Trump, sanciones y soberanía: cómo la ofensiva contra Petro fortalecerá a la izquierda en Colombia

Habrá un momento —más pronto que tarde— en que la derecha colombiana comprenderá lo que nunca quiso entender: que las sanciones, las amenazas extranjeras y las pataletas imperiales no hunden a la izquierda. La fortalecen. La historia ya lo enseñó en otros rincones del continente, pero aquí, en la patria del uribismo, algunos insisten en aplaudir a Donald Trump como si fuese rey de ultramar. No han aprendido nada.

En los próximos meses, cuando arrecie la ofensiva política y diplomática contra Gustavo Petro, su familia y su gobierno, el tiro se devolverá. Y no por magia, sino por una ley tan vieja como la política misma: cuando el extranjero pretende mandar, los pueblos se cierran, se abrazan y responden. Le pasó a Brasil. Le pasó a Canadá. Le pasará a Colombia.

En Brasil, Trump creyó que podía salvar a Bolsonaro agrediendo la economía brasileña con aranceles del 50 %. ¿Resultado? El pueblo no culpó a Lula, sino a Bolsonaro por la vergüenza internacional. Lula repuntó: subió en aprobación, creció en intención de voto y hasta consiguió apoyo legislativo en un Congreso dominado por la derecha. En Canadá, la historia fue igual de elocuente. Las burlas, las amenazas y la pretensión grotesca de convertir al país en “el Estado número 51” indignaron a la ciudadanía. La derecha, que llevaba 25 puntos de ventaja, se desplomó. El pueblo cerró filas en defensa de su dignidad nacional.

Pero aquí, los uribistas —siempre tan originales— creen que esta vez será distinto, que “esta vez sí” el intervencionismo extranjero les traerá gloria. Pobres.

Colombia vivirá lo contrario. La torpeza trumpista y la torpeza criolla producirán un resultado inevitable: la izquierda se unirá como no lo hacía desde hace décadas. Lo que hoy son tensiones internas, mañana será bloque compacto. La palabra soberanía volverá a tener sentido real, y el pueblo comprenderá, incluso sin leer teoría, que el progresismo no es solo un proyecto político: es un dique frente al abuso externo.

Mientras tanto, las voces que celebran sanciones extranjeras quedarán en ridículo. No existe espectáculo más impopular que ver a connacionales pidiendo intervención de un gobierno foráneo. Eso no da votos: da vergüenza.

Y los hechos ya empezaron a hablar. La consulta del Pacto Histórico —boicoteada desde el inicio por el Consejo Nacional Electoral, saboteada por la Registraduría, con poquísimas mesas, sin suficientes tarjetones, sin jornada electoral nacional, con confusión inducida y con el campo prácticamente eliminado del mapa— terminó con 2.500.000 votos. ¿Fracaso? Solo para quien no sabe sumar.

Ese resultado será la semilla. Porque mientras Donald Trump continúe con su hostigamiento, y el uribismo llegue al extremo de pedir una intervención militar extranjera, el pueblo hará lo contrario: se radicalizará en defensa de la patria y de la democracia. A partir de ahí se abrirá el camino hacia una Asamblea Nacional Constituyente. No será un capricho, será una consecuencia lógica: el país querrá blindar su soberanía y sus reformas.

Y si ese nuevo escenario incluye —porque lo exigirá el pueblo, no las élites— ampliar el mandato de Gustavo Petro o permitir la reelección, será para asegurar la continuidad del proyecto progresista frente al intervencionismo. Nadie en sus cinco sentidos preferirá marines sobre democracia. Y cuando ocurra, será con legitimidad popular, no con imposición.

El progresismo llegará a 2026 no debilitado, sino fortalecido. Y el próximo gobierno será continuidad del actual. No porque lo diga Petro, ni porque lo reclame su partido, sino porque lo habrá decidido una ciudadanía que despertó tarde, pero despertó. Y porque el reyezuelito del norte, sin quererlo, habrá provocado exactamente eso.

Cuando todo esto ocurra, la derecha hará lo que mejor sabe: quejarse. Y Donald Trump, como siempre, gritará desde lejos. Pero ya será tarde. Habremos aprendido —por fin— lo que Brasil y Canadá entendieron antes: las pataletas del imperio no domestican pueblos; los unen.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

23 de octubre, Día de las Madres Buscadoras: hasta encontrarles, ninguna se rinde

A Doña Zoraida la guerra le robó a su hija, pero no la esperanza. Su muchachita se llamaba Diana y tenía la risa clara, de esas que alumbran las cocinas pobres donde hierve el agua para el tinto. Vivían en Popayán, en el Cauca hondo, cuando la violencia pasó como un aguacero de pólvora y se la arrebató sin explicación. Desde entonces, Zoraida no volvió a dormir completo: aprendió a caminar trochas, estaciones de bus, oficinas frías y cementerios ajenos. Siguió versiones, rumores, voces quebradas en pasillos de la Fiscalía. Buscó día tras día, año tras año. Y aún no sabe dónde está su hija.

Con el tiempo, la espalda se le partió reciclando cartones y botellas para sobrevivir. Cargó costales más grandes que ella, mientras cargaba también la ausencia. Hoy su cuerpo ya no da más: le duele todo, camina poco, casi no puede moverse. Vive en extrema pobreza, pero sigue de pie en la única certeza posible para una madre buscadora: mientras no haya verdad, no hay descanso.

Como Zoraida, miles de mujeres en Colombia sostienen sobre sus hombros la memoria del país. Son las madres buscadoras, las que no se rinden aunque el Estado las olvide, aunque el Gobierno cambie, aunque el calendario siga girando sobre la impunidad. Son ellas quienes, con sus manos curtidas, han desenterrado la verdad que tantos han querido ocultar. No buscan solo huesos: buscan justicia, país, nombre, rostro y dignidad.

Este 23 de octubre, el país conmemora el Día Nacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras, creado por la Ley 2364 de 2024. Una ley que prometió protección, apoyo psicosocial, rutas claras, acceso real a información y garantías para su labor. Una ley escrita en letra grande… pero que el Estado todavía no cumple. Porque en el papel todo es memoria, pero en la vida real ellas siguen solas, expuestas, pobres, revictimizadas, amenazadas, esperando trámites que nunca llegan y respuestas que el Gobierno les debe.

Desde el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz y la Guardia aintercultural Humanitaria hacemos un reconocimiento profundo a estas mujeres que caminan la verdad con los pies desnudos del alma. Ellas han hecho más por la paz que cualquier discurso, cualquier decreto y cualquier mesa técnica. Sin sus pasos, no habría búsqueda; sin su voz, no habría memoria; sin su terquedad amorosa, el país ya habría enterrado la verdad bajo toneladas de olvido.

Pero no basta con homenajes simbólicos. Una ley que no se cumple es otra desaparición. Otra forma de borrar. Otra tumba sin cruz. La desaparición forzada no termina cuando se llevan a una persona: continúa cuando el Estado abandona a quien la busca. Y en Colombia, esa herida sigue abierta.

A Doña Zoraida nadie le devuelve los años andados, el cuerpo roto, las noches sin sueño. Pero este país —si de verdad quiere paz— tiene una deuda con ella y con todas. Ellas no piden caridad: exigen verdad, justicia, memoria, presencia y cumplimiento.

Algún día —porque tiene que llegar— Zoraida sabrá qué pasó con Diana. Ese día, quizá el Cauca vuelva a amanecer más liviano y el país también. Porque cuando una madre encuentra a su hija, también se encuentra un pedazo de patria.

Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz/ Guardia Intercultural Humanitaria

Justicia para Angie Paola

La noticia llegó como suelen llegar en Colombia: primero un rumor, luego una llamada entrecortada, después el silencio.

Angie Pahola Tobar Carpa, estudiante de Ingeniería Administrativa de la Universidad Nacional, sede Medellín, había aprovechado las vacaciones de mitad de año para volver a su casa, en Guachucal, Nariño. Llevaba en su bolso apuntes, proyectos y la ilusión de regresar a clases el lunes siguiente. No alcanzó a hacerlo.

El 27 de agosto de 2025, cuando viajaba de regreso a Medellín junto a Jesús Adrián Marcillo, un amigo de 30 años, la carretera Panamericana —esa línea que atraviesa el país y la guerra— se los tragó. A la altura de Piendamó, en un paraje llamado El Túnel, hombres armados levantaron un retén ilegal. Los obligaron a bajar del camión que transportaba queso y los subieron a otro vehículo. Desde entonces, nadie volvió a verlos.

Las familias comenzaron la búsqueda con las manos temblando: llamadas, denuncias, cadenas en redes sociales, súplicas a las autoridades. Días después, el Ejército informó de un enfrentamiento con las disidencias del Bloque Dagoberto Ramos: un capturado, un abatido, un conductor liberado y un vehículo incinerado con tres cuerpos calcinados. Entre los escombros solo quedaba un amasijo de metal y hueso.

Las autoridades insinuaron que Angie y Adrián podrían estar allí, pero nadie lo confirmó. Las familias, aferradas a la esperanza, comenzaron a recibir llamadas extorsivas: voces anónimas que pedían dinero a cambio de una prueba de vida que nunca llegó.

El hermano de Angie repetía ante los medios: “Queremos saber si está viva, si alguien la tiene. Que nos digan dónde está, que nos la devuelvan.”

También denunció las extorsiones y pidió que borraran de las redes las publicaciones sobre la desaparición. Uno de los suplicios que padecen las familias de los desaparecidos es ese: la extorsión de los mercaderes del dolor.

Pasaron las semanas. El país siguió su curso de indiferencia. La Universidad Nacional —esa comunidad que la vio caminar por sus pasillos con los ojos encendidos de proyectos— levantó su voz, organizó vigilias y colgó pancartas con su rostro.

El 22 de octubre, casi dos meses después, llegó la confirmación: Angie había sido hallada sin vida. No lo informó Medicina Legal ni la Fiscalía. Lo comunicó la Universidad Nacional, en un mensaje breve que se esparció como un eco de dolor. No se explicó el lugar del hallazgo, ni las circunstancias, ni las causas. Solo el silencio oficial.

En Guachucal, su familia preparó una misa. En Medellín, los estudiantes marcharon con flores.

Pero los interrogantes quedaron flotando:

¿Murió en medio del enfrentamiento entre el Ejército y el Bloque Dagoberto Ramos?

¿Fue víctima del fuego cruzado o de un crimen deliberado?

¿Quién se beneficia del silencio?

A la fecha, nadie lo sabe. Lo único cierto es que la guerra sigue ensañándose con los más jóvenes, con quienes deberían estar soñando futuros y no huyendo del fuego. Como Angie, miles de personas continúan desaparecidas en Colombia, mientras la impunidad y el silencio se reparten el territorio.

Angie Pahola Tobar Carpa tenía 21 años. Su nombre es ahora una herida más en el mapa del país, una historia que la guerra quiso borrar, pero que la memoria se niega a dejar morir.

Mientras el Estado calla, nosotras no:

Exigimos verdad, justicia y garantías de no repetición.

Angie no es una cifra: es un nombre que honraremos hasta que haya verdad y justicia.

 

Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz.

Uribe sonríe, Colombia llora, mujeres salvan la justicia

No sorprende a nadie la absolución de Álvaro Uribe Vélez. En Colombia la justicia tiene memoria selectiva y corazón de piedra; la corrupción no es excepción, es regla. La absolución de Uribe por el Tribunal Superior de Bogotá, que revocó la condena de 12 años impuesta en primera instancia por la jueza Sandra Heredia, no es más que otra confirmación de lo que muchos ya sabían: la justicia en Colombia es un teatro donde los actores principales son los mismos de siempre.

Lo que sí merece aplauso son las mujeres fiscales, la jueza y las magistradas que, con paciencia y coraje, pusieron nombres y hechos sobre la mesa. La fiscal Marlenne Orjuela, con su tenacidad, presentó pruebas contundentes que evidenciaban la culpabilidad de Uribe en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La jueza Sandra Heredia, en su momento, fue valiente al declarar culpable a Uribe, basándose en pruebas sólidas. Y la magistrada María Leonor Oviedo Pinto, al salvar su voto en contra de la absolución, dejó claro que la integridad todavía puede abrirse camino en un sistema empañado por la corrupción. Estas mujeres son la verdadera esperanza de la justicia en Colombia.

Pero la impunidad sigue paseando por las calles como si nada: defensores de derechos humanos asesinados, masacres, falsos positivos… todo queda en la penumbra mientras los monstruos de la historia se dan el lujo de sonreír. Sin embargo, la esperanza se agarra con uñas: llegará el día en que estos crímenes no queden impunes. Pero ojo, si no se reforma la justicia a través de algo serio —una Asamblea Constituyente— la impunidad seguirá siendo el pan de cada día.

Mientras tanto, seguimos viendo, aprendiendo y reconociendo el valor de quienes se atreven a enfrentar lo obvio. Porque en Colombia, decir lo obvio ya es un acto de valentía.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Hernán Echavarría Olózaga y el secuestro de Piedad Córdoba: la sombra del paramilitarismo en la élite empresarial colombiana

Hernán Echavarría Olózaga, nacido en Medellín en 1911, es ese personaje que aparece en los libros de historia con título académico, cargos públicos y reconocimientos que harían sonrojar de envidia a cualquier mortal. Ingeniero, economista, ministro, embajador, cofundador de universidades y filántropo declarado, Echavarría parecía el prototipo del “hombre de bien” que Colombia necesitaba.

Pero, bajo el saco impecable y la corbata de seda, se escondía un matón más en la historia de este país. Porque claro, no hay condena judicial que lo toque: se murió, y con él, los secretos y las sombras de sus negocios quedaron bien protegidos.

Y vaya que estos secretos tenían nombres: Sindicato Antioqueño, hoy rebautizado con su sigla elegante y moderna, GEA, donde se aliaron familias como los Echavarría, Saldarriaga, Uribe y Restrepo para consolidar poder económico y político en el país. Ese mismo sindicato que, según los exparamilitares que hablan en los informes de la Comisión de la Verdad, permitió que la violencia armada floreciera mientras los negocios se protegían.

Porque en Colombia ser “gente de bien” significa, entre otras cosas, dirigir empresas, cofundar fundaciones y, de vez en cuando, aparecer en cartas a comandantes paramilitares como Carlos Castaño, preocupándose de que la senadora Piedad Córdoba no quede libre. La sentencia relacionada con este caso menciona a Hernán Echavarría Olózaga como actor intelectual en los hechos, aunque, por su muerte, no se le condenó. Testimonios de exparamilitares y documentos judiciales lo señalan como parte de la maquinaria que permitió estos crímenes.

No contento con esto, la familia Olózaga-Mesas también se extendió a la agroindustria en Urabá, con Banafrut y otras exportadoras de banano, zonas históricamente bajo influencia paramilitar, según varios informes de organizaciones de derechos humanos y memoria histórica. Los negocios de la familia financiaron el paramilitarismo en Urabá a través de la empresa.

Y, por si alguien tenía dudas sobre su lado político, Hernán Echavarría Olózaga también apoyó la campaña de Álvaro Uribe en 2002, a través de la fundación Renacimiento, y fue parte de la creación del movimiento político Patria Nueva. Porque la filantropía y la política siempre caminan de la mano en la versión más elegante de la oligarquía.

En resumen, esta es la gente de bien en Colombia: títulos, cargos, reconocimientos, fundaciones, empresas, apoyo paramilitar según testimonios y respaldo político a campañas presidenciales. Todo empaquetado con un nombre que suena a respeto, pero que debajo guarda lo que los historiadores llamarían con sarcasmo: matonería empresarial con sonrisa diplomática.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Violación colectiva en el Cauca: mujer indígena violentada por ocho hombres exige justicia

Circula por los teléfonos del Cauca un video que quisiéramos no haber visto nunca. Ocho jóvenes indígenas acceden carnalmente a una mujer indígena. La escena ocurre en medio del monte: hay árboles, piedras, risas de ellos, llanto de ella. La sostienen, le tapan la boca, la desnudan. Nadie detiene la barbarie. Nadie interrumpe el horror.

En esa imagen —que se repite y se reenvía como una herida— está condensada una tragedia que el país se ha negado a mirar de frente: la violencia sexual que padecen mujeres y niñas indígenas en los territorios, amparada por un silencio cómplice, por sistemas de justicia que miran hacia otro lado, por el miedo y por la impunidad.

Se rumorea que ocurrió en una comunidad indígena, pero aún no hay certeza del lugar. Lo que sí hay es una certeza absoluta: una mujer fue violentada, humillada, rota. Y el Estado debe protegerla. Urge atención médica, psicológica, jurídica. Urge que se respete su dignidad, que no sea revictimizada, que no la callen, que no la culpen.

Los responsables deben estar tras las rejas. Ninguna jurisdicción, ni indígena ni ordinaria, puede ser excusa para la impunidad. En demasiadas ocasiones, la justicia indígena ha sido indulgente con los agresores sexuales, invocando la “armonía comunitaria” mientras el cuerpo de las mujeres queda deshecho, y la justicia ordinaria tampoco ofrece refugio: ahí también reina el olvido, la lentitud, la burla a las víctimas.

No hay cultura, costumbre ni territorio que justifique una violación.

No hay fuero que autorice el silencio.

No hay autonomía que valga más que la vida y la dignidad de una mujer.

Que esto no vuelva a pasar.

No en el Cauca, no en Colombia, no en ningún rincón del mundo.

Porque callar ante esta infamia es repetirla.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Un parapolítico es presidente del Congreso

En Colombia la historia no pasa: se recicla con corbata.
Hoy, el Congreso está presidido por Efraín Cepeda, un veterano conservador que lleva más de tres décadas sentado en el Capitolio, mientras las víctimas siguen esperando verdad y reparación por los pactos que amarraron la política con la guerra.

En octubre de 2025, el exsenador Álvaro Ashton, uno de los hombres que conoció el poder desde dentro, rompió su silencio ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Dijo lo que el país sabía, pero no quería escuchar: que en las regiones el poder no se ganaba en las urnas, sino en los cuarteles de los paramilitares. Que los jefes del Bloque Norte de las AUC no solo desplazaban y asesinaban campesinos, sino que también financiaban campañas, movían contratos y decidían quién podía gobernar.

En su testimonio, Ashton mencionó a políticos y empresarios. Entre ellos, al hoy presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Habló de “acuerdos” y “acercamientos políticos” en municipios bajo control paramilitar. Cepeda, por su parte, niega los vínculos. No ha sido condenado, pero las palabras de Ashton nos recuerdan que la parapolítica sigue vigente y preside el Congreso. La noche oscura del paramilitarismo no ha terminado aún.

Años atrás, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso lo había dicho con la frialdad de quien confiesa un secreto público: “El 35 por ciento del Congreso colombiano subió gracias al paramilitarismo.”

Y mientras las cifras se volvían nombres, el país conoció la palabra parapolítica: congresistas, gobernadores, alcaldes, empresarios. La lista fue larga. Y dolorosa.

El Partido Conservador, del cual Cepeda es figura histórica, tuvo varios de sus senadores condenados por vínculos con las AUC. No fueron los únicos, pero sí parte del engranaje que permitió que la guerra tuviera rostro institucional.

El Bloque Norte, bajo el mando de “Jorge 40” —con quien se ha vinculado a Cepeda en versiones ante la JEP—, extendió su dominio desde La Guajira hasta el Magdalena. En sus zonas de influencia, los candidatos que no se alineaban eran amenazados o desaparecidos. Los líderes sociales eran marcados como “enemigos” y las comunidades votaban bajo la sombra de un fusil.

Miles de víctimas aún buscan a sus desaparecidos. En esos mismos territorios, la maquinaria política siguió viva, reciclada, ahora vestida de legalidad.

Efraín Cepeda entró al Congreso a comienzos de los años noventa y desde entonces no ha salido. Ha sido presidente del Senado en varias ocasiones. Un político hábil, curtido en los pactos, sobreviviente de todos los cambios de gobierno. Representa a una clase dirigente que aprendió a navegar entre las ruinas del país y a mantenerse en el poder mientras otros pagaban los costos de la guerra.

Hoy, cuando Ashton habla ante la JEP y menciona los nombres de siempre, las víctimas sienten que el eco vuelve.
“Nosotras sabíamos quién mandaba en los pueblos”, dice una mujer desplazada del Cesar. “Solo que nadie quería escucharlo.”

En sus palabras no hay venganza, sino cansancio: el cansancio de ver que los nombres del pasado se repiten en los cargos del presente.

No hay condena, pero hay memoria.
Y en la memoria del Caribe colombiano, los jefes paramilitares y los caciques políticos fueron parte de la misma estructura: una que mató, despojó y gobernó a punta de miedo.

Por eso, cuando hoy un hombre de ese linaje ocupa la presidencia del Congreso, las víctimas sienten que la historia se burla.
Que el país no aprendió.
Que el horror, si no se nombra, regresa.
Y regresa en forma de parapolítico como presidente del Senado. Qué vergüenza.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Justicia para las Madres de Soacha: la Corte cita a Miguel Polo Polo por ultrajar su homenaje

En Colombia, las madres no se rinden.

Cuando el Estado les arrebató a sus hijos, ellas aprendieron a hablar el idioma de la ausencia.

Les dicen las Madres de Soacha, o MAFAPO, y llevan más de quince años buscando justicia por los jóvenes que el Ejército presentó falsamente como guerrilleros muertos en combate.

Hace unos meses, esas mujeres instalaron frente al Congreso de la República, en la Plaza Rafael Núñez, una obra de memoria:

botas de caucho, pintadas y dispuestas como ofrenda.

Eran las mismas botas que los soldados les ponían a los cuerpos de sus hijos después de asesinarlos, para convertirlos en trofeos de guerra.

Las mismas botas que simbolizan una de las páginas más infames de la historia reciente: los falsos positivos.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció 6.402 víctimas, pero las cifras reales son mucho mayores.

Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se exigía a los oficiales del Ejército presentar “bajas en combate” como requisito para ascender.

Cada ascenso pedía 500 muertos.

Y en los cementerios del país reposan más de 25.000 cuerpos sin nombre, enterrados como guerrilleros NN.

Fosas comunes que no son de la guerra, sino de la impunidad.

En medio de ese altar de memoria llegó un congresista de extrema derecha: Miguel Polo Polo.

Llegó sin respeto, con cámaras y micrófono, y empezó a recoger las botas y meterlas en bolsas de basura, entre burlas, calificando el homenaje de “basura guerrillera”.

No eran botas, decía, sino “un montaje”.

Y con su gesto volvió a matar a los hijos de Soacha, esta vez simbólicamente.

El país entero lo vio.

Y el país entero calló demasiado tiempo.

Por ese acto, la Corte Suprema de Justicia citó a Miguel Polo Polo a indagatoria el 10 de octubre, acusado de hostigamiento y discriminación agravada contra las víctimas del conflicto armado.

Pero más allá de los códigos penales, su acción reveló algo más profundo:

el desprecio con que parte del poder mira a los pobres, a los jóvenes, a las madres que no se cansan de buscar.

Las Madres de Soacha no piden venganza.

Piden justicia, verdad y dignidad.

Piden que Colombia deje de enterrar su vergüenza en bolsas negras.

Que los responsables —militares, civiles y políticos— respondan.

Que la historia no se repita.

Porque lo que Polo Polo hizo no fue una simple falta de respeto.

Fue una infamia, un acto de odio contra quienes encarnan la resistencia moral de este país.

Las botas de caucho que él arrojó a la basura no eran basura:

eran testimonio.

Eran la prueba del crimen que el Estado quiso ocultar,

y el recordatorio de que todavía hay madres que caminan con el corazón lleno de nombres.

Un país que permite que se insulte así a sus víctimas es un país que aún no ha aprendido a mirar su propio espejo.

Pero esas madres, con su terquedad sagrada, seguirán alzando las fotos de sus hijos.

Seguirán hablando cuando todos callen.

Seguirán repitiendo la consigna que el poder teme escuchar:

“No más impunidad. No más olvido.”

Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz

La JEP y los falsos positivos: una sentencia que perpetúa la impunidad

La Jurisdicción Especial para la Paz celebró con solemnidad su sentencia sobre los falsos positivos del Batallón La Popa. Doce militares recibieron sanciones propias por 135 ejecuciones extrajudiciales. Se habló de verdad, de reparación, de garantías de no repetición. Se habló de justicia restaurativa. Pero entre las familias que llevan años buscando, entre las madres que aún sostienen las fotos de sus hijos ejecutados, la sensación que se impone es otra: la de la impunidad disfrazada.

La sentencia no resuelve el caso a caso de cada víctima. No hay nombre por nombre, no hay esclarecimiento de cómo fueron asesinados, de quién dio la orden, de qué manos dispararon. La macro verdad se tragó las historias individuales. Las víctimas quedan reducidas a estadísticas, a una cifra que cabe en un párrafo judicial. Sus derechos individuales a la verdad, a la justicia y a la reparación integral siguen sin cumplirse.

Tampoco hay verdad completa. La sentencia repite lo sabido: que hubo un patrón, que fue sistemático, que la presión por resultados se convirtió en una maquinaria de muerte. Pero la cadena de mando se detiene convenientemente en coroneles y comandantes de batallón. El nombre que flota como fantasma, el del máximo responsable político, Álvaro Uribe Vélez, permanece blindado. Su política de “seguridad democrática” fue la que abonó estos crímenes, y sin embargo él sigue impune, protegido por un muro de silencios y complicidades.

La reparación, además, es un espejismo. La Unidad para las Víctimas no tiene fondos para indemnizar, y los proyectos restaurativos —placas, monumentos, talleres comunitarios— son paliativos simbólicos frente a la magnitud del daño. Las familias lo saben: lo que se ofrece no compensa una vida arrebatada ni resarce décadas de duelo y de pobreza.

La trampa está en el origen. El Acuerdo de Paz se firmó entre el gobierno y las FARC. En esa negociación, los militares fueron incluidos y premiados. Los falsos positivos quedaron metidos en el paquete, como si fueran un efecto colateral del conflicto, cuando en realidad fueron una política abominable de crímenes de lesa humanidad, generalizados y sistemáticos, cometidos contra civiles inocentes.

Por eso, en términos prácticos, estas víctimas nunca fueron consideradas víctimas del conflicto armado. No lo fueron. Fueron víctimas de un Estado que asesinó a sus ciudadanos para inflar estadísticas de guerra. Fueron víctimas de un aparato que convirtió el uniforme en verdugo. Y la JEP, en vez de colocar sus historias en el centro, eligió proteger la arquitectura de la impunidad.

Al final, la sentencia confirma lo que tantas madres intuían desde el principio: la JEP nunca tuvo como centro a las víctimas de los falsos positivos. El centro siempre fue blindar a los responsables y garantizar la impunidad.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Barcos de esperanza rumbo a Gaza — y mientras tanto, la vergüenza patria

Desde el puerto de Barcelona zarpa una flotilla hacia Gaza, cargada de agua, alimentos, medicinas… y de esperanza. Es la Global Sumud Flotilla, impulsada por más de 44 países, con activistas, médicos, artistas y juristas, dispuestos a desafiar el bloqueo israelí con hechos, no con palabras.

La necesidad es urgente: desde el inicio de la ofensiva tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, más de 63.000 personas han muerto en Gaza, según datos del Ministerio de Salud del enclave. Aproximadamente la mitad son mujeres y niños y las cifras podrían ser aún mayores, dado el colapso de los servicios sanitarios y los daños a la infraestructura .

El desamparo es abrumador. Naciones Unidas ha alertado que se está viviendo una hambruna en Gaza, con mujeres y niños especialmente afectados; casi un medio millón de personas enfrentan condiciones catastróficas de hambre . La devastación ha forzado a más de un millón de personas a huir de sus hogares, mientras hospitales y refugios colapsan bajo los bombardeos.

La flotilla parte con la fuerza de lo que muchos no se atreven a decir: que la dignidad no se negocia, que el silencio es complicidad. Barcelona se viste de despedida con pañuelos blancos y flores, sabiendo que aun si los barcos no llegan, el viaje es ya una señal.

Mientras tanto, en Colombia…

La derecha siniestra, sin memoria ni vergüenza, se muestra con los verdugos. Iván Duque —patético exmandatario— posa sonriente junto a Netanyahu, como si Gaza fuera una postal de vacaciones. Abelardo de la Espriella, el filipichín que se robo el dinero de las pirámides, amenaza con “exterminar” a la izquierda colombiana si logra la presidencia, emulando la brutal política israelí contra el pueblo palestino. Y no paran ahí: todos los precandidatos de la derecha promueven “restablecer relaciones” con Israel, respaldados por el jefe máximo de la criminalidad uribista, Álvaro Uribe Vélez.

La flotilla lleva vida. Ellos, muerte y vergüenza. Dios nos ampare del regreso de estos criminales al poder.

Por Justicia & Dignidad

Periodismo independiente e investigativo