25 de noviembre: La Desaparición Silenciosa de Nuestras Hijas

por Sofia Lopez2011, 2021, Cali, Conflicto Armado, Ejecuciones Extrajudiciales, Género, Homicidio, Impunidad, Pueblos y Territorios, Resistiendo al olvido, Valle del CaucaPublicado el No hay comentarios

«El sur, los vientos del sur traen el cambio», dijo el presidente Gustavo Petro, y así fue: el sur dio la fuerza al proyecto que hoy nos gobierna. Pero esos vientos, antes de esperanza, hoy son pestilentes.
Este 25 de noviembre de 2024, Día de la No Violencia contra las Mujeres, no podemos ignorar cómo la guerra se ensaña con nuestras jóvenes y niñas en el sur. Los vientos del cambio se han vuelto vientos de muerte. Como Madres y Mujeres reclamamos la vida antes de que el silencio y el olvido lo consuman todo.
Mauren Alejandra Ulchur tenía apenas catorce años. Su uniforme escolar aún olía a infancia, pero eso no detuvo a quienes la arrancaron de su salón en el Instituto Técnico Agrícola de La Plata, Huila, a finales de agosto de 2024. No fue la única. Detrás de ella, siete niñas más fueron llevadas mediante engaños, como si en las aulas no quedaran más que cuerpos a disposición de la guerra.
Gracias a la intervención de Naciones Unidas, seis niñas lograron regresar. Pero Mauren Alejandra no fue una de ellas. La encontraron este sábado 23 de noviembre, enterrada en una fosa común en El Ceral, una vereda montañosa de Buenos Aires, Cauca. Murió en medio de un combate entre las estructuras Jaime Martínez y el ELN.
En el colegio donde fue reclutada, las clases continúan como si nada. Ocho menores arrancadas de ese plantel, un informe de la ONU, y aún no pasa nada. Ni la denuncia, ni la muerte, ni el terror bastan para mover la maquinaria del Estado.
Laura Andrea Duarte, de 21 años, tampoco tuvo opciones. La promesa de un trabajo en el Alto Naya la hizo salir de su casa sin mirar atrás. No sabía que el «empleo bien pagado» la llevaría al control de la estructura Jaime Martínez. Cuando se negó a ser reclutada, la asesinaron. Su familia busca su cuerpo, buscando consuelo en otras familias que también buscan a sus hijos desaparecidos.
Erika Vanessa Trochez tenía 17 años cuando la misma estructura la tomó. Fue llevada a un campamento en Villa Colombia, Jamundí. Su madre, una mujer de fuerza desgarradora, llegó hasta donde estaba su hija para pedir que se la devolvieran. Suplicó, lloró, pero la respuesta fue un castigo: Erika fue trasladada a Buenaventura, más lejos, más inaccesible. Hoy no se sabe dónde está. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó a favor de la menor medidas cautelares, pero los días pasan y el silencio del Gobierno Nacional es sepulcral.
Hellen Sofía Chilo, de 12 años, fue vista por última vez el 20 de noviembre de 2024 en Santander de Quilichao, con su uniforme escolar puesto. Versiones indican que caminaba acompañada por un adulto desconocido, quien aparentemente la llevó hasta Popayán. Santander de Quilichao suma una historia más de una niña desaparecida, una historia que se pierde en el silencio y la indiferencia
Melanie Sofía Oviedo salió el 2 de noviembre, al final de la tarde, a pasear su mascota por las calles del barrio San Pedro en Palmira, Valle del Cauca. Llevaba falda negra, saco blanco, medias y zapatillas blancas. No regresó.
Juliana Quilindo Muñoz, de 13 años, es hija de la comunidad indígena Polindara del Cauca y vivía en la ruralidad de Pradera, Valle del Cauca. Desde el 2 de noviembre de 2024, su desaparición ha generado alarma en las redes sociales, donde circulan carteles solicitando información sobre su paradero. Sin embargo, hasta el momento, su rastro sigue siendo un misterio, y su familia y comunidad siguen esperando respuestas.
Heylin Ruiz Mensa, de 13 años, desapareció el 25 de octubre de 2024 desde su casa en el barrio San Marino de Cali. Su fotografía, con una balaca y una sonrisa, cuelga en los postes del barrio. Su familia sigue buscando, pero hasta ahora, no sabemos nada de ella.
Lizet Tatiana Morales Tálaga, de 15 años, estudiaba en el Colegio San Antonio de Padua en Timbío, Cauca. El 28 de octubre de 2024 salió de clases como cualquier otro día, pero nunca llegó a casa. Es la misma historia que se repite una y otra vez en los municipios del Cauca: niñas que salen de su colegio y nunca regresan. Cada día que pasa sin noticias, la esperanza se mezcla con la angustia, y el dolor de la desaparición se hace más profundo.
Katherine Aranda, 15 años, desapareció el mediodía del 29 de octubre. La vieron por última vez cerca del barrio Pedro León en Corinto, Cauca. Desde entonces, la montaña guarda silencio.
Jenny Vanessa Poloche y Yensi Poloche, de 12 y 16 años, compartieron la misma desaparición. Sus huellas se borraron en la Institución Agrícola de Piamonte, Cauca, el 23 de octubre de 2024. La escuela, ese lugar que debería protegerlas, quedó en silencio. La vida sigue su curso, pero ellas no vuelven.
Helen Sofía Mopán, de 13 años, desapareció en agosto de 2024, cuando salió de su casa en La Unión, Nariño, sin dejar rastro. Desde entonces, su familia y comunidad no han tenido noticias de ella. Como muchas otras niñas en el sur de Colombia, Helen se suma a la lista de las desaparecidas.
Anyela Mildred Ipia Acalo, de 15 años, desapareció el 14 de octubre de 2024, mientras regresaba de Caldono hacia su casa en la vereda Asnazu, Suárez, Cauca. En el sector de Mondomo, alguien la vio subir a una camioneta. Su paradero sigue siendo incierto. Se rumorea que podría estar en Muchique Los Tigres, en Santander de Quilichao. La Estructura Dagoberto Ramos de las FARC la reclutó, como ha ocurrido con tantas otras niñas.
25 de noviembre de 2024, Día de la No Violencia contra la Mujer, y nada pasa.
Hoy, como todos los días, denunciamos cómo la guerra y la muerte siguen arrancando a nuestras niñas y jóvenes del sur. Pero no pasa nada. Ellas se convierten en una cifra más, en un número olvidado en un programa de Excel, en un cartel de «se busca» que no ofrece respuestas. No están en casa, no están en sus colegios, no están con sus familias ni en sus comunidades. La muerte nos habita, la guerra ha tomado el control, y la indiferencia sigue siendo la única respuesta.
No hay cambio posible si nuestras niñas desaparecen sin dejar rastro. No hay esperanza mientras el silencio y la indiferencia sigan siendo la respuesta. Hoy, más que nunca, el sur clama por justicia, por memoria, por un país que no olvide a sus hijas, que se niegue a ser indiferente ante su dolor. Que los vientos del sur no sigan trayendo muerte y guerra. Que los vientos del sur sean, por fin, el verdadero cambio: un cambio que permita a las mujeres vivir libres de violencia.

Sofía López Mera, abogada y periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad y del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz.

 

28 DE SEPTIEMBRE: UN LLAMADO URGENTE POR EL ACCESO AL ABORTO LEGAL Y SEGURO PARA LAS MUJERES INDÍGENAS

por Sofia LopezGénero, Pueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

Cada 28 de septiembre se celebra el Día de Acción Global para el acceso al Aborto Legal y Seguro, fecha que fue designada por el movimiento feminista con el fin de promover la legalización del aborto y así evitar la muerte de muchas mujeres por el uso de prácticas clandestinas. Esta iniciativa surgió en Argentina, en 1990, en el marco del “V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe”. La propuesta fue presentada por la delegación brasileña, que planteó la fecha del 28 de septiembre por ser el aniversario de la promulgación en Brasil de la Ley de Libertad de Vientres en 1871, por la que se consideraron libres todos los hijos e hijas nacidos de mujeres esclavas.

El acceso a un aborto seguro constituye un derecho que debería poseer toda mujer, niña o persona que pueda quedar embarazada. La prohibición o la criminalización del aborto es una grave vulneración a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y provoca la violación sistemática de derechos como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud, a la intimidad, a la autonomía y a no sufrir violencias y discriminación. Obligar a una mujer a continuar con su embarazo o buscar un método de aborto inseguro constituye una violación de sus derechos humanos.

La URSS fue el primer país que despenalizó el aborto el 18 de noviembre de 1920. El Comisariado del Pueblo para la Salud y la Justicia publicó un decreto sobre la terminación artificial del embarazo, es decir, autorizaba el aborto voluntario y gratuito. Para Lenin, líder de la Revolución Rusa, el aborto era «un derecho democrático básico de las mujeres ciudadanas«.

En el continente americano, Cuba fue el primer país en despenalizar completamente el aborto. En 1965, el aborto fue establecido como derecho legal y asistido dentro de los servicios médicos gratuitos dentro del primer trimestre de gestación.

En Colombia, la primera vez que se intentó despenalizar parcialmente el aborto por vía legislativa fue en 1975 por cuenta de un proyecto de ley presentado por el senador del Partido Liberal, Iván López Botero, en donde se establecía el permiso para la interrupción del embarazo antes de las doce semanas de gestación y en caso de que la madre corriera alto riesgo o el niño sufriera una lesión o enfermedad genética incurable. Las mujeres además necesitarían la autorización de un juez o de su cónyuge, y si estaban solteras, de quien tuviera su custodia. Posteriormente, en 1989, el senador liberal, Emilio Urrea presentó un proyecto de ley “por el cual se reconoce el derecho de toda mujer embarazada a interrumpir el proceso de gestación voluntariamente, hasta los primeros 90 días del embarazo”; existieron dos intentos adicionales en 1993, por cuenta de proyectos de ley presentados por las congresistas Ana Pechthalt y Vera Grabe y por último, en 1995, un proyecto de ley presentado por la senadora Piedad Córdoba, “por medio del cual se dictan normas sobre salud reproductiva”. Ninguna de estas iniciativas legislativas prosperó.

La Sentencia C-355 del 2006 de la Corte Constitucional constituye un avance importante para la garantía y en ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia. Esta sentencia declaró la inconstitucionalidad de los artículos 122, 123, 124 y el numeral 7 de la Ley 599 de 2000 del Código Penal, que penalizaban el aborto en todos los casos. A través de esta sentencia se despenalizó parcialmente el aborto en tres condiciones: a) Cuando peligra la vida o la salud de la madre b) Cuando se presenta malformación del feto incompatible con la vida c) Cuando el embarazo es producto de abuso, violación, incesto, transferencia de óvulo o inseminación no consentida.

En la sentencia C-055 de 2022, la Corte Constitucional, despenalizó el aborto en todos los supuestos hasta las 24 semanas de embarazo. La decisión emblemática, sitúa a Colombia a la vanguardia de los derechos reproductivos de las mujeres en América Latina y el Caribe luego de una serie de decisiones que amplían el acceso al aborto legal en la región. En 2020, Argentina legalizó el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo y, posteriormente se sumó México.

No obstante, los grandes avances en materia de derechos sexuales y reproductivos en Colombia, las mujeres indígenas se encuentran privadas de este derecho, y sus vidas continúan en riesgo. Las consultas a las autoridades indígenas sobre la interrupción voluntaria del embarazo -IVE- son un obstáculo para la garantía de los derechos de las mujeres y las niñas indígenas, más aún cuando el embarazo es producto de violencias sexuales y reproductivas ejercidas por personas internas o externas a la comunidad.

Las mujeres indígenas del Cauca que se encuentran afiliadas la Asociación Indígena del Cauca EPSI – AIC EPSI-, dependen de la decisión de las autoridades tradicionales de sus comunidades para que autoricen la IVE, y en la mayoría de los casos, su derecho es negado. La AIC manifiesta que la resolución interna número 050 de 2020 supedita la decisión de la IVE a la decisión de los gobernadores de los cabildos indígenas por encima de la decisión de las mujeres. La sentencia T-158 de 2023 de la Corte Constitucional en una postura bastante ambigua siguió permitiendo que la AIC obstaculice el acceso a la IVE indefinidamente. Es tan grave la situación que las niñas, adolescentes y mujeres indígenas son obligadas a continuar con sus embarazos y son remitidas con sus pequeños hijos a sus comunidades o a la fundación Sol y Vida cuando hay rechazo en la comunidad.

En una decisión que priorice la vida de las mujeres indígenas, la AIC debe dejar sin efectos la resolución número 050 de 2020, amparándose en la recomendación N°39 del 2022 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que obliga a los Estados que hacen parte del tratado “Garantizar que las niñas y mujeres indígenas reciban información precisa, rápida, completa y en formatos accesibles sobre servicios en salud sexual y reproductiva. Además, garantizar el acceso asequible a dichos servicios, incluido el aborto seguro y formas modernas de anticoncepción”, así mismo indican que los Estados “Deben emprender sin demora esfuerzos de recopilación de datos y garantizar que las mujeres y las niñas indígenas tengan acceso a sistemas de justicia no indígenas e indígenas que estén libres de discriminación, prejuicios y estereotipos raciales y/o de género”.

 

En los casos de embarazos adolescentes resultantes de violencia sexual contra niñas indígenas, se evidencia una grave falla en la justicia indígena, que no actúa para restablecer los derechos de las víctimas. En lugar de sancionar al agresor, quien frecuentemente queda en la impunidad, la adolescente es confinada en centros de atención donde se le obliga a continuar con el embarazo sin ninguna garantía de protección ni reparación de sus derechos. En estos centros, las adolescentes no reciben ni siquiera los utensilios básicos de aseo por parte de la AIC, profundizando la vulneración. Al negarles el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), se perpetúa una situación de injusticia y violencia estructural en contra de las jóvenes, quienes sufren la doble victimización del abuso sexual y la imposición de la maternidad forzada.

Hacemos un llamado a la Consejería Regional Indígena del Cauca -CRIC-, para que garantice los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas, al programa Mujer para que abandere el clamor de las mujeres indígenas que exigen el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito para salvaguardar su vida y demás derechos que se encuentran vulnerados por la AIC.

Por: Sofía López Mera, Abogada, periodista y defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad y del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz.

 

CRÍTICA A LA INSTALACIÓN DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN CON LA SEGUNDA MARQUETALIA Y EL TRÁGICO RECLUTAMIENTO FORZADO DE UNA NIÑA CAMPESINA

por Sofia LopezConflicto Armado, Género, ImpunidadPublicado el No hay comentarios

Hace un mes, parecía que se vislumbraba un avance en el tortuoso camino hacia la paz en Colombia, ya que el 29 de junio se llevó a cabo el evento de instalación de la mesa de negociación con la Segunda Marquetalia. Pero, paradójicamente, mientras los líderes de la Segunda Marquetalia se sientan en la mesa de diálogo de la paz total, la tragedia de una niña campesina reclutada forzosamente por este grupo armado marca la distancia entre las promesas de paz y la dolorosa realidad en el campo colombiano.

La instalación formal de la mesa con la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, ha sido recibida con una mezcla de escepticismo y condena. La controversia en torno a la figura de Márquez, considerado por muchos como un traidor al Acuerdo de Paz de 2016, ensombrece el proceso. El panorama legal del proceso es igualmente problemático. La Ley 2272 de 2022 limita a aquellos que ya han negociado previamente su participación en procesos de paz a negociar solo su sometimiento a la justicia. Esta ley, diseñada para evitar la impunidad de los líderes de grupos armados, pone al gobierno en una posición difícil: ofrecer garantías a los líderes de la Segunda Marquetalia sin infringir la ley. La contradicción entre el estatus legal de los negociadores y el enfoque político del gobierno plantea serias dudas sobre la viabilidad y la justicia del proceso.

En medio de este debate legal, el reclutamiento forzado de una niña campesina de 14 años de la región del Catatumbo evidencia la dolorosa realidad de la guerra que persiste en las regiones más vulnerables de Colombia. Engañada por este grupo armado con la promesa de costearle un curso de enfermería y ofrecerle un empleo como enfermera, la niña fue arrancada de su hogar y sometida a los vejámenes de la guerra.

El reclutamiento forzado de menores es una violación flagrante de los derechos humanos y un crimen de guerra. La incorporación de niños en los conflictos no solo les priva de su niñez y educación, sino que también perpetúa el ciclo de violencia y sufrimiento en las comunidades afectadas. La noticia de que esta niña ha sido reclutada por la Segunda Marquetalia deja en evidencia la desconexión entre los procesos de paz total y la realidad sobre el terreno. Mientras los líderes de la Segunda Marquetalia negocian, en las zonas rurales del país continúan cometiendo atrocidades como el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes.

Resulta realmente irónico que, mientras el gobierno nacional invitó a una experta de las Naciones Unidas para investigar los problemas en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, con el supuesto objetivo de abordar las trampas y justificar una negociación con la Segunda Marquetalia, en Ocaña, Santander, la Defensoría del Pueblo, al enterarse del reclutamiento forzado de la niña campesina, en lugar de remitir el caso a las autoridades competentes para activar los mecanismos de búsqueda urgente, solo informó a los padres de la niña que no podía entregarles nada por razones de seguridad. De manera similar, la personería de Convención no solo falló en remitir el caso a la fiscalía, sino que tampoco proporcionó a los familiares de la niña una constancia de su denuncia ni activó las rutas de atención a las víctimas de reclutamiento forzado. Así, mientras se busca legitimación y se debaten los entramados políticos que involucran a la Segunda Marquetalia, parece que los niños campesinos no importan para las instituciones del Estado colombiano.

La niña campesina de 14 años reclutada forzosamente por la Segunda Marquetalia, enfrenta una situación de extrema vulnerabilidad debido a sus graves condiciones médicas. Diagnosticada con el síndrome de la articulación condrocostal de Tietze y bronquitis aguda no especificada, su salud requiere atención constante y especializada. Esta compleja situación médica agrava su sufrimiento físico y emocional, y hace evidente la brutalidad del reclutamiento forzado, que expone a los niños a un ciclo interminable de dolor y negligencia, desamparándolos en medio del conflicto.

La última vez que se tuvo noticia de la niña campesina fue el 9 de julio, cuando envió un último audio a sus padres. En ese conmovedor mensaje, la niña lloraba y les confesaba que estaba gravemente enferma y al borde de la desesperación, incluso mencionando que deseaba quitarse la vida debido a los severos maltratos que estaba sufriendo. Si la Personería y la Defensoría del Pueblo hubieran actuado con celeridad y remitido el caso a la Fiscalía General de la Nación, utilizando las comunicaciones de la niña, se podría haber intentado localizarla y ofrecerle asistencia urgente. Sin embargo, desde esa fecha, su paradero sigue siendo un misterio, sumiendo a sus familiares en estado de angustia extrema.

Es inconcebible que mientras se avanza en la negociación de la paz total, los reclutamientos forzados de niños, niñas y adolescentes se presentan casi a diario en varias regiones del país. La comunidad internacional y el gobierno colombiano deben enfrentar estas realidades de manera más contundente. La instalación de la mesa de negociación no puede ser una excusa para ignorar o minimizar las violaciones en curso. El proceso de paz debe ir acompañado de un compromiso real y efectivo para proteger a los más vulnerables y garantizar que los crímenes, como el reclutamiento forzado de menores, sean perseguidos y castigados con la máxima severidad.

En última instancia, la paz en Colombia no puede construirse sobre la base de concesiones a los grupos armados mientras se ignoran las atrocidades que siguen ocurriendo, como el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. La trágica historia de la niña campesina es una llamada de atención urgente para que el proceso de paz sea no solo un diálogo en los salones de negociación, sino una verdadera transformación de la realidad en las comunidades que han sufrido tanto.

Por: Sofía López, abogada y periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad y del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz

La historia de Valery Chilgueso y la lucha por la justicia

por Sofia LopezConflicto Armado, Ejecuciones Extrajudiciales, Género, Impunidad, Pueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

“Buenas tardes, Doctora Sofía. Habla Valery Chilgueso”. Con una voz de niña, pero con la elocuencia de una adulta, así saludó Valery en un mensaje de voz de WhatsApp, contándome cómo fue su reclutamiento forzado. Era evidente que la dinámica de la guerra le arrebató su infancia, enfrentándola a situaciones que ningún niño colombiano debería vivir. Continuó su relato explicando que la habían reclutado en las filas de la columna Urias Rondón mediante engaños. Señaló que desde que su hermano se fugó del grupo armado, la persecución contra la familia se hizo insostenible, clamando por ayuda: «Yo necesito ayuda, como me pueden colaborar, sinceramente esto se pasó a mayores, nos buscan ya la marquetalia, elenos, y necesitamos unas ayudas de ustedes, como nos pueden colaborar por favor, a mi madre, a mis hermanos, a mi familia». Envió el mensaje de voz cuando se encontraba en el hogar que le asignó el ICBF, donde fue discriminada por ser indígena y haber sido combatiente. Luego, en la última carta que le escribió a su madre, dijo: «Somos una desgracia para la familia, pero recuerda que por estudiar no pagan, y por eso tomamos esa decisión de irnos para donde usted ya sabe y queremos ayudarla. Nunca se olvide de mí y de mi hermano. Yo siempre la voy a apoyar, querer, amar y respetar. Si algún día llega a ocurrir algo conmigo, no intente lo que usted me dijo». Lo que Valery temía que ocurriera, sucedió. El 8 de marzo fue asesinada en un combate entre las estructuras de las EMC de las FARC y el ELN. Ella, menudita, con tan solo 14 años, a quien esta maldita guerra le arrebató su infancia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha adoptado la Resolución 34/2024, otorgando medidas cautelares a Valery Chilgueso y a Diana Montilla Moreno, abogada defensora de derechos humanos, así como a sus respectivos núcleos familiares. Esta decisión se adoptó por la gravedad y urgencia de la situación en la que se encuentran, con sus derechos a la vida e integridad personal enfrentando un riesgo de daño irreparable.

La medida cautelar evidencia el flagelo del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en el departamento del Cauca. Esta práctica, que constituye una grave violación a los derechos humanos, se ha visto exacerbada por la intensificación de la guerra en la región. Grupos armados ilegales han aumentado sus actividades de reclutamiento forzado, aprovechando la vulnerabilidad de las comunidades rurales, sumiéndolas en un ciclo de violencia y desplazamiento forzado interminables.

Además, también aborda la preocupante situación de seguridad de los abogados defensores de derechos humanos en el suroccidente colombiano. En el contexto actual, los defensores enfrentamos crecientes amenazas y hostigamientos por la realización de nuestra labor. El recrudecimiento del conflicto armado en Colombia ha intensificado los ataques y persecuciones contra  quienes buscamos el acceso a la justicia para la superación de la impunidad y la defensa de los derechos humanos.

En el 2021, cuando la menor indígena Valery Chilgueso Dagua, hija de Sonia Chilgueso, tenía 12 años, fue reclutada a la fuerza por estructuras de las EMC de las FARC. En agosto de 2023, Valery llegó herida al hospital de Pasto, donde pidió ayuda a la abogada defensora de derechos humanos Diana Montilla. Con la asistencia de Montilla, la menor fue remitida a un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Sin embargo, Valery fue discriminada por ser indígena y haber sido combatiente, y no fue escolarizada, razones por las cuales se fugó mientras estaba bajo custodia del ICBF. Mientras tanto en la ciudad de Pasto la abogada Diana Montilla empezó a sufrir seguimientos y hostigamientos por haber ejercido su labor de acompañamiento a la menor.

El 8 de marzo, Sonia Chilgueso recibió la noticia de que su hija había fallecido en un combate con el ELN en el municipio de Cumbitara, Nariño. El cuerpo sin vida de Valery permaneció a la intemperie durante aproximadamente tres semanas hasta que la familia, a través de la Corporación Justicia y Dignidad, presentó una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana. Su cuerpo fue trasladado a Medicina Legal de Cali, donde hasta la fecha no ha sido entregado a sus familiares.

El caso de Valery no es único, ya que su hermano, también menor de edad e indígena, fue reclutado forzadamente, aunque logró escapar de las filas de las EMC de las FARC y fue remitido al ICBF. Al igual que su hermana, se escapó del ICBF y se instaló en una zona rural del Cauca. Después de la desaparición de Valery, el menor y su madre, Sonia Chilgueso, empezaron a ser perseguidos por el grupo armado, sufriendo tres desplazamientos forzados en el Cauca antes de salir del departamento debido a la inminente materialización de las amenazas de muerte. Ante esta situación, la familia de Valery y la comunidad indígena exigen respuestas claras y acciones concretas por parte de las autoridades para esclarecer el caso y garantizar justicia para la menor y su familia, pero también protección integral en salvaguarda de su vida e integridad..

La Comisión Interamericana determinó que las personas beneficiarias de la medida cautelar están expuestas a amenazas graves, incluyendo ser declaradas objetivos militares, seguimientos por parte de grupos armados, desplazamientos forzados e intentos de secuestro. “Un caso particularmente preocupante es el de la hija de Sonia Chilgueso, cuyo paradero es desconocido y se teme que haya fallecido en un enfrentamiento entre grupos armados. Este caso ilustra la urgencia y gravedad de la situación”.

En respuesta a estos riesgos, la CIDH ha solicitado al Estado de Colombia que adopte las siguientes medidas:

  1. Implementar medidas necesarias y culturalmente adecuadas para proteger los derechos a la vida e integridad personal de las beneficiarias.
  2. Determinar la situación de V.C.D., hija de Sonia Chilgueso Dagua, cuyo paradero es desconocido.
  3. Concertar las medidas a adoptarse con las beneficiarias y/o sus representantes.
  4. Informar sobre las acciones adelantadas para investigar los hechos que dieron lugar a la medida cautelar y evitar su repetición.

«No te preocupes por mí, mamá, voy a estar bien», dijo Valery en su última carta a doña Sonia. «Te quiero mucho, te amo y gracias por tu cariño, comprensión y por apoyarme. Te amo de todo corazón. Cuídate mucho, madre. Te quiero un montón, madre«. Así se despidió una niña que jamás debió conocer la guerra ni morir asesinada en un combate. Los familiares de Valery esperan que, con la medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana, puedan al menos darle una sepultura digna a sus restos, que aún se encuentran en Medicina Legal.

«Que pare el reclutamiento, nosotras las mujeres no parimos hijos para la guerra».

Por: Sofía López Mera, abogada, defensora de derechos humanos y periodista de la Corporación Justicia y Dignidad.

Hallazgos y recomendaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de Colombia.

por Sofia LopezConflicto Armado, de órganos de control), Derecho a la alimentación, Derecho a la integridad personal, Derecho a la libertad, Derecho a la reunión pacífica, Derecho a la salud, Derecho a la vida, Derecho a las garantías judiciales, Derechos Humanos y Protesta Social, Desaparición forzada, Detención arbitraria, Detención en centros clandestinos o no legales, Ejecuciones Extrajudiciales, ejecutiva, Género, Homicidio, Impunidad, Pueblos y Territorios, Resistiendo al olvidoPublicado el No hay comentarios

Por invitación del presidente Gustavo Petro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita in loco en Colombia con el propósito de observar los impactos de las distintas formas de violencia en la situación de los derechos humanos. La delegación que condujo la visita estuvo liderada por la Presidenta de la CIDH, Comisionada Roberta Clarke; el segundo vicepresidente y Relator para Colombia, José Luis Caballero; los Comisionados Stuardo Ralón y Arif Bulkan, y las Comisionadas Andrea Pochak y Gloria De Mees, junto a la Secretaria Ejecutiva, Tania Reneaum, la Secretaria Ejecutiva Adjunta, María Claudia Pulido, la Jefa de Gabinete, Patricia Colchero, y especialistas de la Secretaría Ejecutiva. Así mismo, integraron la delegación los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Javier Palummo.

La delegación visitó la ciudad de Bogotá y los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. En dichos lugares, la CIDH se entrevistó con autoridades de los diferentes poderes del Estado y se escuchó a organizaciones de la sociedad civil, grupos indígenas y afrocolombianos, activistas, personas defensoras y con liderazgo social y comunitario, sindicatos y gremios empresariales, así como de partidos políticos. La CIDH también visitó algunos de los principales centros de reclusión del país.

En la rueda de prensa del viernes 19 de abril, la CIDH presentó sus observaciones preliminares destacando varios aspectos de la crítica situación de derechos humanos y humanitaria que padece Colombia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó que Colombia, un país caracterizado por desigualdades extremas y arraigada pobreza, enfrenta una compleja transformación socioeconómica en medio de prácticas históricas de racismo y discriminación de clases. La presencia de grupos armados delincuenciales en territorios vulnerables agrava esta situación, generando un clima de violencia que socava los derechos humanos en el país.

El acuerdo de paz de 2016, centrado en el abandono de armas, la justicia transicional y el dejar las economías ilegales, se percibía como un punto de inflexión hacia una sociedad más justa e incluyente. Sin embargo, la implementación de estas acciones ha enfrentado  obstáculos significativos, incluida la persistencia de la violencia contra firmantes de paz,  defensores de derechos humanos y líderes sociales.

Las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras, así como el pueblo ROM, han sido sistemáticamente excluidas. Además, el patriarcado ha instaurado una jerarquía de género que subyuga a mujeres, adolescentes, niñas y personas LGBTI. Esta discriminación se agudiza al entrelazarse con factores económicos, fortaleciendo así la exclusión social y política.

En las áreas habitadas principalmente por comunidades étnicas, persisten una serie de problemas graves, como asesinatos, amenazas a líderes y lideresas, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, y un aumento en la extorsión y el secuestro. La presencia y control territorial de los grupos armados han llevado a situaciones de resistencia, confinamiento y desplazamiento interno de la población, lo que representa una crisis que amenaza la identidad cultural y la supervivencia de estas comunidades

Las mujeres y personas LGBTI, especialmente aquellas pertenecientes a comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas con discapacidad o en situación de movilidad, continúan siendo víctimas de violencia sexual y reproductiva en las áreas rurales bajo control de grupos armados.

A pesar de que  a pesar de que los grupos étnicos, mujeres y población LGBTI sufren de manera desproporcionada los impactos de los conflictos, siguen siendo excluidos de manera sistemática de participar equitativamente en los procesos de paz y en la gobernanza. Además, enfrentan mayores barreras para acceder a la educación, la tierra y otros recursos productivos.

La raíz del conflicto armado en Colombia, así como de las recientes manifestaciones masivas en 2019, 2020 y 2021, reside en la desigualdad y la discriminación arraigadas en el país. En muchos territorios rurales, el Estado tiene una presencia mínima, lo que resulta en la falta de seguridad, servicios sociales, acceso a la educación e infraestructuras básicas. Los grupos armados aprovechan esta vulnerabilidad para reclutar principalmente a niñas, niños y adolescentes.

El conflicto armado en Colombia, desideologizado y centrado en economías ilícitas como la minería ilegal y el tráfico de drogas y de personas, ha generado violencia indiscriminada, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, y desplazamiento interno masivo. La falta de presencia estatal en zonas rurales profundiza la inseguridad y la exclusión.

Además, la crisis humanitaria se agrava con el flujo masivo de personas en movimiento, incluyendo venezolanos, haitianos, ecuatorianos y personas de otros países fuera de la región, lo que incrementa el riesgo de trata de personas, explotación sexual y otras formas contemporáneas de esclavitud.

A pesar de los avances en la implementación del acuerdo de paz, no existe una efectiva coordinación entre entidades gubernamentales para la ejecución de las medidas acordadas. Es necesario priorizar la participación efectiva de las comunidades étnicas en la implementación y garantizar la protección de los derechos de quienes participan en el proceso de paz.

La continuidad de estos problemas se atribuye a la impunidad sistemática, que implica una falta de diligencia en las investigaciones y una falta de identificación y sanción de los responsables intelectuales incluso cuando hay condenas. La impunidad sistemática en Colombia supone un obstáculo significativo para la justicia y la superación de violaciones de derechos humanos. Es fundamental fortalecer la coordinación entre autoridades y garantizar una investigación y sanción efectivas de los responsables de violaciones de derechos humanos.

Además, la Comisión Interamericana visitó centros de detención y observó condiciones inaceptables a pesar de los esfuerzos para tratar a la población penitenciaria.

Los testimonios recopilados de diversas regiones del país reflejan la angustia, la incertidumbre y el sufrimiento que experimentan frente a la violencia reinante, la imposición del dominio territorial por parte de grupos armados y la convivencia forzada con ellos. Todo esto se desarrolla en un contexto de abandono histórico por parte del Estado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado de Colombia lo siguiente:

  • Desarrollar políticas redistributivas que garanticen el acceso pleno a los derechos y disminuyan la desigualdad en Colombia.
  • Cumplir con la obligación internacional de proteger la vida y la integridad de las personas en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas donde se hayan decretado ceses al fuego bilaterales, alineando las nuevas negociaciones con grupos armados a la ruta establecida en el acuerdo de paz de 2016.
  • Priorizar el debate constructivo y los consensos en el Congreso para la aprobación de leyes necesarias para la implementación del acuerdo de paz, incluyendo la reforma a la ley de víctimas.
  • Exhortar a la fiscalía general de la nación y al poder judicial a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de Derechos Humanos.
  • Fortalecer la coordinación entre autoridades nacionales, departamentales y municipales, garantizando la participación efectiva de las comunidades en el desarrollo de proyectos productivos, infraestructura, acceso al agua, construcción de vías de comunicación y oferta de alternativas para todas las personas, especialmente la juventud.

La CIDH espera que el Estado y la sociedad en su conjunto pueden lograr los acuerdos sociales y políticos necesarios para impulsar las transformaciones que permitan alcanzar la paz y garantizar la vigencia de los Derechos Humanos en Colombia. Reconociendo que esto requerirá de un compromiso firme con el diálogo participativo y el respeto a los derechos humanos en todas las esferas de la sociedad colombiana.

Por: Sofía López Mera, abogada y periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad.

Día de la Tierra Palestina: una urgente súplica para detener El Genocidio.

por Sofia LopezEjecuciones Extrajudiciales, Género, Impunidad, Pueblos y Territorios, Resistiendo al olvidoPublicado el No hay comentarios

El origen del Día de la Tierra Palestina, celebrado cada 30 de marzo, se remonta a las movilizaciones palestinas contra la expropiación de tierras por parte del gobierno israelí en 1976. En esa fecha, la sociedad palestina convocó una huelga general en protesta por el continuo robo de sus tierras por parte de Israel. El 30 de marzo de 1976, el Ejército israelí asesinó a siete jóvenes palestinos que participaban en manifestaciones para detener la confiscación de 2,100 hectáreas de tierras palestinas con el propósito de construir colonias para judíos y un campo de entrenamiento militar.
Desde entonces, cada 30 de marzo se conmemora la lucha del pueblo palestino plantando un olivo como símbolo de reivindicación de sus derechos legítimos sobre la Tierra Palestina y su derecho al retorno. Sin embargo, hoy, después de 48 años, en Palestina se está perpetrando el genocidio más sangriento, con cifras escandalosas que evidencian el poder de Israel y Estados Unidos para llevar a cabo esta barbarie ante una humanidad espectadora e impotente, y una comunidad internacional incapaz de detener el horror.
Durante los casi seis meses en los que Israel ha declarado su guerra contra Hamas, se ha orquestado un genocidio que podemos observar en tiempo real a través de las redes sociales, con las siguientes cifras:
• 2,848 masacres cometidas por el ejército de ocupación israelí contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza y Cisjordania.
• 39,226 personas entre asesinadas y desaparecidas.
• 32,552 personas asesinadas que llegaron a los hospitales.
• 14,280 niños asesinados.
• 27 niños muertos por inanición.
• 9,340 mujeres asesinadas.
• 364 personas asesinadas del personal médico.
• 48 personas asesinadas de la Defensa Civil.
• 136 periodistas asesinados.
• 7,000 personas desaparecidas, el 73% de las cuales son niños y mujeres.
• 74,980 personas heridas.
• 11,000 personas heridas que necesitan ser trasladadas a otros países para recibir tratamiento.
• 17,000 niños en estado de orfandad.
• 10,000 pacientes con cáncer enfrentan el riesgo de muerte.
• 700,000 pacientes con enfermedades infecciosas.
• 8,000 casos de infección por hepatitis viral.
• 60,000 mujeres embarazadas en riesgo.
• 350,000 pacientes con enfermedades crónicas sin control y tratamiento adecuado.
• 269 personas secuestradas del personal de salud.
• 12 periodistas secuestrados.
• 2 millones de desplazados.
• 100 escuelas y universidades quedaron completamente destruidas.
• 305 escuelas y universidades parcialmente destruidas.
• 224 mezquitas completamente destruidas.
• 290 mezquitas parcialmente destruidas.
• 3 iglesias atacadas y destruidas.
• 70,000 viviendas quedaron completamente destruidas.
• 290,000 viviendas parcialmente destruidas.
• 70,000 toneladas de explosivos arrojados por Israel.
• 32 hospitales fuera de servicio.
• 53 centros de salud fuera de servicio.
• 155 instituciones de salud parcialmente atacadas.
• 126 ambulancias destruidas.
• 200 sitios arqueológicos y patrimoniales destruidos.
• Un total de 130 trabajadores humanitarios de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) han sido asesinados.
Durante el mes de marzo, las tropas israelíes incursionaron en los alrededores del Hospital Al-Shifa en Gaza, dejando destrucción y devastación a su paso, además de enfrentar denuncias escandalosas sobre violencia sexual. Según la cadena de televisión Al Jazeera, varios testigos presenciales han relatado que los soldados israelíes «secuestraban, violaban y ejecutaban a mujeres en las inmediaciones del hospital”. El uso de la violencia sexual contra las mujeres palestinas es una parte integral de la historia política del estado sionista desde su fundación en 1948. Historiadores como Ilan Pappé han documentado que, durante la fundación del estado de Israel, el ejército participó en numerosas violaciones, tanto en grupo como individuales, contra mujeres palestinas. En este contexto, se destaca la trágica historia de una joven palestina que fue secuestrada y violada en el Néguev por unos 20 soldados israelíes, como parte de una celebración, y que terminó con su asesinato.
El Consejo de Seguridad de la ONU emitió el lunes 13 de marzo una resolución que solicita un alto al fuego durante el mes de Ramadán, que comenzó el 11 de marzo. También exige la liberación de 130 rehenes secuestrados en Israel y retenidos en Gaza, además de hacer hincapié en la necesidad urgente de permitir que una amplia ayuda vital llegue a la población hambrienta del enclave asediado. El Consejo de Seguridad reiteró su exigencia de que se eliminen todos los obstáculos que dificultan la prestación de asistencia humanitaria a gran escala, en consonancia con el derecho internacional humanitario y las resoluciones 2712 (2023) y 2720 (2023).
Sin embargo, los bombardeos han continuado y el genocidio no se detiene. Apenas 24 horas después de la decisión del Consejo de Seguridad que ordenaba el cese al fuego, el ejército de Israel llevó a cabo bombardeos aéreos en Rafah. Las excavadoras israelíes han destrozado la infraestructura en Jenin, en Cisjordania, y la cifra de asesinatos, desapariciones y heridos ha seguido aumentando. «Necesitamos debilitar al ejército en Rafah. Hay que atacar cuando estén cansados y débiles, hay que romperles los huesos. Durante el ayuno del Ramadán es el mejor momento para matarlos, no sentirán compasión por ellos», expresó Almog Cohen, político sionista del parlamento y miembro del partido «Poder Judío», liderado por el Ministro de Seguridad Nacional de Netanyahu. Por su parte, el ex jefe del Estado Mayor del ejército de Israel, Moshe Yalon, señaló: «Netanyahu está dispuesto a sacrificar a los secados por intereses políticos, e Israel está experimentando la crisis más peligrosa desde su fundación». El Ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, indicó que «La decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es antisemita y su Secretario General también lo es, y eso solo alienta a Hamás». Por otro lado, el presidente Gustavo Petro manifestó en redes sociales que, debido a que Israel no acató la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, Colombia romperá relaciones diplomáticas con dicho país.
¿Qué espera el mundo para detener el genocidio en Palestina? Seguimos siendo espectadores de la barbarie. Hoy, en el Día de la Tierra de Palestina, es urgente que se detenga el genocidio y se libere a Palestina.

Por: Sofía López Mera, abogada y periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad.

VIOLENCIA DE GENERO INSTITUCIONALIZADA EN EL CAUCA

por Sofia LopezCauca, GéneroPublicado el No hay comentarios

Por: Corporación Justicia y Dignidad

En el departamento del Cauca está institucionalizada y normalizada la violencia contra las mujeres. No obstante, las paredes de la ciudad de Popayán gritan dicha problemática, en tanto que las autoridades callan, encubren e instauran impunidad.

El docente Milton Javier López de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Cauca, viene siendo señalado, desde hace años atrás, de infligir violencia sexual contra estudiantes de dicha facultad. Él, señala que las denuncias por delitos sexuales son producto de la persecución por haber destapado el escándalo de corrupción en la alteración de notas para obtener títulos de grado, pero lo cierto es que las estudiantes siguen manifestando ser intimidadas sexualmente y posteriormente amenazadas con ser denunciadas si acuden a la administración de justicia. Nuestra organización conoció al menos el testimonio de dos estudiantes que manifestaron ser acosadas sexualmente por el docente, quien les indicó que no podrían realizar la denuncia ya que carecían de pruebas, y, por el contrario, su denuncia por injuria y calumnia sí prosperaría. Las autoridades administrativas de la Universidad del Cauca no adelantan ningún tipo de acompañamiento a las víctimas para poner fin a este flagelo. Lo único que ha prosperado es una acción de tutela en su contra por el uso de palabras soeces y con doble sentido en un examen prepratorio. Dado este estado de cosas, las paredes seguirán haciendo la denuncia contra el docente al que señalan como violador.

Por otro lado, la violencia contra las mujeres en política constituye una de las principales barreras para su acceso y permanencia en espacios de liderazgo, representación y toma de decisiones. “Mamá Carmen”, así le llaman a la lideresa indígena Carmen Eugenia Gembuel Quiguanas, quien es proveniente del territorio Misak de la María, Piendamó, y que fue elegida el 10 de agosto de 2021 como Consejera Mayor y Representante Legal del Consejo Regional Indígena del Cauca. Durante su periodo como autoridad indígena padeció todo tipo de violencias que constituyen lo que se ha denominado la Violencia Política contra las mujeres. A nivel interno y externo tuvo que enfrentar grandes obstáculos para el ejercicio de sus funciones como dirigente que muy seguramente un hombre no hubiera padecido. Fue tal la persecución por su condición de mujer lideresa, que, hasta el último día en ejercicio de su cargo, comuneros indígenas al mando de líder Misak, Enrique Yalanda, cerraron las vías de acceso al Resguardo la María para impedir el ejercicio de entrega a la nueva consejería del CRIC, muchas de estas acciones vinieron acompañadas de amenazas y mantienen a la dirigente en una grave condición de seguridad.

 

Narly Gómez Jiménez, fue desaparecida forzadamente el día 27 de enero de 2020 y la última persona que estuvo con ella fue su excompañero sentimental y padre de su hija, el militar, Ever Yobany Muñoz Imbachí. Ever Yobany era soldado profesional adscrito al Grupo de Caballería Liviano Meteoro, quien meses antes había sido denunciado por los delitos de violencia sexual y violencia intrafamiliar. La fiscalía 7 especializada, Martha Liliana Cerón, en el marco del proceso penal adelantado por el delito de desaparición forzada se negó a recaudar elementos de prueba a fin de solicitar la captura del presunto responsable. Hoy, en una situación sin esclarecer, ante el Juzgado 4 penal especializado a cargo del doctor Darío Cajas, se presiona a las víctimas para que asistan a una diligencia de preclusión y archivo de la investigación a favor del militar. La señora Ruby Muñoz y demás hermanos del militar, que participaron en los hechos de la desaparición forzada y tal vez del feminicidio, no han sido vinculados al proceso penal, y en el municipio de la Sierra alardean saber del paradero de la víctima y amenazan de diferentes formas a los familiares que buscan. ¿Dónde está Narly? rezan varios carteles y fotografías sostenidos por familiares y amigos que hacen plantones en el parque Caldas de la ciudad de Popayán exigiendo el regreso de Narly a casa.

En febrero de 2022, la Corte Constitucional, en una sentencia histórica, la C-055 de 2022, despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. Pero las mujeres indígenas del Cauca que se encuentran afiliadas la Asociación Indígena del Cauca EPSI- AIC EPSI-, dependen de la decisión de las autoridades tradicionales de sus resguardos para que autoricen la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), y en la mayoría de los casos, su derecho es negado. La AIC manifiesta que tienen una resolución interna, la resolución 050 de 2020 que supedita la decisión de la IVE a la decisión de los gobernadores de los cabildos indígenas por encima de la decisión de las mujeres. La sentencia T-158 de 2023 de la Corte Constitucional en una postura bastante ambigua  profirió por su parte: “ORDENAR a la AIC EPSI que, por medio de su Junta Administradora, adecúe la Resolución 050 de 2020, con el fin de que dicha normativa prevea que la decisión de la autoridad ancestral indígena frente a la solicitud de IVE: (i) no podrá desconocer el componente básico de la IVE, constituido por las tres circunstancias excepcionales previstas por la Sentencia C-355 de 2006 para llevar a cabo ese procedimiento; (ii) deberá valorar y ponderar las razones que expongan las comuneras indígenas para solicitar la IVE hasta la semana 24 de gestación en ejercicio de su autonomía reproductiva, teniendo en cuenta los deberes constitucionales de protección de la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes y, a su vez, de protección gradual e incremental del bien jurídico de la vida en gestación, como se indicó en la Sentencia C-055 de 2022, y (iii) deberá justificar de manera razonada y suficiente la aprobación o negación de la IVE, sin perjuicio de que, dentro de un término prudencial y perentorio, se exploren y adopten medidas alternativas a dicho procedimiento, con el consentimiento previo e informado de la solicitante”. Para las mujeres que laboran en la AIC-EPSI y los diferentes programas del CRIC el tema IVE sigue siendo un tema vedado y se solidarizan desde la clandestinidad con las mujeres indígenas que enfrentan esta situación. Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas son flagrantemente negados en el Cauca mientras esté vigente la Resolución 050 de 2020, por eso exigen la derogación inmediata de dicha normatividad.

 

La Fiscalía Tercera, adscrita al Centro de Atención de Violencia Intrafamiliar de Popayán, radicó el 8 de noviembre de 2022 el escrito de acusación en contra Jaime Andrés Bonilla, Personero de la Ciudad de Popayán por los delitos de violencia intrafamiliar agravada que impartió el acusado en contra de su hija y la madre de su hija. Según información suministrada por el portal “Cuestión Publica”, Jaime Andrés Bonilla también tiene dos denuncias, una de ellas ya conciliada, por maltrato contra dos de sus excompañeras sentimentales. Además, cumplió una condena por homicidio culposo. No se entiende como una persona con este prontuario criminal fue elegida en marzo de 2022 como Personero Municipal por parte del Concejo de Popayán. Corresponde al personero municipal en cumplimiento de sus funciones de Ministerio Público la guarda y promoción de los derechos humanos. Es evidente que, con los antecedentes criminales del Personero Jaime Andrés Bonilla, los derechos humanos de las mujeres en Popayán no se encuentren salvaguardados.

Que sigan hablando las paredes en Popayán, que denuncien lo que a las mujeres Caucanas se les obliga a callar, mientras tanto las autoridades seguirán callando, encubriendo e instaurando impunidad.

Objeción de conciencia frente a una justicia misógina que instaura impunidad.

por Sofia LopezGénero, ImpunidadPublicado el No hay comentarios

El aparato judicial del Estado, compuesto por la Fiscalía y la Rama Judicial, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente aquellos relacionados con la violencia contra la mujer y de género presentan graves falencias. Este sistema se erige sobre la premisa simplista de la «verdad procesal» como fundamento de su concepto de «justicia». Sin embargo, esta verdad procesal, en la mayoría de los casos, no representa la verdad real, ya que se construye mediante la técnica de la mercantilización judicial o del testimonio, como señala el Sacerdote Jesuita Javier Giraldo Moreno. En realidad, esta práctica no es más que la manifestación de diversos tipos de corrupción en el proceso judicial. Esta discrepancia genera un abismo entre la llamada «verdad» procesal y la verdad efectiva. En este contexto, se evidencia la fragilidad de un sistema judicial cuyas decisiones son fundamentadas en una verdad procesal que, no garantiza una administración de justicia justa e imparcial y más bien se convierte en un terreno propicio para la corrupción y la falta de integridad en el proceso judicial.

La justicia colombiana para identificar y castigar a aquellos que perpetran violencia contra las mujeres no es eficaz ya que existe un patrón generalizado de impunidad. En cambio, parece estar orientada hacia la repetición constante y sistemática de las mismas conductas criminales. En nuestra experiencia legal, hemos sido testigos directos de procesos judiciales que involucran señalamientos, estigmatización, revictimización por parte de los órganos judiciales en perjuicio de las mujeres que buscan justicia frente a hechos violentos.

Hoy, en la conmemoración de los 4 años de la desaparición forzada de Nárly Gómez Jimenes, reafirmamos que la justicia colombiana, que se basa en establecer verdades procesales en lugar de verdades efectivas, se transforma en este caso en una justicia misógina que perpetúa la impunidad. Frente a esta lamentable situación judicial, familiares de las víctimas y abogadas han presentado la declaratoria pública de objeción de conciencia, apelando a la justicia popular y la censura moral contra los responsables y el sistema judicial.

Nárly Gómez Jiménez, fue desaparecida forzadamente el día 27 de enero de 2020 y la última persona con quien fue vista fue su excompañero sentimental y padre de su hija, el militar Ever Yobany Muñoz Imbachi en zona rural de Popayán. Ever Yobany era soldado profesional adscrito al Grupo de Caballería Liviano Meteoro.

El 27 enero de 2020, Nárly y su menor hija se trasladaron a un colegio para realizar diligencias de matrícula para la menor. Posteriormente y por averiguaciones de la familia se supo que Nárly, el militar y su hija se trasladaron a una zona rural a ver unos lotes. La niña manifestó que el día de los hechos su papá se había ido con su mamá y que la dejó encerrada en una casa de paredes de tierra y luego llegó sólo y con los brazos manchados de sangre. Otros testimonios que obran en el proceso penal indican que la pareja bajó discutiendo en dirección a un río y que de regreso el militar subió mojado, sin camisa y bastante asustado. Posteriormente el militar se trasladó en una camioneta alquilada y en un campero, hasta el corregimiento de Guachicono del municipio La Vega, junto a su hermana Ruby Muñoz, en este lugar, pretendieron regalar a la niña a unos familiares, quienes no quisieron recibirla porque no tenía autorización de Nárly. Por ello, la niña fue dejada donde la madre del militar, posteriormente la señora les entregó la menor a los familiares de Nárly.

El día el 22 de abril de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares, tras considerar que Nárly y sus familiares se encuentran en situación de extrema gravedad e instó al Estado colombiano a actuar inmediatamente ordenando medidas para dar con su paradero.

Desde el 16 de diciembre de 2019, ante la fiscalía, Nárly ya había denunciado al militar sobre la violencia intrafamiliar de la que venía siendo víctima, nadie protegió a Nárly a pesar de que ella denunció oportunamente, y Nárly finalmente se encuentra en situación de desaparición forzada.

Los allegados de Nárly han llevado a cabo acciones de investigación y de búsqueda de manera independiente en las zonas rurales de Timbío y Rosas, sin el respaldo institucional, contando con el apoyo solidario de residentes locales, amigos y líderesas sociales. La Fiscalía 1 Especializada y la Fiscalía 7 Especializada tardaron nueve meses en emitir una orden de captura contra el presunto responsable. Más tarde, informaron que el militar en cuestión habría fallecido en circunstancias misteriosas en el departamento del Huila.

Los familiares de Nárly solicitaron pruebas de ADN para la identificación efectiva del militar pero la Fiscalía 1 Especializada ha estado presionando desde diciembre de 2021 para la preclusión y archivo del caso. Existe preocupación de que, con el cierre de la investigación, se detengan las labores de búsqueda adicionales.

El director seccional de fiscalías nunca envió el caso a una fiscalía destacada en género o a una unidad para violaciones a los derechos humanos. Las búsquedas institucionales de Nárly por parte de las autoridades judiciales se limitaron a formatos digitalizados y promesas de diseño de rutas que nunca se materializaron. Los familiares continúan la búsqueda de Nárly sin el respaldo institucional.

En el transcurso del acompañamiento legal de este caso, se han evidenciado diversas afrentas. Entre ellas, se destaca la actitud despectiva de un investigador de la policía judicial, quien expresó su negativa a realizar labores de búsqueda en la zona rural alegando que se le ensuciarían las botas. Asimismo, se registró la solicitud por parte del director seccional de fiscalías a los familiares de Nárly para que evitaran contactar a los funcionarios de la policía judicial, argumentando que generaban estrés.

Sin embargo, la omisión más significativa recae en el incumplimiento de la orden de captura por parte de las fiscales Martha Liliana Cerón y Paula Andrea Salamanca Carrasquilla. Estas fiscales, actualmente, buscan precluir y archivar de manera insistente la investigación contra el militar responsable de la desaparición forzada de Nárly, justificando dicha acción en la supuesta muerte del militar.

 

Instituciones como la Cancillería, Medicina Legal y la Fiscalía han omitido compartir los resultados de las pruebas de ADN necesarios para la identificación del militar. Mientras tanto, en el municipio de la Sierra, hay testimonios de personas que aseguran haber visto al militar visitando a sus familiares, lo que genera aún más preocupación e incertidumbre en torno a la situación.

Frente a la instauración de la impunidad en este grave caso de violencia contra la mujer, los familiares y abogadas de Nárly se han declarado en objeción de conciencia por las acciones de la fiscalía y el juzgado cuarto especializado itinerante de Popayán. No participarán en las diligencias judiciales de archivo y preclusión, ya que consideran que constituyen impunidad y una burla, además de ser un proceso de revictimización contra los familiares. La Constitución colombiana de 1991 protege la libertad de conciencia, permitiendo que cada individuo se abstenga de actuar en contra de su conciencia. Aunque la justicia colombiana pueda parecer misógina, la sociedad payanesa no lo es.

Por esta razón, hoy familiares de las víctimas, organizaciones sociales y de mujeres y ciudadanía en general nos encontramos en la casa de la moneda en un plantón, en donde se realizarán actividades de muralismo y olla comunitaria en conmemoración de los 4 años de la desaparición forzada de Nárly Gómez Jiménez, exigiendo Justicia.

Por: Sofía López Mera, abogada y periodista de la Corporación Justicia y Dignidad

#25N Colombia: Un Llamado Urgente para Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres.

por Sofia LopezGéneroPublicado el No hay comentarios

Por: Sofía López Mera, Abogada Defensora de Derechos Humanos y Periodista de la Corporación Justicia y Dignidad.

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en memoria de las hermanas Mirabal, también conocidas como Las Mariposas, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del dictador dominicano, Rafael Trujillo (1930-1961).

En 1979, la ONU consiguió la aprobación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Sin embargo, la violencia contra mujeres y niñas continuó (y continúa) siendo un grave problema a nivel mundial, por lo que se precisaba una normatividad concreta en este aspecto.

Por esta razón, la ONU también emitió en 1993 una resolución que incluye la emblemática «Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer«, sentando las bases para un futuro libre de violencia de género.

En el ámbito de la concienciación, la Asamblea General de la ONU adoptó en el año 2000 la resolución que designaba el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y ONGs a tomar cartas en el asunto y coordinar actividades todos los años sobre esta fecha para hacer conciencia pública.

La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo la violación de los derechos humanos más extendida de todo el mundo. Según datos de la ONU se estima que 736 millones de mujeres —casi una de cada tres— han sufrido violencia física o sexual por parte de la pareja, violencia sexual fuera de la pareja, o ambas formas, al menos una vez en su vida. Más de cuatro de cada cinco mujeres y niñas (el 86%) viven en países sin una sólida protección legal o en países que no disponen fácilmente de los datos. Ningún país en el mundo está cerca de erradicar la violencia infligida por la pareja.

El Instituto Nacional de Salud de Colombia en su informe del primer semestre de 2023 concluyó que: La violencia de género e intrafamiliar afecta principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes, en cualquier etapa de la vida y se presenta a lo largo y ancho del territorio nacional, que la vivienda es el escenario donde ocurre con más frecuencia la violencia de género e intrafamiliar y que los agresores mayormente implicados en estos actos son de tipo familiar, quienes pueden acercarse más fácilmente a las víctimas al ser sus cuidadores o sus familiares y compartir el mismo espacio.

La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado al Gobierno Nacional informando que tan solo entre enero y el 5 de mayo de este año se reportaron 213 feminicidios, siendo Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca las regiones con más casos registrados.

Asimismo, cifras de Medicina Legal señalan que entre enero y el 31 de mayo de 2023 se registraron 19.606 eventos de violencia intrafamiliar contra mujeres, se practicaron 8.511 exámenes médico legales por presunto delito sexual y que a la línea de casos de violencia no fatal contra las mujeres llegaron, en el primer trimestre de 2023, cerca de 18.294 reportes.

El observatorio de feminicidios indica que actualmente, el 82,9 % de los casos de violencia de género se encuentran en etapa de indagación preliminar en la Fiscalía, mientras que solo el 0,8 % se encuentra en juicio, lo que evidencia el alto nivel de impunidad y de falta de celeridad de las autoridades para enfrentar ese tipo de delitos.

Con la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026) fue declarada en Colombia la emergencia por violencia de género, que se supone que activa una serie de herramientas legales para que las autoridades y la Rama Judicial puedan enfrentar la ola de feminicidios y violencia contra las mujeres en el país.

El artículo 342 declara la emergencia por violencias basadas en género y establece acciones para que las entidades, dependencias y autoridades del sector público incluyan en el marco de sus programas planes, proyectos y políticas públicas, con el fin de proteger a las mujeres del país.  En el marco de esta declaratoria se ordena:

  • Crear cuerpos élite en las Fuerzas Militares y de Policía con formación en violencias basadas en género para atender a las mujeres y prevenir las violencias. Las autoridades competentes deberán convocar al menos un consejo de seguridad por violencias basadas en género (VBG) en el territorio nacional.
  • Capacitar con enfoque de género a los funcionarios de la Rama Judicial y demás entidades que tienen a su cargo la atención de mujeres víctimas de violencias para que cuenten con procedimientos expeditos y eficaces para la protección, atención y estabilización de las víctimas y demás medidas previstas en la ley.
  • Priorizar presupuestos y disponer todos los medios administrativos para prevenir, atender, investigar y sancionar las violencias contra las mujeres, así como para fortalecer los programas de asistencia legal y de salud mental que brinden orientación, asesoría y representación jurídica gratuita inmediata y especializada a mujeres víctimas de violencias y en riesgo de feminicidio.
  • Instalar una mesa intersectorial liderada por la Consejería Presidencial para la Equidad de las Mujeres que tendrá que reunirse al menos cuatro veces al año, con participación obligatoria de los ministerios y entidades, con el fin de tomar medidas inmediatas y efectivas para la prevención y reacción oportuna de la situación estructural de violencia que se vive en el país.
  • Generar acciones para diseñar y activar efectivamente las rutas y protocolos de atención, independientemente de la instauración de la denuncia, de manera que las víctimas puedan acceder a la protección y atención integral y que las entidades competentes se vinculen y actúen con celeridad.
  • Crear, en coordinación con el Sistema Nacional de Registro, Monitoreo y Seguimiento de las Violencias Basadas en Género, unidades de apoyo multidisciplinario y atención permanente, así como un seguimiento individualizado de cada caso para desarrollar acciones en el marco de la debida diligencia, a fin de evitar y prevenir este tipo de violencias y la violencia feminicida.
  • Generar una campaña nacional de pedagogía que genere conciencia social sobre la prevención de la violencia contra las mujeres, la importancia de generar espacios seguros para las mujeres que además informe sobre los canales y rutas de atención a través de medios públicos y privados, digitales, radiales y televisivos.
  • Diseñar e implementar estrategias de movilización social para la prevención de violencias contra las mujeres con las organizaciones de la sociedad civil, para potenciar la prevención de las violencias, la sanción social de su ocurrencia y la confianza de las víctimas para romper los ciclos de violencia que enfrentan.
  • Construir unidades de atención primaria para la salud mental de las mujeres víctimas de violencias basadas en género, así como el diseño e implementación de programas y acciones de promoción en salud mental y prevención del trastorno mental con enfoque de género e interseccional.

A pesar de los esfuerzos gubernamentales para erradicar este flagelo, Colombia está lejos de eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, debido a la persistencia de patrones patriarcales arraigados en la sociedad, exacerbados por desigualdades económicas generadas por el sistema de consumo. Estos patrones patriarcales, enraizados en el sistema económico, dificultan el cambio al perpetuar roles de género desiguales. Además, la falta de conciencia social y política sobre este fenómeno impide la implementación efectiva de medidas transformadoras para lograr un cambio significativo.

 

Dia Internacional de la Mujer y la Mujeres en Colombia exigimos que se nos respete el derecho a la vida

por Sofia LopezGéneroPublicado el Los comentarios están desactivados

Por: Sofía López Abogada defensora de Derechos Humanos de la Corporación Justicia y Dignidad.

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer declarado por la Organización de Naciones Unidas en el año 1975, se ha relacionado desde sus inicios con las luchas de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos. El Día Internacional de la Mujer tiene sus raíces en el movimiento obrero de mediados del siglo XIX, en un momento de gran expansión y turbulencias en el mundo industrializado, en el que la mujer comenzó a alzar cada vez más su voz y exigir sus derechos. Las mujeres rusas se declararon en huelga por las consecuencias de la guerra, salieron a las calles y demandaron: “pan y paz”. A partir de estas movilizaciones, avanzó y triunfó la Revolución de Febrero y se les concedió el derecho al voto. Año tras año, en la fecha 8 de marzo, siguen reuniéndose las luchas y las consignas de los movimientos de mujeres de diferentes lugares del mundo.

Esta vez, como mujeres que defendemos los derechos de las mujeres, conmemoramos este 8 de marzo de 2023 con una consigna “Tenemos Derecho A La Vida”. Las cifras de violencia contra las mujeres en Colombia son aterradoras, feminicidios, homicidios, violencia sexual, y otros tipos de violencia son la constante.

Según la Fiscalía de la Nación entre enero y octubre de 2022 se denunciaron 588 feminicidios en Colombia. Bogotá, Valle y Antioquia son los departamentos que registraron más casos. La Fiscalía y otras instituciones, como Medicina Legal, han identificado que en la mayoría de los asesinatos a mujeres hay un patrón de sevicia que cada vez es más frecuente. Por su parte la impunidad sobre casos de violencias basadas en género es casi del 90 por ciento. La procuraduría ha priorizado 659 casos reportados como urgentes de esclarecer para evitar más riesgos sobre las víctimas acreditadas y velar porque se garantice el debido proceso en los casos de violencia basada en género. También exhortó a las autoridades competentes a que en las investigaciones penales se cumpla con el principio de la debida diligencia y con la aplicación del enfoque de género.

El panorama del 2023 no es el mejor, la muerte está servida a diario en la mesa de las mujeres colombinas, nos asesinan nuestras parejas, nos asesinan en actos de la mal llamada limpieza social, nos asesinan como mecanismo de presión en negocios ilegales y legales, nos asesinan como mecanismo de venganza para nuestros familiares, nos asesinan en el marco del conflicto armado interno, nos asesinan con balas perdidas. A las mujeres colombianas nos asesinan en Colombia y por fuera de Colombia en modalidades de violencias basadas en género. La muerte no distingue edad, son asesinadas niñas, jóvenes, adultas y ancianas. No distingue modalidad, usan armas de fuego, armas blancas, golpes, nos incineran o nos envenenan. La muerte también llega a las mujeres que ejercen labores de liderazgo social para paralizar las reivindicaciones del movimiento social y popular.

Esta dramática situación llevó a las congresistas de la República a solicitar con carácter de Urgencia la Declaratoria de la Emergencia Nacional por Violencia de Genero ante el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez Mina en donde específicamente se les solicitó:

  • Crear un cuerpo élite en la policía con formación en violencias basadas en género para atender a las mujeres y prevenir las violencias.
  • Crear unidades judiciales con enfoque de género que cuenten con procedimientos expeditos y eficaces para la atención y la protección de las víctimas.
  • Instalar una mesa multidisciplinaria con participación de todos los ministerios y entidades estatales con el fin de tomar medidas inmediatas y efectivas para la prevención y reacción oportuna.
  • Activar las rutas y protocolos de atención independientemente de la instauración de la denuncia, de manera que las víctimas puedan acceder a la protección y atención integral.
  • Crear unidades de apoyo multidisciplinario y atención permanente, así como un seguimiento individualizado de cada caso para garantizar la ayuda y evitar riesgos de agresiones.

Las cifras de violencias contra las mujeres van en aumento siendo dramáticas y aterradoras, a la fecha el Gobierno Nacional no se ha pronunciado. Esta situación evidencia que no existe una política pública de protección a las mujeres en Colombia, no existe una entidad destinada a tal tarea, y las labores de acompañamiento no están articuladas, lo que conlleva al fracaso de cualquier intención de protección de los derechos de las mujeres.

La política de protección para las mujeres en Colombia está enmarcada en las leyes 1257 de 2008, Ley 1761 de 2015 y Ley 1719 de 2014, que no contemplan un enfoque interdisciplinario y se centran en el aumento de penas, penas, que no se aplican, dado los elevados índices de impunidad.

Como mujeres que defendemos los derechos de las mujeres exigimos que el Gobierno de Gustavo Petro emita la Declaratoria de la Emergencia Nacional de Violencia de Género solicitada desde el congreso de la república y se cumpla con el compromiso internacional adquirido mediante la Ley 248 de 1995 por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belem Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994. No queremos más mujeres asesinadas, ni violentadas, ni desaparecidas #NiUnaMas.

Durante el mes de enero y febrero de 2023, el observatorio de violencias de la Corporación Justicia y Dignidad ha registrado 56 casos entre homicidios feminicidios de mujeres en Colombia.

  1. En la madrugada del domingo 1 de enero en el sector del Valle del Ortigal, occidente de la ciudad de Popayán fue asesinada Lorena Medina Ordóñez. La mujer recibió varias heridas con arma blanca a la altura del tórax y falleció por la gravedad de las mismas, cuando era atendida en el hospital Susana López de Valencia. El supuesto responsable, conocido con el alias de “Quina”, fue capturado por las autoridades y puesto a órdenes de un juez con función de control de garantías.
  2. El domingo 1 de enero, una mujer identificada como Luisa María Colorado Valencia fue encontrada sin vida en un hotel de Armenia. La mujer de 29 años de edad había llegado al hotel, ubicado en la carrera 17 del sector del centro la noche del 31 de diciembre, y debido a que estuvo en silencio durante varias horas, uno de los empleados del hotel tocó la puerta de su habitación y al no recibir respuesta, abrió la puerta, encontrando la mujer sin signos vitales.
  3. El lunes 2 de enero, Gina Paola Bocanegra de 22 años fue asesinada por su expareja en inmediaciones del barrio Moravia de la ciudad de Medellín. Los hechos del asesinato quedaron registrados en las cámaras de seguridad del sector.
  4. El miércoles 4 de enero fue asesinada Mariela Reyes, lideresa social y dirigente del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos (SintraEmsdes) donde se desempeñaba como secretaria de la Mujer en la junta directiva sindical.  La mujer fue atacada en la espalda por un sicario en el barrio Morales Duque de Santander de Quilichao cuando visitaba a unos empleados en el sector. Tras ejecutar el hecho, el sicario huyó del sitio con ayuda de un motociclista.
  5. En la noche del miércoles 4 de enero, en una vivienda ubicada en el barrio El Palmar, en la comuna 4 de Barrancabermeja, Zuleyris Marielis Urriola Brizuela fue hallada con un disparo en su cabeza.
  6. En la madrugada del domingo 8 de enero se encontró al interior de una vivienda, en el barrio Villa del Prado al norte de Cali, el cuerpo sin vida de Yanet Patricia Arroyo, una mujer de 60 años que había sido reportada como desaparecida desde el 5 de enero.
  7. En la mañana del martes 10 de enero, en aguas del río Nechí en el Bagre Antioquia, fue encontrado el cuerpo en avanzado estado de descomposición de Alba Luz Pacheco Madrid de 36 años, víctima de feminicidio, quien se encontraba desaparecida desde el 4 de enero de 2023. Cuando la vieron por última vez discutía con un hombre en un billar en la zona urbana de este municipio.
  8. El domingo 8 de enero en una playa de la localidad turística de Marbella, en España, fue encontrado por la Guardia Civil española, el cuerpo sin vida de Natalia Mosquera oriunda de la ciudad de Cali. En una audiencia realizada el viernes 13 de enero ante una corte de Marbella, un colombiano detenido le confesó a la policía de ese país que decapitó y mató a su pareja de nombre Natalia Mosquera. El acusado de este caso de feminicidio aseguró que le cortó las manos a la mujer y después arrojó el cuerpo ya sin vida al mar.
  9. El domingo 8 de enero, en un “cambuche”, en la invasión conocida como Los Manguitos al suroriente de Fonseca, en La Guajira, dos sujetos en motocicleta asesinaron a una mujer identificada como Jenireth Andreina Pérez Landaeta. La comunidad enfurecida lincho a uno de los sicarios.
  10. Laura Isabel Ortiz Ávila, de 31 años, fue asesinada por sicarios cuando transitaba por la avenida Pedro Romero a la altura del barrio Las Palmeras, a las 6:50 de la tarde del jueves 12 de enero en Cartagena. Acompañantes de la mujer alcanzaron a trasladarla a una clínica, pero murió cuando recibía atención médica.
  11. El lunes 16 de enero fue asesinada la estilista Yared Carolina Pomares, quien recibió varias heridas por arma blanca frente a la iglesia cristiana Misión Boston, ubicada en el barrio Torices, a pocos metros de su casa, en la ciudad de Cartagena. La estilista habría sido agredida por su pareja sentimental, un peligroso fletero, con quien momentos antes había protagonizado una fuerte discusión en una fiesta.
  12. El martes 17 de enero, en la ciudad de Cali, Sandra Barona, intentó ayudar a su hijo para que no le robaran la motocicleta y los delincuentes le dispararon en la cabeza ocasionándole la muerte instantánea.
  13. El miércoles 18 de enero en Villavicencio, en una casa del barrio Prados de Mavicure, fue encontrado el cuerpo sin vida de la mujer trans y empresaria de 33 años María José Pérez Astros, presentaba una puñalada en el pecho.
  14. El viernes 20 de enero, en el centro de la ciudad de Medellín fue asesinada la profesora Érika Jesenia Cuadros de 32 años de edad, quien fue víctima de hurto por parte de dos jóvenes, de 18 y 17 años, quienes fueron capturados por la Policía.
  15. El domingo 22 de enero en la ciudad de Medellín ocurrió el asesinato de la manicurista Melissa Toro Álvarez, madre de una niña de 8 años, quién fue baleada cerca de la parroquia Divino Jesús de Praga. Su hija menor de edad fue testigo del asesinato de su madre y dio aviso a su abuela.
  16. El domingo 22 de enero ocurrió el feminicidio de Mariana Rueda Álvarez, de 25 años de edad, mientras se encontraba al interior de un vehículo, hasta donde llegó un hombre armado que disparó en su contra. Los hechos ocurrieron en la comuna 8, barrio Villa Hermosa, de Medellín, se presume que el hecho estaría relacionado con “situaciones de orden sentimental”, como indicó el último informe de la Secretaría de Seguridad de Medellín.
  17. El domingo 22 de enero, en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá, fue hallado el cuerpo de la joven DJ Valentina Trespalacios en una maleta dentro de un contenedor de basura. La fiscalía de Colombia capturó a John Poulos, un ciudadano estadounidense , pareja de la víctima. Ha sido un proceso judicial mediático en donde se ha revictimizado a Valentina y a su familia por parte de los medios de comunicación.
  18. El viernes 27 de enero, en una vivienda del municipio de Pitalito Huila, fue asesinada la niña María Camila Plazas de 10 años de edad por Jonathan García Tapias, quien acababa de salir de la cárcel tras pagar una condena por abuso sexual. El señalado criminal atacó también a la abuela de la menor, una mujer mayor adulta de 67 años y mató a su mascota. Se maneja la versión de que iba agredir sexualmente a la niña.
  19. El viernes 27 de enero, en el barrio Villa Luz de la ciudad de Arauca, fue asesinada Luz Amanda Murcia Rincón por su compañero Milcíades López Mattos, quien posteriormente se suicidó. Los cadáveres fueron encontrados tres días después. La mujer presentaba signos de violencia en su cuerpo.
  20. El domingo 29 de enero, Laura Camila Dueñas, una universitaria de 22 años de edad que trabajaba en un almacén de calzado en Yopal Casanare, fue asesinada por un hombre que la acosaba desde hacía varios días y era cliente frecuente del almacén donde ella trabaja. Al parecer, debido al rechazo de Laura, el acosador le propinó varios impactos de bala frente a compañeros de trabajo y clientes.
  21. El lunes 30 de enero en el sector La Bodega de El Santuario, Antioquia fue asesinada a golpes la adulta mayor Rosalba Giraldo Gómez, de 63 años. Un familiar que llegó a su casa de habitación encontró el cuerpo sin vida de la mujer, los bomberos confirmaron que habría sido asesinada a causa de un golpe y de forma violenta. Al parecer, la adulta mayor habría sido atacada con un objeto contundente.
  22. El martes 31 de enero fue asesinada Edilsan Andrade, una reconocida lideresa social en el sector de Loma Baja, una de las veredas de Rosas, Cauca, que se vio afectada por el deslizamiento de tierra que tiene bloqueada la vía Panamericana. La mujer fue candidata al concejo de su municipio en las pasadas elecciones por la Alianza Social Independiente y también hacía parte del Comité de Integración del Macizo Colombiano – Cima.
  23. El miércoles 1 de febrero fue hallada sin vida Yuli Loaiza Núñez, la joven que estaba desaparecida en Cali. Su cuerpo se encontró en el río Cauca a la altura del sector Paso de la Torre, en el municipio de Yumbo, departamento del Valle del Cauca. Yuli estaba desaparecida desde el pasado jueves 26 de enero.
  24. El jueves 2 de febrero en la vía Potosí – Las Lajas, en el departamento de Nariño, Oscar Potosí se lanzó al abismo del río Guáitara luego de asesinar a su esposa María del Carmen Chaspuengal. El mencionado feminicida le proporcionó varias puñaladas en diferentes partes del cuerpo.
  25. En la mañana del viernes 3 de febrero, una mujer identificada como Elizabeth Barrios Pertuz, de 33 años, fue asesinada con arma de fuego cuando se encontraba en su vivienda ubicada en el barrio San José, del municipio de Pivijay departamento del Magdalena. Las primeras indagaciones apuntan a que dos hombres habrían llegado en motocicleta y dispararon en contra de la mujer, causándole la muerte de manera inmediata.
  26. El viernes 3 de febrero murió en Cartagena la joven de 19 años Izamar Mora, luego de haber sido víctima de ataque sicarial el 13 de diciembre de 2022, en el que había recibido varios impactos de bala en su cuerpo. La mujer víctima, que se encontraba en un centro asistencial, no pudo sobrevivir a las graves heridas.
  27. En la noche del viernes 3 de febrero los medios de comunicación registran la comisión de un feminicidio en la localidad de Tunjuelito, Bogotá. Según informes preliminares de las autoridades, la víctima fue identificada como Yuli Paola Cero Zuluaga, de 23 años, quien presentaba una herida en la cabeza y tres en el abdomen. El feminicida se habría suicidado luego de atentar contra su expareja.
  28. El viernes 3 de febrero, una mujer colombiana fue asesinada por su pareja en Grajales, zona fronteriza con Panamá. La mujer tenía en su cuerpo varios impactos de arma de fuego, era madre de dos menores de edad.
  29. El sábado 4 de febrero, fue asesinada con arma de fuego una joven de 25 años, identificada como Jycela Andrea Martínez en el barrio Villa del Rincón, de la localidad de Suba, en Bogotá. Al parecer su pareja sería el responsable del feminicidio.
  30. El domingo 15 de enero, desapareció Georgina Montoya, empresaria de 68 años, su cuerpo fue encontrado el sábado 4 de febrero, calcinado y en avanzado estado de descomposición en una vereda en Caldas, Antioquia.
  31.  Como Laura Vanessa Rodríguez Parejo, de 21 años, fue identificada la mujer que desconocidos asesinaron de un disparo en la cabeza, en el barrio Renacer del municipio de Soledad departamento del Atlántico, el día sábado 4 de febrero.
  32. El lunes 6 de febrero fue encontrado el cuerpo sin vida de Juliana Vargas de 16 años de edad en el puente del barrio El Limón, al norte de la ciudad de Ibagué. Registraba un impacto con arma de fuego a la altura de su cabeza. Una de la hipótesis relaciona a su pareja como el autor del crimen.
  33.  En la noche del martes 7 de febrero, Brenda Margarita Polo Martínez, fue asesinada en Pivijay departamento del Magdalena por el sector estadero La India.
  34.  En Norte de Santander en el sector de Ospina Pérez de la ciudad de Cúcuta, fue asesinada Martha Isabel Rodríguez Anaya, en horas de la noche del martes 7 de febrero.
  35. Cómo Nayi Cárdenas fue identificada la víctima de homicidio en el corregimiento de Potrerito, zona rural de Jamundí departamento del Valle del Cauca.  La mujer fue hallada en horas de la noche del martes 7 de febrero en la vía que conduce a Casa Barco.
  36. El miércoles 8 de febrero, fue asesinada Sol Angela Benavides Cortés, de 13 años de edad, quien se encontraba en el andén de su casa junto a su novio Edward Alexander Velázquez cuando dos balas perdidas la alcanzaron. murió horas más tarde en un centro asistencial. Los hechos ocurrieron en Barrancabermeja departamento de Santander.
  37.  El jueves 9 de febrero, en el sector del centro del municipio de Guadalupe Huila, fue asesinada Johana Melo Muñoz por su expareja sentimental Carlos Lozada cuando transitaba por una vía de esta localidad. El feminicida, la abordó y luego de intercambiar con ella unas palabras, accionó un arma de fuego provocando su muerte instantánea.
  38. En la madrugada del viernes 10 de febrero, en la vereda de Buenos Aires municipio de Calarcá, fue asesinada Luz Paloma Londoño, por parte de su pareja sentimental Fidel Antonio Cordero de nacionalidad venezolana, quien la apuñaló mientras dormía. Su hija de 3 años alertó a los vecinos manifestando que su mamá no se despertaba y estaba cubierta de sangre. El presunto asesino emprendió huida.
  39. El sábado 11 de febrero en el departamento de Norte de Santander, en el municipio de Sardinata, fue asesinada Adriana Marcela Escalante por parte de su expareja. La mujer de 26 años estaba en estado de embarazo y dejó dos niñas de 7 y 8 años de edad. El brutal ataque se realizó con arma blanca.
  40. Como Sandra Patricia Quiroga fue identificada la mujer asesinada en la tarde del lunes 13 de febrero en Villavicencio. Según testigos, la mujer caminaba con una niña de la mano, cuando un hombre descendió de una moto Pulsar azul y le disparó. En cámaras de seguridad quedaron registrados los presuntos sicarios que son buscados por las autoridades.
  41. El jueves 16 de febrero, en la vereda El Moral del municipio de Cerrito, en las fincas del cañón del Chinche, fue asesinada en una masacre, Jessica Hernández quien estaba embarazada.
  42. El cuerpo sin vida de Deisy Naucil Jacanamijoy fue encontrado el domingo 19 de febrero en el municipio de Santiago del departamento del Putumayo, luego de haber estado tres días desaparecida desde el 16 de febrero. Presentaba evidentes signos de tortura. El responsable del crimen es su expareja, quien se entregó a las autoridades indígenas.
  43.  El jueves 16 de febrero, en el barrio Playa Verde del municipio de Ambalema, al norte del departamento del Tolima, una mujer fue abaleada, mientras que otra resultó herida junto a una niña de 6 años, debido a los disparos que sujetos en moto hicieron contra ellas. La víctima fue identificada como Kelis Johana Regino, quien recibió ayuda de la comunidad para ser trasladada a un centro asistencial donde los médicos de turno informaron sobre su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.
  44. El domingo 19 de febrero en Honda Tolima fue asesinada Kelly Johana Troncoso en el sector del Puerto Caracolí de la ciudad de Los Puentes. La víctima se encontraba departiendo con dos sujetos y uno de ellos accionó un arma y le disparó. Días atrás habría recibido amenazas de muerte en panfleto que circuló en la localidad.
  45. El lunes 20 de febrero, en Palmar de Varela departamento del Atlántico fue asesinada Dianis María Henao Agámez de 28 años, mediante modalidad sicarial.
  46. El miércoles 22 de febrero, Sandra Milena Mosquera de 43 años, fue víctima de un ataque sicarial de dos hombres en una motocicleta, mientras caminaba por el barrio el Libertador de la localidad de El Bordo, sur del departamento del Cauca.
  47. El jueves 23 de febrero, fue asesinada por sicarios Daniela Zaret Gómez Tarazona cuando departía con su pareja y unos amigos. Los hechos sucedieron en el sector de San Francisco en la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander.
  48. El viernes 24 de febrero fue asesinada Karen Lorena Granados Vargas, por varios impactos de bala en el sector del 26 de Julio de Ocaña, departamento de Norte de Santander. Una de las hipótesis de la investigación es que puede tratarse de un feminicidio.
  49. El sábado 25 de febrero, cerca del caño de Villa Sonia en la ciudad de Villavicencio hallaron el cuerpo sin vida de Ana Gisela Álvarez Forero, reportada como desaparecida desde el 24 de febrero. Su cuerpo presentaba señales visibles de tortura y degollamiento. La mujer de 23 años, era vendedora ambulante del barrio Playa Rica. Hay un hombre detenido como sospechoso del feminicidio.
  50. Candelaria Varilla, de 55 años de edad, fue asesinada por sicarios en la vereda Sierra Chiquita, zona rural de Montería el día sábado 25 de febrero. Días anteriores, la víctima había sido amenazada de muerte mediante panfletos en el sector.
  51. Shaina Vanessa Pretel, mujer trans y líder social fue asesinada el sábado 25 de febrero en el barrio el Poblado de Cali. Shaina Vanessa, hacía parte de organizaciones sociales y de género y un día antes de su asesinato había participado del encuentro con mujeres AfroResistance.
  52. El domingo 26 de febrero fue asesinada Sandra Raigoza Tobón, víctima de un ataque sicarial en el municipio de Alcalá norte del Valle del Cauca. El hecho ocurrió en horas de la tarde cuando la mujer se encontraba en un establecimiento público. La víctima fue auxiliada y según la información falleció cuando recibía atención médica en el hospital local de la Villa del Samán.
  53. Rosa Elena Celis Guañarita, fue asesinada el domingo 26 de febrero en un establecimiento público del municipio de San Pablo departamento de Bolívar, cuando un sicario a quema ropa disparó contra ella. La mujer era vicepresidenta de la organización de víctimas ASOVIC de Guayacanes del municipio de Santa Rosa departamento de Bolívar.
  54. El lunes 27 de febrero fue asesinada Diana Lucia Llantén por su pareja sentimental Jarol Montenegro Gutiérrez en la plaza de mercado del Tambo departamento del Cauca. La mujer de 23 años presentaba heridas con arma blanca, eran oriundos de la vereda Rio Sucio.
  55. Una madre de familia fue ultimada de varios impactos de arma de fuego en el municipio de Pupiales departamento de Nariño, la víctima fue identificada como Jimena Alexandra Meneses Moreno de 29 años de edad, se pudo establecer que los hechos se presentaron el lunes 27 de febrero en el momento en que Jimena Alexandra transitaba con sus dos hijos por una de las vías del sector ubicada a varios minutos del casco urbano cuando caminaba con sus dos pequeños hijos y fue abordada por su compañero sentimental quien desfundó su arma de fuego y frente a sus dos hijos menores de edad presentes y sin mediar palabra le disparó en varias ocasiones quitándole la vida. Tras el feminicidio de Jimena Alexandra el criminal huyó de la zona, hasta el momento nadie tiene conocimiento de su paradero
  56.  El martes 28 de febrero, fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en el río Nechí, departamento de Antioquia. Según las primeras investigaciones, se presume que se trataría de la joven venezolana Elizabeth Riera, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 21 de febrero y las hipótesis investigativas indican que se trata de un feminicidio.
  57. El martes 28 de febrero fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en el río Nechí, Departamento de Antioquia. Según las primeras investigaciones, se presume que se trataría de la joven venezolana Elizabeth Riera, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 21 de febrero; las hipótesis investigativas indican que se trata de un feminicidio.
  58. El domingo 4 de marzo fue asesinada Mariela Ortiz León por su expareja Rubén Rueda. Los hechos ocurrieron en la fiesta de cumpleaños de la nieta de la víctima a razón de que la víctima se ha negado a volver con su ex pareja.
  59. Hallan cadáver de una mujer atado y embolsado en Santa Marta, el hecho sucedió en la vereda Las Tinajas, Santa Marta, en la madrugada del 7 de marzo, sé identificó a la víctima como Liliana Rodríguez, quien presentaba signos de violencia. Era madre de dos menores de edad.
  60. Sandra Milena Lozada, era una reconocida profesional del derecho que prestaba sus servicios cómo asesora de la alcaldía de San Pablo, en el sur de Bolívar. El 7 de marzo hasta su casa ingresó un sicario y le disparó en 8 ocasiones, la mujer fue llevada al hospital local, pero murió. Era oriunda de Barrancabermeja, Santander, y madre de tres niños.
  61. El 14 de marzo, en Caldas Departamento de Antioquia, fue asesinada Yesica Escobar Martínez de 40 años de edad, por parte de su pareja en una habitación de hotel. Su cuerpo presentaba señales de tortura. El feminicida fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional al lado del cuerpo sin vida de la víctima.
  62. El 15 de marzo, en Sabaneta, Departamento de Antioquia, falleció en un centro hospitalario, Maryori Muñoz Sánchez, luego de que su expareja Luis Carlos Aguirre, un hombre de 68 años, le lanzara una sustancia toxica en su cuerpo. La mujer se encontraba en su lugar de trabajo y tenía medida de protección de la Comisaria de Familia.
  63. El 17 de marzo, en el sector de las Plataneras, municipio de Yumbo, Departamento del Valle del Cauca, fue encontrado el cuerpo sin vida de Kelly Maritza Calderón, quien se había reportado como desaparecida desde el 15 de marzo. Su cuerpo registraba signos de violencia.
  64. El 19 de marzo, en Santa Rita, municipio de Pondera, Departamento del Atlántico, José Javier Polo asesinó a puñaladas a su pareja Yenis Martínez de 30 años de edad delante de sus tres hijos menores de edad, al parecer por un ataque de celos.
  65. El 19 de marzo, en el barrio el Emporio de la ciudad de Villavicencio, Marcela García fue herida en su rostro con un arma blanca, y posteriormente brutalmente golpeada en su cabeza; la mujer alcanzó a ser trasladada a un centro clínico pero, debido a los fuertes golpes recibidos, falleció minutos después. La víctima era oriunda de la ciudad de Medellín.
  66. El 19 de marzo, en la entrada de la vereda el Palmar zona rural de Santander de Quilichao, Departamento del Cauca fue encontrado el cuerpo sin vida de Ruby Eliana Mestizo, de 22 años, comunera del resguardo indígena Guadualito. Tenía impacto de arma de fuego en su cuerpo.

    Como mujeres que defendemos los derechos de las mujeres exigimos que el Gobierno de Gustavo Petro Urrego emita la Declaratoria de Emergencia Nacional de Violencia de Género solicitada desde el Congreso de La República, y que se cumpla con el compromiso internacional adquirido mediante la Ley 248 de 1995, por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer suscrita en la ciudad de Belem Do Pará, Brasil. No queremos más mujeres asesinadas, ni violentadas, ni desaparecidas: #NiUnaMas.