Hay informes que no se leen: se advierten. El más reciente reporte de Human Rights Watch sobre El Salvador en 2025 no describe un país lejano ni exótico, sino un modelo político exportable. Y eso es lo inquietante: lo que allí ocurre es exactamente lo que una parte de la derecha colombiana admira, justifica y aspira a replicar si regresa al poder en 2026.
Empecemos por las cifras, pero traducidas a Colombia, para que no parezcan abstractas. En El Salvador, el 1,9 % de la población está hoy privada de la libertad. Es una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo.
En Colombia, con cerca de 52 millones de habitantes, ese porcentaje equivaldría a casi un millón de personas presas. Un millón. Hoy Colombia tiene alrededor de 100.000 personas privadas de la libertad. El llamado “modelo Bukele” multiplicaría por diez la población carcelaria del país. No es una metáfora: es una proyección aritmética.
Desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo un régimen de excepción permanente, prorrogado 45 veces, que suspendió garantías básicas. Más de 90.000 personas han sido detenidas, incluyendo más de 3.000 niños. Traducido a Colombia, sería como detener a toda la población de una ciudad del tamaño de Ibagué o Villavicencio, muchas personas sin imputación clara, sin juicio y sin contacto con abogados o familiares.
Durante ese régimen, al menos 458 personas han muerto bajo custodia del Estado. Si aplicamos una proporción similar a Colombia, estaríamos hablando de miles de muertes en cárceles, sin investigaciones ni responsables.
Ahora la pregunta inevitable: ¿se imaginan el escándalo político, mediático y judicial si algo así ocurriera bajo el gobierno de Gustavo Petro? ¿Se imaginan los titulares, las marchas, las denuncias internacionales, las columnas hablando de dictadura? Pues eso es exactamente lo que sucede hoy en El Salvador bajo Nayib Bukele, y que muchos justifican con un encogimiento de hombros porque “bajaron los homicidios”.
Sí, la violencia de pandillas disminuyó. Es cierto. Pero el informe es claro: el precio fue la demolición del Estado de derecho. Bukele fue reelegido pese a que la Constitución lo prohibía. Luego, el Congreso —controlado por su partido— aprobó la reelección indefinida y permitió reformar la Constitución en una sola legislatura. Traducido a Colombia: sería como si el presidente de turno cambiara la Carta Política con su mayoría, eliminara los límites al poder y neutralizara a la Corte Constitucional. ¿Escandaloso? Exactamente.
El poder judicial fue purgado. Jueces independientes destituidos o trasladados. El fiscal general ratificado tras desmantelar unidades anticorrupción. La transparencia cayó a su peor nivel en trece años. La declaración de bienes del presidente fue declarada reservada. En Colombia, eso equivaldría a clasificar como secreto el patrimonio presidencial, algo que incendiaría el debate público durante meses.
La sociedad civil tampoco se salvó. Defensores de derechos humanos y abogados críticos están detenidos e incomunicados. Se aprobó una Ley de Agentes Extranjeros que impone un impuesto del 30 % a la cooperación internacional y permite cerrar organizaciones por criterios vagos. El resultado: más de 140 periodistas y defensores huyeron del país. En Colombia, sería como ver a El Espectador, la FLIP y decenas de ONG cerrando oficinas o exiliándose por miedo.
Y aquí viene lo político. Este no es un modelo abstracto: tiene admiradores con nombre propio en Colombia. Álvaro Uribe Vélez ha elogiado públicamente a Bukele. Paloma Valencia ha defendido su “mano dura” como ejemplo a seguir. Juan Carlos Pinzón, junto a otros aspirantes de derecha, propone militarización, ampliación de la prisión preventiva y desconfianza abierta hacia jueces, prensa y organizaciones sociales. Y está también Abelardo de la Espriella, quien no solo admira el modelo sino que parece empeñado en imitarlo incluso en lo estético, como si el autoritarismo fuera también una cuestión de peinado, chaqueta y pose. El libreto es reconocible.
No quieren volver al poder solo para gobernar. Quieren volver para gobernar sin límites. Para neutralizar controles, desacreditar los derechos humanos y convertir la seguridad en excusa permanente. Quieren un país más silencioso, no necesariamente más justo.
La pregunta no es si el modelo Bukele “funciona”.
La pregunta es si Colombia está dispuesta a pagar ese precio.
Porque la experiencia latinoamericana es clara: el autoritarismo siempre promete orden, siempre entrega miedo y siempre termina cobrando libertades.
El Salvador no es el futuro inevitable.
Es una advertencia.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo
