Conflicto territorial del Pueblo Indígena de los Julumitos llega a la Corte Constitucional

por Sofia LopezCauca, Popayán, Pueblos y TerritoriosPublicado el Sin comentarios

El 24 de mayo de 2024, la Corte Constitucional de Colombia seleccionó un expediente de tutela que concierne al despojo de tierras sufrido por la comunidad indígena de San José de Julumito, asentada en zona rural de la ciudad de Popayán. Este paso marca un hito significativo para la comunidad, que ha librado una prolongada batalla legal por el reconocimiento de sus derechos territoriales a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI. Se espera que el pronunciamiento judicial garantice por fin el restablecimiento de sus derechos territoriales y evite el exterminio del pueblo indígena de los Julumitos.

Simultáneamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dado curso a una solicitud de medida cautelar en favor de la comunidad, reconociendo la gravedad de la situación y los riesgos que enfrentan. La CIDH ha solicitado al Gobierno Colombiano información detallada sobre los procesos penales relacionados con el despojo de tierras, las amenazas y las agresiones sufridas por los lideres indígenas y las medidas de protección que se están adelantando a favor de la comunidad . Esta solicitud de protección abarca tanto el despojo perpetrado por ASOINCA-PROVITEC- Asociación de Institutores del Cauca y su empresa inmobiliaria- como los actos de violencia cometidos por grupos armados ilegales como el ELN, además de funcionarios de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Desde 2015, la comunidad de San José de Julumito ha enfrentado múltiples actos de violencia y hostigamiento. Omar Edilberto Melo Bravo y Fernando Vargas quien fuera representante legal de ASOINCA-PROVITEC, engañaron a la comunidad permitiendo la ocupación del predio Limonar-Balcones con la falsa promesa de destinar el terreno para constituir el resguardo indígena de San José de Julumito. Sin embargo, en 2023, la empresa despojó definitivamente a la comunidad para construir casas de recreo para sus socios, sacrificando así los derechos territoriales de la comunidad indígena de San José de Julumito de manera injusta y violenta

La comunidad ha sido objeto de intimidación a través de señalamientos y acusaciones falsas. El ELN ha declarado objetivo militar a todos los miembros del cabildo indígena, así como a destacados líderes indígenas y civiles en la ciudad. Miembros de la Unidad Nacional de Protección (UNP) han realizado detenciones arbitrarias de líderes comunitarios, forzándolos a subir a vehículos de esquemas de protección y sometiéndolos a extensos interrogatorios. Además, se han hecho llamadas a lideresas del cabildo indígena ofreciéndoles dinero y propiedades dentro del predio Limonar-Balcones a cambio de que entreguen a los líderes indígenas de la comunidad y colaboren con la empresa ASOINCA-PROVITEC.

En abril y mayo de 2024, el gobernador indígena Pedro Ángel Casamachín sufrió incursiones armadas que lo obligaron a desplazarse. Además, miembros del cabildo y la abogada y periodista Sofía López, quien acompaña a la comunidad, hemos sido constantemente hostigados, seguidos y fotografiados en nuestras residencias por individuos en motocicletas sin placas y vehículos de empresas contratistas de la UNP. Estos incidentes han sido denunciados por la comunidad indígena en diversas instancias judiciales donde se conoce del caso.

La comunidad indígena exigió a ASOINCA-PROVITEC que detenga de inmediato cualquier acción de despojo y las actividades de construcción de casas de recreo en el predio Limonar-Balcones, en tanto la justicia resuelve el litigio territorial.  Asimismo, solicitó a la Unidad Nacional de Protección que lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre los funcionarios de las empresas contratistas que están amenazando y hostigando a la comunidad y a la abogada Sofía López.  La comunidad también hizo un llamado a los docentes asociados al gremio empresarial de ASOINCA-PROVITEC para que cesen las prácticas racistas contra su pueblo y se abstengan de fomentar el despojo mediante la adquisición ilegal de los predios Limonar-Balcones.

La Comunidad Indígena de San José de Julumito invitó a la directiva sindical de ASOINCA a participar en un proceso de diálogo constructivo que permita encontrar soluciones conjuntas para la restitución de sus derechos territoriales.

La comunidad de San José de Julumito pertenece al pueblo Pubenense, una civilización que habitó el suroccidente de Colombia, que se caracterizó por su avanzada organización social, económica y política. A lo largo de los siglos, han enfrentado disputas por tierras con la Iglesia Católica y han luchado incansablemente por la reivindicación de su territorio ancestral. Desde 1924, han llevado a cabo batallas legales para obtener el reconocimiento de sus derechos territoriales, obteniendo recientemente un fallo favorable de la sala civil del Tribunal Superior de Popayán que ordenó la restitución de predios comunales reclamados por la Iglesia Católica.

Es inconcebible que hoy los encargados de la educación de niños y jóvenes en el departamento del Cauca estén inmersos en prácticas de despojo territorial y racismo. Esperamos que el pronunciamiento de la Corte Constitucional resuelva el conflicto territorial y evite el exterminio de los últimos Pubenenses que existen en la ciudad, así mismo que sea un precedente para erradicar practicas del racismo estructural en contra de nuestros pueblos indígenas.

 

La lucha de los últimos Pubenenses contra el exterminio

por Sofia LopezCauca, Popayán, Pueblos y TerritoriosPublicado el Sin comentarios

La comunidad indígena de San José de Julumito sigue enfrentando un proceso discriminación y de despojo. Recientemente, durante un procedimiento de clarificación de resguardo realizado por la Agencia Nacional de Tierras en los terrenos pertenecientes al cabildo indígena, que incluyen la escuela, la cancha, el cementerio y el puesto de salud, tanto funcionarios gubernamentales como miembros de la comunidad fueron objeto de maltrato e insultos racistas. Se repitió constantemente la denigrante frase de que «esos indios quieren todo regalado». Es importante resaltar que la sala civil del Tribunal Superior de Popayán en proceso de declarativo de pertenencia presentando por la Iglesia Católica, decidió que esos predios por su carácter ancestral son de la Comunidad Indígena de San José de Julumito.

Esta situación se deriva de un contexto más amplio de violencia y segregación racial en el corregimiento de Julumito, zona rural de Popayán. Desde que la empresa Asoinca-Provitec se apoderó de los terrenos de Hispala y Limonar-Balcones, las agresiones contra los indígenas locales han aumentado. La presencia de esta empresa ha agudizado los conflictos territoriales y ha generado un clima de hostilidad hacia la comunidad indígena.

La gentrificación rural impulsada por Asoinca-Provitec en el corregimiento de Julumito y otras zonas rurales de Popayán ha sido especialmente perjudicial, exacerbando las tensiones en la región. La gentrificación rural visibiliza los procesos de transformación en la tenencia de la tierra en espacios rurales que pasan de estratos bajos a medios y altos, llevando a la transformación de su composición social, es decir un proceso de exterminio de población campesina e indígena en dichos territorios, por tanto, la no producción de alimentos para abastecer la ciudad.

Además, la presencia de grupos armados ha agravado la situación, amenazando y hostigando a los líderes del cabildo indígena. Desde el 2023, se han registrado amenazas por parte del ELN mediante panfletos contra los líderes indígenas, y en los meses de abril y mayo de 2024, se han producido incursiones armadas que han obligado al desplazamiento forzado de las autoridades tradicionales de la comunidad.

Pero para el común de la gente, incluido los afiliados de Asoinca-provitec— docentes agremiados encargados de la educación de Popayán— los indígenas del Cabildo de San José de Julumito son unos“indios invasores y quieren todo regalado”, desconociendo que esos predios de los que se han apropiado,  son ancestrales y llevan consigo la memoria indígena Pubenense de la ciudad de Popayán.

La comunidad de San José de Julumito, situada a 7 km del municipio de Popayán en el noroccidente de la cabecera municipal, es un asentamiento modesto con aproximadamente 150 habitantes de ascendencia julumiteña, según la antropóloga y exgobernadora indígena Lourdes González, con una presencia significativa de otras etnias relacionadas por parentesco.

El proceso de poblamiento especial ha sido una constante a lo largo de los años, remontándose a la llegada de los ibéricos. Según Carlos Vergara Cerón, los antepasados Pubenenses arribaron a las costas caucanas utilizando las mismas vías de acceso que hoy existen, especialmente marítimas. Los Pubenenses, de origen polinésico según Vergara, se distinguían por sus rasgos finos, proporciones agradables y la ausencia de rituales caníbales, además de su preocupación por la estética. Aunque preferían los climas fríos, se destacaban como músicos, legado que perdura en las chirimías, populares en la región. Antes de la guerra, se pintaban con achiote, una práctica aún presente en su gastronomía.

Este autor menciona la existencia del cacique Julumito, cuyo territorio abarcaba gran parte de la meseta, con límites delineados por los ríos que hoy bordean Popayán: Cauca, Ejido y Molino: “A demás se habla de la existencia del locuaz aborigen Julumito, con sus fantásticos relatos en Latacunga sobre las bellas condiciones de la planicie de Pubenense, este convenció a Belalcázar para ordenar la expedición de sus capitanes inmediatamente, obrando en ellos con tanta precipitud, debido a los encantadores paisajes que les pintaba con calor el sonreído indio, que extremeño, no alcanzo a solicitar el permiso de su jefe, el capitán Francisco Pizarro”

El archivo histórico del Cauca alberga documentos de encomiendas del Pueblo de Julumito desde el siglo XVII, indicando que formaban parte del gran pueblo Pubenense en la planicie de Popayán. Los Julumitos estaban sujetos al pago de impuestos a la corona española mediante la encomienda, como lo confirman censos y correspondencia oficial de la época. Esta información fue suministrada por la Agencia Nacional de Tierras, la Gobernación del Cauca y el Ministerio del Interior a la Comunidad. Quienes han reconocido que existe una territorio ancestral del pueblo de los Julumitos.

En 1920, el concejo municipal reconoció el padrón de familias indígenas en Julumito, contabilizando 90 familias. Desde 1924, el Cabildo Indígena de Julumito, liderado por Marcelino Medina, emprendió acciones legales para el reconocimiento de tierras comunitarias, enfrentando la oposición de la Arquidiócesis de Popayán, que reclamaba propiedad sobre los terrenos.

En 1926, se adjudicaron las tierras al Cabildo de San José de Julumito en usufructo para la Iglesia Católica, aunque la comunidad indígena conservaba la propiedad. A lo largo de los años, surgieron disputas sobre la propiedad de las tierras, lo que llevó al cabildo indígena a parcelarlas equitativamente entre los comuneros indígenas para preservarlas. Es decir por la presión de la iglesia católica, la comunidad indígena se disolvió mediante la parcelación de su territorio.

La población del Resguardo de San José de Julumito se identifica como descendientes de los Pubenenses. A pesar de la segregación racial, buscan afirmar su identidad como descendientes de los Julumitos, basándose en su ubicación geográfica, apellidos históricos y tradiciones. Las primeras familias portaban apellidos como Chamizo, Trujillo, Angucho, Guasca, Yacumal y Luligo.

En su resistencia contra la segregación y el exterminio, la comunidad se aferra a su historia como pueblo de los Julumitos y lucha por el restablecimiento de sus derechos territoriales.

Por: Sofía López Mera, abogada y periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad.

 

¡Comisión de esclarecimiento YA!

por Sofia LopezAbuso de autoridad ( judicial, Antioquia, Bogotá, Buenaventura, Cali, Cartago, Cauca, Censura a la prensa, Cundinamarca, Derecho a la integridad personal, Derecho a la libertad, Derecho a la reunión pacífica, Derecho a la vida, Derecho a las garantías judiciales, Derechos Humanos y Protesta Social, Desaparición forzada, Detención arbitraria, Detención en centros clandestinos o no legales, Ejecuciones Extrajudiciales, Homicidio, Ibagué, Impunidad, La Virginia, Lesiones personales, Libertad de expresión, Medellín, Pereira, Popayán, Riofrio, Risaralda, Tolima, Tortura, Tuluá, Valle del Cauca, Violencia sexual, YumboPublicado el Sin comentarios

Por: Sofía López Mera, Abogada, periodista y defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad.

En el contexto de la conmemoración de los tres años del estallido social en Colombia, las víctimas y organizaciones sociales que han sufrido la represión del gobierno de Iván Duque se reunieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su objetivo fue solicitar apoyo para la creación de la Comisión de Esclarecimiento de los Hechos del Estallido Social de 2021, así como pedir una audiencia temática durante el 190º periodo de sesiones, que se celebrará en la sede de la CIDH en Washington DC en julio de este año.

Las víctimas y organizaciones de los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y Nariño denunciaron la violencia sufrida y los mecanismos de impunidad instaurados por la Fiscalía General de la Nación. Se destacaron las amenazas, persecuciones y hostigamientos recibidos por las víctimas que denunciaron los hechos, así como la falta de funcionamiento de los mecanismos de garantías para la protesta social y la mesa de víctimas de la fuerza pública que se caracterizan por la escasa participación de las regiones.

Durante el encuentro con la CIDH, se resaltaron los incumplimientos del Estado de Colombia respecto a las recomendaciones emitidas por este organismo durante su visita de trabajo en 2021. Se puso énfasis en la persistencia de mecanismos de impunidad en el suroccidente del país, especialmente en la ineficacia de la Fiscalía General de la Nación para identificar y sancionar a los responsables, tanto agentes estatales como no estatales, que perpetraron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente contra los jóvenes manifestantes. Se denunciaron las deficiencias en los procesos forenses llevados a cabo por el Instituto de Medicina Legal, señalando que estas instituciones parecen estar más enfocadas en montajes judiciales contra los jóvenes que en buscar justicia para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos.

Se resaltó la situación de desamparo en la que se encuentran las víctimas, muchas de las cuales han sido sometidas a múltiples desplazamientos forzados tras presentar sus denuncias. Sin embargo, se ha encontrado obstáculos para recibir atención humanitaria por parte de la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Víctimas, argumentando que no califican como víctimas del conflicto

 

 

rmado. Es fundamental aclarar que estas personas son víctimas de acciones irregulares perpetradas por la Policía Nacional y los escuadrones paramilitares conformados durante el paro nacional.

Durante la reunión se pusieron de relieve casos específicos de violencia, como los homicidios de Michael Aranda y Daniel Sánchez, llevados a cabo por la policía el 28 de mayo en Siloé, así como el atentado contra la Minga indígena el 9 de mayo, que dejó gravemente heridos a 8 comuneros indígenas, en estos hechos criminales participaron tanto la policía como de individuos armados de civil. También se mencionó el trágico asesinato de Angie Valencia en el sector de Calipso y el caso de Lucas Villa en el viaducto de Pereira. Además, se abordaron los casos de desapariciones forzadas en el Valle del Cauca durante el paro nacional, así como la persecución de los jóvenes líderes de las protestas y su actual situación de indefensión.

Se señalaron los hechos ocurridos el 28 de mayo en Pasto, Nariño, que dejaron un número indeterminado de heridos, incluido Cristian Yovani Bastidas, quien fue víctima de mutilación ocular y posteriormente se suicidó debido a las profundas afectaciones emocionales que sufrió. En el departamento del Cauca, se denunciaron los ataques sufridos por defensores de derechos humanos y periodistas, quienes a pesar de haber informado a la Defensoría del Pueblo sobre los actos de agresión, hostigamiento y amenaza durante el paro en Popayán, no vieron avances en las investigaciones.

También se denunciaron las prácticas racistas que quedaron instaladas desde el paro nacional, donde a los miembros de pueblos indígenas se les prohibió el acceso a ciertos lugares exclusivos de la ciudad de Cali, así como los ataques a las sedes del Consejo Regional Indígena del Cauca y sus instalaciones de salud en Popayán por parte de sectores extremistas que reprimen la protesta social.

El Paro Nacional de 2021 fue una acción política importante que llevó al presidente Gustavo Petro al cargo, pero las víctimas del estallido social se sienten abandonadas y enfrentan una desesperanzadora impunidad. Por esta razón la Comisión de Esclarecimiento de los Hechos del Paro busca establecer los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas, así como garantizar la no repetición de los hechos.

Este viernes, las víctimas del suroccidente y sus organizaciones presentarán la propuesta de la Comisión de Esclarecimiento de los Hechos del Paro Nacional ante los Ministerios de Defensa y Justicia. Además, están a la espera de una reunión con el Vice Ministerio de Juventudes para abordar esta importante iniciativa.

En América Latina, se han establecido diversas comisiones de esclarecimiento para abordar casos de violaciones a los derechos humanos y corrupción. Por ejemplo, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa fue creada en 2014 por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, tras la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, México. Esta comisión, integrada por expertos nacionales e internacionales en derechos humanos y criminología, se encargó de investigar los hechos de manera independiente.

Otro ejemplo es la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), establecida en 2006 mediante un acuerdo entre el gobierno guatemalteco y la ONU. La CICIG tenía como objetivo apoyar al Estado de Guatemala en la lucha contra la impunidad, fortaleciendo las instituciones para combatir la corrupción y el crimen organizado. Cabe destacar que en esta comisión participaron destacados profesionales como el actual ministro de defensa de Colombia, Iván Velásquez, y la actual Fiscal General de la Nación, Adriana Camargo.

Considerando la relevancia y el éxito de iniciativas similares en la región, se espera que la propuesta de las víctimas del estallido social sobre la creación de una comisión de esclarecimiento sea bien recibida por el gobierno nacional y se inicien las rutas para el restablecimiento de los derechos de las víctimas.

¡Comisión de esclarecimiento Ya !

VIOLENCIA DE GENERO INSTITUCIONALIZADA EN EL CAUCA

por Sofia LopezCauca, GéneroPublicado el Sin comentarios

Por: Corporación Justicia y Dignidad

En el departamento del Cauca está institucionalizada y normalizada la violencia contra las mujeres. No obstante, las paredes de la ciudad de Popayán gritan dicha problemática, en tanto que las autoridades callan, encubren e instauran impunidad.

El docente Milton Javier López de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Cauca, viene siendo señalado, desde hace años atrás, de infligir violencia sexual contra estudiantes de dicha facultad. Él, señala que las denuncias por delitos sexuales son producto de la persecución por haber destapado el escándalo de corrupción en la alteración de notas para obtener títulos de grado, pero lo cierto es que las estudiantes siguen manifestando ser intimidadas sexualmente y posteriormente amenazadas con ser denunciadas si acuden a la administración de justicia. Nuestra organización conoció al menos el testimonio de dos estudiantes que manifestaron ser acosadas sexualmente por el docente, quien les indicó que no podrían realizar la denuncia ya que carecían de pruebas, y, por el contrario, su denuncia por injuria y calumnia sí prosperaría. Las autoridades administrativas de la Universidad del Cauca no adelantan ningún tipo de acompañamiento a las víctimas para poner fin a este flagelo. Lo único que ha prosperado es una acción de tutela en su contra por el uso de palabras soeces y con doble sentido en un examen prepratorio. Dado este estado de cosas, las paredes seguirán haciendo la denuncia contra el docente al que señalan como violador.

Por otro lado, la violencia contra las mujeres en política constituye una de las principales barreras para su acceso y permanencia en espacios de liderazgo, representación y toma de decisiones. “Mamá Carmen”, así le llaman a la lideresa indígena Carmen Eugenia Gembuel Quiguanas, quien es proveniente del territorio Misak de la María, Piendamó, y que fue elegida el 10 de agosto de 2021 como Consejera Mayor y Representante Legal del Consejo Regional Indígena del Cauca. Durante su periodo como autoridad indígena padeció todo tipo de violencias que constituyen lo que se ha denominado la Violencia Política contra las mujeres. A nivel interno y externo tuvo que enfrentar grandes obstáculos para el ejercicio de sus funciones como dirigente que muy seguramente un hombre no hubiera padecido. Fue tal la persecución por su condición de mujer lideresa, que, hasta el último día en ejercicio de su cargo, comuneros indígenas al mando de líder Misak, Enrique Yalanda, cerraron las vías de acceso al Resguardo la María para impedir el ejercicio de entrega a la nueva consejería del CRIC, muchas de estas acciones vinieron acompañadas de amenazas y mantienen a la dirigente en una grave condición de seguridad.

 

Narly Gómez Jiménez, fue desaparecida forzadamente el día 27 de enero de 2020 y la última persona que estuvo con ella fue su excompañero sentimental y padre de su hija, el militar, Ever Yobany Muñoz Imbachí. Ever Yobany era soldado profesional adscrito al Grupo de Caballería Liviano Meteoro, quien meses antes había sido denunciado por los delitos de violencia sexual y violencia intrafamiliar. La fiscalía 7 especializada, Martha Liliana Cerón, en el marco del proceso penal adelantado por el delito de desaparición forzada se negó a recaudar elementos de prueba a fin de solicitar la captura del presunto responsable. Hoy, en una situación sin esclarecer, ante el Juzgado 4 penal especializado a cargo del doctor Darío Cajas, se presiona a las víctimas para que asistan a una diligencia de preclusión y archivo de la investigación a favor del militar. La señora Ruby Muñoz y demás hermanos del militar, que participaron en los hechos de la desaparición forzada y tal vez del feminicidio, no han sido vinculados al proceso penal, y en el municipio de la Sierra alardean saber del paradero de la víctima y amenazan de diferentes formas a los familiares que buscan. ¿Dónde está Narly? rezan varios carteles y fotografías sostenidos por familiares y amigos que hacen plantones en el parque Caldas de la ciudad de Popayán exigiendo el regreso de Narly a casa.

En febrero de 2022, la Corte Constitucional, en una sentencia histórica, la C-055 de 2022, despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. Pero las mujeres indígenas del Cauca que se encuentran afiliadas la Asociación Indígena del Cauca EPSI- AIC EPSI-, dependen de la decisión de las autoridades tradicionales de sus resguardos para que autoricen la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), y en la mayoría de los casos, su derecho es negado. La AIC manifiesta que tienen una resolución interna, la resolución 050 de 2020 que supedita la decisión de la IVE a la decisión de los gobernadores de los cabildos indígenas por encima de la decisión de las mujeres. La sentencia T-158 de 2023 de la Corte Constitucional en una postura bastante ambigua  profirió por su parte: “ORDENAR a la AIC EPSI que, por medio de su Junta Administradora, adecúe la Resolución 050 de 2020, con el fin de que dicha normativa prevea que la decisión de la autoridad ancestral indígena frente a la solicitud de IVE: (i) no podrá desconocer el componente básico de la IVE, constituido por las tres circunstancias excepcionales previstas por la Sentencia C-355 de 2006 para llevar a cabo ese procedimiento; (ii) deberá valorar y ponderar las razones que expongan las comuneras indígenas para solicitar la IVE hasta la semana 24 de gestación en ejercicio de su autonomía reproductiva, teniendo en cuenta los deberes constitucionales de protección de la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes y, a su vez, de protección gradual e incremental del bien jurídico de la vida en gestación, como se indicó en la Sentencia C-055 de 2022, y (iii) deberá justificar de manera razonada y suficiente la aprobación o negación de la IVE, sin perjuicio de que, dentro de un término prudencial y perentorio, se exploren y adopten medidas alternativas a dicho procedimiento, con el consentimiento previo e informado de la solicitante”. Para las mujeres que laboran en la AIC-EPSI y los diferentes programas del CRIC el tema IVE sigue siendo un tema vedado y se solidarizan desde la clandestinidad con las mujeres indígenas que enfrentan esta situación. Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas son flagrantemente negados en el Cauca mientras esté vigente la Resolución 050 de 2020, por eso exigen la derogación inmediata de dicha normatividad.

 

La Fiscalía Tercera, adscrita al Centro de Atención de Violencia Intrafamiliar de Popayán, radicó el 8 de noviembre de 2022 el escrito de acusación en contra Jaime Andrés Bonilla, Personero de la Ciudad de Popayán por los delitos de violencia intrafamiliar agravada que impartió el acusado en contra de su hija y la madre de su hija. Según información suministrada por el portal “Cuestión Publica”, Jaime Andrés Bonilla también tiene dos denuncias, una de ellas ya conciliada, por maltrato contra dos de sus excompañeras sentimentales. Además, cumplió una condena por homicidio culposo. No se entiende como una persona con este prontuario criminal fue elegida en marzo de 2022 como Personero Municipal por parte del Concejo de Popayán. Corresponde al personero municipal en cumplimiento de sus funciones de Ministerio Público la guarda y promoción de los derechos humanos. Es evidente que, con los antecedentes criminales del Personero Jaime Andrés Bonilla, los derechos humanos de las mujeres en Popayán no se encuentren salvaguardados.

Que sigan hablando las paredes en Popayán, que denuncien lo que a las mujeres Caucanas se les obliga a callar, mientras tanto las autoridades seguirán callando, encubriendo e instaurando impunidad.

¿Dónde está la Política de Salud Mental en la Universidad del Cauca?

por Sofia LopezCauca, Derecho a la salud, Health, PopayánPublicado el Sin comentarios

La Universidad del Cauca, reconocida por su excelencia académica, enfrenta los conflictos generados por la carencia de una política integral de salud mental para asegurar el bienestar emocional y la dignidad de su comunidad universitaria. Esta falta se evidencia en la experiencia de un estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil, quien actualmente libra una batalla judicial que expone las deficiencias del sistema y revela la dureza de los directivos académicos, con consecuencias devastadoras para la salud emocional de los estudiantes.

Este estudiante, cuya identidad se mantiene en el anonimato por respeto a su privacidad, ha estado librando una batalla silenciosa desde septiembre de 2023. Con el peso abrumador de la depresión y la ansiedad, se vio obligado a tomar la difícil decisión de cancelar su semestre. Respaldado por informes médicos exhaustivos de psicólogos y psiquiatras, presentó su solicitud de cancelación de semestre ante la decanatura de la facultad. Sin embargo, la respuesta de la decanatura llegó tardíamente, en el mes de noviembre, cuando ya había acumulado notas perdidas y faltas. La falta de sensibilidad y comprensión por parte de las autoridades académicas es alarmante, pues no solo ignoraron la gravedad de la situación, sino que también pusieron en peligro el futuro académico y emocional del estudiante, ya que fue balanceado, es decir, quedó sin cupo para seguir cursando el programa de ingeniería civil.

La respuesta de la decanatura consistió en la transcripción de una normativa no aplicable al caso, donde justificaron su demora alegando que la fecha de cancelación del semestre solo se tendría en cuenta cuando la decanatura respondiera, es decir, en el mes de noviembre, cuando ya no había opción de recuperar ninguna materia perdida por faltas y por notas de cero por no haberse presentado, y no desde el mes de septiembre, cuando el estudiante presentó oportunamente su solicitud de cancelación de semestre, antes de que se registraran notas y faltas en el sistema. Además, indicaron que, debido a los trastornos padecidos por el estudiante, era mejor que no continuara con su labor académica justificando la decisión de quitarle un cupo en el programa.

Este pronunciamiento que no se sustenta en ningún concepto psicológico ni psiquiátrico, que justifica la negligencia administrativa y demuestra la crueldad de la decanatura de la Facultad de Ingeniería Civil, evidencia la falta de una política universitaria de salud mental al interior de la Universidad del Cauca.

La burocracia y la falta de una política clara en materia de salud mental han convertido a la universidad en una trampa para este estudiante, en lugar de ser un entorno propicio para su crecimiento y desarrollo personal. La indiferencia institucional hacia los problemas de salud mental de los estudiantes no solo pone en peligro su educación, sino también su vida y bienestar. Esta preocupante situación se agrava aún más si consideramos que las autoridades de salud han lanzado alarmas debido a los constantes casos de suicidio en la ciudad de Popayán y en el Departamento en general. El Cauca es una de las regiones con mayor incidencia de suicidios, independientemente de la edad o condición económica de las personas. Al parecer, esta tendencia está relacionada con problemas de salud mental que requieren atención urgente por parte de las autoridades competentes. El trágico suicidio de un estudiante de la facultad de derecho de la Universidad del Cauca en el mes de febrero de este año recalca la urgencia de implementar programas de atención en salud mental en beneficio de toda la comunidad universitaria.

Afortunadamente, el estudiante de nuestra historia no se rindió y buscó la intervención de la administración de justicia para hacer valer sus derechos a la educación y a la salud. En una primera instancia judicial, la decisión de la decanatura fue revocada y se ordenó al consejo académico de la facultad que reevaluara la situación, tomando en cuenta los informes médicos proporcionados por el estudiante.

Además, la orden judicial incluyó un exhorto importante para la universidad: establecer un programa de atención en salud mental que aborde tanto la atención personalizada como los conflictos administrativos con un enfoque holístico. Esta medida es un paso fundamental hacia la creación de un entorno universitario más compasivo y empático, donde se priorice el bienestar emocional de los estudiantes sobre cualquier otra consideración.

Sin embargo, la universidad ha incumplido con esta orden judicial. A pesar de que el fallo del Juzgado Administrativo de Popayán fue emitido el 23 de febrero de 2024, hasta la fecha la decanatura de la Facultad de Ingeniería Civil no ha proporcionado ninguna respuesta al estudiante. Esta falta de acción ha prolongado su sufrimiento y ha agravado sus padecimientos emocionales. La universidad del Cauca es la responsable en este momento de cualquier ideación suicida que pueda estar rondando en la mente del estudiante, para quien la posibilidad de continuar sus estudios es su tabla de salvación. Esta falta de respuesta es profundamente preocupante y refleja una cultura institucional que prioriza la burocracia sobre el bienestar humano.

Es urgente que la Universidad del Cauca reconozca la importancia de la salud mental en el éxito académico y personal de sus estudiantes. Implementar una política integral de salud mental y contar con un equipo adecuado de profesionales capacitados no solo garantizará una educación de excelencia y calidad, sino que también promoverá un enfoque humano en el proceso educativo. Los profesionales formados en la Universidad del Cauca contarán con herramientas indispensables en salud mental que les permitirán contribuir de manera significativa al mejoramiento de la sociedad.

Por: Sofía López Mera, abogada y periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad.