Categoría: Impunidad

Cayó Jorge Visbal Martelo.

No cayó de sorpresa. Cayó cuando ya no había dónde esconder la evidencia.

El ex presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) y exembajador de Colombia en Canadá durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue capturado el pasado 6 de enero, luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara su condena a nueve años de prisión por financiar y hacer parte de las estructuras políticas del paramilitarismo, bajo el mando de Carlos Castaño Gil.

La sentencia no deja lugar a dudas. Según los jueces, Visbal Martelo —quien públicamente integraba comisiones de paz— asistía en privado a reuniones de promoción de los paramilitares, no como delegado institucional ni acompañado por otros miembros del Consejo, sino a solas, en fincas ubicadas en Tierralta, Córdoba, donde era visto compartiendo con Carlos Castaño, incluso ingiriendo bebidas alcohólicas con el máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La justicia también estableció que Visbal acudía directamente a los jefes paramilitares para solicitar su presencia en zonas ganaderas con fuerte predominio guerrillero, promoviendo la idea de que las AUC garantizaran “seguridad” allí donde el Estado no llegaba o no quería llegar. No fue solo interlocución: impulsó la financiación de las AUC mediante el pago de los llamados “impuestos” que exigía la organización armada y formó parte del conocido “grupo de los doce”, un círculo de apoyo civil con el que los paramilitares estructuraban su proyecto político de copamiento del Congreso y de autoridades territoriales, como alcaldías y gobernaciones.

Visbal presidió Fedegán entre 1998 y 2005, los años más violentos del paramilitarismo, los del desplazamiento masivo, las masacres rurales y el despojo sistemático de tierras. Luego ocupó cargos diplomáticos: embajador de Colombia en Canadá entre 2004 y 2006, y embajador en Perú entre 2010 y 2012. La carrera pública avanzaba mientras el campo ardía.

Cuando Visbal cayó, no lo hizo solo. Cayó dejando una estela.

Durante esos mismos años, José Félix Lafaurie era Secretario General de Fedegán, el segundo hombre en la estructura del gremio, el encargado de la operación política y administrativa cotidiana. No un actor marginal. No un técnico distante. El núcleo del poder.

Hoy Visbal está condenado. Lafaurie sigue intacto. No porque la historia no los conecte, sino porque en Colombia la justicia camina con distinta velocidad cuando se acerca a las élites económicas.

Visbal intentó acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz. Dijo que quería aportar verdad. La JEP lo rechazó. No entregó verdad sustancial, no explicó las relaciones, no iluminó las responsabilidades estructurales. La reconciliación exige algo más que silencios bien administrados.

En su defensa apareció Abelardo De La Espriella, hoy precandidato presidencial, figura recurrente del uribismo, defensor habitual de políticos, militares y empresarios señalados por vínculos con estructuras criminales. No fue una coincidencia: fue coherencia de proyecto. En Colombia, el paramilitarismo no solo tuvo fusiles; tuvo abogados, micrófonos y tribunas políticas.

Exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso han señalado reiteradamente la relación entre sectores ganaderos, Fedegán y el proyecto paramilitar. Periodistas, organizaciones de víctimas y procesos de justicia transicional han documentado cómo el terror reorganizó el territorio y favoreció la expansión de la gran ganadería. No todos los ganaderos empuñaron armas, pero muchos se beneficiaron del orden impuesto por quienes sí lo hicieron.

Nada de esto ocurrió al margen del poder político. El uribismo fue el paraguas institucional bajo el cual numerosos funcionarios, diplomáticos y dirigentes gremiales avanzaron mientras la criminalidad se normalizaba. No fue una desviación: fue un modelo. Seguridad, control territorial, silencios selectivos y ascenso político.

Ya como presidente de Fedegán, Lafaurie se convirtió en uno de los principales opositores a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, defendiendo grandes propietarios, cuestionando reclamantes y desacreditando procesos judiciales. Siempre desde la trinchera. Nunca desde la duda.

Visbal es el caso cerrado. Lafaurie es la pregunta abierta.

Porque Visbal no fue una anomalía: fue parte de una estructura. Y cuando una pieza cae, la historia exige mirar el resto del engranaje.

Cayó Visbal.

¿Y la continuidad del poder gremial?

¿Y las responsabilidades que no prescriben en la memoria del campo arrasado?

La justicia ya habló en un caso. La verdad aún espera en los otros.

Esta es la criminalidad política de la derecha colombiana: la que quiere volver al poder en 2026, reciclada, indignada, negándolo todo, pero arrastrando la misma historia.

¿Lafaurie, el esposo de Cabal, para cuándo?

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

En las montañas del norte de Antioquia, la muerte caminó con la naturalidad de un vecino más. Iba por las trochas, entraba a las fondas, se sentaba en la mesa de los ganaderos y saludaba a los curas. Tenía un nombre que parecía sacado de una procesión —Las Autodefensas del Norte Lechero— y luego adoptó otro, más solemne, casi bíblico: Los 12 Apóstoles. Pero en esas tierras todos sabían que no eran santos: eran el brazo armado de un proyecto de región que pretendía arrancar de raíz todo lo que oliera a contradicción. Como siempre, lo llamaron “limpieza social”.

Cuentan los que sobrevivieron que el grupo nació a finales de los 80 y se consolidó una madrugada de 1992, cuando un panfleto empezó a rodar por Yarumal anunciando la llegada de hombres “dispuestos a devolver la tranquilidad”. La tranquilidad, ya se sabe, para ellos era que nadie protestara, que nadie pensara distinto, que nadie estorbara. Y los que estorbaban iban cayendo como caen los árboles enfermos en invierno: uno detrás del otro. En esos primeros años, mientras el país vivía en la ficción de que el paramilitarismo era una defensa espontánea de campesinos asustados, en Antioquia se cocinaba algo muy distinto: un grupo armado financiado por ganaderos, coordinado por policías y bendecido —literalmente— por un sacerdote.

El padre Gonzalo Palacios, párroco de Yarumal, fue señalado por múltiples testigos como el “inteligencia” del grupo. No cargaba fusil, pero cargaba listas. Señalaba. Aconsejaba. Decidía quién tenía “mala conducta”, quién era “rojito”, quién “estorbaba”. El confesionario se volvió oficina de guerra; la sacristía, centro de mando. Esto lo dijo la gente que vio, la gente que enterró a los suyos en veredas donde la tierra todavía huele a pólvora y miedo.

Y arriba, en la cúspide de esa estructura que mezclaba fe, ganado y plomo, había un comandante, y ese era ni más ni menos que Santiago Uribe Vélez, hermano menor de Álvaro Uribe Vélez y dueño de la finca La Carolina. Según la JEP y los tribunales, allí, entre cercas de alambre y corrales perfumados de estiércol, funcionó el cuartel de los 12 Apóstoles. Era el punto de reunión de policías, ganaderos y sicarios. Centro de operaciones y entrenamientos. Ahí se repartían armas, listas, recompensas y desayunos.

Los números duelen: el grupo dejó más de 500 asesinatos. Más de 500 vidas cortadas con el mismo patrón: jóvenes, trabajadores, disidentes, pobres —la gente que nunca ha contado para el poder.

En Yarumal mataron 181.

En Valdivia, 134.

En Santa Rosa de Osos, casi un centenar.

Cada cuerpo fue un mensaje: aquí mandamos nosotros.

Los crímenes no fueron excesos; fueron política. No fueron errores de unos cuantos; fueron método. No fueron simples homicidios; fueron crímenes de lesa humanidad, porque fueron sistemáticos, dirigidos contra población civil, ejecutados por una organización con mando, estructura y continuidad. Un Estado paralelo con uniforme, sotana y apellido.

Y aquí hay que decir lo que durante décadas el país prefirió callar: este proyecto de muerte no surgió en un vacío político. Creció bajo la sombra de una familia que ascendió al poder mientras Antioquia ardía.

Cuando los 12 Apóstoles operaban en el norte antioqueño, Álvaro Uribe Vélez era alcalde de Medellín, luego senador, luego gobernador del departamento. Sus decisiones de seguridad, sus alianzas políticas, sus silencios estratégicos y su forma de entender el “orden” crearon el clima perfecto para que grupos como este florecieran.

No hay —aún— sentencia contra él. Pero no hace falta una sentencia para saber que los crímenes ocurrieron bajo su proyecto de región, bajo su lógica de enemigo interno, bajo su idea de “seguridad”, que siempre terminó desembocando en sangre.

Las víctimas lo saben. Los testigos lo dijeron. La historia lo confirma.

Por eso la condena a Santiago Uribe —aunque falte ver qué hará la siempre impredecible y, a veces, complaciente Corte Suprema de Justicia— tiene un valor histórico. No porque devuelva la vida a quienes perdimos, sino porque rompe el mito de la familia intocable. Porque deja constancia judicial de que, al menos una vez, el país se atrevió a mirar de frente la estructura criminal que se escondía en la finca, en la sacristía y en la política.

Porque esta sentencia no es solo contra un hombre: es la memoria que siempre vuelve, el territorio que habla, las madres que siguen buscando y la verdad que no se pudre, aunque la entierren.

Y, sobre todo, porque el país tenía que saberlo:

los 12 Apóstoles no fueron la desviación moral de un hermano descarriado; fueron la expresión más pura del talante criminal de un proyecto político que gobernó Antioquia… y luego gobernó Colombia.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

En las montañas del norte de Antioquia —esas donde el viento todavía arrastra el eco de los fusiles—, la violencia nunca necesitó esconderse. Caminaba a caballo, se persignaba en misa y daba órdenes con la naturalidad de quien sabe que el Estado le sirve de escolta. Allá, donde la vida campesina transcurre entre surcos y aguaceros, las mujeres aprendieron a hablar bajito para no provocar la furia de los hombres armados. Pero aun así, los Doce Apóstoles fueron tras ellas.

En la vereda La Solita, Campamento, el 5 de junio de 1990, la muerte entró buscando mujeres y niñas. Marta María López Gaviria cayó junto con sus pequeñas: Ana Yoli, de 12 años, y Marta Milena, de 7. Las mataron a quemarropa, como si la niñez fuera enemiga y la maternidad una amenaza. Las otras víctimas de esa madrugada —una hermana, un vecino, un compañero de lucha— completaron el parte de guerra que este grupo paramilitar dejó sobre la tierra oscura del norte antioqueño.

Y no fue un grupo cualquiera. Fue uno fundado, financiado y protegido por Santiago Uribe Vélez, hoy condenado por paramilitarismo. El mismo hombre que durante décadas se movió entre fincas y oficinas estatales como si la ley fuera una brisa que no lo tocaba. El mismo cuyo prontuario estaba escondido a simple vista, mientras jueces, fiscales y generales hacían fila para rendirle honores a su apellido.

Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la condena de Santiago Uribe no es solo un hecho judicial: es un acto político de memoria y de dignidad para las mujeres que los Doce Apóstoles quisieron borrar.

Porque los matones de ese grupo no solo asesinaron campesinos etiquetados como “militantes” o “colaboradores”. También asesinaron mujeres. También asesinaron niñas. Y lo hicieron con la frialdad que da la certeza de impunidad. Durante años, las madres y hermanas de las víctimas hablaron solas, con sus testimonios archivados, sus expedientes quemados y sus denuncias ridiculizadas por las mismas instituciones llamadas a protegerlas.

Pero hoy algo cambia. Por primera vez, uno de los hombres que se creyó dueño de la vida y la muerte en Antioquia recibe una condena ante los ojos del país. No es suficiente, no repara, no resucita. Pero es una grieta profunda en el muro de silencio que ellos levantaron. Una grieta por donde se cuela la verdad que siempre ha estado ahí, esperando que alguien la escuche.

Las mujeres de La Solita, de Yarumal, de Belmira, de los caminos donde los Doce Apóstoles dejaron su marca, saben que esta justicia llega tarde. Sin embargo, sienten algo que no se había sentido en treinta años: que los asesinos empiezan a callar. Que el país, al fin, les reconoce el nombre de sus muertas y el derecho a no ser barridas de la historia.

Hoy, cuando recordamos a todas las mujeres víctimas de violencia, vale repetirlo con fuerza:

Ni la sotana, ni el fusil, ni el apellido pueden blindar a un criminal.

Y las mujeres asesinadas por los Doce Apóstoles merecen una memoria que nadie pueda volver a silenciar.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo