vieron nada raro”, dijeron. ¿Cómo es posible que no vieran un campo de exterminio?.

Mientras en México los colectivos de búsqueda exhuman miles de cuerpos en fosas clandestinas, en Colombia la historia es la misma.

La violencia del narcotráfico, el paramilitarismo y el crimen organizado han dejado un rastro de más de 111,000 desaparecidos, según cifras oficiales. Pero las cifras reales podrían ser mucho mayores.

Al igual que en México, las estructuras de exterminio no han desaparecido. En los últimos años han salido a la luz evidencias de hornos crematorios utilizados por paramilitares en Norte de Santander, fosas comunes, y casas de tortura en varias partes del país.

El reclutamiento forzado de jóvenes y niños sigue siendo una tragedia cotidiana en ambos países. En Colombia, disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y demás grupos armados ilegales, secuestran y obligan a menores a engrosar sus filas.

Organizaciones como la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas han encontrado evidencias de masacres silenciadas por décadas, como las fosas de San Onofre, donde los paramilitares desaparecieron a cientos de personas, o los crematorios clandestinos en la frontera con Venezuela.

Ni en México ni en Colombia los gobiernos que se autodenominan progresistas han logrado frenar esta barbarie. En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador adoptó una política de “abrazos, no balazos”, que fortaleció a los cárteles.

En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro ha prometido la paz total, pero la violencia sigue escalando, el Cañón del Micay y el Catumbo son ejemplo de ello.

Las víctimas siguen sin justicia. Las desapariciones siguen en aumento. Los hornos siguen encendidos.

El rancho Izaguirre en Jalisco es un espejo de las fosas clandestinas en Colombia. Un reflejo de lo que la violencia y la corrupción han hecho en nuestras tierras.

Duele México. Duele Colombia.

Nos dijeron que la guerra contra el narco era para combatir la violencia. Pero la verdad es que el narcotráfico sigue gobernando.

Nos dijeron que el crimen organizado era solo un problema de seguridad. Pero es un sistema de exterminio que se alimenta del silencio y la impunidad.

En Jalisco, la Fiscalía dijo que no vio nada. En Colombia, también han dicho que no ven nada.

Pero los cuerpos siguen apareciendo.

Las madres siguen buscando.

Y la pregunta sigue siendo la misma:

¿Cuánto más tiene que arder para que el mundo mire hacia el horror que consumió a México y a Colombia?

Quince años de Justicia y Dignidad

Nacimos entre expedientes empolvados y calles de tierra. Éramos una abogada y tres abogados, con más voluntad que recursos, con más miedo que certezas, pero con la rabia suficiente para no rendirnos. Era el 2010, y el país seguía oliendo a pólvora. El suroccidente colombiano, nuestro territorio, era un campo de batalla donde las balas se confundían con el sonido del viento en las montañas. Era la época del esplendor de los falsos positivos, cuando jóvenes eran asesinados y presentados como trofeos de guerra. Las Águilas Negras y las Bacrim sembraban terror con panfletos y masacres, mientras el Estado nos llamaba enemigos solo por exigir justicia. Nos dolía la impunidad como un cuchillo mal enterrado. Veíamos cómo la Ley de Justicia y Paz se convertía en la alfombra bajo la cual barrían los crímenes de los paramilitares, dejando a las víctimas con las manos vacías y la memoria llena de ausencias.

Fue en esos días de incertidumbre que nos agarramos del camino de Eduardo Umaña Mendoza. Su memoria nos iluminó en la tormenta. Justicia y Dignidad se llamó su movimiento cuando aspiró a la Asamblea Constituyente, y Justicia y Dignidad nos llamamos nosotros cuando decidimos dar la pelea desde la región para la región. No queríamos tribunales fríos en Bogotá, queríamos estar ahí, en las veredas, en los barrios, en las cárceles donde encerraban a los que protestaban, en las montañas donde resistían los pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos. Queríamos ser la voz de los que no tienen voz.

El primer caso nos marcó para siempre: las comunidades campesinas del Vergel y Pedregal, en Caloto, Cauca. Campesinos a los que la guerra les arrebató la tierra y la vida como si fueran simples cifras en un informe. Los acompañamos con lo que teníamos, con palabras, con demandas, con nuestra presencia cuando el miedo les cerraba todas las puertas. Y aquí estamos, quince años después, hoy 3 de marzo de 2025, exigiendo en reunión de trabajo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un plan de reubicación y retorno para esas mismas familias campesinas que, a pesar de todo, siguen esperando justicia.

El camino ha sido largo y empinado. Nos quisieron callar con amenazas, nos persiguieron, intentaron desaparecernos, nos hirieron, buscaron doblegarnos con la judicialización. Por épocas, fuimos desplazados forzadamente porque los amos de la guerra así lo disponían, pero nuestro trabajo no paraba. Seguíamos, aunque fuera desde la distancia, porque la dignidad no conoce fronteras ni silencios impuestos. En estos años hemos visto cómo las comunidades que acompañamos se levantan, cómo las mujeres se organizan, cómo los jóvenes aprenden que la memoria es un arma más poderosa que el olvido. Nos han querido borrar, pero aquí estamos, tercos, de pie, porque la justicia no es una utopía, es un derecho que no estamos dispuestos a negociar.

Acompañamos víctimas de crímenes de Estado, de la guerra, del despojo. Nos metimos en las entrañas del litigio estratégico, llevando casos a las cortes nacionales e internacionales. Denunciamos, gritamos cuando fue necesario, y construimos cuando fue posible. Defendimos a indígenas, a campesinos, a afrodescendientes, a mujeres, a líderes que hoy estarían muertos si no fuera por la resistencia de sus propias comunidades.

No estuvimos solos. De nuestro andar nacieron hijos: la Casa de Educación Popular La Caracola, el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz, la Guardia Intercultural Humanitaria. Porque la lucha no es de uno, es de todos.

Hoy, cuando la Corporación cumple quince años, miramos atrás y vemos un camino sembrado de nombres, de historias, de vidas que se han cruzado con la nuestra. Miramos adelante y sabemos que queda mucho por hacer, pero aquí seguimos, con la misma terquedad del primer día, con el mismo fuego en el pecho.

A nuestros mentores, Eduardo Umaña Mendoza y el padre Javier Giraldo, cuyo ejemplo sigue iluminando nuestro camino. A quienes han caminado a nuestro lado con compromiso y valentía: Sofía, Juan Esteban,  Diana, Deisy, Ginita, Ana Gabriela, Beatriz, Juan, Carlos Mario, Marthica, Sol, Emilse, Albita, Francisco, Sara, Anthoine y Lucía.

A quienes partieron para construir otros escenarios, pero siguen presentes en nuestra lucha y memoria: Alex, Fernando, Homero y Walter.

Y, sobre todo, a las víctimas y comunidades que nos han enseñado que la justicia y la dignidad no se mendigan, se exigen.

Por ellas, por ellos, por nosotras y nosotros, por quienes aún no han llegado, pero heredarán esta lucha.

Feliz cumpleaños, Justicia y Dignidad.

 

Jesús María Valle: 27 años de impunidad

En sesiones reservadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el comandante paramilitar Salvatore Mancuso vinculó al expresidente Álvaro Uribe Vélez con las masacres de El Aro y La Granja, así como con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. En pronunciamientos judiciales previos, Uribe ya había sido señalado por su presunta participación en estos crímenes de lesa humanidad.

Las masacres de La Granja, El Aro y el homicidio del abogado Jesús María Valle Jaramillo constituyen graves violaciones a los derechos humanos, con un carácter sistemático y generalizado. Analizados en su contexto, estos hechos implican de forma activa al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.

El 11 de junio de 1996, cerca de 30 integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), comandadas por los hermanos Castaño Gil y Salvatore Mancuso, incursionaron en el corregimiento de La Granja, en Ituango, Antioquia. Los paramilitares recorrieron el casco urbano, ordenaron el cierre de todos los establecimientos comerciales, amenazaron a los pobladores, torturaron y asesinaron a cuatro campesinos frente a sus vecinos y familiares.

Tras la incursión en La Granja, miembros de la sociedad civil de Ituango, entre ellos el abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, enviaron comunicaciones a las autoridades departamentales advirtiendo sobre la presencia paramilitar en la región. El 20 de noviembre de 1996, Valle se comunicó con el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, y con el Defensor Regional del Pueblo para solicitar protección para la población de Ituango.

Entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, aproximadamente 150 paramilitares de las ACCU, bajo el mando de Isaías Montes Hernández, alias «Yunior», y respaldados por un anillo de seguridad del Bloque Mineros del Bajo Cauca, iniciaron una serie de asesinatos desde los corregimientos de Puerto Valdivia hasta El Aro, en Ituango. Con lista en mano, acusaron a pobladores de colaborar con grupos guerrilleros, posteriormente asesinaron y torturaron a 12 personas, desplazaron a 1.472 habitantes, incendiaron 42 de las 60 casas del pueblo, hurtaron 1.200 reses y secuestraron a quienes les ayudaron a transportarlas.

Estos hechos fueron denunciados por el abogado Jesús María Valle Jaramillo y recibieron respuestas adversas por parte de Álvaro Uribe Vélez y del comandante de la Cuarta Brigada, Carlos Alberto Ospina. Uribe acusó a Valle de tener una «animadversión contra la fuerza pública», mientras que el comandante de la Cuarta Brigada negó la presencia paramilitar en Ituango.

Días antes de su asesinato, Jesús María Valle Jaramillo acudió a la Fiscalía Regional de Medellín para denunciar la existencia de grupos paramilitares en Ituango. En esa ocasión, afirmó:
«Siempre vi, y así lo reflexioné, que había un acuerdo tácito o un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la Cuarta Brigada, el comandante de la Policía de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño. Todo el poder de los grupos de autodefensa se ha consolidado gracias al apoyo que han recibido de personas vinculadas al Gobierno».
El 27 de febrero de 1998, sicarios de la banda «La Terraza» irrumpieron en la oficina de Jesús María Valle Jaramillo y lo asesinaron.

El 1 de julio de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por las masacres y desplazamientos forzados ocurridos en los corregimientos de El Aro y La Granja en 1996 y 1997. Posteriormente, el 27 de noviembre de 2008, la misma Corte condenó nuevamente al Estado por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.

En septiembre de 2013, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó remitir a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes las declaraciones de al menos 30 paramilitares, con el fin de investigar a Álvaro Uribe Vélez por su presunta promoción del paramilitarismo. Su nombre también aparece en los procesos relacionados con las masacres de La Granja, El Aro y el asesinato del abogado Jesús María Valle Jaramillo.

El 31 de mayo de 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró como crímenes de lesa humanidad las masacres de El Aro y La Granja, así como el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, en el marco de una indagación preliminar contra Álvaro Uribe Vélez. En estos procesos figuran testimonios de excomandantes paramilitares como Diego Fernando Murillo, alias «Don Berna», y Daniel Rendón, alias «Don Mario».

En noviembre de 2024, en calidad de testigo ante la JEP, Salvatore Mancuso afirmó tener información que involucraba a Uribe en el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo. Mancuso declaró:

«Uribe estuvo vinculado a una reunión donde participaron Carlos Castaño y el secretario de Gobierno de Uribe, Pedro Juan Moreno. Pedro Juan pidió básicamente que se ejecutara esta acción porque el defensor de derechos humanos estaba atacando de manera frontal tanto a Uribe como a él, y al general Carlos Alberto Ospina. El asesinato de Valle se planeó en la finca Hojaragüai, conocida entre los paramilitares como ‘La Siete’. Allí se reunieron Carlos Castaño y Pedro Juan Moreno, quien era secretario de Gobierno del departamento durante el mandato de Uribe. Pedro Juan llegó en representación de Uribe y de los generales mencionados, porque Valle los había denunciado judicial y públicamente.»

Mancuso también aseguró que Pedro Juan Moreno transmitía directamente las instrucciones de Uribe a los paramilitares:

«Las masacres de La Granja y El Aro fueron un pedido directo del entonces gobernador Uribe, a través de Pedro Juan Moreno. En esa reunión estuvimos Carlos Castaño, Rodrigo Doble Cero, Nicolás Bergonzoli y varias personas más.»

Hoy, jueves 27 de febrero de 2025, al conmemorarse 27 años del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, el expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrenta un juicio penal por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Estos cargos se derivan de una investigación iniciada en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia abrió un proceso contra Uribe por la presunta manipulación de testigos.

Aunque aún no ha sido juzgado por los crímenes de lesa humanidad que se le atribuyen, este proceso representa un pequeño pero significativo avance en la lucha contra la impunidad.

Por:Sofía López Mera, abogada y periodista, integrante de la Corporación Justicia y Dignidad y del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz