25 de noviembre: La Desaparición Silenciosa de Nuestras Hijas

por Sofia Lopez2011, 2021, Cali, Conflicto Armado, Ejecuciones Extrajudiciales, Género, Homicidio, Impunidad, Pueblos y Territorios, Resistiendo al olvido, Valle del CaucaPublicado el No hay comentarios

«El sur, los vientos del sur traen el cambio», dijo el presidente Gustavo Petro, y así fue: el sur dio la fuerza al proyecto que hoy nos gobierna. Pero esos vientos, antes de esperanza, hoy son pestilentes.
Este 25 de noviembre de 2024, Día de la No Violencia contra las Mujeres, no podemos ignorar cómo la guerra se ensaña con nuestras jóvenes y niñas en el sur. Los vientos del cambio se han vuelto vientos de muerte. Como Madres y Mujeres reclamamos la vida antes de que el silencio y el olvido lo consuman todo.
Mauren Alejandra Ulchur tenía apenas catorce años. Su uniforme escolar aún olía a infancia, pero eso no detuvo a quienes la arrancaron de su salón en el Instituto Técnico Agrícola de La Plata, Huila, a finales de agosto de 2024. No fue la única. Detrás de ella, siete niñas más fueron llevadas mediante engaños, como si en las aulas no quedaran más que cuerpos a disposición de la guerra.
Gracias a la intervención de Naciones Unidas, seis niñas lograron regresar. Pero Mauren Alejandra no fue una de ellas. La encontraron este sábado 23 de noviembre, enterrada en una fosa común en El Ceral, una vereda montañosa de Buenos Aires, Cauca. Murió en medio de un combate entre las estructuras Jaime Martínez y el ELN.
En el colegio donde fue reclutada, las clases continúan como si nada. Ocho menores arrancadas de ese plantel, un informe de la ONU, y aún no pasa nada. Ni la denuncia, ni la muerte, ni el terror bastan para mover la maquinaria del Estado.
Laura Andrea Duarte, de 21 años, tampoco tuvo opciones. La promesa de un trabajo en el Alto Naya la hizo salir de su casa sin mirar atrás. No sabía que el «empleo bien pagado» la llevaría al control de la estructura Jaime Martínez. Cuando se negó a ser reclutada, la asesinaron. Su familia busca su cuerpo, buscando consuelo en otras familias que también buscan a sus hijos desaparecidos.
Erika Vanessa Trochez tenía 17 años cuando la misma estructura la tomó. Fue llevada a un campamento en Villa Colombia, Jamundí. Su madre, una mujer de fuerza desgarradora, llegó hasta donde estaba su hija para pedir que se la devolvieran. Suplicó, lloró, pero la respuesta fue un castigo: Erika fue trasladada a Buenaventura, más lejos, más inaccesible. Hoy no se sabe dónde está. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó a favor de la menor medidas cautelares, pero los días pasan y el silencio del Gobierno Nacional es sepulcral.
Hellen Sofía Chilo, de 12 años, fue vista por última vez el 20 de noviembre de 2024 en Santander de Quilichao, con su uniforme escolar puesto. Versiones indican que caminaba acompañada por un adulto desconocido, quien aparentemente la llevó hasta Popayán. Santander de Quilichao suma una historia más de una niña desaparecida, una historia que se pierde en el silencio y la indiferencia
Melanie Sofía Oviedo salió el 2 de noviembre, al final de la tarde, a pasear su mascota por las calles del barrio San Pedro en Palmira, Valle del Cauca. Llevaba falda negra, saco blanco, medias y zapatillas blancas. No regresó.
Juliana Quilindo Muñoz, de 13 años, es hija de la comunidad indígena Polindara del Cauca y vivía en la ruralidad de Pradera, Valle del Cauca. Desde el 2 de noviembre de 2024, su desaparición ha generado alarma en las redes sociales, donde circulan carteles solicitando información sobre su paradero. Sin embargo, hasta el momento, su rastro sigue siendo un misterio, y su familia y comunidad siguen esperando respuestas.
Heylin Ruiz Mensa, de 13 años, desapareció el 25 de octubre de 2024 desde su casa en el barrio San Marino de Cali. Su fotografía, con una balaca y una sonrisa, cuelga en los postes del barrio. Su familia sigue buscando, pero hasta ahora, no sabemos nada de ella.
Lizet Tatiana Morales Tálaga, de 15 años, estudiaba en el Colegio San Antonio de Padua en Timbío, Cauca. El 28 de octubre de 2024 salió de clases como cualquier otro día, pero nunca llegó a casa. Es la misma historia que se repite una y otra vez en los municipios del Cauca: niñas que salen de su colegio y nunca regresan. Cada día que pasa sin noticias, la esperanza se mezcla con la angustia, y el dolor de la desaparición se hace más profundo.
Katherine Aranda, 15 años, desapareció el mediodía del 29 de octubre. La vieron por última vez cerca del barrio Pedro León en Corinto, Cauca. Desde entonces, la montaña guarda silencio.
Jenny Vanessa Poloche y Yensi Poloche, de 12 y 16 años, compartieron la misma desaparición. Sus huellas se borraron en la Institución Agrícola de Piamonte, Cauca, el 23 de octubre de 2024. La escuela, ese lugar que debería protegerlas, quedó en silencio. La vida sigue su curso, pero ellas no vuelven.
Helen Sofía Mopán, de 13 años, desapareció en agosto de 2024, cuando salió de su casa en La Unión, Nariño, sin dejar rastro. Desde entonces, su familia y comunidad no han tenido noticias de ella. Como muchas otras niñas en el sur de Colombia, Helen se suma a la lista de las desaparecidas.
Anyela Mildred Ipia Acalo, de 15 años, desapareció el 14 de octubre de 2024, mientras regresaba de Caldono hacia su casa en la vereda Asnazu, Suárez, Cauca. En el sector de Mondomo, alguien la vio subir a una camioneta. Su paradero sigue siendo incierto. Se rumorea que podría estar en Muchique Los Tigres, en Santander de Quilichao. La Estructura Dagoberto Ramos de las FARC la reclutó, como ha ocurrido con tantas otras niñas.
25 de noviembre de 2024, Día de la No Violencia contra la Mujer, y nada pasa.
Hoy, como todos los días, denunciamos cómo la guerra y la muerte siguen arrancando a nuestras niñas y jóvenes del sur. Pero no pasa nada. Ellas se convierten en una cifra más, en un número olvidado en un programa de Excel, en un cartel de «se busca» que no ofrece respuestas. No están en casa, no están en sus colegios, no están con sus familias ni en sus comunidades. La muerte nos habita, la guerra ha tomado el control, y la indiferencia sigue siendo la única respuesta.
No hay cambio posible si nuestras niñas desaparecen sin dejar rastro. No hay esperanza mientras el silencio y la indiferencia sigan siendo la respuesta. Hoy, más que nunca, el sur clama por justicia, por memoria, por un país que no olvide a sus hijas, que se niegue a ser indiferente ante su dolor. Que los vientos del sur no sigan trayendo muerte y guerra. Que los vientos del sur sean, por fin, el verdadero cambio: un cambio que permita a las mujeres vivir libres de violencia.

Sofía López Mera, abogada y periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad y del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz.

 

El Exterminio de los Líderes Campesinos en Argelia: Que Llegue el Gobierno y Que También Llegue la Justicia

por Sofia LopezComunicadosPublicado el No hay comentarios

El Plateado, Cauca, conocido como bastión de la columna Carlos Patiño de las disidencias de las Farc desde 2018, fue escenario de la ‘Operación Perseo’ en octubre. El Gobierno Nacional, liderado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, buscó recuperar el control territorial y restablecer el orden en esta comunidad afectada por la violencia y el narcotráfico. Además, se anunció la implementación de programas sociales para fortalecer la presencia estatal y apoyar a la población civil.
La región de Argelia, históricamente habitada por los indígenas Guapíos, Telembias y Barbacoas, fue colonizada entre 1905 y 1918, experimentando un auge en la producción de cera de laurel hasta 1965. La llegada de inmigrantes de diversas partes de Colombia enriqueció la diversidad cultural del municipio, que fue creado oficialmente el 3 de noviembre de 1967.
En la década de 1970, el Frente 8 de las FARC se estableció en Argelia, mientras que grupos como el M-19 y el EPL realizaron incursiones esporádicas. Para finales de los años 90, las FARC consolidaron su poder con el Frente 60, convirtiéndose en el actor predominante.
En la década de 2000, el ELN amplió su influencia en la parte baja del municipio, mientras la militarización aumentaba bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En 2007, con la instalación de puestos de policía, el grupo paramilitar Los Rastrojos tomó control de la región. Durante este periodo, el Frente 8 de las FARC fue casi eliminado, dejando al Frente 60 y al ELN como principales actores armados en el territorio. Según la Comisión de la Verdad, estas acciones, denominadas El Pacto de la Cordillera, marcaron un hito en el conflicto armado. La alianza entre el ELN, Los Rastrojos y el Ejército desplazó a las FARC, generando al menos 12.541 hechos de violencia entre 2000 y 2005.
En 2011, las FARC recuperaron el estratégico Cañón del Micay tras combates intensos. En Argelia, la asociación campesina de trabajadores de Argelia ASCAMTA consolidó su capacidad de incidencia política al establecer una Mesa de Interlocución y Acuerdos (MIA) con el gobierno, tras el Paro Nacional Agrario de 2013. Entre 2015 y 2016, los campesinos bloquearon operativos militares contra cultivos ilícitos, demostrando su fortaleza y capacidad de negociación con el gobierno nacional.
Con la firma de los acuerdos de paz en 2016 y la desmovilización de las FARC, el Cañón del Micay quedó bajo el control del Frente José María Becerra del ELN, que comenzó a hacer presencia en varios corregimientos desde El Plateado hasta San Juan de Micay.
En 2017, Óscar Eduardo Sandoval, alias “Andrés” o «El Mocho», lideró una facción disidente de las FARC que disputó con el ELN el control de corregimientos como El Plateado y El Mango. En 2018, esta facción se consolidó como la columna “Carlos Patiño” bajo el mando de Gentil Duarte e Iván Mordisco. Aunque el presidente Iván Duque ordenó la militarización del Cañón del Micay para combatir las disidencias, la Carlos Patiño se expandió, expulsó al ELN y consolidó una bonanza cocalera. Ese mismo año marcó el inicio del exterminio de líderes sociales, especialmente de ASCAMTA, en Argelia, Cauca.
La Alerta Temprana N° 018-181 de 2018 de la Defensoría del Pueblo advertía sobre el grave riesgo para 10,491 habitantes de los corregimientos El Sinaí, Puerto Rico, El Plateado y La Emboscada, en Argelia, debido a la violencia de grupos armados ilegales como las AUC y el ELN. Estos grupos cometían amenazas, extorsiones, homicidios selectivos, desplazamientos forzados y confinamientos, en una región marcada por la débil presencia estatal y los cultivos ilícitos de coca. Tras la desmovilización de las FARC, el ELN intensificó su control, restringiendo la producción y venta de coca, mientras emergían los primeros movimientos de la columna Carlos Patiño, cuyos actos se confundían con los de paramilitares, agravando el miedo y la violencia en la población civil.
María Caicedo Muñoz, lideresa social de ASCAMTA y del Comité de Mujeres de Argelia – Amar, fue secuestrada el 20 de octubre de 2018 en la zona rural de Argelia, Cauca. Su cuerpo fue hallado en el río Micay, cerca de la vereda La Cacharra, tras un violento ataque en su hogar donde sus hijas fueron amarradas por hombres armados.
Por otro lado, en la madrugada del 10 de abril de 2019, fue encontrado sin vida el campesino, defensor de derechos humanos y víctima del conflicto, Policarpo Guzmán Mage, en el corregimiento de El Plateado. Su cuerpo fue hallado tras escucharse disparos en la zona. Guzmán Mage era un destacado líder comunitario y fundador de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (ASCAMTA).
La Alerta Temprana de Inminencia No. 010-2020, emitida el 7 de marzo de 2020, advierte sobre el conflicto armado entre la facción disidente de las extintas FARC-EP, conocida como “Carlos Patiño”, y el Frente “José María Becerra” del ELN, lo que representa un riesgo significativo para los derechos humanos de la población civil, especialmente en corregimientos como Puerto Rico, La Emboscada, El Mango, El Sinaí y Fondas. La alerta enfatizó la necesidad urgente de implementar estrategias de disuasión integral y brindar acompañamiento humanitario para proteger a las comunidades más vulnerables.
En este contexto de violencia, varios líderes comunitarios fueron asesinados. Uberney Muñoz Daza, destacado líder comunitario y campesino de Argelia, y Alberto Ruiz, ambos miembros activos de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (ASCAMTA), fueron asesinados el 13 de agosto de 2020. Fueron interceptados por hombres armados mientras se desplazaban en su camioneta entre Argelia y Balboa.
Otro caso trágico ocurrió el 19 de agosto de 2020, cuando Fabio Andrés Gómez, presidente de la Junta de Acción Comunal de La Cristalina, fue asesinado en su casa en el corregimiento de La Angostura. Además de ser trabajador agrícola y pastor evangélico, Fabio era activo en proyectos de paz, y se sospecha que su asesinato fue a manos de disidencias de las FARC. El 29 de agosto de 2020, Jhon Montero, vicepresidente de la Asociación de Padres de Familia de la Institución Educativa de Sinaí, fue asesinado en la vereda Desiderio Zapata mientras se dirigía a El Mango. Su cuerpo fue encontrado en La Balastrera de la vereda La Leona, lo que resalta el aumento de la violencia en la región contra líderes comunitarios y defensores de derechos humanos.

La Alerta Temprana N° 047-20, emitida el 7 de octubre de 2020, advirtió sobre la crítica situación en el municipio de Argelia, Cauca, donde los defensores de derechos humanos enfrentaban constantes amenazas y ataques. Estos defensores, ligados a organizaciones comunitarias, se convirtieron en blanco de grupos armados que buscaban controlar el territorio y las economías ilegales, especialmente el narcotráfico. Entre los actores armados señalados en la alerta estaban las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el ELN y disidencias de las FARC. La presencia de estos grupos armados generó un ambiente de violencia e intimidación en la región, afectando directamente a los defensores de derechos humanos y las comunidades organizadas.
A pesar de la advertencia de la Defensoría del Pueblo, varios líderes comunitarios y defensores fueron asesinados. Carlos Navia, defensor de derechos humanos, fue asesinado el 26 de octubre de 2020. Pompilio Narváez, médico tradicional ciego, fue ejecutado el 29 de octubre de 2020 por disidencias de las FARC. Libio Chilito, fiscal de la Junta de Acción Comunal de El Mango, fue asesinado junto a otros cuatro miembros de su comunidad el 21 de noviembre de 2020. Finalmente, Norbey Antonio Rivera, miembro de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (ASCAMTA), fue asesinado el 30 de diciembre de 2020, luego de haber denunciado públicamente amenazas contra su vida. Estos asesinatos reflejan el agravamiento de la violencia en la región, en un contexto de impunidad y creciente persecución a líderes sociales y defensores de derechos humanos.
En agosto de 2021, el brigadier general Marco Mayorga, comandante de la Tercera División del Ejército, reveló la presencia del grupo «Los Pocillos» en Argelia, liderado por «Pocillo», un excombatiente de las FARC. Según Mayorga, este grupo tendría vínculos con sectores administrativos de la alcaldía, generando controversia sobre posibles conexiones entre reincorporados acreditados y estructuras armadas en la región.
En 2021, los asesinatos de líderes sociales persistieron. Uno de los casos más impactantes fue el de Fermiliano Meneses, concejal del municipio, quien el 15 de enero acudió a una emergencia en el corregimiento de El Plateado. Mientras se dirigía a la vereda El Pinche, fue secuestrado y asesinado por un grupo armado, presuntamente el ELN. Este acto de violencia obligó a los 11 concejales restantes a desplazarse a Popayán por temor a sus vidas, evidenciando el clima de inseguridad en la región.
A finales de marzo, las disidencias «Carlos Patiño», y el frente José María Becerra del ELN se enfrentaron en combates intensos en Argelia, buscando el control del corregimiento de El Plateado, un corredor clave del narcotráfico que conecta la cordillera occidental con el Pacífico.
En abril, el conflicto escaló cuando 14 miembros de la disidencia «Carlos Patiño» cayeron en combates con el Ejército en El Plateado. Como resultado, unas 250 personas fueron desplazadas y seis más cayeron en un campo minado. Tras estos eventos, la situación en la zona se complicó aún más cuando el Ejército reportó una asonada por parte de la comunidad, que exigía su retirada del corregimiento.
El 2 de octubre de 2021, Ildo Gutiérrez Gómez, miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mirolinda, también en el corregimiento de El Plateado, fue asesinado en su propia vivienda por integrantes del grupo armado «Carlos Patiño».
Días después, el 18 de octubre de 2021, Efrén España, dirigente campesino y fundador de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (ASCAMTA), fue asesinado por hombres armados mientras se dirigía a su hogar en el corregimiento de Sinaí, en el mismo municipio.
En julio de 2019, el general Jorge Hernando Herrera Díaz, de la Brigada 29 del Ejército Nacional, admitió en una reunión con sus oficiales en Popayán su vínculo con la banda criminal «Los Pocillos», que opera en un corredor estratégico de la región. Según una investigación de Cambio y Noticias Uno en 2022, grabaciones de esa reunión revelaron que Herrera Díaz justificó sus encuentros con los cabecillas de la banda como parte de una estrategia militar para contrarrestar a las disidencias de «Carlos Patiño». Durante la reunión, describió el funcionamiento de «Los Pocillos» y expresó la complejidad del conflicto con la frase: «Esa es la puta guerra».
El 23 de enero de 2022, Deisy Sotelo Anacona, lideresa de la vereda Llano Alto, corregimiento de El Plateado, Argelia, Cauca, fue asesinada. Su esposo fue desaparecido forzosamente y su paradero sigue siendo desconocido. El 20 de marzo de 2022, Richard Nilson Betancourt Rengifo, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Santa Clara y fundador de la Guardia Campesina, fue asesinado cerca de su residencia en Argelia, Cauca.
En noviembre de 2022, el líder campesino Guillermo Andrés Mosquera Miranda, oriundo del corregimiento de El Sinaí y desplazado forzadamente por la estructura Carlos Patiño, sufrió un atentado contra su vida en el casco urbano del municipio del Tambo, Cauca. Irresponsablemente, la secretaría de educación lo trasladó para que continuara su labor como rector de un establecimiento educativo. Se salvó de milagro, ya que el arma del sicario se encasquilló. Actualmente, él y su familia se encuentran en el exilio. Ni siquiera las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de esta familia impidieron su destierro.
En 2023, la violencia en la región continuó siendo alarmante. El 2 de mayo, Diego Fernando Papamija Chilito, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Puerto Rico, Argelia, Cauca, fue asesinado por el grupo paramilitar «Carlos Patiño» en el cruce de San Alfonso, entre Balboa y Argelia. El 20 de octubre, Miller Silva Rosero, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de El Plateado, fue asesinado a balazos mientras recibía capacitación para ser jurado de votación en las elecciones regionales.
A pesar de la Alerta Temprana 015 de 2024 emitida por la Defensoría del Pueblo para el municipio de Argelia y diez corregimientos debido a la violencia entre grupos armados como el Frente Carlos Patiño y el ELN, los asesinatos de líderes sociales persisten. La Defensoría recomendó 23 medidas urgentes a entidades gubernamentales para mitigar los riesgos, que incluyen violaciones a derechos humanos, reclutamiento de menores y el uso de minas antipersonales. La Alerta también destaca la reactivación del ELN, que busca recuperar el control territorial y ganar legitimidad social.
El 7 de junio de 2024, Hernán Henríquez Mora, líder social y director del núcleo educativo de la región, fue asesinado tras participar en una actividad académica en Sinaí. Posteriormente, el 5 de octubre de 2024, Andrés Alberto Erazo Pérez, líder comunitario y promotor cultural, fue asesinado en el parque central de Argelia. Erazo, fundador del grupo folclórico Soles del Micay, era una figura clave en la cultura local. Estos hechos reflejan la gravedad de la situación y la ineficacia de las medidas de protección. Además, Sandra Betancourt, concejal de Argelia, fue liberada el 21 de septiembre de 2024 por las disidencias Carlos Patiño, tras 168 horas de secuestro, en una entrega realizada a una comisión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
La justicia debe llegar para los líderes de Argelia, Cauca, quienes han sido asesinados, desplazados forzosamente y desterrados, en su mayoría a manos de la Columna Carlos Patiño, el ELN y la Segunda Marquetalia. No tiene sentido que el gobierno nacional intervenga si este exterminio de 18 líderes sociales, ocurrido desde el 2018, queda en la impunidad. Es imperativo que se establezcan mecanismos efectivos para investigar y sancionar a los responsables de estos crímenes, garantizando así la protección de quienes luchan por los derechos de su comunidad y contribuyendo a la construcción de una paz verdadera y duradera en la región.

 

28 DE SEPTIEMBRE: UN LLAMADO URGENTE POR EL ACCESO AL ABORTO LEGAL Y SEGURO PARA LAS MUJERES INDÍGENAS

por Sofia LopezGénero, Pueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

Cada 28 de septiembre se celebra el Día de Acción Global para el acceso al Aborto Legal y Seguro, fecha que fue designada por el movimiento feminista con el fin de promover la legalización del aborto y así evitar la muerte de muchas mujeres por el uso de prácticas clandestinas. Esta iniciativa surgió en Argentina, en 1990, en el marco del “V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe”. La propuesta fue presentada por la delegación brasileña, que planteó la fecha del 28 de septiembre por ser el aniversario de la promulgación en Brasil de la Ley de Libertad de Vientres en 1871, por la que se consideraron libres todos los hijos e hijas nacidos de mujeres esclavas.

El acceso a un aborto seguro constituye un derecho que debería poseer toda mujer, niña o persona que pueda quedar embarazada. La prohibición o la criminalización del aborto es una grave vulneración a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y provoca la violación sistemática de derechos como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud, a la intimidad, a la autonomía y a no sufrir violencias y discriminación. Obligar a una mujer a continuar con su embarazo o buscar un método de aborto inseguro constituye una violación de sus derechos humanos.

La URSS fue el primer país que despenalizó el aborto el 18 de noviembre de 1920. El Comisariado del Pueblo para la Salud y la Justicia publicó un decreto sobre la terminación artificial del embarazo, es decir, autorizaba el aborto voluntario y gratuito. Para Lenin, líder de la Revolución Rusa, el aborto era «un derecho democrático básico de las mujeres ciudadanas«.

En el continente americano, Cuba fue el primer país en despenalizar completamente el aborto. En 1965, el aborto fue establecido como derecho legal y asistido dentro de los servicios médicos gratuitos dentro del primer trimestre de gestación.

En Colombia, la primera vez que se intentó despenalizar parcialmente el aborto por vía legislativa fue en 1975 por cuenta de un proyecto de ley presentado por el senador del Partido Liberal, Iván López Botero, en donde se establecía el permiso para la interrupción del embarazo antes de las doce semanas de gestación y en caso de que la madre corriera alto riesgo o el niño sufriera una lesión o enfermedad genética incurable. Las mujeres además necesitarían la autorización de un juez o de su cónyuge, y si estaban solteras, de quien tuviera su custodia. Posteriormente, en 1989, el senador liberal, Emilio Urrea presentó un proyecto de ley “por el cual se reconoce el derecho de toda mujer embarazada a interrumpir el proceso de gestación voluntariamente, hasta los primeros 90 días del embarazo”; existieron dos intentos adicionales en 1993, por cuenta de proyectos de ley presentados por las congresistas Ana Pechthalt y Vera Grabe y por último, en 1995, un proyecto de ley presentado por la senadora Piedad Córdoba, “por medio del cual se dictan normas sobre salud reproductiva”. Ninguna de estas iniciativas legislativas prosperó.

La Sentencia C-355 del 2006 de la Corte Constitucional constituye un avance importante para la garantía y en ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia. Esta sentencia declaró la inconstitucionalidad de los artículos 122, 123, 124 y el numeral 7 de la Ley 599 de 2000 del Código Penal, que penalizaban el aborto en todos los casos. A través de esta sentencia se despenalizó parcialmente el aborto en tres condiciones: a) Cuando peligra la vida o la salud de la madre b) Cuando se presenta malformación del feto incompatible con la vida c) Cuando el embarazo es producto de abuso, violación, incesto, transferencia de óvulo o inseminación no consentida.

En la sentencia C-055 de 2022, la Corte Constitucional, despenalizó el aborto en todos los supuestos hasta las 24 semanas de embarazo. La decisión emblemática, sitúa a Colombia a la vanguardia de los derechos reproductivos de las mujeres en América Latina y el Caribe luego de una serie de decisiones que amplían el acceso al aborto legal en la región. En 2020, Argentina legalizó el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo y, posteriormente se sumó México.

No obstante, los grandes avances en materia de derechos sexuales y reproductivos en Colombia, las mujeres indígenas se encuentran privadas de este derecho, y sus vidas continúan en riesgo. Las consultas a las autoridades indígenas sobre la interrupción voluntaria del embarazo -IVE- son un obstáculo para la garantía de los derechos de las mujeres y las niñas indígenas, más aún cuando el embarazo es producto de violencias sexuales y reproductivas ejercidas por personas internas o externas a la comunidad.

Las mujeres indígenas del Cauca que se encuentran afiliadas la Asociación Indígena del Cauca EPSI – AIC EPSI-, dependen de la decisión de las autoridades tradicionales de sus comunidades para que autoricen la IVE, y en la mayoría de los casos, su derecho es negado. La AIC manifiesta que la resolución interna número 050 de 2020 supedita la decisión de la IVE a la decisión de los gobernadores de los cabildos indígenas por encima de la decisión de las mujeres. La sentencia T-158 de 2023 de la Corte Constitucional en una postura bastante ambigua siguió permitiendo que la AIC obstaculice el acceso a la IVE indefinidamente. Es tan grave la situación que las niñas, adolescentes y mujeres indígenas son obligadas a continuar con sus embarazos y son remitidas con sus pequeños hijos a sus comunidades o a la fundación Sol y Vida cuando hay rechazo en la comunidad.

En una decisión que priorice la vida de las mujeres indígenas, la AIC debe dejar sin efectos la resolución número 050 de 2020, amparándose en la recomendación N°39 del 2022 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que obliga a los Estados que hacen parte del tratado “Garantizar que las niñas y mujeres indígenas reciban información precisa, rápida, completa y en formatos accesibles sobre servicios en salud sexual y reproductiva. Además, garantizar el acceso asequible a dichos servicios, incluido el aborto seguro y formas modernas de anticoncepción”, así mismo indican que los Estados “Deben emprender sin demora esfuerzos de recopilación de datos y garantizar que las mujeres y las niñas indígenas tengan acceso a sistemas de justicia no indígenas e indígenas que estén libres de discriminación, prejuicios y estereotipos raciales y/o de género”.

 

En los casos de embarazos adolescentes resultantes de violencia sexual contra niñas indígenas, se evidencia una grave falla en la justicia indígena, que no actúa para restablecer los derechos de las víctimas. En lugar de sancionar al agresor, quien frecuentemente queda en la impunidad, la adolescente es confinada en centros de atención donde se le obliga a continuar con el embarazo sin ninguna garantía de protección ni reparación de sus derechos. En estos centros, las adolescentes no reciben ni siquiera los utensilios básicos de aseo por parte de la AIC, profundizando la vulneración. Al negarles el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), se perpetúa una situación de injusticia y violencia estructural en contra de las jóvenes, quienes sufren la doble victimización del abuso sexual y la imposición de la maternidad forzada.

Hacemos un llamado a la Consejería Regional Indígena del Cauca -CRIC-, para que garantice los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas, al programa Mujer para que abandere el clamor de las mujeres indígenas que exigen el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito para salvaguardar su vida y demás derechos que se encuentran vulnerados por la AIC.

Por: Sofía López Mera, Abogada, periodista y defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad y del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz.

 

Nuestro Segundo Hijo Recuperado: Jhojan Alexis Ramírez Vuelve a Casa

por Sofia LopezComunicados, Conflicto Armado, Valle del CaucaPublicado el No hay comentarios

“La Paz no será total si la guerra se lleva a nuestros hijos e hijas”

El Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz celebra con profunda emoción la recuperación de nuestro segundo hijo, Jhojan Alexis Ramírez. Hemos logrado arrancarlo de las garras del monstruo de la guerra. Jhojan Alexis, un niño campesino de tan solo 16 años, fue arrebatado por los grupos armados que operan en la zona rural del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, y forzado a un cruel e inhumano reclutamiento. Hoy, con inmenso alivio, podemos anunciar que ha sido liberado y se encuentra nuevamente en los brazos de su familia y su comunidad, donde siempre debió estar.

Desde el momento en que Jhojan Alexis fue separado de su padre, nos unimos como Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz para buscarlo incansablemente. No descansamos hasta que su caso llegó al conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien ha exigido información al Estado sobre el paradero del menor. Acompañamos el proceso judicial ante la Fiscalía General de la Nación, y pusimos en conocimiento de este doloroso caso al Presidente Gustavo Petro y a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Este logro no habría sido posible sin la valentía de cada madre y padre que levantaron su voz, sin el apoyo incondicional de nuestras comunidades campesinas que claman incansablemente por la paz, y sin la fortaleza de Jhojan Alexis, quien se ha convertido en un símbolo de resistencia para los niños campesinos ante la guerra. Hoy, con lágrimas de alegría, declaramos que Jhojan Alexis es nuestro segundo hijo recuperado de las garras de la guerra. Este es un triunfo de la paz, de la justicia, y de la lucha incansable de todas las Madres y Mujeres Colombianas, que no permitiremos que la guerra siga arrebatándonos a nuestros hijos e hijas. Seguiremos trabajando incansablemente para que ninguna otra madre ni padre sufra el dolor de perder a un hijo o hija en un conflicto que no nos pertenece.

Exigimos al Estado colombiano garantías plenas para el restablecimiento de los derechos de Jhojan Alexis y su familia. Es imperativo asegurar su protección continua y el acceso a los servicios adecuados para su recuperación integral, así como el apoyo necesario para su reintegración a la vida familiar y comunitaria. Asimismo, demandamos medidas contundentes para prevenir futuros casos de reclutamiento forzado.

Con Jhojan, ya son dos niños campesinos que hemos recuperado. Urge que el Estado Colombiano cree un programa de atención especial para niños y niñas campesinos recuperados de la guerra, que contemple un enfoque diferencial, ahora que los campesinos son reconocidos constitucionalmente como sujetos especiales de derecho.

Todas las madres y mujeres de Colombia, unidas, no descansaremos hasta que cada niño y niña de este país crezca en una tierra donde la paz y la justicia prevalezcan sobre la violencia.

¡Por la vida, la paz, la justicia y la dignidad!

MOVIMIENTO NACIONAL DE MADRES Y MUJERES POR LA PAZ

BALUARTE CAMPESINO JUANA JULIA GUZMAN

CORPORACION JUSTICIA Y DIGNIDAD

CORPORACION JUSTICIA Y DEMOCRACIA

CASA DE LA MUJER

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE AYUDA SOLIDARIA ANDAS- NARIÑO

LA CASA DE EDUCACIÓN POPULAR LA CARACOLA

FUNDTERPAZ

GATAS -ECOFEMINIZARTE

CONFESPROD

COMUNIDAD INDÍGENA KWET LE’CXKWE

COMUNIDAD INDIGENA NASA UKA WEXS THA

ASFUPAZ

LA ROSA ROJA POESIA INSUMISA

CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ASISTENCIA LEGAL

COMITÉ DE SOLIDARIDAD CANADA COLOMBIA

VEEDURIA CIUDADANA DE LA NACION -CALI

UNION DE CIUDADANAS DE COLOMBIA

CONSEJO COMUNITARIO URBANO TERRITORIOS ANCESTRALES

Nuestra Primera Hija Recuperada, Sandy Juliana Carrascal Arenas, vuelve a Casa

por Sofia LopezComunicadosPublicado el No hay comentarios

“La Paz no será total si la guerra se lleva a nuestros hijos e hijas”

El Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz celebra con profunda emoción la recuperación de nuestra primera hija, Sandy Juliana Carrascal Arenas. Hemos logrado arrancarla de las garras del monstruo de la guerra. Sandy Juliana, una niña campesina de tan solo 14 años, fue arrebatada por los grupos armados que operan en la zona rural del Catatumbo, en Norte de Santander, y forzada a un reclutamiento cruel e inhumano. Hoy, con inmenso alivio, podemos anunciar que ha sido liberada y se encuentra nuevamente en los brazos de su familia y su comunidad, donde siempre debió estar.

Desde el momento en que Sandy Juliana fue arrancada de su hogar, nos unimos como Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz para buscarla incansablemente. No descansamos hasta que logramos que su caso fuera asumido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó medidas cautelares en su favor el 27 de agosto de 2024, exigiendo al Estado colombiano la adopción de acciones inmediatas para proteger su vida, su integridad personal y su salud. Acompañamos su proceso de justicia ante la Fiscalía General de la Nación, y mediante una acción constitucionales ante el Consejo de Estado, exigiendo la responsabilidad directa del Presidente Gustavo Petro, del Alto Comisionado para la Paz Otty Patiño, y de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos en la mesa de diálogos de la Paz Total, para que entregaran a Sandy Juliana sana y salva.

Este logro no habría sido posible sin la valentía de cada madre que levantó su voz, sin el apoyo incondicional de nuestras comunidades campesinas que claman incesantemente por la Paz, y sin la fortaleza de Sandy Juliana, quien ha demostrado ser un símbolo de resistencia de nuestras niñas ante la guerra.  Hoy, con lágrimas de alegría, declaramos que Sandy Juliana es nuestra primera hija recuperada de las garras de la guerra. Este es un triunfo de la paz, de la justicia, y de la lucha incansable de todas las Madres y Mujeres Colombianas que no permitiremos que la guerra siga arrebatándonos a nuestros hijos e hijas. Seguiremos trabajando, incansablemente, para que ninguna otra madre sufra el dolor de perder a su hija o hijo en un conflicto que no nos pertenece.

Exigimos al Estado colombiano garantías plenas para el restablecimiento de los derechos de la niña Sandy Juliana Carrascal Arenas y su familia. Es imperativo que se asegure la protección continua y el acceso a servicios adecuados para su recuperación integral, así como el apoyo necesario para su reintegración a la vida familiar y comunitaria. Asimismo, demandamos medidas contundentes para prevenir futuros casos de reclutamiento forzado.

Todas las madres y mujeres de Colombia unidas, no descansaremos hasta que cada niño y niña de Colombia crezca en un país donde la paz y la justicia prevalezcan sobre la violencia.

MOVIMIENTO NACIONAL DE MADRES Y MUJERES POR LA PAZ

BALUARTE CAMPESINO JUANA JULIA GUZMAN

CORPORACIÓN JUSTICIA Y DIGNIDAD

CORPORACIÓN JUSTICIA Y DEMOCRACIA

CASA DE LA MUJER

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE AYUDA SOLIDARIA ANDAS- NARIÑO

LA CASA DE EDUCACIÓN POPULAR LA CARACOLA

FUNDTERPAZ

GATAS -ECOFEMINIZARTE

CONFESPROD

COMUNIDAD INDÍGENA KWET LE’CXKWE

COMUNIDAD INDÍGENA NASA UKA WEXS THA

ASFUPAZ

LA ROSA ROJA POESIA INSUMISA

PARCIALIDAD INDÍGENA NASA KWEK

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ASISTENCIA LEGAL

COMITÉ DE SOLIDARIDAD CANADA COLOMBIA

VEEDURIA CIUDADANA DE LA NACION -CALI

UNIÓN DE CIUDADANAS DE COLOMBIA

CONSEJO COMUNITARIO URBANO TERRITORIOS ANCESTRALES

Primer Encuentro Intercultural por la Justicia para la Construcción de Paz en el Valle del Cauca La Ruiza, Pradera – Valle del Cauca | 20 y 21 de agosto de 2024

por Sofia LopezComunicadosPublicado el No hay comentarios

El Primer Encuentro Intercultural por la Justicia para la Construcción de Paz: Una Respuesta Urgente al Reclutamiento Forzado en Colombia

En medio de un contexto de dolor y resistencia, donde el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes sigue siendo una cruda realidad en Colombia, desde el Suroccidente Colombiano nos estamos pensando salidas para recuperar a nuestros hijos e hijas de a guerra. El Primer Encuentro Intercultural por la Justicia para la Construcción de Paz, que se llevará a cabo en el corregimiento de La Ruiza, Pradera, en el territorio ancestral de la comunidad indígena Kwet Le’cxkwe, es más que un evento: es un llamado a la acción, un espacio de encuentro y una plataforma para que las voces de las madres y mujeres colombianas sean escuchadas.

Este encuentro surge como respuesta a la preocupación profunda que compartimos las madres y mujeres de Colombia ante el fenómeno del reclutamiento forzado que ha desgarrado a nuestras familias y comunidades. No podemos permanecer en silencio mientras nuestros hijos e hijas son arrancados de nuestros brazos y llevados a una guerra que no eligieron. El dolor de una madre que pierde a su hijo en medio del conflicto es indescriptible, y es ese dolor el que nos impulsa a luchar por un futuro en el que ningún niño o niña tenga que empuñar un arma.

El Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz, junto con las autoridades indígenas del Valle del Cauca y la Caravana Internacional de Juristas, ha unido fuerzas para organizar este encuentro. Nuestro objetivo es claro: construir propuestas de justicia que respondan a las realidades de nuestras comunidades y que se orienten hacia la protección y el rescate de los más vulnerables en medio del conflicto armado.

El principal propósito de este encuentro es presentar y debatir una propuesta de justicia especial indígena para la paz, adaptada al contexto específico de las comunidades indígenas. Queremos avanzar en el desarrollo del capítulo étnico del acuerdo de paz en Colombia, reconociendo y respetando la autonomía política de los pueblos indígenas y promoviendo acciones humanitarias que defiendan los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes afectados por la violencia.

En este sentido, se busca construir acuerdos especiales entre el gobierno colombiano y las comunidades indígenas, enmarcados en la Resolución 1612 de la Organización de Naciones Unidas. Esta resolución subraya la importancia de proteger a los menores de edad en situaciones de conflicto armado, y nos brinda una base sólida para exigir la implementación de medidas concretas que permitan la reintegración de combatientes indígenas, respetando sus usos y costumbres.

 

Además, este proceso contempla la adopción de medidas de justicia restaurativa, orientadas a lograr la entrega y protección de los niños, niñas y adolescentes, tanto indígenas como no indígenas, que han sido reclutados forzadamente. Estas acciones, respaldadas por pronunciamientos de la Corte Constitucional, representan un paso fundamental hacia la reparación y la reconciliación en las comunidades afectadas por el conflicto armado.

Para nosotras, como madres y mujeres que hemos visto de cerca el impacto devastador del conflicto armado en nuestros hijos e hijas, este encuentro es una oportunidad crucial para fortalecer nuestras acciones y legitimar nuestras demandas. No podemos permitir que nuestros hijos sigan siendo utilizados como carne de cañón en una guerra que solo ha traído destrucción y sufrimiento a nuestro país.

Es por ello que nuestra presencia en este encuentro es fundamental. Nosotras, las mujeres de Colombia, estamos decididas a construir alternativas humanitarias y de paz que promuevan la defensa de la vida y la dignidad en el suroccidente colombiano. Sabemos que la paz no se logra solo con palabras, sino con acciones concretas que transformen las realidades de nuestras comunidades.

Este encuentro intercultural representa una oportunidad única para que diversos actores sociales, políticos y jurídicos trabajen conjuntamente en la construcción de un futuro más justo y pacífico para Colombia. Invitamos a todos los sectores de la sociedad a unirse a este esfuerzo, a aportar sus ideas y experiencias, y a ser parte de este proceso transformador.

Sabemos que el camino hacia la paz es largo y lleno de desafíos, pero también sabemos que no estamos solas en esta lucha. Cada madre, cada mujer que se une a este esfuerzo, fortalece nuestra causa y nos acerca un paso más hacia un futuro en el que nuestros hijos e hijas puedan vivir en un país libre de violencia y temor.

Les invitamos a ser parte de este importante encuentro, a sumar sus voces y esfuerzos, y a construir con nosotras una Colombia donde la justicia, la paz y la dignidad prevalezcan. ¡No falten a este encuentro de esperanza y transformación!

 

EL APARTHEID PATOJO

por Sofia LopezDerecho a la libertad, Derecho a las garantías judiciales, Popayán, Pueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

El Parque Caldas, ese rincón encantador de Popayán que ha sido testigo de más historia y cultura que muchas de nuestras bibliotecas locales, ahora se ha convertido en el escenario de un entramado jurídico que, si no fuera por su impacto en derechos fundamentales, sería una comedia de enredos digna de una serie de televisión: el “Apartheid Patojo” dirigido por nuestro querido alcalde, Juan Carlos Muñoz. Gracias a una recomendación de la Procuraduría —que, como es bien sabido, tiene tanto peso vinculante como una pluma en un huracán— el parque Caldas ha sido sometido a una serie de restricciones que han dejado a todos, desde nuestros artistas locales hasta nuestra estimada llama Pepe, en una especie de purgatorio administrativo.

Mientras tanto, Pepe, la llama que ha aportado tanto encanto y autenticidad a la vida del parque, y Don Israel, su fotógrafo y adoptante, se ven forzados a correr cada vez que los funcionarios de la Alcaldía y la policía se les acercan. Estos guardianes del orden público no pierden oportunidad para imponer comparendos a Don Israel y a su fiel compañero, simplemente por trabajar en el Parque Caldas y capturar la esencia de este espacio. La situación ha transformado el parque en un escenario donde la burocracia y la vigilancia se combinan para crear una auténtica tragicomedia, que reflejan el profundo impacto de las decisiones administrativas en la vida comunitaria.

Pepe, la llama que no solo ha sido el leal compañero de Don Israel, nuestro fotógrafo local, sino también el símbolo de la autenticidad del parque, ahora se ve obligada a buscar nuevos pastos. ¿La razón? La reciente medida restrictiva impuesta por la Alcaldía ha convertido el Parque Caldas en un club exclusivo, donde el acceso es tan limitado como el espacio en un concierto de rock VIP. Mientras los ricos de la ciudad, organizadores del festival gastronómico, pueden disponer del parque sin preocupaciones, el resto de nosotros —incluidos los artistas, los fotógrafos, los bailarines, los músicos, los chirimeros, los skaters y, por supuesto, los vendedores ambulantes— debemos trasladar nuestros eventos culturales fuera del Parque Caldas.

Claro, Don Israel y su fiel llama Pepe no se quedaron de brazos cruzados. Hoy se unieron a la “tutelatón”, una emocionante carrera de obstáculos judicial. Los danzantes de «Jueves de Free», quienes fueron los primeros en acudir a la justicia para defender sus derechos fundamentales, tuvieron la mala suerte de que su caso cayera en manos del Juez Primero Administrativo de Popayán, Ernesto Andrade Solarte. Este juez decidió que, para que la tutela fuera siquiera considerada, era necesario agotar primero todas las vías administrativas, permitiendo que los derechos fundamentales de los ciudadanos comunes sigan vulnerados.

En una decisión de primera instancia, Solarte negó la tutela, argumentando que se debía adelantar el trámite ante la Alcaldía, a pesar de que es bien conocido que la postura de esta institución no ha cambiado: el Parque Caldas está reservado solo para los organizadores del festival gastronómico, quienes forman parte de las familias adineradas de la ciudad.

¿Por qué? Porque, por supuesto, el parque no es un lugar para la plebe ni para la cultura popular. No, solo para los eventos de la élite, que parecen tener la bendición divina para disfrutar del parque sin causar “detrimento” a su piedra. Esperamos que Don Israel y Pepe tengan mejor suerte y que su tutela sea revisada por un juez garantista que realmente entienda el valor de la igualdad y el acceso justo para todos.

Lo que se está viviendo en el Parque Caldas es una obra maestra de exclusión y segregación. Mientras el festival gastronómico recibe luz verde para ocupar cada rincón, los artistas, artesanos, vendedores ambulantes y jóvenes que practican danza urbana y andina y otros deportes se encuentran excluidos, relegados a un limbo administrativo que un ultimas es un capricho clasista de nuestro gobernante local.

Entonces, mientras esperamos que el sistema judicial, en su infinita sabiduría, decida revisar la situación de manera justa y garantista, la realidad es que el Parque Caldas sigue siendo un lugar donde la justicia se encuentra a un par de pasos de una utopía. Don Israel y su inseparable Pepe solo quieren regresar al parque para seguir ofreciendo alegría y capturando momentos auténticos de un lugar emblemático de nuestra ciudad.

Por Sofía López Mera, abogada, periodista y defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad.

CRÍTICA A LA INSTALACIÓN DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN CON LA SEGUNDA MARQUETALIA Y EL TRÁGICO RECLUTAMIENTO FORZADO DE UNA NIÑA CAMPESINA

por Sofia LopezConflicto Armado, Género, ImpunidadPublicado el No hay comentarios

Hace un mes, parecía que se vislumbraba un avance en el tortuoso camino hacia la paz en Colombia, ya que el 29 de junio se llevó a cabo el evento de instalación de la mesa de negociación con la Segunda Marquetalia. Pero, paradójicamente, mientras los líderes de la Segunda Marquetalia se sientan en la mesa de diálogo de la paz total, la tragedia de una niña campesina reclutada forzosamente por este grupo armado marca la distancia entre las promesas de paz y la dolorosa realidad en el campo colombiano.

La instalación formal de la mesa con la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, ha sido recibida con una mezcla de escepticismo y condena. La controversia en torno a la figura de Márquez, considerado por muchos como un traidor al Acuerdo de Paz de 2016, ensombrece el proceso. El panorama legal del proceso es igualmente problemático. La Ley 2272 de 2022 limita a aquellos que ya han negociado previamente su participación en procesos de paz a negociar solo su sometimiento a la justicia. Esta ley, diseñada para evitar la impunidad de los líderes de grupos armados, pone al gobierno en una posición difícil: ofrecer garantías a los líderes de la Segunda Marquetalia sin infringir la ley. La contradicción entre el estatus legal de los negociadores y el enfoque político del gobierno plantea serias dudas sobre la viabilidad y la justicia del proceso.

En medio de este debate legal, el reclutamiento forzado de una niña campesina de 14 años de la región del Catatumbo evidencia la dolorosa realidad de la guerra que persiste en las regiones más vulnerables de Colombia. Engañada por este grupo armado con la promesa de costearle un curso de enfermería y ofrecerle un empleo como enfermera, la niña fue arrancada de su hogar y sometida a los vejámenes de la guerra.

El reclutamiento forzado de menores es una violación flagrante de los derechos humanos y un crimen de guerra. La incorporación de niños en los conflictos no solo les priva de su niñez y educación, sino que también perpetúa el ciclo de violencia y sufrimiento en las comunidades afectadas. La noticia de que esta niña ha sido reclutada por la Segunda Marquetalia deja en evidencia la desconexión entre los procesos de paz total y la realidad sobre el terreno. Mientras los líderes de la Segunda Marquetalia negocian, en las zonas rurales del país continúan cometiendo atrocidades como el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes.

Resulta realmente irónico que, mientras el gobierno nacional invitó a una experta de las Naciones Unidas para investigar los problemas en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, con el supuesto objetivo de abordar las trampas y justificar una negociación con la Segunda Marquetalia, en Ocaña, Santander, la Defensoría del Pueblo, al enterarse del reclutamiento forzado de la niña campesina, en lugar de remitir el caso a las autoridades competentes para activar los mecanismos de búsqueda urgente, solo informó a los padres de la niña que no podía entregarles nada por razones de seguridad. De manera similar, la personería de Convención no solo falló en remitir el caso a la fiscalía, sino que tampoco proporcionó a los familiares de la niña una constancia de su denuncia ni activó las rutas de atención a las víctimas de reclutamiento forzado. Así, mientras se busca legitimación y se debaten los entramados políticos que involucran a la Segunda Marquetalia, parece que los niños campesinos no importan para las instituciones del Estado colombiano.

La niña campesina de 14 años reclutada forzosamente por la Segunda Marquetalia, enfrenta una situación de extrema vulnerabilidad debido a sus graves condiciones médicas. Diagnosticada con el síndrome de la articulación condrocostal de Tietze y bronquitis aguda no especificada, su salud requiere atención constante y especializada. Esta compleja situación médica agrava su sufrimiento físico y emocional, y hace evidente la brutalidad del reclutamiento forzado, que expone a los niños a un ciclo interminable de dolor y negligencia, desamparándolos en medio del conflicto.

La última vez que se tuvo noticia de la niña campesina fue el 9 de julio, cuando envió un último audio a sus padres. En ese conmovedor mensaje, la niña lloraba y les confesaba que estaba gravemente enferma y al borde de la desesperación, incluso mencionando que deseaba quitarse la vida debido a los severos maltratos que estaba sufriendo. Si la Personería y la Defensoría del Pueblo hubieran actuado con celeridad y remitido el caso a la Fiscalía General de la Nación, utilizando las comunicaciones de la niña, se podría haber intentado localizarla y ofrecerle asistencia urgente. Sin embargo, desde esa fecha, su paradero sigue siendo un misterio, sumiendo a sus familiares en estado de angustia extrema.

Es inconcebible que mientras se avanza en la negociación de la paz total, los reclutamientos forzados de niños, niñas y adolescentes se presentan casi a diario en varias regiones del país. La comunidad internacional y el gobierno colombiano deben enfrentar estas realidades de manera más contundente. La instalación de la mesa de negociación no puede ser una excusa para ignorar o minimizar las violaciones en curso. El proceso de paz debe ir acompañado de un compromiso real y efectivo para proteger a los más vulnerables y garantizar que los crímenes, como el reclutamiento forzado de menores, sean perseguidos y castigados con la máxima severidad.

En última instancia, la paz en Colombia no puede construirse sobre la base de concesiones a los grupos armados mientras se ignoran las atrocidades que siguen ocurriendo, como el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. La trágica historia de la niña campesina es una llamada de atención urgente para que el proceso de paz sea no solo un diálogo en los salones de negociación, sino una verdadera transformación de la realidad en las comunidades que han sufrido tanto.

Por: Sofía López, abogada y periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad y del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz

LA ÉLITE CONTRA EL PUEBLO EN EL PARQUE CALDAS: ARRANCÓ LA «TUTELATÓN»

por Sofia LopezComunicadosPublicado el No hay comentarios

Arrancó la «tutelatón» para preservar el emblemático Parque Caldas como patrimonio biocultural de los habitantes de Popayán. Esta iniciativa busca revocar una arbitraria decisión del alcalde Juan Carlos Muñoz, quien afirma basarse en una recomendación de la Procuraduría, tras una solicitud del jurisconsulto Mario Cajas, reconocido abogado de la academia de jurisprudencia. En su solicitud, Cajas argumentó que la piedra del Parque Caldas sufre deterioro con las actividades culturales y artísticas que allí se realizan, dejando entrever una visión clasista que prioriza la conservación material del mobiliario sobre la vida comunitaria y popular de los habitantes de Popayán.

La Procuraduría ha señalado que sus recomendaciones no tienen efectos jurídicos vinculantes, pero el alcalde insiste en aplicar esta medida clasista. Paradójicamente, mientras el uso del Parque Caldas está generosamente permitido para los organizadores del festival gastronómico de Popayán, quienes disfrutan de su abolengo y distinción social, al resto de la ciudadanía, esa misma ciudadanía que realmente da vida al parque, se le prohíbe el acceso. Porque claro, preservar la piedra es primordial, a menos que seas de la élite gastronómica, en cuyo caso el desgaste es aparentemente inexistente.

Para el jurista Mario Cajas, según nuestra interpretación, la piedra se desgasta de manera alarmante cuando los chirimeros tocan su música, los skaters practican con sus patinetas, los bailarines de música andina danzan junto a la torre del reloj, y el colectivo de danza urbana «Jueves de Free» se reúne, audazmente, los jueves para bailar frente a la Gobernación. Igualmente, los músicos afrocolombianos con sus ritmos de marimba frente a la alcaldía, los artesanos exhibiendo sus productos, los vendedores ambulantes ganándose la vida, los trabajadores informales buscando sustento, las cocineras tradicionales con sus chuzos y mazorcas, y los fotógrafos capturando recuerdos en papel, todos estos seres desgastan la piedra que tanto preocupa al doctor Cajas.

Curiosamente, creemos que la piedra se desgasta para los festivales de todo tipo, salvo el gastronómico, donde parece que la piedra adquiere propiedades mágicas de resistencia. Además, los transeúntes, los estudiantes que descansan en el parque, y los lustrabotas que dan brillo a los zapatos también contribuyen a esta supuesta erosión. Todos ellos, al parecer, están en una conspiración secreta para acabar con la integridad de la piedra que le quita el sueño al buen doctor Cajas. Para prevenir tal desgaste, llegan funcionarios sin identificar y hasta la policía a imponer comparendos, porque claro, la ley es solo para los de ruana.

El Parque Caldas fue creado con la ciudad en 1537; a su alrededor se construyeron las casas de los fundadores y las dependencias de los poderes religioso y gubernamental. Nació como una plaza de mercado, y en 1910 se instaló la estatua del Sabio Caldas, obra del escultor francés Raoul Verlet. En la misma época, fueron sembrados los árboles que hoy adornan y rodean la escultura.

Este enfoque basado en la ciudad aséptica ignora por completo que el Parque Caldas ha sido históricamente un espacio de encuentro donde confluyen relaciones sociales, económicas, políticas, culturales y espirituales de la comarca, otrora primera plaza de mercado de la ciudad de Popayán.

Con la campaña judicial que busca recuperar el uso colectivo y popular del Parque Caldas, los ciudadanos comunes de Popayán esperamos sentar un precedente para erradicar las prácticas clasistas en la ciudad. La medida adoptada por la Alcaldía de Popayán, basada en una recomendación no vinculante de la Procuraduría General de la Nación, vulnera derechos fundamentales como la igualdad, el trabajo, la libertad de expresión y la cultura. Esta decisión discrimina a toda la ciudadanía de Popayán privándola del uso del parque.

El principio de confianza legítima también se ve afectado, ya que las actividades económicas, sociales, artísticas y culturales en el Parque Caldas se han llevado a cabo durante siglos, un periodo considerablemente significativo en el que siempre han sido permitidas. La historia y tradición cultural, los permisos previos y la tolerancia de la administración local refuerzan la expectativa de que estas actividades son legítimas. Cualquier cambio en las condiciones de uso del parque debe considerar estas expectativas y no afectar desproporcionadamente la libertad creativa ni el acceso del público a expresiones económicas, sociales y culturales.

El derecho al espacio público, consagrado en la Constitución, establece que el Estado debe proteger la integridad del espacio público y asegurar su destinación al uso común. La prohibición de actividades culturales y económicas en el Parque Caldas no respeta este principio y constituye una clara vulneración de derechos fundamentales.

Con la campaña judicial que busca recuperar el uso colectivo y popular del Parque Caldas, los ciudadanos del común esperamos sentar un precedente para erradicar las prácticas clasistas en nuestra ciudad y garantizar un espacio verdaderamente inclusivo y representativo de la diversidad cultural y social de Popayán.

Por: Sofía López Mera, Abogada, Periodista y Defensora de Derechos Humanos de la Corporación Justicia y Dignidad.

 

LA DIFÍCIL TAREA DE RECUPERAR EL CAÑÓN DEL MICAY

por Sofia LopezCauca, Conflicto Armado, Pueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

Enclavado en la vertiente occidental de la cordillera de los Andes, el Cañón del Micay, en el departamento del Cauca, ha sido testigo de décadas de conflicto armado. En este cañón confluyen tres municipios caucanos: El Tambo, Argelia y López de Micay. Allí nacen ríos como el Guapi, el Timbiquí y el Plateado, siendo el más importante el río San Juan de Micay.
El río San Juan atraviesa el cañón desde la cordillera occidental hasta las costas del Pacífico, ubicándolo en una posición geoestratégica que conecta cañones ricos en reservas de agua dulce, recursos minerales (níquel, cobre y oro aluvial) y biodiversidad, con el océano Pacífico. Esta región abarca todos los pisos térmicos, desde tierras frías con cumbres de hasta 3,500 metros, hasta tierras bajas cálidas que descienden hacia el Pacífico. Según datos del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, los municipios del Cañón del Micay representan también el 75 % de las 25.000 hectáreas de cultivos de coca del Cauca.
En 1967 se constituyó legalmente el municipio Argelia en el departamento del Cauca. A fines de la década de 1970, el Frente 8 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se asentó en la región. Aunque otros grupos guerrilleros como el M-19 y el Ejército Popular de Liberación (EPL) también incursionaron en el área durante la época de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Las FARC-EP consolidaron su poder estableciéndose también con el Frente 60 «Jaime Pardo Leal» a finales de los años 90.
La llegada del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a la parte baja del municipio de Argelia desde El Tambo y el Pacífico en la década del 2000 marcó un nuevo capítulo en la historia del conflicto. Paralelamente, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez intensificó la militarización de la región. En 2007, se establecieron puestos de policía en El Mango y El Plateado, coincidiendo con la llegada de los paramilitares de Los Rastrojos al mando de Alias “Daniel”. Durante la década de los 2000, el Frente 8 de las FARC fue debilitado casi hasta su exterminio, dejando solo al Frente 60 en la región. El ELN tomó el control territorial de El Tambo y de 12 veredas del norte de Argelia. El Ejército Nacional entró a la región mediante las operaciones Espada I y Espada II, resultando en varias ejecuciones extrajudiciales bajo la modalidad de falsos positivos.
En 2011, las FARC-EP recuperaron el Cañón del Micay tras derrotar a los paramilitares en un combate con más de 30 muertos. Entre 2015 y 2016, miles de campesinos bloquearon las operaciones militares contra cultivos ilícitos, y la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (ASCAMTA) estableció una Mesa de Interlocución y Acuerdos (MIA) con el gobierno para resolver conflictos sociales y económicos. Esta Mesa, formada durante el Paro Nacional Agrario de 2013, se enfocó en iniciar el diálogo y alcanzar acuerdos específicos para el municipio de Argelia.
Con la firma de los acuerdos de Paz en 2016 y la desmovilización de las FARC, el Cañón del Micay quedó bajo el control del Frente José María Becerra del ELN, que hizo presencia en varios corregimientos desde El Plateado hasta San Juan de Micay.
En 2017, Óscar Eduardo Sandoval, alias “Andres” o «El Mocho», lideró una facción disidente que luchó contra el ELN para controlar corregimientos como El Plateado y El Mango. En 2018, esta facción se renombró como «Carlos Patiño» o «Floresmiro Acosta», bajo el mando de Gentil Duarte e Iván Mordisco.
En 2018, el presidente Iván Duque ordenó una mayor militarización del Cañón del Micay para acabar con las disidencias de las FARC. Sin embargo, esto coincidió con la expansión militar de la columna Carlos Patiño en la región, la expulsión del ELN y una bonanza cocalera.
En 2020, la columna Carlos Patiño intentó de nuevo avanzar hacia el corregimiento de El Sinaí, enfrentándose a la Segunda Marquetalia y al ELN. Esta ofensiva no prosperó debido a la contención de estos dos grupos.
Desde 2022, los habitantes han denunciado la aparición del grupo «Los Pocillos», formado por exguerrilleros-firmantes de paz, aliados con el ejército. Este grupo busca expulsar a la columna Carlos Patiño y controlar rutas de narcotráfico. Medios de comunicación como la revista Cambio han confirmado un supuesto acuerdo entre el Ejército Nacional y estos grupos, con audios del mayor general Hernando Herrera Díaz admitiendo reuniones con “Los Pocillos” y el ELN. Posteriormente, Los Pocillos se integraron a la Segunda Marquetalia y continúan enfrentando a la columna Carlos Patiño desde el corregimiento de Puerto Rico sin alcanzar a tener control sobre el corregimiento del Plateado y el cañón del Micay.
En 2023, el presidente Gustavo Petro lanzó la Operación Trueno para recuperar el control del Micay y fomentar el diálogo entre el gobierno y la sociedad. A pesar de la presencia militar, los grupos armados aún dominan la región. A finales de agosto, Petro ordenó movilizar 1,000 soldados para retomar el control del Cañón del Micay y promover la sustitución de economías ilícitas a favor del campesinado.
En junio de 2024, desde la Casa de la Moneda en Popayán, el director del DNP, Alexander López Maya, junto con el gabinete ministerial, el Ministerio de Defensa y el presidente Petro, lanzaron la Misión Cauca. Esta iniciativa busca transformar el Cauca, mejorar las condiciones de vida y sustituir economías ilícitas por proyectos productivos. Sin embargo, las organizaciones populares y la sociedad civil no fueron invitadas a la presentación ni consultadas para asegurar la efectividad de la política pública.
Desde mediados de julio, se realiza otra ofensiva del frente Carlos Patiño hacia el corregimiento de El Sinaí intensificando el conflicto armado en el Cañón del Micay. La columna Carlos Patiño se enfrenta al ejército y a la Segunda Marquetalia por el control de la parte alta de Argelia. Desde el 15 de julio, La Carlos Patiño ha sitiado a los habitantes de Argelia, establecido retenes ilegales, atacado poblaciones como El Sinaí, El Encanto, La Playa y La Belleza, y sembrado minas antipersonales que han confinado a la población campesina. Estos actos han resultado en desplazamientos masivos, amenazas a líderes, asesinatos y secuestros de campesinos. En El Plateado, un artefacto explosivo lanzado por Carlos Patiño en una cancha sintética mató a un niño de 10 años y dejó 12 heridos.
Desde 2018, se han asesinado 18 líderes campesinos de ASCAMTA. Desde 2020, aproximadamente 20,000 personas han sido desplazadas forzosamente. Estos desplazamientos son en su mayoría temporales, ya que muchos de los campesinos en Argelia provienen de otras regiones del país como Putumayo, Caquetá, Guaviare y Nariño, y suelen regresar a sus lugares de origen debido a la falta de una política pública seria por parte del Gobierno Nacional para atender a la población desplazada.
Los desplazados que llegan a Popayán enfrentan maltratos por parte de funcionarios del municipio de Popayán y de la Unidad para las Víctimas, quienes no permiten el acompañamiento de organizaciones defensoras de derechos humanos. Esto obliga a los desplazados a regresar a Argelia, donde se encuentran en medio de las confrontaciones armadas. El Ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha pedido a los habitantes de Argelia no realizar asonadas contra la fuerza pública, pero no se ha implementado un plan de atención humanitaria para los civiles atrapados en los operativos militares y afectados por las infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por grupos armados ilegales. Sin una protección efectiva de la vida de la población civil, la Misión Cauca y la recuperación del Cañón del Micay no tendrán éxito.
Por: Sofía López Mera, Abogada, Periodista y Defensora de Derechos Humanos de la Corporación Justicia y Dignidad